La creciente desigualdad en EE UU se ceba con las grandes ciudades

La creciente desigualdad de renta en Estados Unidos tiene su mayor traslación en las grandes ciudades, donde se hace más palpable y real la acuciante brecha de ingresos entre ricos y pobres. Una problemática profunda, con múltiples causas y ramificaciones, que el presidente Barack Obama ha puesto en el foco del debate legislativo en los últimos meses al tildarla como "el mayor desafío de nuestro tiempo", y que revela cómo los coletazos de la crisis económica de 2008 han golpeado mucho más a los ricos que a los pobres, y han mermado notablemente los fundamentos de la clase media norteamericana.


Según un reciente informe de Brookings, un centro de estudios con sede en Washington, el 5% más acaudalado de la población en las 50 principales urbes ingresa 10,8 veces más que el 20% más depauperado; mientras en el conjunto de EE UU el ratio de diferencia es del 9,1. En cifras absolutas, con datos de 2012, esto se traduce en que los más prósperos en las ciudades ganaron 196.000 dólares en contraposición a los 192.000 del promedio nacional; mientras los más pobres ingresaron 18.100 dólares en las grandes urbes, por debajo de los 21.000 de sus equivalentes en el resto del país. En conjunto, de las 50 grandes ciudades, 31 registran niveles de desigualdad superiores a los del promedio norteamericano.


El debate de la disparidad y de cómo combatirla también se ha adentrado en la arena política de algunas ciudades, como Nueva York, Boston, Seattle, San Francisco o Minneapolis. Pero en un país de enormes magnitudes como éste el panorama no es homogéneo y los desequilibrios varían según el municipio. De acuerdo con el documento, Atlanta, San Francisco, Miami, Boston y Washington DC son las cinco urbes con mayores desigualdades de EE UU. También destacan el sexto lugar de Nueva York, el octavo de Chicago y el noveno de Los Angeles. En el otro extremo, las que experimentan menos disparidades de renta entre sus ciudadanos son Virgina Beach, Arlington, Mesa, Las Vegas y Wichita.
"La desigualdad puede ser el resultado de fuerzas económicas globales, pero importa en el mundo local", sostiene el autor del informe, Alan Berube, responsable del departamento metropolitano de Brookings. "Buena parte de los servicios públicos se prestan a nivel local, y en una ciudad desigual sostener esta financiación es complicado", alerta en conversación telefónica. Por ejemplo, la base fiscal puede ser demasiado estrecha para pagar ciertos servicios, lo que puede restarles también soporte político; las escuelas de la ciudad corren el riesgo de carecer de una mezcla adecuada de alumnos de distintos entornos socioeconómicos o el ayuntamiento puede tener dificultades de ofrecer viviendas a precios accesibles a los ciudadanos más humildes.


Mientras en Atlanta los más ricos gozan de unos ingresos 18,8 veces superiores a los de los más pobres, en Virginia Beach ganan 'solo' seis veces más. No existe un patrón único que explique esta amplia diferencia sino que es fruto de múltiples factores económicos y sociales. Atlanta y Virgina Beach tienen prácticamente el mismo número de habitantes (alrededor de 440.000), pero, en cambio, en la primera los pobres ganan la mitad que en la segunda mientras los ricos dos tercios más. Según Berube, esto se debe a que Atlanta -igual que San Francisco, Boston, Washington o Nueva York- dispone de sectores económicos que pagan salarios muy altos a sus trabajadores, que están altamente educados; mientras que Virgina Beach -igual que el resto de las ciudades menos desiguales- está muy expandida en el territorio, con múltiples suburbios, lo que hace que tenga una mayor clase media y por tanto menos distancia entre los extremos de renta.


Así, las urbes más desiguales de Estados Unidos se caracterizan por todo lo contrario: tienen en común una relativamente pequeña clase media. Pero, pese a esta coincidencia, existen diferencias de fondo entre ellas. Por ejemplo, San Francisco y Miami tienen una brecha similar, pero en la localidad de California se debe a que concentra a las personas con rentas más altas de EE UU -gracias al potencial tecnológico de Silicon Valley-, mientras en la de Florida a que es la tercera ciudad con los ingresos más bajos del país. De hecho, pese a los efectos de la crisis de 2008, los ricos de San Francisco se han hecho más ricos en los últimos años mientras los más pobres se hacían mucho más pobres.
El de San Francisco, no obstante, es un caso excepcional. Entre 2007 y 2012, en la mayoría de ciudades los más acaudalados perdieron ingresos, pero la clave recae en que lo hicieron a un ritmo mucho menor que los más depauperados. "Las reducciones de renta de los de más arriba fueron pérdidas en activos de inversión mientras las de más abajo supusieron pérdidas de puestos de trabajo. Por tanto, sus problemas son proporcionalmente más severos", apunta el investigador. Por ejemplo, en Jacksonville -la quinta ciudad donde más crecieron las desigualdades- la renta de los más prósperos cayó un 11% en ese intervalo de cinco años pero la de los menos prósperos se desplomó tres veces más, hasta un 31%.


No sorprenderá, por tanto, que las urbes que encabezan la triste clasificación de la desigualdad sean las que han experimentado un mayor incremento de la brecha entre ricos y pobres en los últimos años. Entre 2007 y 2012, la disparidad en San Francisco creció 3,9 veces; en Atlanta 3,1; y en Miami 2,1. De las 50 grandes ciudades, 18 registraron aumentos significativos de la desigualdad en ese periodo de tiempo. Y en la mayoría fue fruto de una pérdida de poder adquisitivo de las familias con bajos ingresos como consecuencia de los efectos de la desaceleración económica tras el estallido de la crisis. Por ejemplo, han sufrido especialmente los municipios del sur y el oeste del país -como Sacramento, Charlotte o Tucson- afectados por el colapso de la burbuja inmobiliaria y sus efectos directos sobre la creación de puestos de trabajo, y los del norte -como Cleveland, Indianapolis o Milwaukee- donde el declive industrial ha disparado la tasa de pobreza.


En el otro espectro de la balanza, El Paso, Seattle y Denver fueron las ciudades donde más se redujo la desigualdad en esos cinco años gracias en parte a que tienen sueldos mínimos más elevados, lo que hizo que los ingresos de los menos prósperos cayeran con menos intensidad. Pero en algunos casos, como en Seattle, se trata de un resultado en cierto modo ficticio, pues se debe a que los pobres viven cada vez más a las afueras de la ciudad, por lo que su bajo nivel de renta queda fuera de las estadísticas municipales.

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Revés electoral en Ecuador al partido de Correa

Alianza País (AP), el partido del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sufrió hoy su mayor revés desde que asumió el poder, en enero de 2007, al perder las elecciones en las tres principales ciudades del país: Quito, su bastión electoral; el puerto de Guayaquil, que ha sido una tradicional base de la oposición, y la localidad andina de Cuenca, de acuerdo con encuestas a boca a urna.


Según las proyecciones difundidas tras el cierre de las casillas, los candidatos de AP en esas tres ciudades quedaron distantes de los aspirantes de la oposición.


Al cierre de esta edición, los resultados oficiales del conteo rápido a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) no arrojaban datos representativos debido a un retraso en la transmisión de la información.


Paúl Salazar, vicepresidente del organismo, aseguró que al no existir un orden predeterminado de recepción de las actas, tenemos que esperar a que se estabilicen las tendencias.


Los ecuatorianos eligieron este domingo 221 alcaldes, 23 prefectos (gobernadores provinciales), mil 35 concejales municipales y cuatro mil 79 vocales de juntas rurales para un periodo que se extenderá hasta el 14 de mayo de 2019. Un total de 11.6 millones se registraron para votar en estos comicios.


Minutos después de la difusión de los resultados extraoficiales, Correa se presentó en una conferencia de prensa con el candidato de AP a la alcaldía de Quito, Augusto Barrera, para reconocer el doloroso revés de su partido y la victoria del opositor y centroderechista Mauricio Rodas, abogado de 38 años, que se impuso con amplio margen de 56.5 por ciento de votos contra 40.4 del candidato aliancista, Augusto Barrera, según datos de la firma Opinión Pública Ecuador.


Hemos tenido un importante revés en la capital que habrá que revisar. La capital es importante en cuestiones de gobernabilidad, admitió Correa en la sede del gobernante AP.


Este remezón es peligroso, advierte el presidente


Qué bueno que hayamos tenido este remezón, es muy doloroso lo que ha pasado en Quito y peligroso. Ojalá me equivoque, declaró el mandatario.


En Guayaquil, el alcalde opositor Jaime Nebot fue relecto con 60.3 por ciento de votos frente a 37.8 por ciento obtenido por la candidata de AP, Viviana Bonilla, vaticinaron las encuestas a boca de urna.


Correa también reconoció la derrota en Guayaquil, pero se mostró confiado en que AP haya ganado en la mayoría de las localidades menores del país, donde hubo un total de mil 651 puestos de elección popular en juego este domingo, incluidos prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales.


El mandatario rehusó hablar de una derrota de AP y dijo que, de acuerdo con datos preliminares, su partido habría ganado al menos nueve de las 24 prefecturas provinciales.


Hablar de una derrota del oficialismo porque se perdieron ciudades tan queridas es menospreciar al resto del país, sostuvo.


Correa participó activamente en la campaña para apoyar a los candidatos de AP. Pero las apariciones de Correa junto a Barrera, uno de los cofundadores del partido gobernante, no fueron suficientes para convencer a los quiteños de que lo religieran y, según algunos analistas locales, fueron contraproducentes para su correligionario.


Durante la campaña, Correa afirmó que una derrota en la capital podría llevar a un periodo serio de ingobernabilidad en el país y que podría imitarse la táctica que según el mandatario se usa en Venezuela, donde los opositores se han enquistado en las administraciones locales para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región.


Las declaraciones de Correa fueron una alusión a que Quito fue el epicentro de grandes manifestaciones que propiciaron el derrocamiento de varios mandatarios a finales de la década de los 90 y al inicio del siglo XXI.


Rodas, quien participó en las elecciones presidenciales de 2013 con pobres resultados, prometió el viernes pasado trabajar por la capital y no convertirse en una oposición radical ni buscar la ingobernabilidad.


Nebot, quien de confirmarse los datos de las encuestas ejercería su segundo mandato consecutivo en la alcaldía de Guayaquil, aseguró: jamás voy a interferir en las funciones presidenciales porque soy demócrata.


Con el triunfo de Nebot, Guayaquil tendrá por sexta ocasión consecutiva a un gobernante conservador, una lista que incluye a León Febres Cordero, quien también llegó a ser presidente de Ecuador de 1984 a 1988.


Los resultados que ha entregado el CNE corresponden a jurisdicciones donde se aplicó el voto electrónico y donde el mecanismo permitió contabilizar 100 por ciento de los sufragios.


Estos determinaron que, en Cuenca, Marcelo Cabrera ganó la alcaldía con 44.59 por ciento de sufragios, sobrepasando al actual alcalde y candidato por el gobierno Paúl Granda, que obtuvo 36.79 por ciento.


En Santo Domingo de los Tsáchilas, donde también se utilizó el voto electrónico, el triunfo fue para Víctor Quirola, del partido Suma, con 44 por ciento, mientras la actual alcaldesa Verónica Zurita obtuvo 37 por ciento.

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Viernes, 24 Enero 2014 16:07

Moratoria minera, un medio no un fin

Actividad recolección de firmas

Múltiples son los aprendizajes durante los ocho (8) meses de la experiencia de recolección de firmas a favor de una Moratoria Minera (MM). Uno de ellos, la urgencia de mecanismos y espacios de debate, donde los distintos sectores sociales, la ciudadanía y las regiones incidan en las políticas públicas y en las decisiones estatales sobre nuestros territorios.

 

Esto porque la gente no encuentra eco estatal al clamor regional sobre la inconveniencia de la política extractivista del gobierno nacional. Por ello, cuando se topa con esta iniciativa, que se constituye en un instrumento mediante el cual puede hacerse partícipe de una manifestación colectiva de profundo cuestionamiento a la minería, convertida en uno de los pilotes del modelo de desarrollo del país, siente encontrar un canal para hacerse sentir.

 

Cada jornada de firmas en la calle suscita la discusión activa de diversidad de comunidades. Allí, de manera fresca y dialógica, exponen casos concretos de arbitrariedad de las empresas mineras la ausencia de regulación gubernamental, los impactos sentidos por las comunidades en sus territorios, la vista gorda de las autoridades ambientales; la campaña, permite así que fluya el dinamismo de los procesos sociales en clara resistencia a la minería. De ello, dan cuenta la Vereda Río Frío en Tabio, frente a la explotación de gravilla por Albania SA; Las peñas en Tinjacá y la región del Alto Ricaurte incluyendo Sutamarchan, Santa Sofía y Villa de Leyva frente a la exploración de carbón; la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá ante la explotación de canteras que atentan contra la salud de la población, el río Tunjuelo y el ecosistema subxerofítico; las poblaciones Wayú en la Guajira contra el desastre de la explotación carbonífera, la consulta triunfadora en Piedras –Tolima– defendiendo su agricultura frente a la intención de tratamiento de lixiviados de la Anglo Gold Ashanti; pero también en pueblos de Caldas, la Costa Atlántica, Santander entre las innumerables regiones, que evidencian sus problemáticas y se suman a la iniciativa de exigencia de MM.

 

Esta aproximación a casos concretos, a las vivencias negativas de las poblaciones que habitaban lugares de actual explotación minera, y las acciones locales emprendidas por colectivos ambientales o poblaciones campesinas, indígenas y negras, nos muestra las múltiples formas de expresión social en defensa de nuestros territorios, que claman por ponerle freno a la locomotora minera apelando a formas novedosas de resistencia, además e aquellas que otorga la legislación.

 

La iniciativa de MM es una dinámica viva y en construcción. En los diversos espacios visitados la gente presenta interrogantes de qué hacer, cómo frenar la locomotora minera y se solicita apoyo a las formas de lucha regional o local; estos interrogantes y dinámicas sociales denotan la urgencia de grupos, poblaciones y también de la ciudadanía a nivel individual por pronunciarse y jugar un papel transformador en su territorio, por eso se identifica con los argumentos expuestos en la MM. Los doce puntos expuestos como condición antes del otorgamiento de un título minero, connotan un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, lo que significa transitar hacia la construcción de un modelo NO extractivista.

 

Los resultados alcanzados hasta el momento por las organizaciones promotoras son ilustrativos de la urgencia de la Moratoria, que no es otra cosa que un instrumento transitorio para tomar una decisión definitiva sobre la minería en Colombia.

 

En este lapso debe estudiarse a profundidad los temas económico, ambiental, cultural y alimentario sobre los cuales han llamado la atención Rudas, Rodríguez, Fierro y Garay, entre otros, para tener soportes de peso para una convocatoria nacional hacia la definición de una política ambiental y agroalimentaria que no puede plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo, dicotomía falsa que solo maquilla el interés por privilegiar al sector privado nacional y multinacional a la hora de hacer uso de nuestros bienes nacionales: recursos minerales, energéticos, suelo, biodiversidad y agua.

 

Minería, desarraigo territorial, riesgo ambiental y alimentario

 

"El día se anunció con alba pálida y melancólica; amanecer de angustia y de duelo, porque esa jornada iba a ser como corolario de la noche. En lo que fue vivienda de Orrego humeaban aún los escombros. El molino Las Vueltas era completa ruina: un enorme raigón, o la monstruosa herida que queda donde descuajaron a fondo el tronco de un árbol (...)

 

Pasadas las ocho, Florencio Botero iba y venía a largos pasos por el salón, sin lograr sobreponerse por entero a su nerviosidad creciente. Intuía que no estaba lejos el momento en que se definiría su destino. Afuera, en el patinejo, la mula ensillada se impacientaba, extrañando acaso la demora de su dueño al salir. El reloj cucú de la pared daba las nueve cuando un ruido fuerte de pisadas anunció la proximidad de muchas personas. Andar sonoro, acompasado, de esos que dan la impresión de ir derecho e irrevocablemente al objetivo. A poco, golpes enérgicos dados con algo metálico hicieron temblar la puerta de entrada.

 

Un oficial joven, a la cabeza de un pelotón, interpeló con arrogancia.
¿Es esta la vivienda del señor Florencio Botero?

 

- Esta es la vivienda, y yo soy Florencio Botero –respondió este con calma, mirando a su interlocutor.
El oficial se desconcertó al principio; pero, reaccionando en seguida, añadió:

 

Vengo en cumplimiento de órdenes superiores. El general Mandíbula me envía a ocupar esta casa.

 

El general supone, sin duda, que está deshabitada –replicó Florencio con la voz un poco alterada.

 

No sé, lo ignoro. Me limito a cumplir la orden. Deshabitada o no, debo tomar posesión de ella en el acto.

 

¿Y cómo piensa usted obrar? Le advierto que hay aquí una señora y una niña. Tal vez lo mejor sería aplazar esta diligencia, mientras hablo con el general. La ocupación inmediata es materialmente imposible.

 

Es inútil. El general Mandíbulas no admite reclamos [...]

 

Han transcurrido varios años. Marmato, el renombrado centro minero, se agita día y noche, sin descansar jamás [...]"1.

 

Esta narración, que podría parecer del siglo XXI, no lo es, pertenece a la narrativa de los años 30 del siglo pasado. Desde ese entonces se desplazaron mineros tradicionales locales por grandes emporios, que socavaron la riqueza del pueblo, aún en las bases del subsuelo que soportaban su trama urbana, poniéndolo hoy en riesgo.

 

Es claro que los conflictos ocasionados por la minería se remontan a la colonia y perdurado hasta nuestros días; su expansión ha ocurrido sobre el despojo, por compra legal o presión, para el caso tiene el mismo efecto, el desplazamiento involuntario de población y con él, el desarraigo territorial y la desmembración de comunidades que otrora construyeron territorialidad aupada por el tesón del trabajo, la solidaridad y el tejido social, otorgando significado a sus lugares de habitabilidad y vida social. Grandes cráteres es lo que se erige sobre tales suelos, desproveídos de suelo, vegetación, agua, para configurar una geografía de cráteres en las cordilleras y valles de Colombia.

 

Los riesgos ambientales y alimentarios han sido advertidos de manera recurrente, uno de sus mayores exponentes ha sido el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, citando los datos reportados por el Juan Camilo Restrepo, a su vez exministro de agricultura, en relación a que el 53% de las áreas de producción agropecuaria coinciden con títulos mineros2, indicativo de las prioridades gubernamentales. Un dato alarmante sobre el riesgo de nuestra futura soberanía alimentaria, si a ello se suman la concentración de tierra en grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos con la expectativa de producción para biocombustible.

 

Por otra parte, la superposición de títulos mineros con áreas protegidas (37 en parques naturales, 47 en humedales, 416 en páramos y 71 en áreas forestales protectores), otorgados en la última década3, evidencia la disputa por territorios donde existen ecosistemas estratégicos, vitales para la biodiversidad y la preservación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce y de buena calidad para el abastecimiento de asentamientos humanos y centros urbanos. El tan mentado caso por estos días, de la contaminación a las aguas y ecosistemas marinos en Santa Marta, por el inadecuado manejo del polvillo de carbón por parte de la Drummond, es solo una muestra de los riesgos ambientales que afrontamos en las distintas regiones expuestas al ciclo productivo de oro, carbón, ferroniquel, coltan, etc.

 

Ahora bien, si los argumentos desarrollistas exhibidos con tanto ahínco por el gobierno fueran ciertos, la calidad de vida debería arrojar indicadores incuestionables, pero, por el contrario, los resultados en municipios y departamentos con explotación minera refutan tal discurso, así lo reportan los índices en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador que percibieron regalías por cuenta de Cerro Matoso, con más de la mitad de sus poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas; otro tanto reportan los departamentos del Meta, Cesar y Guajira según fuentes Dane citadas por Rudas y Espitia4. El análisis económico de otros indicadores económicos, realizado por el citado Guillermo Rudas, son clara muestra del desbalance entre ingresos económicos, vía regalías, contra exenciones tributarias, donde los territorio siempre salen perdiendo, sin duda alguna.

 

Sin pretender una solución definitiva para salvaguardar los valores ambientales, culturales y agroalimentarios del país, la moratoria es un mecanismo para profundizar el debate que reclaman los territorios acerca del impacto de la explotación minero-energética en Colombia e incluso en América Latina. Es una convocatoria al gobierno nacional a escuchar y explicar cuál es el balance en términos de calidad de vida e ingresos para la economía en contraste con el lucro de las multinacionales mineras, la valoración ambiental, la capacidad de resiliencia de ecosistemas destruidos con la intervención durante los procesos de exploración, explotación y cierre y el costo social de expulsión de poblaciones de tierras productivas.

 

Este debate debe ser serio, transparente y responsable, para definir el derrotero de las políticas públicas sobre la minería en Colombia y las alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que nos merecemos. Es una necesidad ineludible y por ello la tarea de los colectivos y organizaciones que impulsamos esta iniciativa, consideramos exigible la interlocución con el gobierno para detener la locomotora minera.

 

Iniciativa en proceso

 

La invitación a los procesos sociales es seguir apoyando la iniciativa, sin descuidar otras estrategias y las dinámicas regionales propias. Hasta el momento se han recogido aproximadamente 18.000 firmas desde su lanzamiento el 1º de mayo de 20135. Para este año, como parte de la revitalización de la propuesta, se hará la convocatoria a un encuentro nacional sobre la minería en Colombia, que se llevará a cabo en marzo de este año, en el cual se espera la confluencia de diversos procesos regionales, locales y nacionales para analizar alternativas al modelo extractivista desde las organizaciones sociales y populares.

 

Si aún no ha firmado y le interesa la propuesta, puede hacerlo desde internet, en la página web www.moratoriaminera.org, o ponerse en contacto con alguna de las organizaciones convocantes.

 

¡Por la soberanía de nuestros territorios!

 

¡No al modelo de desarrollo extractivista!

 

* Antropóloga, Mg. En Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; ambientalista de Unión Libre Ambiental, una de las organizaciones promotoras de la Moratoria Minera.
1 Sánchez Gómez, Gregorio. "La bruja de las minas". Fragmento de su novela, escrita en 1938 y reeditada por el Ministerio de Cultura en 2010 e impresa para la colección de literatura afrocolombiana. Bogotá DC.
2 Rodríguez Becerra, Manuel. Entrevista realizada por Fundación Razón Pública y Corporación Post-office Cowboys, de la serie Mineria, en: http://www.youtube.com/watch?v=vMjxtTobJq0. Consultada 10-01-2014
3 Bermúdez Liévano, Andrés en www.Lasillavacia.com "Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros" publicado el 13 de junio de 2013.
4 Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge Enrique. "La locomotora minera. ¿Motor del desarrollo regional?". En Revista Semana sostenible. Informe especial No6, dic.2013
5 En la página web: moratoriaminera.org se reportan 3933 firmas digitales y 13500 firmas impresas, sin contar los formularios que aún reposan en manos de líderes y lideresas de varias regiones.

Publicado enEdición Nº198
Martes, 14 Enero 2014 20:13

Asesinado joven rapero en Medellín

Asesinado joven rapero en Medellín

¿Hasta cuando nos conformaremos con un simple y frio dato estadístico, ilusorio de "disminución de crímenes" cuando con solo una muerte matamos un mundo?

 

Una vez más han intentado acallar la voz de los que siguen clamando la esperanza y la vida en nuestro territorio. Hoy ha sido uno de los días grises que empañan la tranquilidad en esta ciudad, hemos perdido a nuestro amigo, hijo, hermano, Camilo Giraldo, más conocido en la escena artística como "morocho" con 14 años ha realizado un proceso artístico y agroambiental por más de 5 años con semillas del futuro, donde se une el hip - hop con la siembra. Lo hemos visto crecer, caminar y divertirse con su gran familia Semillas del Fututo.

 

Aclamamos por el respeto a la vida y por la integridad de miles y miles de familias que conforman nuestra comunidad de Medellín, comuna
13, san Cristóbal entre otras comunas y corregimientos en los que hemos estado presente de la mano de semillas del futuro y unión entre comunas, estos lugares han sido ricos en sus expresiones culturales y artísticas, en las formas como las personas se unen a celebrar la vida
y a seguir formando lazos de unidad.

 

Precisamente esto es lo que hacemos en Semillas del futuro y unión entre comunas generar opciones de vida por medio de la siembra y el arte, nuestra idea principal es unir la fuerza de la vida natural con la proyección artística, para de esta manera potenciar las creaciones que se realizan desde los territorios.

 

Por eso no queremos ser clasificados como un proceso para "arrebatarle jóvenes al conflicto", ni mucho menos realizar labores que el Estado no ha realizado en nuestros territorios.

 

Desde este espacio decimos presente y expresamos nuestro rechazo a la muerte de nuestro compañero "Morocho" eterno en los sueños incansables y la alegría profunda de nuestros adolescentes, en una ciudad que no da tiempo para encontrarse, para errar hasta encontrar la vida.

 

Unión entre Comunas Semillas del Futuro Agro-Arte

 

Video relacionados

http://www.youtube.com/watch?v=tHQ6pjtLaLI

http://www.youtube.com/watch?v=0NOpedSaHng

Publicado enColombia

En estos primeros años del siglo XXI la mayoría de las grandes capitales latinoamericanas están gobernadas por partidos o coaliciones progresistas o de izquierda, con un importante apoyo popular. Son ciudades de alta visibilidad, con medios para aplicar políticas transformadoras en un sentido democrático y de justicia social. Nos referimos a la ciudad de México, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile (?), Montevideo, Sao Paulo, Caracas (?). Destaca la ausencia de Buenos Aires, que tuvo gobiernos teóricamente progresistas en los años 90 y principios de 2000 y hoy gobierna una derecha neoliberal que sustituye la justicia por la demagogia. Una (mala) experiencia a tener en cuenta.

Un gobierno progresista si pretende consolidar unas políticas reformadoras necesita durar por lo menos dos o tres mandatos. Para hacer progresar la cultura política democrática nos parece muy conveniente hacer un seguimiento analítico de estas experiencias, como han iniciado su andadura, los primeros resultados de sus políticas y sus actuales desafíos. No pretendemos ahora hacer este análisis y menos de todas las ciudades citadas, ni mis conocimientos son suficientes ni cabría en un artículo periodístico. Por lo menos requeriría una serie. Sólo pretendemos proponer unos criterios de lo que puede ser una política ciudadana de izquierdas o progresista y comentar modestamente el caso de la ciudad de México y más específicamente el de Iztapalapa. ¿Cómo evaluar una política de izquierdas? Proponemos tres criterios y cada uno de ellos se sitúa a una escala diferente.


En primer lugar las políticas sociales, que lógicamente supone priorizar a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables y los territorios más deficitarios respecto de infrastructuras, vivienda y servicios públicos y colectivos. Son políticas que exigen inmediatez en el tiempo y proximidad en el territorio. Es el ámbito que compete principalmente a las delegaciones, tanto para actuar sobre la base de sus competencias o de sus capacidades como para reclamar aquello que puede competer al gobierno de la ciudad o de la nación. En el caso de Iztapalapa resulta impresionante la multiplicidad de programas, proyectos y actuaciones en marcha que se han promovido en menos de un año y con recursos limitados. Destacan los programas de educación, cultura y ocio destinados a la infancia y juventud, a la asistencia sanitaria, a la igualdad de género, a la cultura, a la gente mayor, a la recuperación de espacios públicos, al apoyo a las micro y pequeñas empresas, a la seguridad ciudadana, al control de la difusión de la droga, a la disposición de agua potable para extenderla a toda la población, a obras de drenaje y otros servicios básicos, a la protección civil, etcétera. Estas políticas serán más efectivas en la medida que se tenga en cuenta las reivindicaciones y las propuestas de los colectivos ciudadanos, en especial los críticos. Se trata de unas políticas de urgencia para responder a necesidades mínimas para ser reconocido como ciudadano, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a disminuir la pobreza, pero que tienen una incidencia escasa en reducir la desigualdad social.


En segundo lugar las políticas urbanizadoras y de intervención sobre la ciudad existente. Nos referimos a hacer ciudad donde hay sólo mala urbanización o de tejido degradado; de promoción de viviendas para los sectores de bajos ingresos; de mejorar las centralidades existentes y desarrollar otras nuevas; de renovar y extender todas las infraestructuras y servicios urbanos para que sirvan a toda la población; la generalización de espacios públicos de calidad en todo el territorio urbanizado (la ciudad es ante todo espacio público); regular la construcción de viviendas de forma tal que se produzca en todas las zonas una cierta mixtura social; garantizar el acceso a la movilidad a toda la población mediante un sistema de transporte colectivo accesible física y económicamente a toda; atraer actividades económicas que generen un cierto equilibrio entre residencia, servicios y empleo; crear una imagen de ciudad que genere autoestima de la ciudadanía. Se trata de políticas a medio plazo y que no pueden depender exclusivamente de una delegación, por fuerte que sea. Se requiere la concertación con el gobierno de la Ciudad y con el de la nación. En Iztapalapa se apuntan algunos proyectos e ideas interesantes, como una obra iniciada de mejora radical del centro histórico (plaza principal) y otras iniciadas o en estudio de una nueva centralidad y de mejora del entorno urbano (Cabeza de Juárez, Chimalhuacán, San Miguel). Pero es sólo un principio solamente y no permite aún sacar conclusiones.


En tercer lugar hay que elaborar una cultura política urbana alternativa que haga posible evitar los efectos perversos de las buenas prácticas cuando la mejora urbana acaba expulsando a una población popular por sectores sociales de mayores ingresos, que impida que el espacio público y el suelo en general se mercantilice y que se dote de los medios que haga del urbanismo y de las políticas públicas un instrumento de transformación social. Lo cual supone poner en cuestión el principio de la propiedad tal como ahora está regulada, como es el caso del suelo. Reorientar el crédito mediante la publificacion del crédito a la vivienda y la regulación del sistema bancario. Promover una legislación urbanística que impida la diseminación urbanizadora y ordene el territorio como sistema de ciudades compactas. En resumen dotar a los gobiernos del territorio, en todos sus niveles, de los medios jurídicos, fiscales y financieros de hacer efectivo el derecho a la ciudad.


Obviamente promover y llevar a la práctica legal esta renovada cultura política no es responsabilidad de una delegación, corresponde en mucho mayor grado al gobierno de la ciudad y al de la nación. Pero Iztapalapa no es una delegación cualquiera, es la más poblada, la más popular y la más movilizada. En la medida que se produzca una articulación entre las organizaciones sociales más combativas, los sectores intelectuales y profesionales más avanzados y los responsables políticos de la delegación pueden ejercer una presión política que las instituciones de rango no podrán dejar de tener en cuenta.


Por Jordi Borja, director del Programa de Gestión de la Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta (virtual) de Catalunya y presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales).

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Miércoles, 11 Diciembre 2013 17:46

A la Opinión Pública Nacional e Internacional

A la Opinión Pública Nacional e Internacional

Incumplimiento del Gobierno Nacional de los acuerdos en Paro Agrario; Convoca a todos los sectores sociales del país a preparar movilización agraria, étnica y popular.

 

En respuesta a los incumplimientos del Gobierno Nacional frente a los acuerdos llegados en las mesas de negociación del pasado Paro Nacional Agrario y teniendo en cuenta que los temas son de propósito común para todas y todos los colombianos, se darán cita en el Centro de Memoria de la ciudad de Bogotá los días 12 y 13 de diciembre, 250 líderes representantes de más de 5.000 organizaciones y movimientos sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y desarraigados colombianos, con el objetivo de analizar el estado actual de las mesas de negociación y preparar la Gran Movilización Agraria, Étnica y Popular 2014.

 

La agenda prevista para esta Cumbre Preparatoria, tratará temas relacionados con el territorio, los cultivos ilícitos, los conflictos minero-energéticos, así como lo que tiene que ver con el actual modelo de desarrollo, que ha sembrado pobreza, violencia y desesperanza en los territorios. Así mismo, se trazarán los lineamientos para la construcción de un camino de unidad sectorial de cara a convocar, para el año 2014, la gran Movilización Nacional.

 

El día viernes 13 a las 4:30 p.m. se hará público la declaración final de la Cumbre, que dará cuenta de la agenda de movilización para el año 2014, y la posición frente a la destitución por parte de la procuraduría del señor alcalde de Bogotá.

 

Convocan: Congreso de los Pueblos, Mesa Nacional Agropecuaría y Popular de Interlocusión y Acuerdo - MÍA, Coordinador Nacional Agrario, Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, Marcha Patriotica, Proceso de Comunidades Negras - PCN, Movimiento de Unidad Agraria - MUA.

 

Rueda de Prensa: jueves 12 de diciembre, 11:00 a.m.

 

Lugar: Centro de Memoria de Bogotá. Av. Cll 26 con Cra 22. Frente al Parque del Renacimiento.

 

!TODOS Y TODAS CON UN PROPÓSITO COMÚN!

!POR LA VIDA, EL PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRAS GENERACIONES COLOMBIANAS!

Publicado enColombia
Socialismo raizal y el ordenamiento territorial

 

Edición 2013. Formato: 17 x 24 cm, 308 páginas.
P.V.P:$28.000 ISBN:978-958-8454-81-8

 

 

Reseña. 

El presente libro contiene dos temas íntimamente relacionados en la obra de Orlando Fals Borda: el ordenamiento territorial y el socialismo raizal.

Para el pensador colombiano, mundialmente conocido por sus aportes a la sociología, el ordenamiento del territorio, acudiendo a la historia, la geografía humana y los recursos de los pueblos, se constituye en el pilar sobre el cual puede construirse las glocalizaciones como respuesta del socialismo raizal como un quinto orden social alternativo al capitalismo, posdesarrollista y posmoderno, contiene como fundamento la construcción desde abajo de un orden democrático, participativo y pluralista.

En el estudio que introduce el presente libro, además, el socialismo raizal y el ordenamiento territorial son colocados en contexto con el resto de la obra de Fals Borda. Así, el lector tiene un panorama completo de la obra sociolófica del profesor Orlando Fals, del puesto que ocupa en ella su "utopía política".

 

 

 

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Miércoles, 04 Diciembre 2013 08:00

Honduras y honduras de América Central

Honduras y honduras de América Central

La desintegración de los pueblos centroamericanos se demoró algo más que la de sus congéneres de América del Sur. Tras el asesinato de José Antonio de Sucre y la muerte de Simón Bolívar, la Gran Colombia dejó de existir (1821-30). Poco después, las Provincias Unidas de América Central estallaron en cinco pedazos (1823-38).


Frente a la política imperial que el secretario de Estado John Kerry acaba de calificar de superada (Doctrina Monroe, 1823), sólo México pudo, a duras penas, defender su integridad territorial. Porque en 1836 el imperio le arrebató Texas, y en 1848 la mitad del territorio nacional.
La voluntad política y el patriotismo impidieron que México tuviera su capital en Washington. Anhelo que, de todos modos, empezó a revertirse con la firma del Tratado de Libre Comercio (1994) y la subordinación al Comando Norte del Pentágono (por sus siglas en inglés USNC, 2002).


Implícitamente, la jurisdicción del USNC va del río Bravo a Tierra del Fuego. Así es que, para empezar, México y los países de América Central son vistos como área de seguridad nacional de Estados Unidos. De su seguridad nacional. Algo que a la distancia y en proyección luce más inquietante que los intentos de anexión de los países centroamericanos por el efímero imperio de Agustín de Iturbide (1821-23).
En 1781, cuando el gobernador Bernardo de Gálvez derrotó a los ingleses en la batalla de Pensacola (Florida), profetizó: El yanqui es un ser hipócrita, falso y desvergonzadamente rapaz. Las ideas del gobierno popular, de democracia y de comercio libre que proclama no tienen más objeto que desconocer los derechos de los demás, engañar al mundo con falsas promesas, y obtener provecho propio.


Sigue: Mammón es el Dios de la Nueva Fenicia o la Nueva Cartago de América, abigarrada mezcla de puritanos hipócritas, aventureros sin ley, demagogos audaces y mercaderes sin conciencia (Gregorio Selser, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, México, Ceama, tomo I, p. 45).


Gálvez no era populista ni demagogo. Era español, monárquico, y apenas contaba 21 años. Pero lo que importa subrayar es que en Pensacola luchó Francisco de Miranda, precursor de la emancipación hispanoamericana. Quien junto con el guayaquileño José María de Antepara publicará 30 años después en Londres el libro South American emancipation.


Por los caminos misteriosos del Señor, la obra de Miranda y Antepara llegó a manos del constitucionalista hondureño José Cecilio del Valle. Del Valle creía prematuro el proyecto de emancipación. Sin embargo, el impacto continental del Grito de Dolores le hizo cambiar de opinión.
A finales de 1810, Del Valle postuló la creación de una Confederación Hispanoamericana. Y en 1821, al tiempo de celebrar la independencia de México, se opuso a que Guatemala, su patria amada (que incluía a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), fuera anexada al imperio de Iturbide.


Escribió Del Valle: "... la identidad de sentimientos no produciría los efectos de que es capaz, si continuaran aisladas las provincias de América sin acercar sus relaciones, y apretar los vínculos que deben unirlas... Chile ignora el estado de Nueva España, y Guatemala no sabe la posición de Colombia. La América se dilata en todas las zonas, pero forma un solo continente. Los americanos están diseminados por todos los climas, pero deben formar una familia" (Plan de la Unión Americana, El Amigo de la Patria, Guatemala, 1822).


Al año siguiente, los cinco países se desligaron de México, constituyendo una federación llamada Provincias Unidas de América Central. A todo esto, sin que la Doctrina Monroe se diera por enterada, el guante blanco de Londres intervenía en los pleitos de aldea: el conservador Del Valle ganó la elección, pero los liberales, falseando los cómputos, designaron al salvadoreño Manuel José Arce primer presidente de la federación.


Vacilante con respecto a la independencia y enemigo del federalismo, Arce embistió contra las autonomías de las Provincias Unidas. Con todo, resulta interesante recordar que a su paso por Guatemala (1823), el argentino Bernardo de Monteagudo (lugarteniente de San Martín y secretario de Bolívar) leyó los escritos de José Cecilio del Valle. Poco después, desde Lima, le escribió manifestando que el Libertador estaba de acuerdo con aquel artículo sobre la unión americana, y que "...en él veía a uno de los más fuertes defensores de la libertad en el nuevo mundo".


Otro hondureño insigne y bolivariano, Francisco de Morazán, empuñó durante 10 años el poder de la federación centroamericana. No tuvo éxito. Así como los yanquis durante la guerra contra los sandinistas en el decenio de 1980, Londres consiguió que los indígenas de la Costa Atlántica (mosquitos) luchasen a favor de su majestad británica y los mezquinos intereses locales.


Morazán fue fusilado el 15 de noviembre de 1842, "...en el aniversario de la independencia cuya integridad procuré mantener". A 190 años de la creación de la Federación Centroamericana, y 180 de la muerte del gran José Cecilio del Valle, la situación continúa igual o peor que entonces.

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Noviembre 2013 16:58

Paro y minga indígena

Con alrededor de 40 mil indígenas movilizados, 48 comunidades, 22 vías bloqueadas, y acciones en 18 departamentos, de los cuales por lo menos 7 resultaron colapsados, la Minga indígena nacional dejó cla roal país, el músculo del movimiento indígena que agrupa la ONIC. Como en ninguna otra protesta social, el gobierno Santos debilitado, reaccionó y accedió rapidito a la negociación. La casa de Nariño sabe que la reivindicación y confrontación que tiene raíz y corazón en el macizo colombiano, cuando asuma identidad y aparte politiquerías, posee un aire centenario con capacidad de extender ejemplo y solidaridad.

 

No son molinos de papel los que hace mover el movimiento indígena nacional. Con un menor cubrimiento noticioso y de televisión, pero con mayor contundencia, las comunidades indígenas a través de la convocatoria de su Minga, lograron un importante resultado en la defensa de sus reivindicaciones históricas.

 

Temor del Paro Nacional agrario y popular

 

Aunque el gobierno central no exhiba la aparente estabilidad de periodos anteriores, en su conjunto actúa como un estratégico jugador. Todas las trasformaciones en el mundo rural a las que obligado responde el ejecutivo –tras bloqueos y marchas tanto regionales como nacionales– esconden bajo el disfraz de "dialogo social" la agenda del capitalismo acaparador de tierras, así como, la afectación y acción en contra de las territorialidades que han hecho con su tradición las comunidades que confluyen en el campo. Un caso apenas, en última instancia, certificar la gran desposesión agraria del Catatumbo. Los considerandos del llamado "pacto agrario" y en últimas el acuerdo de la María Piendamó, como maniobra desde el gobierno, repiten este libreto.

 

 

Santos abona el camino, para el proyecto a fondo económico, de futuro y en el continente, con provecho, pauta y funcionalidad del capital financiero internacional, pero, como todo acuerdo, fueron dos quienes pactaron.

 

Del pliego a los acuerdos

 

Cinco fueron los temas gruesos que llevaron a convertir las carreteras nacionales en puntos de concentración de los indígenas para su lucha directa.

 

- Territorio y tierras; seguridad jurídica de los territorios indígenas; ejercicio pleno del derecho al territorio; constitución, ampliación y saneamiento de los territorios indígenas.
- Consulta previa sobre proyectos minero-energéticos e hidrocarburos; revocatoria directa de las concesiones o contratos de explotación minera en territorios indígenas.
- Ejercicio de autonomía y gobierno propio; autonomía territorial; la cosmovisión y la autonomía en el ejercicio de gobierno propio.
- Tratados de Libre Comercio y política agraria; promoción del referendo para la derogatoria de los TLC o la renegociación de los mismos; derogatoria de todas las normas que afecten la soberanía alimentaria.
- Derechos humanos, conflicto armado y Paz; adopción integral de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; desmilitarización de los territorios indígenas; desmonte de los planes de consolidación y respeto al ejercicio de control territorial a través de la guardia indígena.

 

El pliego en apariencia abarcó mucho, pero realmente, en el movimiento planearon apretar solo en lo necesario. Las direcciones de los pueblos ancestrales actúan y tienen certeza, tanto de cuál es el momento en el que se encuentran en el marco de la agenda estratégica del capital y la impronta que en correspondencia aplica el gobierno, como a la vez, asumen que en el aporte y la búsqueda de la paz, son estos los días de presión y de planear con anticipación y en medio de la contradicción, el post conflicto.

 

Las territorialidades de carácter colectivo, así como la existencia y los conocimientos de los pueblos ancestrales, no es en pocas regiones del país donde chocan con los planes y espacios de extracción, producción, y apropiación de conglomerados económicos trasnacionales y nacionales. Ejemplos sobran: Desde la usurpación de saberes ancestrales para su conversión en productos médicos o acumulados teóricos en propiedad privada por pare de empresas extranjeras como Pfyser en el Amazonas, hasta la lucha violenta en tierras indígenas con ejecución por la BP en Arauca ó la persecución de Muriel Mining Corp en el Alto Guayabero contra centenas de familias del pueblo Embera.

 

La Mesa de La Habana tiene sus bemoles

 

El diálogo tiene un especial sabor para las comunidades indígenas, sobre todo las caucanas. En la Isla, el gobierno no discute con cualquiera ni con un extraño para la región. Sino, en particular, con las farc-ep, organización insurgente que mucho desconoce o irrespeta la autonomía y la organización propia de las comunidades. El primer punto: el agrario, de la agenda de los diálogos de paz, puso sobre la mesa las figuras de reordenamiento territorial.

 

En su función, entreveros y declaraciones, De la Calle y Márquez no en pocas ocasiones, han polemizado incluso públicamente, sobre las Zonas de reserva campesina, las zonas de reserva forestal y los parques nacionales naturales. De fondo, para los indígenas existe una preocupación y un límite.

 

La preocupación de los indígenas y de decenas de agrupaciones campesinas, tiene punto en que el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, resulte y esté en detrimento de los derechos colectivos y las figuras de ordenamiento territorial existentes en Colombia que favorecen a estos pueblos, y el límite es: Que los fallos de La Habana, sin dejar dudas, no afecten ni a la propiedad terrateniente y su codicia ni limiten en un gran sentido, el acaparamiento de tierras por parte de transnacionales y empresarios nacionales. A su vez, que permita abrir brechas entre campesinos, indígenas y afros que terminarían divididos en disputas por ínfimas porciones de tierras. Es decir, los indígenas en su reivindicación se sienten entre la espada y la pared. Mejor dicho, entre los intereses del gobierno-farc por una parte, y las nuevas figuras de ordenamiento territorial que impone el capitalismo, por otra.

 

Entre La Habana por arriba y La María desde abajo

 

Autonomía, defensa de sus territorios, preservación de los pueblos y otorgamiento de nuevas espacialidades fueron los temas gruesos del acuerdo de la María. Defensivamente, el movimiento indígena no trato de profundizar sino de consolidar las conquistas existentes en el pulso y el acuerdo con el gobierno. Así como en La Habana se negocia con la burguesía la existencia de las zonas reserva campesina, sin atacar desde el terreno político la gran propiedad terrateniente ni al acaparamiento transnacional de tierras; en el Cauca no hubo más en el pacto, que defender y robustecer las conquistas alcanzadas, a través de siglos de resistencias.

 


 

 

Recuadro 1

 

El acuerdo de La María con la fuerza de la mirada encima

 

"En defensa de los territorios y otorgamiento de nuevas espacialidades: Se acuerda la aplicación de un estatuto especial que modifica el pacto agrario –decreto 1987 de 2013- y la ley de procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad –1465 de 2013– con el fin de construir mecanismos específicos en estos temas, que respeten las territorialidades indígenas...".

 

La complejidad que acarrea esta defensa está en que la ONIC es el único sector popular organizado, que acepta, revisa y "refrenda" de esta manera directa, el Pacto Agrario, aun pese a las críticas de sectores como la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA.

 

Además, en el "Acuerdo No. 4: Para la Constitución, Ampliación y Saneamiento, de Resguardos Indígenas el Gobierno Nacional se compromete a documentar, evacuar y presentar al Consejo Directivo del INCODER, como meta, 400 expedientes sobre ampliación, constitución, y saneamiento de Resguardos Indígenas."1 El ejecutivo se compromete en otorgar "recursos por valor de cincuenta (50) mil millones de pesos para la compra de tierras a pueblos indígenas de la vigencia 2014. Adicionalmente, se destinarán treinta (30) mil millones de pesos a través de vigencias futuras de 2015". Al respecto y contrario a otorgar espacios específicos para la expansión de territorialidades de los cabildos indígenas existentes, el gobierno opta por entregar dineros para la compra de tierras, de las cuales, algunas no estarían ubicadas en lugares ancestrales. De este modo, fomentan y obligan la migración y abandono de sitios milenarios de culturas con fuerte vinculación a sus espacios tradicionales. Santos ejecuta una estrategia de preparar conflictos internos entre indios, campesinos y afros, pues los primeros, terminarán fruto de este mecanismo, incrustándose en zonas ajenas que históricamente han sido recreadas por labriegos y negros.

 

En autonomía: La ONIC cristaliza el interés por ponerle cuerpo a logros de la Constitución del 91 que hoy no tienen ni pies ni cabeza. La puesta en práctica, por medio de un decreto del artículo 56 transitorio que consolida la relación entre autonomía y unidades territoriales indígenas; fue el logro. El movimiento indígena pretende así establecer "las disposiciones normativas relativas al funcionamiento de los Territorios Indígenas, sus autoridades y gobierno propio, respecto de los sistemas, tales como: el Sistema Educativo Indígena Propio, Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y Sistema General de Participaciones –SGP, entre otros2".


El acuerdo de La María corrobora y confirma los derechos de consulta afirmativa previa, que poseen las comunidades indígenas, como mecanismo de preservación de sus territorios ancestrales ante los intereses económicos de los mega planes infraestructurales, el extractivismo y la agro industria.

 

Los vacíos y los menos del acuerdo

 

Temas relevantes como la mega minería y los TLCs quedaron por fuera de los acuerdos. Santos no está dispuesto a realizar negociación alguna con la propiedad estatal de los subsuelos y la agenda de libre comercio. Pilares estos, de subordinación al capitalismo financiero internacional. Sin embargo, el más nocivo de los bemoles está en el hecho de la realización de los acuerdos indígenas, sin dialogo alguno con el resto del campo popular. Especialmente, con los subalternos rurales. Justo en el momento cuando la movilización agraria nacional está en reactivación.

 

Al igual que en el Catatumbo, y en los acuerdos parciales con las organizaciones que hicieron parte del paro agrario nacional, cada organización sostiene su propuesta específica para el campo: algunos ZRC, otros ZRF, los cabildos indígenas, etcétera. Sin embargo, el grueso que está hoy en discusión pública, es el conjunto del futuro del país rural. Las figuras, movilizaciones y reivindicaciones de cada uno de los sectores, no alcanzan ni tienen un diálogo entre sí. Una incomunicación y parcelación que impide el acuerdo popular y la aprobación de un pliego o plataforma de emplazamiento nacional. Acción que en su realización y dinámica proyecte y salve a la nación indígena, a la identidad negra y a la reivindicación campesina, en vía a la construcción de la Colombia popular.

 

Algunos intelectuales y el ávido debate al interior del movimiento indígena, en cabeza de sus mas representativas organizaciones ACIN y CRIC, señalan y advierten del lugar que la élite y el poder quieren dar al movimiento indígena: no es otro que acabar su capacidad de acción directa y movilización beligerante, en el propósito de reducir su participación a un actor meramente 'gremial', reivindicativo, sin proyección histórica, con olvido de su identidad; y sujeto a los canales legales para ejercer su participación.

 

Desde luego, las comunidades ancestrales dan ejemplo de luchar y estar en las antípodas de este papel. Empero, vale preguntar en el marco de los planes del bloque dominante, por el reto que significa impedir que el acuerdo de la María sea una victoria en el presente y una derrota en el futuro.

 

1 Acta de Acuerdos logrados entre los Pueblos Indígenas que participaron en la Minga Social Indígena y Popular y el Gobierno Nacional, 23 de octubre de 2013, La María, Piendamó, Cauca, Colombia.
2 ídem.

 


 

 

Recuadro 2

 

El mosaico del poder en el paro

 

Un lado de la "negociación acelerada" tuvo actores que no fueron cualquiera. Aurelio Iragorri Valencia nieto del ex presidente Guillermo León Valencia e hijo de su homónimo padre –político y senador desde hace mas de 20 años–, con ancestros y acusación popular de persecución y oposición a los resguardos indígenas del Cauca. Junto con la familia Chaux, son castas dominantes desde los años de la Independencia. Los dominios Irragorri tocan desde Popayán hasta el extenso macizo colombiano. El tamaño de su poder económico y social es difícil de calcular, sin embargo, es simbólico que son parte de las pocas oligarquías regionales con asiento en los escenarios de poder nacional.

Publicado enEdición N°197
Sábado, 26 Octubre 2013 07:35

La pugna sunita-chiíta divide al mundo

La pugna sunita-chiíta divide al mundo

La histórica y profundamente trágica división entre sunitas y chiítas en el mundo musulmán tiene repercusiones en todo el planeta. La guerra civil en Siria, la cobarde alianza estadunidense con las autocracias del Golfo sunita y el recelo sunita (e israelí) contra el chiíta Irán afectan incluso el trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 

El petulante rechazo de Arabia Saudita, la semana pasada, a tomar su lugar entre los miembros no votantes del Consejo de Seguridad, acción sin precedente entre los miembros de la ONU, llevaba la intención de expresar el disgusto de la monarquía dictatorial por la negativa de Washington a bombardear Siria después del uso de armas químicas en Damasco, pero también reflejó los temores sauditas de que Barack Obama pudiera responder a la intención iraní de mejorar sus relaciones con Occidente.

 

El príncipe Bandar Bin Sultán, jefe de la inteligencia saudita –gran cuate del presidente George W. Bush durante sus 22 años de embajador en Washington–, acaba de sonar su tambor de hojalata para advertir a los estadunidenses que su país dará un giro importante a sus relaciones con ellos, no sólo por no haber atacado Siria, sino porque no ha logrado forjar un acuerdo justo de paz entre Israel y Palestina.

 

En qué pueda consistir tal giro importante –salvo la usual baladronada saudita sobre su independencia de la política exterior estadunidense– fue un secreto que el príncipe se abstuvo de revelar. Israel, desde luego, nunca pierde la oportunidad de publicitar –con bastante acierto– lo mucho que coinciden en estos días sus políticas hacia Medio Oriente con las de los acaudalados dignatarios del golfo Arábigo.

 

El odio hacia el régimen chiíta-alauita, un indeclinable recelo hacia los planes nucleares iraníes y un temor general a la expansión chiíta están convirtiendo las monarquías sunitas árabes en aliadas vergonzantes del Estado de Israel, al que tantas veces han jurado destruir. Es de imaginarse que el príncipe Bandar no desearía difundir tal noción.

 

Además, la más reciente contribución estadunidense a la paz de Medio Oriente podría ser la venta de misiles y otras armas por 10 mil 800 millones de dólares a Arabia Saudita y al igualmente sunita Emiratos Árabes Unidos, entre ellos bombas GBU-39 –que llevan el lindo mote de devasta-búnkeres–, las cuales podrán usar contra el chiíta Irán. Israel, por supuesto, posee esos mismos armamentos.

 

En el mundo árabe se debate mucho si el lastimero señor Kerry –cuya risible promesa de un ataque increíblemente pequeño a Siria lo convirtió en el hazmerreír de Medio Oriente– entiende hasta qué grado compromete a su país con el bando sunita en el conflicto más antiguo del islam. Su respuesta a la negativa saudita de tomar su lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido casi igual de extraña.

 

Luego de comer el lunes en París, en la casa del ministro saudita del exterior, Saud al-Faisal, Kerry señaló, por conducto de sus acostumbrados funcionarios anónimos, que valoraba el liderazgo de las autocracias en la región y compartía el deseo de Riad de desnuclearizar Irán y poner fin a la guerra en Siria. Pero su insistencia en que el presidente sirio Bashar Assad y su régimen deben abandonar el poder significa que un régimen sunita tomaría el poder en Siria y su deseo de desarmar Irán, por teórica que sea su amenaza nuclear, aseguraría el dominio del poderío militar sunita en Medio Oriente, desde la frontera afgana hasta el Mediterráneo.

 

Pocos caen en cuenta de que Yemen constituye otro de los campos de la batalla Arabia Saudita-Irán en la región.

 

El entusiasmo saudita por los grupos salafistas en Yemen –incluido el partido Islah, el cual se dice que está financiado por Qatar, aunque niega recibir apoyo externo– es una razón por la cual el régimen posterior a Saleh en Saná ha estado apoyando a los rebeldes chiítas zaiditas hutis, cuyas provincias de origen, Sada, Al Jawf y Hajja, bordean Arabia Saudita. Según los sauditas sunitas, los hutis son apoyados por Irán.

 

La monarquía minoritaria sunita en Bahrein, respaldada por los sauditas y, desde luego, por los complacientes gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y aláteres, también acusa a Irán de coludirse con la mayoría chiíta de la isla. Extrañamente, en sus comentarios el príncipe Bandar acusó a Barack Obama de no apoyar la política saudita en Bahrein, que implicó el envío de tropas a la isla para ayudar a reprimir a los manifestantes chiítas en 2011, cuando de hecho el silencio de Washington ante la violencia paramilitar del régimen fue lo más cerca que pudo llegar de ofrecer su aval a la minoría sunita y al rey de Bahrein.

 

En suma, un idilio occidental con el islam sunita: un amor que en definitiva no puede decir su nombre en el golfo Arábigo, donde democracia, moderación, asociación y dictadura descarada son intercambiables, lo cual no reconocerán Washington, Londres ni París (como tampoco Moscú o Pekín). Pero ni qué decir que existen algunos ribetes irritantes –e incongruentes– en esta pasión mutua. Los sauditas, por ejemplo, culpan a Obama por permitir el derrocamiento del decadente Hosni Mubarak en Egipto. Acusan a los estadunidenses de apoyar a Mohamed Mursi, de la Hermandad Musulmana, cuando fue electo presidente –las elecciones no son terriblemente populares en el Golfo–, y ahora los sauditas lanzan dinero al nuevo régimen militar egipcio. Assad en Damasco también ofreció sus felicitaciones a los militares egipcios: después de todo, ¿acaso ese ejército no se propuso evitar, como el propio Assad, que extremistas religiosos llegaran al poder?

 

Es justo, pues, siempre y cuando recordemos que en realidad los sauditas apoyan a los salafistas egipcios que cínicamente dieron su apoyo a los militares, y que esos salafistas financiados por Riad se cuentan entre los más fieros opositores a Assad.

 

Gracias a Kerry y sus colegas europeos la ausencia de cualquier memoria institucional en el Departamento de Estado, en la Oficina del Exterior británica o en el Quai d'Orsay significa que nadie necesita recordar que 15 de los 19 asesinos en masa del 11-S eran también salafistas y –por favor, sobre todo olvidemos esto– que todos eran ciudadanos sunitas de Arabia Saudita.

Traducción: Jorge Anaya

Publicado enInternacional