Un judío ultraortodoxo recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el Arena Sports Hall de Jerusalén EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Tras vacunar a más de dos millones de personas, las autoridades sanitarias del país admiten que la aplicación de una única dosis cuenta con una eficacia escasa e, incluso, menor que la estimada

 

El coordinador israelí para hacer frente a la pandemia del coronavirus, Nachman Ash, ha señalado que la aplicación de una única dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech podría ofrecer menos protección de la esperada inicialmente. El país, que ha reportado 10.051 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha seguido los pasos de Reino Unido, cuya estrategia pretende retrasar la aplicación de la segunda dosis con el objetivo principal de vacunar de forma masiva con una primera dosis, según publica The Guardian.

En declaraciones a la radio del Ejército de Israel, Ash ha admitido que la aplicación única de esta primera dosis resulta "menos efectiva de lo que creíamos", e, incluso, con un rendimiento inferior al estimado por Pfizer, que cifró la efectividad de este primer vial en un 52%.

Frente a ese bajo nivel de protección obtenido con una única dosis, aquellos que han cumplido el ciclo completo de vacunación (dos dosis en un período de 21 días, que puede prolongarse ligeramente) han experimentado un crecimiento notable del volumen de anticuerpos, según los datos publicados por el Centro Médico Sheba el lunes.

Tras vacunar a más de dos millones de ciudadanos israelíes, Sharon Alroy-Preis, jefe del servicio de salud pública del país, ha justificado el incremento de las cifras de infectados asegurando que los contagios entre vacunados se producen porque no han sido capaces de generar suficientes anticuerpos para hacer frente al coronavirus.

Israel, que hace unas semanas presentaba su estrategia como una de las más rápidas del mundo y excluye a los palestinos del proceso de vacunación, ha inyectado la primera dosis a 2.215.963 personas. Únicamente 479.818 han completado el ciclo de vacunación de dos dosis recomendado por los fabricantes del fármaco.

19 de enero de 2021 20:08h

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¿De qué hablamos, cuando hablamos de Renta Básica?

La pregunta que plantea el título creo que es muy pertinente, porque en estos últimos tiempos en que se oye a hablar mucho de Renta Básica hay bastantes errores en la interpretación de este término. Lo más sencillo, para responder la pregunta, es consultar qué dice al respecto la Red Renta Básica que es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN): «La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, aun si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive». Y añade, por si no queda claro con la anterior definición: «una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población».

Hay dos rasgos fundamentales a destacar en esta definición: la universalidad, la reciben todos, y la no condicionalidad, no hay restricciones para acceder a la misma. Y esto nos lleva nuevamente al título, porque en Catalunya todavía hay mucha gente que confunde la Renta Básica con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un subsidio para pobres que se aprobó en el año 2017, el balance del cual es abrumadoramente negativo con respecto a su principal objetivo de eliminar o paliar la pobreza (seguro que este balance será objeto de algún que otro artículo en este mismo espacio). Ahora, sólo quiero apuntar que la RGC tal como ha demostrado en estos tres años con su despliegue, es todo lo contrario de universal e incondicional, y que estas son las principales razones de su fracaso.

También, desde este pasado junio, en el reino de España, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que desde este gobierno PSOE-UP, se anunció como la panacea para eliminar la pobreza. El IMV, con un recorrido bastante menos reducido en el tiempo que el de la RGC, ya nos ha señalado, sin embargo, sus carencias fundamentales: no llega a quien tiene que llegar. Y esto pasa, fundamentalmente, porque las condiciones que se imponen al colectivo de personas que deberían ser su principal destinatario, mayoritariamente las incumplen y, también, obviamente, porque no es universal. Las estadísticas, relativas a su desarrollo, hablan de que sólo menos del 10% de las personas de las que se esperaba a priori que deberían resultar beneficiadas han podido acceder al mismo (tampoco tengo ninguna duda de que sus resultados, cuando se hayan dado a conocer con más detalle, serán objeto de análisis en este mismo espacio).

La Renta Básica, e insisto de nuevo en las características universal e incondicional y, a diferencia, por tanto, de la RGC y el IMV, sí es una medida de política económica que puede eliminar la pobreza, pero no sólo eso. Es una medida que aumentaría la libertad de las personas, porque incrementaría la libertad de colectivos como los trabajadores precarios, el de las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, el de los jóvenes con pocos recursos y, lógicamente, el de las personas pobres, porque no puede haber libertad sin que las condiciones materiales para la existencia estén cubiertas. Esta última cuestión nos permite enlazar con otro elemento clave: la justificación republicana de la Renta Básica (otro apartado que merecerá igualmente un análisis más detallado en este espacio).

Por supuesto, la Renta Básica se enfrenta a numerosas críticas con independencia del ideario político desde el que se efectúen, por citar algunas: es injusto que también los ricos la reciban, la gente no trabajará si la percibe, recortará el estado del bienestar actual, es inviable económicamente… Ya se ve que hay que dar respuesta a todas ellas, y este también es el espacio que se utilizará para hacerlo.

Pero, siguiendo con el ideario político, también quiero dejar claro que soy partidario de una Renta Básica que suponga una mejora sustancial de toda aquella población que pueda considerarse no rica y, además, que la manera de financiarla no suponga alterar, es decir, no tocar ni un solo euro del gasto social, básicamente sanidad y educación, efectuado por el estado. Contrapuesta, claro, a una forma de Renta Básica que figuras relevantes de las teorías monetaristas y neoliberales propusieron a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en forma de impuesto negativo sobre la renta, pero que venía acompañado de la supresión de la inversión social del estado. En este sentido, elimina cualquier duda al respecto la enmienda que se introdujo en la propia definición de Renta Básica en el congreso de 2016 del BIEN «Estable en cantidad y frecuencia y suficientemente alta para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos».

Bueno, espero que las líneas precedentes hayan servido para responder a la pregunta que formulaba el título.

Por Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

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Crisis ecológica, pandemias y tratados de comercio e inversión

A estas alturas de siglo, no hay duda alguna de que afrontamos una crisis ecológica sin precedentes. Otra cosa es que se quiera reconocer a pesar de las múltiples evidencias existentes, bien estudiadas por el mundo científico y suficientemente documentadas y difundidas por organismos internacionales de los que forman parte la mayor parte de los países del planeta. Algo realmente contradictorio cuando desde Naciones Unidas alertan del momento crucial en el que vivimos en los campos del clima, de la biodiversidad o de la extensión de las pandemias y los países responden con medidas tibias o insuficientes cuando no mirando para otro lado directamente cuando al frente de ellos se encuentran los negacionistas.

Es incontestable la grave crisis biológica en la que estamos inmersos con una extinción masiva de especies como no deja de recordarnos la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de forma recurrente:  un millón       de especies de  animales y plantas, de los 8 existentes, están en peligro de extinción, entre las que cabe referirse a que más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados.

En este mismo sentido, el último informe de WWF de 2020 (Índice Planeta Vivo-IPV) constata una disminución media del 68% de las poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016, lo que supone un aumento del 8% con respecto al estudio anterior de 2018.

Por su parte el Convenio para la Diversidad Biológica (CDB) viene indicando reiteradamente que los tiempos se agotan y que el bajo cumplimiento (en algunos países nulo) de las Metas de Aichi nos conducirá a una senda sin retorno a menos que se modifiquen radicalmente las políticas económicas basadas en la explotación sin límites de la biosfera y en la continuación del uso de combustibles fósiles que agravan el cambio climático, dos de las causas principales de pérdida de biodiversidad, juntamente con la destrucción de hábitats de las especies, la contaminación ambiental y la introducción de especies exóticas invasoras.

Tanto el informe IPBES como el IPV y el CBD señalan como responsable de este desastre ambiental a las actividades humanas sin control en un contexto global de explotación insostenible de los recursos naturales.

En relación con el calentamiento global, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) también viene avisando desde su informe de 2018 (sobre los impactos del calentamiento global de 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales) de las serias consecuencias para las personas y sus medios de subsistencia que supondrá no alcanzar los objetivos de aumento de 1,5ºC del Acuerdo de París. Si en aquel informe se insistía en la necesidad de implementar las medidas para reducir drásticamente las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles, el informe de agosto de 2019 (Informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres) habla ya de que esto no basta y que hay que trabajar en todos los sectores, como la producción de alimentos y la gestión de los suelos. En el de septiembre de ese mismo año (Informe especial sobre el océano y la criosfera) el IPCC nos advierte del peligro de un océano hoy más caliente, más ácido y menos productivo por sus inquietantes derivaciones en cuanto a recursos pesqueros y cambios en las dinámicas climáticas regionales y locales.

En relación con las pandemias, más allá de enfrentar una de sus manifestaciones actuales, la Covid19, es necesario señalar que, si bien no son algo nuevo como podemos verificar mediante un rápido repaso histórico, su incidencia se ha triplicado en los últimos 50 años, habiéndose producido al menos 10 de distinta envergadura, entre ellas algunas conocidas como el ébola, el SARS, la gripe aviar, el VIH o el MERS. Todas estas pandemias son de origen zoonótico, saltando de alguna especie hospedante al ser humano.  Los principales reservorios de patógenos susceptibles de convertirse en pandemias se encuentran en mamíferos y algunas aves, además de en el ganado, como cerdos, camellos y aves de corral. La pregunta es por qué ahora hay más incidencia que hace medio siglo y encontramos la respuesta en la propia especie humana que coloniza cada vez más territorio, desplazando especies o eliminándolas directamente, destruyendo hábitats y modificando sustancialmente la dinámica ecológica de los ecosistemas. El equilibrio en los ecosistemas regula la presencia de bacterias y virus que, en si mismos, no son responsables de las pandemias ya que estos organismos forman parte del entramado de la vida.

El informe "Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que "Es muy probable que los 7 siguientes factores de intervención humana estén fomentando la aparición de zoonosis: el incremento de la demanda de proteínas animales; la intensificación insostenible de la agricultura; el aumento del uso y la explotación de las especies silvestres; la utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el cambio del uso del suelo y la industria extractiva; el aumento de los desplazamientos y el transporte; alteraciones en el suministro de alimentos, y el cambio climático".

El IPBES, que organizó en otoño un taller sobre sobre la relación entre la degradación de la naturaleza y el aumento del riesgo de pandemias, ve también que las actividades humanas son las que generan ese riesgo debido al impacto exponencial que está causando en el medioambiente el cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.

Con esta información puede deducirse sin lugar a duda que tres grandes problemas que asolan a la humanidad tienen su origen en la propia humanidad. El declive de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y los riesgos pandémicos no son fruto de ningún castigo divino como durante siglos se creía ante cualquier eventualidad que modificara lo que se consideraba la normalidad cotidiana. Afortunadamente, hoy día los avances científicos nos colocan ante el espejo de nuestra realidad para que, entendiendo lo que sucede, seamos dueños de nuestros destinos, pero incomprensiblemente no queremos mirar la imagen reflejada y seguimos actuando como si nada pasara. No hay mejor ejemplo que la reciente y presente pandemia del coronavirus, que debería haber abierto profundos debates sobre el momento complejo en el que vivimos, el modelo socioeconómico dominante o la crisis sanitaria y ambiental que puede convertirse en sistémica. Hacerse preguntas y cuestionar el sistema en el que vivimos parece un principio para buscar nuevas fórmulas que nos saquen del atolladero ambiental en el que vivimos. Como nos recuerda Delia Grace, del Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI), "se están tratando los síntomas de esta enfermedad, pero no sus causas".

Pero ¿por qué, si están evaluadas las causas y las conocemos, por tanto, no aplicamos medidas -o solo las aplicamos parcialmente- que haga menos inquietante el futuro sombrío, ambiental y socialmente, que, según todos los indicios, se avecina? Tanto el CBD en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, como el Acuerdo de París, nacido de la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) de 2015, han establecido medidas en teoría consensuadas en sus respectivos encuentros sobre biodiversidad y clima. Pero el grado de ambición de los países firmantes no parece suficiente para arrostrar un problema que los científicos ven cada vez con mayor preocupación.

Así, el PNUMA, en un informe de finales de 2019, advertía de que solo reduciendo las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, el mundo alcanzaría el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5° C por encima de los niveles preindustriales establecido en el Acuerdo de París. Por su parte la Organización Meteorológica Mundial alertaba de que vamos hacia un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para fines de este siglo en lugar de 1,5 a 2 contemplados en el Acuerdo. Es vergonzoso que los países más ricos, los del G20, que representan en su conjunto el 78% de las emisiones globales, no hacen un esfuerzo colectivo en su reducción ya que solo cinco de ellos -entre ellos la UE- se han comprometido con un objetivo a largo plazo de cero emisiones.

En el quinto informe de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBO5), el CBD señala que no se han logrado plenamente ninguna de las 20 Metas de Aichi, que eran las medidas previstas para el periodo 2011-2020. Aunque se han cumplido parcialmente algunos de estos objetivos, el resultado final de la década no permite grandes alegrías, porque su incumplimiento no solo afecta a la pérdida de biodiversidad silvestre sino también a campos tan esenciales para el bienestar de la población mundial como la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición o el suministro de agua limpia, todos ellos contemplados asimismo en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En esto momentos, una vez pasada esta última década, que se inició con una crisis económica y terminó con otra sanitaria, la comunidad científica internacional es escéptica con los parcos resultados conseguidos hasta ahora en materia de clima y biodiversidad, valorando que los compromisos de los países hasta ahora son insuficientes para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En un contexto de crisis sanitaria global, de consecuencias duras y aún no bien evaluadas, resulta decepcionante que en vez de abordar las causas de lo que se sucede y proponer alternativas que tengan en cuenta las distintas variables que intervienen en la ecuación de la vida, se propongan las mismas medidas para seguir adelante, sustentadas únicamente en un crecimiento económico que se ha convertido en una huida hacia adelante, sin garantías de salidas solidarias para las personas y de preservación mínima de las condiciones ambientales que las permitan.

En vez de esto y como ejemplo de estas medidas obsoletas, siempre pensadas además para favorecer únicamente a los grandes conglomerados empresariales y los fondos de inversión globales, se siguen aprobando tratados de comercio e inversión que inciden en los tres aspectos tratados en este artículo. Como muestra podemos citar el tratado UE-Mercosur, que ha tenido presencia mediática indirecta por los pavorosos incendios de la Amazonía en 2019, presentado como un acuerdo que favorecerá el intercambio comercial entre ambas regiones y posibilitará la mejora de sus economías y de su empleo. Pero las consecuencias de tal acuerdo serían en realidad tan inaceptables como desastrosas en los campos citados. La deforestación de los bosques ecuatoriales y tropicales, esenciales para la estabilización del clima, para aumentar la superficie para pastos para el ganado y para monocultivos de soja y maíz transgénicos para piensos, así como de caña de azúcar, también transgénica en algunos casos, para la producción de etanol, provocará degradación y contaminación del suelo y pérdida de biodiversidad acelerada y aumento de gases de efecto invernadero. El transporte de mercancías a uno y otro lado del Atlántico aumentará la emisión de CO2 en forma exponencial. Se seguirá usurpando los derechos territoriales y ambientales de las poblaciones indígenas. La seguridad alimentaria se verá afectada por la presencia tanto en productos ganaderos como agrícolas latinoamericanos de sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea, dejando de lado uno de los principales principios europeos, el de precaución. Se verán mermados los derechos de los trabajadores y sus empleos en los países del Mercosur por la presión de los mercados solo preocupados por bajar los costes de producción. Los pequeños productores agrícolas y ganaderos de ambos lados del Atlántico verán reducidos sus márgenes de beneficio al no poder competir en igualdad de condiciones con la agroindustria, que es la principal receptora de las inversiones de estos acuerdos comerciales. Hay que señalar finalmente que este acuerdo no incluye entre sus "elementos esenciales", cuya violación supondría la suspensión del tratado entre ambas partes, ninguna cláusula ambiental, por lo que cada país puede intervenir en esta materia a su antojo. En suma, este tratado sitúa a Mercosur como proveedor de materias primas y productos agropecuarios mientras que la UE exporta bienes industriales y tecnológicos, singularmente coches, atacando el tejido industrial americano y el sector primario europeo del pequeño campesinado, comunidades rurales y comercio de proximidad asociado.

Hemos de tener en cuenta además que el sistema alimentario industrial contribuye poderosamente al agravamiento de la crisis climática, en el que el acuerdo UE-Mercosur no es un caso aislado. También están en marcha, entre otros, el de la UE con México con problemas similares y los futuros con Australia y Nueva Zelanda. En el horizonte el recién anunciado acuerdo entre China y la UE, aún por concretar, pero que se muestra como un éxito para los inversores. Esta afirmación, que es toda una declaración de principios, deja claro cuáles son los objetivos de este tratado, garantizar las mejores condiciones para estos grupos financieros globales sin importar las consecuencias ambientales y sociales que puedan generar sus actuaciones.

Como indicaba recientemente la campaña francesa contra los TCI, es "urgente salir de la lógica de este tipo de acuerdos, que apunta a producir siempre más, siempre más rápido, más barato y en cualquier lugar, con menos trabajo y menos limitaciones ambientales y que hace del dumping social, fiscal y ecológico una regla de oro, de la que solo las multinacionales obtienen beneficios".

Y, llegados a este punto, plantear alternativas. Alternativas que pasan por incluir la sílaba RE delante de unos cuantos sustantivos del que se han apropiado los causantes de este desastre ecológico. Es necesario recapacitar, es decir, volver, siguiendo a la RAE, a considerar con detenimiento algo. Volver a considerar si el modelo socioeconómico en el que se estructura hoy día la vida la garantiza. Es necesario revisar los fundamentos de un sistema basado en el despilfarro, en la negación ecológica y en la consideración del ser humano como una mercancía. Es fundamental reordenar nuestras prioridades, poniendo en primer lugar las personas y su bienestar por una parte y por otra el sistema ecológico en el que nos insertamos, sin el cual no es posible lograr lo anterior. Por ello, ante una globalización suicida, hemos de cambiar el esquema mental impuesto y resulta indispensable cambiar, reformular nuestras perspectivas personales y colectivas. Es necesario emprender una relocalización ecológica y solidaria, apoyándose en una firme solidaridad internacional que apoye los desarrollos de los sistemas alimentarios e industriales sostenibles de los países del sur global. No se trata de renunciar a los intercambios comerciales entre distintas regiones, se trata de establecer nuevos mecanismos económicos, sociales y ambientales basados en las necesidades de la población y en el equilibrio ecosistémico. No se trata de repatriar sin más las empresas nacionales, se trata de producir cerca, en condiciones sociales y ambientales óptimas, que satisfaga las necesidades sociales no superfluas, renunciando al consumo desaforado sin sentido. Ello supondría una reindustralización y rediversificación económica de muchas regiones hoy día abandonadas a su suerte, con un descenso notable de las emisiones globales debido a la reducción del transporte marítimo y aéreo, dos de los principales contaminantes. También llevaría a una reinterpretación de los modelos productivos en los que intervendrían todas las variables existentes en los procesos de uso y/o transformación de los recursos naturales entre los cuales se contarían la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Se trataría también de reutilizar y recuperar objetos varios en desuso o retornar envases y contenedores en vez de quemarlos o verterlos en la tierra o el mar, reduciendo sustancialmente los residuos y la contaminación que suponen. Asimismo, iríamos a una revalorización de los sistemas alimentarios locales controlados por las comunidades rurales, a través del control de los recursos, de los circuitos cortos de comercialización y de la extensión de los mercados locales.

Ahora que estamos aún inmersos en una pandemia que se va a llevar por delante a cientos de miles de vidas humanas, puede que millones, una pandemia que sabemos que tiene mucho que ver con la crisis ecológica propiciada por el ser humana, es el momento de replantear o resetear el sistema, un sistema capitalista de producción y consumo insostenible y así, de esta forma, reafirmar nuestra convicción de que otro mundo es posible y nuestra apuesta por la vida.

Por Pablo Jiménez

18 enero, 2021

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 18 Enero 2021 05:56

Miénteme y di que no hay 5G malo

Miénteme y di que no hay 5G malo

Las locas conspiraciones en torno a la nueva generación de redes digitales son música para los oídos de las multinacionales encargadas de implantarlas, porque ridiculizan los fundamentados discursos sobre la agonía ambiental a golpe de clic.

 

La ignorancia es atrevida. De ello saca ventaja la conspiración, que puede formular infinitas hipótesis respecto a la ciencia, limitada por las pruebas finitas de la realidad. Miguel Bosé juntó los dos temas de moda entre el conspiracionismo, el coronavirus y el 5G, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la anécdota, que pasó a ser noticia. En estos casos, el problema viene cuando se sobreinforma y parece que la proliferación de teorías absurdas entre la sociedad es mucho mayor que la que en realidad existe. Así lo cree el geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio Aretxabala, que explica el empeño exagerado e innecesario en rebatir este tipo de hipótesis sin fundamento como “una estrategia de ridiculización” hacia las voces ecologistas críticas con el 5G. Es, al fin y al cabo, “una técnica de distracción”, señala.

El grupo ecologista Petrocenitales, al que pertenece Aretxabala, se esfuerza por desprenderse de ese estigma y llenar el vacío informativo. En la asociación participan 74 reputados científicos de todo el Estado, entre otros el ingeniero Ferran Puig o la física Estitxu Villamor. Les une su “preocupación por el peak oil” —o pico petrolero, referido al agotamiento del crudo—, además de su relación con “todos aquellos factores que conducen al colapso civilizatorio”, que se aceleraría aún más con el 5G. La falta de concienciación social sobre este problema se debe, según Aretxabala, a la creencia popular de que lo virtual es por naturaleza una alternativa ecológica a lo material. Para desenmascarar esta falacia, menciona el siguiente ejemplo: “En una compra por internet, los datos consumen más energía que el combustible utilizado para transportar el producto”.

Así lo explica en una de las entradas de su blog: “En el mundo virtual podemos pasar del byte al gigabyte o al terabyte, y del vatio al gigavatio con el movimiento de un dedo, pero en el mundo material no podemos saltar del gramo a la gigatonelada o del metro cuadrado al kilómetro cuadrado con la facilidad de un clic, simplemente porque en este mundo rigen leyes de masa, peso, rozamiento, espacio y tiempo. En el trasfondo están los altísimos costes energéticos”.

Del móvil al internet de las cosas

Ese trasfondo no es otro que la infraestructura que permite el funcionamiento de la telefonía móvil, que conoce muy bien el profesor Francisco Javier Falcone, director de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este experto recuerda que el 1G, la primera generación de redes inalámbricas, se inventó “en los años 80 para evitar tirar cableado en lugares donde era muy complicado, como en los países nórdicos a causa del hielo”.

En la siguiente década, los ingenieros diseñaron el 2G, un sistema “digital de extremo a extremo” que permite “transmitir mensajes de voz con cierta calidad de sonido y algunos datos poco pesados a modo de SMS”. Y, simultáneamente, “se desarrollaron en todo el mundo las redes fijas de cables y surge la necesidad de poder usar servicios ligados al internet emergente de aquel entonces; el correo electrónico, por ejemplo”, explica Falcone. A finales de siglo, “ya es posible una navegación muy sencilla a través del 2,5G, una generación móvil entre el 2G y el 3G”.

Esta última llega a principios del nuevo milenio, y trae consigo dos hitos, destacados por parte del ingeniero: “Por una parte, el multiservicio, con tráfico de datos multimedia, videollamadas incluidas, y navegación de internet algo lenta. Por otra parte, la irrupción del IPhone, el primer teléfono táctil, que facilitó la navegación por internet, entre otras cosas”. Las compañías que implantan el 3G "se marcan por objetivo competir con el ADSL, lo que revoluciona el mercado”, analiza. Así llega el 3,5G, que permite “un tráfico de datos más rápido”. Esta última evolución ya utiliza la red de ondas HDSPA, “la que a día de hoy usamos porque tiene un caudal de velocidad suficiente como para ver Netflix en nuestros dispositivos 4G”, concreta.

La cuarta generación se consolida en 2010, aunque no empieza a instalarse en el Estado español hasta 2015, cuenta Falcone. Esta “ya no es que sea digital, sino puro tráfico de internet”. Además, “permite conectar dispositivos con el llamado ‘internet de las cosas’ e incrementa la velocidad hasta un gigabit por segundo”.

Más banda, menos onda

Así es como llegamos al 5G, que, según el profesor, traería consigo cuatro grandes mejoras. En primer lugar, incrementaría la velocidad de manera sustancial. En segundo lugar, reduciría el retardo entre la orden y la respuesta del dispositivo a unos escasos milisegundos. En tercer lugar, permitiría el uso de equipamiento tan convencional como un móvil o un ordenador para funciones muy concretas, determinadas por la propia red y no por el dispositivo. Y, por último, posibilitaría la capacidad computacional al borde de la red. Es decir, “si nuestro dispositivo no puede procesar una serie de datos, estos podrían descargarse en las estaciones base o antenas 5G a modo de nube y reproducirse en el mismo dispositivo”, expone Falcone.

No obstante, precisamente para que todas estas funciones puedan llevarse a cabo con una cobertura equiparable a la del actual 4G, “habría que multiplicar las estaciones base por 100”, lamenta Aretxabala. Esto se debe, según Falcone, a que “cuanto mayor es el ancho de banda, menor es la penetración y el alcance de las ondas”. Es decir, que el 5G permitiría descargar vídeos en 8k, pero sus radiofrecuencias tendrían dificultades para atravesar paredes o ventanas y la solución pasaría inevitablemente por aumentar hasta un 10.000% el número de emisores y receptores, a modo de antenas, routers y dispositivos móviles.

Además, Aretxabala señala que la computación en la nube “ya utiliza el 2% de la electricidad del mundo, mientras que la estructura digital en su globalidad alcanza el 10%”. Hay una comparación que podría tomarse como medida del coste energético de cada antena: “El funcionamiento de la red de los centros de datos en los que se basa la computación en la nube requiere 100 veces más electricidad que el rascacielos de Iberdrola de Bilbao”. De hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha calculado que la energía empleada para mantener los centros de datos en el país supera la de toda su industria química. Otro dato, mencionado por Aretxabala: el uso de la energía destinada a lo digital creció un 90% de 2000 a 2005; y un 24% entre 2005 y 2010, cuando se estabilizó; de cara al futuro y teniendo en cuenta las expectativas sobre implantación del 5G, el crecimiento respecto al consumo actual sería de entre el 300% y el 1.000%, en función de “la ambición sobre la circulación de datos”, matiza.

La paradoja de Jevons

Con toda esta información, sorprende que la concesión por parte de la Unión Europea de los fondos para la recuperación de la crisis económica derivada del coronavirus esté condicionada a que cada país miembro lleve a cabo una “transición digital y ecológica”. La intención es desligar por primera vez en la historia el uso de recursos energéticos del crecimiento económico, como repite Bruselas desde julio. De hecho, los proyectos digitales y ecológicos acaparan el 70% de las ayudas y préstamos. Según Aretxabala, “la disociación entre el PIB y los recursos” es un completo engaño basado en la vieja paradoja de William Jevons, que el científico que le da nombre ya formuló en 1860. Este observó que, a lo largo de la historia, cada hallazgo que aumenta la eficiencia en la extracción de un recurso lo abarata de tal modo que termina aumentando la demanda y, por ende, el consumo, en lugar de reducirlo.

Es decir, rigen exclusivamente las leyes capitalistas, que, a la larga, no solo aceleran la contaminación y el agotamiento de recursos, sino que también los terminan volviendo ineficientes. Véase el caso del petróleo, explicado por Aretxabala: “En los años 50, estaba tan en la superficie que con el empleo de la energía equivalente a un barril de crudo se podían extraer 100, ahora solo 15”. Esta proporción de 15:1 la marca la tasa de retorno energético (TRE). Lo que ocurre es que tanto el mundo digital como todas las renovables solo se mantienen gracias a sus infraestructuras creadas con combustibles fósiles, porque tienen una TRE media de 3:1, bajísima en comparación con el 150:1 del gas o el 44:1 del carbón. Crecen las renovables, pero lejos de sustituir a las fósiles, las impulsan. En conclusión, “no existe ningún tipo de disociación entre el consumo de minerales y el crecimiento del PIB y, por tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero”, en palabras de Aretxabala. La única reversión posible es “reducir paulatinamente el consumo energético” hasta un 20% o 30%, calculan los científicos que han estudiado la crisis de los recursos a escala planetaria.

El 5G, desde luego, no va encaminado en esa dirección, pero es el último nicho del marketing del ocaso de los recursos. En palabras de Aretxabala: “Las grandes corporaciones digitales como Amazon, Apple o Google afirman que una revolución industrial verde es posible. Hace tiempo que Google declara utilizar solo energía verde, aunque sea mentira. Porque sus aerogeneradores y placas solares se han construido, se mantienen, se optimizan o se desmantelan con un camión, una grúa, excavadoras, asfaltadoras, altos hornos. Todos ellos funcionan con gasoil, gas, carbón o energía nuclear”.

La vista gorda de los medios

Una vez borrada la pintura verde de esta publicidad engañosa cabe preguntarse si necesitamos una comercialización del 5G con cobertura universal más allá de una localización acotada al máximo por razones de peso como teleoperaciones o casos excepcionales de verdadera eficiencia energética. La cuestión, a pesar de su gravedad, no está presente en la agenda mediática. Solo hay dos explicaciones posibles: negligencia o estrategia.

Vamos a la web del diario líder en el Estado español, El País, y entramos en el buscador del menú. Si escribimos 5G, nos saldrán centenares de noticias relacionadas. Como son muchas, cogemos como muestra un periodo determinado, en este caso, 2020. Encontramos nueve artículos: uno señala conspiracionistas famosos y desmonta sus teorías contra la nueva generación de red digital, otro prueba que sus “campos electromagnéticos son inocuos”, dos giran exclusivamente en torno a sus ventajas, otros dos son anuncios publicitarios de dispositivos móviles concretos, pero publicados a modo de noticia, y tres hacen hincapié en el reto legal y tecnológico para garantizar la protección de datos de la nueva red. Ninguno cuestiona el 5G y no hay ni rastro del impacto ambiental. Por el contrario, hay varios artículos que exponen y desmienten los “disparates” de Miguel Bosé.

Cabe señalar también que, en la entrevista del 21 de julio de 2020 a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G, el protagonista insiste en que el horizonte de la Unión Europea en materia de redes móviles es la “soberanía tecnológica”. El 17 de diciembre de 2019 el propio periódico ya había adelantado la línea a seguir al informar de que “Telefónica reducirá su dependencia de Huawei al desplegar la red 5G”. A partir de esa fecha, todas las noticias sobre los riesgos de seguridad de la nueva red centran el foco de las sospechas expresamente en la empresa móvil china.

Esta sustitución del servicio público por el servilismo ante los poderes económicos podría considerarse, aun y todo, una simple casualidad fruto de la dejación de funciones para las que fueron concebidos los medios. Pero la cuestión es que Telefónica posee el 9,4% de Prisa, el grupo de comunicación al que pertenece El País. La teleoperadora es líder en implantación del 5G en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de encabezar la red en Europa.

Tampoco es desdeñable que el pasado 15 de junio, en plena crisis del coronavirus, el Consejo de Administración de Prisa retirara de la dirección del periódico a Soledad Gallego-Díaz para recolocar a Javier Moreno Barber, que en su anterior etapa al frente del diario, entre 2006 y 2014, alardeaba de que en su grupo “manda Santander y paga Telefónica”. Cabe señalar que esta última compañía presume desde septiembre de “encender el 5G en España”, red con la que su director, José María Álvarez-Pallete, espera dar cobertura al “75% de la población en apenas un año” para aprovechar así “una oportunidad de oro” y poder liderar “la cuarta revolución industrial”. Por su parte, el Santander, que tiene más del 4% de la propiedad de Prisa, se jacta de ser “el primer banco con tecnología 5G” gracias a un acuerdo con Telefónica para que la entidad bancaria de Ana Botín impulse la implantación de esta red a lo largo y ancho del Estado.

Por Mikel Urabaien Otamendi

18 ene 2021 06:18

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

Publicado enSociedad
Lunes, 18 Enero 2021 05:46

Que te cure Lola

Aplicación de la vacuna contra la covid-19 en fase de prueba en Sudáfrica. AFP, SIPHIWE SIBEKO

El uso que el big pharma hace de los países pobres

Principales empresas del rubro se benefician de bajos costos para hacer experimentos en el Sur global. Pero una vez descubiertos los medicamentos, su acceso suele estar vedado para esas naciones.

Albert Bourla, director general de Pfizer, ha tenido palabras de elogio para «las casi 44 mil personas que de forma desinteresada levantaron la mano para participar en nuestras pruebas». «Cada uno de ustedes ha contribuido para que el mundo esté un paso más cerca de nuestro objetivo común de desarrollar una vacuna contra esta pandemia devastadora», escribió Bourla en una carta pública a los voluntarios que formaron parte de las investigaciones de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 hechas en Argentina, Sudáfrica, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos. La misiva fue publicada el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que Pfizer anunció que su vacuna superaba el 90 por ciento de efectividad en la prevención de la enfermedad. Bourla atribuyó este logro a los voluntarios: «Ustedes son los verdaderos héroes. El mundo entero tiene con ustedes una tremenda deuda de gratitud».

Argentina, Sudáfrica, Brasil y Turquía tendrán que conformarse con estas muestras de gratitud de Pfizer, porque no recibirán, al menos no en el corto plazo, suficientes vacunas para vacunar a sus poblaciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania –junto con Canadá y el resto de la Unión Europea (UE)– se han asegurado suficientes dosis de varias vacunas contra el covid-19 como para inocular varias veces a sus poblaciones. Aunque Estados Unidos enfrenta problemas logísticos en su campaña de vacunación, se estima que eventualmente alcanzará un stock suficiente. Durante el verano boreal, encargó 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a cambio de 1.950 millones de dólares. En los últimos días de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para comprar 100 millones de dosis adicionales de vacunas de aquí a julio de 2021 y el gobierno tiene la posibilidad de adquirir 400 millones más de dosis. Washington compró además 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que llegarían el segundo trimestre de 2021, y se reserva la opción de comprar hasta 300 millones de dosis extras. También firmó con Ology, Sanofi, Novavax y Johnson & Johnson para comprar dosis suplementarias, aunque estas vacunas se encuentren aún en las primeras etapas de su desarrollo.

CONEJILLOS DE INDIAS

Las empresas farmacéuticas y sus directivos ya cosechan grandes ganancias. El mismo día que envió su carta abierta, Bourla, cuyo patrimonio neto se estima en más de 26 millones de dólares, vendió más de 5 millones de dólares de sus acciones de Pfizer. La farmacéutica obtuvo en 2020 ganancias de al menos 975 millones de dólares debido a su vacuna y se espera que recaude 19.000 millones de dólares más en 2021, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. El margen de ganancia de Pfizer sobre la vacuna se estima entre un 60 y un 80 por ciento. Morgan Stanley también ha proyectado que en 2021, gracias a su vacuna, Moderna ganará como mínimo 10.000 millones de dólares.

Los 100.000 millones de dólares en ventas de vacunas contra el covid-19 que ha estimado la consultora Evercore ISI sin duda son parte de lo que atrajo a las empresas farmacéuticas al desarrollo de estos inmunizantes. Pero el cálculo es diferente para los participantes en las investigaciones. En los países en vías de desarrollo «encontrás personas que no tienen cobertura de salud, están desesperadas por atención médica y sólo les quedan disponibles las migajas de la investigación científica», dice Harriet Washington, experta en ética médica de la Universidad de Las Vegas.

Esa desesperación es sólo parte de la razón por la que las compañías farmacéuticas llevan a cabo la mayoría de sus pruebas en países pobres. Según Washington, la relativa falta de control y los menores costos operativos son razones adicionales por las que la industria farmacéutica se siente atraída por esos países. Los participantes en las investigaciones de la vacuna contra el covid-19 en Argentina, Brasil, Sudáfrica y Turquía «trabajan más barato que la gente en Estados Unidos o Alemania», afirma.

El problema ético que esto crea –la gente en los países en vías de desarrollo tiene menos acceso a los avances médicos, a pesar de que asume una parte desproporcionada de los riesgos que permiten su descubrimiento– es mucho más viejo que la pandemia de coronavirus. «Hay desigualdades inherentes que se repiten en cada epidemia», dice Washington. «Es un patrón constante; lo vas a encontrar cualquiera sea el caso en que te fijes».

Participen o no en investigaciones sobre medicamentos, los habitantes de los países con ingresos medios y bajos suelen carecer de acceso a avances médicos que pueden salvar vidas, pero cuyos precios están fuera de su alcance. Gilead, que tiene la patente del sofosbuvir, un medicamento clave contra la hepatitis C, ofrece una ilustración clara y trágica de lo mortal que puede ser esta dinámica. En Brasil, en junio de 2019, sólo una de cada siete personas que necesitaban este medicamento vital lo había recibido. En ese país, miles de personas han muerto por esta enfermedad curable, según la organización sin fines de lucro Make Medicines Affordable.

Aunque eventualmente muchos medicamentos terminan estando disponibles, para la gente de los países en vías de desarrollo el acceso a ellos suele retrasarse, como ha ocurrido con los medicamentos para el VIH, a los que todavía no pueden acceder unas 15 millones de personas infectadas en todo el mundo. En algunos países pobres estos medicamentos llegaron más de una década después de haber sido utilizados en los países ricos.

«Observamos retrasos en casi todas las intervenciones en el mundo entero, se trate de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico», dice el doctor Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad de Duke, y agrega: «Los productos que llegan a los mercados de los países de ingresos bajos y medios no producen tanto dinero». Como resultado, en gran parte del mundo, la posibilidad de contar con esas novedades vitales suele depender de la financiación de donantes, «que es siempre inferior a la que quisiéramos», sostiene Udayakumar.

Las consecuencias mortales del atraso en el acceso a la vacuna contra el covid-19 serán evidentes durante 2021. La cantidad de personas vacunadas en todo el mundo dependerá en parte del éxito de otras posibles vacunas candidatas y de la necesidad de administrarlas en una o dos dosis. Pero ya está claro que la mayoría de los países no tendrá dosis suficientes, mientras que los países ricos acaparan las reservas. Una iniciativa internacional tendiente a garantizar el reparto equitativo de las vacunas, denominada COVAX Advance Market Commitment, regida por la público-privada alianza de salud GAVI, busca proporcionar a los países participantes vacunas suficientes para inmunizar hasta el 20 por ciento de su población para finales de 2021. Pero, incluso en el mejor de los casos, este objetivo dejaría a la gran mayoría de la población sin vacunar. Y está «supeditado a la disponibilidad de fondos», como lo dice con claridad el sitio web del grupo (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20).

Algunos activistas de la salud pública internacional han mostrado su frustración con respecto a GAVI. «El día uno, cuando se vacunó a la primera persona en Reino Unido, deberíamos haber visto el equivalente en un país en vías de desarrollo», afirma Kate Elder, asesora principal de políticas de vacunación de Médicos sin Fronteras. «Pero eso no pasó. Y no tenemos ningún dato concreto de cuándo llegarán las dosis necesarias para estos países». Elder señala que, a pesar del objetivo declarado de facilitar un acceso igualitario, el esfuerzo internacional para la distribución de vacunas se ve afectado por el desequilibrio mundial en materia de poder y de riqueza. «GAVI nunca denunciará el “nacionalismo de vacunas”, porque sus mayores donantes –como el Estado británico– son los miembros más poderosos de su junta directiva», sostiene.

El Banco Mundial aporta ayuda adicional para la entrega de vacunas, pero lo hace bajo la forma de préstamos que los países pobres tendrán luego que pagar. Debido a las demoras, es muy probable que mucha gente en países de bajos ingresos no reciba la vacuna antes de 2023 o 2024, lo que resultaría en un número desconocido de muertes.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CIERRA

«Estamos ante un apartheid mundial de vacunas», denuncia Zain Rizvi, investigador de derecho y política en la ONG Public Citizen, que predice que el retraso en la vacunación tendrá consecuencias «calamitosas». Public Citizen ha propuesto varias soluciones para que Estados Unidos amplíe el acceso a las vacunas, entre ellas la construcción de nuevas instalaciones de producción y el recurso a una oscura norma (sección 1498 del título 28 del Código de Estados Unidos, referida a casos de patentes y derechos de autor) que le permite al gobierno saltarse las patentes privadas en el caso de invenciones financiadas por el Estado. Mientras tanto, Kenia, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial del Comercio una medida que permitiría renunciar a ciertos derechos de propiedad intelectual sobre los productos relacionados con el coronavirus, incluidas las vacunas. La propuesta, apoyada por 99 países, aún no ha sido adoptada después de haber sido rechazada por Estados ricos como Estados Unidos, los miembros de la UE, Japón, Reino Unido y Australia (véase «Militar la patente» en este número).

Pero la quita de las patentes es sólo un primer paso para permitir el acceso mundial a las vacunas. «El know-how es, a corto plazo, un problema mucho más grande», señala James Love, que dirige el grupo sin fines de lucro Knowledge Ecology International. Love cita el caso de Moderna, el fabricante de vacunas financiado por el gobierno federal estadounidense, que ha prometido que no aplicará la patente de su vacuna. «Pero, aun así, no podés fabricarla si no sabés los detalles de cómo la hicieron», dice Love. «Hay que obligar a quienes tienen el know-how a compartirlo, porque estamos en una puta pandemia», insiste.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos y las empresas que este ha financiado para fabricar vacunas ya reciben el crédito por poner fin a la pandemia, Love señala que algo no cierra en esa historia de éxito: los contribuyentes terminaron siendo obligados a pagar por acuerdos que limitaban el acceso mundial a las vacunas. «Hay quienes van a decir que esto es un tremendo éxito por la innovación lograda», piensa Love. «Pero la realidad es que el Estado tomó nuestro dinero, se lo dio a las empresas y redactó contratos desastrosos por los que terminamos con muy pocos derechos sobre inventos que nosotros mismos financiamos», se lamenta.

El problema podría haber sido evitado «si el gobierno hubiera incluido un intercambio obligatorio del know-how en cada uno de sus contratos, de manera tal que la transferencia de tecnología habría podido comenzar apenas esas vacunas estuvieran en la fase de pruebas», dice Love. «Pero no fue así. Y una de las consecuencias de esas concesiones es que terminamos condenando a los países en vías de desarrollo a acceder tarde a las vacunas», concluye.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump ha sido particularmente generosa con la industria farmacéutica, ha eliminado de algunos de sus contratos las protecciones estándar en materia de acceso que favorecían a la población y ha bloqueado los esfuerzos internacionales para mancomunar recursos en la lucha contra la pandemia. «Joe Biden tiene el poder de cambiar esto», sostiene Rizvi. «Puede pensar más allá, compartir la receta de la vacuna y ayudar a aumentar la producción y la capacidad de fabricación para incrementar el aprovisionamiento rápidamente». Por su parte, Washington cree que también son solucionables los dilemas éticos planteados por la investigación sobre las vacunas contra el covid-19 en países que tal vez no accedan a ellas durante años. «Las desigualdades son fáciles de corregir –plantea–, sólo tenés que tratar a las personas de los países pobres de la misma manera en que tratás a las demás».

(Publicado originalmente en The Intercept, bajo el título World Faces Covid-19 «Vaccine Apartheid». Brecha traduce y publica con autorización.)

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Domingo, 17 Enero 2021 05:36

Un poder en la sombra

Un poder en la sombra

Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, Novartis, Roche, Merck, GSK…

 

“Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para las ciudades”.

Aristóteles, Ética a Nicómaco

 

El mayor éxito del 2020 fue sin duda el descubrimiento de varias vacunas contra la covid-19; a la cabeza estuvieron las grandes de la industria farmacéutica. El tiempo logrado entre la irrupción de la pandemia y las primeras vacunas fue tan solo de diez meses; esto es, sin duda, un enorme logro para la humanidad y para la ciencia médica en particular. Sin embargo este éxito indiscutible contiene multitud de lados oscuros. El conflicto de intereses entre las empresas y la sociedad en su conjunto es el punto central de este artículo.

1.- La gran industria farmacéutica

Vivimos en un mundo dominado por una economía capitalista. Por lo tanto, la lógica que la impulsa es la ganancia. El motor del Capital, de sus inversiones tecnológicas, científicas o los recursos humanos es la acumulación y el crecimiento de sus beneficios. La producción capitalista transforma todo el proceso económico en producción de mercancías (ya sean cosas o servicios) destinadas al consumo en un mercado inundado por ellas. Dentro de esta lógica no hay sitio para los prejuicios o la moralidad (como la podríamos entender muchas personas). El más grande y único estímulo de todas las empresas que se mueven en las Bolsas de todo el mundo es incrementar en cada ejercicio las ganancias del año anterior. Por eso esta famosa frase de un sindicalista británico del siglo XIX, Thomas Dunning, que Karl Marx cita en su libro El Capital:

“El capital experimenta horror por la ausencia de ganancia o por una ganancia muy pequeña, como la naturaleza siente horror por el vacío. Si la ganancia es adecuada, el capital  se envalentona. Un 10% seguro, y se lo podrá emplear donde quiera; el 20% y se pondrá impulsivo; el 50% y llegará positivamente a la temeridad; por un 100% pisoteará todas las leyes humanas; el 300% y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo del patíbulo. Cuando el tumulto y las riñas suponen ganancias, allí estará el capital encizañándolas”.

El caso de la gran industria farmacéutica o de los servicios privados de la salud no es ninguna excepción en esta lógica. Por el contrario los datos con los acabaron sus balances en el 2020 fueron escandalosamente positivos. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que la pandemia de la  covid-19, ha sido el mejor año en resultados del sector privado de la salud.

Como decía el diario El País con fecha 2 de enero de 2021:

“Tecnológicas y farmacéuticas capitalizan en Bolsa su gran año…. Al calor de la vacuna y la renovada importancia de la salud en el  imaginario colectivo, la industria añade un nuevo representante en las 50 mayores  empresas del mundo: Abbott, que se une así a Roche, Novartis, Merck, Pfizer.”.

Según el periódico El Economista Digital con fecha 12 de diciembre de 2020: “Pfizer y Moderna (marcas descubridoras de las dos primeras vacunas comercializadas en el mundo occidental), ingresarán 26.500 millones de euros en un solo año”. Para el año 2021 las previsiones son que Pfizer ingrese 16.000 millones más y Moderna entre 10 y 15.000 millones. Como todo el mundo sabe, Pfizer es una marca norteamericana que comparte con BioNTech (alemana) el privilegio de haber sido los primeros en salir al mercado. Por eso a lo largo del 2020 las acciones de Pzifer subieron en Bolsa un 12%, las de BioNTech un 300% (ahora su capitalización es de 25.0000 millones de euros). La diferencia de porcentaje entre ambas se explica porque mientras Pfizer ya era un gigante del mundo del capitalismo antes de la vacuna contra la covid-19, la otra es, digamos, una advenediza. Por su parte, otra marca con sede en EE UU, Moderna, también mucho más pequeña que Pfizer, Roche, Novartis o Merck, está teniendo un crecimiento -según Morgan Stanley- del 700%, con una capitalización de 62.000 millones de dólares.

Podemos concluir diciendo que durante la pandemia de la covid-19 la Bolsa mundial ha registrado ganancias en los grandes mercados de Estados Unidos, impulsados por los rendimientos y expectativas futuras de los gigantes tecnológicos (Apple, Microsoft, Facebook…, por el conglomerado de los servicios Amazon, y por el negocio de la salud). Este último vive sus mejores momentos no solo por el descubrimiento de varias vacunas contra el virus covid-19, sino también por el caldo de cultivo que genera la pandemia. Muchas personas se están haciendo seguros privados ante el atasco y desmantelamiento de los hospitales o centros de salud públicos (lo que se ha reflejado en un aumento del 4,7% de nuevas pólizas); también está en auge la propuesta de tratar enfermedades o síntomas corrientes mediante video-llamadas (hasta Movistar está mandando a sus clientes ofertas para que los pacientes consulten sin moverse de su casa). Algunas empresas se preparan para el auge de la Telemedicina que, además de su dudosa utilidad, puede suponer el desmantelamiento mayor de los centros de salud.

2.- Las bases económicas y comerciales de un negocio muy poco ético pero muy seguro

Llegados a este punto algunos se pueden preguntar si es lícito hacer negocios con las enfermedades de los seres humanos. Mi opinión es que no, pero obviamente vivimos en una sociedad dominada por el capital y debatir acerca de la legalidad moral o jurídica es superfluo. No obstante, las mismas empresas infringen las reglas del juego cuando son tan poderosas o más que los propios países en donde residen.  El conflicto entre las tecnológicas norteamericanas y la UE o el gobierno federal de EE UU responde a eso.

La industria de la salud no es una excepción. No se amasan miles de millones de dólares gestionando empresas sobre los valores de la solidaridad o la cooperación; al contrario, las fortunas se construyen en una guerra abierta donde la competencia es mortal y en donde si es preciso no existe ninguna regla moral que impida el desenfreno de los beneficios. Para amasar esos capitales hace falta, además de contingencias dolorosas y dramáticas como la covid-19, algunas otras cuestiones interrelacionadas: una posición de privilegio en el mercado; acuerdos con los gobiernos y organismos internacionales y una demanda social continúa que, en el caso de la sanidad -con pandemia o sin ella- es permanente y a escala planetaria.

En un excelente artículo publicado en viento sur por Jorge Luis Díaz y Álvaro Arador titulado “La propiedad intelectual farmaceútica y su amenaza para la salud pública”, estos planteaban varias líneas de reflexión muy a tener en cuenta:

  1. Los derechos de patentes, propiedad intelectual, que tienen estas grandes empresas les otorgan la exclusividad en el desarrollo, producción y comercialización de todas las innovaciones (por supuesto las vacunas anti-covid)  a lo largo de los próximos 20 años. Esto quiere decir que los rendimientos para las próximas décadas son inconmensurables si tenemos en cuenta que el virus estará entre nosotros y ya no digamos las posibles nuevas mutaciones.
  2. La llamada arquitectura de las patentes les otorga un mayor blindaje ya que se patenta no solo el producto, sino todos los procesos y modificaciones moleculares. Esto dificulta, cuando no impide, el desarrollo de genéricos. De esta manera, el monopolio del mercado de vacunas ha estado copado históricamente por cuatro empresas: Sanofi, Merck, Pzifer y GlaxoSunthikline (GSK).
  3. Utilizan además para estas y otras vacunas, un lanzamiento secuencial basado en la falta de transparencia y desabastecimientos. Las cadenas de producción y comercialización están controladas según sus propios intereses. Por ese motivo primero llegan a los países ricos (pactando precios muy altos con EEUU y la UE), lo que les garantiza a ellos unos beneficios mucho mayores que si tuvieran que negociar con los países más pobres. Esta experiencia ya la vivimos en España con los tratamientos contra la hepatitis C. El precio de salida de los antivirales era disparatado y sin embargo los costes eran mínimos; hizo falta una gran movilización de los afectados para obligar a una negociación entre el gobierno español y la industria farmacéutica. Además, como indicábamos más arriba, los acuerdos con los Estados o los Tratados Internacionales están basados en  la obligación de mantener el secreto comercial y por lo tanto un oligopolio de su comercialización.
  4. Lo que la opinión pública desconoce es que estas grandes empresas que se benefician de una manera tan descarada de la legislación y de su posición privilegiada en el mercado, están respaldadas además por inversiones públicas de los propios gobiernos; es decir, el Estado mete dinero público en las empresas y establece planes de colaboración científica para que, más tarde, los rendimientos económicos vayan a parar a esas empresas. Las investigaciones que se han llevado a cabo estos diez meses hasta conseguir las vacunas no han sido una excepción. En la información que nos ofrece un reportaje de la BBC recogido por Magnet el 28 de diciembre del 2020 se dice lo siguiente:

Moderna. “La farmacéutica estadounidense recibió 2.500 millones de dólares provenientes de distintos departamentos federales… desde que la vacuna es un éxito el presupuesto se completó con inversiones privadas de Dolly Parton y Vanderbit… La mayoría del dinero proviene de arcas públicas.”

¿Y Pfizer?  “Según ellos no recibieron ayudas, pero su socio BioNTech recibió en septiembre una ayuda federal de 500 millones de dólares.”

Pero no solamente son las ayudas. Los contratos que se firman para la distribución de esas vacunas, los Estados, están obligados a firmar cantidades cerradas sin tener del todo claro la efectividad de esas vacunas en la población (más allá de las pruebas experimentales). En el momento actual millones de dosis están vendidas en los principales países: EE UU, UE, Australia, Canadá, Japón, etc. Según las fuentes a las que nosotros hemos podido acceder, quitando el caso de la vacuna de Astra-Zeneca (que recibe una ayuda pública del 20%) y que se ha comprometido a mantener los precios de coste (alrededor de 3 o 4 euros por vacuna), el resto está vendiendo las vacunas a unos precios -al menos- diez veces mayor de lo que cuesta todo el proceso de fabricación, transporte y refrigeración. Es decir,  las vacunas de  Moderna y Pfizer se han fijado entre 15 o 30 euros.

“Cerrando el círculo (lo que nos devuelve a las acciones de Pfizer y Moderna): el hecho de que se han convertido en un caramelo muy codiciado por los inversores, se debe no solo a la vacuna, sino a su propia proyección. Y en eso hay que tener en cuenta el regreso a la vida normal, un premio mucho más jugoso que los potenciales 32.000 millones de dólares de beneficios”. (Citado por los autores del artículo de la BBC).

3.- Otras modalidades en el negocio con recursos públicos

Bajo el nuevo paradigma  ¡colaboración público-privada! multitud de pequeñas y grandes empresas, así como fondos de inversión de dimensión global, se trasladan -como buitres- para el reparto del botín. Grupos económicos que, por ejemplo, ven mermados sus beneficios en otros sectores como la construcción, la hostelería o la alimentación, se desplazan en la búsqueda de tasas de ganancias más elevadas o, en numerosos casos, intentan resarcirse de sus propias pérdidas. La gran diferencia entre los nichos de beneficios que ofrece la salud y otros como por ejemplo la vivienda, es que el primero siempre tiene una demanda más constante que el segundo.

La introducción de estas empresas en la sanidad pública o servicios públicos no es siempre la misma. En unos casos puede ser a través de grandes operaciones de fusión de empresas como es el caso de Fresenius (un gigante alemán) que compró Quirón por 5.760 millones de euros en el 2017. En otros es a través del llamado capitalismo de amiguetes, muy propio de los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes o Isabel Diaz Ayuso. Estos gobiernos corruptos del PP lo que hacen es una pantomima de concursos de obras y servicios para entregar la explotación de los mismos a sus amigos empresarios como Florentino Pérez, Villar Mir, etc.

Una pequeña exposición de las variantes de esa supuesta colaboración público-privada puede verse muy bien en la Comunidad de Madrid:

  • Hospitales integrados en la red pública pero con una mayor intervención de capital privado. Este es el caso por ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid que pertenece a Fresenius-Quirón (además también tiene hospitales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro, Villalba). La particularidad es que la Comunidad de Madrid les otorga una cuota de mercado, es decir, un porcentaje de la población para que atiendan y a cambio reciben dinero de los Presupuestos de la Comunidad. Hoy esto supone un 17% de dichos presupuestos. Además la empresa Fresenius-Quirón contrata a su personal laboral tanto sanitario como no sanitario a los que, como es de suponer, impone convenios propios. Se da el caso además que -como en estos lugares se aumenta la productividad media del sector- tienden a absorber más pacientes de los suyos propios y con ello reciben más transferencias del  gobierno autonómico. La Fundación Jiménez Diaz es un parásito de la sanidad pública madrileña no solo por los recursos que absorbe, sino porque el propio gobierno del PP facilita su competencia en perjuicio de hospitales como el Clínico San Carlos.  Así tenemos como ejemplo que cuenta con una población atendida de nada menos que 450.000 personas, lo que ha conducido al Clínico a perder en varios años cientos de camas.
  • Hospitales o centros sanitarios privados. En ese caso son empresas dedicadas a la salud con capital exclusivamente privado y no adheridos a la red pública. Muchos con convenios con la administración pública de las que obtienen una parte de su petróleo además de buscar otras vías de acceder al mercado.  En Madrid representan un porcentaje muy elevado (hasta un 30%) en relación con lo público. La mayoría están construidos en zonas de rentas altas o muy altas y suelen encargarse de intervenciones menores (cataratas, traumatología, cirugía estética, rehabilitaciones,…), para recibir esos servicios el usuario tiene que tener su póliza ( Sanitas, Asisa, Adeslas…),  o bien a veces también se establecen convenios de colaboración como por ejemplo el que tenía  el hospital de la Beata Mariana de Jesús con el hospital público de La Princesa para las rehabilitaciones de pacientes de traumatología. Además el personal laboral tiene unas condiciones económicas y de jornada inferiores al sector público por lo que los beneficios que obtienen estas empresas suelen ser muy elevados y los precios que cobran a sus pacientes por determinadas intervenciones también.
  • Hospitales y centros sanitarios públicos con servicios privatizados. Este es el caso de la totalidad de centros tanto en Madrid como en el resto de España. Los siete grandes hospitales de Madrid con más peso público (La Paz, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, La Princesa, Clínico), tienen todos ellos subcontratados los servicios de hostelería, limpieza y la mayoría mantenimiento y otros. Esto ha sido también una transferencia de recursos públicos a empresas privadas como Ferrovial, Clece, OHL, que pertenecen a los amigos del PP. La corrupción y las puertas giratorias campan a sus anchas. Pero no solo eso, sus servicios suelen ser muy deficitarios ya que es muy difícil compatibilizar una buena calidad asistencial con el abaratamiento de los costes laborales. Cada vez que una empresa subcontrata un servicio (limpieza por ejemplo) lo primero que hace para sacar más rentabilidad es reducir el personal que había anteriormente.

Además de estas modalidades y algunas otras derivadas, nos encontramos también con el inmenso negocio que representa la implantación de nuevas y sofisticadas tecnologías o del consumo dirigido de fármacos estimulados por los lobbys de la sanidad privada.

El apartado tecnológico es sin duda una de las más importantes y futuras rentabilidades del Capital en el sector de la salud. Ya lo es pero con el paso del tiempo aumenta sin parar. El Estado -aconsejado por expertos– invierte en aparatos con unos costes altísimos que fabrican los grandes del sector: Johnson & Johnson (nada menos que con una capitalización de 328.280.000 millones de dólares es la primera del sector y la número 11 de todas las empresas del mundo); GE Heakthcare, Medtronic, Siemens, Philips, …. y otras, son los fabricantes de aparatos médicos de altísima tecnología (resonancias, scanner, rayos, inteligencia artificial, quirófanos, …) cuyo costoso y delicado mantenimiento solo puede estar a cargo de sus propios especialistas. El caso de los fármacos es parecido, los grandes laboratorios comercializan miles de marcas y patentes ofreciéndoles a los médicos (a los que no dudan en recompensar) si aconsejan a sus pacientes o en sus servicios que consuman un determinado producto.

El futuro de sector sanitario -nos dicen-, como el de la energía o el ocio o la comunicación, reside en dos paradigmas: la colaboración público-privada y la inversión tecnológica.  Es decir, el dinero público que proviene de nuestras rentas del trabajo o impuestos, se transfiere al Capital privado para que éste lo utilice para aumentar sus beneficios y de paso hacer mucha publicidad sobre las bondades de las nuevas tecnologías y de la colaboración del Estado con el Capital.

Todas nuestras críticas no se deben confundir con una oposición a esas nuevas tecnologías, ni muchísimo menos a todas las colaboraciones necesarias en las investigaciones para seguir avanzando en la lucha contra la covid-19 u otro tipo de enfermedades. Vacunas y tecnologías son necesarias pero debe regularse la colaboración entre las empresas y el sector público para que esto no se convierta en la ley de la selva donde lo que priman son los intereses privados y no el bien público. Pues en última instancia ¿qué es la salud? ¿qué son los servicios públicos de salud? Nada más y nada menos que conquistas y derechos que no se pueden perder. Ni se pueden poner permanentemente a subasta como si se tratara de un cuadro. Los servicios de salud son un valor social que no deberían estar sometidos en ningún caso a las inclemencias del capitalismo, a la especulación, o al ventajismo de una tragedia mundial como la que estamos viviendo desde hace meses.

4.-  Cuatro propuestas a debate

Más que un detallado programa alternativo a esta situación, me gustaría introducir cuatro puntos muy breves para la reflexión:

  1.  Ante la inmensa gravedad de la pandemia, los organismos e instituciones internacionales y los Estados nacionales deberían llegar a un acuerdo para la fabricación, comercialización, transporte y distribución de todas las vacunas. Es imprescindible que todas las vacunas lleguen por igual a todas las poblaciones del mundo (ricos y pobres) en el menor tiempo posible. Se debe actuar como en tiempos de guerra. Hoy es inaudito que cuatro empresas controlen la propiedad y las patentes de las vacunas contra la covid-19.
  2. Dominio 100% público de los medios y recursos sanitarios que son del Estado. Las organizaciones políticas, sociales y sindicales deberían comprometerse a iniciar un proceso conjunto de reversión del patrimonio público en manos privadas. Hoy el 60% de los presupuestos de la Comunidad de Madrid están destinados a la sanidad, de ese porcentaje cerca del 20% se va a la privada (sin contar los gastos de farmacia). Es necesario trabajar hacia un plan de transferencias cero de lo público a lo privado. De esa manera se podrá utilizar el presupuesto público para recursos humanos en atención primaria y especializada que es lo más urgente y lo que verdaderamente se necesita.
  3.  Establecimiento de protocolos claros sobre el uso de nuevas tecnologías médicas, en particular las que se quieran aplicar en sustitución de la atención directa del profesional con el enfermo. Ninguna llamada telefónica (y mucho menos de una empresa privada) puede reemplazar el contacto humano que tradicionalmente se da en la atención primaria.
  4. Estas reflexiones no pasarán de la pantalla de un ordenador si no conseguimos que la sociedad en su conjunto se involucre, como otras tantas veces, en la defensa de la sanidad pública y universal. Nuestros valores basados en la solidaridad y la cooperación no sirven de nada si la gente no se moviliza y participa. En ese sentido es fundamental que las trabajadoras y trabajadores sanitarios se pongan delante de esta lucha. Es en beneficio suyo y de toda la sociedad. En estos tiempos la historia ha querido que la lucha por la salud pública ocupe un papel estelar. Miles y miles de profesionales de la salud están haciendo un esfuerzo enorme por mantener en pie el sistema público. La unidad de acción entre estos profesionales y el conjunto de la población es el camino para defender una sanidad pública, universal y de calidad.

15/01/2021

Por Jesús Jaén

16 enero 2021

Jesús Jaén es miembro del Movimiento Asambleario de las Trabajadoras/es de la Sanidad (MATS)

Publicado enSociedad
Sábado, 16 Enero 2021 06:29

Los oscuros orígenes del virus / I

Los oscuros orígenes del virus / I

Con más de 92 millones de personas contagiadas y 2 millones de muertes por Covid en el mundo, aún no se sabe a ciencia cierta el origen del virus que está causando esta debacle global.

Hay consenso científico en que el SARS-CoV2 es derivado de un virus de murciélago, pero a más de un año de haberlo identificado, no hay una investigación internacional independiente de intereses creados, que pueda darnos certeza sobre el verdadero origen de este virus.

El 4 de enero de 2021, el New York Magazine publicó los resultados de una amplia investigación de Nicholson Baker sobre las actividades de gobiernos y científicos de Estados Unidos y China, que aporta datos fundamentales para conocer las hipótesis al respecto (The lab-leak hypothesis, https://tinyurl.com/yxkj2j35).

Así resume sus conclusiones: "He llegado a creer que lo que pasó fue bastante simple. Fue un accidente. Un virus pasó un tiempo en un laboratorio, y finalmente salió. El SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, comenzó su existencia dentro de un murciélago, luego aprendió a infectar a la gente en una mina y luego se hizo más infeccioso en uno o más laboratorios, tal vez como parte del bien intencionado, pero arriesgado esfuerzo de científicos para crear una vacuna de amplio espectro. El SARS-2 no fue diseñado como un arma biológica. Pero sí fue diseñado, creo".

Es lo mismo que planteó Luc Montaigner, francés y premio Nobel de medicina, en su investigación sobre el VIH, virus del sida (https://tinyurl.com/ybjnfrlc).

Baker explica, con abundantes fuentes científicas, que no existen evidencias definitivas de que haya sido manipulado, pero tampoco las hay para afirmar que fue solamente zoonótico.

La hipótesis de que el virus haya sido diseñado para lograr un alto nivel de infectividad en seres humanos y haya sido un escape accidental, es un tema sobre el que los científicos implicados en Estados Unidos o China no quieren ni nombrar. Pero conociendo las condiciones, la hipótesis del escape es muy plausible y debería ser seriamente investigada.

Varios de los que manifiestan que no es necesario investigar el tema, como Anthony Fauci, director de uno de los Institutos Nacionales de Salud (INS) de Estados Unidos, y Peter Daszak, de la EcoHealth Alliance, han estado involucrados por varios años en la investigación del laboratorio de Shi Zhengli en el Instituto de Virología de Wuhan, China, en un proyecto financiada por el INS para aumentar la infectividad a humanos de un virus de SARS que es el antecedente más cercano que se conoce al SARS-CoV 2 (https://tinyurl.com/yxaw7b44).

La lógica de ese tipo de investigación explica Baker, tiene raíces en los programas del gobierno de Estados Unidos, especialmente después del 11 de septiembre. Poco después del 11/9 hubieron varias cartas-atentado con un polvo que contenía ántrax. Los atentados fueron la base para una enorme expansión de la investigación en armas biológicas y biodefensa, con el argumento de estar preparados con una vacuna u otros medios para prevenir ataques extranjeros. Más tarde se comprobó que las cartas fueron enviadas por un ciudadano estadunidense, uno de sus propios investigadores en bioarmas, que quería que el gobierno comprara su vacuna para el ántrax.

En 2003 el Congreso aprobó el programa BioShield para biodefensa, que en la administración de Obama continuó con el nombre Predict. El presupuesto del rubro se multiplicó por 15. Desde el comienzo, primero con Bush, luego con Obama y después con Trump, Anthony Fauci ha tenido posiciones de liderazgo en el sector. En la pandemia, ha sido la persona oficial de referencia. Desde 2003, Fauci lideró programas de biodefensa que manipulaban virus, incluso colectados en China y los defendió frente a la protesta de cientos de científicos que exigieron que esos fondos debían ser para enfermedades que afectaban mucho más a la población del país.

Hay una línea solamente virtual entre la investigación para biodefensa y la producción de armas biológicas. Para desarrollar antídotos primero desarrollan el virus u otros agentes infecciosos. Desde hace más de una década se han estado usando virus de SARS y MERS (otros coronavirus), recombinándolos en laboratorio, a menudo con sistemas de inteligencia artificial, para producir mayor infectividad en humanos, a ver hasta dónde podrían llegar. A esto se le llama "ganar funciones" para los virus ( gain-of-function). En 2012, la investigadora Lynn Klotz alertó en el Bulletin for Atomic Scientists que una pandemia producida por seres humanos podría suceder en un máximo de 12 años con 80 por ciento de probabilidades. En ese año, algunos experimentos que se hicieron para lograr que la gripe aviar infectara hurones (que antes no eran susceptibles a la enfermedad) indignó a una gran cantidad de científicos y en 2014 se suspendieron los programas para este tipo de investigación.

Esto precipitó que algunos de los que estaban en este tipo de investigación, como Ralph Baric y Peter Daszak, buscarán más colaboración con laboratorios en otros países, ya que no podían hacerlo en Estados Unidos. Desde entonces, la organización EcoHealth Alliance, que preside Daszak, ha estado canalizando fondos del gobierno de Estados Unidos a varios laboratorios, entre ellos el de Wuhan.

*Investigadora del Grupo ETC.

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Kluge subrayó que se están realizando "enormes" esfuerzos de la organización y sus socios para que cada país pueda obtener los fármacos.  ________________________________________ Imagen: AFP

La pandemia profundizó las desigualdades entre ricos y pobres

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el 95% de las vacunas contra el coronavirus está concentrado en diez países, por lo que  el director para le región Europa de la organización, Hans Kluge, hizo un llamando a ser más solidarios: "Todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas háganlo".

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, consideró un logro que en poco más de un mes unas 28 millones de dosis fueron aplicadas, pero lamentó que eso ocurrió en 46 países, mientras que diez concentraron el 95% de las aplicaciones.  

De acuerdo a la plataforma de análisis de datos Our World in Data, que se basa en cifras de la Universidad Oxford, esos diez países son: Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.

En conferencia de prensa, Kluge subrayó que se están realizando "enormes" esfuerzos de la organización y sus socios para que cada país pueda obtener los fármacos. La OMS anunció la semana pasada que comenzaría a fines de enero a repartir las primeras dósis a través de la alianza Covax, sistema alternativo para asistir a 172 países de manera equitativa sin importar su capacidad económica.  

El sistema surgió tras el frustrado reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), liderado por Sudáfrica e India, con el respaldo de otros 99 países, para que se libera el derecho comercial de patente de las vacunas, medida resistida por los potencias económicas que tienen el poder de producir la vacuna.  

Un 2021 con Covid-19, pero "más previsible"

Kluge intentó mantenerse optimista al decir que este 2021 “será otro año de coronavirus, pero más previsible" y "más fácil de controlar", también mostró preocupación ante las nuevas variantes detectadas especialmente en Reino Unido y Sudáfrica, cuya propagación es entre 40 y 70% más rápida.

"La situación es alarmante", confirmó Kluge. Estas nuevas variantes ya se expandieron a 50 países y 20 territorios, respectivamente. De hecho, en la región Europa, 25 países, entre ellos Rusia, ya confirmaron la detección de casos relacionados con la nueva variante VOC 202012/01.

"Con una transmisibilidad mayor y una gravedad de la enfermedad similar, la variante suscita preocupación: sin un mayor control para frenar la propagación, habrá un mayor impacto en los centros de salud, casi desbordados y bajo presión", explicó el director regional.

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Osos polares se alimentan en un basurero cerca de la aldea de Belushya Guba, en el remoto archipiélago del norte de Rusia Novaya Zemlya.Foto Afp

La pérdida de biodiversidad afectará la capacidad de la Tierra para sustentar una vida compleja // A ello se suma la falta de acciones

 

 Una evaluación exhaustiva pero concisa del estado de la civilización a cargo de un panel de científicos advierte de que el panorama es más terrible y peligroso de lo que generalmente se cree.

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático acelerado en las próximas décadas, junto con la ignorancia y la inacción, amenazan la supervivencia de todas las especies, incluida la nuestra, según expertos de instituciones como las universidades de Stanford, de California en Los Ángeles, y la de Flinders.

Los investigadores afirman que los líderes mundiales necesitan una "ducha fría", respecto del estado del medio ambiente, para planificar y actuar con la finalidad de evitar un futuro espantoso.

Corey Bradshaw, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Flinders, afirmó que él y sus colegas resumieron el estado del mundo natural en forma clara para ayudar a esclarecer la gravedad de la situación humana.

“La humanidad está provocando una rápida pérdida de biodiversidad y, con ella, la capacidad de la Tierra para sustentar una vida compleja.

Sin embargo, "la corriente principal está teniendo dificultades para comprender la magnitud de esta pérdida, a pesar de la constante erosión del tejido de la civilización humana", destacó Bradshaw en un comunicado.

“De hecho, la escala de las amenazas a la biosfera y todas sus formas de vida es tan grande que es difícil de comprender incluso para los expertos bien informados.

"El problema se ve agravado por la ignorancia y el interés propio a corto plazo, con la búsqueda de la riqueza y los intereses políticos que obstaculizan la acción, crucial para la supervivencia", sostuvo.

Ningún sistema está preparado para el desastre

Paul Ehrlich, profesor de la Universidad de Stanford, afirmó que ningún sistema político o económico o liderazgo está preparado para manejar los desastres predichos ni siquiera es capaz de tal acción.

“Detener la pérdida de biodiversidad no está cerca de la cima de las prioridades de ningún país, muy por detrás de otras preocupaciones como el empleo, la atención médica, el crecimiento económico o la estabilidad monetaria.

“Si bien es una noticia positiva que el presidente electo Joe Biden tenga la intención de volver a involucrar a Estados Unidos en el acuerdo climático de París, es un gesto minúsculo dada la escala del desafío.

“La mayoría de las economías operan sobre la base de que la lucha ahora es demasiado costosa para ser políticamente aceptable.

"Combinada con campañas de desinformación para proteger las ganancias a corto plazo, es dudoso que la escala de cambios que necesitamos se realice a tiempo", aseguró Ehrlich.

Dan Blumstein, profesor de Universidad de California en Los Ángeles, dice que los científicos están eligiendo hablar con valentía y sin miedo porque la vida depende literalmente de ello.

“Lo que decimos puede que no sea popular; de hecho, es aterrador, pero tenemos que ser sinceros, precisos y honestos para que la humanidad comprenda la enormidad de los desafíos que enfrentamos para crear un futuro sostenible.

"Sin voluntad política respaldada por una acción tangible que se adapte a la enormidad de los problemas que enfrentamos, las tensiones adicionales a la salud, la riqueza y el bienestar humanos disminuirán perversamente nuestra capacidad política para mitigar la erosión del sistema de soporte vital de la Tierra del cual todos dependemos", concluyó Blumstein.

El estudio se publica en Frontiers in Conservation Science.

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