“El chico recibe un teléfono móvil muy pronto, es una barbaridad”

Joseph Knobel Freud es un prestigioso psicólogo clínico y psicoanalista especializado en el tratamiento de niños y adolescentes. Hijo de padre y madre argentinos y psicoanalistas, es nieto de Samuel Freud, quien fue primo hermano del padre del psicoanálisis. Es decir que Sigmund Freud fue su tío abuelo. Samuel y Sigmund Freud vivieron de pequeñitos juntos en la casa familiar de la actual República Checa. Luego de la Primera Guerra Mundial, Samuel Freud escapó de las hambrunas de Europa y viajó a la Argentina, que era por entonces un país rico. Había dejado en Europa catorce hermanos. El gobierno argentino de aquella época dejaba traer a un pariente por año. El abuelo de Joseph logró que vinieran poco a poco cuatro de sus catorce hermanos. Los otros diez hermanos del abuelo murieron en los campos de concentración nazis, al igual que las cinco hermanas de Sigmund Freud. Joseph Knobel Freud es estadounidense por casualidad: nació en Kansas City, mientras su padre, Mauricio Knobel (uno de los pioneros del psicoanálisis en Argentina), estaba haciendo la residencia en Psiquiatría en aquella ciudad norteamericana. Joseph vivió alrededor de veinte años en la Argentina. Cuando la dictadura militar expulsó a toda la familia, él fue a estudiar Psicoanálisis a Inglaterra y España. Desde 1978 reside en Barcelona y es un prestigioso psicoanalista, miembro fundador y profesor de la Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Barcelona; también autor de diversos libros, entre ellos El reto de ser padres, que tiene destino de clásico. Reconoce que el apellido “es un halago pero es un apellido más”. Sucede que en España, como en muchos lugares de Europa, se utilizan los dos apellidos. “Por lo tanto, el parentesco con Freud viene por el lado de mi madre, siempre se usa como segundo apellido el materno y para mí, claro, es un halago y un orgullo”, comenta en la entrevista telefónica con PáginaI12, antes de viajar a Buenos Aires, donde lo espera una abultada agenda de conferencias que comienzan el lunes en la Facultad de Psicología de la UBA y seguirán en otras instituciones (ver aparte).

“No creo que haya cambiado mucho cómo se piensa actualmente la infancia”, comenta Joseph Knobel Freud cuando se le consulta cómo la piensa el psicoanálisis actual. Pero agrega: “Se la tiene bastante más en cuenta que en la época de Freud porque Freud no trató ningún niño. Y realmente el psicoanálisis de niños avanzó mucho en los últimos años. Justamente se piensa que ocuparse de los niños es ocuparse de una historia que los envuelve. Y el psicoanálisis los puede ayudar a ser dueños de sí mismos sin depender ni establecer lazos demasiado patológicos con las personas de las que dependen fundamentalmente (los padres, la familia, la sociedad) y que puedan ser más ellos mismos”.

–¿Por qué considera que el niño está superexcitado sexualmente en la sociedad actual?

–Porque permanentemente recibe información. Los niños actuales ven Gran Hermano, que es un programa para adolescentes, donde la gracia está en quién se acuesta con quién. No es algo muy infantil. Hay todo un discurso social: en la televisión ven sexo, en España se venden coches con Claudia Schiffer en bikini, que no tiene nada que ver con el coche. Hay una hipersexualización permanente. Se ve como muy progresista y muy piola el ir desnudos por casa, sin tener en cuenta que eso excita al niño y lo confunde.


–¿Cómo influye la vida moderna con ese ritmo vertiginoso en la crianza de los niños?


–Horriblemente. Yo llamé esto en una de mis conferencias “Ser niños en la sociedad de la inmediatez”. Primero, los padres están hiperocupados y se ocupan muy poco de los chicos. Los niños están demasiado solos en la sociedad actual. Papá y mamá, además, están ocupados teniendo que llegar a fin de mes en esta sociedad capitalista y tienen muy poco tiempo para ellos. Los chicos son depositados en el cole y allí se fomenta la competencia en lugar del trabajo en equipo, se fomenta la rivalidad en lugar del compañerismo y la amistad. Hay influencias bastante negativas. Después, a la hora del aprendizaje hay lo que yo llamo “la caducidad del saber”: ahora el saber lo tenemos en los teléfonos inteligentes. El chico de diez años, para colmo, va a recibir un teléfono móvil muy pronto y es una barbaridad. Va a buscar una información en Google que antes le preguntaba al papá o a la mamá.


–¿Se ven niños con agenda de ocupaciones como si fueran adultos en el tratamiento psicoanalítico?


–Totalmente. A veces, es hasta difícil quedar en una hora con ellos. Los padres empiezan a contar: “Ah, no, los lunes no puede porque tiene karate, los martes y jueves tiene inglés, después tiene teatro...”. Resulta que tener una hora para venir al psicólogo para jugar, para hablar de las cosas que le angustian es muy difícil cuando los chicos tienen agendas de hiperejecutivos.


–¿Cómo nota el juego en los niños actuales? ¿Cómo influye el hecho de que prácticamente no tienen juegos físicos?


–Eso es parte de nuestra lucha cotidiana como psicoterapeutas infantiles porque todavía jugamos con cubos de madera, con muñequitos, con plastilina, pero evidentemente el acceso a las tablets y a los teléfonos inteligentes es, a veces, hasta demasiado temprano. Yo he llegado a ver a chicos de dos o tres años que el papá les deja la tablet. Incluso hay aplicaciones especiales que se supone que son para esa edad. Yo creo que los chicos tienen que estar lejos de una pantalla, y a los dos años ni verla. En realidad, mejor que no durante toda la infancia. Ahora, realmente cuando salgo un domingo al mediodía, que es cuando salen las familias a comer afuera en los restaurantes de la playa en Barcelona, en todas las mesas se espera la comida con la aplicación que el papá bajó en el teléfono inteligente del niño para que espere la paella.


–¿Qué efectos provoca la manera compulsiva en que los niños juegan con las pantallas?


–En realidad, primero y principal, los niños están imitando a los padres. Si te quedas mirando una mesa de familia, mamá y papá son los que están viendo los WhatsApp que reciben de sus amigos, de sus parientes. Y los niños no hacen más que imitar. Entonces, el efecto es no tener creatividad. Este tipo de aplicaciones para niños, en donde el teléfono o la tablet le dan todo hecho y el niño sólo tiene que elegir dónde poner un color no les permite inventar juegos creativos. Yo creo que hay que volver a jugar al Veo-Veo, a inventarse juegos de palabras, a recordar palabras que empiezan por tal letra, a volver a los juegos entre adultos y niños, donde no se necesite ninguna pantalla ni ninguna idea desde afuera. Estos efectos, el hecho de no ser creativos, provocan que el niño si no tiene la pantalla se aburra, o si no, monta un capricho para que le den una pantalla. La pantalla funciona casi como el chupete que le tapa la boca al niño.


–¿Cómo analiza la distracción que hay en algunos niños? Usted suele no ser amante del diagnóstico del déficit de atención...


–No me gusta como diagnóstico ninguna etiqueta que vaya a dejar etiquetado a un niño como si su déficit de atención se debiera, primero, a un deterioro cerebral (que no lo hay) y luego a determinadas circunstancias que no tengan que ver con la relación de sí mismo con su familia, etcétera. No me gusta ninguna etiqueta y mucho menos esta porque, en realidad, esta, además de favorecer que haya casi una epidemia de TDA, lo que favorece es la venta de un medicamento en concreto que hace que todos los chicos sean consumidores de ese medicamento. Además, aquí, en algunos colegios lo llegan a llamar “la pastillita de portarse bien”. A veces, cuando vienen padres y me dicen “ahora le damos la pastillita de portarse bien”, veo que hay algo ético e ideológico detrás de esa postura. Y digo: “Usted, entonces, no se queje cuando su hijo a los 17 años, le diga que se mete un polvito en la nariz para bailar toda la noche”. El concepto es el mismo: “Tomo algo externo para provocar una conducta. Tomo una pastilla para portarme bien y prestar atención, pues de adolescente o de adulto voy a poder tomar cocaína para bailar, o alcohol para sacarme la inhibición”. Volviendo al trastorno del déficit de atención, son varios los factores. Podemos jugar con estas palabras: ¿Los niños no están atendidos por los padres y, entonces, tienen déficit de atención? ¿No habrá ahí un déficit de atención real pero que lo que les falta a los niños es que los padres los atiendan más? Entonces, a lo mejor los padres no están atentos a ellos porque están muy en su rollo, o la mamá está muy deprimida, o los papás se pelean mucho entre sí. Estas cosas pasan. Para lo cual, el chico organiza un síntoma que lo defiende frente a eso que vive como un ataque. Entonces, deja de prestar atención a las cosas que de por sí debería prestar atención. Yo creo que también hay un déficit de atención a los niños en la escuela porque no saben cómo manejarlos y ahora se inventaron esta nueva enfermedad o trastorno.

–Usted es crítico de medicamentar a los niños. ¿Cree que con la palabra alcanza para la cura o el mejoramiento de un niño?


–Soy contrario a la medicación, excepto en el caso de que los chicos deliren o estén psicotizados, para lo cual recomiendo trabajar con psiquiatría infantil como para que los chicos tengan que tomar un antipsicótico. Lo digo en el caso de que haya delirio. Para toda otra patología cuyas raíces sean psicológicas, la cura por la palabra y el juego y el dibujo –que es parte del juego–, la cura psicoanalítica no requiere la ingesta de ningún medicamento. Ni de ninguna otra droga porque el medicamento es una droga.


–¿Cómo impacta el bullying escolar en la conformación psíquica del niño?


–Muchísimo. Este sí que es un trastorno social que está repercutiendo en la vida de los niños. Digo que es un trastorno social porque la violencia de la sociedad termina haciendo síntoma en los chicos. Los valores que estamos poniendo en los chicos, como la competitividad, la agresión, el ser mejor que el otro, finalmente como dice el filósofo alemán Byung-Chul Han (de apellido coreano) en La expulsión de lo distinto, implica que estamos jugando en una sociedad donde cada vez más al diferente o al distinto se lo expulsa o no se lo tiene en cuenta. O se lo acosa. Justamente yo creo que el psicoanálisis o las escuelas a las que podemos orientar los psicoanalistas tenemos que trabajar mucho más para aceptar lo distinto que hay en nuestro medio: aceptar al extranjero, al incapaz o al que no entra dentro de la norma. Y aceptar lo diferente sería la respuesta frente a un bullying que está representando una sociedad hostil. Es una sociedad hipercapitalista en donde pisar al otro es hasta aplaudido. Los maestros se transforman en una especie de observadores de una escena en la que no pueden hacer nada más que observar y poco hacen para calmar la situación. Los padres se vuelven cómplices de la misma. Hay algo bastante complejo de la situación del bullying. Yo creo que es un reflejo de esta sociedad hipersexualizada, hipercompetitiva, en la que los niños tienen que ser hiperconsumidores. Frente a ese gran consumo todo eso se refleja en que si eres distinto serás atacado por el grupo en el cole.

Primera fila, de izquierda a derecha, en tercer lugar el padre Javier Giraldo acompañando a la Comunidad de Paz

La utilización de acciones jurídicas se constituye en una nueva herramienta para seguir atentando contra los habitantes que conforman la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así lo demuestra la acción de tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz, tutela fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018, mediante la cual pretenden hacer retractar a las comunidades de sus denuncias públicas que evidencian el accionar conjunto entre militares, policías y paramilitares en la región, supuestamente para proteger el buen nombre y la honra de los militares. Vale la pena decir que estas comunidades desde el año 2005 renunciaron a la utilización de los aparatos judiciales del país, pues han vivido en carne propia la ineficiencia de los mismos y, por el contrario, sus miembros han sido amenazados, perseguidos, desplazados y asesinados luego de interponer denuncia judicial.


El padre Javier Giraldo Moreno, representante de la Comunidad de Paz, envió una carta a la Corte Constitucional en la cual defiende el derecho de las comunidades a negarse a obedecer la sentencia de rectificación, argumentando jurídicamente el por qué es legítimo no hacerlo y dejando claro que los elementos jurídicos utilizados por los militares son ilegales, ilegítimos e inconstitucionales. Aquí la carta completa:


Señores Magistrados
SALA DE REVISIÓN CORTE CONSTITUCIONAL

Ref: Exp.: T-7092205, asignado el 28 de enero de 2019
Exp: T-1401460 Seguimiento Sentencia T-1025/07


De toda consideración.

En mi condición de representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, habiendo actuado ante esa Honorable Corte en los procesos de revisión que dieron origen a las Sentencias T -249/03, T-327/04, T-1025/07, así como en el seguimiento a esta última y sus Autos consecutivos 164/12, 693/17 y Auto del 7 de septiembre de 2018, y conocedor de la Acción de Tutela interpuesta por la Brigada XVII del Ejército Nacional contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fallada en la Sentencia 327 del 5 de octubre de 2018 por la Juez Segunda Promiscua de Apartadó y de la solicitud de su revisión (Exp. T-7092205), asignada a la Sala de Revisión el 28 de enero de 2019 por Insistencia del Defensor Nacional del Pueblo, me permito aportar el siguiente escrito en calidad de AMICUS CURIAE, cuyo contenido puede tenerse en cuenta también para el seguimiento de la Sentencia T-1025/07 (Exp: T-1401460).

La Brigada XVII del Ejército Nacional, con sede en Carepa, Antioquia, solicitó a la Juez de conocimiento de Apartadó proteger los derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad de los militares adscritos a ella y a sus unidades menores, lesionados por las referencias que la Comunidad de Paz hace sobre el comportamiento de los militares en sus comunicados o Constancias Históricas difundidas en su página web. La Brigada solicita que la Comunidad rectifique las informaciones y que allegue a la fiscalía y a la misma Brigada las pruebas de los comportamientos ilícitos de los militares, y la juez acoge su solicitud en la sentencia.

Como la Honorable Corte lo conoce suficientemente, dadas las diversas sentencias emitidas en relación con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los Autos que han tratado en vano de hacer cumplir las órdenes de sus sentencias y de los autos consecutivos, esta Comunidad de Paz desde el año 2005 renunció a utilizar en su defensa al aparato judicial y a colaborar con él de alguna manera, luego de experimentar durante 8 años que, en lugar de obtener algún acto de justicia y protección, más bien ponía en riesgo a sus miembros, ya que los testigos y declarantes, numerosos en esos primeros años, llegaban a ser estigmatizados, perseguidos, desplazados o asesinados y que, al examinar un buen número de expedientes, se evidenciaban numerosos mecanismos de corrupción e impunidad, como la Comunidad se lo compartió a todas las Altas Cortes en el Derecho de Petición radicado el 19 de enero de 2009. Dicha ruptura con la justicia la Comunidad la fundamentó en el Artículo 18 de la Constitución Nacional, según el cual “nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia”. Esto explica que la Comunidad no haya respondido a los requerimientos de la juez de tutela.

Pero fuera del problema procedimental, el cual hay que discernirlo a la luz de la imperatividad del artículo 18 de la Constitución considerado como principio de alta jerarquía constitucional, existen otros elementos jurídicos que hacen ilegal, ilegítima e inconstitucional la pretensión de los militares, los cuales pongo a consideración de la Honorable Corte:

Este litigio pone en juego el derecho a la libre expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Este derecho fue examinado profundamente en la Sentencia T-1025/07 (referida a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó) y hace parte de su núcleo doctrinal de fondo. En la Parte IV de dicha sentencia, donde se aborda la “Revisión por parte de la Corte – Consideraciones y Fundamentos” (No. 12, pag. 79) se afirma: “La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad[1], que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado.”

Si se tiene en cuenta, además, la jurisprudencia internacional sobre el tema, es importante referirse a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre de 2000, donde se establecen estos principios:


(1) “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”
(2) “Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
(5) “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
(11) “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Por otra parte, hay derechos muy claros consagrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999 (A/RES/53/144), en su Declaración conocida como el compendio de derechos de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: en su artículo 6 establece el derecho de toda persona, individual o colectivamente: “a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Esta Declaración de la Asamblea General no deja duda alguna respecto al derecho que asiste a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó A PUBLICAR Y DIFUNDIR INFORMACIONES QUE PERMITAN DEBATIR SI ESOS DERECHOS SE OBSERVAN O NO, NO SOLO EN LA LEY SINO EN LA PRÁCTICA Y A SEÑALAR A LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO ESAS CUESTIONES POR MEDIOS ADECUADOS.

El ejercicio de un derecho como éste, fundamentado tan claramente en la jurisprudencia y la doctrina internacional, obedece también a circunstancias contextuales que es bueno tener en cuenta:

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde que tuvo claro que su conciencia ética le impedía colaborar con una “justicia” que no llenaba los mínimos requisitos para llamarse tal, como ampliamente se documentó en el Derecho de Petición a las Altas Cortes del 19 de enero de 2009, buscó caminos alternativos para que los crímenes de que era y sigue siendo víctima no se quedaran en la total impunidad. Su primer camino escogido fue llevar sus casos a tribunales internacionales y así lo hizo acudiendo, tanto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, como a la Corte Penal Internacional, a la Audiencia Nacional de España y explorando otros espacios de jurisdicción universal, procesos todos que son muy prolongados y demandan costosos requerimientos. Otro camino, que creyó debía ser más expedito, fue el recurso al derecho constitucional de petición ante el Jefe de Estado, esperando que por vía administrativa tomara decisiones exigidas por su condición de garante de derechos, fundamentada en varios artículos de la Constitución Nacional; sin embargo, los numerosos derechos de petición radicados en los despachos de los últimos 4 presidentes, no dieron resultado alguno, pues los presidentes los remitieron siempre a los ministros de defensa, solidarios de la alta oficialidad castrense, los cuales jugaron un papel sistemático de encubrimiento y complicidad, dando respuestas saturadas de evasiones, negaciones y falsedades que permitieron siempre mantener incólumes las estructuras criminales de la región y sin investigación ni sanción alguna a los oficiales responsables de los crímenes. Presidentes y ministros se negaron, además, a suministrar los nombres de los agentes de la fuerza pública que estuvieron presentes en los días, horas y lugares donde fueron perpetrados los crímenes, y desacataron con inflexible contumacia las sentencias y autos de la Corte Constitucional que les ordenó reiteradamente suministrar esos nombres. Un tercer camino que ha sido casi concomitante con la larga existencia de la Comunidad de Paz, ha sido el recurso a la sociedad civil, sin esperar de ella decisiones judiciales sino sólo éticas y políticas, pues se funda en el derecho de la especie humana a conocer el respeto o irrespeto con que los aparatos de Estado tratan la dignidad humana y en el derecho a pronunciarse, a protestar y a defender la vida y los derechos fundamentalmente humanos desde la opinión pública universal; este camino se ha alimentado a través de las Constancias Históricas que se difunden por las redes sociales y que en este caso son el blanco de ataque de las Brigada XVII y de la Juez Segunda Promiscua de Apartadó.

Otro elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Paz para que la administración de justicia pueda regenerarse. Por muchos años la Comunidad clamó para que se constituyera una Comisión de Evaluación de la Justicia, pues su trágica experiencia le fue mostrando que el aparato judicial desconocía la independencia de poderes y que recurría a métodos excesivamente perversos para construir testimonios y pruebas falsas para condenar a inocentes o para absolver a culpables, violando todos los principios rectores de los códigos vigentes y de los tratados internacionales y comprando la complicidad de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores. Cuando el líder histórico de la Comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue masacrado con su familia el 21 de febrero de 2005, estaba empeñado en conseguir que se constituyera esa Comisión. Gracias al Auto 164/12 de la Corte Constitucional, dicha Comisión se pudo constituir pero sufrió el boicot interno de los funcionarios participantes, llegando a su plazo máximo de funcionamiento sin haber examinado un solo expediente. A la Comunidad le asiste la convicción de que la justicia no puede funcionar rectamente si no se enfrenta ese pasado lleno de podredumbres, tanto para descubrir y establecer correctivos como para purificar su personal, excluyendo y sancionando a quienes la han convertido en un ámbito repugnante del delito, y además para reparar, al menos moralmente, a las víctimas.

En el Auto 693/17, la Corte no insistió en reconstruir la Comisión de Evaluación de la Justicia sino que propuso que los casos de la Comunidad de Paz fueran remitidos a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-. La Comunidad ha examinado a fondo las posibilidades de justicia con que cuenta la JEP y le elevó una consulta documentada a su Presidenta, la cual fue respondida ampliamente en un documento que confirma sus dudas y temores. En primer lugar, la interpretación laxa que está haciendo la JEP del requisito para que un victimario (y consiguientemente sus víctimas) se acojan a ella: el que los hechos estén relacionados “directa o indirectamente con el conflicto armado” o se hayan perpetrado “con ocasión del conflicto”, distorsiona radicalmente las características de los crímenes sufridos por la Comunidad de Paz, cuya identidad esencial consiste justamente en no participar en el conflicto armado ni colaborar ni convivir con ningún actor armado. Si los victimarios de la Comunidad alegan relación alguna con el conflicto para poder acogerse a la JEP, eso solo es posible hacerlo apoyándose en calumnias infames que les hicieron creer que la Comunidad era lo mismo que la guerrilla. Esa infamia distorsiona radicalmente cualquier intento de justicia. Por otra parte, las diversas manipulaciones políticas del Estatuto de la JEP la inhabilitaron para ejercer justicia de acuerdo a los parámetros y normas del Estatuto de Roma: le quitaron la posibilidad de juzgar la responsabilidad de los jefes de Estado, y si algo llega a ser de absoluta evidencia, para quien lea y analice los 87 derechos de petición, con los horrores que allí se describen y los clamores apremiantes a los presidentes para salvar vidas, integridades y derechos de los miembros de la Comunidad y de los campesinos de su entorno, es que los presidentes fueron los máximos responsables del horror, por no atender clamores tan justos y urgentes de las víctimas y por no cumplir deberes tan esenciales de su cargo. La misma Corte Penal Internacional ha venido cuestionando la redacción tergiversada que se le dio a los artículos sobre responsabilidades de mando de los militares, para acomodarlos a una descarada impunidad. Otros artículos perversamente modificados por los poderes políticos han llenado de trabas la tipificación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas genocidas; las causales de sistematicidad; la incriminación a empresarios, políticos y funcionarios civiles cuyo papel no pocas veces fue determinante de los crímenes y de su impunidad. Todo esto se envuelve en un manto más gigantesco aún de dudas y oscuridades, cuando se percibe la ausencia absoluta en el SIVJRNR de estrategias de No Repetición. La creencia de que dejar intactas las instituciones y las estructuras que permitieron y favorecieron los horrores es “garantizar la no repetición” no es, en absoluto, de recibo. Queda claro que la JEP no es el escenario que pueda hacer mínima justicia a la Comunidad de Paz.

La revisión de esta sentencia de tutela debería abordar, en sana lógica, los factores que han llevado a una comunidad campesina agobiada por los más horrendos crímenes sistemáticos, a limitarse a la reacción más primaria de una víctima: el grito de auxilio ante sus semejantes. Y ese el último atajo elementalmente humano que la Brigada y la juez quieren cerrar en esa sentencia de tutela.

Anexo a este Amicus Curiae el libro “En las entrañas del Genocidio”, que sistematiza el informe de fondo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 12325 y el CD: Anexos al Informe 21 Años de Ignominia, con copias de los procesos desarrollados en 21 años sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Con toda consideración,


Javier Giraldo Moreno, S. J.
C.C. 3.515.984 Dirección: carrera 5 No. 33-B-02, Bogotá, D. C. Tel: 2456181

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Colombia: Denuncian 128 asesinatos de excombatientes FARC tras Acuerdo de Paz

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló este lunes que desde la firma del Acuerdo de Paz fueron asesinados 128 excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).


El Gobierno implementó más de 199 esquemas de protección solicitados por colectivos de exguerrilleros de las FARC-EP, dijo el funcionario.


Sus declaraciones ocurrieron a raíz de la conmoción causada en diferentes sectores de la sociedad y, sobre todo, entre los miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, por el asesinato de un bebé de siete meses de nacido, hijo de un exguerrillero, el pasado domingo.


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Según versiones de los familiares, el menor habría sido uno de los “bebés de la paz”, porque nació en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Tierra Grata, en Cesar.
Líderes del partido de las FARC y organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron este lunes sobre el asesinato y exigieron garantías al Gobierno para quienes dejaron las armas y se comprometieron con la paz y la reconciliación de Colombia.


El reconocido abogado y defensor de los derechos humanos Alirio Uribe comentó en su perfil de Twitter que “ni los bebés se salvan de los sicarios en Colombia”.
El 24 de noviembre de 2016, en Bogotá, culminaron los diálogos de paz entre el gobierno colombiano encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.


(Con información de teleSUR y Prensa Latina)

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Paramilitarismo en plena acción: espionajes; invasión y control de tierras y reiteración de amenazas.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.


Avanza este año 2019 y la situación sigue siendo muy difícil pues el paramilitarismo se encuentra en el punto más alto de lo ilegitimo, no se alcanza a saber por qué tanta barbarie y el Estado lo sigue permitiendo, las tropas militares entran por las veredas supuestamente detrás de los paramilitares para contrarrestarlos pero no es así, pues estos grupos paramilitares no han sido perseguidos por nadie, claro es que se mantienen cerca de las casas de la población civil o en los puntos más frecuentados por los campesinos y colocan allí sus puntos de informantes. Es de público conocimiento que alias “René”, antiguo combatiente del Frente 58 de las FARC-EP, se posesionó como comandante paramilitar de la zona y coordina las diversa formas de control de la población civil, como impuestos, restricciones, actividades de las juntas comunales etc.


En las últimas semanas se han presentado supuestos enfrentamientos entre militares de la brigada XVII y grupos paramilitares en la vereda Mulatos de San José de Apartadó los cuales han sido mencionados en los medios de comunicación en los cuales se informó de bajas e incautación de material de guerra, pero detrás de estos supuestos combates están las amenazas que sigue recibiendo la población civil por parte de los paramilitares, supuestamente por informar de su presencia a la comunidad nacional e internacional.


Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguiente:


• El jueves 21 de febrero de 2019, durante nuestra conmemoración de los 14 años de la masacre del 21 de febrero de 2005 perpetrada por los paramilitares y la fuerza pública, allí, los paramilitares estuvieron todo el tiempo al asecho de nuestra Comunidad de Paz, pues así lo manifestaron ellos mismos a algunos pobladores en la misma vereda, donde manifestaron: “sabemos cuáles son los temas que tratan en las reuniones de esa comunidad y todos los requisitos que tienen las personas que cumplir para ser parte de esa comunidad”. También les aconsejan a los campesinos que no entren a hacer parte de esa comunidad “porque esa comunidad no durará mucho tiempo”.

• El jueves 14 de marzo de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían algunos colaboradores de los paramilitares, entre ellos alias “pollo”, quien en septiembre y octubre de 2018 amenazó de muerte por vía celular a nuestro representante legal Germán Graciano, esta vez lo hace desde la vereda Arenas Altas, anunciando atentar contra nuestra comunidad si seguimos entrando allí con nuestras comisiones de trabajo, lo cual se ha venido dando cada 8 días para realizar labores de trabajo en una de nuestras propiedades privadas allí.

• El miércoles 20 de marzo de 2019, en horas de la tarde, llegó a nuestra Comunidad información de una nueva amenaza de los paramilitares contra nuestro representante legal Germán Graciano.

• El jueves 4 de abril de 2019, mientras miembros de la Comunidad de Paz llegaron al caserío de Arenas Altas para sembrar un lote de maíz, encontraron que un grupo de 7 pobladores de la zona, entre los cuales se encontraba el reconocido paramilitar alias “pollo”, había ocupado la finca y se encontraban también haciendo siembras de maíz sin permiso de la Comunidad que es la propietaria de ese terreno. Una delegación de la Comunidad se acercó a hacerles el reclamo, pero ellos respondieron que sólo estaban allí “ganándose un jornal”, lo que quería decir que detrás de ellos había alguna entidad que había decidido invadir el terreno ajeno. Uno de los pobladores, a quien en la zona llaman “El Viejo”, les dijo a los miembros de la Comunidad que ésta tenía que retirar de internet todas las constancias en las cuales le dañan su imagen, pero la Comunidad le respondió que a él nunca lo han mencionado en las constancias. Sin embargo, el poblador que hizo este reclamo, estaba entre los promotores de la invasión.


El 23 de marzo nuestra Comunidad de Paz conmemoró sus 22 años de existencia. Varios amigos de la Comunidad se desplazaron desde Bogotá. En la mañana se hizo una marcha hacia el caserío de San José donde nació nuestra Comunidad; allí se dio lectura nuevamente a la Declaratoria de creación de la Comunidad; se realizó una visita a las ruinas del Centro de Formación construido por la Comunidad y destruido por quienes luego llegaron allí invitados por la fuerza pública para repoblar el espacio abandonado. En la tarde se realizaron varias actividades culturales de carácter interno y se hizo memoria de toda nuestra historia.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de las más inconfesables bajezas.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Abril 15 de 2019

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La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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Se llama "Gota a gota" el violento método de los usureros colombianos en Argentina

La modalidad de usura "gota a gota" , que selecciona a sus víctimas entre los más vulnerables, aquellos que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican por los requisitos usualmente solicitados como un recibo de sueldo formal crece cada vez más en la Argentina, operada por prestamistas oriundos de Colombia.

Pero, ocasionalmente, algunas de estas redes mafiosas cae.

El lunes pasado, once integrantes de una de esas organizaciones fueron detenidos por Gendarmería Nacional. La fuerza federal actuó bajo la instrucción del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad.

Diez de los apresados son de nacionalidad colombiana, el resto argentinos. La banda era básicamente un negocio familiar. Su presunto líder es David Fernando Salazar Herrera, de 30 años de edad, colombiano, con DNI argentino, número 95 millones, su hermano Carlos Alberto junto a los hermanos José y Jhon Kenedy Quincena , también con direcciones en Hurlingham.

La mayoría de los extranjeros ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinos y luego obtuvieron sus documentos. En su país varios de ellos tienen antecedentes penales. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Migraciones, y a instancias del juez, solicitará en los próximos días la expulsión de los delincuentes.

La banda operaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero había extendido su telaraña en los partidos bonaerenses de Zárate y San Miguel. En los allanamientos se secuestraron 215.955 pesos, 3000 pesos colombianos, 5000 guaraníes y 107 dólares. Pero lo más importantes está en otros papeles.

Por primera vez la Justicia incautó miles de documentos sobre supuestas transacciones y comprobante s –algunos de ellos que datan desde el año 2012- utilizados por la banda para cobrar los préstamos usurarios. En la parte superior de los rústicos talonarios donde asentaban los importes abonados por los clientes, y con un sello de color rojo se destacaba la fecha del pago. Se pueden leer rubros insólitos, por ejemplo "artesanías colombianas".

El esquema cambiaba rápidamente: los cobros se volvían semanales con sicarios que amenazaban a deudores.

Los préstamos siempre eran en efectivo, rápidos, se otorgaban en menos de dos horas, sin requisitos. Se aclaraba la tasa de interés a abonar, que comenzaba de forma mensual, para convertirse rápidamente en pagos hechos cada semana. Había varias formas de encontrar a los usureros: se promocionaban a través de volanteros en la calle, en el mercado de Pompeya, en Barracas, Constitución , en la estación de San Miguel o la de Liniers, atendían en pequeños locales que no duraban mucho, tiendas transitorias, como una mueblería en San Miguel a tres cuadras de la plaza principal del municipio. Detrás de la carnada de las mesas y sillas de pino, aparecerá el ofrecimiento de los supuestos préstamos acomodados a las necesidades de cada cliente.

Así, comenzaba un espiral descendente, de la usura a la golpiza, de la violencia económica al puño en la cara.

Ante el apuro y la necesidad, las víctimas no advertían que terminarían devolviendo a los prestamistas hasta quinientas veces más que el dinero solicitado. Cuando no podían seguir pagando, ya ahogados económicamente, los "rompehuesos", sicarios y golpeadores contratados por las redes corruptas, los visitaban en sus hogares o en los pequeños comercios que armaron con los préstamos. Las visitas no eran precisamente para tomar café. Los mafiosos amenazaban, incluso con asesinar a sus hijos o padres.

Si la coacción no resultaba, la segunda tertulia era menos amena aún. En este caso, eran dos los amedrentadores. Uno, el que conduce la moto, se queda en la vereda; el cómplice ahorra palabras, golpea a la víctima. Se registraron casos en que el agredido perdió dientes, sufrió la fractura de costillas o la quebradura de un brazo.

En algunos casos no llegan a cruzar palabras. Las fachadas de las casas o los comercios de las víctimas eran baleadas desde motos.

El salvajismo era tal que en Tartagal, en la provincia de Salta, Dalma, una joven de apenas 20 años, se ahorcó en su domicilio porque estaba amenazada por los prestamistas: su muerte dejó huérfanos a dos niños.

Catalina, su madre, denunció públicamente el 29 de mayo pasado que usureros colombianos le habían prestado 15 mil pesos bajo condiciones que Dalma podía afrontar. Sin embargo, de repente, los prestamistas cambiaron las condiciones, el interés de la tasa se quintuplicó y los pagos ya no serían cada treinta días, sino cada siete.

La abuela de los dos niños le dijo al diario El Tribuno , que Dalma tomó la dramática decisión porque "estaba desesperada por las constantes amenazas de los colombianos que amenazaron con matar a sus hijos si no pagaba".

"Gota a gota" en Latinoamérica

Después de la desarticulación de la banda de usureros, la ministra Bullrich rememoró en diálogo con Infobae la razón por el Ministerio de Seguridad, con funcionarios como Martín Laborde, coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos, hizo foco en este modus operandi que se expandió desde Colombia a países como México, Venezuela, Uruguay, Panamá y Brasil.

Bullrich precisó que al año de asumir su cargo, un grupo de investigadores de la Policía Nacional de Colombia llego a nuestro país para entrevistarse con ella y su equipo. Sin rodeos, los detectives detallaron con gráficos y fotos que el narcotráfico y el lavado de activos había cambiado en su país y que los grandes carteles, que habían dejado de funcionar en la década de los 90, dejaron una fuerza laboral vacante.

Los criminales, claro está, no buscaron trabajo formal a través de los clasificados de los diarios, sino que habían tomado rumbo hacia un sistema nuevo, que trabajaba con el micro lavado y el micro tráfico de dinero negro a partir de una modalidad, hasta ese momento desconocida, o no investigada en el país, llamada "gota a gota" , una forma feroz de estafa.

"En conjunto con Colombia, Argentina se ha puesto a la vanguardia en la lucha contra el gota a gota , que tiene como objetivo atacar a personas vulnerables y blanquea el dinero para el narcotráfico", interpreta la ministra y agrega: "Después de entender el modus operandi, llegamos a la desarticulación total de la banda criminal integrada por estos diez colombianos".

Según pudo saber Infobae , a través de Eugenio Burzaco, el Secretario de Seguridad de la Nación, estos préstamos de altísimas tasas generan un sistema de lavado de activos que se envía hacia Colombia mediante correos privados en la zona de frontera. El dinero no solo circula: también vuelve.

Así funciona el negocio

Los trabajos de inteligencia tanto en Argentina, como en México y Colombia establecieron que el "negocio", que muy posiblemente termina en el tributo a alguna banda narco, comienza con los 'volanteros', que se encargan de repartir las tarjetas, ofreciendo los créditos sin garantías. De la red también forma parte el denominado "administrador", que se encarga de recibir las llamadas y por lo general atiende personalmente al cliente. Los sicarios que recolectan el dinero adeudado más intereses se desplazan en moto.

Los "jefes de seguridad", por su parte, están a cargo del sistema de cobranzas bajo presión cuando alguna de las víctimas no puede pagar la deuda contraída. Su especialidad, las amenazas y la violencia armada.

En los últimos allanamientos, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Sam Miguel u Zárate, Gendarmería también secuestró municiones para armas .9mm y marihuana y siete motos similares a las que las víctimas describieron como las utilizadas por los "rompehuesos" para trasladarse y amedrentarlos.

Por: Agencias | Sábado, 13/04/2019 02:54 PM |

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Domingo, 14 Abril 2019 05:48

Una clase magistral de cinismo

Una clase magistral de cinismo

Hace una semana, al promediar la tarde del domingo 8 de abril, el músico Evaldo dos Santos Rosa conducía su auto por la avenida Brasil, principal vía de acceso entre la zona norte y el centro de Río de Janeiro.


En el coche estaban su suegro, su mujer, el hijo de la pareja, de siete años, y una amiga. Iban a una fiesta infantil.


Cerca de la Villa Militar, al borde de la avenida Brasil, había una patrulla del Ejército. Cuando el coche se acercó, empezaron los disparos. Fueron 80 tiros, casi todos de fusil.
Evaldo murió en el acto. Sergio, su suegro, fue herido. Un hombre que pasaba por el lugar fue herido de gravedad. Pese a que Luciana, mujer de Evaldo, haya salido del coche con el hijo en brazos gritando que no dispararan más, los tiros siguieron.


Sería una muerte violenta más en el país en que a cada año ocurren 64 mil muertes violentas, pero Evaldo fue muerto por una patrulla del Ejército. No se ha dado ninguna justificación para la presencia de los uniformados en la escena del asesinato.


Le toca al presidente brasileño, o sea, a Jair Bolsonaro, el puesto de comandante máximo de las Fuerzas Armadas. Es lo que establece la Constitución. Por lo tanto, sería su función elemental ordenar al comandante del Ejército que se pronuncie sobre el fusilamiento.


Bueno: Bolsonaro es Bolsonaro. Y, pasados algunos días, se manifestó con su manera peculiar: “El Ejército no mató a nadie. El Ejército es del pueblo, y el pueblo no mata. Lo que hubo fue un incidente”.


Es decir: hombres vestidos con el uniforme del Ejército, portando fusiles del Ejército, comandados por un integrante del Ejército, ejecutan a alguien indefenso a sangre fría, pero el Ejército no tiene nada que ver.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública se llama Sergio Moro. Es el mismo que cuando era juez de primera instancia condenó Lula da Silva a la cárcel por “actos indeterminados” y basado solamente en “convicciones”. Pues ese paradigma de una ética única ahora defiende cambios radicales en la legislación: quiere asegurar la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad que al pasar por una situación de “miedo, sorpresa o violenta emoción” ejecuten a alguien. Licencia para matar, pues.


¿Qué les habrá pasado a los soldados del Ejército que fusilaron Evaldo? ¿Un brote colectivo de miedo, sorpresa o violenta emoción? Para Moro, el fusilamiento no ha sido más que “un accidente lamentable”.


El general Augusto Heleno es jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. Considerado el más poderoso integrante del gobierno de Bolsonaro, dijo que las averiguaciones están en curso y que habrá castigo “si el caso lo requiere”. Lamentó lo ocurrido y dijo que por suerte los que dispararon tienen muy mala puntería: al fin y al cabo, tiraron ochenta tiros con un saldo de solamente un muerto y dos heridos.


Un retrato perfecto de lo que están haciendo con mi país.

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Sábado, 13 Abril 2019 16:07

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

 ▲ Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, informó que Assange pasó su primera noche en la prisión de Belmarsh.Foto Ap

Nueva York. El arresto y pedido de extradición de Julian Assange detonó, una vez más, un intenso debate sobre la libertad de la prensa en Estados Unidos y en torno al controvertido fundador de Wikileaks, lo cual definirá el futuro de una de las supuestas libertades civiles sagradas en el orden democrático de este país.

Tal vez lo más sorprendente es que algunos grandes medios –incluyendo el New York Times y el Washington Post (el cual argumentó que Assange no es un "héroe de la libertad de prensa" y que merece enfrentar la justicia estadunidense sin necesariamente impactar las libertades civiles)– periodistas y columnistas influyentes y hasta algunas organizaciones de defensa de libertades de expresión dieron el beneficio de la duda al Departamento de Justicia de que su acusación no era un ataque inmediato a la libertad de prensa. Expresaron "alivio" de que el cargo criminal formulado contra Assange se centra sólo en una "conspiración" para lograr una "intrusión" ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada. O sea, no es un cargo que criminaliza las actividades periodísticas tradicionales como algunos temían.

Pero para otros, el cargo formulado de esa manera es una envoltura justo para evitar denuncias del atropello de la libertad de expresión, pero que su objetivo obviamente es nada menos que castigar a alguien que se atrevió a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos que implicaron al gobierno estadunidense en violaciones de derechos humanos, maniobras diplomáticas intervencionistas, y hasta posibles crímenes de guerra.

El régimen de Donald Trump, quien repetidamente declara que los medios son "enemigos del pueblo", no ocultó su deseo de perseguir a Assange. En abril de 2017, cuando el actual secretario de Estado Mike Pompeo era el jefe de la CIA, afirmó: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitir más a Assange y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros… Eso se acaba ahora”, recuerda The Intercept.

Por su parte, la cúpula demócrata, en un ejemplo inusual de bipartidismo, también festejó el arresto de Assange junto con los republicanos ya que aún no le perdona al fundadsor de Wikileaks la divulgación de correos electrónicos jaqueados del Comité Demócrata Nacional durante la contienda de 2016. Hillary Clinton expresó que Assange ahora "tiene que responder por lo que ha hecho" y afirmó que los cargos no estaban relacionados con la libertad de prensa, mientras el líder de la fracción demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que espera que Assange "pronto rendirá cuentas por su intromisión en nuevas elecciones a nombre de Putin y el gobierno ruso".

Sin embargo, varios periodistas y defensores de libertades civiles denunciaron que obviamente el objetivo del arresto y extradición es castigar no sólo a los filtradores de información secreta –lo cual hizo el gobierno de Barack Obama a escala sin precedente–, sino ahora con Assange, a los periodistas que difunden y publican la información.

Daniel Ellsberg, el famoso filtrador de los Papeles del Pentágono, consideró que el arresto de Assange es "un intento claro para rescindir la libertad de la prensa". Señalo que este es el primer caso de una acusación contra un periodista y editor, y "si es exitosa, no será la última", comentó en entrevista con The Real News Network. Advirtió que si esto avanza “la libertad de la prensa no está a salvo, se acaba, y nuestra república está en sus últimos días….”.

La acusación contra Assange implica "amenazas graves a las libertades de prensa, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo", escribe el periodista Glenn Greenwald de The Intercept –uno de los reporteros que colaboró con Edward Snowden– y advirtió que con ello se "busca criminalizar varias actividades al centro del periodismo de investigación". [https://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/

Concluye que en el caso de Assange, figura controvertida en Estados Unidos ya que hay un consenso bipartidista en su contra, "más importante que los sentimientos personales sobre Assange es el enorme paso que esta acusación representa para la meta explícitamente declarada del gobierno de Trump de criminalizar el periodismo que incluye reportar sobre información clasificada. Oponerse a esa meta amenazante no requiere de admiración o afecto para Assange. Sencillamente requiere creer en la importancia crítica de una prensa libre en una democracia".

Matt Taibbi, el gran reportero político de Rolling Stone, coincide con Greenwald en ese punto, y escribió: "la acusación actual es la extension de un esfuerzo de años, antes de Trump, de construir un argumento legal contra alguien que divulgó secretos vergonzosos".

Bruce Shapiro, director del Dart Center for Journalism, escribió en The Nation que en la acusación se afirma que hubo una "conspiración para filtrar información filtrada", y subraya que eso es algo que hacen los reporteros constantemente. Afirma que esta acusación en este contexto es "una persecución políticamente motivada", que tiene serias implicaciones sobre la libertad de expresión constitucional.

"Este es un caso de libertad de prensa. Punto. Assange está siendo castigado por hacer valientemente su trabajo como un periodista, ahora sujeto de una de las cacerías de brujas más peligrosas en la historia de Estados Unidos, justo porque reveló información que el público estadunidense tenía un derecho de conocer sobre crímenes de guerra del gobierno estadunidense", declaró el veterano periodista Robert Scheer, ahora director de Truthdig.

Varios activistas y comentaristas resaltaron que Assange, Chelsea Manning, y Edward Snowden –como Ellsberg hace medio siglo– revelaron al público mundial crímenes de guerra y violaciones a derechos civiles y humanos por las autoridades, pero ellos son los acusados de ser criminales.

 

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Martes, 09 Abril 2019 09:57

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

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