"Quien trate de intimidarnos quedará con la cabeza rota": Pekín celebra con una masiva ceremonia el centenario del Partido Comunista (FOTOS, VIDEO)

El presidente chino, Xi Jinping, destacó que China ha logrado construir una sociedad modernamente próspera "en todos los aspectos", hasta alcanzar el ideal de 'xiaokang', una vida pacífica y feliz.

Una gran ceremonia tuvo lugar en la mañana de este jueves en la capital de China, con motivo del centésimo aniversario de la fundación del Partido Comunista de ese país (PCCh).

En el evento, que se centró en la plaza de Tiananmén, participaron miles de personas, entre ellas militares, miembros de organizaciones sociales y líderes del PCCh, incluido el presidente chino, Xi Jinping.

El mandatario destacó que China ha logrado construir una sociedad modernamente próspera "en todos los aspectos", al aumentar el PIB en 2,5 veces entre 2010 y 2020. Afirmó que ese avance culmina la persecución, a lo largo de 2.500 años, del ideal de 'xiaokang', una vida pacífica y feliz.

"Estamos más cerca, más confiados y más capaces que nunca de hacer realidad el objetivo del rejuvenecimiento nacional. Pero debemos estar preparados para trabajar más duro que nunca para llegar allí", declaró Xi.

Asimismo, el presidente chino resaltó que el país no busca una confrontación internacional, pero está decidido a defender su soberanía. "El pueblo chino no permitirá en absoluto que ninguna fuerza extranjera nos intimide, oprima o esclavice, y cualquiera que lo intente se enfrentará a cabezas rotas y derramamientos de sangre frente a la Gran Muralla de hierro de los 1.400 millones de chinos", dijo, y agregó: "Nunca hemos intimidado, oprimido o subyugado a la gente de ningún otro país, y nunca lo haremos".

Al caracterizar el Ejército chino como "un pilar fuerte para defender el mundo rojo y mantener la dignidad nacional" y "una fuerza poderosa para salvaguardar la paz regional y mundial", Xi llamó a fortalecer las fuerzas armadas del país para convertirlas en unas de las más potentes del mundo.

La ceremonia se inició con un espectáculo aéreo. La plaza fue sobrevolada por helicópteros que formaron en el cielo la cifra '100', seguidos por un ala de cazas. Luego, una batería de cañones disparó en saludo.

La parte simbólica del acto terminó con el izamiento de la bandera de China, acompañado por el canto del himno nacional del país por todos los presentes.

El congreso fundacional del PCCh tuvo lugar en Shanghái a finales de julio de 1921. Entre sus líderes iniciales destacaban Li Dazhao y Chen Duxiu. Este último fue elegido como el primer secretario general. Uno de los actores activos en la creación del partido fue el revolucionario ruso Grigori Voitinski, como agente de la Internacional Comunista.

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Imagen: EFE

El centenario del Partido Comunista de China

A un siglo de la fundación del PCCh, el marxismo más dogmático devino en pragmatismo tecnocapitalista con rasgos chinos que apunta a liderar el mundo. Del semifeudalismo a la Cuarta Revolución Industrial 4.0 a velocidad de la luz

 

Xi Zhongxun y su hijo Xi Jinping --Presidente de China-- abarcan la historia casi completa del primer centenario del PCCh creado el 1 de Julio de 1921 en una casa clandestina de la concesión francesa de Shanghái con doce delegados, entre ellos Mao Zedong más dos rusos de la Tercera Internacional. Xi padre se incorporó en 1926 y tendría un rol clave en la guerra civil. Más tarde fue encarcelado por su partido que lo paseó con un cartel de “traidor”, lo rehabilitó y convirtió en Secretario General, un ciclo cumplido por gran parte de aquellos líderes.

Los primeros 50 años

En sus primeros 50 años el PCCh estuvo a punto de ser exterminado, se alió y divorció de los nacionalista del Kuomintang, se retiró a las montañas de Jinggang traicionado por Chiang Kai Shek –quien fue apoyado por Hitler-- desde donde hicieron la epopéyica Larga Marcha en 1934 con el Ejército Rojo recorriendo 12.500 kilómetros. Fundaron soviets extensos, se aliaron otra vez a sus adversarios para expulsar a los japoneses y retomaron la guerra revolucionaria hasta entrar victoriosos en Beijing el 1 de octubre de 1949. Tuvieron éxitos en alfabetización, salud, derechos de la mujer y esperanza de vida. Y fracasos como el Gran Salto Adelante --1958/62-- que terminó en hambruna. Sus primeros 50 años encontraron al PCCh enfrascado en la paranoica Revolución Cultural: Xi padre estuvo a cuatro días de ser fusilado hasta que Mao intercedió. Estos dos episodios históricos generaron millones de muertos.

Muerto Mao –con el país ya sin hambre, convertido en potencia nuclear con un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y hechas las paces con EE.UU-- llegó al poder en 1978 su camarada Deng Xiaoping (reivindicado luego de un encarcelamiento). Se dedicó a suavizar el fallido dogmatismo maoísta. Y fue Deng --junto con Xi padre-- quien rompió las estructuras: hizo el experimento de la Zona Especial en Shenzhen. El injerto de un nodo capitalista en pleno comunismo funcionó y comenzaron a replicarlo por todo el país bajo una nueva premisa: “hacerse rico es glorioso” (10 años antes escuchar a Beethoven convertía a alguien en burgués). Pero cuando los estudiantes le reclamaron más libertades en 1989, Deng miró hacia la URSS en descomposición y no le tembló la mano: los masacró en Tiananmen.

El segundo cincuentenario 

El segundo cincuentenario encuentra hoy al posmaoísmo en el lugar más inesperado: en la vanguardia de la nueva Revolución Industrial 4.0 y a la cabeza de la tecnología 5G de la mano de Xi hijo, cuya hija se graduó en Harvard. Un dato da la pauta de la metamorfosis: en 1978 el 100% de la producción económica era pública (hoy es el 20%). Según el serbio Branko Milanovic, China cumple los rasgos básicos de una economía capitalista: mayoría de la producción en manos privadas a quienes el Estado no les impone decisiones sobre producción y precios. El crecimiento chino refuta la tesis occidental de que el éxito económico requiere un vínculo entre capitalismo y democracia liberal (el origen del modelo tigreasiático sugeriría lo contrario).

La ecuación política china sería --según Milanovic-- que el Estado se ve obligado a generar crecimiento para legitimarse, limita el acceso de la clase capitalista a cuotas de poder propio y lidia con altos niveles de corrupción. Su hipótesis es que los regímenes comunistas de China y Vietnam solidificaron las condiciones para una transformación capitalista: “jugaron funcionalmente el mismo papel que el ascenso de la burguesía en Europa en el siglo XIX”. El PCCh transformó la sociedad semifeudal en capitalista con un uso arbitrario de la ley en beneficio de las nuevas elites, manteniendo la autonomía del gobierno respecto de ellas. Así pueden guiar y ordenar la economía de acuerdo a planes estratégicos centrales, algo muy difícil en el capitalismo occidental. El PCCh parece seguir la teoría marxista que había visto un rol progresivo en la burguesía: se dio a sí mismo la burguesía de la que carecía.

El confucianismo 

En el modelo político confuciano que prima en China por 5000 años nunca se aceptó que el poder económico fuese independiente del central. Los ricos ascienden en calidad de individuos y no como clase social: carecen de agenda política propia. A Jack Ma --megaempresario digital dueño de Alibabá-- le han recortado las alas por insinuar autonomía: casi no ha vuelto a aparecer en público. 

Habiendo perdido China el tren de la Revolución Industrial y desmembrada por potencias extranjeras hasta 1945, entró con Mao a un complicado laberinto del que parece estar saliendo airosa en apenas 40 años de “socialismo con características chinas” (aunque “capitalismo con rasgos chinos” suene más exacto). Su plataforma de despegue será la nueva Ruta de la Seda con la que se conectará al mundo por tierra y mar.

Todo este ciclo sucedió en escasos 100 años en el contexto de la única civilización antigua con cierta continuidad hasta hoy, desde que fuera unificada hace 2.242 años por Qin Shi Huang, enterrado con 8500 soldados de terracota que aun custodian su tumba secreta en Xian. Según se lo mire, Xi Jinping se piensa como un nuevo emperador que vino a “rejuvenecer” China y relanzarla como potencia mundial.

El ying y el yang

Desde nuestra perspectiva binaria es difícil entender esos cambios. El raciocinio de Occidente viene del principio aristotélico de no contradicción: algo no puede ser una cosa y su contrario a la vez. Pero el pensamiento chino --al margen de la ideología-- tiene raíz taoísta. En el símbolo de ying y yang, el negro entra en el blanco y viceversa en armonía complementaria: es una unidad. La dualidad griega es A o B. La china: A y B. Por eso el Lejano Oriente asimila mejor el cambio y se adapta a la circunstancia. Ya el marxismo había tenido que trocar allí proletariado por campesinado --cambiando su fundamento-- y ahora suplantaron “economía planificada” por otra de “mercado a la manera china”: un capitalismo de Estado. Quien empezó esta fase fue un héroe de la Larga Marcha --Deng Xiaoping-- y la sigue el hijo de otro gran revolucionario: Xi Jinping. Y nadie ve contradicción. Son comunistas que ejecutan el capitalismo con una eficiencia y velocidad nunca vistas (similar a sus vecinos japoneses, surcoreanos y taiwaneses). La Razón occidental considera que el ser de las cosas es una sustancia rígida perdurable, una pureza a mantener para que no pierda su esencia. Pero el Este de Asia no es esencialista: Lao Tse teorizó: “lo único permanente es el cambio”. Si en el devenir algo falla, se toma el camino contrario con naturalidad. Cuando “el gran timonel” Mao se volvió dogmático, encalló: lo quisieron eclipsar y para defenderse generó la trágica Revolución Cultural. Una vez ausente el heroico líder que se había apartado de la “fluidez del tao”, China se reencaminó. Un dicho popular dice: “Mao acertó un 70% y erró un 30%".

El éxito económico con estabilidad política del PCCh es indiscutible --412% creció el PBI desde 1978--, más allá de la falta de libertades. Occidente se queja por formalidad sobre los derechos humanos, pero rápido los deja de lado: prima la lógica comercial. Este año se anunció la erradicación de la pobreza extrema, un concepto relativo. Pero nadie discute que unos 770 millones de chinos ascendieron a clase media o alta desde 1949 (99 millones desde 2012). De ser exactos los datos, son record en la historia humana. Este es un pilar de un partido que en 1922 tenía 300 miembros y en 2021 alcanza 92 millones, aunque los exámenes para entrar sean exigentes e insuman años. Cuando Xi Jinping quiso afiliarse, su padre penaba 7 años de cárcel y lo rechazaron nueve veces. Claro que hoy todo es distinto: en sus orígenes, ser comunista podía costar la vida. Ahora, para que un empresario disfrute de suma flexibilidad laboral y sindicatos amigos, necesita estar afiliado al PCCh.

Lo impresionante es que todo esto lo hizo un mismo partido con una cintura política tan flexible que pudo girar 180º sobre su torso sin quebrarse la columna, siguiendo postulados del Arte de la guerra de Sunzi: un constante sopesar del potencial abierto, adecuándose a un diagrama de situación y no a un plan a la manera occidental: un objetivo inamovible se vuelve obstáculo.

El PCCh es hoy coherentemente chino: dúctil y adaptable, amoldándose a la pendiente facilitadora como el agua: tiene poco en común con el de Mao. Los niveles de consenso parecen ser altos por el éxito económico en una suerte de matrimonio por conveniencia de mutuo acuerdo. La línea patrilineal Xi padre-Xi hijo es una continuidad divergente que confluye, no una contradicción (el primero ejecutó un plan A y el segundo un “opuesto” plan B). Ésta historia familiar ilustra los últimos 100 años en China, ese breve instante en una civilización que mide el tiempo a escala milenaria, mientras el paciente dragón rojo va tomando posición para su gran salto al cetro global, a partir de un diagrama situacional nunca prefijado. 

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Haití: entre vientos de cambio y ruido de botas

Las protestas ciudadanas contra el gobierno autoritario de Jovenel Moïse se combinan con una política errática de las potencias que mantienen su influencia sobre el país. A la luz de la crisis actual, producto de la transición trunca hacia la democracia, es necesario reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

La crisis que sacude a Haití dista mucho de ser nueva. Estalló abiertamente en julio de 2018, bajo la forma de una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y por la devaluación de la moneda nacional. La desaparición y el despilfarro de los fondos del programa Petrocaribe –un plan de ayuda al desarrollo que Venezuela ofreció a varios países del Caribe bajo la forma de préstamos preferenciales en hidrocarburos– fue la chispa que logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad contra el gobierno. En los tres últimos años, esta crisis se ha agudizado y ha derivado rápidamente en un cuestionamiento directo y permanente al gobierno que preside Jovenel Moïse.

La situación actual no puede explicarse por un solo factor. Hoy parece estar quedando claro que el gobierno adopta rasgos propios de una dictadura. Pero, analizado históricamente, este momento parece ser el de la crisis y el derrumbe del régimen político instalado tras la caída de la dictadura de los Duvalier. A fin de cuentas, lo que vive Haití es el ocaso de un sistema varias veces remendado pero que ya no puede sobreponerse por su propio agotamiento.

En febrero del 2017, Moïse –un súbdito de su predecesor, el cantante Michel Martelly– llegó a la presidencia de Haití después de un tortuoso proceso electoral que empezó en el verano de 2016 y duró más de un año. La llegada de Moïse pretendía inaugurar un control duradero del poder por parte de la corriente neoduvalierista que se reconoce en Martelly. Basada en la captación sistemática de los recursos estatales e iniciada en un ambiente crispado, la dispendiosa e ineficiente gestión de Moïse exacerbó rápidamente la crisis económica y social que se iba profundizando desde el terremoto y las elecciones de 2010-2011. El estallido de julio del 2018 condensó todos esos elementos. La cerrazón sistemática de la presidencia a atender los reclamos populares provocó un rechazo social casi unánime. Buena parte de la población parecía rechazar el régimen y exigía un «cambio de sistema». Tras haber ignorado el calendario electoral que prescribía elecciones legislativas y locales en 2019, en junio de 2020 el Ejecutivo se quedó solo con las riendas del poder. El Parlamento bicameral había quedado reducido a 10 senadores y todos los poderes locales –consejos municipales y de secciones comunales– fueron revocados en junio.

El gobierno de Moïse emprendió entonces la construcción sistemática de una dictadura unipersonal, con la emisión de decretos liberticidas, nombramientos de allegados en puestos claves –como el de jueces en la Corte Suprema o del jefe de la policía– y una serie de políticas para, como él mismo dijo, «cazar criminales», dándole abierta participación a las Fuerzas Armadas.

En ese marco, se produjeron asesinatos que aún no han quedado claros, como el del presidente del Colegio de Abogados, el constitucionalista Monferrier Dorval. El contexto de violencia era, ciertamente, grave. Y se acrecentó cuando una agencia gubernamental quedó a cargo del «desmantelamiento» de las pandillas armadas que dominan parte del país y que reciben todo tipo de financiamiento. El terror fue la consecuencia lógica de esta política. Primero, se apoderó de numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe y, progresivamente, fue estallando también en otras regiones del país. Aún hoy, miles de ciudadanos se encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos. No contentos con ello, los funcionarios siguen echando leña al fuego. Recientemente, el jefe de la Policía llamó al pueblo a «reaccionar» frente a las pandillas que actúan sobre la salida sur de Puerto Príncipe.

Las iniciativas de Moïse en el plano institucional son destructivas y no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. El sistema de justicia quedó huérfano con el bloqueo de los nombramientos de jueces por parte del Poder Ejecutivo. Ya el 5 de enero del 2021, un decreto dispuso la organización de un referéndum para aprobar una nueva Constitución –algo que, de hecho, está formalmente prohibido por la Constitución vigente–. El mandatario mantuvo su agenda aun después de haber suspendido la realización del referéndum el 8 de junio, e esencialmente bajo la presión internacional y la declarada oposición estadounidense. Después de haber aplicado a los poderes legislativos y locales una disposición constitucional que acorta el tiempo efectivo de su mandato, llegada la fecha de caducidad del suyo propio el pasado 7 de febrero, Moïse se aferró al poder.

Hay que subrayar que, a pesar del miedo, la ciudadanía organizada, los partidos políticos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos continúan manteniendo una línea de protesta ciudadana pacífica y permanente. La violencia destructiva del Estado enfrenta una protesta social en la que predomina la madurez, lo cual obliga a reconsiderar la aplicación de las clásicas soluciones interventoras en un país considerado siempre y únicamente como revoltoso, violento y miserable.

Antecedentes históricos

Claramente, la crisis institucional y constitucional no es nueva en el país. En realidad, es el resultado de un déficit de enraizamiento de los principales atributos del Estado de derecho. Aunque a partir de 1986, Haití comenzó un período de cambio en el que buscó la consolidación de las instituciones, de las prácticas jurídicas y económicas, y de ejercicios electorales acordes con un régimen de democracia liberal, los resultados no siempre fueron buenos. Tras treinta años de dictadura duvalierista, el ímpetu popular empujó hacia la adopción formal de una serie de instituciones, de principios jurídicos y de leyes que simbolizan conquistas y o anhelos largamente reprimidos, pero la implementación de este nuevo sistema se topó rápidamente con las limitadas capacidades (por inexperiencia, por falta de recursos) de quienes abogaban por un cambio sustantivo. Por otra parte, ni las principales instituciones que detentaban el poder –como el Ejército y el aparato administrativo– ni los grupos sociales mejor provistos –como el empresariado, el gran comercio, los altos ejecutivos y los sectores medios acomodados– asumieron un papel en la construcción de ese nuevo orden. Así, la Constitución de 1987 nunca fue implementada a cabalidad y fue objeto de manipulaciones y violaciones incesantes. Al igual que los otros aspectos de la democracia representativa, la Carta Magna nunca ha sido integrada como marco y brújula del ordenamiento social y de las reglas del juego político.

La vida política haitiana ha transcurrido entre la instrumentalición de la justicia, las derivaciones y las manipulaciones de los principios del Estado de derecho, la desnaturalización de las libertades individuales y, sobre todo, el saqueo de los recursos públicos. Además, la corrupción ha convertido la gestión gubernamental en un verdadero sistema de connivencia entre los representantes políticos y un sector privado monopolista con extensiones mafiosas. El resultado ha sido una caricatura del sistema democrático montada sobre los resortes del viejo sistema autocrático-clientelista.

El desarrollo de este proceso de manipulación del régimen democrático-liberal se produjo bajo la alta vigilancia y la influencia decisiva de Estados Unidos. Como supervisor de la salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986, Estados Unidos fue también el encargado de dictar la adopción y el rechazo de leyes y reglamentos, así como de plantear las políticas públicas que conformaron al nuevo régimen. La apertura arancelaria total (desde 1987 las tasas más altas aplicadas a las importaciones no sobrepasan el 10%), la absoluta desprotección de la economía agrícola y las restricciones al desarrollo y a la profesionalización de la Policía, son algunos de los resultados del monitoreo estadounidense. La historia electoral desde la década de 1990 es, sin duda, la que mejor ilustra la responsabilidad externa en el desplome del sistema político del país.

El 28 de noviembre de 1987, durante las primeras elecciones tras la salida de Duvalier, se produjo una verdadera masacre. Apenas pocas horas después de iniciarse la votación, grupos duvalieristas y militares dispararon a sangre fría contra filas de electores que esperaban su turno para votar. Recién en 1990, y gracia a las demandas de la ciudadanía organizada, se realizaron elecciones libres con una participación de más de 70% de los votantes. Jean Bertrand Aristide, ex-sacerdote católico y promotor de la Teología de la Liberación, llegó a la presidencia haitiana.

El mandato de Aristide duró solo nueve meses. Un golpe militar derrumbó al gobierno del movimiento Lavalas e inauguró un período de control y tutela de la democracia haitiana por parte de instituciones regionales e internacionales vinculados con Estados Unidos. Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se transformaron en verdaderos «aparatos de certificación electoral» de la democracia haitiana, en dictaminadores de ganadores y perdedores de los mandatarios de un país que se pretendía soberano.

Así, las elecciones de 1996 recibieron el sello de validez de la «comunidad internacional» pero las del año 2000 (en las que ganó Aristide con un amplísimo porcentaje, pero con poca afluencia electoral) fueron consideradas inválidas por estas mismas instituciones. Finalmente, y tras la salida de Aristide por segunda vez del poder, acaba instalándose la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). En rigor, se trataba de una misión militar de 10.000 soldados y unos cuantos miles de policías en un país agitado por disturbios sociales y una delincuencia politizada, pero de ninguna manera un país en guerra. El despliegue de la Minustah marcó un hito en el tutelaje internacional sobre Haití. El terremoto de enero de 2010 reforzó este control y aumentó el involucramiento estadounidense a través de Bill y Hillary Clinton, quienes integraron la Comisión Internacional de Reconstrucción de Haití. Desde 2004 no ha habido ninguna elección sin una abierta intervención externa. Mientras que en 2006 la elección de René Préval fue «confirmada» rápidamente, en 2010 la primera vuelta electoral fue «rectificada» por la OEA, favoreciendo a Michel Martelly, el candidato de Estados Unidos, quien es finalmente proclamado presidente en una muy dudosa segunda vuelta.

La elección y la presidencia de Jovenel Moïse son el capítulo más reciente de este proceso. Entre otros resultados, la participación del electorado pasó de más de 70% en 1990 a menos de 15% en 2016-2017.

Una situación descontrolada

El proceso de intervención extranjera a través de los organismos internacionales, el descrédito de un Estado de derecho que nunca logró establecerse definitivamente tras la dictadura duvalierista y una serie de factores políticos propios del país han conducido a Haití a un profundo proceso de polarización política. En la actualidad, esto se expresa en una serie de cuestiones inmediatas. La primera de ellas es la de la fecha y las condiciones de salida del poder de Moïse. Hoy, la gran mayoría del país considera que el mandato de Moïse efectivamente ha caducado, pero no hay un entendimiento acerca de la necesidad de negociar su salida o de pactar una cohabitación.

A esto se suma una segunda cuestión: el contenido y la duración de la inevitable transición que permitirá recomponer un sistema político mínimamente confiable, condición sine qua non para la organización de elecciones transparentes e inclusivas. La sociedad civil organizada está solicitando un período transicional que permita iniciar acciones que conduzcan a la normalización de las instituciones y de la vida nacional y no solamente elegir un equipo para un traspaso de poder. En ello se juega el tercer término de esta ecuación, referente a las modalidades y al peso de la participación ciudadana en ese proceso transicional. Al contrario de lo que anticipan los políticos, las organizaciones ciudadanas consideran que es necesaria una entidad para negociar los intereses de la sociedad civil como un actor en el escenario político, no para ejercer el poder, sino para controlarlo.

En la solución a estos desafíos, el peso de las potencias de tutela lideradas por Estados Unidos es, sin duda, determinante. A las recientes declaraciones de la misión de la ONU presente en el país en favor de elecciones rápidas, se suman las del llamado Core Group, un club de países y organismos internacionales que monitorea la política interna de Haití desde 2013 y que está integrado por Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, la OEA y la propia misión de la ONU. La misión de la OEA –que visitó el país del 8 al 10 de junio pasado– hizo, además, su propio llamamiento a que se convoque a elecciones rápidamente, considerándolo el único mecanismo de legitimación del poder político, a pesar de reconocer las peligrosas condiciones de seguridad que imperan hoy a lo largo del territorio nacional. El Parlamento Europeo emitió una posición mucho más crítica sobre la responsabilidad de las actuales autoridades en la situación actual. Sin embargo, la declaración del Parlamento Europeo dista mucho de tener el mismo peso que las posiciones estadounidenses y la de los actores cercanos a ellas.

El aparente empate que se mantiene entre un país alzado pacíficamente contra la arbitrariedad y una dictadura unipersonal que se despliega desenfrenadamente contra la ciudadanía ha conseguido llamar la atención internacional. Y hay tres factores que explican que los actores globales no hayan hecho la vista gorda. El primero, y sin lugar a dudas el más espectacular, es la utilización de Moïse de métodos que hacen caso omiso de los acuerdos y las formas más elementales de gobernabilidad vigentes en el mundo contemporáneo y, en particular, en los espacios políticos y diplomáticos de la región. A esto se suma el reciente cambio de administración en Estados Unidos. La llegada de Joe Biden al poder propició la movilización de amplios sectores de la migración haitiana.

Finalmente, el impulso solidario de sectores progresistas de diversos países de la región y del mundo también consiguieron que se haga foco en la crisis haitiana. Por primera vez desde el terremoto de 2010, estas voces progresistas han conseguido sacar a Haití de un silencio que cobijó durante más de un decenio el socavamiento sistemático de las conquistas democráticas conseguidas en 1986 y los permanentes intentos de restauración neoduvalieristas. Queda por ver cuán consistente y duradera resultará esta solidaridad, y queda por evaluar lo que puede conseguir la movilización y la fuerza ciudadana contra un Estado que se ha transformado en verdugo de su propia población.  

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El Salvador regala bitcoines a los ciudadanos para impulsar su uso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que en apoyo de la nueva ley que convierte al bitcóin en moneda de curso legal, el Gobierno ofrecerá 30 dólares equivalentes en la criptomoneda a cualquier ciudadano que se inscriba en una cartera digital.

El Gobierno creará su propia billetera de bitcóin llamada Chivo, anunció Bukele durante un discurso. Los fondos se depositarán en la cuenta de cualquier ciudadano que la descargue y se registre como usuario con su número de teléfono y su número de identificación, especificó.

La wallet del Gobierno de El Salvador se llama Chivo. ???

Estos son los pasos que debes seguir una vez la hayas descargado:

✔️ Debes regístrate con tu número de teléfono y DUI
✔️ Tiene reconocimiento facial o una verificación por medio de call center para crear la cuenta pic.twitter.com/aDQhxBSB7e

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

El monedero Chivo podrá descargarse en septiembre y será compatible con otras billeteras de bitcóin, dijo Bukele.

Será dentro de la app Chivo donde te depositaremos los $30 equivalente en #Bitcoin para promover su uso en la economía y para que la gente tenga un incentivo para utilizar la aplicación. pic.twitter.com/bi3zr6I93p

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Bukele reiteró sus argumentos de que el uso de la criptomoneda ayudará a atraer inversiones, impulsar el consumo y reducir el costo del envío de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el exterior.

"Todo esto hace muy beneficiosa a la wallet del Gobierno para todos los que reciben remesas. Millones de salvadoreños van a ser beneficiados con la Ley, por eso no entiendo cómo pueden atacar una ley que beneficiará a la gente que envía y recibe remesas”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/GuwTMgporD

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Además subrayó que el uso del bitcóin será opcional. Los consumidores pueden pagar a los negocios con bitcoines desde sus carteras por artículos cotizados en dólares. Pero si los propietarios de los negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden pulsar un botón en la aplicación Chivo para convertir los bitcoines inmediatamente en dólares, según Bukele. "Será totalmente opcional. El dólar seguirá siendo de curso legal", dijo.

El Presidente @nayibbukele explica, con un ejemplo, como un comercio y un consumidor pueden hacer uso de la wallet y recibir o pagar con dólares o bitcoin según sea su decisión. pic.twitter.com/7OtiQDAbFi

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Las cuentas bancarias en dólares seguirán siendo en dólares, y los sueldos y pensiones se seguirán pagando en dólares, agregó.

Riesgo potencial

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo de Bukele por el plan bitcóin.

Fitch Ratings reveló en un informe que la legislación que establece el bitcóin como moneda de curso legal aumentaría los riesgos regulatorios para las instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

"Una implementación apresurada de la nueva plataforma del sistema de pago alternativo afectará al marco de gestión de las instituciones financieras en cuanto a los riesgos operativos, cibernéticos, monetarios y de liquidez", escribieron los analistas de Fitch.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha criticado la medida y señaló que se enfrentaba a "retos macroeconómicos, financieros y legales" con el paso de El Salvador al bitcóin. Por su parte, el Banco Mundial rechazó una solicitud del Gobierno para ayudar a la implementación de la criptodivisa.

El 26 de junio, un bitcóin perforó el piso de 30.500 dólares.

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ordi Cuixart (d) y Jordi Sánchez (i), saludan a simpatizantes después de ser excarcelados.. Imagen: EFE

La jugada más arriesgada de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español apuesta por sacar de la cárcel a los líderes independentistas para buscar una salida negociada a la crisis en Cataluña.

Pedro Sánchez atesora una reputación bien ganada de ser un sobreviviente nato. Ganó contra pronóstico sus primeras elecciones internas para acceder a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al ser destituido de ese cargo y cuando prácticamente todo el mundo lo consideraba un cadáver político, comenzó una gira en coche por toda España para recorrer agrupaciones socialistas e imponerse en las siguientes primarias a Susana Díaz, la candidata del aparato y de las viejas glorias encabezadas por Felipe González. Así volvió a hacerse con el poder en el PSOE y desde allí llegó al Palacio de La Moncloa, primero con una moción de censura y después tras ganar unas elecciones generales y pactar con Unidas Podemos y otras fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas, entre ellos los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña.

Esa capacidad de supervivencia se enfrenta ahora a una nueva prueba con los indultos a los 11 líderes secesionistas que su Gobierno acaba de aprobar con el criterio en contra del Poder Judicial, las descalificaciones de la oposición de derecha y las dudas en el propio seno del PSOE, cuyos líderes regionales temen que la decisión les haga pagar una dura factura en las urnas en la mayor parte de los territorios, donde la cuestión catalana es mirada con distancia y antipatía.

Herencia

Cuando Sánchez llegó al poder, el conflicto catalán y su posterior judicialización ya estaban desatados. Desde La Moncloa, Sánchez vio cómo los líderes secesionistas que en 2017 habían desafiado al Estado español y a su entonces presidente, Mariano Rajoy, con un referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia, eran condenados a duras penas de cárcel por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

Las condenas contra los 11 responsables de esos hechos que optaron por permanecer en España y no huir a otros países europeos, como lo hizo el expresidente de la Generalitat (gobierno de la autonomía catalana) Carles Puigdemont, revistieron especial dureza. Fueron desde los nueve a los 13 años de cárcel.

Tanto las sentencias como la entrada en prisión de los líderes condenados provocaron en su día los más graves incidentes callejeros que recuerda la democracia española y no fueron comprendidos en los países europeos, especialmente en aquellos, como Bélgica, donde los dirigentes huidos permanecen sin que prosperen las peticiones de extradición cursadas desde España. Se trata de una situación singularmente anómala en el espacio comunitario europeo, que presume de ser algo más que una mera alianza comercial y que comparte instituciones políticas, económicas y también judiciales.

Jugada de alto riesgo

En las últimas elecciones catalanas, celebradas este año, Sánchez lanzó una de sus acostumbradas jugadas de alto riesgo. Colocó como candidato a Salvador Illa, el hasta entonces ministro de Sanidad que se había forjado por su gestión de la primera etapa de la pandemia una reputación de político dialoguista.

La buena imagen de Illa devolvió al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC, filial catalana del PSOE) la condición de formación más votada después de haber sido relegado al cuarto lugar en los comicios anteriores, pero Illa no consiguió formar gobierno. Los independentistas de Esquerra Republicana (izquierda), JuntsXCat (conservadores) y CUP (izquierda antisistema) unieron sus votos para nombrar presidente al candidato de Esquerra, Pere Aragonés. Los socialistas entendieron en carne propia que su estrategia de imponer la dicotomía izquierda-derecha para conseguir un gobierno progresista estaba lejos de convertirse en realidad. Con los líderes independentistas aún tras las rejas seguía imperando el mismo marco que lleva más de una década rigiendo en la política catalana, la que pone en trincheras enfrentadas a los secesionistas de un lado, sean de izquierda o de derecha, y a los constitucionalistas, progresistas o conservadores, del otro.

Ahora Sánchez ha vuelto a redoblar su apuesta para intentar empezar a resolver el conflicto y al mismo tiempo seguir al frente del Gobierno de España.

En contra del criterio del Tribunal Supremo (que dictó sentencia contra los líderes secesionistas y ahora emitió un duro informe en contra) el Gobierno aprobó indultar a los 11 líderes presos, que ya llevaban cuatro años en prisión. Lo hizo, según argumentó, en aras de la concordia y con el respaldo inesperado de la Iglesia y los empresarios, para quienes devolver la estabilidad a una de las comunidades que es locomotora económica de España es también una cuestión de supervivencia.

Reconstrucción

Sánchez se juega mucho. Después de un año y medio de pandemia, hay encuestas que ya lo sitúan por debajo del Partido Popular. Europa acaba de aprobar un plan de reconstrucción que regará a España con 70.000 millones de euros de subsidio directo y la posibilidad de obtener otros 70.000 millones en préstamo. Para gestionar esos fondos y volver a acudir a las urnas en un contexto económico radicalmente distinto al que ha dejado la pandemia necesita completar el año y medio que aún queda de legislatura. Y para ello es fundamental que cuando las cuentas lleguen al Congreso pueda contar con los 13 votos de Esquerra Republicana.

El objetivo de la reelección todavía se ve lejos. Pero la experiencia ha demostrado que subestimar la capacidad de Pedro Sánchez de reponerse a las mayores dificultades puede ser un grave error

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“Págales más”: la respuesta de Joe Biden a los planteos de falta de mano de obra

Filosa contestación del presidente de Estados Unidos

"Págales más". Así respondió el presidente estadounidense Joe Biden (foto) ante las preguntas por la falta de mano de obra durante una conferencia de prensa donde el presidente anunció un plan de inversión masiva en infraestructura tras meses de negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso.

“No los estoy criticando, realmente lo digo en serio. Me preguntan, ‘Bueno, ¿sabés qué? Los empleadores no encuentran trabajadores’ ” dijo el mandatario en referencia a las consultas que planteaban la falta de mano de obra. “Yo les dije, ‘Págales más’ ” afirmó Biden simulando un susurro. “Esto ahora es una moneda de cambio para los empleados”, agregó.

El plan se apoya en más de 1,2 billones de dólares de inversiones en ocho años (973.000 millones en los primeros cinco años), precisó la Casa Blanca. Unos 312.000 millones son para transportes, incluyendo rutas y aeropuertos, y 266.000 millones de dólares en otras infraestructuras como el servicio de agua potable o internet de mayor ancho de banda.

Si bien esto representa un gran paso adelante, este acuerdo no marca el final de las discusiones. "No tengo ninguna garantía" de conseguir los votos para aprobar este proyecto en el Senado, reconoció Biden, aunque se mostró optimista. "Ninguno de los dos partidos obtuvo lo que quería", destacó, al asegurar que es el precio de obtener un consenso.

Hacia fines de marzo Biden había propuesto invertir unos 2 billones de dólares en infraestructura durante ocho años, con el fin de crear "millones de puestos de trabajo" en Estados Unidos, para mantenerse al frente como economía mundial por delante de China y también para luchar contra cambio climático.

El principal acuerdo entre republicanos y demócratas se refiere al financiamiento de este amplio proyecto de infraestructura. Los republicanos rechazaban un alza de impuestos corporativos propuesto por Biden, mientras que la Casa Blanca rechazaba nuevos impuestos -como por ejemplo sobre la gasolina- a hogares que reciban menos de 400.000 dólares anuales.

El acuerdo finalmente preveé un plan para reforzar las inspecciones fiscales para reducir la evasión y redireccionar fondos desbloqueados en 2020 para luchar contra la pandemia que no fueron utilizados, entre otras medidas.

26 de junio de 2021

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Photo credit Victor Barro

En 1972 el Presidente chileno Salvador Allende denunciaba ante las Naciones Unidas la falta de regulación y de control de las empresas transnacionales. En la actualidad, tras múltiples esfuerzos en este ámbito, se avanza hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En este artículo destacamos cómo este proceso puede constituir una piedra angular frente a la gobernanza corporativa global.

En 1972, menos de un año antes de su asesinato durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, el presidente chileno Salvador Allende afirmaba ante las Naciones Unidas:

“Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada (…)”1  

Allende apuntaba de ese modo a las empresas transnacionales (ETN),2 las cuales se han ido consolidando como actores centrales en el proceso de globalización capitalista. Para calibrar su poder económico, recordemos que 30 de las 100 primeras economías mundiales, son empresas transnacionales, con ingresos superiores al PIB de varios países.3 Su poder se encuentra cada vez más concentrado, prueba de ello, el 80% de los beneficios de las cadenas globales de suministro se concentra en únicamente el 10% de las empresas.4  

Una de las denuncias sobre las prácticas de las ETN que ha cobrado más fuerza últimamente en el Norte Global, mediante los ejemplos de Amazon, Alphabet (Google), entre otras, se vincula con la evasión fiscal.5 Las implicaciones para los países empobrecidos son enormes, puesto que ésta práctica de las ETN les cuesta cada año 100.000 millones de dólares6. Las personas con menos recursos son las más afectadas puesto que al recaudar menos, los Estados optan por recortes en servicios públicos como la educación o la sanidad. Sin embargo, esta realidad no es sino la punta del iceberg de un conjunto de conflictos económicos, sociales y ambientales que involucran a las ETN en todo el planeta. Si consideramos, por ejemplo, el Atlas de Justicia Ambiental de la UAB,7 observamos que los más de 3.000 conflictos socioambientales registrados involucran como mínimo a una ETN. Además, en más del 80% de los casos, las comunidades afectadas no han accedido a la justicia o a algún mecanismo de reparación por severas violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente. La misma situación de impunidad se destaca en el mapeo de violaciones en el Sur Global cometidas por empresas con sede y/o operaciones en Catalunya que ha comenzado a elaborar el Grup d’empreses i drets humans.8    

Es importante resaltar que detrás de cada conflicto se ubican resistencias por parte de los colectivos afectados, a pesar de que crece la represión y de la criminalización de las personas que defienden el territorio y los derechos humanos. Una de las mejores estrategias que han ido desarrollando se ubica en las redes internacionales de apoyo y de solidaridad. Entre ellas, nos referiremos a la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad” (Campaña Global), que abarca a más de 220 movimientos, organizaciones sociales y sindicatos en todos los continentes,9 y en la cual se integran varias ONGs catalanas.   

La Campaña Global pretende enfrentarse a la arquitectura de la impunidad de las transnacionales, basada en la gobernanza corporativa global. Ésta última se ha ido consolidando en los últimos treinta años en base a: un derecho internacional que protege con normas vinculantes a las ETN, gracias a los miles de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones actualmente vigentes; la legitimación de las empresas, invitadas a co-redactar las regulaciones que se les apliquen; y la aplicación del “derecho blando” o códigos voluntarios como los Principios Rectores de la ONU, cuando las transnacionales violan los derechos humanos. El resultado de la gobernanza corporativa se ubica en una profunda asimetría entre los derechos humanos y los intereses empresariales. De forma tal, que actualmente no existen tribunales internacionales sustentados en el sistema internacional de los derechos humanos, desde donde se pueda exigir a las ETN la rendición de cuentas.   

Si bien en los últimos años se han desplegado varias iniciativas, sobre todo en Europa, para responder ante este desafío,10 no se ha logrado aún contar con un marco legal sólido. Uno de los resultados más esperanzadores se ubica en la histórica votación del Consejo de Derechos Humanos en 2014, que aprobó la creación de un Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG por sus siglas en inglés) cuyo mandato consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante (Tratado Vinculante) para las ETN y otras empresas en materia de derechos humanos.11  

La Campaña Global presionó desde 2013 para que este proceso iniciara y ha desplegado desde entonces un gran número de esfuerzos. Entre sus estrategias, cabe destacar la conformación de redes aliadas en apoyo al Tratado, como la Alianza para el Tratado,12 la Red Interparlamentaria Global, y la Red de Autoridades Locales en apoyo al Tratado.13 Además, una de las principales contribuciones ha consistido en elaborar propuestas concretas para los contenidos del propio Tratado Vinculante, con el objetivo de que sea lo más ambicioso posible. Entre estas propuestas, elaboradas con el liderazgo de las comunidades afectadas, destacamos:14

  • La necesidad de que el Tratado abarque el conjunto de obligaciones que los Estados deben imponer a las ETN para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente
  • La necesidad de abarcar la responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de suministro 
  • Sanciones claras y regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal para las ETN
  • La primacía de los derechos humanos y la superioridad jerárquica sobre los tratados de comercio e inversiones, desarrollando obligaciones específicas como el rechazo del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido como ISDS)
  • La previsión de obligaciones específicas para las ETN y las instituciones financieras internacionales implicadas en las violaciones de derechos humanos 
  • Disposiciones que faciliten el acceso a la justicia para las comunidades afectadas, tales como la inversión de la carga de la prueba, y fondos para los gastos legales de los afectados. 

En octubre de 2021 tendrá lugar la 7ª Sesión del OEIGWG en Ginebra, en la cual se debatirá sobre el nuevo borrador de Tratado que debe elaborar Ecuador, el cual preside el OEIGWG. A pesar de que existen incertidumbres sobre cómo evolucionará el Tratado, en función de la correlación de fuerzas entre Estados y la fuerte presión de las ETN, la propia existencia de esta negociación constituye un gran paso frente a la arquitectura de la impunidad corporativa. Y en todo caso, queda claro que las organizaciones de la sociedad civil seguirán disputando este espacio y abriendo otros que permitan fortalecer el proceso. Un claro ejemplo se ubica en el Centro Catalán de Impactos de las Empresas en el Exterior15 impulsado por el Grup d’Empreses i Drets Humans de Lafede.cat y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, aprobado por el Parlament de Catalunya en 2020, y cuya ley de creación ha sido registrada y debería ser una realidad este año. 

 

Por Mónica Vargas | 24/06/2021

 

Notas

  1. Véase: http://www.abacq.net/imagineria/cronolo4.htm 
  2. De acuerdo con la definición establecida por la Subcomisión de la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos en 2003, una  ETN es: “una entidad económica que realiza actividades en más de un país, o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en dos o más países, cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, tanto en su propio país como en el país de la actividad, y ya sea que se le considere individual o colectivamente” [véase: CETIM (2016). Impunidad de las empresas transnacionales, https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/br-impunit%C3%A9-fusionn%C3%A9-esp.pdf, p. 102]. Una ETN puede ser privada o pública y al considerarla conviene siempre a la cadena de suministro. En esta última se integran empresas distintas de la ETN pero que contribuyen en su funcionamiento mediante la provisión de fondos y materiales para la producción de bienes o servicios. En la cadena se incluyen a los contratistas, subcontratistas, y a los proveedores con los cuales la empresa matriz o aquellas controladas por ésta han establecido  relaciones comerciales. 
  3. Fuente: Banco Mundial (2021). PIB por país a precios actuales. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true&view=chart; Fortune Magazine (2021). Fortune 500. https://fortune.com/global500/. Una sola empresa como la gestora de fondos Blackrock, ha llegado a tener activos por más de 7,5 billones de euros, e inversiones en la mayoría de empresas del Ibex 35 y  del CAC 40 (véase: https://directa.cat/blackrock-dispersar-les-inversions-per-concentrar-el-poder/). 
  4. Véase: https://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf
  5. Véase por ejemplo: https://www.elsaltodiario.com/amazon/paga-menos-8percent-impuesto-beneficios-todo-mundo 
  6. Véase: https://nuso.org/articulo/gaidoni-la-evasion-fiscal-de-las-empresas-transnacionales-es-una-violacion-de-los-derechos-humanos/ 
  7. Véase: https://ejatlas.org/
  8. Véase: https://alertadh.org/ 
  9. Véase: https://www.stopcorporateimpunity.org/ 
  10. Véase al respecto el análisis de OMAL: https://omal.info/spip.php?article9369 
  11. Véase: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx 
  12. Véase: https://www.treatymovement.com/ 
  13. Véase: https://bindingtreaty.org/ 
  14. Véase también: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es 
  15. Véase: https://www.lafede.cat/ca/el-ple-del-parlament-dona-llum-verda-a-la-llei-de-creacio-del-centre-dempreses-i-drets-humans/ 
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La herencia de Netanyahu en Israel: una fuerte erosión de la democracia

El país dividido que deja Benjamín Netanyahu a sus sucesores debe cambiar radicalmente para no hundirse en un ensimismamiento dañino para la sociedad. Si atendemos a la erosión que ha experimentado en los últimos doce años, la democracia israelí está en peligro. Netanyahu ha atacado con una energía sin precedentes a las principales instituciones del país, desde la judicatura hasta la prensa.

 

 Los últimos doce años al frente del gobierno (2009-2021) y los tres años anteriores en el mismo cargo (1996-1999) han convertido a Benjamín Netanyahu en el político occidental que más tiempo ha ocupado esa posición, con excepción de la canciller Angela Merkel, y le han permitido moldear el estado judío a su antojo, dejando una herencia que ha erosionado la democracia y que sin duda perdurará en el futuro.

El descrédito de la democracia puede observarse en numerosos aspectos de la sociedad israelí y es consecuencia natural del nacionalismo y el religionismo.

Durante su prolongado mandato el país se ha convertido en lo que se denomina una "democracia iliberal", en la que todo el poder se ha concentrado en sus manos, sirviéndose de las mayorías que le han dado las urnas para oprimir a los sectores que no comulgaban con sus ideas.

La justicia

La judicatura ha sido posiblemente el frente de la política interior al que Netanyahu ha dedicado más tiempo. Lo ha debilitado todo lo que ha podido, tanto él como los ministros de Justicia que ha designado y que permanentemente se han enfrentado a los jueces, especialmente a los del Tribunal Supremo. Ha sido una persecución en toda regla argumentando que el parlamento, y no los jueces, es quien debe decidir lo que se hace y que el parlamento no debe obedecer las decisiones del Supremo cuando hay discrepancias entre los dos poderes.

Sus ataques a la justicia se han intensificado en los últimos años, ya desde antes de que comenzara el juicio contra la corrupción que ahora se está celebrando en un tribunal de distrito en el sector ocupado de Jerusalén.

Netanyahu ha creído que, respaldado por una mayoría parlamentaria, podía hacer y deshacer a su antojo al margen de las leyes, y no está claro cómo y hasta dónde podrá recuperarse el Supremo de esos embates que lo han desacreditado entre una buena parte de la población más populista.

La crispación

La crispación ha alcanzado límites desconocidos, incluso superiores a los que existieron en el periodo previo al asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995. Los citados ataques contra la justicia, o contra la policía y la prensa, han contribuido a crear un clima de tensión y división permanente que Netanyahu y su entorno han impulsado conscientemente puesto que consideraban que la crispación y la división les beneficiaba electoralmente.

Esa misma política de enfrentamiento es la que Netanyahu ha empezado a aplicar en el parlamento desde mediados de este mes de junio como jefe de la oposición. Su nueva responsabilidad en la Kneset sin duda augura malos momentos para el gobierno de Naftalí Bennett, especialmente si, como todo parece indicar, mantiene el sistemático descrédito del sistema en su conjunto.

Palestinos

Los doce últimos años se han caracterizado por una creciente expansión colonial judía en los territorios ocupados, encerrando a los palestinos en guetos cada día más precarios que se sostienen por la ayuda que reciben de Occidente. Netanyahu ha conseguido que los palestinos sobrevivan en un estado de hibernación permanente a la espera de que más pronto o tarde se presente la ocasión de darles la patada definitiva.

Esta misma política continuará con el nuevo gobierno si EEUU y Europa no dan un golpe sobre la mesa y obligan a Israel a cumplir las resoluciones internacionales. Es una cuestión que sobre todo está en las manos de Biden, pero también de los europeos. Los mandatarios Angela Merkel y Emmanuel Macron deberían implicarse puesto que la solución de este conflicto redundará en beneficio de Europa y apuntalará su estabilidad.

Irán

Irán es una bicoca que permite a Israel apartar la atención internacional de la brutal ocupación militar de los territorios palestinos. Con las negociaciones de Viena a pleno rendimiento, es muy probable que pronto se restablezca el acuerdo nuclear de Barack Obama de 2015, un acuerdo contra el que Netanyahu ha luchado con todas sus fuerzas.

No está del todo claro cuál será la actitud del nuevo gobierno con respecto a Teherán, entre otras cosas porque dependerá de las decisiones que adopte el presidente Joe Biden, pero el choque con Irán seguirá siendo positivo y ventajoso para Israel por muchos motivos, en particular porque pone en la órbita israelí a varios países sin escrúpulos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que se traducirá en importantes negocios, sobre todo militares y de inteligencia.

El objetivo de las potencias mundiales debe ser impulsar la cooperación entre los países de Oriente Próximo, pero esto solo puede hacerse partiendo de la justicia. Durante décadas el cinismo occidental ha contribuido a la desestabilización de la región, lo que se ha traducido en una instabilidad que ha llegado a Occidente de manera repetida y constante.

Encaminar a Oriente Próximo hacia un futuro mejor requiere ante todo resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, algo en lo que Netanyahu no tiene el menor interés. El nuevo primer ministro Bennett es de la misma escuela, de hecho empezó su carrera política a las órdenes de Netanyahu y es tan radical como él. Si ese problema persiste, lo más probable es que toda la región continúe bajo la precariedad e inestabilidad de las últimas décadas.

23/06/2021 12:08 Actualizado: 24/06/2021 07:44

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El pueblo de Cuba, las crisis, y los modos de manejarlas. Veinte puntos en modo urgente

1- La década 1975-1985 fue la de mejor desempeño socioeconómico en Cuba —soporte de la URSS mediante—. Sobre esa historia los cubanos estaban parados para perder luego, en promedio, casi 20 libras per capita en los 1990. Los indicadores con los que Cuba llegó a los 1990, sobre pobreza y desigualdad, estaban entre los más bajos en la región. El liderazgo cubano de entonces, específicamente Fidel Castro, por mucho que no le guste a parte de la sociedad nacional cubana, jugó un papel decisivo en las formas de construir los consensos y lidiar con los disensos de entonces.

2- En 2021 muchas cosas han cambiado. Cuba no cuenta con nada parecido a aquel colchón social ni a aquellas estadísticas sobre desigualdad ni a aquella inserción internacional ni a las condiciones que hicieron posible aquel liderazgo. Cuba necesita hoy muchas novedades.

3- La actual es una crisis que cabalga sobre varias crisis previas y concomitantes:  crisis económica, crisis demográfica, crisis de cuidados, que se combinan con la crisis pandémica, las crisis internacionales —cada vez con periodos más cortos entre sí— y el agravamiento de la política estadunidense contra Cuba.

4- Existe también crisis de horizontes —que se observa muy clara en el potencial migratorio—, y crisis de confianza en espacios políticos e institucionales, que se sostienen, en medio de una convivencia difícil, con otros desarrollos institucionales exitosos como la política pública de producción y distribución de vacunas anticovid.

5- En los 1990 mantener la doble moneda fue crucial para evitar que aquella crisis social fuese aún más explosiva. Con los años, algo más de la mitad de la población llegó a recibir alguna cantidad de CUC. Una parte de ellos provenía de formas de pago y estimulación salarial. Otras, las más importantes, de remesas.

6- El “Ordenamiento” de 2021 ha eliminado el CUC, pero nadie en Cuba gana hoy de modo oficial divisa convertible. Contra la promesa oficial de mantener “bajo control” la dolarización, disponer hoy de alguna divisa es esencial para comer, usar jabón, o comprar una batidora para el hijo por nacer.

7- Desconozco una cifra confiable de quienes no reciben remesas en Cuba, pero es claro que estos son los afectados directamente por este tipo de medidas, amén de lo que les llegue luego por vía de redistribución —recurso que está experimentado sucesivos recortes, como las eliminaciones de subsidios.

8- Sin embargo, se saben algunas cosas: al menos 221 425 personas mayores viven solas en Cuba, y son mayoritariamente mujeres. El 82,3% de esos adultos mayores cuenta con ingresos que son consecuencia del trabajo o la jubilación, pero no tienen otra fuente de ingreso.  De los hogares cubanos, los que forman parejas sin hijos han crecido hasta 23,7%.

9- Se sabe también que por cada dólar de remesa que recibe una persona con color de piel negro, una de color blanco puede recibir hasta tres dólares, debido a la estructura histórica de la migración cubana.

10- La reciente medida sobre el dólar no va a crear la desigualdad en Cuba, pero la va a afianzar en un marco de ausencia de políticas que reconozcan de modo transparente los problemas crecientes asociados a la pobreza y la desigualdad.

11- Esas medidas están siendo tomadas sin intervenir de modo importante sobre el marco de respuestas individuales y familiares a la crisis que se han impuesto desde los 1990. En específico, descargan sobre las familias emigradas costos de la vida en Cuba —y ahora más, costos de transacciones financieras impuestas por el bloqueo— y, en el plano interno, “se comen” el aumento salarial decretado por el Ordenamiento.

12- A la vez, es consensuado que si bien la política oficial hacia la emigración ha experimentado avances, sigue siendo muy insuficiente. El texto de la nueva Constitución no menciona una sola vez la palabra migración, en un país que tiene a los balseros de los 90 y a los que cruzaron no hace mucho la selva del Darién, como marcas de fuego de su memoria nacional.

13- Las combinaciones de estas crisis se experimentan, además, en un ambiente político en el cual hay actores autointeresados en cerrar herméticamente la crítica frente a todo desempeño oficial. Con ello, hablan exclusivamente consigo mismos y suman exponencialmente problemas políticos a la crisis, como el acceso a derechos de participación y a la intervención en la deliberación pública. Son máquinas de producir enemigos, elefantes sobre las cristalerías de los complejos acuerdos sociales cubanos.

14- Por ese camino, ese sector político bloquea saberes y experiencias de vastas zonas sociales al etiquetarlas como “enemigas”. Han “programado” un algoritmo de la exclusión que impide la formación de consensos, obstaculiza respuestas colectivas, y mina la confianza social en la concertación de esfuerzos propios y en la capacidad de instituciones para dar respuestas públicas a problemas colectivos.

15-A la vez, la política estadunidense de bloqueo, que el año próximo cumplirá sesenta años, pica y se extiende. Es una trampa justificar cualquier comportamiento represivo del Estado cubano a través del bloqueo, pero relativizarlo es otra trampa. Justificarlo, más aún, es un crimen.  No abrirse a la consideración de todas las alternativas posibles para combatirlo es otro crimen. Cualquier alternativa patriótica cubana tiene que tener en la condena incondicional del bloqueo un núcleo de sus convicciones.

16- La experiencia histórica cubana muestra maneras de manejar las crisis. En 1898 casi la mitad de La Habana vendía melcochas a centavo, pues solo sobraba el azúcar. En esas condiciones, el independentismo cubano, a través de una enorme lucha de masas pudo derrotar la línea anexionista de la facción “jingoísta” de la política estadunidense y de sus aliados en Cuba. Tras la crisis de 1929, que impactó en Cuba como en ningún otro país de la región, hubo olas de suicidios en la Isla. En esas condiciones, el pueblo cubano dio la “batalla por la Constituyente” de 1940, y consiguió la legislación social más profunda de la historia nacional hasta entonces.

17- En 1958 el producto Interno Bruto por habitante de Cuba ocupaba el tercer lugar de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay. Sin embargo, la politización de la desigualdad existente, y el régimen dictatorial de Batista, hizo intolerable la situación. En ese contexto, vecinos de Santa Clara derrumbaron paredes de sus propias casas para evitar el paso de tropas batistianas durante la batalla en esa ciudad, y el pueblo cubano construyó un enorme arco ideológico de oposición al tirano. Tras la Revolución, las situaciones de crisis se manejaron apelando a soluciones colectivas. La crisis de octubre puso a cargo de las baterías antiaéreas a muchachos de toda Cuba, cuyos testimonios de hoy no dicen que fueron forzados a hacerlo. La crisis de los 90 experimentó, al menos hasta 1996, un ambiente de apertura relativa de los debates sobre las alternativas cubanas, como hicieron espacios como el Centro de Estudios de América, y como hizo la promesa, y en bastante medida la realidad, de vivir de modo parejo la crisis.

18- Toda esa historia contiene lecciones lo mismo para quienes pretenden llamar “mercenaria” a cuanto crítica se ejerza en Cuba y apuestan por resolver por vía policial toda disidencia, como para los que naturalizan la injerencia estadunidense sobre la nación.

19- Las respuestas colectivas, las articulaciones sociales, la elaboración inclusiva de lo que se considera como el pueblo cubano, la defensa de nociones democráticas de la soberanía nacional, la ampliación de los espacios de discusión sobre las alternativas posibles, fueron el sustrato democrático de las soluciones a esas crisis.

20- Una lección clave, en resumen, parece ser que gestionar la crisis ampliando derechos, tanto políticos, como sociales, es el camino mas firme para las soluciones del futuro.

Por Julio César Guanche

19/06/2021

Julio César Guanche

Historiador y jurista cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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Miles de manifestantes se juntaron en las calles de todos los estados de Brasil en protesta contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y a favor de las vacunas. La impresionante foto de la Avenida Paulista de San Pablo, corresponde al fotógrafo Ricardo Stuckert.

Sao Paulo. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Brasil superó 500 mil muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación.

"500 mil vidas perdidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo", tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498 mil 499 muertos, con un promedio diario de más de 2 mil en los pasados siete días.

Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, Recife y Sao Paulo, donde a pesar del frío, una marea humana inundó unas 10 cuadras de la avenida Paulista, marco de la capital económica de Brasil.

"Tenemos más de 2 mil muertos por día. Perdimos a más de 500 mil personas por una enfermedad que tiene vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro: escuche al pueblo", expresó Tita Couto, estudiante de 21 años que acudió a la manifestación en Sao Paulo junto a sus amigos. Muchos manifestantes llevaron carteles con el número "500 mil".

"Fuera Bolsonaro", "Fuera genocida", "Gobierno del hambre y el desempleo", "Vacuna ya" y "Vacuna en el brazo y comida en el plato" fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río y Sao Paulo. El viernes el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que "es mejor infectarse".

La lentitud de la vacunación contra el Covid-19 en Brasil, donde sólo 11.5 por ciento de la población de 212 millones de personas ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización.

Al caer la tarde, la temperatura cayó en Sao Paulo y comenzó una llovizna, pero la multitud creció. Hinchas de los clubes rivales de futbol Corinthians y Palmeiras marcaron presencia con enormes banderas "por la democracia".

Más temprano, en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad. "La posición de él (Bolsonaro) en relación con el Covid-19 y su negacionismo son absurdos. Él ya salió de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surrealista", clamó Robert Almeida, fotógrafo de 50 años.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Éste no acudió a la cita para evitar que su presencia dominase "una manifestación convocada por la sociedad brasileña", tuiteó hace dos días. Y agregó: "500 mil muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna, en un país que ha sido referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre: genocidio".

Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos. Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. A pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola, el gobierno acogió este mes la Copa América de futbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

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