Abu Rodeina: "Israel Continua obstruyendo los esfuerzos de paz"

El Portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rodeina, afirmó que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu continúa con sus violaciones y las actividades ilegales de construcción de asentamientos y está obstaculizando los esfuerzos de Estados Unidos para reanudar las conversaciones de paz directas.


Sus declaraciones fueron en respuesta a una decisión israelí de añadir 20 asentamientos más, y continuar la ocupación de Jerusalén, en su plan de desarrollo. "Denunciamos esta decisión israelí, denunciamos las políticas israelíes que obstruyen la paz", dijo Abu Rodeina, "Tel Aviv está obstruyendo los esfuerzos de América (Estados Unidos) para lograr la paz en el Oriente Medio". También afirmó que todas las actividades de asentamiento de Israel en la Palestina ocupada, incluido Jerusalén ocupada, son ilegítimas en virtud del derecho internacional independientemente de las decisiones que toma Israel. "Nada puede cambiar este hecho, los asentamientos son ilegales e ilegítimo ", dijo el funcionario palestino. El domingo 4 agosto, de 2013 Israel aprobó un plan pensado para el desarrollo de "ciudades y pueblos de gran prioridad nacional" para sus intereses.


La decisión de Israel incluye poner 91 asentamientos judíos en los territorios ocupados en un lo que llama un "fondo de prioridad nacional". La decisión se produce mientras las conversaciones políticas directas entre Israel y los palestinos se han reanudado bajo la mediación directa de Estados Unidos. La segunda ronda de negociaciones está prevista para el día 14 de Agosto. Las áreas que tengan la condición de prioridad nacional son alrededor de 700 comunidades, incluidas las ciudades de la frontera y los asentamientos que requieren fondos adicionales que superan el presupuesto regular. Están situados cerca de la frontera con el Líbano y sur de Egipto. Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, y violan la Cuarta Convención de Ginebra, de la que Israel es signatario.

Con información de: http://www.imemc.org/article/65906

Publicado enInternacional
Jueves, 18 Julio 2013 19:05

Marginados Vs. Tecnócratas

Marginados Vs. Tecnócratas

Tras más de un mes de paro campesino en esta esquina nororiental de la nación, el país no para de oír y hablar de El Catatumbo, nombre y territorio envuelto en un tórrido olvido histórico. En Tibú, El Tarra, Ocaña y Convención los manifestantes han trasformado las precarias troncales que los conectan con el centro del país y con Venezuela en barricadas, puntos de bloqueo e incluso auditorios abiertos dispuestos para las asambleas, escenarios, en esencia espontáneos, punto de cruce con la reivindicación de una Zona de Reserva Campesina –ZRC.


Tres viceministros, la directora del Incoder, la cabeza del Departamento de Planeación Nacional, un Alto Consejero Presidencial con funciones ministeriales y ahora el Vicepresidente de la República, todos ellos, no han sido suficientes para superar lo que el Gobierno nacional llama la crisis de El Catatumbo. En jaque los tienen miles de campesinos, que con gran decisión taponan vías, controlan movimientos de propios y extraños, y exigen solución inmediata a problemas que los aquejan desde siempre. En estas circunstancias, y sin disposición para soluciones de fondo, los sesudos tecnócratas del gobierno Santos, más sus alfiles para el diálogo social, poco han podido hacer para apagar el incendio en la tierras norte santandereanas.


El relámpago catatumbero

 

El florero de Llorente que desató la protesta agraria el 10 de junio fue la erradicación manual de la hoja de coca, a cargo de la Policía, en un corregimiento del alejado Tibú. Sin duda, la Fuerza Pública nunca pensó que la espontánea y tajante respuesta en contra de la eliminación de la coca, fuente fundamental en el sostenimiento de la economía campesina local, se trasformara en un bloqueo de la vía Tibú-El Tarra, al que días después se le sumaria el cierre de la carretera que conduce a La Gabarra.

 

La protesta campesina se desató y regó como pólvora. En pocos días decenas de iras provenientes de veredas y cascos urbanos se metieran en la bolsa del paro, relacionando en ella diversas reivindicaciones. La deuda histórica del Estado con los habitantes de esta región se nota claramente en el forcejeo social.

 

Sin duda, una situación compleja. Llama la atención, en este contexto y ambiente social diverso, la manera como los habitantes de la región se han visto vinculados a la protesta. Por ejemplo, los habitantes del casco urbano de Tibú se sumaron a la misma debido al desabastecimiento de gas producto de una semana de aislamiento propiciado por las barricadas levantadas en sus calles. Su inconformidad con esta situación, y otras no menos graves, llevó a su Asociación de Juntas a expedir un pronunciamiento, firmado por 21 de los 23 presidentes de Juntas, manifestando su apoyo a la protesta pero rechazando los actos de violencia en contra de la gente de Tibú. También han solicitado un acuerdo humanitario para dejar entrar alimentos y para evacuar las basuras.

 

Por su parte, raspachines, colonos minifundistas, juntas comunales campesinas, coincidieron con la velocidad, intensidad y fuerza del relámpago catatumbero, sumándose a una extensa jornada de movilización que sorprende tanto por su duración como su por combatividad.

 

Este conjunto social fue el que llevó a cabo el bloqueo madre en la carretera Tibú-El Tarra, liderado por campesinos reunidos en la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, que al poco tiempo decidieron copar el sitio conocido como La cuatro, punto de encuentro de las vías a Cúcuta, La Gabarra, Tibú y Venezuela, lugar donde instalaron un potente bafle de resonancia, convertido, sin duda alguna, en la voz del paro.

 

Pero la radicalización del conflicto también vino, como en anteriores ocasiones, de la mano de la represión estatal, la cual atacó sin contemplaciones el 15 de junio, precisamente en La cuatro, con la pretensión de romper los bloqueos de vías, dejando sobre estas los cuerpos sin vida de Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios, además de no menos de 100 heridos. No es extraño, en estas circunstancias, que Todd Howland, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, expresara a través de un comunicado, "su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo", resaltando el "uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades para reprimir las manifestaciones". En el mismo comunicado se recuerda que a pesar de "[...] su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno [...]".

 

Esta situación de violencia estatal y para estatal no es nueva en la región. Recuérdese que en la misma se vivió a partir de 1998, y por espacio de dos años, una aguda crisis de derechos humanos producto de la avanzada paramilitar bajo las órdenes de Salvatore Mancuso –y la "vista gorda" de autoridades civiles y militares–, quien al mando de tres centenares de tropas asesinó 11.500 personas, perpetró 60 masacres y desplazó 14.237 personas, todo esto sobre una población de 330.000 habitantes de la región. Esa fue la magnitud del genocidio allí llevado a cabo desde un diseño de control social y territorial, que como hoy se reconoce, no pudo adelantarse sin la participación activa de importantes personajes del ámbito nacional y regional. Así lo confirmaba el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman: "soldados del ejército se pusieron brazaletes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, la sigla de la unidad paramilitar) y participaron activamente en las masacres [...]".

 

Sin duda alguna, tales procedimientos de "orden y mando" quedan presentes en las tropas allí acuarteladas, y el violento procedimiento llevado a cabo contra los manifestantes así lo recuerda.

 

Las demandas

 

El punto fundamental del pliego campesino es la formalización de una ZRC, que no es más que el cumplimiento de la ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996 o, lo que es más diciente, la simple puesta en marcha del eje de tierras, ordenamiento y ambiente de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial en lo que tiene que ver con El Catatumbo, política a la que algunos sin ingenuidad alguna denominan el "plan de desarrollo militarizado" (ver punto 2 del pliego).

 

Aunque la ZRC y Ascamcat aparecieran, la primera como reivindicación esencial y la segunda como actora protagonista, la situación resulta exponencialmente más compleja.

 

Mucho más cuando ni Ascamcat, ni la ZRC, mucho menos la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc, a la que esta adherida Ascamcat) son la sangre del palpitar de los campesinos de El Catatumbo, factor plenamente demostrado por el curso de la justa y espontánea confrontación de los labriegos en El Tarra, Ocaña y Convención. Para salvar esta distancia está la reivindicación de la grave situación económica que viven los campesinos cocaleros, la cual se busca aliviar con un subsidio de un $1.500.000, por espacio de dos años, para "[...] mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos [...]".

 

Esta realidad campesina, cocalera, de intento de total control territorial por parte de las Fuerzas Armadas, con sometimiento del actor civil del Estado, queda aún más clara cuando se conoce que una parte de las fuerzas campesinas de la región no comparten la forma ni el principal objetivo del paro. En concreto, los sectores sociales de la región reunidos y representados tanto por el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) como por el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) se diferencia de Ascamcat por la manera como jalona esta coyuntura, por el énfasis que deposita en la ZRC y por la falta de concertación con otros actores sociales de esta misma región.

 

De acuerdo a discusiones adelantas, por lo menos desde hace dos años entre las diversas organizaciones sociales de El Catatumbo, ni el Cisca ni Asocbarí comparten la prioridad de la ZRC. Las objeciones son varias (ver recuadro Objeciones...).

 

Pero en la intensa y prolongada movilización campesina, también se recoge otra variedad de demandas, todas las cuales no son más que el reclamo de más presencia del Estado en lo social y económico y menos en lo militar (ver recuadro El pliego).

 

El sembrado

 

La coca llegó al Catatumbo en los años noventa con el impulso de la apertura económica. El gran pacto orquestado por el Consenso de Washington condenaba a esta región al quiebre de su economía agroalimentaria, decapitada por la importación de alimentos, y por el desmonte del fomento estatal a la producción agrícola, todo lo cual se juntó con el declive que la producción petrolera conoció en los años 90 del siglo anterior. La economía llegó a devastarse hasta el punto que perdió su importante referencia como despensa agrícola de Bogotá, Barranquilla y el Cesar.

 

Con el campo quebrado los colonos no estaban dispuestos a seguir el famélico camino de sus padres, quienes habían llegado al Catatumbo desplazados por terratenientes santandereanos en la época de la llamada Violencia oficial (1948-1953). De los 10 municipios que componen este territorio: Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, La Playa, Ocaña y Teorama, solamente Tibú se extiende sobre 346.000 hectáreas, mientras los cultivos de coca en todo el Catatumbo no superan las 10.000 hectáreas. Sin embargo, esta ha sido la excusa para la intervención directa de todos los planes interamericanos de guerra contra el narcotráfico, llegando a caracterizar casi todos los pueblos entre Ocaña y la frontera con Venezuela como zonas rojas o de tratamiento militar.

 

Para los campesinos y su forma histórica de vida, gregaria, dependiente de su vínculo con la tierra para la siembra de alimentos, la coca les llegó como una maldición necesaria, a través de ella llegaron los mecanismos propios de la producción y circulación de un mercado ilegal, profundamente violento. Pero, es necesario pensar, si no fuera la coca, ¿qué otro producto de subsistencia podría tener el campesinado en una zona interconectada por deficientes trochas y carreteras? Sin política de estímulo a la producción campesina, ¿qué mercado compraría sus productos? Preguntas inútiles tal vez con respecto a la cruda realidad que caracteriza esta región, pero necesarias de plantear y debatir.

 

En estas circunstancias, la plaga del narcotráfico no es más que una cruz que se tuvo que aceptar si se quería sobrevivir al hambre, pero sus costos no son pocos, además de muertos y desplazados, la violencia cada vez más profunda que copa toda la región, conllevó la transformación de la cultura de sus habitantes, colocando de esta manera sobre las formas de vida campesina un acta de defunción, firmada por parte del servil neoliberalismo colombiano.

 

Así y todo, pese a que cubre cuando mucho 10.000 hectáreas, la coca se convirtió en la manzana de la discordia que destapó este conflicto. Al ser fuente importante para la supervivencia del campesinado de la región, su erradicación forzosa no produjo más que una inmensa reacción estomacal ante un panorama en que el Estado interviene militarmente para anular lo único que permite la subsistencia de las comunidades. Ante ello se rebosó la copa de los labriegos que más que salir a exigir la ZRC (aunque un importante sector sí lo hace) bloquea las vías por la preservación de su fuente económica. Vale la pena recalcar, y aclarar, que muchos de los protestantes pelean por la no erradicación, mientras la pugna por la ZRC plantea la sustitución gradual de los cultivos cocaleros.

 

Pero la disputa en El Catatumbo ha superado sus fronteras. Las propagandas televisivas sobre el derecho a la protesta y el cuestionamiento de la forma violenta que pueden asumir las mismas, sin aludir por parte alguna a la responsabilidad que el Estado tiene en el irrespeto de los manifestantes y de sus vidas, en su ataque con armas letales y no letales, en la provocación que parecen tener como misión cada vez que "acompañan" una marcha, concentración o similar, evidencia la disputa que desde allí se lleva a cabo por la opinión pública.

 

Sin conocerse el desenlace final de este levantamiento social, pero con la impresión que un acuerdo entre las partes está por sellarse, hay que preguntarse: ¿qué hay de fondo en el paro de El Catatumbo?, ¿habremos visto hasta ahora solo la punta del iceberg? (ver La geopolítica de El Catatumbo y Tras los minerales y otros recursos).

 


 

La geopolítica del Catatumbo

 

Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, se rectifica la política nacional de consolidación territorial, heredada de la administración Uribe, dándole cuerpo a la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT. Once (11) espacios del país son focalizados para la implementación de este mega plan, iluminado por la Doctrina de Acción Integral promovida en América Latina por el renacido US Southcom. A grandes rasgos se trata de la cooperación interagencial, que convoca el conjunto de la capacidad del Estado, se emplaza en un espacio específico en vocación de una amplia confrontación que busca "la consolidación del control territorial como el escenario en el que se ejerce plenamente la autoridad del Estado".

 

El Catatumbo es una de estas 11 regiones, donde también se concentran el peso del Plan Espada de Honor y del Plan Colombia. Bajo el espectro de este dictamen nacional el Ejecutivo garantiza la construcción de una espacialidad disciplinaria y biopolítica, en donde el riguroso control militar se junta con la estrechez de la elevación de la guerra contrainsurgente –que caracteriza como guerrillera a la base social campesina, pues ésta extralimita desde su práctica social la agencia del estado– y coloca la capacidad social del Estado bajo la discrecionalidad del mando militar, como instrumento para la búsqueda de la legitimidad estatal que solo llega allí desde el enfoque propio de las Fuerzas Armadas.

 

Esta renovada doctrina militar, y su marco operacional, se inspiran en un principio: la búsqueda de operaciones de combate logran objetivos inmediatos, pero si se quiere darle continuidad a la estructura social y de poder modernos es necesario "asumir tres líneas de acción no tradicionales, o sea aquellas que antes correspondían al gobierno y a la sociedad civil: dotar a la población de servicios esenciales, construir una forma de gobierno legitimo y potenciar el pluralismo económico" (Zibechi, Raúl, América Latina, contrainsurgencia y pobreza, ediciones desde abajo).

 

La materialización de la consolidación territorial en el Catatumbo se ha concretado en la construcción del Plan estratégico y el plan de Acción Regional, recibiendo 1.6 billones de pesos a través del Conpes, de ellos 1.5 billones son destinados a la construcción de carreteras, siendo las vías Cúcuta–Ocaña–Aguaclara (Cesar) y Astilleros–Tibú–Convención–La Mata, las joyas de la corona.

 

Toda partida de ajedrez necesita su alfil que se explaye sobre el tablero, en este caso el alfil no podía ser otro que las Fuerzas Armadas. La implementación del plan de consolidación para El Catatumbo ha tenido como actor de primer orden a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, con más de 10 mil unidades y contando con la incorporación del componente marino a través de botes artillados tipo piraña, además de la diligente labor de la fuerza Aérea. El despliegue de la tropa a incluido, entre otros, la edificación de nuevas bases militares, como Campo Dos (Tibú), y la creación de dos nuevos puestos de Policía, uno en San Pablo (Teorama) y otro en Pachelly (Tibú). En este despliegue militar (y paramilitar), como un elemento importante en el juego de escenarios, también está presente Venezuela, y el desenlace que pueda tener la llamada Revolución Bolivariana.

 


 

El pliego

 

Para solucionar la actual crisis social y económica del Catatumbo exigimos:

 

1. Que la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal se realice a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo- MÍA. Que esta convoque a las autoridades competentes (ver lista al final)

2. Declaración inmediata de la Zona de Reserva del Catatumbo, esto en el Marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el INCODER, en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996, así como los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.

3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina.

4. Suspensión inmediata e indefinida de las erradicaciones forzosas de los cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertado de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del Plan de Desarrollo de ZRC.

5. Subsidios de $ 1.500.000 para mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca, para lo cual es necesario elaborar un diagnóstico de las familias afectadas (dueño de finca, recolectores), subsidio que debe mantenerse al menos 2 años o mientras se implemente los proyectos productivos del PDS-ZRC.

6. Suspensión de las políticas y planes minero-energéticos que se quieren desarrollar en la región del Catatumbo, los cuales son una amenaza para la permanencia en el territorio de los campesinos y generar desplazamiento forzado, y que sea reconocido el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas y participar en todas las decisiones que puedan afectarles.

7. Suspensión de la Política del Plan de Consolidación en el territorio de la ZRC del Catatumbo.

8. Respeto, Protección y Promoción de Derechos Humanos:

8.1. reconocimiento político por parte del Gobierno Nacional y FFPP donde se reconozca el carácter civil de los campesinos organizados en la Asociación Campesina del Catatumbo.

8.2. Impulso de las investigaciones a las denuncias por las violaciones de derechos humanos

8.3. Conformar una comisión de verificación para hacer seguimiento a las graves denuncias de violación de derechos humanos y la persecución política y judicial.

8.4. La judicialización por el problema de la coca no debe tratarse con una política penal y criminal, sino como un problema político, económico y social.

8.5. Se adelante las investigaciones por los graves hechos que ocurrieron el día sábado 15 de junio en la cuatro, y se establezca un procedimiento para lograr una reparación integral a los afectados.

9. Exigimos el respeto y garantías a la vida, la integridad personal, dignidad y libertad para los campesinos y habitantes de la región que han venido participando en estas justas protestas sociales, y que se tomen las medidas adecuadas para evitar que ocurra las masacres, asesinatos, persecución y criminalización como las ocurridas desde 1999.

10. Para el casco urbano de Tibú y veredas aledaña: suministro de gas natural, suministro de agua potable y planta de tratamiento de agua, suministro de la electrificación, pavimentación de vías Cúcuta-Tibú y de las vías de acceso de los campesinos a las veredas y de las calles del pueblo, creación de la Universidad, Hospital de tercer nivel para Tibú, bienes, servicios y mano de obra para la comunidad tibuyana por parte de Ecopetrol.

 


 

Tras los minerales y otros recursos

 

En esta región del país hay desplegados 10.000 militares, los que tienen como actor principal a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano. Fuerzas artilladas, por tierra, agua y aire complementan el dispositivo militar.

 

Pero, ¿qué tiene El Catatumbo para requerir semejante despliegue militar y planificación política? Como en otras muchas regiones del país, el Estado en esta esquina nororiental colombiana no ha sido más que un fantasma que solo aparece para otorgar concesiones y gestionar a favor de terceros el uso o extracción de recursos naturales.

 

Así es práctica evidente desde 1931, cuando con la polémica concesión Barco se le otorgó el control por 40 años a la Colombian Petroleum o Colpet y a la South American Gulf Oil Company o Sagoc, subsidiarias de la Standard Oil Company, la historia se ha repetido varias veces como farsa. En la década de los 30 el descaro estatal fue tal que prácticamente ayudó a promover, aliada con la Colpet, la cacería de indios barí, realizada por "pandillas armadas gringas [...] para correr la frontera y salvar de las flechas a sus trabajadores", bandas mercenarias que "desde sus avionetas lanzaban dinamita sobre poblados de los motilones, un recuerdo vivo en las comunidades barí", esto en palabras de Alfredo Molano. Años después, el Estado propició la acción conjunta de las Fuerzas Armadas con el Bloque Catatumbo de Salvatore Mancuso como ya se anotó en otro aparte de este escrito.

 

Esta constante estatal hoy mantiene su cauce. La búsqueda por la presencia efectiva en el territorio por parte del gobierno está estrechamente vinculada a su potencialidad económica. Desde una mirada extractiva y trasnacional, los proyectos y potencialidades son diversos e inmensos:

 

200 pozos en miras a confirmar las exploraciones sísmicas adelantadas en estos años que han atraído a Serinko Drilling para la perforación, la Corinto para redes o la Petrosoles que hace mantenimiento.

 

Hallazgo del yacimiento de carbón Catatumbo-Sardinata-Tibú, con reservas medidas de 300 millones de toneladas. De este potencial se asignaron en el 2007 ocho lotes mineros con una extensión de 108.000 hectáreas en la zona de río de Oro, al norte del Catatumbo en la frontera con Venezuela.

 

Con respecto a la palma, existen cerca de 18.000 hectáreas en producción, que en su arranque se manejaron bajo el esquema de alianzas con medianos y pequeños productores, pero hoy las grandes empresas privadas comienzan a direccionar la producción de manera unilateral.

 

La construcción de una represa multipropósito sobre el río Catatumbo, junto con un plan de electrificación de la región.

 


 

Objeciones

 

Los principales aspectos que debate el Cisca en relación a la ZRC

 

Correr la línea de la reserva forestal, tiene serias implicaciones para la protección de la selva húmeda tropical que queda en la región y de la cultura Barí.

 

La división del territorio entre zona campesina y zona no campesina, habilita la implantación del Plan de Desarrollo Nacional, no se constituye en un obstáculo a su aplicación y, por el contario, permite su legalización y su legitimación.

 

Las ZRC se impulsan en un contexto diferente al que surgieron en 1996. En particular, en el Catatumbo están en juego los intereses estratégicos de orden económico y político que el imperio tiene sobre la región (recursos minerales y energéticos y el posicionamiento en la frontera con Venezuela), en el marco de la aplicación del Plan de Consolidación (el plan de Desarrollo Militarizado).

 

La ZRC no cohesiona las fuerzas sociales y políticas del Catatumbo para enfrentar esa estrategia de intervención, por el contario genera igualmente una división social, cultural, económica y política de la población catatumbera. Mucho menos cuando no ha sido producto de una concertación entre las mismas comunidades.

 

Publicado enEdición N°193
Sábado, 13 Julio 2013 06:38

Sobre muros y marginados

Sobre muros y marginados

Hace nueve años que el Tribunal Penal Internacional pidió a Israel que desmantelara el muro y reparara el daño causado, pero siguió construyéndolo a lo largo de toda Cisjordania, alegando que tiene una función de seguridad para evitar infiltraciones de terroristas palestinos. Además, en lugar de retirarse de los territorios ocupados, el Estado judíó ha multiplicado la construcción en las colonias sin hacer caso de la ley.


"Cuando era pequeño e iba a la escuela de Saint George, antes de que se construyera el muro, tenía muchos compañeros de los pueblos vecinos, pero ahora los niños no pueden moverse libremente de un lugar a otro", comenta Ashraf al Khatib, un funcionario de la OLP que se crió en Jerusalén.

 

Eso significa que los niños no pueden acudir a los colegios de Jerusalén, pero también que no pueden ir a los hospitales de la ciudad ni acceder a numerosos servicios. También significa que miles de familias están separadas por el muro y que con mucha frecuencia necesitan permisos especiales para poder reunirse.

 

Trescientos mil palestinos tienen la tarjeta israelí de residentes en Jerusalén, pero 100.000 de ellos viven del otro lado del muro y solo pueden entrar en la ciudad cruzando alguno de los pocos puntos autorizados por el ejército. Quienes no tienen la tarjeta israelí se enfrentan a dificultades mayores.

 

El muro de hormigón adquiere en Jerusalén una altura de hasta nueve metros y en gran parte está rematado por alambres de espino que aseguran que los palestinos no lo saltarán. Esta semana se cumplen nueve años de la opinión y recomendación que emitió el Tribunal Penal Internacional acerca del muro, y la situación desde entonces ha empeorado sensiblemente. El TPI pidió a Israel hace nueve años que desmantelara el muro, también el de Jerusalén, así como que Israel reparara el daño que había causado.


En lugar de obrar de esa manera, Israel siguió construyéndolo a lo largo de toda Cisjordania, alegando que tiene una función de seguridad para evitar infiltraciones de terroristas. El número de atentados en el interior de Israel se redujo drásticamente desde el cenit de la segunda intifada hasta hoy, pero en lugar de retirarse de los territorios ocupados, el Estado judío ha multiplicado la construcción en las colonias sin hacer caso de la ley internacional.

 

La construcción del muro en el área de Jerusalén ha dejado pequeñas bolsas de población palestina del lado "israelí", aunque sus tierras pertenecen a municipios palestinos del otro lado del muro. Centenares de personas que se encuentran en esta situación están sujetas a un auténtico limbo.


Es el caso de Abu Ahmad Zawahri, de 75 años, que vive en Abu Ganeim. La mitad de sus tierras fueron confiscadas para construir el asentamiento de Har Homa, una decisión que adoptó el primer ministro Binyamin Netanyahu en 1996, durante su primer mandato, y que ha conducido a esta colonia a millares de colonos judíos. Las obras siguen su curso y desde la vivienda de Zawahri se ven, del otro lado de la pequeña vaguada, varias grúas que trabajan a pleno rendimiento.

 

"Cuando comenzaron las obras el ejército nos dijo que nos daría permiso para movernos libremente. Sin embargo, ahora solo nLa familia extensa de Zawahri vive en Abu Ganeim desde siempre. Su abuelo se estableció en la zona y compró tierras en 1925, antes de que existiera el Estado judío. Ahora viven cincuenta personas, la mitad niños, en varias casas y estructuras. Hasta hace unos años Zawahri poseía más de cien ovejas y cabras, pero ha tenido que vender casi todo el ganado porque ya no tiene cómo alimentarlo.

 

La situación de esta familia es tan precaria que si alguno de sus miembros enferma, la única manera de salir de la reclusión a la que el ejército la ha confinado es llamar a un taxi israelí para que lleve al enfermo hasta el muro de Belén, y de allí, tras atravesar el muro, a algún hospital de Belén. Tradicionalmente la familia iba a hospitales de Jerusalén pero el ejército no se lo permite desde hace años, a pesar de las declaraciones en sentido contrario de los principales líderes políticos israelíes.

 

Pese a que sus casas están a solo veinte o treinta metros de Har Homa, la familia de Zawahri no puede pisar el colonia ni puede ir a trabajar al resto de Jerusalén.

 

Una isla en la que viven cinco familias

 

Una situación similar es la de la familia de Fuad Yado, que vive a pocos kilómetros de distancia de Abu Ganeim, a solo dos kilómetros del muro de Belén, en Jirba Jamis, una pequeña extensión de terreno seco que comparten cinco familias palestinas y que en realidad es una isla.

 

La historia de los Yado recuerda la de muchos palestinos. Su familia vivía en Malha, en Jerusalén occidental, de donde fueron expulsados en 1948. Una parte de la familia fue a parar al campo de refugiados de Aida, en Belén, y otra parte emigró a Jordania. La familia siguió dispersándose y ahora algunos miembros viven en Canadá, Chile y otros países.

 


En 1964, cuando Yado era niño, su familia adquirió un terreno en Jirba Jamis. Luego, en 1980, el propio Fuad compró en la misma zona siete dunam (un dunam son mil metros cuadrados). La situación se complicó en 2001, cuando Israel comenzó a construir el muro muy cerca, y se complicó todavía más cuando el muro se terminó en 2004.

 

Desde entonces ya no pudieron ir ni a Belén ni a Jerusalén en coche, solo caminando hasta el campo de refugiados de Aida, por donde tenían que pasar para ir al hospital o a hacer las compras. El Tribunal Supremo de Israel ha ido dilatando los recursos de un año a otro. Después de más de veinte sesiones, el Supremo ha "recomendado" al ejército que les deje ir Belén pero los soldados no siempre se lo permiten.

 

Al trabajo y al colegio, caminando

 

Fuad trabaja en Belén, adonde tiene que ir caminando a través del campo. Los niños también van al colegio caminando porque no pueden moverse en coche. En 2006, la madre de Fuad murió de un ataque al corazón sin que nadie viniera a socorrerla y sin que pudieran llevarla al hospital. Las cinco familia no pueden ir a comprar al supermercado de Beit Safafa, que está muy cerca, ni pueden ir a los hospitales de Jerusalén.

 

"Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de atender a la población y darles servicios, pero no lo hace", comenta Ashraf al Khatib.

 

"Pago a Israel todos los impuestos y no recibo a cambio ningún servicio. No sé cuánto tiempo podré vivir aquí, pero estoy dispuesto a resistir. Quizá llegue un día en que mis hijos, cuando se hagan mayores, se cansen de vivir de esta manera y se marchen, pero yo no lo haré. Eso es lo que quieren los israelíes", dice Fuad Yado.

 


Nos dejan ir a Belén, y no a Jerusalén. Los soldados vienen con frecuencia y nos dicen que nos vayamos, que nunca podremos vivir bien al lado de los colonos", comenta Zawahri.

 

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN Jerusalén13/07/2013 08:30 Actualizado: 13/07/2013 08:49

Publicado enInternacional
Los cónsules de la UE en Jerusalén denuncian la anexión ilegal israelí

El informe correspondiente a Jerusalén durante el año 2012 que han elaborado los jefes de misión diplomática de la Unión Europea acreditados en la ciudad santa presenta una situación muy grave y un panorama todavía peor, en su mayor parte debido a la constante expansión colonial israelí en el sector ocupado desde la guerra de 1967, una ocupación militar que cada año que pasa es más irreversible y que atenta contra la solución de los dos Estados aprobada por las Naciones Unidas.

 

El informe, al que ha tenido acceso Público, se encuentra ahora mismo en Bruselas, donde lo están analizando expertos y políticos, si bien esto no garantiza que la UE vaya a adoptar medidas significativas para hacer frente a los sangrientos conflictos que se derivan de la ocupación, como ha ocurrido con los informes anuales precedentes.

 


Los jefes de misión europeos han actualizado este año el informe correspondiente al año anterior llamando la atención sobre la desaforada actividad constructora de Israel, no solamente en Jerusalén, es decir en los límites que ha establecido unilateralmente el Gobierno israelí, sino también en los alrededores de la ciudad, donde la fisonomía está cambiando a diario mientras Bruselas permanece con los brazos cruzados.

 

Países como Alemania, Reino Unido y Holanda frenan cualquier decisión política en Bruselas, donde se ha llegado a una situación en la que Berlín por sí solo es capaz de sacar del orden del día cualquier tema relacionado con Israel, lo que inhabilita a los demás miembros de la UE a suscitar la gravísima situación que padece el pueblo palestino.

 

El informe de 2012 destaca ante todo que la paz entre israelíes y palestinos "no será posible" si no se resuelve satisfactoriamente la ocupación de Jerusalén, dado que si Israel sigue expandiendo su presencia en la zona ocupada con la evidente intención de que Jerusalén pueda ser en el futuro la capital de dos estados, con lo que será inviable la paz.

 

"Israel está perpetuando activamente la anexión ilegal de Jerusalén Este socavando sistemáticamente la presencia palestina a través de planes zonales restrictivos, demoliciones y expulsiones, acceso discriminatorio a lugares sagrados, una política de educación desigual, el difícil acceso a la sanidad, una provisión de recursos inadecuada, el cierre continuado de instituciones palestinas y un sistema de permisos de residencia restrictivo", indican los jefes de misión de la UE.

 


Los cónsules destacan que la voracidad constructora de Israel para beneficio de sus colonos constituye el principal problema. "La construcción de asentamientos sigue siendo la principal amenaza para la solución de los dos Estados. Es sistemática, deliberada y provocadora", señalan los diplomáticos como balance de un año, el pasado, en el que se han aprobado millares de viviendas nuevas tanto en Jerusalén como en sus alrededores sin que la comunidad internacional haya hecho nada para evitarlo.

 

"Lo que entraña más gravedad es sin duda la expansión colonial", explica a Público Hagit Ofran, de Paz Ahora, una organización no gubernamental que sigue de cerca las actividades de Israel en las zonas ocupadas, y particularmente en Jerusalén. "Los nuevos planes para las zonas de Guivat Hamatos (al sur de Jerusalén) y E-1 (al este de la ciudad), representan cambios sustanciales sobre el terreno que en la práctica imposibilitan la paz".

 

"Ciertamente estamos hablando de un informe que no significa el seguimiento de una política pero que es una herramienta útil para suscitar la atención de la comunidad internacional. El cambio está exclusivamente en manos del Gobierno de Israel", explica Ofran, aunque esto es algo que tan sólo ocurrirá si antes se produce una fuerte presión de Occidente.

 


Los jefes de misión de la UE han confeccionado, al final del informe, una lista que comprende 31 recomendaciones a los países europeos. Nueve de ellas tienen que ver con los asentamientos que proliferan por todas partes. Así, se recomienda una "decidida respuesta de la UE que evite la construcción en la zona E-1" que pretende unir Jerusalén con la colonia de Maale Adumim.

 

Los diplomáticos también recomiendan que se aplique estrictamente la normativa que tiene que ver con los productos que se fabrican en los asentamientos y que no deberían beneficiarse de los acuerdos bilaterales puesto que la comunidad internacional no los reconoce como parte del Estado judío.

 

 También se pide que se informe a los operadores turísticos europeos de que no deben contribuir al negocio de las colonias judías o de los centros turísticos y hoteles que se ubican en el sector ocupado (oriental) de Jerusalén.

 

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓNJerusalén27/02/2013 07:23 Actualizado: 27/02/2013 07:23

Publicado enInternacional
Viernes, 01 Febrero 2013 06:04

Contra la ocupación

Contra la ocupación

El establecimiento de colonos en territorios palestinos ocupados constituye un crimen de guerra, según la definición utilizada por la Corte Penal Internacional. Así lo señaló ayer una comisión internacional auspiciada por Naciones Unidas. “Estos crímenes corresponden de lleno a las provisiones legales del artículo 8 del estatuto de la Corte Penal Internacional, que es el de crímenes de guerra”, explicó la jurista francesa Christiane Chanet, presidenta de la comisión que investiga el impacto de los asentamientos israelíes.

 

El grupo, que completan las juristas Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana), presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que ha conseguido documentar, durante seis meses de trabajo, a pesar de que el gobierno de Israel le negó cualquier cooperación y autorización para entrar en los territorios palestinos.

 

En sentido de derecho puro, el establecimiento de colonias israelíes en suelo palestino se considera un crimen de guerra, explicó Chanet, quien subrayó que esto no implica que la Corte Penal Internacional (CPI) vaya a decidir que tiene jurisdicción en este caso en vista de que Palestina no es un Estado reconocido.

 

“Transferir a su propia población a un territorio ocupado va contra el derecho a la libre determinación, y si estamos ante un mapa vemos cómo los asentamientos rompen la continuidad de la tierra palestina”, indicó Chanet en una rueda de prensa.

 

Unas 250 colonias judías fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3 por ciento) que la población en Israel (1,8 por ciento).

 

El documento del organismo internacional consideró que desde aquel año los gobiernos israelíes “dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos” en Palestina, creados para el exclusivo beneficio de los israelíes judíos, y que su existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local.

 

Recordó además que esos asentamientos implican que los palestinos tienen restringida su libertad de movimiento, pierden el acceso a los recursos naturales, sufren la demolición de sus viviendas y la destrucción de árboles. Entre las especies que desa-parecen están los olivos, que por generaciones han constituido la principal fuente de ingresos para muchas familias palestinas. Todo ello ocurre con el total conocimiento y complacencia del gobierno, dijo la presidenta de la comisión.

 

“En cumplimiento del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, Israel debe poner fin a todas las actividades de asentamiento sin condiciones previas”, manifestó la francesa Christine Chanet.

 

Por su parte, Israel criticó las conclusiones de la comisión internacional auspiciada por la ONU. “El Consejo de Derechos Humanos se distinguió, tristemente, por su aproximación sistemáticamente sesgada y unilateral hacia Israel. Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello”, afirmó a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

 

El ministerio insistió en que la única forma de resolver todos los asuntos pendientes entre Israel y los palestinos, incluido el asunto de los asentamientos, es a través de negociaciones sin condiciones previas y aseguró que “medidas contraproducentes”, como este informe sólo sirven para poner trabas a los esfuerzos para encontrar una solución sostenible al conflicto israelí-palestino.

Publicado enInternacional
Jueves, 31 Enero 2013 06:28

Siria denuncia bombardeo israelí

Siria denuncia bombardeo israelí

El ejército sirio anunció que la aviación israelí atacó un objetivo militar, ubicado entre Damasco y la frontera libanesa, por primera vez en dos años de conflicto en Siria. “Un avión de combate israelí violó nuestro espacio aéreo al amanecer (del miércoles), y bombardeó directamente un centro de investigaciones sobre el mejoramiento de la resistencia y la autodefensa en la región de Jomrayah, en la provincia de Damasco”, afirmó el ejército en un comunicado publicado por la agencia oficial Sana. El ejército sirio indicó que dos empleados del lugar murieron y que cinco resultaron heridos. El centro de investigación tuvo importantes daños y el edificio fue parcialmente destruido.

 

El texto agregó que grupos terroristas intentaron en vano, en varias ocasiones y durante los últimos meses, ingresar y controlar el lugar. El régimen afirma que, desde que comenzó hace 22 meses la revuelta contra Bashar al Assad, lucha contra terroristas armados financiados desde el extranjero. “Este ataque prueba a todos que Israel es el motor, el beneficiario y a veces el actor de actos terroristas contra Siria y su pueblo, en coordinación con los países que apoyan el terrorismo, dirigidos por Turquía y Qatar”, continuó el ejército. El comunicado explica además que los aviones de combate israelíes ingresaron a Siria volando por debajo de la altura detectada por los radares.

 

Según señalaron habitantes asentados en los alrededores de Damasco, seis misiles habían impactado el martes a las 23.30 hora local (18.30 hora de Argentina) en un centro de investigación de armas no convencionales en Al Hameh, ubicado a unos 15 kilómetros al noroeste de Damasco.

 

En tanto, el jefe de la coalición opositora siria, Ahmed Moaz al Jatib, causó sorpresa al afirmar que estaba dispuesto a negociar, bajo ciertas condiciones, con representantes del régimen de Damasco. “En señal de buena voluntad para una solución política a la crisis y para abrir el camino a un período de transición que ponga fin al derramamiento de sangre, anuncio que estoy dispuesto a negociaciones directas con representantes del régimen sirio en El Cairo, en Túnez o en Estambul”, afirmó Jatib.

 

El jefe de la coalición opositora puso dos condiciones previas: la liberación de las 160.000 personas arrestadas durante la revuelta contra el régimen y la renovación de los pasaportes de los sirios en el extranjero, por parte de las embajadas, para que no sean detenidos a su regreso al país.

 

A pesar de asegurar que se trataba de una opinión personal, estas declaraciones provocaron el rechazo de una parte de la oposición, en especial del Consejo Nacional Sirio (CNS), principal componente de la Coalición. El CNS subrayó en un comunicado que estas declaraciones no reflejan de ninguna manera la posición de la Coalición y que van en contra de sus principios fundadores, que rechaza discutir con el régimen. Al Assad había propuesto, a principios de enero, un diálogo nacional para poner fin al conflicto que sacude al país, añadiendo que no discutiría con aquellos que se levantaron en armas contra el régimen.

 

La oposición había rechazado inmediatamente esta propuesta y puso como condición a todo diálogo la renuncia del presidente sirio. Mientras tanto, 102 personas murieron ayer, entre ellos 35 civiles, según una organización no gubernamental siria. El conflicto dejó más de 60.000 muertos desde marzo de 2011, según datos suministrados por Naciones Unidas.

 

Ayer, en una reunión auspiciada por la ONU en Kuwait, unos 60 países participantes prometieron donar un total de 1500 millones de dólares en ayuda humanitaria a los sirios.

Publicado enInternacional

“¿Puede la globalización sobrevivir a 2013?”, es el título de la columna del periodista Robert Jacob Samuelson, de The Washington Post (30/12/12; a no confundir con Paul, premio Nobel de Economía del mismo apellido).

 

Robert Jacob Samuelson resume sesgadamente en el rotativo del establishment de Estados Unidos la tesis de David Smick, editor de la revista trimestral especializada International Economy y consultor de mercados financieros y macroeconomía global, quien denomina “desglobalización” a la “retirada de la globalización”.

 

Que un servidor lo haya enunciado hace 13 años en el libro El lado oscuro de la globalización, refrendado en otro libro, Hacia la desglobalización, siete años atrás, cobra simple valor teórico, con poco impacto, no se diga influencia, mucho menos cuando su audiencia latinoamericana es dominada en la periferia por el centro financiero de la globalización.

 

Que el economista francés Jacques Sapir –director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y de la Escuela Económica de la Universidad de Moscú– haya hace tres años abordado el tema en su libro La desmundialización se limitó a una influencia relativa en los circuitos académicos de Francia y Rusia.

 

Pero que David Smick, apuntalado a nivel más público por el periodista Robert Jacob Samuelson en un periódico sumamente influyente de Estados Unidos, se atreva a formular la “desglobalización” desde el centro primigenio del modelo neoliberal global, adquiere una advertencia de alcances estratégicos.

 

Robert Jacob Samuelson suaviza artificialmente el texto original de David Smick al escamotear sus matrices y matices.

 

Lo atractivo de David Smick subyace en su asociación gerencial a través de su empresa mancomunada de inversiones Johnson Smick International Inc con el economista Manuel H. Jonson, anterior vicepresidente del consejo de gobernadores de la Reserva Federal en la década de los 80 (en pleno thatcherismo/reaganomics anglosajón de la dupla neoliberal Hayek/Friedman), quien goza de conocimiento interno del modus operandi monetarista en la cúpula de la desregulada globalización financierista.

 

David Smick saltó a la fama pública con su libro El mundo es encorvado, que versa sobre los riesgos de la globalización: réplica al libro muy simplón El mundo es plano del columnista Thomas Friedman, de The New York Times, adicto al neoliberalismo global.

 

Ya David Smick había expuesto su ensayo “¿Puede resquebrajarse la globalización? (The International Economy, otoño de 2012) en su artículo “¿Qué sustituirá al modelo de la globalización?”, en The Washington Post (16/10/12).

 

Para algunos su leitmotiv podrá sonar catastrofista (v. gr. los asiduos turistas al Foro Económico Global de Davos), para otros realista (v. gr. un servidor): “la casa se incendia, el techo corre riesgo de colapso (¡supersic!) y el G-20 toma té y pastelillos sentado serenamente en el salón”.

 

Más allá de la identidad del ocupante en turno de la Casa Blanca, quien sufrirá el exorcismo ciudadano en castigo a los estragos, “los desafíos económicos son desalentadores” (¡supersic!), en referencia estructural a sus fundamentos: “el modelo de la globalización de los pasados 30 años se resquebraja”, sin ningún sucedáneo a la vista.

 

Sostiene que en el pico de “la era de la globalización financiera, los servicios financieros representaron en forma absurda un elevado porcentaje de las ganancias bursátiles en Estados Unidos –30 por ciento– y 40 por ciento de sus ganancias trasnacionales”, mientras el promedio industrial del índice Dow Jones pasó de 800 puntos en 1979 a 13 mil a finales de 2007.

 

Cita a Gary Hufbauer, de Peterson Institute, quien señala que “Estados Unidos se volvía más rico con un billón de dólares cada año debido al comercio globalizado”, sin contar el “bono hegemónico”: casi 10 por ciento del PIB global, según los académicos de China (ver Bajo la Lupa,16/1/13).


Luego estalló la burbuja y ahora se asienta el “escenario opuesto” cuando “nuestros bancos están quebrados (¡supersic!), sobrerregulados, con aversión al riesgo y reticentes a alimentar la expansión económica”.

 

¿Qué sustituirá el “vacío” del PIB de Estados Unidos “abandonado por los servicios financieros”?

 

David Smick no compra el nuevo mantra vigente en Estados Unidos sobre su milagrosa capacidad exportadora del “gas esquisto” (shale gas), cuando la experiencia enseña cautela sobre el consenso en la política energética: “la energía es un campo de batalla donde la promesa de independencia energética ha sido elusiva por varias décadas”.

 

Expone los consabidos datos duros de la economía global declinante cuando “el mundo se encuentra al borde de una guerra de divisas con por lo menos 12 países, más allá de China, manipulando sus monedas contra el dólar para sus ventajas comerciales”.

 

Cita al analista Criton Zoakos, de Leto Research, quien aduce que “la rápida inflación laboral en China y las nuevas tecnologías de software basadas en recorte de costos en la manufactura en Estados Unidos contribuyen a que el modelo de la globalización se vuelva obsoleto” (¡supersic!).

 

La liberalización financiera, que “también ha desembocado en una montaña rusa de terror financiero e infartos”, y el libre flujo de capitales, “se encuentran en asedio a escala mundial” cuando los bancos se han vuelto rápidamente nacionalistas” (¡supersic!); a mi juicio, con la notable excepción global del “México neoliberal itamita”, que se despojó absurdamente de su banca para sucumbir en las garras de la quebrada banca española/anglosajona.

 

Arguye que la “eurozona se encuentra en el corazón de la tendencia a la desglobalización” cuando los bancos europeos habían sido tradicionalmente la fuente de 80 por ciento del mercantilismo financiero en los mercados emergentes.

 

Hoy los bancos europeos se encuentran severamente subcapitalizados y repatrian sus capitales “y no queda claro que los bancos de Estados Unidos, China o Japón puedan llenar el vacío”, al unísono del incremento de tensiones geopolíticas debido al colapso (¡supersic!) de la globalización”.

 

Fustiga que la clase política, en lugar de tomar al toro por los cuernos del “peligroso cambio tectónico en los asuntos económicos del mundo”, se ha confinado a vagas generalizaciones sobre “reformas impositivas” y “mayor inversión gubernamental”.

 

Perturba el vacío conceptual de David Smick (en similitud al rey Luis XV: “después de mí el diluvio”), quien se queda sin sucedáneos cuando el mundo se instala en un hipercomplejo nuevo orden multipolar, al unísono de regulaciones financieras y hasta neoproteccionismos (del mismo Estados Unidos).

 

Si se extrapolan las tendencias tanto del G-7, en notoria declinación, como en el despegue gradual de los resplandecientes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el mundo se encamina a regionalismos puntuales con sus respectivas esferas de influencia concomitantes al retorno asombroso de nacionalismos y hasta de subnacionalismos que exhiben la vitalidad del género humano que rehúsa sucumbir bajo los espejismos teológicos del misántropo neoliberalismo global totalmente descerebrado y carente de creatividad samaritana.

 

David Smick soslaya que el mundo no se acaba como tal, ni siquiera después de Sodoma y Gomorra. Que cuando un mundo fenece amanece otro distinto, quizá mejor, o peor: todo depende de los humanos, en última instancia.

 

alfredojalife.com

Twitter: @AlfredoJalife

Facebook: alfredojalife.com

Publicado enInternacional

Arío revuelto… Cuando así fluyen las cosas, los aventureros del imperialismo entrepeneur, con dudosas chapas académicas, se pasean por los países del otrora llamado “tercer mundo” seduciendo a políticos, intelectuales y gobernantes dispuestos a pagar por “ideas modernas”, que en realidad son cuentos para cazar bobos.

 

En Mauritania (agosto 2008) y Madagascar (marzo 2009), el economista Paul Romer (promotor mundial de las charter cities, o ciudades virtuales “llave en mano” con estatutos tipo Hong Kong), estuvo a punto de vender su distopía urbana, hasta que esos golpes de Estado hostiles a la “comunidad internacional” le frustraron el negocio.

 

Sin embargo, tras el cuartelazo que en junio de 2009 derrocó al presidente de Honduras Manuel Zelaya, el optimista Romer volvió a la carga. Y para su dicha, se encontró con un presidente, un Congreso y una clase dominante tan celosa de las ideas esclavistas del filibustero William Walker que en la frente, grabada a fuego, llevan la frase del magnate bananero Sam Zemmurray: “en Honduras, una mula cuesta más que un diputado”.

 

A Vicente Sáenz (1896-1963), intelectual y patriota costarricense que vivió y murió en México, nunca le gustó “esa vieja frase, ya troquelada, en boca de inescrupulosos capitanes de industria. La usó también, como invento propio, Lincoln G. Valentine al referirse a Nicaragua y miembro de la dinastía que ha venido explotando en Honduras la Rosario Mining Company” (Democracia y tiranías en el Caribe, de William Krehm, Editorial Parnaso, Buenos Aires, 1957, p. 135).

 

Mas cabe preguntar: ¿hay otra para ilustrar mejor la vocación entreguista y antipatriótica del Partido Nacional (sic, en el poder), cuyos diputados, recogiendo las “ideas modernas” de Romer, volcaron sus bancas en favor de la llamada “Ley de Regiones Especiales de Desarrollo” (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (2011)?

 

Las protestas contra las RED empezaron a hacerse sentir. En septiembre pasado, poniendo las barbas en remojo, Romer anunció que se retiraba del proyecto de las RED. Simultáneamente, el periódico inglés The Guardian publicaba la carta que le dirigió al presidente Porfirio Lobo, en la que afirma que no existían las condiciones para la “Comisión de Transparencia”. Comisión formada por el gobierno de Lobo, y en la que Romer era la única estrella. En el blog Pasaport del sitio Foreign Policy, apareció un artículo firmado por Joshua Keating: “Some complications for Honduras Hong Kong”.

 

Un mes después, la Corte Suprema declaró que la ley era “inconstitucional”. Entonces, el mismo Congreso que en 2009 convalidó el derrocamiento de Zelaya, defenestró la Sala de lo Constitucional al tiempo de preservar al único magistrado que no votó en contra de las “ciudades modelo”.


Por consiguiente, al pueblo hondureño le va quedando claro que las charter cities conllevan algo más que espacios urbanos y exclusivos para ricos (como de los tantos que abundan en México), ciudades cerradas y artificiales como el plástico Paseo Cayalá de la ciudad de Guatemala, o un megashopping, como el alucinante Dragon Mart, que se las trae en Cancún.

 

Carentes de legitimidad histórica, económica, cultural y social, las charter cities de Romer conllevan, en líneas generales, el sarcástico gerrymandering, término inventado por los periodistas de Massachusetts a inicios del siglo XIX, y que las ciencias políticas adoptaron después para fustigar las manipulaciones partidarias con fines electorales.

 

Las charter cities hondureñas tampoco serían “blancas”, como la mítica de posible origen maya que el inglés Theodore Morde aún buscaba en 1939, y al encontrar una de ellas la llamó “Ciudad perdida del dios mono”.

 

De concretarse, las “ciudades modelos” que los políticos hondureños piensan construir con o sin Romer, se convertirán en una suerte de bantustanes, como los inventados por los racistas sudafricanos, pero al revés: for white only. ¿Acaso el propio término bantustán no fue utilizado por los críticos del apartheid en oposición a homeland (patria)?

 

En La guerra de Nicaragua, con prosa fluida, William Walker adelantó que el “verdadero objetivo” de su causa “… era establecer (en Nicaragua), una república militar y dividida en tres castas: la de los blancos de habla inglesa, compuesta de naturales del sur de Estados Unidos, que serían los dueños de la tierra; la de los esclavos para cultivarla, formada de negros e indios de pura raza, y la de los mestizos, verdaderos parias que debían ser despojados y destruidos sin piedad, entendiéndose por mestizos todos los demás centroamericanos”.

 

Agrega: “…la esclavitud negra tendría en Nicaragua una doble ventaja. A la vez que proporcionaría mano de obra para la agricultura, tendería a separar las razas y a destruir a los mestizos, causantes del desorden que ha reinado en el país desde la independencia” (Educa, Costa Rica, 1972, p. 253).

 

Me parece que frente a la hipocresía de los políticos hondureños, es cosa de agradecer la honestidad de aquel filibustero que con serenidad aceptó la pena máxima que, por motivos elementales de dignidad nacional, y así como el de México con Maximiliano, el digno pueblo hondureño le reservó.

Publicado enInternacional
Ciudades, megaeventos y acumulación por despojo

Las grandes ciudades del tercer mundo se han convertido en espacios tan atractivos para la acumulación del capital, como las vastas áreas rurales en que se expanden los monocultivos y la minería a cielo abierto. Los megaeventos, como los Juegos Olímpicos y los mundiales de futbol, pero también los grandes conciertos musicales, son la mejor excusa para acelerar la acumulación, que va de la mano de la expulsión de los pobres o su encierro permanente en espacios controlados.


Las ciudades brasileñas, muy en particular Río de Janeiro, muestran en este momento la cara menos amable de la acumulación por despojo: intervención militar de favelas, derribo de viviendas y expulsión de comunidades que estaban asentadas desde décadas atrás en zonas ahora apetecibles para el capital. Un acto organizado esta semana por el Laboratorio de Estudio de Movimientos Sociales y Territorialidades (Lemto) permitió conocer por dentro la realidad de quienes están siendo agredidos por las obras de cara al Mundial de 2014 y las olimpiadas de 2016.
“Llegan y marcan las casas que van a derribar, igual que hacían los nazis con las casas de los judíos”, dice, con impasible serenidad, Inalva Brito, luchadora social de 66 años que integra la asociación de los habitantes de Vila Autódromo, un barrio de 450 familias en el sur de Río, lindero con la futura villa olímpica. Allí hay pobladores que integran la tercera generación de expulsados por el desarrollo, que cada vez son trasladados a lugares más alejados del centro urbano, donde no hay servicios y el transporte es muy caro.


El Morro da Providencia, el más antiguo de la ciudad erigido por ex combatientes de la guerra de Canudos a finales del siglo XIX, es un monumento a la desigualdad social. ¿Quién estaría interesado en este cerro de escaleras empinadas y callejuelas irregulares, construido a golpe de sudor por los 20 o 30 mil vecinos que lo habitan desde hace 100 años? Marcia, veterana luchadora social de la favela, nos conduce por lugares imposibles, mostrando las casas marcadas con tres letras fatídicas, SMH, iniciales de la secretaría municipal de vivienda (siglas en portugués). Cada pocos pasos aparecen lotes tapizados de escombros que denuncian la acción de las topadoras. Se detiene en un lugar, señalando que en ese sitio fue derribada una vivienda con la familia dentro. Desigualdad y violencia estatal. ¿O habría que hablar de “terrorismo democrático de Estado”? Lo más asombroso de la favela de Providencia es la construcción de un enorme teleférico que comienza en la estación de autobuses, hace su parada única en lo que fue la plaza principal del lugar (espacio de socialización y de fiestas de la comunidad, ahora destruido), para terminar del otro lado del cerro, pegado a la Ciudad de la Samba, donde las escolas do samba construyen sus carromatos y diseñan sus disfraces. La favela, que ni siquiera aparece en los mapas turísticos, será una foto-trofeo en la mochila de los turistas, mientras sus pobladores no tendrán acceso al teleférico.


El gran pecado de la población de esta favela no es el narcotráfico, casi inexistente por cierto, sino vivir junto al puerto, una zona que ahora es apetecida por la especulación inmobiliaria que pretende remodelar un área a la que ya bautizó Puerto Maravilha, en relación directa con la Cidade Maravilhosa. Los galpones abandonados serán reconvertidos en restaurantes y tiendas de lujo para turistas; los puentes y extensos viaductos serán derribados para darle un aspecto “verde”, adecuado a los gustos de los turistas del norte y del turismo interno de clase media alta. Antes de eso, como precondición de la acumulación por despojo, se instaló una enorme UPP (Unidad de Policía Pacificadora) en la zona baja de la favela, la más accesible para los carros blindados, los tenebrosos caveirãos (en referencia a la calavera, emblema de la policía militar). En sentido riguroso, por pacificación se entiende el combate a la comunidad, aunque para mantener las apariencias democráticas se usan términos como “narcotráfico” o “bandidos”, para criminalizar a toda una población que cumple siempre los mismos requisitos: pobre, marginalizada, negra.


Esta misma semana, la presidenta Dilma Rousseff anunció en París la construcción de al menos 800 aeropuertos regionales en ciudades hasta de 100 mil habitantes. En este momento funcionan apenas 66. Todos estarán ligados por autopistas con las ciudades próximas. No dio cifras, pero supone un jugoso negocio para un puñado de constructoras y la ruina de miles de familias que inevitablemente serán desplazadas. No es casualidad: las constructoras realizan los mayores aportes a las campañas electorales de los partidos. En las recientes elecciones municipales y de gobernadoras, cuatro grandes constructoras (An- drade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS y Camargo Corrêa) donaron 100 millones de dólares a los candidatos. Sólo Andrade Gutierrez entregó 38 millones de dólares. El PT fue el partido más beneficiado: recaudó 32 millones sólo de las cinco mayores donadoras (Folha de São Paulo, 9 de diciembre de 2012). ¿Quién puede competir con semejante poder? No los favelados, por cierto.


Un reciente estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) señala que las cinco mayores ciudades del país concentran 25 por ciento del PIB nacional, y sólo tres –São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia– 21 por ciento (Agencia Brasil, 12 de diciembre de 2012). En toda la región del sureste, la más rica de Brasil, uno por ciento de los municipios concentran la mitad de la renta. Allí, en las megaciudades, se está jugando una parte sustancial del futuro de la humanidad. Allí concentra sus baterías el capital global, impulsando aquellos actos gigantes que mayores beneficios le rinden, a corto y largo plazos. Los que resisten son sistemáticamente acusados de delincuentes.

Publicado enInternacional
Domingo, 18 Noviembre 2012 06:13

Por qué Hezbolá apoya a Assad

Por qué Hezbolá apoya a Assad

Hezbolá fue alguna vez la resistencia” libanesa, el duro valeroso y abnegado ejército guerrillero que sacó de Líbano a los soldados de ocupación israelíes hace 12 años.

 

Hoy su aspecto más bien es el de otra institución árabe de “seguridad” –o de inseguridad–, que envía drones a sobrevolar Israel y continúa apoyando al régimen sirio del presidente Bashar Assad, pese a la condena de muchos libaneses.

 

Walid Jumblatt, el líder druso –famoso por sus vuelcos entre Siria y sus opositores–, es uno de varios políticos libaneses que se preguntan por qué Hezbolá no da su apoyo a la “resistencia” siria en vez de al régimen.

 

Contra lo que afirma el Departamento de Estado, Hezbolá no combate al lado de los hombres de Assad, sino que ha asumido funciones de “seguridad” del lado sirio de la frontera libanesa –con lo cual mantiene la frontera sirio-libanesa fuera del alcance de los rebeldes– y utiliza sus formidables servicios de inteligencia a favor del régimen. Por lo menos cuatro “mártires” de Hezbolá han sido devueltos de Siria para ser sepultados en Líbano.

 

Nadie duda del poder de fuego ni de la tenacidad del más eficiente de los movimientos guerrilleros. Si no ganó la guerra contra Israel en 2006 –más de mil civiles muertos no casan con la “divina victoria” que clamó su líder, Sayed Hassad Nasrallah–, el hecho es que Israel la perdió, retirándose a su frontera luego de fieros combates cara a cara con combatientes de Hezbolá. Israel, junto con Estados Unidos, por lo regular se refiere a Hezbolá como un movimiento “terrorista”, pero soldados israelíes que han enfrentado a sus guerrilleros hablan de ellos con algo parecido al respeto. Hezbolá no huye.

 

Sin embargo, esta organización siempre ha adolecido de dos fallas esenciales: en esencia es un grupo musulmán chiíta –y por tanto sectario por naturaleza– y es financiado por millones de dólares anuales enviados desde Irán. Su continuo apoyo a Assad, quien es alauita, es decir, chiíta, vuelve aún más sectaria su perspectiva, en tanto su financiamiento iraní lo distancia de los musulmanes sunitas libaneses y de la mayoría de los cristianos.

 

Que el ex general cristiano Michel Aoun se haya aliado con Hezbolá tiene su propia historia. La más reciente afirmación indignante de Aoun se produjo la semana pasada, cuando dijo que el general Wissam al-Hassan –ex jefe de inteligencia libanés– tuvo la culpa de haber sido asesinado porque su propia seguridad lo abandonó.

 

De mucha mayor preocupación para el país, y para muchos en el gobierno del que también Hezbolá forma parte, fue el avión no tripulado que el movimiento envió sobre Israel y que fue derribado luego de volar cientos de kilómetros. Hezbolá afirmó que fue construido con partes iraníes ensambladas en Líbano, y que tomó fotografías de Israel antes de su destrucción –lo cual podría ser cierto–, pero el incidente representó un serio agravamiento de tensiones entre Líbano e Israel. El gobierno libanés no puede esperar que Naciones Unidas escuche sus quejas de vuelos diarios israelíes sobre su territorio cuando, sin su permiso, Hezbolá realiza sobrevuelos de inteligencia desde el valle de Bekaa.


Hace más de un año, Hezbolá envió otro drone sobre Galilea y logró regresarlo ileso al Bekaa, luego de hacerlo volar sobre el supuestamente ultrasecreto puesto de escucha israelí en las montañas al este de Haifa. El artefacto más reciente fue un mensaje de Irán: ataquen instalaciones nucleares iraníes y los drones de Hezbolá pueden atacar a Israel.

 

Los propios isralíes creen que, si estallara otra guerra con Hezbolá, combatientes libaneses buscarían entrar a Israel por la costa y avanzar hacia el sur por territorio soberano israelí, más para obtener una victoria simbólica que como un verdadero intento de “liberar a Palestina”.

 

Pero Hezbolá enfrenta problemas. Ahora que el rial iraní está en caída libre, sus ingresos procedentes de Teherán deben de estar disminuyendo. Cuatro de sus funcionarios de alto nivel han sido acusados por el tribunal internacional de participar en el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005. Existen serias dudas sobre esas órdenes de aprehensión, pero el líder Nasrallah ha dejado en claro que esos hombres no comparecerán ante la corte, arrogándose facultades gubernamentales de las cuales carece legalmente. De hecho, algunos discursos recientes de Nasrallah han mostrado un tono sospechosamente presidencial.

 

Desde que los grupos de oposición 14 de Marzo de musulmanes sunitas y cristianos se han reactivado para colaborar en pláticas con el gobierno, a raíz del asesinato del general al-Hassan –quien era buen amigo de Hariri y enemigo de Siria–, sobre la base de que el gobierno libanés prosirio tiene responsabilidad por la muerte del general, casi todas las funciones del Ejecutivo en Beirut se han detenido. Por desgracia para la oposición, su líder principal –Saad, el hijo de Hariri– languidece entre París y Arabia Saudita, temiendo, acaso no sin razón, que pueda terminar tan muerto como el general.

 

Esto no causa daño a Hezbolá, pero el futuro no le luce favorable. Si el régimen de Assad se derrumba y es remplazado por un poder sunita de estilo islamita en Damasco, entonces Hezbolá quedará solo en Levante, con más de 800 kilómetros de piedra y arena hostiles, sirias e israelíes, entre Líbano y la frontera iraní.

 

Si el apoyo a los rebeldes sirios es el intento de Occidente de destruir al único aliado árabe de Irán, entonces Hezbolá quedará solo e Israel estará encantado. Al igual que Washington. A menos, claro, que Bashar Assad sobreviva.

 

Traducción: Jorge Anaya

Publicado enInternacional