Activa China el sistema de navegación por satélite BeiDou-3, su alternativa al GPS

China activó este 31 de julio su propio sistema de navegación por satélite, conocido como BeiDou-3 (BDS-3), que supondrá una alternativa al GPS estadounidense y al GLONASS ruso.

Esto ha sido posible después de que fuera lanzado la semana pasada el último satélite necesario para el funcionamiento de todo el sistema. El evento, celebrado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, contó con la presencia del presidente Xi Jinping.

“El BDS es el resultado de los esfuerzos de un ejército de trabajadores, movilizados por el partido y la nación, el trabajo duro de cientos de miles de ingenieros en todas las áreas y el soporte firme del público”, declaró el diseñador jefe del proyecto, Yang Changfeng.

Son tres subsistemas que componen el BDS, que funcionan a través de 55 satélites en la órbita terrestre. El primero de ellos, el BeiDou-1 fue completado en 2000, mientras que el segundo fue lanzado en 2012.

Este ambicioso proyecto, que tomó unos 20 años en ser completado, tiene por objetivo competir directamente con el GPS y reemplazarlo por el BDS en el país asiático. De tal modo, se planea disminuir la dependencia de las tecnologías de Estados Unidos.

31 julio 2020

(Con información de Sputnik)

Mayoría de asesinatos de ambientalistas en 2019 se registraron en América Latina: Global Witness

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios, señala Rachel Cox, de Gobal Witness. «Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice, refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. «Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

  1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos, víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras.

  1. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People’s Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la «recuperación económica tras la crisis del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas, catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

  1. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está «alentando activamente la violencia» contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

  1. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año. Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón y gas.

  1. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una represa en su región.

«Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y «grupos criminales que quieren quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó 1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018. 

 

Aencias

29 julio 2020

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Protesta frente al capitolio por cancelación del DACA. EU perdió a su juventud: el sustento de un país está desacreditado en la nueva generación.Foto Ap

Antes de la volcánica explosión generalizada, expuse la rebelión de la “Generación Y ( millennials)”y la “Generación Z ( centennials)” en EU (https://bit.ly/2D2OXTN) cuando “50 por ciento de los millennials y 51 por ciento de la Generación Z sienten que el sistema económico de EU ha trabajado en su contra” con una “colosal deuda universitaria de los millennials: ¡1.6 millones de millones de dólares!” ( https://bit.ly/3fboPnI ) cuando EU se encuentra inundado por sus deudas al consumo (https://bit.ly/37pIu0l).

El futuro ya alcanzó a EU: “la verdadera revolución demográfica será implosiva con el ascenso de los centennials (Generación Z) hispánicos (sic) de EU y su promedio asombroso de 11 años de edad” (https://bit.ly/2MUSAgy).

Pew Research expone la identidad generacional de los contestatarios ( https://pewrsr.ch/3eSvx1d ): 40 por ciento son blancos (sic), primordialmente demócratas y menores de 30 años de edad: los millennials (https://bit.ly/2E75FlH).

Según Pew Research, los jóvenes adultos y demócratas asistieron a una protesta el pasado mes: blancos 46 por ciento; latinos 22, afros 17 y asiáticos 8 por ciento. Los latinos vienen en segundo lugar después de los blancos y antes que los afros cuando 79 por ciento es proclive a los demócratas y 17 por ciento lo es a los republicanos. De 18 a 29 años, es decir, los millennials, asistió 41 por ciento; de 20 a 49 años, 38 por ciento y de 50 a 54 años 15 por ciento.

Destaca que la protesta sea casi igual de las zonas urbanas (41 por ciento) y las suburbanas (42) frente a 17 de la zona rural (el área que vota por Trump). La elección se jugará en el área suburbana, donde vive la mayor parte de las minorías.

En su artículo de corte escatológico, Paul Craig Roberts, anterior secretario asistente del Tesoro con Reagan, juzga que EU cesó de existir (sic) hace varias décadas cuando “solamente la fuerza fundacional del país (…) preservó la imagen viva de un país funcional”, en clara alusión a la demolición iconoclasta de los iconos de los padres fundadores de la independencia de EU, lo cual atribuye al autodio (sic) de las élites liberales (sic) blancas (sic) que dominan la educación, los multimedia y el gobierno.

Paul Craig Roberts recuerda su artículo de hace 15 meses: La cultura occidental (sic) murió de una muerte políticamente correcta (https://bit.ly/2ZVO6xz).

Se lamenta que la iconoclastia no está únicamente limitada al sur –la otrora confederación secesionista–, sino que rebasa a los Padres Fundadores para alcanzar a la Constitución y al emblema nacional, definidos como racistas.

Lo más relevante de su canto de cisne es la admisión de que EU perdió a su juventud: el sustento de un país está desacreditado en la nueva generación (https://bit.ly/2CVvAfu).

¿Cómo puede tener presente, no se diga futuro, un país que desdeñó a sus millennials y desprecia el futuro de sus centennials cuando lo único que le importa es enriquecer a su parasitaria plutocracia misántropa?

Paul Craig Roberts concluye con un epitafio sonoro: es muy tarde para hacer algo.La pregunta es: ¿quién sobrevivirá? No serán los blancos.

En efecto, la dinámica demográfica juega en contra de los axiomas fundacionales del Partido Republicano a quien, a mi juicio, le queda como último recurso la balcanización de los WASP (blancos, protestantes , anglosajones), hoy aliados a los evangelistas sionistas de la dupla de los Mike (Pence y Pompeo), para crear su República Blanca, quizá en alianza con un segmento de los latinos.

Paul Craig Roberts no cita para nada al movimiento antisionista de los Black Lives Matter (BLM) y al grupo Antifa que supuestamente encabezan la revuelta como epifenómeno, cuando la participación de los millennials blancos ha sido de mayor calado en la profundidad de las aguas turbulentas.

Lo peor en una guerra civil/guerra de clases/guerra cultural es tomar partido desde afuera cuando EU parece estar herido de muerte entre dos cosmogonías incompatibles: delicada situación que no será resuelta por quien fuere el vencedor de la elección presidencial en menos de cuatro meses.

¿Está preparado México a todas las eventualidades que le afectarán irremediablemente?

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¿Brasil se prepara para una guerra en Sudamérica?

Ha ingresado al Parlamento la nueva Política Nacional de Defensa, un documento de 21 páginas que promueve un viraje militar de Brasil hacia la región y asegura que Sudamérica dejó de ser un "área libre" de conflictos y apunta la posibilidad de "tensiones y crisis" que pueden llevar al país a movilizar sus FFAA para defender la Amazonía.

La noticia partió del diario conservador O Estado de Sao Paulo, y destaca que el documento define tanto la Amazonía como las reservas de petróleo off shore, en la plataforma continental en el Atlántico Sur, como sus prioridades estratégicas. Lo más grave es que el documento apunta directamente a Venezuela, sin nombrarla.

"No se pueden ignorar las tensiones y las crisis en el entorno estratégico, con posibles consecuencias para Brasil, de modo que pueda estar motivado para contribuir a la solución de posibles controversias o incluso para defender sus intereses", puede leerse en la PND según el diario.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a la revisión de la PND diciendo que Brasil corre el riesgo de ser empujado a una guerra contra Venezuela para servir los intereses económicos y geopolíticos de EEUU. Agregó que su Gobierno se empeñó en que la PND y la Estrategia Nacional de Defensa (END) sean "instrumentos de paz, soberanía y desarrollo autónomo".

"Es alarmante darse cuenta de que las viejas teorías sobre rivalidades con los vecinos están resucitando y que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos", señaló el expresidente.

El punto central de su análisis, compartido por analistas y periodistas, es la denuncia de la creciente sumisión del presidente Jair Bolsonaro y de los militares que lo rodean a EEUU, que se traduce en una "alineación automática" de Brasilia con Washington.

El ex alcalde de Sao Paulo y candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, se pregunta si "el contribuyente brasileño va a pagar por una guerra que no es nuestra contra un vecino que nunca representó una amenaza para la soberanía brasileña".

La presión de los militares en el Gobierno puede haber sido decisiva en esta inflexión. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, en 2018 había 2.765 militares en cargos civiles en el Gobierno federal. En 2019, primer año de Bolsonaro, el número llegó a 3.515. Ya en 2020 alcanzó la astronómica cifra de 6.157, lo que representa un crecimiento de la presencia militar del 122% en sólo tres años.

El diario Folha de Sao Paulo hizo un estudio de largo plazo, que concluye que la presencia militar en el Gobierno se duplicó en los últimos 20 años. Ahora los militares tienen presencia en 18 órganos de gobierno, incluyendo Salud, Economía y Educación.

Por el contrario, desde mediados de la década de 1990 hasta 2016, la presencia militar estaba restringida al Ministerio de Defensa, a la vicepresidencia y al gabinete de Seguridad Institucional que se encarga de la seguridad del presidente. Durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, el Mnisterio de Defensa fue dirigido siempre por un civil.

En Brasil se manejan tres tipos de documentos respecto a la política militar:

  • La Política Nacional de Defensa establece los objetivos nacionales y las tareas a llevar adelante en la región;
  • La Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 bajo el mando de Lula y un equipo de intelectuales, define las directrices y la forma de actuación para conseguir los objetivos;
  • El Libro Blanco, finalmente, informa a la opinión pública la situación de la Defensa.

La PND también pide un incremento de los presupuestos de Defensa, que deberían llegar al 2% del PIB, frente al 1,3% actual, que incluyen gastos del personal no activo, como reserva y jubilados. Durante el primer año de Bolsonaro, el sector militar fue el que más expandió los gastos federales, a pesar de lo cual varios programas están retrasados, como la construcción de submarinos.

Un factor adicional que resulta tan preocupante como las mencionadas "tensiones y crisis" en la región, consiste en la mención de "actores exóticos" peligrosos para Brasil, en obvia referencia a China que es el principal sostén del régimen venezolano y además está en el ojo de la Casa Blanca y del Pentágono.

Según el periodista Igor Gielow, especialista en geopolítica y asuntos militares y colaborador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, la presencia de China en América del Sur "entró oficialmente en el radar militar brasileño" a instancias de Washington.

Es posible que el ex canciller y ex ministro de Defensa de Lula, Celso Amorim, haya acertado al decir que las Fuerzas Armadas viven un proceso de "desmoralización" como consecuencia de su alineamiento con Bolsonaro. En su opinión, los militares fueron "demasiado lejos" al ingresar de forma masiva en el Gobierno, para concluir que están siendo contaminadas por el bolsonarismo y apartarse de la política para cumplir su papel institucional.

Al ser la primera vez que la Política Nacional de Defensa se aparta de sus anteriores ediciones desde 1999, que aseguraban que no existía riesgo de conflictos en la región, Amorim considera "grave" el viraje en curso. "Es un pasaporte para la intervención militar, cambia estructuralmente la idea de la estrategia nacional de defensa en relación a América del Sur que siempre fue de disuasión hacia fuera y cooperación hacia adentro".

A mi modo de ver, no se debe interpretar la omnipresencia militar en el Gobierno, así como la sumisión a EEUU, con las concepciones clásicas sobre democracia y soberanía nacional. Desde el punto de vista tradicional, lo que sucede en Brasil sería una desviación anti-democrática y anti-nacional.

Pero el tema es otro. En momentos de declive del sistema mundial, de creciente caos geopolítico y social que se prolongará por décadas, las Fuerzas Armadas se erigen como garantes del Estado. En esa tarea no importan ni los derechos humanos, ni los derechos democráticos. Quedan suspendidos. Lo único importante, en esta mentalidad, es mantener aferrado el timón del control estatal. Para esa tarea, las Fuerzas Armadas y policiales son las más adecuadas.

17:07 GMT 24.07.2020URL corto

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El misterioso Acuerdo Estratégico para 25 años entre China e Irán

"Hemos escuchado que quieren firmar un nuevo acuerdo de 25 años con un país extranjero, a espaldas del pueblo". Con esta frase rebosante de sospechas, un resucitado expresidente Mahmud Ahmadinejad provocó la semana pasada un terremoto político en Irán que ha puesto en jaque hasta al jefe del Estado, el Ayatolá Jamenei, responsable máximo de la política exterior de la República Islámica (RI).

Ahmadinejad, que sueña con ganar las elecciones presidenciales de 2021, se refiere a un documento secreto que la RI ha firmado con China para los próximos 25 años, oculto incluso al parlamento, donde entran sólo los fieles al Ayatolá. Mientras, el Gobierno alega que se trata de un "borrador y no acuerdo" y jura que lo publicado en diferentes periódicos extranjeros sobre el contenido del texto es falso: dice que la gigantesca inversión china en Irán no es a cambio de convertirse en una colonia de China; que no habrá un desembarco de 5.000 efectivos chinos en Irán para proteger sus proyectos; ni tampoco se arrendará a China las islas iraníes en el Golfo Pérsico, ni tampoco se otorgará al gigante chino el monopolio de la compra del petróleo iraní y a precios muy bajos.

"Esos ajund (término despectivo para referirse al clérigo), con tal de permanecer en el poder, están dispuestos a vender a Irán a los chinos" es la frase más bonita que los iraníes, muy sensibles a lo que refiere a su milenaria tierra, están dedicando a la RI, cuyo líderes presumen de su identidad "islámica" por encima de la "iraní" y sueñan con instalar un "imperio chiita". A China, también le acusan del intento de apuntalar a una RI en sus momentos más bajos y de cometer el mismo error que cometió cuando el sucesor de Mao, Hua Guofeng, visitó Irán en 1978 para apretar la mano del Sha, un dictador sanguinario que meses después era derrocado. Cierto que China no suele crear Estado vasallos, pero tampoco se destaca por tener análisis acertados en su política exterior.

¿Qué contiene el acuerdo?

Por lo publicado por The New York Times, The Asia Times y otros diarios extranjeros, la "versión final" del acuerdo de 18 páginas, fechada el 21 de mayo, estipula que China:

. En el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (IFRS), China invertirá en Irán en los próximos 25 años entre 120.000 y 400.000 millones de dólares en un centenar de proyectos que incluyen los campos de energía (gas y petróleo), tecnología, infraestructura (aeropuertos, presas, puertos) y transporte (trenes de alta velocidad y metro).

. Construirá una carretera de 2.300 kilómetros que uniría Teherán con Urumqi en Xinjiang, conectando con el puerto pakistaní de Gwadar en el Mar arábigo, como una ruta alternativa al estrecho de Malaca.

. Unirá con ferrocarriles a Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán con Irán, para alcanzar Europa pasando por Turquía.

. Recibirá trato de favor en las licitaciones de los nuevos proyectos de gas y petróleo iraníes y recibirá un descuento mínimo garantizado de 12% .

. Instalará en Irán empresas manufactureras, utilizando la mano de obra barata iraní, para luego enviar los productos a los mercados europeos, a través de los enlaces que va a crear en Irán, desde las islas del Golfo Pérsico hasta la frontera con Turquía.

. Se le dará el derecho a retrasar el pago de sus deudas hasta en dos años, y luego abonarlas en yuanes o monedas que no serán ni euro ni dólar.

. Habrá cooperación militar: entrenamientos, intercambio de inteligencia en materia antiterrorista, y el uso de las bases militares iraníes por China (que no viceversa) y el despliegue de las capacidades de guerra electrónica (EW).

. Dará a Irán el acceso al GPS chino y construir infraestructura para el despliegue de 5G.

Estos y otros puntos del texto que le aleja de un contrato vinculante, se parecen más a una lista de deseos de la RI, además por surrealistas, como lo es el apartado militar, y después de lo que pasó con la Asociación estratégica ruso-iraní": desapareció antes de nacer.

La idea de una Asociación Estratégica Integral fue planteada durante la visita del presidente Xi Jinping a Teherán en 2016, después de la firma del acuerdo nuclear de los 5+1 con Irán, el levantamiento (parcial) de las sanciones, y unos 10 meses antes de la presidencia de Donald Trump. Entonces, la RI no mostró interés hacia China, intentando atraer la inversión de las compañías occidentales a Irán. La reactivación de las sanciones por Trump (por las presiones ejercidas desde Israel y Arabia Saudí) mostró que el gobierno islamista tampoco conoce su lugar en la región y en el mundo: ahora ni las empresas chinas y rusas querían trabajar en Irán, por el temor a las represalias de Washington.

A pocos meses de las elecciones presidenciales de EEUU y la probabilidad de la expulsión de Trump del poder, y la promesa de Joe Biden de regresar al acuerdo nuclear y levantar las sanciones contra Irán, China -también acosada y cercada por EEUU-, regresa a Irán, con la ilusión de:

. Utilizar la "carta de Irán" en sus negociaciones con EEUU.

. Acceder a las inmensas reservas de gas y petróleo iraní y disminuir su dependencia al petróleo ruso y saudí.

. Reducir drásticamente el tiempo de transporte de sus mercancías a Oriente Próximo, Asia Central y Europa, burlando el cerco Indo-Pacífico de EEUU.

. Entrar, casi de forma exclusiva, en el mercado iraní de 80 millones de habitantes, y a otros 4.600 millones de personas de habitantes de Eurasia.

Por su parte, Teherán así demuestra sus opciones a la Unión Europea -, pasiva y sin una política exterior independiente de EEUU.

¿Qué dice la oposición?

Todos los partidos políticos iraníes, desde el exilio, han expresado su preocupación por la opacidad de la RI:

. El partido Tudeh, comunista, mientras espera la versión oficial para dar su opinión, afirma que la defensa de los intereses del pueblo iraní está por encima de cualquier otra consideración (geopolítica), y apunta a la naturaleza del totalitarismo medieval-religioso gobernante, la falta de cualquier control sobre el poder, la monumental corrupción, y las políticas anti-iraníes del régimen en favor de sus ambiciones islamistas, para plantear la pregunta de si este sistema tiene voluntad y capacidad de defender los intereses de la nación iraní. De hecho, la RI perdió buena parte de los derechos de Irán sobre el Mar caspio tras el fin de la URSS, firmando sin más el reparto que Vladimir Putin le puso delante.

. "Si es un acuerdo beneficioso para el pueblo ¿Por qué lo ocultan?", pregunta el Partido de Izquierda de Irán (fedaínes del pueblo) que acusa a la RI de tener la intención de transferir la mayoría de las áreas económicas del país a otro gobierno, cuando Irán necesita tener relaciones equilibradas con todos los países del mundo.

. El Frente Nacional (Chebheye Mel.li),el partido del mítico Doctor Mosaddeq, compara el acuerdo con la firma de los tratados de Golestán (1813) y Turkmenchay (1828) con la Rusia zarista, por los que los mandatarios incompetentes iraníes perdieron dos guerras y cerca de 250.000 kilómetros del territorio del país (los actuales Georgia, Azerbaiyán, Armenia), le otorgaron un trato preferencial para sus exportaciones en los artículos no competitivas en los mercados europeos, y le cedieron los derechos de Irán sobre el Mar Capsio, a cambio de que Moscú apoyase al odiado príncipe heredero Abbas Mirza Qayar. La ira de los iraníes se desató: asaltaron la embajada rusa en Teherán el 11 de febrero de 1829, matando a todos los funcionarios, incluido al embajador Aleksandr Griboyédov. Así nacieron los sentimientos "anti-rusos" en Irán , explotados hábilmente por los regímenes del Sha y de los islamistas contra la Unión Soviética, cuando fue justamente Lenin quien en 1917 abolió el Turkmenchay. Los mosaddequistas piden un referéndum controlado por los observadores internacionales para que los ciudadanos iraníes decidan al respecto.

. El expríncipe Reza Pahlavi tacha el acuerdo de "vergonzoso" por "colocar a los soldados extranjeros en nuestro suelo". No se acuerda que su padre, El Sha, hospedó a cientos de militares de EEUU en el territorio iraní. Es más, la delicada posición geográfica de Irán también forzó al Sha a buscar equilibrios: firmó en 1965 con la Unión Soviética la construcción de la primera fábrica siderúrgica de Irán en Isfahán y la de Maquinaria pesada de Arak a cambio del gas iraní.

Firmar este tipo de acuerdos por China no es nada extraño: lo hizo con Pakistán en 2018 por el valor de 62.000 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de comercio, inversión, energía e infraestructura. En 2014, también puso su autógrafo a un "acuerdo estratégico", de 20 años con Iraq -colonia político-militar de EEUU-, por lo que Bagdad exportaría 100 mil barriles de crudo a China a cambio de la construcción de infraestructura. Sin embargo, cuando en 2016 EEUU introdujo al Estado Islámico en Iraq desde Siria, aquel proyecto se congeló.

Además de los iraníes, se oponen al pacto, obviamente EEUU, Israel (que sufrió las mismas olas de protesta cuando en 2018 Shanghai International Port Group –SIPG– consiguió la gestión del puerto de Hifa), y los países árabes, pero también la India, país "hermano" de Irán, enemigo de China, porque:

. El acuerdo amplía el acceso de China al Océano Índico.

. Pone fuera del juego a Nueva Delhi, que iba a invertir en el estratégico puerto de Chabahar, el único puerto oceánico de Irán, situado en el Océano Índico, y el acceso más cercano a las aguas abiertas para países sin litoral de Asia Central; también iba a desembolsar dinero en el desarrollo del campo de gas Farzad-B. Teherán está muy molesto que el país que un día fue "no alineado", dejara de comparar el petróleo iraní, contribuyendo a la grave crisis económica que padece. Este acuerdo sería el segundo gran golpe a Modi por su "alineación" con Trump: el otro, fue la entrega de Afganistán a Pakistán por el presidente de EEUU.

El punto común de la mayoría de las críticas es que "alargará la vida de la RI", pensando que las sanciones de EEUU sobre una población desesperada acabaría con el régimen: Los 12 años del embargo criminal del Consejo de Seguridad sobre el pueblo iraquí (1991-2003) no terminaron con Saddam: las revoluciones no las hacen los moribundos, y la igual que en Iraq, el objetivo de estas sanciones es la nación iraní que no a la RI. Los bazaríes, la burguesía comercial, instalada en el poder desde 1978, ha hecho su agosto con las sanciones de EEUU, importando de China y Turquía incluso aquellos productos que el propio Irán fabricaba, forzando a miles de talleres a cerrar y enviar a millones de trabajadores a la miseria: ¡Importan hasta la alfombrilla para rezar y la tela para el velo!

¿Llegará a materializarse?

Una cosa es agitar un documento "estratégico" y otra es poder ponerlo en marcha.

. Este acuerdo sufre el resultado de un siglo de propaganda anticomunista de los Pahlavi y los islamistas, creando en los ciudadanos una desconfianza irracional hacia Oriente, representado por China y Rusia, y una pasión por Occidente.

. Esta región es el lugar del pulso entre las potencias mundiales y regionales, y este tipo de proyectos son demasiado irrealistas para que cumplan sus objetivos.

. Las incursiones militares de Israel-EEUU contra Irán en la región y ahora también en el propio suelo iraní, que le convierten en un lugar inseguro para invertir.

. Las sanciones de EEUU que afectan a la tecnológica Made in USA que China utiliza en sus proyectos. En 2019, china abandonó las obras del campo de gas de Pars Sur, el más grande del mundo, por las amenazas de Washington.

. Además de un entorno favorable, Irán necesita un cambio político que invite la participación libre de las empresas, y no como ahora que una élite militar (al igual que en Pakistán y Egipto) ha monopolizado la totalidad de la economía y fuera de cualquier control popular. Para más inri, Irán representa el principal país del mundo en fuga de capital humano y de cerebros.

. La economía iraní que, al igual que en la era Pahlavi sigue fuertemente dependiente de la renta del petróleo, y esta renta está al servicio de la clase gobernante y su militarismo. El mencionado acuerdo, por la estructura del poder y un neoliberalismo presentado "economía islámica", encaja dentro del llamado circulo vicio del "desarrollo del subdesarrollo".

Irán se equivocó en 2016 al pensar que China por sus intereses estratégicos en Irán, asumiría los riesgos en su relación con EEUU. Beijing votó en favor de las seis resoluciones en el Consejo de Seguridad contra Irán por su programa nuclear, y se ha negado, a pesar de la insistencia de Rusia, a dimitirle como miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái.

. La profunda desigualdad entre los perfiles de ambos países, está descartada la fórmula "ganar-ganar". La RI no está en condiciones de conseguir un acuerdo justo: pasó lo mismo con el opaco acuerdo nuclear con los 5+1, que tuvo más sombras que luces para Irán (aun sin ser publicado oficialmente), y al final Irán perdió por goleada.

. Si Biden ocupa la Casa Blanca, EEUU regresará al acuerdo nuclear y levantará las sanciones, lo cual significa la reanudación de las relaciones comerciales de EEUU este país y la UE con Irán. ¿En qué quedará, entonces, el acuerdo con China? El actual parlamento, -francófilo y anglófilo-, pondrá pegas al acuerdo si consigue reactivar la alianza con los occidentales. De hecho, ha sido un diputado, Mahmud Ahmadi, quien reveló que el acuerdo incluye la cesión de "todas las islas iraníes a China".

. No se descarta que este sea una maniobra de la RI para presionar a un desesperado Trump que busca un logro en su política exterior: le da la oportunidad de firmar un nuevo acuerdo nuclear y levantar las sanciones, antes de las elecciones de noviembre; a pesar del asesinato de Soleimani, que fue una puñalada por la espalda a la RI, y puso fin a la discreta cooperación de ambos países en Siria, Irak y Afganistán, la RI sigue buscando fórmulas para una "coexistencia Pacífica" con EEUU.

24 julio 2020

Publicado enInternacional
Jueves, 23 Julio 2020 06:30

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

 

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia. El texto de la Carta es el siguiente:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.

 Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.

 Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

  • • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.
  • • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico”.

[La Carta es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]

Como Comunidad de Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de quienes pensamos diferente en este país.

                                             Comunidad de Paz San José de Apartadó

                                                                  Julio 20 de 2020  

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Fuente: ‘Territorios vigilados’ de Telma Luzzani. Diseño: Alejandro Acosta Hechavarría / Granma.

En los últimos años hemos visto cómo se integra cada vez más el ejército estadounidense en las estructuras militares de América Latina y el Caribe. Las operaciones multinacionales en la región son apenas la punta del iceberg, que raya en el espectáculo, de una organización transnacional cuyo epicentro se encuentra en las oficinas del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos.

Uno de los 10 comandos del ejército estadounidense, el llamado Comando Sur, está encargado de preservar militarmente los intereses de la Unión y de las diferentes industrias y grupos de poder que controlan el aparato político-económico-cultural del angloimperio en lo que en Washington consideran el “patio trasero” de Norteamérica.

Sudamérica, bajo el dominio de la dependencia estadounidense, ha sido un territorio para el reposicionamiento de Estados Unidos en su despliegue militar unilateral, con más de 70 bases en los países de la región, siendo Panamá (con 12) y Colombia (con 9) los que mayor cantidad tienen. Sin bases no hay imperio.

La integración del ejército estadounidense a las estructurales militares de algunos estados en Sudamérica a través del Comando Sur se profundiza, al punto de que algunos ejércitos nacionales parecen prestos a abandonar cualquier resquicio de soberanía e independencia de sus bases fundamentales.

Lo confirma la visita del magnate presidente Donald Trump a los cuarteles generales del Comando Sur en Doral, estado de Florida, acompañado por el secretario de Defensa, Mark Esper, en donde se le dio un balance oficial de la supuesta “lucha contra las drogas” en la región.

En su participación ante Trump, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, decidió presentar a dos altos oficiales sudamericanos, uno colombiano y otro brasileño, señalándolos de empleados directos de su oficina castrense: “Trabajan para mí”.

Colombia, lo sabemos, se ha sumergido en la dependencia militar estadounidense, prestando y adjudicando territorios y bases locales a los altos oficiales de Estados Unidos para su despliegue y apresto operacional. Además, es socio global de la OTAN, la principal alianza mundial militar liderada por el Pentágono, lo que el Comando Sur en su postura de este año felicita ya que la nación latinocaribeña, junto con Brasil y Chile, “continúan aumentando sus contribuciones a la seguridad global”.

Aparte de asistir de primera mano al Comando Sur en su “lucha contra el narcotráfico”, el ejército colombiano también aporta asistencia a seis países de Centroamérica en el marco de un plan de educación militar y policial redactado por el Pentágono.

Por otro lado está Brasil, cuyo ejército, desde que llegó la derecha y extrema derecha al poder con Michel Temer vía golpe y luego Jair Bolsonaro a través de las urnas, ha decidido trabajar de cerca con los estadounidenses, al punto de unirse, junto a Colombia y Perú, el Grupo de Trabajo Aéreo-Terrestre Marino del Cuerpo de Infantería de la Marina liderada por oficiales del Pentágono, que operan en todo el hemisferio.

Esos mismos países sudamericanos forman parte de las misiones del USS Comfort, el buque hospital militar insignia de Estados Unidos en la región.

“Recientemente designado como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y el socio más nuevo en el Programa de Asociación Estatal (SPP), trabajamos en estrecha colaboración con Brasil en una gama de misiones prioritarias”, dice el Comando Sur en la declaración de postura 2020.

En ese mismo documento destaca que el Comando Sur junto con Brasil están en la vanguardia regional “para exponer actividades maliciosas por parte de partidarios de grupos terroristas como el Hezbollah libanés”, al lado de Chile, Argentina y Paraguay.

El mismo Jair Bolsonaro ofreció una base militar a Trump el año pasado. La Base de Alcántara podría pasar a manos estadounidenses. De esta manera Brasil pasaría a formar parte de la confirmación de hegemonía en la región y en un país con alcances geopolíticos, aunque malogrados por Bolsonaro, en los BRICS.

Estados Unidos autoriza a Brasil y a Colombia usar cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tengan partes tecnológicas desarrolladas por su complejo industrial-militar. En sus contratos existen cláusulas que protegen la tecnología estadounidense y establecen normas para los técnicos brasileños y colombianos respectivamente en cuanto al uso de las bases y a la circulación en su perímetro. Colombia y Brasil ya han sido invadidos y conquistados por esa parte del capital monopolista que encuentra su negocio en la guerra y carrera armamentística.

Por esa misma condición es que son descritos como subalternos que trabajan personalmente para uno de los representantes clave del complejo industrial-militar bajo el uniforme de jefe del Comando Sur.

Aquello no se entiende sin la dimensión geopolítica que significa el ascenso global de China y su Iniciativa del Cinturón y la Ruta en América Latina más la alianza estratégica de Rusia con Venezuela y otros países anti-imperialistas y bloqueados por Washington, una dimensión que funge de alternativa a la unilateralidad militarista de Estados Unidos.

El cerco del Comando Sur sobre nuestros países es la otra cara de la moneda que domina la doctrina militar estadounidense, como amenaza sobre los estados aún soberanos que quedan en la región y como muestra de fuerza ante el bloque emergente anti-hegemónico. En ese marco, Brasil y Colombia son dos factores que el Pentágono prefiere de lacayos que asumidos soberanos.

22 julio 2020

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El presidente sirio Bashar al-Assad y su esposa Asma se registran para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias. / Europa Press

Tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, y cuyos resultado no tendrán ninguna incidencia, Siria vuelve a la realidad cotidiana de las sanciones internacionales. Estos días se cumplen veinte años del ascenso al poder de Bashar al Asad, y tras casi una década de guerra civil, nadie alberga ninguna esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

 

Veinte años después de su ascenso al poder, el presidente Bashar al Asad participó el domingo a unas nuevas elecciones parlamentarias, las terceras desde el inicio del conflicto en 2011, elecciones que lo ratifican al mando de Siria pese a la enorme presión y las innumerables sanciones de Estados Unidos, Israel y la comunidad occidental en general. 

En el verano de 2000, a la edad de 34 años, Asad, un oftalmólogo educado en el Reino Unido, alcanzó el poder tras la muerte de su padre Hafez al Asad. Él mismo declaró entonces que planeaba liberalizar hasta cierto punto la política y la economía, pero enseguida tuvo que dar marcha atrás y consolidar la autocracia que heredó.

Un país como Siria, de una enorme complejidad étnica y religiosa, es casi ingobernable. Una liberalización de la política habría entregado el poder a islamistas de todo pelaje y condición, y habría sido un paso importante en la dirección de una cruenta guerra civil.

A los visionarios americanos que azuzaron el caos en Oriente Próximo obedeciendo a los intereses y consignas de Israel, no les importaba un rábano esa posibilidad, como demostraron en Irak. No es de extrañar que el último embajador americano en Damasco, Robert Ford (2010-2014), recorriera el país excitando a la población para que se rebelará contra Asad. Las consecuencias llegaron pronto y son las que todos conocemos.

A día de hoy está claro que no hay ni nunca ha habido libertad política en Siria y que eso debe achacarse básicamente a las ambiciones de las fuerzas islamistas de crear un estado islámico mucho más sectario que el de Asad, ambiciones que el gobierno ha reprimido sin contemplaciones para poder subsistir. Ciertamente, el gobierno de Asad no es el ideal, pero las alternativas que se ofrecen fácilmente podrían ser mucho peor.

Las cárceles siempre han estado llenas de islamistas. En los ochenta los islamistas echaban ácido en la cara de las jóvenes que no se cubrían el rostro, y cometían toda suerte de atentados. La matanza de Hama en 1982, ejecutada por el tío de Asad, fue el momento más álgido de la represión. Hoy Rifaat al Asad, el más proamericano del régimen, en su dorado exilio europeo, contrata abogados israelíes vinculados al gobierno de Benjamín Netanyahu para defenderse de los cargos de corrupción, según ha recogido la prensa hebrea esta semana con nombres y apellidos y sin que los interesados lo hayan desmentido.

El lector puede hacerse una idea de las cárceles sirias leyendo El caparazón. Su autor, Mustafa Khalifa, es un cristiano que por error fue encarcelado en la notoria prisión de Tadmor, especializada en islamistas. Khalifa cuenta sin cortarse un pelo sus experiencias hasta que años después, descubierto el error, fue trasladado a una prisión para no islamistas, donde había desde disidentes comunistas hasta liberales que vivían en unas condiciones más relajadas que los presos de cualquier prisión europea, con sus juergas, buena vida y alcohol incluidos.

Naturalmente, hay grupos liberales, especialmente en Occidente, pero también dentro de Siria, que aunque son minúsculos piensan que todo sería mucho mejor si se descabalgara a Asad. Las cosas irían de rositas y todos seríamos felices y comeríamos perdices. En esta gente han encontrado una excusa los gobiernos occidentales para implicarse directamente en el conflicto. Por eso muchos países occidentales y de la región han apoyado a los yihadistas más radicales que rebanaban cuellos con armas, dinero y logística, para acabar con el gobierno de Damasco.

Pero la realidad ha sido tozuda. Cuando empezaron las injerencias occidentales tras las llamadas primaveras árabes, algunas voces locales poco sospechosas de radicalismo ya advirtieron que lo que se estaba cociendo era un colosal error, pero nadie les hizo caso. Una de esas voces, la del patriarca maronita (católico) de Líbano, Bishara al Rai, puso el grito en el cielo a causa de la brutal injerencia que ponía en peligro la estabilidad y la convivencia logradas a través de los siglos, en Siria, en Irak y más allá. Nadie lo escuchó.

Las potencias regaron con armas y dólares a la "oposición moderada", es decir a grupos presuntamente liberales cuyos miembros podían contarse con los dedos de una o dos manos, y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. Pero también regaron de armas a grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda que rebanaban cuellos y que eran la verdadera "oposición". Residuos importantes de estos grupos perviven en la provincia de Idlib sin que nadie los combata.

En la tesitura actual, Asad no tiene más remedio que aferrarse al poder. Al principio, cuando estallaron las revueltas, muchos creían que iba a poner tierra por medio y se iba a apartar, y que el país descendería al caos. El caos llegó de todas maneras impulsado por dirigentes extranjeros, y ahora hay que aceptar la nueva realidad y no seguir soñando con lo que sería lo ideal, como hacen los cuatro liberales que quedan.

El problema es que Occidente no va a aceptar la realidad, como no la aceptó en Irak o Afganistán, como no la acepta estos días en Libia ni en otras partes. En lugar de influir en la región de una manera positiva, los europeos se mantienen al margen cuando se les necesita o participan en los conflictos persiguiendo ideales irrealizables o intereses económicos, principalmente venta de armas. Las duras sanciones impuestas harán la vida mucho más difícil para la población siria en general y no resolverán ningún problema.

JERUSALÉN

21/07/2020 07:49

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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“Podía vivir con eso”: cómo la CIA hizo Afganistán seguro para el opio

La producción de opio en Afganistán aumentó espectacularmente al amparo de la política exterior de Estados Unidos, que se sustentó en el apoyo y la financiación a los grandes traficantes y productores de la región.

 

La primera imagen indeleble de la guerra en Afganistán para muchos estadounidenses fue probablemente la del periodista de la CBS Dan Rather, envuelto en las voluminosas ropas de un luchador muyahidín, con el aspecto de un pariente saludable de Lawrence de Arabia —aunque con pelo que parecía recién secado con secador, como algunos espectadores señalaron rápidamente—. Desde su ladera de montaña secreta “en algún lugar en el Hindu Kush”, Rather descargó sobre su público un cargamento de sinsentidos sobre el conflicto. Los soviéticos, confió Rather portentosamente, habían puesto un precio a su cabeza de “muchos miles de dólares”. Continuó: “Fue el mejor regalo que me podían haber dado. Y que mi cabeza tenga precio era un pequeño precio a pagar por las verdades que contamos sobre Afganistán”.

Cada una de estas observaciones resultaron completamente falsas. Rather describió al Gobierno de Hafizullah Amin como un “régimen marioneta instalado por Moscú en Kabul”. Pero Amin tenía vínculos más cercanos con la CIA que con el KGB. Rather llamó a los muyahidines “los luchadores por la libertad afganos… que participaban en una lucha a muerte profundamente patriótica por su hogar”. Los muyahidines apenas estaban luchando por la libertad, en cualquier sentido con el que Rather hubiera estado cómodo, sino más bien por imponer uno de los estilos de fundamentalismo islámico más represivos conocidos en el mundo, bárbaro, ignorante y notablemente cruel para las mujeres.

Era un “hecho”, anunció Rather, que los soviéticos habían usado armas químicas contra aldeanos afganos. Esta era una afirmación promovida por el Gobierno de Reagan, que hizo la acusación de que la extraordinariamente precisa cifra de 3.042 afganos habían muerto a causa de esta lluvia química amarilla, una sustancia que había conseguido gloriosas victorias propagandísticas en su manifestación en Laos unos años antes, cuando la lluvia amarilla resultó ser excrementos de abeja altamente cargados con polen. Como Frank Broadhead señaló en el London Guardian, “su composición: una parte excrementos de abeja, más muchas partes de desinformación del Departamento de Estado mezcladas con credulidad de los medios”.

Rather afirmó que los muyahidines tenían una escasez severa de equipamiento, haciéndolo lo mejor que podían con rifles kalashnikov tomados de soldados soviéticos muertos. De hecho, los muyahidines estaban extremadamente bien equipados, al ser los receptores de armas proporcionadas por la CIA en la guerra encubierta más cara que la Agencia había jamás montado. Llevaban armas soviéticas, pero llegaron por cortesía de la CIA. Rather también mostró imágenes periodísticas que, según él, eran bombarderos soviéticos ametrallando pueblos afganos indefensos. El “bombardero soviético” era en realidad un avión de la fuerza aérea paquistaní en una misión de entrenamiento sobre el noroeste de Pakistán.

CBS afirmó haber descubierto en áreas bombardeadas por los soviéticos animales rellenos de explosivos soviéticos, diseñados para hacer volar en pedazos a niños afganos. Estos juguetes trampa de hecho habían sido fabricados por los muyahidines con el único propósito de estafar a CBS News, como un entretenido artículo en el New York Post aclaró posteriormente.

Rather recorrió de forma heroica el camino hasta Yunas Khalis, descrito como el líder de los guerreros afganos. En tonos de admiración que normalmente reserva para huracanes en el Golfo de México, Rather recuerda en su libro La cámara nunca parpadea dos veces, “la creencia en que lo correcto crea el poder puede haber estado desvaneciéndose en otras partes del mundo. En Afganistán estaba sana y salva, y golpeando a los soviéticos”. Khalis era un despiadado carnicero, con sus tropas presumiendo con cariño de su matanza de 700 prisioneros de guerra. Pasó la mayor parte de su tiempo luchando, pero las guerras no eran principalmente con los soviéticos. En vez de eso, Khalis combatía contra otros grupos rebeldes afganos, siendo el objeto de los conflictos el control de los campos de amapola y las carreteras y senderos desde ellos a sus siete laboratorios de heroína cerca de su cuartel general en la ciudad de Ribat al Ali. El 60% de la cosecha de opio de Afganistán se cultivaba en el Valle de Helmand, con una infraestructura de irrigación garantizada por USAID.

En sus informes desde el frente Rather mencionaba el comercio local de opio, pero de una forma notablemente falsa. “Los afganos”, dijo, “habían convertido Darra en una ciudad en auge, vendiendo su opio de cultivo local a cambio de las mejores armas disponibles, y después regresando a luchar a Afganistán”.

Darra es una ciudad en el noroeste de Pakistán donde la CIA había instalando una fábrica para producir armas de estilo soviético que estaba repartiendo a todos los afganos que llegaban. La fábrica de armas estaba dirigida bajo contrato por la Dirección de Inteligencia Inter-Services de Pakistán. Gran parte del opio transportado en camiones a Darra desde Afganistán se vendía al gobernador paquistaní del territorio del noroeste, el teniente general Fazle Huq. Desde este opio la heroína se refinaba en laboratorios en Darra, se colocaba en camiones del Ejército paquistaní y se transportaba hasta Karachi, para después ser embarcada a Europa y Estados Unidos.

Rather menospreciaba la reacción del Gobierno de Carter al golpe respaldado por los soviéticos en 1979, con la acusación de que la respuesta de Carter había sido tibia y tardía. De hecho, el presidente Carter había reaccionado con una gama de movimientos que deberían haber causado envidia a los halcones de Reagan que, un par de años después, le estaban atacando por ser un cobarde de la Guerra Fría. Carter no sólo retiró a Estados Unidos de los Juegos Olímpicos de 1980, sino que cortó las ventas de cereales a la Unión Soviética, para gran angustia de los granjeros del medio oeste; detuvo el tratado SALT II; se comprometió a aumentar el presupuesto de defensa de EE UU en un 5% al año hasta que los soviéticos salieran de Afganistán; y reveló la doctrina Carter de contención en el sur de Asia, sobre la que el historiador de la CIA John Ranelagh dice que llevó a Carter a aprobar “más operaciones secretas de la CIA de lo que Reagan hizo más tarde”.

Carter confesó posteriormente en sus memorias que estuvo más agitado por la invasión de Afganistán que por cualquier otro acontecimiento de su presidencia, incluida la revolución iraní. La CIA convenció a Carter de que podía ser el comienzo de un impulso de los soviéticos hacia el Golfo Pérsico, un escenario que llevó a que el presidente seriamente considerara el uso de armas nucleares tácticas.

Tres semanas después de que los tanques soviéticos llegaran a Kabul, el secretario de Defensa de Carter, Harold Brown, estaba en Beijing, acordando una transferencia de armas de los chinos a las tropas afganas apoyadas por la CIA reunidas en Pakistán. Los chinos, a los que se compensó generosamente por el acuerdo, aceptaron e incluso consintieron en enviar consejeros militares. Brown consiguió un acuerdo similar con Egipto para comprar 15 millones de dólares en armas. “EE UU me contactó”, Anwar Sad recordaba poco antes de su asesinato. “Me dijeron: ‘Por favor abre tus almacenes para nosotros para que podamos dar a los afganos el armamento que necesitan para luchar’. Y les di el armamento. El transporte de armas a los afganos empezó desde El Cairo en aviones estadounidenses”.

Pero pocos en el Gobierno de Carter creían que los rebeldes tuvieran alguna posibilidad de derrotar a los soviéticos. Bajo la mayor parte de los escenarios, la guerra parecía destinada a ser una matanza, con civiles y rebeldes pagando un precio importante. El objetivo de la doctrina Carter era más cínica. Era desangrar a los soviéticos, con la esperanza de entramparles en un atolladero al estilo Vietnam. El alto nivel de bajas civiles no perturbó a los arquitectos de la intervención encubierta estadounidense. “Decidí que podía vivir con eso”, recordaba el director de la CIA de Carter, Stansfield Turner.

Antes de la invasión soviética, Afganistán apenas suponía un tema de interés para la prensa nacional, apareciendo en sólo un puñado de historias anuales. En diciembre de 1973, cuando la distensión estaba cerca de su cénit, el Wall Street Journal publicó una extraña historia en la portada sobre el país, titulada “¿Codician Afganistán los rusos? Si es así, es difícil figurarse por qué”. El reportero Peter Kann, que después se convertiría en presidente y editor de Journal, escribía que “los grandes estrategas del poder tienden a considerar Afganistán como una especie de eje sobre el que se mueve el equilibrio mundial de poder. Pero de cerca, Afganistán parece menos un eje, dominó o paso intermedio que una inmensa expansión de desierto baldío con unos pocos bazares llenos de moscas, un buen número de tribus enemistadas y mucha gente miserablemente pobre”.

Después de que la Unión Soviética lo invadiera, este páramo adquirió rápidamente el estatus de un precioso premio geopolítico. Un editorial del Journal tras la entrada soviética decía que Afganistán era “más serio que un mero paso intermedio” y, en respuesta, pedía el estacionamiento de tropas estadounidenses en Oriente Medio, el aumento de gastos militares, la expansión las operaciones encubiertas y el restablecimiento del servicio militar obligatorio. Drew Middleton, en aquel momento corresponsal del New York Times en el Departamento de Defensa, presentó un temible análisis post-invasión en enero de 1980: “La sabiduría convencional en el Pentágono”, escribió, “es que en términos puramente militares, los rusos están en una posición frente a Estados Unidos mucho mejor que como estaba Hitler contra Gran Bretaña y Francia en 1939”.

La máquina de agitprop del Pentágono y la CIA subió de marcha: el 3 de enero de 1980, George Wilson, del Washington Post, informó de que líderes militares esperaban que la invasión “ayudara a curar la resaca ‘nunca más’ de Vietnam del público estadounidense”. Newsweek dijo que el “impulso soviético” representaba “una severa amenaza” para los intereses de EE UU: “El control de Afganistán pondría a los rusos a 350 millas [563 km] del Mar Arábigo, el salvavidas petrolífero de Occidente y Japón. Los aviones de guerra soviéticos situados en Afganistán podrían cortar el salvavidas a voluntad”. The New York Times apoyó la petición de Carter de mayor gasto militar y defendió los programas de misiles Cruise y Tridente, “investigación más rápida sobre el MX o algún otro misil de tierra móvil”, y la creación de una fuerza de despliegue rápido para la intervención en el Tercer Mundo, llamando a esta última una “inversión en diplomacia”.

En resumen, Afganistán demostró ser una gloriosa campaña tanto para la CIA como para el Departamento de Defensa, una fulgurante ofensiva en la que olas de crédulos y sumisos periodistas fueron enviados para promulgar la grotesca proposición de que Estados Unidos estaba bajo amenaza militar. Para cuando Reagan tomó posesión, él y su director de la CIA William Casey recibieron apoyo para su propio plan afgano intensificado desde un origen improbable, el Congreso controlado por los demócratas, que estaba presionando para duplicar el gasto en la guerra. “Fue un beneficio imprevisto [para el Gobierno de Reagan]”, dijo un miembro del personal del Congreso al Washington Post. “Habían recibido tanta oposición a la acción encubierta en Centroamérica y aquí viene el Congreso a ayudar y a lanzarles dinero, y ellos dicen ‘¿Quiénes somos nosotros para decir que no?”.

Mientras la CIA aumentaba su respaldo a los muyahidines —el presupuesto de la CIA para Afganistán alcanzó finalmente los 3.200 millones de dólares, la operación secreta más cara de su historia—, un miembro de la Casa Blanca del Consejo Estratégico del presidente sobre Abuso de Drogas, David Musto, informó a la administración de que la decisión de armar a los muyahidines fallaría: “Dije al Consejo que estábamos yendo a Afganistán a apoyar a los cultivadores de opio en su rebelión contra los soviéticos. ¿No deberíamos intentar evitar lo que habíamos hecho en Laos? ¿No deberíamos intentar pagar a los cultivadores si erradican su producción de opio? Hubo silencio”.

Tras lanzar esta advertencia, Musto y un colega en el consejo, Joyce Lowinson, siguieron cuestionando la política de EE UU, pero vieron sus indagaciones bloqueadas por la CIA y el Departamento de Estado. Frustrados, recurrieron a la página de opinión del New York Times y escribieron, el 22 de mayo de 1980: “Nos preocupa el cultivo de opio en Afganistán o Pakistán por miembros de tribus rebeldes que aparentemente son los principales adversarios de las tropas soviéticas en Afganistán. ¿Nos estamos equivocando al hacer amistad con estas tribus igual que hicimos en Laos cuando Air America (fletada por la Agencia Central de Inteligencia) ayudó a transportar opio crudo desde ciertas zonas tribales?”. Pero Musto y Lowinson chocaron con el silencio de nuevo, no sólo de la administración sino de la prensa. Era una herejía cuestionar la intervención encubierta en Afganistán.

Más adelante en 1980, Hoag Levins, un escritor del Philadelphia Magazine, entrevistó a un hombre al que identificaba como un cargo de seguridad de “alto nivel” en el Departamento de Justicia del Gobierno de Carter y le citaba así: “Tienes al Gobierno caminando de puntillas alrededor de esto como si fuera una mina terrestre. El tema del opio y la heroína en Afganistán es explosivo… En el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente mencionó el abuso de drogas pero fue muy cuidadoso en evitar mencionar Afganistán, aunque Afganistán es donde las cosas están pasando ahora… ¿Por qué no estamos adoptando una mirada más crítica hacia las armas que estamos enviando ahora a bandas de narcotraficantes que obviamente van a usarlas para aumentar la eficiencia de su operación de tráfico de drogas?”.

La DEA era bien consciente de que los rebeldes muyahidines estaban profundamente involucrados en el comercio de opio. Los informes de la agencia de drogas en 1980 muestran que las incursiones rebeldes afganas desde sus bases de Pakistán contra posiciones soviéticas estaban “en parte determinadas por la plantación de opio y las estaciones de cosecha”. Los números eran crudos e imponentes. La producción afgana de opio se triplicó entre 1979 y 1982. Había pruebas de que para 1981 los productores afganos de heroína se habían hecho con el 60% del mercado de la heroína en Europa occidental y Estados Unidos (éstas son cifras de la ONU y la DEA).

En 1971, en el momento álgido de la participación de la CIA en Laos, había alrededor de 500.000 adictos a la heroína en Estados Unidos. Para mediados y finales de los 70 este total había caído a 200.000. Pero en 1981 con la nueva afluencia de heroína afgana y los consiguientes bajos precios, la población adicta a la heroína aumentó hasta 450.000. En la ciudad de Nueva York, sólo en 1979 —el año en que empezó el flujo de armas a los muyahidines—, las muertes relacionadas con la heroína se incrementaron un 77%. Las únicas víctimas estadounidenses públicamente reconocidas en los campos de batalla afganos fueron algunos musulmanes negros que viajaron al Hindu Kush desde Estados Unidos para luchar en nombre del profeta. Pero las víctimas de la droga dentro de EE UU desde la guerra secreta de la CIA, particularmente en las ciudades del interior, se contaban por miles, además de la indecible desgracia y sufrimiento social.

Desde el siglo XVII las amapolas de opio han sido cultivadas en el así llamado Creciente Dorado, donde convergen las tierras altas de Afganistán, Pakistán e Irán. Durante casi cuatro siglos este era un mercado interno. Para la década de 1950 se producía muy poco opio tanto en Afganistán como en Pakistán, con quizás 2.500 acres bajo cultivo en estos dos países. Los fértiles campos de cultivo del valle de Helmand en Afganistán, para los 80 bajo intenso cultivo de amapola de opio, estaban cubiertos con viñedos, campos de trigo y plantaciones de algodón.

En Irán, la situación era claramente diferente a principios de los 50. El país, dominado por empresas petrolíferas y agencias de inteligencia británicas y estadounidenses, estaba produciendo 600 toneladas de opio al año y tenía 1,3 millones de adictos al opio, solo superado por China donde, en el mismo momento, los imperialistas occidentales del opio todavía dominaban. Entonces, en 1953, Mohammed Mossadegh, el equivalente nacionalista de Irán del chino Sun Yat-sen, ganó las elecciones e inmediatamente buscó suprimir el comercio de opio. En unas pocas semanas, el Secretario de Estado de EE UU John Foster Dulles estaba llamando loco a Mossadegh, y el hermano de Dulles, Allen, dirigente de la CIA, envió a Kermit Roosevelt para organizar un golpe contra él. En agosto de 1953 Mossadegh fue derribado, el shah fue instalado por la CIA, y los campos de petróleo y opio de Irán estaban de nuevo en manos amigas. La producción siguió inalterada hasta la toma del poder en 1979 del ayatolá Jomeini, punto en el cual Irán tenía un problema muy serio con el opio en términos de la adicción de su propia población. A diferencia de los caudillos muyahidines, el ayatolá era un constructivista estricto de la ley islámica en el tema de los intoxicantes: los adictos y los traficantes se enfrentaban a la pena de muerte. La producción de opio en Irán cayó drásticamente.

En Afganistán en los 50 y 60, el relativamente escaso comercio de opio estaba controlado por la familia real, encabezada por el rey Mohammed Zahir. Todos los grandes estados feudales tenían sus campos de opio, principalmente para satisfacer el consumo doméstico de la droga. En abril de 1978 un golpe populista derribó al régimen de Mohammed Daoud, que había formado una alianza con el shah de Irán. El shah había enviado dinero en dirección a Daoud —2.000 millones de dólares según un informe— y se trajo a la policía secreta iraní, el Savak, para entrenar a la fuerza de seguridad interna de Daoud. El nuevo Gobierno afgano estaba dirigido por Noor Mohammed Taraki. El Gobierno de Taraki hizo movimientos hacia la reforma agraria, por lo tanto un ataque contra los estados feudales cultivadores de opio. Taraki fue a la ONU, donde solicitó y recibió préstamos para sustitución de cosechas para los campos de amapolas.

Taraki también presionó con dureza contra la producción de opio en las zonas fronterizas dominadas por fundamentalistas, ya que éstos estaban utilizando los ingresos del opio para financiar ataques contra el Gobierno central afgano, al que veían como una encarnación malsana de la modernidad que permitía a las mujeres ir al colegio e ilegalizaba los matrimonios concertados y el precio de la novia.

Para la primavera de 1979 el protagonista de los héroes de Dan Rather, el muyahidín, también estaba empezando a surgir. The Washington Post informó que a los muyahidines les gustaba “torturar a sus víctimas primero cortando sus narices, orejas y genitales, después quitando un trozo de piel tras otro”. Durante ese año los muyahidines manifestaron particular animosidad hacia los occidentales, matando seis alemanes del oeste y un turista canadiense y golpeando con severidad a un agregado militar estadounidense. Es también irónico que en ese año los muyahidines estuvieran consiguiendo dinero no sólo de la CIA sino de Muamar el Gadafi de Libia, que les envió 250.000 dólares.

En el verano de 1979, más de seis meses antes de que los soviéticos entraran, el Departamento de Estado de EE UU produjo un memorándum que dejaba claro cómo veía las apuestas, sin importar lo moderno de mente que pudiera ser Taraki, o lo feudales que fueran los muyahidín: “El mayor interés de Estados Unidos… se vería satisfecho por la muerte del régimen Taraki-Amin, a pesar de cuales fueran los reveses que esto podría significar para futuras reformas sociales y económicas en Afganistán”. El informe continuaba: “El derrocamiento de la RDA [República Democrática de Afganistán] mostraría al resto del mundo, concretamente al Tercer Mundo, que la visión de los soviéticos del curso socialista de la historia como inevitable no es correcta”.

Muy presionado por las fuerzas conservadoras en Afganistán, Taraki apeló a los soviéticos en busca de ayuda, lo que declinaron en base a que eso era exactamente lo que sus mutuos enemigos estaban esperando.

En septiembre de 1979 Taraki fue asesinado en un golpe organizado por responsables militares afganos. Hafizullah Amin fue instalado como presidente. Tenía impecables credenciales occidentales, habiendo estado en la Universidad de Columbia de Nueva York y la Universidad de Wisconsin. Amin había sido presidente de la Asociación de Estudiantes Afganos, que había sido financiada por la Fundación Asia, un grupo intermediario, o fachada, de la CIA. Tras el golpe Amin empezó a encontrarse regularmente con responsables de la Embajada de EE UU en un momento en el que EE UU estaba armando a rebeldes islámicos en Pakistán. Temiendo a un régimen fundamentalista respaldado por EE UU presionando contra su propia frontera, la Unión Soviética invadió Afganistán por la fuerza el 27 de diciembre de 1979.

Después comenzó la expansión de la CIA iniciada por Carter que tanto preocupó al experto sobre drogas de la Casa Blanca David Musto. En una réplica de lo que ocurrió tras el golpe apoyado por la CIA en Irán, los estados feudales pronto volvieron a la producción de opio y el programa de sustitución de cosechas terminó.

Debido a que Pakistán tenía un programa nuclear, EE UU tenía una prohibición de ayuda exterior sobre el país. Pronto fue levantada a medida que el desarrollo de una guerra próxima en Afganistán se convertía en política prioritaria. De forma bastante rápida, sin ninguna desaceleración discernible en su programa nuclear, Pakistán se convirtió en el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense a nivel mundial, justo detrás de Israel y Egipto. Las armas llegaban a Karachi desde EE UU y eran enviadas a Peshawar por la Célula Nacional de Logística, una unidad militar controlada por la policía secreta de Pakistán, el ISI. Desde Peshawar esas armas que no eran simplemente vendidas a todo tipo de clientes (los iraníes consiguieron 16 misiles Stinger, uno de los cuales fue utilizado contra un helicóptero de EE UU en el Golfo) eran repartidas por el ISI a las facciones afganas.

Aunque la prensa de EE UU, con Dan Rather en primer plano, retrataba a los muyahidín como una fuerza unificada de luchadores por la libertad, el hecho —nada sorprendente para cualquiera con idea de historia afgana— era que los muyahidin consistían en al menos siete facciones en guerra, todas combatiendo por territorio y control del comercio de opio. El ISI dio la mayor parte de las armas —según un cálculo el 60%— al fundamentalista particularmente fanático y enemigo de las mujeres Gulbuddin Hekmatyar, que hizo su debut público en la Universidad de Kabul matando a un estudiante izquierdista. En 1972 Hekmatyar voló a Pakistán, donde se convirtió en agente del ISI. Instó a sus seguidores a lanzar ácido a las caras de las mujeres que no llevaran velo, secuestró a líderes rivales y acumuló un arsenal nutrido por la CIA para el día en que los soviéticos se marcharan y la guerra por el dominio de Afganistán realmente estallara.

Uno de los principales rivales de Hekmatyar en los muyahidin, Mullah Nasim, controlaba los campos de amapolas de opio en el valle de Helmand, produciendo 260 toneladas de opio al año. Su hermano, Mohammed Rasul, defendía esta iniciativa agrícola afirmando: “Debemos cultivar y vender opio para luchar en nuestra guerra santa contra los no creyentes rusos”. A pesar de este pronunciamiento bien calculado, pasaban casi todo su tiempo luchando contra sus hermanos creyentes, utilizando las armas enviadas por la CIA para intentar conseguir la ventaja en estas luchas internas. En 1989 Hekmatyar lanzó un asalto contra Nassim, intentando hacerse con el control del valle de Helmand. Nassim luchó contra él, pero pocos meses después Hekmatyar maquinó con éxito el asesinato de Nassim cuando ostentaba el puesto de viceministro de Defensa en el Gobierno provisional afgano post-soviético. Hekmatyar ahora controlaba el opio que crecía en el valle de Helmand.

Los agentes estadounidenses de la DEA estaban totalmente informados del control de la droga por los muyahidin concertados con líderes de inteligencia y militares paquistaníes. En 1983 el enlace de la DEA con el Congreso, David Melocik, dijo a un comité del Congreso: “Puedes decir que los rebeldes hacen su dinero de la venta de opio. No hay ninguna duda sobre ello. Estos rebeldes mantienen su causa mediante la venta de opio”. Pero hablar sobre que “la causa” dependía de ventas de droga no tenía sentido en ese momento en concreto. La CIA estaba pagando por todo de todas maneras. Los ingresos del opio estaban acabando en cuentas offshore en el Banco Habib, uno de los mayores de Pakistán, y en las cuentas de BCCI, fundada por Agha Hasan Abedi, que empezó su carrera bancaria en Habib. La CIA estaba utilizando simultáneamente el BCCI para sus propias transacciones secretas.

La DEA tenía pruebas de que más de 40 organizaciones de heroína funcionaban en Pakistán a mediados de los 80 durante la guerra afgana, y había pruebas de más de 200 laboratorios de heroína funcionando en el noroeste de Pakistán. Aunque Islamabad alberga una de las mayores oficinas de la DEA en Asia, nunca se tomó ninguna acción por agentes de la DEA contra ninguna de estas operaciones. Como un responsable de Interpol dijo al periodista Lawrence Lifschultz, “es muy extraño que los estadounidenses, con el tamaño de sus recursos, y el poder político que tienen en Pakistán, no hayan conseguido romper un solo caso. No se puede encontrar la explicación en una falta de adecuado trabajo policial. Han tenido algunos hombres excelentes trabajando en Pakistán”. Pero trabajando en las mismas oficinas que esos agentes de la DEA estaban cinco responsables de la CIA que, así lo contó uno de los agentes de la DEA posteriormente al Washington Post, les ordenaron retirar sus operaciones en Afganistán y Pakistán durante la duración de la guerra.

Esos agentes de la DEA eran muy conscientes del perfil marchado por la droga de una compañía que la CIA estaba utilizando para suministrar efectivo a los muyahidines, de nombre Shakarchi Trading Company. Esta empresa de propiedad libanesa había sido objeto de una larga investigación de la DEA sobre lavado de dinero. Uno de los principales clientes de Shakarchi era Yasir Musullulu, quien en una ocasión había sido agarrado intentando entregar un cargamento de 8,5 toneladas de opio afgano a miembros del sindicato del crimen de Gambino en Nueva York. Un informe de la DEA apuntó que Shakarchi mezclaba “el dinero de los traficantes de heroína, morfina base y hachís con el de los joyeros que compran oro en el mercado negro de los traficantes de Oriente Medio”.

En mayo de 1984 el vicepresidente George Bush viajó a Pakistán para conferenciar con el general Zia al Huq y otros miembros de alto rango del régimen paquistaní. En ese momento, Bush era el dirigente del Sistema Nacional de Interdicción de Narcóticos en la Frontera. En esta última función, uno de los primeros movimientos de Bush fue expandir el papel de la CIA en operaciones de drogas. Dio a la Agencia la principal responsabilidad en el uso de, y el control sobre, los informadores de droga. El dirigente operativo de este grupo de trabajo era el almirante retirado Daniel J. Murphy.

Murphy impulsó el acceso a la inteligencia sobre organizaciones de droga pero se quejó de que la CIA siempre estaba dando largas. “No gané”, dijo más tarde al New York Times. “No conseguí tanta participación efectiva de la CIA como yo quería”. Otro miembro del grupo de trabajo lo dijo sin rodeos: “La CIA podría ser de valor, pero necesitas un cambio de valores y actitud. No sé de una sola cosa que jamás nos hayan dado que fuera útil”.

Bush ciertamente sabía bien que Pakistán se había convertido en el origen de la mayoría de la heroína de alta calidad que entraba en Europa occidental y Estados Unidos y que los generales con los que estaba tratando estaban profundamente involucrados en el comercio de drogas. Pero el vicepresidente, quien proclamó más tarde que “nunca negociaré con traficantes de droga en EE UU o en suelo extranjero”, utilizó su viaje a Pakistán para alabar el régimen de Zia por su inquebrantable apoyo a la Guerra contra las Drogas. (Entre estas excursiones retóricas encontró tiempo, hay que decir, para extraer de Zia un contrato para comprar 40 millones de dólares en turbinas de gas fabricadas por General Electric).

Como era predecible, durante los 80 los gobiernos de Reagan y Bush hicieron todo lo posible por cargar la culpa del auge en la producción de heroína paquistaní sobre los generales soviéticos en Kabul. “El régimen mantiene una absoluta indiferencia ante cualquier medida para controlar la amapola”, declaró el fiscal general de Reagan, Edwin Meese, durante una visita a Islamabad en marzo de 1986. “Creemos firmemente que en realidad hay estímulo, al menos tácitamente, sobre la creciente amapola de opio”.

Meese sabía del tema. Su propio Departamento de Justicia había estado rastreando la importación de drogas desde Pakistán desde al menos 1982 y era muy consciente de que el comercio estaba controlado por rebeldes afganos y el Ejército paquistaní. Pocos meses después de un discurso de Meese en Pakistán, la Oficina de Aduanas de EE UU detuvo a un hombre paquistaní llamado Abdul Wali mientras intentaba descargar más de una tonelada de hachís y una cantidad más pequeña de heroína en Estados Unidos en Port Newark (New Jersey). El Departamento de Justicia informó a la prensa de que Wali dirigía una organización de 50.000 miembros en el noroeste de Pakistán, pero la vicefiscal general Claudia Flynn se negó a revelar la identidad del grupo. Otro responsable federal dijo a Associated Press que Wali era un líder de los muyahidin.

También era conocido para los responsables de EE UU que personas con estrechas relaciones con el presidente Zia estaban haciendo fortunas con el comercio de opio. La palabra “fortuna” aquí no es ninguna exageración, ya que uno de estos asociados de ZIA tenía 3.000 millones de dólares en sus cuentas de BCCI. En 1983, un año antes de la visita de George Bush a Pakistán, uno de los médicos del presidente Zia, un herbalista japonés llamado Hisayoshi Maruyama fue arrestado en Ámsterdam empaquetando 17,5 kilos de heroína de alta calidad producida en Pakistán con opio afgano. En el momento de su arresto estaba disfrazado de boy scout.

Interrogado por agentes de la DEA tras su arresto, Maruyama dijo que él sólo era un correo para Mirza Iqbal Baig, un hombre a quien los agentes de aduanas describían como “el traficante de droga más activo en el país”. Baig tenía estrechas relaciones con la familia Zia y otros altos oficiales del Gobierno. Había sido dos veces objetivo de la DEA, a cuyos agentes se les dijo que no realizaran investigaciones sobre él debido a sus vínculos con el Gobierno de Zia. Un importante abogado paquistaní, Said Sani Ahmed, contó a la BBC que éste era el procedimiento estándar en Pakistán: “Podemos tener pruebas contra una individuo concreto, pero aun así nuestras agencias de seguridad no pueden poner las manos encima de gente así, porque sus superiores les prohíben actuar. Los verdaderos culpables tienen suficiente dinero y recursos. Francamente, están disfrutando de algún tipo de inmunidad”.

Baig era uno de los magnates de la ciudad paquistaní de Lahore, dueño de cines, centros comerciales, fábricas y una planta textil. No fue procesado por cargos de drogas hasta 1992, tras la caída del régimen de Zia, cuando un tribunal federal estadounidense de Brooklyn le procesó por tráfico de heroína. EE UU finalmente ejerció la suficiente presión sobre Pakistán como para arrestarle en 1993; en la primavera de 1998 estaba en la cárcel en Pakistán.

Uno de los socios de Baig (como describió Newsweek) en sus negocios con la droga era Haji Ayub Afrid, un aliado cercano del presidente Zia, que había formado parte de la Asamblea General Paquistaní. Afridi vive a 35 millas [56 km.] de Peshawar en un gran complejo sellado por muros de seis metros de alto con alambre de concertina en la parte de arriba y con defensas que incluyen una batería antiaérea y un ejército privado de hombres de su tribu. Se decía que Afridi estaba a cargo de comprar opio crudo de los señores de la droga afganos, mientras Baig cuidaba de la logística y el envío a Europa y los Estados Unidos. En 1993 presuntamente ofreció dinero para acabar con la vida de un agente de la DEA que trabajaba en Pakistán.

Otro caso próximo al Gobierno de Zia implicó el arresto por cargos de droga de Hamid Hasnain, el vicepresidente de la mayor entidad financiera de Pakistán, el Banco Habib. El arresto de Hasnain se convirtió en la pieza central de un escándalo conocido como el “asunto de la Liga Paquistaní”. La banda de narcotraficantes fue investigada por un tenaz investigador noruego llamado Olyvind Olsen. El 13 de diciembre de 1983 la policía noruega requisó 3,5 kilos de heroína en el aeropuerto de Oslo en el equipaje de un paquistaní llamado Raza Qureishi. A cambio de una sentencia reducida Qureishi aceptó dar los nombres de sus suministradores a Olsen, el investigador de narcóticos. Poco después de su entrevista con Qureishi, Olsen voló a Islamabad para destapar a los otros miembros de la organización de heroína. Durante más de un año Olsen presionó a la Agencia de Investigación Federal (AIF) de Pakistán para arrestar a los tres hombres que Qureishi había señalado: Tahir Butt, Munawaar Hussain y Hasnain. Todos eran asociados de Baig y Zia. No fue hasta que Olsen amenazó con condenar públicamente el comportamiento de la AIF que la Agencia realizó alguna acción: finalmente, el 25 de octubre de 1985 la AIF arrestó a los tres hombres. Cuando los agentes paquistaníes atraparon a Hasnain fueron asaltados por un aluvión de amenazas. Hasnain habló de “terribles consecuencias” y afirmó ser “como un hijo” para el presidente Zia. Dentro del maletín de Hasnain los agentes de la AIF descubrieron registros de las extensas cuentas bancarias del presidente Zia además de las de la esposa e hija de Zia.

Inmediatamente después de conocer el arresto de Hasnain, la esposa de Zia, que estaba en Egipto en ese momento, telefoneó al jefe de la AIF. La mujer del presidente demandó imperiosamente la liberación del “banquero personal” de su familia. Resultó que Hasnain no sólo atendía los asuntos financieros secretos de la familia presidencial, sino también de los altos generales paquistaníes, que estaban robando dinero de las importaciones de armas de la CIA y haciendo millones del tráfico de opio. Pocos días después de la llamada de su esposa, el presidente Zia mismo estaba al teléfono con la AIF, exigiendo que los investigadores explicaran las circunstancias respecto al arresto de Hasnain. Zia pronto consiguió que Hasnain saliera bajo fianza a espera de juicio. Cuando Qureishi, el correo, subió al estrado para testificar contra Hasnain, el banquero y su coacusado pronunciaron amenazas de muerte contra el testigo en pleno juicio, suscitando una protesta del investigador noruego, que amenazó con retirarse de los procedimientos.

En última instancia el juez del caso tomó medidas, revocando la fianza de Hasnain y dándole una dura condena a prisión tras su condena. Pero Hasnain era sólo un pez relativamente pequeño que fue a la cárcel mientras generales culpables salieron libres. “Se le ha convertido en un cabeza de turco”, dijo Munir Bhatti al periodista Lawrence Lifschultz: “La CIA estropeó el caso. Las pruebas estaban distorsionadas. No hubo justificación para dejar escapar a los culpables reales que incluyen importantes personalidades en este país. Había pruebas en este caso que identificaban a esas personas”.

Esos eran los hombres a quienes la CIA estaba pagando 3.200 millones de dólares al año para dirigir la guerra afgana, y no hay persona que mejor personifique esta relación que el teniente general Fazle Huq, quien supervisó operaciones militares en el noroeste de Pakistán para el general Zia, incluyendo el armamento de los muyahidin que estaban utilizando la región como una base para sus ataques. Fue Huq quien se aseguró de que su aliado Hekmatyar recibió el grueso de los envíos de armas de la CIA, y también fue Huq quien supervisó y protegió las operaciones de los 200 laboratorios de heroína dentro de su jurisdicción. Huq había sido identificado en 1982 por la Interpol como un jugador clave en el comercio de opio afgano-paquistaní. Los líderes de la oposición paquistaní se refirieron a Huq como el Noriega paquistaní. Había sido protegido de investigaciones sobre droga por Zia y la CIA y posteriormente presumió de que con esas conexiones podía escapar “de cualquier cosa”.

Como otros narco-generales en el régimen de Zia, Huq también estaba muy relacionado con Agha Hassan Abedi, el jefe del BCCI. Abedi, Huq y Zia cenaban juntos casi todos los meses, y trataron varias veces con el director de la CIA de Reagan William Casey. Huq tenía una cuenta en el BCCI de tres millones de dólares. Después de que Zia fuera asesinado en 1988 por una bomba colocada (probablemente por importantes cargos militares) en su avión presidencial, Huq perdió algo de su protección oficial, y pronto fue arrestado por ordenar el asesinato de un clérigo chií.

Después de que la primera ministra Benazir Bhutto fuera depuesta, su sustituto Ishaq Khan liberó rápidamente a Huq de prisión. En 1991 Huq murió de un disparo, probablemente en venganza por la muerte del clérigo. El general del opio recibió un funeral de estado, donde fue elogiado por Ishaq Khan como “un gran soldado y competente administrador que jugó un encomiable papel en el progreso nacional de Pakistán”.

Benazir Bhutto había llegado al poder en 1988 entre fieras promesas de limpiar la corrupción bañada en droga de Pakistán, pero no pasó mucho tiempo hasta que su propio régimen fuera el centro de serias acusaciones. En 1989 la Administración para el Control de Drogas de EE UU encontró información de que el marido de Benazir, Asif Ali Zardari, podía haber estado financiando grandes envíos de heroína desde Pakistán a Gran Bretaña y Estados Unidos. La DEA asignó uno de sus agentes, un hombre llamado John Banks, para que trabajara clandestinamente en Pakistán. Banks era un antiguo mercenario británico que había trabajado clandestinamente para Scotland Yard en grandes casos de droga internacionales.

Mientras estaba en Pakistán, Banks afirma que se presentaba como un miembro de la Mafia y que se había encontrado con Bhutto y su marido en su casa de Sind. Banks afirma también que viajó con Zardari a Islamabad, donde grabó secretamente cinco horas de conversación entre Zardari, un general de la fuerza aérea paquistaní y un banquero paquistaní. Los hombres discutían la logística de transportar heroína a EE UU y Gran Bretaña: “Hablamos sobre cómo iban a enviar las drogas a Estados Unidos en un cúter metálico”, dijo Banks en 1996. “Me dijeron que el Reino Unido era otra zona donde habían enviado heroína y hachís de forma regular”. La Oficina de Aduanas Británica también había estado vigilando a Zardari por tráfico de drogas: “Recibimos inteligencia de tres o cuatro fuentes, sobre su presunta participación como financiero”, contaba un responsable británico de aduanas retirado al Financial Times. “Se informó de todo esto a la inteligencia británica”. El oficial de aduanas dice que su Gobierno no actuó en base a este informe. De igual forma, Banks afirma que la CIA detuvo la investigación de Zardari. Todo esto surgió cuando el Gobierno de Bhutto cayó por segunda vez, en 1996, bajo cargos de corrupción presentados principalmente contra Zardari, que está ahora en prisión por su papel en el asesinato de su cuñado Murtaza. Zardari también sigue acusado de malversar más de mil millones de dólares en fondos del Gobierno

En 1991 Nawz Sharif dice que mientras ejercía como primer ministro se le acercaron dos generales paquistaníes —Aslam Beg, jefe de personal para el Ejército, y Asad Durrani, jefe del ISI— con un plan para financiar decenas de operaciones encubiertas mediante la venta de heroína. “El general Durrani me dijo: ‘Tenemos un proyecto preparado para su aprobación”, explicó Sharif al periodista del Washington Post John Ward Anderson en 1994. “Estaba totalmente atónito. Tanto Beg como Durrani insistieron en que el nombre de Pakistán no sería citado en ningún lugar porque toda la operación sería llevada a cabo por terceros de confianza. Durrani después continuó mencionando una serie de operaciones militares encubiertas que tenían una desesperada necesidad de dinero”. Sharif dijo que rechazó el plan, pero cree que fue puesto en práctica cuando Bhutto recuperó el poder.

El impacto de la guerra afgana en las tasas de adicción de Pakistán fue incluso más drástico que el auge en la adicción a la heroína en EE UU y Europa. Antes de que empezara el programa de la CIA, había menos de 5.000 adictos a la heroína en Pakistán. Para 1996, según Naciones Unidas, había más de 1,6 millones. El representante paquistaní en la Comisión de la ONU sobre Narcóticos, Raoolf Ali Khan, dijo en 1993 que “no hay rama del gobierno donde no esté extendida la corrupción de la droga”. Como ejemplo señaló el hecho de que Pakistán se gaste sólo 1,8 millones de dólares al año en esfuerzos antidroga, con una asignación de mil dólares para comprar gasolina para sus siete camiones.

Para 1994 el valor del tráfico de heroína en Pakistán era el doble del presupuesto gubernamental. Un diplomático occidental dijo al Washington Post en ese año que “cuando llegas a la fase en la que los narcotraficantes tienen más dinero que el Gobierno, van a ser necesarios notables esfuerzos y notables personas para darle la vuelta”. La magnitud del compromiso que se requiere es ilustrada por dos episodios. En 1991 la mayor redada antidroga en la historia del mundo ocurrió en la carretera de Peshawar a Karachi. Los funcionarios de aduanas paquistaníes se hicieron con 3,5 toneladas de heroína y 44 toneladas de hachís. Varios días después la mitad del hachís y la heroína se habían desvanecido junto con los testigos. Los sospechosos, cuatro hombres con vínculos con la inteligencia paquistaní, habían “escapado misteriosamente”, por usar los términos de un funcionario de aduanas paquistaní. En 1993 guardas fronterizos paquistaníes requisaron ocho toneladas de hachís y 1,7 toneladas de heroína. Cuando el caso se pasó a la junta de control de narcóticos paquistaní, todo el personal se fue de vacaciones para evitar verse involucrado en la investigación. Nadie fue castigado o molestado de alguna forma y los narcotraficantes salieron impunes. Incluso la CIA se vio eventualmente obligada a admitir en un informe al Congreso de 1994 que la heroína se había convertido en “la savia de la economía y el sistema político paquistaní”.

En febrero de 1989 Mijaíl Gorbachov sacó las tropas soviéticas de Afganistán, y pidió a EE UU que aceptara un embargo sobre la provisión de armas para cualquiera de las facciones muyahidines afganas, que estaban preparándose para otra fase de la guerra interna por el control del país. El presidente Bush se negó, asegurando así un período de continuación de la miseria y el horror para la mayoría de afganos. La guerra ya había convertido a la mitad de la población en refugiados, y generado tres millones de heridos y más de un millón de muertes. Las inclinaciones de los muyahidin en este punto se ilustran con un par de anécdotas. El corresponsal en Kabul de la Far Eastern Economic Review informó en 1989 sobre el tratamiento por los muyahidin de los prisioneros soviéticos: “Un grupo fue asesinado, despellejado y colgado en una carnicería. Un cautivo se convirtió en el centro de atracción en una partida de buzkashi, esa forma ruda de polo afgano en la que normalmente la pelota es una cabra sin cabeza. En su lugar se utilizó al cautivo. Vivo. Fue literalmente despedazado”. La CIA también tenía pruebas de que sus luchadores por la libertad habían drogado a más de 200 soldados soviéticos con heroína y les había encerrado en jaulas de animales donde, informó el Washington Post en 1990, llevaban “vidas de horror indescriptible”

En septiembre de 1996 los talibanes, fundamentalistas nutridos originariamente en Pakistán como criaturas tanto del ISI como de la CIA, tomaron el poder en Kabul, donde el mulá Omar, su líder anunció que todas las leyes incompatibles con la sharia musulmana se cambiarían. Se obligaría a las mujeres a asumir el chador y quedarse en casa, con segregación total de los sexos y las mujeres fuera de los hospitales, escuelas y baños públicos. La CIA continuó su apoyo de estos fanáticos medievales que, según Emma Bonino, la comisaria de la Unión Europea para Asuntos Humanitarios, estaban cometiendo “genocidio de género”.

Una ley en conflicto con la sharia que los talibanes aparentemente no tenían interés en cambiar era el mandato del profeta contra los intoxicantes. De hecho, los talibanes instaron a sus granjeros afganos a aumentar su producción de opio. Uno de los líderes talibanes, el “zar de la droga” Abdul Rashid, apuntó: “Si intentamos parar esto [el cultivo de opio] el pueblo estará en nuestra contra”. Para finales de 1996, según la ONU, la producción de opio afgano había alcanzado 2.000 toneladas métricas. Se estimaba que había 200.000 familias en Afganistán trabajando en el comercio de opio. Los talibanes tenían el control del 96% de toda la tierra afgana con cultivo de opio e impusieron un impuesto sobre la producción de opio y un peaje sobre los camiones que llevaban la cosecha.

En 1997 un granjero de opio afgano dio una respuesta irónica a la amenaza de Jimmy Carter sobre usar armas nucleares como parte de una respuesta a la invasión soviética de Afganistán en 1979. Amhud Gul dijo a un reportero del Washington Post: “Estamos cultivando esto [el opio] y exportándolo como una bomba atómica”. La intervención de la CIA había agitado su varita de nuevo. Para 1994, Afganistán, según el programa de control de drogas de la ONU, había sobrepasado a Burma como el suministrador número uno del mundo de opio crudo.

Por Jeffrey St. Clair

Traducción: Eduardo Pérez

20 jul 2020 06:00

Artículo original

Artículo publicado en CouterPunch y traducido para El Salto por Eduardo Pérez

Publicado enInternacional
Grafiti en la Comuna 13.- QUERALT CASTILLO

La Comuna 13, en Medellín, se abre camino a través del hip-hop, los grafitis y el arte popular. Las calles angostas donde se escondían antaño los sicarios de Pablo Escobar se han convertido ahora en una exposición al aire libre.

 

Estefany Riosco sonríe y pregunta a todo el que pasa si quiere un choricito. Lleva una camisa muy colorida estampada, un delantal de flores y un turbante rojo anudado a la cabeza. Aparenta más edad de la que en realidad tiene. 36 años y seis hijos, de 20,18,14,11,16 y el bebé, de 4 años. Hoy, ninguno de ellos la acompaña en el puesto, pero se ha traído a un sobrinito que, paciente, espera que su tía termine la jornada para poder volver a casa.

Llegó a la 13 cuando tenía ocho años, procedente del Chocó, un departamento colombiano en la zona del Pacífico y tan pronto la Comuna empezó a levantar cabeza, montó un puesto de chorizos, en el que también vende "obleas, solteritas, cerveza, agua, arepitas, arepitas con queso. Todo, vendo de todo". No resulta difícil arrancarle una sonrisa y a primera vista parece una mujer de pocas palabras. Pocas y concisas, sin embargo: "Aquí vivimos mucha violencia y gracias a Dios ya todo está calmadito".

Escuchar las historias que se esconden tras las calles empinadas, serpenteantes y angostas de la Comuna 13, en Medellín, capital antioqueña y "Ciudad de la eterna primavera" –ahora también conocida por ser el lugar de nacimiento de J. Balvin–, es escuchar historias de balaceras, desaparecidos, menores armados, muertes y narcotráfico. Es hablar de luchas de poder, de sicarios de Pablo Escobar y de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Convertida en uno de los epicentros de la violencia durante los años ochenta y noventa, esta Comuna lucha ahora por quitarse el estigma de encima.

Violencia y Operación Orión, los estigmas de la 13

Nació la Comuna 13 como lo hicieron las dieciséis restantes en Medellín: a causa de la migración del campo a la ciudad de personas que escapaban de la violencia de las FARC, el ELN y las operaciones paramilitares y del Estado. Personas que llegaron, muchas procedentes del Urabá antioqueño, con lo puesto a una urbe que parecía prometerles una vida más tranquila. No fue así. La pobreza en los ochenta y los noventa supuso el caldo de cultivo perfecto para que la 13 se convirtiese en la cuna de los sicarios de Escobar. La ecuación parecía fácil: dinero y ascenso social a cambio de vasallaje. Pero nunca nada es tan sencillo: las guerras entre facciones se cobraron miles de vidas y los desaparecidos aún se cuentan por decenas. La muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, no hizo nada más que empeorar las cosas: las luchas por el control de los diferentes barrios se saldaron con unos niveles de violencia incluso peores que durante la época Escobar y la 13 entró en una espiral a la que pocos le veían salida.

"Empezaron a surgir las redes del microtráfico, personas que controlaban el tema del narcotráfico en el ámbito local, de la ciudad y en los barrios. Empezaron a dar guerra: los de la FARC empezaron a dominar unas partes, los el ELN otras. En realidad, había cuatro o cinco grupos de guerrillas. A inicios de los dos mil, esas bandas empezaron a disputarse los territorios. Había fronteras invisibles y quien pasaba esas fronteras era asesinado. La guerra explotó", explica Jesús David Sáenz, técnico de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

En 2002, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, decidió atajar la situación a la brava. Entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo en la 13 la intervención militar urbana más grande de la historia de Colombia, la Operación Orión. El número de muertos baila según a quién se le pregunte: 80 ciudadanos heridos, 17 homicidios a manos de policía y ejército, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Sobre las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas del estado con la colaboración de grupos paramilitares poco se sabe aún. A pesar de la Operación Orión y otras tantas que se sucedieron, lo cierto es que "entre el año 2000 y el 2012 el Estado no tuvo apenas control sobre esas zonas", reconoce Sáenz.

Escaleras y 'grafitours'

Los grupos de turistas empiezan a amontonarse a eso del mediodía, móvil en mano. Desde hace unos años la Comuna 13 se ha convertido en un spot instagrameable de primer orden gracias a las decenas de grafitis que adornan aquellas calles serpenteantes donde antes corría la sangre. Las escaleras mecánicas, inauguradas en 2011, han transformado el barrio de Las Independencias, uno de los 19 que conforman la Comuna y se han convertido en un referente de urbanismo social. "Las escaleras para la paz" son un proyecto novedoso que, ciertamente, ha hecho disminuir el nivel de violencia en el barrio, ha atraído a turistas y ha mejorado notablemente la vida de sus residentes, ya que la accesibilidad les ha permitido tener una vida un poco más cómoda. De hecho, el sistema teleférico en la ciudad, la segunda más grande de Colombia, construido en 2004, ha permitido, en los últimos años, unir diferentes comunas periféricas, hasta el momento prácticamente inaccesibles, con el centro de la ciudad, hecho que ha mejorado la calidad de vida de la gente.

Las escaleras se enmarcan dentro del programa de Proyectos Urbanos Integrales (PUI), que son intervenciones en el espacio público que tienen un impacto zonal, gracias a su enfoque destinado a solucionar problemas de movilidad, centralidad, encuentro, medio ambiente, espacios públicos recreativos y deportivos. Formaron parte del Plan de Desarrollo 2008- 2011 para mejorar la calidad de vida de los residentes de la ciudad. "Éramos una ciudad que a causa de la violencia estaba cerrada al mundo, no venía nadie a Medellín porque les daba temor. La Comuna 13 es una victoria sobre lo que fue el pasado de la violencia y toda la época oscura de Medellín", dice Sandra Milena Ospina D’Alleman, subdirectora de Posicionamiento de la ACI.

Además de las escaleras, la inversión en cultura también ha sido un elemento clave en el lavado de cara de la 13. Los numerosos grafitis que adornan las calles de la Comuna se han convertido en un reclamo turístico importante y los grupos de turistas que reservan grafitours se ha multiplicado de manera exponencial en los últimos años. John Alexander Serna es conocido como Chota 13 (El Chota) y es uno de los artistas locales más reconocidos. Nacido y criado en la 13, empezó a pintar grafitis a los 16. "Queríamos recuperar los espacios y que a través del color cobrasen vida, así como recuperar la memoria. Los muros cuentan cosas y detrás de ellos hay una serie de personajes. Cuentan quiénes son (...) Los que más me inspira para pintar es la resistencia de la gente". Además de grafitis, El Chota pinta en acrílico sobre lienzo y monta exposiciones.

Mira la gentrificación de reojo: "Hemos pensado en los peligros de que la Comuna se haga popular, pero mientras sea la comunidad la que se lleve los beneficios, todo estará bien. Lo más duro sería que el café del barrio fuera arrasado por Starbucks. Si vienen empresas externas a quitarnos lo que hemos construido, esto se pondrá complicado", asegura.

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Ese del tatuaje es Kase O. ¿Tan famoso es aquí?
Es mi maestro.

El Rapza tiene 23 años y prepara su actuación en un callejón. En estos días actúa en un bar por el que se suceden los turistas, la gran mayoría gringos, en busca de un frapuccinos y jugos de frutas exóticas para aminorar el calor. Tatuado hasta la médula, destaca, entre todos los tatuajes, uno de Kase O en el antebrazo. El zaragozano, máximo exponente del hip-hop en España, estuvo un tiempo viviendo en Medallo, mientras preparaba su último disco, El Círculo. "Hay un antes y un después en mi vida, desde que lo conocí. Estuvo viviendo en una finca, en las afueras de Medellín. Lo conocí en un evento en un teatro. Cuando lo vi, no lo reconocí porque tenía mucha barba. Me lo presentaron y cantamos juntos. Lo seguía desde hace tiempo".

No miente, el Rapza. En Tutorial, uno de los temas de El Círculo, Kase O canta: "¡Basta ya de Farsa, el Rapza viven en la 13 y sin ir de gangsta te da lecciones de humildad! Y no solo él, hay procesos en Colombia que te erizan la piel. Paz para Henry y su escuelita, en una vista aprendes más de hip-hop que con el puto Bambaataa. Es más, paz para que los que se ocupan de esos que nadie se acuerda, ellos tienen mi respeto, no artistillas de mierda".

En el documental que muestra el paso de Kase O por Medellín también aparece el Rapza. "Lo que más me inspira es el rap y los raperos malos, la guerra, la corrupción, la maldad de los humanos, son cosas que se salen de mi conocimiento, mi comprensión y tengo que manifestarme ante esto. Aquel día te di una chapa bastante seria, co. Te quería abrir la cabeza. Jugar y no caer siempre en la caja. Esta es la primera que has hecho con este concepto", le dice el zaragozano al colombiano. El Rapza canta mientras Ibarra escucha, asiente y sonríe.

Dice que tiene pendiente ir a España. Nacido y criado en la 13, su vida ha dado un giro radical, "antes nunca hubiésemos podido estar aquí hablando tú y yo. Imposible". La guerra entre pandillas le arrebató parte de la familia. "Llevo toda la vida rapeando. En la guerra asesinaron a miembros de mi familia, así que me fui un tiempo del barrio, pero volví". Ahora es uno de los raperos más prominentes de la escena hiphopera de la Comuna.

La sombra de la gentrificación amenaza

El aumento del turismo en la 13, sin embargo, mantiene vigilantes a sus residentes. La gentrificación es una amenaza real y los comuneros ya empiezan a sentir como acecha. "¡Ah sí, el arriendo, los servicios, todo es costosito! Ya como esto cogió un poquito de valor, pues ya la gente se aprovecha, cosa que no me parece", asegura Estefany, la del puesto de choricitos, preguntada por los alquileres. Ella no paga nada por tener el puestecito y cada día lo monta y lo desmonta. "Mira, vivo en esa casa azul que está ahí con ropita", señala. El tejado es de uralita. La vendedora espera que sus hijos puedan tener un futuro más cierto que el suyo: "La idea es que estudien y no pasen el trabajo que paso yo; que lleguen a ser alguien en la vida y sigan adelante, porque usted sabe que para que se acabe la pobreza, tenemos que estudiar. Estudiando es como se acaba la pobreza".

Alejandra tiene 25 años y un puesto de pulseras y abalorios (desde hace un año y medio), a unos metros del puesto de Estefany. Es clara con el proceso que se vive en la 13. "El arriendo por acá es supremamente costoso. Esto es a causa del turismo, y la gente, que se toma atribuciones que no debe por eso. El aumento del turismo en la zona ha afectado a alguna gente y ha favorecido a otra, como a mí", reconoce.

La popularización de la 13 también ha favorecido a La Crew, un grupo de b-boys que baila para recoger unas monedas y que nació a partir de unos proyectos participativos que se llevaron a cabo en la Comuna 13. "Se dieron unas clases durante un mes y cuando terminaron todos nos quedamos un poco huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y aquí estamos, representando a la Comuna 13". El que habla es Scooby, uno de los integrantes del grupo. La Crew empieza sus actuaciones a las 9:30 de la mañana y suele terminar sobre las 18:00. También actúa en teatros, actos privados y escuelas. Scooby reconoce cómo la inversión por parte del Ayuntamiento en proyectos participativos y de fomento de la cultura, ha conseguido darle una vuelta a la Comuna: "El cambio ha sido muy grande y la cultura aquí es importante porque aleja a las personas de pensar en algo malo. Ya sea a través de los grafitis o la música o el baile, te alejas de lo malo. La Crew ha salvado a varios compañeros", dice. A pesar de su corta edad, tan sólo tiene 20 años, Scooby sabe bien de qué habla.

Si bien la vida en la 13 ha cambiado considerablemente, El Chota reconoce que "aún hay pelados en las esquinas que forman parte de las bancrín [bandas criminales]" y el problema de la violencia no está del todo resuelto. Los grafitours se suceden y los turistas sonríen mientras posan al lado de grafitis realmente espectaculares. Cuando lleguen al hotel, subirán la foto a Instagram. La mayoría, sin embargo, visita la 13 en grupo y apenas se encuentran turistas que vayan por libre. El estigma continúa y a la 13 aún le queda camino para quitárselo de encima, pero parece que, gracias al baile, la pintura, el hip-hop y otros procesos culturales, los jóvenes cada vez tienen unos referentes más sanos. Ahora faltará que Starbucks pase de largo.

 

19/07/2020 08:33

Por Queralt Castillo Cerezuela

@qc_Cerezuela

Publicado enColombia