Crónicas rutinarias del paraíso paramilitar

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

En las últimas semanas se ha notado otra vez una intensa presencia de paramilitares camuflados y con armas largas, los cuales han entrado por la vereda Playa Larga provenientes de Nuevo Antioquia, corregimiento de Turbo, y por la vereda La Resbalosa provenientes de Córdoba. Están llegando a las veredas e intimidando a los campesinos, anunciando que les van a quitar sus teléfonos celulares para que no informen de su presencia a nuestra Comunidad de Paz, insistiendo en que está prohibido informar de su presencia y menos a la Comunidad de Paz.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El martes 30 de julio de 2019en horas del día, nuestra Comunidad de Paz se enteró de que estaban amenazando fuertemente a los integrantes de nuestra Comunidad que viven en la vereda La Resbalosa. Allí los paramilitares están anunciando que no van a permitir que los miembros de nuestra Comunidad sigan trabajando en una de las fincas comunitarias de nuestro proceso de vida en dicha vereda. Al parecer hay muchos intereses empresariales y de narcotráfico que los llevan a impedir que la gente siembre alimentos en huertas de pan coger, pues quieren que la tierra se dedique a objetivos ajenos a los de la subsistencia del campesinado y que éste se someta a planes e intereses de sectores poderosos que solo buscan dañar y destruir la naturaleza y explotar al campesino para su provecho.
  • El jueves 1º de Agosto de 2019, en horas del día, nos llegaron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan las 32 veredas de San José de Apartadó les están   prohibiendo terminantemente a los pobladores, especialmente a quienes tienen tierras en las veredas de Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, entre otras, vender sus tierras sin permiso de ellos y menos a la Comunidad de Paz, advirtiendo que, si alguien lo hace, tendrá que atenerse a graves consecuencias. Fuera de la persecución que el paramilitarismo ha sostenido durante más de dos décadas contra nuestra Comunidad de Paz, buscando a toda costa su exterminio y desaparición, la población de la región percibe cada vez más claramente que el paramilitarismo, y los poderes que detrás de ellos se expresan, buscan un control cada vez más absoluto del territorio para someterlo a planes perversos, en beneficio de una élite pequeña y poderosa.
  • El viernes 2 de Agosto de 2019en horas del día, nos llegaron informaciones de que el comandante paramilitar alias “René” quien ha sido desde hace algún tiempo el encargado del control y expendio de drogas en el área de San José, se había retirado de la zona diciendo que se trasladaba a causa de las fuertes denuncias que hay en su contra, lo cual le impedía ejercer mayor control. Según informaciones, fue trasladado por sus mandos paramilitares al corregimiento de Piedras Blancas, del municipio de Carepa. Al despedirse lanzó fuertes amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, manifestado que: “la única que denuncia es esa Comunidad de Paz, pero esto no se quedará así”.
  • El sábado 3 de Agosto de 2019, en horas de la noche, llegaron cerca de 15 paramilitares camuflados y portando armas largas de fuego a la vereda El Porvenir. Allí ingresaron a las viviendas de los campesinos anunciando que llegaron para solucionar algunos problemas de mala fama que tienen los paramilitares en la zona, manifestando: “estamos aquí porque la población civil dice -y hay muchas denuncias que así lo muestran- que nosotros los paramilitares somos unos asesinos y ladrones y eso lo vamos a solucionar, pues nosotros no somos malos”. Al mismo tiempo, en tono amenazante, preguntaron a los pobladores que si tenían celulares, a lo que los pobladores respondieron que no. Allí permanecieron toda la noche en los alrededores de las fincas.
  • El domingo 4 de agosto de 2019a las 12:00 del día, fueron vistos nuevamente estos mismos paramilitares que habían llegado el día anterior a la vereda El Porvenir y que se habían quedado acampando cerca de las viviendas de los campesinos.
  • El martes 6 de Agosto de 2019, nuestra Comunidad de Paz hizo presencia, con acompañamiento internacional y de la Defensoría del Pueblo de Apartadó, en las veredas Alto Joaquín y Puerto Nuevo y en el corregimiento de Frasquillo, del municipio de Tierralta Córdoba. Allí nuestra comunidad defiende unas propiedades colectivas en la cuales viven miembros de nuestro proceso de Comunidad de Paz. Se pudo evidenciar que los paramilitares siguen siendo los que controlan todo allí, desde el comercio de drogas de uso ilícito, las que transportan con el permiso de la Armada Nacional que tiene allí una base; el comercio de alimentos, el cual controlan para no vender sino a quienes ellos les quieren vender; el control sobre la represa, regulando toda la movilidad en embarcaciones tipo Johnson, y el despojo de tierras de las familias que viven cerca de la represa. Todo esto ligado al pago de impuestos obligatorio que le exigen a los campesinos.
  • El miércoles 7 de Agosto de 2019nuestra Comunidad realizó un recorrido con acompañamiento internacional hacia la vereda La Esperanza, pasando por la vereda El Porvenir ambas dentro del territorio del corregimiento de San José, pues ya habían muchas informaciones según las cuales los paramilitares habían estado en esos días anteriores recorriendo las viviendas de los campesinos. Estando allí, en el camino que conduce de la vereda El Porvenir hasta la vereda La Esperanza, se pudo comprobar que había presencia de paramilitares armados muy cerca del camino, lo cual confirmaba su presencia en la vereda El Porvenir. Según pobladores de la vereda La Esperanza, los militares habían estado esos mismos días patrullando en la vereda La Esperanza pero no en El Porvenir, distante unos 40 minutos de La Esperanza y que era el lugar donde los paramilitares estaban llegando a ingresar a las casas de los campesinos. Ya es suficientemente conocida la táctica militar y su articulación con los paramilitares, consistente en no coincidir en los mismos espacios para no dar la impresión de que se apoyan mutuamente.
  • El jueves 8 de Agosto de 2019a las 9:00 de la mañana, un contingente militar de la Brigada 17 del ejército llegó al pequeño caserío, antiguo asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Unión, allí comenzaron a visitar las casas de los campesinos  haciendo un censo o empadronamiento. No sabemos qué objetivo tendría dicho censo, lo que es muy claro es que en años anteriores la Brigada 17 del ejército hacía estos censos o empadronamientos ilegales y todas esas informaciones terminaban en las manos de los paramilitares quienes luego iban asesinando a mucha gente que aparecía en esas listas.

El pasado 19 de junio se puso en conocimiento del Presidente Duque un compendio de agresiones contra nuestra Comunidad de Paz, sufridas entre agosto de 2018 y mayo de 2019 [Rad: EXT 19-00060721], con la reiterada petición de cumplir sus obligaciones constitucionales como garante de derechos, todo acompañado de un recordatorio de principios de derecho internacional que le impone a todo mandatario hacerse cargo de los hechos de sus predecesores cuando no se decide a condenar, corregir y reparar lo que viene del pasado destruyendo el Estado de Derecho. La respuesta fue idéntica a la de los ex Presidentes Samper, Pastrana, Uribe y Santos: remitirle los llamados al Ministerio de Defensa (responsable de primer orden de los hechos) y allí las peticiones comienzan un peregrinaje de años, de oficina en oficina, donde ningún oficial o sub-oficial quiere repudiar los hechos perpetrados por sus colegas, prefiriendo solidarizarse con ellos en el disimulo, la evasión, el encubrimiento y la opción de manos caídas y “vista gorda”. Nada cambia. Nada cambia. Nada cambia. Todo sigue igual. Son rutinas que han trillado su camino en 22 años.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Agosto 16 de 2019

Publicado enColombia
Noam Chomsky (Filadelfia, 1928). Fotografía de Jean Baptiste Paris.

El profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Noam Chosmky analiza el contexto en oriente medio en relación a los intereses de control de Estados Unidos.

 

“Cualquier preocupación sobre armas iraníes de destrucción masiva podría calmarse por medio de atender el llamamiento de Irán a establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio”, dice el legendario intelectual público Noam Chomsky, pero eso no hace que el Gobierno de Trump deje de inventar historias sobre la amenaza de Irán de “conquistar el mundo” para aumentar las tensiones y de este modo reforzar la posición de Trump ante las elecciones de 2020.

En esta transcripción exclusiva de una conversación emitida en Alternative Radio, Noam Chomsky –el brillante profesor del MIT y lingüista a quien en un índice se cita como la octava persona más citada de la historia, con Shakespeare y Marx— aborda la estrategia de disuasión militar iraní y las acciones tomadas por los líderes estadounidenses que no pueden tolerar lo que el Departamento de Estado describe como el “desafío exitoso” de Irán.

David Barsamian: Vamos a hablar sobre Irán, en concreto situándolo en la política exterior estadounidense post-1945. Washington diseñó su Estrategia Gran Área e Irán toma enorme importancia debido a su riqueza petrolífera.


Noam Chomsky: Riqueza petrolífera y posición estratégica. Se dio por hecho en la planificación de la Estrategia Gran Área que EE UU dominaría Oriente Medio, lo que Eisenhower llamó la “parte del mundo más importante estratégicamente”, un premio material sin análogo alguno.


La idea básica de la primera fase de la Estrategia y las primeras fases de la guerra eran que EE UU tomaría lo que llamaban la Gran Área, por supuesto, el hemisferio occidental, el antiguo Imperio británico y el Lejano Oriente. Asumieron en ese momento que Alemania probablemente ganaría la guerra, así que habría dos grandes potencias, una basada en Alemania con gran parte de Eurasia y EE UU con su Gran Área. Para cuando estaba claro que los rusos derrotarían a Alemania, tras Stalingrado y después la gran batalla de tanques en Kursk, se modificó la planificación, y la idea era que la Gran Área incluiría tanto de Eurasia como fuera posible, por supuesto, manteniendo el control de los recursos petrolíferos de Oriente Medio.

Hubo un conflicto respecto a Irán justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos apoyaron a un movimiento separatista en el norte. Los británicos querían mantener el control. Los rusos fueron básicamente expulsados. Irán era un Estado cliente bajo control británico. Había, sin embargo, un movimiento nacionalista, y el líder iraní, Mohammad Mossadegh, lideró un movimiento para intentar nacionalizar el petróleo iraní.

Los británicos, obviamente, no querían. Intentaron detenerlo, pero estaban en sus dificultades de la posguerra y no pudieron. Llamaron a EE UU, que básicamente tuvo el papel principal en implementar un golpe militar que derrocó el régimen parlamentario e instaló al shah, que era un cliente leal. Irán siguió siendo uno de los pilares del control de Oriente Medio mientras el shah siguió en el poder. El shah tenía relaciones muy cercanas con Israel, el segundo pilar del control. No eran formales porque, teóricamente, se suponía que los Estados islámicos estaban en contra de la ocupación israelí, pero las relaciones eran extremadamente cercanas. Fueron reveladas en detalle después de que cayera el shah. El tercer pilar del control estadounidense era Arabia Saudí, así que había una especie de alianza tácita entre Irán e Israel e, incluso más tácita, Israel y Arabia Saudí, bajo la tutela de EE UU.

En 1979, el shah fue derribado. EE UU al principio consideró el intento de llevar a cabo un golpe militar que restauraría el régimen del shah. No funcionó. Después vino la crisis de los rehenes. Iraq, poco después —bajo Saddam Hussein—, invadió Irán. EE UU apoyó con fuerza la invasión iraquí, finalmente incluso interviniendo de forma bastante directa para proteger la navegación iraquí en el Golfo. Un crucero portamisiles derribó un avión civil iraní, matando a 290 personas en espacio aéreo comercial. Finalmente, la intervención de EE UU básicamente convenció a los iraníes, si no de capitular, de aceptar un acuerdo que era mucho menos que lo que esperaban tras la agresión iraquí. Fue una guerra asesina. Saddam usó armas químicas. EE UU fingió no saberlo —de hecho, intentó culpar a Irán de ello. Pero al final hubo un acuerdo de paz.


Inmediatamente, EE UU recurrió a sanciones contra Irán y a severas amenazas. Esto ya era el primer Bush. Su gobierno también invitó a los ingenieros nucleares iraquíes a EE UU para formación avanzada en producción de armas nucleares, lo que, por supuesto, era una seria amenaza para Irán.

Es bastante irónico que cuando Irán era un Estado cliente leal bajo el shah en los 70, el shah y otros altos responsables dejaron muy claro que estaban trabajando para desarrollar armas nucleares. En ese momento, Kissinger y Rumsfeld y Cheney estaban presionando a las universidades estadounidenses, sobre todo al MIT —hubo un gran escándalo en el campus por esto—, para traer ingenieros nucleares iraníes a EE UU para formación, aunque, por supuesto, sabían que estaban desarrollando armas nucleares. De hecho, más tarde se preguntó a Kissinger por qué cambió su actitud hacia el desarrollo de armas nucleares iraníes en años posteriores cuando, por supuesto, se convirtió en un tema importante, y dijo, de forma muy sencilla, que entonces eran un aliado.

Las sanciones contra Irán se volvieron más duras, más intensas. Hubo negociaciones para abordar los programas nucleares iraníes. Según la inteligencia estadounidense, después de 2003, no había pruebas de que Irán tuviera programas de armas nucleares, pero probablemente estaban desarrollando lo que se llama una capacidad nuclear, que muchos países tienen; esto es, la capacidad de producir armas nucleares si surge la ocasión. Ya que Irán estaba aumentando rápidamente sus capacidades, con más centrifugadoras, etc., Obama finalmente aceptó el acuerdo conjunto, el pacto nuclear con Irán, en 2015.

Desde entonces, según la inteligencia de EE UU, Irán lo ha cumplido totalmente. No hay nada que indique alguna violación iraní. El Gobierno de Trump se salió y ahora ha aumentado considerablemente las sanciones contra Irán. Ahora hay un nuevo pretexto: no son las armas nucleares; es que Irán está entrometiéndose en la región.

A diferencia de EE UU.


O cualquier otro país. De hecho, lo que están diciendo es que Irán está intentando aumentar su influencia en la región. Tiene que convertirse en lo que el secretario de Estado Pompeo llamó un “país normal”, como nosotros, Israel y otros, y no intentar nunca expandir su influencia. Esencialmente, está diciendo: “sólo ríndete”. Pompeo en concreto ha dicho que las sanciones estadounidenses están diseñadas para intentar reducir las exportaciones de petróleo iraníes a cero. EE UU tiene influencia extraterritorial: obliga a otros países a aceptar las sanciones estadounidenses bajo amenaza de que serán excluidos del mercado estadounidense y, en particular, de los mercados financieros, que están dominados por EE UU. Así que EE UU, como principal Estado canalla del mundo, impone sus propias decisiones unilaterales sobre otros, gracias a su poder. Bolton [John, consejero de Seguridad Nacional], por supuesto, como ha dicho, sólo quiere bombardearles.

Mi especulación es que gran parte de los gestos agresivos en este momento se debe probablemente a dos motivos: uno, intentar mantener a Irán desequilibrado e intimidado, y también intimidar a otros de forma que no intenten interferir en las sanciones de EE UU; pero pienso que es en gran parte doméstico. Si los estrategas de Trump están pensando con claridad —y asumo que lo hacen— la mejor forma de enfocar las elecciones de 2020 es inventarse grandes amenazas por todos lados: inmigrantes de Centroamérica que vienen aquí a cometer genocidio contra estadounidenses blancos, Irán a punto de conquistar el mundo, China haciendo esto y aquello. Pero seremos salvados por nuestro valiente líder con el pelo naranja, la única persona que es capaz de defendernos de todas estas terribles amenazas, no como esas mujeres que “no sabrán cómo hacer nada”, o “somnoliento” Joe [Biden, candidato a las primarias del Partido Demócrata] o “loco” Bernie [Sanders, otro candidato]. Ésa es la mejor forma de ir a unas elecciones. Eso significa mantener las tensiones, pero sin tener intención de ir realmente a la guerra.

Por desgracia, es suficiente malo por sí mismo. No tenemos absolutamente ningún derecho de imponer ninguna sanción sobre Irán. Ninguno. Se da por hecho en todo debate que de alguna forma esto es legítimo. No hay absolutamente ninguna base para ello. Pero también, las tensiones pueden estallar fácilmente. Podría pasar cualquier cosa. Un barco estadounidense en el Golfo podría chocar con una mina, digamos, y algún comandante diría: “Vale, vamos a tomar represalias contra una instalación iraní”, y después un barco iraní podría disparar un misil. Pronto, estás en camino. Así que podría estallar.

Mientras tanto, hay efectos horribles por todo el lugar, lo peor en Yemen, donde nuestro cliente, Arabia Saudí, con fuerte apoyo estadounidense —armas, inteligencia— junto a su brutal aliado de Emiratos Árabes Unidos, está creando de hecho lo que la ONU ha descrito como “la peor crisis humanitaria del mundo”. Está bastante claro; realmente no es polémico lo que ocurre. Si hay un enfrentamiento con Irán, la primera víctima será Líbano. Tan pronto como haya alguna amenaza de guerra, con seguridad Israel no querrá afrontar el peligro de los misiles de Hezbolá, que probablemente están dispersos por todo Líbano ahora. Así que es muy probable que el primer paso previo al conflicto directo con Irán sería destruir Líbano o algo así.

Y esos misiles en Líbano son de Irán.


Vienen de Irán, sí.

Entonces, ¿cuál es la estrategia de Irán en la región? Se escucha este término, el “arco chií”, la población chií en Iraq, Baréin, Líbano y Siria.


El arco chií es una invención jordana. Por supuesto, Irán, como cualquier otra potencia, está intentando aumentar su influencia. Lo está haciendo, habitualmente, en las áreas chiíes, naturalmente. Es un Estado chií. En Líbano, no tenemos registros detallados porque no pueden hacer un censo —rompería la frágil relación que existe allí en el sistema sectario—, pero está bastante claro que la población chií es el mayor de los grupos sectarios.

Tienen un representante político, Hezbolá, que está en el Parlamento. Hezbolá se desarrolló como una fuerza guerrillera. Israel estaba ocupando el sur del Líbano tras su invasión de 1982. Esto fue en violación de las órdenes de la ONU, pero básicamente se quedaron allí, en parte mediante un ejército asociado. Hezbolá finalmente echó a Israel. Eso les convirtió en una “fuerza terrorista”. No tienes derecho a echar al ejército invasor de un Estado cliente, obviamente.


Desde entonces, Hezbolá sirve a los intereses iraníes. Envió combatientes a Siria, que son una gran parte del apoyo al Gobierno de Assad. Técnicamente, eso es bastante legal. Ése era el Gobierno reconocido. Es un Gobierno podrido, así que puedes, con argumentos morales, decir que no deberías hacerlo, pero no puedes decir con argumentos legales que no deberías. EE UU estaba intentando derrocar al Gobierno. No es secreto. Finalmente, quedó claro que el Gobierno de Assad controlaría Siria. Todavía hay algunos focos sin resolver, las áreas kurdas y otras, pero básicamente ha ganado la guerra, lo que significa que Rusia e Irán tienen el papel dominante en Siria.

En Iraq, hay una mayoría chií, y la invasión estadounidense básicamente entregó el país a Irán. Había sido una dictadura suní pero, claro, con la dictadura suní destruida, la población chií consiguió un papel sustancial. Así que, por ejemplo, cuando el ISIS [también conocido como Daesh] estuvo cerca de conquistar Iraq, fueron las milicias chiíes las que les hicieron retroceder, con apoyo iraní. EE UU participó, pero de forma secundaria. Ahora tienen un rol fuerte en el Gobierno. En EE UU, esto se considera más intromisión iraní. Pero pienso que la estrategia iraní es bastante sencilla: es expandir su influencia como pueden en la región.

Por lo que respecta a su postura militar, no veo ningún motivo para cuestionar el análisis de la inteligencia estadounidense. Parece bastante acertado. En sus exposiciones en el Congreso, señalan que Irán tiene gastos militares muy bajos para los estándares de la región, mucho menos que los otros países —eclipsados por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, por supuesto Israel— y que su doctrina militar es esencialmente defensiva, diseñada para disuadir una invasión el suficiente tiempo como para que se inicien los esfuerzos diplomáticos. Según la inteligencia de EE UU, si tienen un programa de armas nucleares —el cual no tenemos motivos para pensar que lo tienen, pero si lo tienen— sería parte de su estrategia disuasoria.

Ésa es la verdadera amenaza iraní: tiene una estrategia disuasoria. Para los Estados que quieren tener libertad para desbocarse en la región, la disuasión es una amenaza existencial. No quieres ser disuadido; quieres poder hacer lo que quieras. Ésos son en primer lugar EE UU e Israel, que quieren tener libertad de actuar por la fuerza en la región sin disuasión alguna. Para ser preciso, ésa es la verdadera amenaza iraní. Es lo que el Departamento de Estado llama “desafío exitoso”. Ése es el término que el Departamento de Estado utilizó para explicar a principios de los 60 por qué no podemos tolerar el régimen de Castro, debido a su “desafío exitoso” a EE UU. Es absolutamente intolerable si tienes la intención de poder dominar el mundo, por la fuerza, si es necesario.

Y parece que un componente de ello es la amenaza de un buen ejemplo.


También está eso, pero no creo que sea cierto en el caso de Irán. Es un Gobierno miserable. El Gobierno de Irán es una amenaza a su propio pueblo. Creo que es bastante justo decirlo. Y no es un modelo real para nadie. Cuba era bastante diferente. De hecho, si miras atrás al principio de los 60 en los documentos internos que han sido desclasificados, había gran preocupación porque —como dijo Arthur Schlesinger, el consejero cercano de Kennedy, especialmente sobre asuntos latinoamericanos— el problema con Cuba es “la difusión de la idea de Castro de tomar los asuntos en las propias manos”, que tiene gran atractivo para otros en la región que están sufriendo las mismas circunstancias que Cuba bajo el régimen de Batista, apoyado por EE UU.
Eso es peligroso. La idea de que la gente tiene el derecho de tomar las cosas en sus propias manos y de separarse de la dominación estadounidense no va a ser aceptable. Eso es el desafío exitoso.

Otro tema que se manifiesta después de 1945 es la resistencia de Washington al nacionalismo independiente.


Sí. Pero eso es automático para una potencia hegemónica. Lo mismo con Gran Bretaña, cuando estaba controlando la mayor parte del mundo; lo mismo con Francia y sus dominios. No quieres nacionalismo independiente. De hecho, a menudo se hace totalmente explícito. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando EE UU estaba empezando a intentar organizar el mundo de la posguerra, la primera preocupación era asegurarse de que el hemisferio occidental estaba totalmente bajo control.

En febrero de 1945, EE UU convocó una conferencia hemisférica en Chapultepec (México). El principal tema de la conferencia era precisamente lo que describías: era acabar con cualquier tipo de “nacionalismo económico”. Ésa era la frase que se utilizó. El Departamento de Estado advirtió internamente que los países latinoamericanos están infectados —ahora estoy prácticamente citando— “por la idea de un nuevo nacionalismo”, que significaba que la gente del país deberían ser los primeros beneficiarios de los recursos del país. Obviamente, eso es totalmente intolerable. Los primeros beneficiarios deben ser los inversores estadounidenses. Ésa es la filosofía del nuevo nacionalismo, y debe ser aplastada. Y la conferencia de Chapultepec, de hecho, hizo explícito que el nacionalismo económico no sería tolerado.

Así que, por ejemplo, por coger un caso que se debatió, Brasil, un país importante, podía producir acero, pero no el acero de alta calidad del tipo en que EE UU se especializaría. Por lo demás, hay, como siempre, una excepción no mencionada a las reglas. A EE UU se le permite seguir políticas de nacionalismo económico. De hecho, EE UU estaba destinando masivamente recursos gubernamentales para el desarrollo de lo que se convirtió en la economía de alta tecnología del futuro: ordenadores, internet, etc. Ésa es la excepción habitual. Pero para los otros, no pueden sucumbir a esta idea de que los primeros beneficiarios de los recursos de un país debería ser la gente de ese país. Eso es intolerable. Esto se enmarca en todo tipo de bonita retórica sobre los mercados libres y tal y cual, pero el significado es totalmente explícito.

A menudo has citado a George Kennan, el venerado responsable del Departamento de Estado, en su famoso informe de 1948: “Tenemos el 50% de la riqueza mundial pero sólo el 6,3% de su población… Nuestra verdadera tarea en el período que viene es idear un modelo de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad”. Eso era 1948. Me interesó descubrir que dos años después, hizo una declaración. “La protección de nuestras materias primas” en el resto del mundo, particularmente en América Latina, se impondría sobre la preocupación por lo que llamó “represión policial”.


Dijo que la represión policial puede ser necesaria para mantener el control sobre “nuestros recursos”. Recuerda que estaba en el extremo blando del espectro político, de hecho, tanto que por ese tiempo le echaron y le sustituyeron por un partidario de la línea dura, Paul Nitze. Era considerado “demasiado suave” para este duro mundo. Su estimación de que EE UU tuviera el 50% de los recursos mundiales es probablemente exagerada ahora que se ha hecho más trabajo en detalle. Las estadísticas no son fantásticas para ese período, pero hay estudios. Era probablemente menos que eso. Sin embargo, puede ser cierto hoy en un sentido diferente. En el período contemporáneo de la globalización, las cadenas de suministro globales, las cuentas nacionales, en el sentido de la parte del país del PIB global, son mucho menos relevantes de lo que solían ser.

Una medida mucho más relevante del poder de un país es la riqueza controlada por corporaciones multinacionales con sede doméstica. Ahí, lo que encuentras es que las corporaciones estadounidenses poseen cerca del 50% de la riqueza mundial. Ahora, hay buenas estadísticas. Hay estudios sobre ello por un economista político muy bueno, Sean Kenji Starrs, quien tiene varios artículos y un nuevo libro que va a salir sobre ello con extenso detalle. Como señala, esto es un grado de control de la economía internacional que no tiene absolutamente ningún paralelo o equivalente en la historia, de hecho. Será interesante ver cuál es el impacto de la bola de demolición de Trump sobre todo esto, que está rompiendo el sistema de cadenas de suministro globales que se ha desarrollado cuidadosamente durante años. Puede tener algún impacto. Realmente no lo sabemos. Hasta ahora, sólo está haciendo daño a la economía global.

Volviendo a Irán, mencionaste en nuestro libro Malestar Global que “cualquier preocupación sobre armas iraníes de destrucción masiva podría calmarse por medio de atender el llamamiento de Irán a establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio”. Esto está casi al nivel de samizdat [literatura prohibida por la URSS]. Apenas se sabe o se informa de ello.


No es un secreto. Y no es sólo el llamamiento de Irán. Esta propuesta para una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio y extendida a zona libre de armas de destrucción masiva en realidad viene de los Estados árabes. Egipto y otros la iniciaron a principio de los 90. Pidieron una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Hay zonas así que se han establecido en diversas partes del mundo. Es bastante interesante mirarlas. No son completamente operativas porque EE UU no las ha aceptado, pero están ahí teóricamente. La de Oriente Medio sería extremadamente importante.

Los Estados árabes presionaron por ello durante largo tiempo. Los países no alineados, el G-77 —ahora son alrededor de 130 países— la han pedido firmemente. Europa en general la apoya. Probablemente no Inglaterra, sino otros. De hecho, hay un apoyo global casi total, a lo que se añade un régimen de inspecciones de un tipo que ya existe en Irán. Eso básicamente eliminaría cualquier preocupación no sólo respecto a las armas nucleares, sino a las armas de destrucción masiva.

Sólo hay un problema: EE UU no lo permitirá. Esto aparece regularmente en las sesiones de control regulares del Tratado de No Proliferación, la más reciente en 2015. Obama lo bloqueó. Y todo el mundo sabe exactamente por qué. Nadie lo dirá, por supuesto. Pero si miras a las publicaciones de control de armas o a las publicaciones profesionales, son bastante abiertas sobre ello, porque es obvio. Si hubiera un acuerdo de este tipo, las armas nucleares de Israel quedarían bajo inspección internacional. EE UU quedaría obligado a reconocer formalmente que Israel tiene armas nucleares. Por supuesto, sabe que las tiene, todo el mundo lo sabe, pero no se te permite reconocerlo formalmente. Por un buen motivo. Si lo reconoces formalmente, la ayuda estadounidense a Israel tiene que acabar, según la ley de EE UU. Por supuesto, puedes encontrar formas de sortearlo; siempre puedes violar tus propias leyes. Pero eso se convierte en un problema. Significaría que las armas de Israel tendrían que ser inspeccionadas —no sólo las nucleares, sino también las biológicas y químicas. Eso es intolerable, así que no podemos permitirlo. Por lo tanto, no podemos avanzar a hacia una zona libre de armas de destrucción masiva, que acabaría con el problema.

Hay otra cosa que sólo puedes leer en samizdat. EE UU tiene un compromiso especial con esto, un compromiso único, junto con Gran Bretaña. La razón es que cuando EE UU y Gran Bretaña estaban planeando la invasión de Iraq, buscaron desesperadamente algún pretexto legal para ella de forma que no pareciera simple agresión directa. Apelaron a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1991 que pedía a Saddam Hussein que acabar con sus programas de armas nucleares, lo que de hecho había realizado. Pero el pretexto fue que no lo había hecho, así que había violado esa resolución; por lo tanto, se suponía que eso daba alguna legitimidad a la invasión.

Si te molestas en leer esa resolución de la ONU, cuando llegas al artículo 14, compromete a los firmantes, EE UU y Gran Bretaña incluidos, a trabajar por una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio. Así que EE UU y Gran Bretaña tienen una especial responsabilidad en hacerlo. Intenta encontrar algún debate sobre ello. Y, por supuesto, podría resolver cualquier problema que uno piense que hay. De hecho, según la inteligencia de EE UU, en esencia no hay ninguno.
El verdadero problema es básicamente lo que describe la inteligencia estadounidense, la postura iraní de disuasión. Eso es un verdadero peligro y constantemente se considera una amenaza existencial para Israel y EE UU, que no pueden tolerar la disuasión.

Hay grandes días de pago para una política exterior militarista tal como la que tiene EE UU. Por ejemplo, Lee Fang, escribiendo en The Intercept, informa de que “grandes fabricantes de armas”, como Lockheed Martin y Raytheon, “han dicho a sus inversores que aumentar el conflicto con Irán podría ser bueno para el negocio”.


Claro que lo es. Ése es un factor. No creo que sea el factor principal, pero ciertamente es un factor. Es lo que se llama “bueno para la economía” si puedes producir bienes materiales que puedes vender a otros países. EE UU es preeminente en fuerza militar. Ésa es una ventaja comparativa real —la fuerza militar. Otros países pueden producir ordenadores y televisiones, pero EE UU es el mayor exportador de armas. Su presupuesto militar aplasta a cualquier cosa en el resto del mundo. De hecho, es casi tan grande como el resto del mundo combinado, mucho más grande que el de otros países. El incremento estadounidense en el presupuesto militar bajo Trump –el incremento- es mayor que todo el presupuesto militar ruso. China está mucho más atrás. Y, por supuesto, EE UU está mucho más avanzado tecnológicamente en hardware militar. Así que ésta es la ventaja comparativa estadounidense. Naturalmente, querrías continuarla. Pero pienso que lo principal es simplemente asegurar que el mundo sigue básicamente bajo control.

Por David Barsamian  Truthout

 Traducido por Eduardo Pérez

2019-08-16 11:15

Publicado enInternacional
Disturbios en Hong Kong. Andrés Velazquez

En la ‘niebla de la guerra’ resulta difícil hacerse una idea clara de lo que ocurre durante un conflicto, no sólo militar, sino también político. Algo así ocurre con las protestas que suceden estos días en Hong Kong, de las que la ley de extradición “es sólo el detonante”, según Carl Zha, creador de un podcast de importancia creciente en la península.

 

El 31 de marzo comenzaron las primeras manifestaciones en Hong Kong contra la aprobación de ley de extradición, en junio comenzaron a ser multitudinarias y este mes de agosto se han convertido en acciones de bloqueo y ocupaciones. Tratándose de un país como China, las protestas han venido acompañadas de los habituales sesgos y distorsiones informativas. Para formarse una imagen más ajustada de lo que ocurre estos días en Hong Kong, hablamos con Carl Zha, el creador de Silk and Steel, un podcast sobre China cuya popularidad va en aumento.
“La ley es sólo el detonante”, explica Zha a El Salto, “la causa de fondo es el profundo descontento de muchos ciudadanos de Hong Kong hacia la China continental y el gobierno chino”.

Las raíces de la protesta son “más profundas”: “El descontento de la juventud de Hong Kong no es muy diferente al experimentado por los jóvenes occidentales”, aclara. “Después de un rápido crecimiento de 1949 al año 2000, la juventud de Hong Kong se enfrenta a menos oportunidades laborales, un aumento del precio de la vivienda y un futuro económico incierto”, y, “a diferencia de la generación de sus padres y de sus abuelos”, la de hoy “se enfrenta a una perspectiva de declive económico y de sus estándares de calidad de vida”.

Un poco de historia

Para comprender la situación, conviene detenerse un momento y tener en cuenta la historia. “En 1949, cuando los comunistas ganaron la guerra civil china, muchos capitalistas huyeron a Shanghái, llevándose la capital” y “oleadas de refugiados entraron en Hong Kong, primero huyendo de la toma de poder de los comunistas en 1949, y más tarde de la gran hambruna de 1959-1963, proporcionando una ingente mano de obra barata.” Debido al bloqueo al que Occidente sometió a China durante décadas, Hong Kong se convirtió de ese modo “en la única ventana a China”. “Uno de los motivos por los que los comunistas no entraron en Hong Kong es porque necesitaban esta ventana para comerciar con el mundo exterior”, aclara Carl Zha. Esta combinación de factores, continúa, “hizo que Hong Kong despegase” y “se convirtiese en un centro mundial del comercio y las finanzas”.  

En 1978, “cuando China se embarcó en la política de aperturas y reformas, Hong Kong se benefició de su posición única como ventana al mundo, canalizando la inversión hacia la China continental”. “En aquellos tiempos”, observa Zha, “la China continental era desesperadamente pobre tras la Revolución cultural de 1966-1976” y, por ejemplo, “era habitual que un taxista de Hong Kong se permitiese tener varias amantes al otro lado de la frontera”. El boom de Hong Kong “continuó a lo largo de los ochenta y noventa”, en lo que Zha describe como “la era dorada” de la antigua colonia. “Yo crecí en China en los ochenta, Hong Kong era vista entonces como un lugar rico y mágico”, recuerda mientras cita “las películas y series de televisión” que se producían y que llegaban hasta la China continental, Taiwán o las comunidades chinas en la diáspora.

“Pero a medida que la China continental comenzó a desarrollarse económicamente y a recuperarse de décadas de turbulencias políticas y desastrosas políticas económicas, la importancia relativa de Hong Kong comenzó a declinar”, comenta. Y cita como prueba el PIB de Hong Kong, “que en 1993 era el 23% de toda China y hoy sólo representa el 2,9%”. “El mayor contraste puede verse al otro lado de la frontera, en Shenzhen, que era una pequeña aldea de pescadores en 1978, antes de que China la designase como zona especial económica, aprovechando su proximidad con Hong Kong”, dice Zha. Entonces, “Hong Kong comenzó a desplazar su producción al otro lado de la frontera para aprovechar la mano de obra increíblemente barata de China” y la antigua colonia comenzó una transición hacia “una economía orientada al sector servicios, centrada sobre todo en el sector financiero, sirviendo como centro offshore para el capital extranjero que buscaba invertir en China”. Pero más importante aún, “la propiedad inmobiliaria se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos”.

“Hay mucho suelo disponible en Hong Kong, pero el gobierno restringió artificialmente el suelo disponible para la vivienda, obteniendo buena parte de sus ingresos de la venta a promotores inmobiliarios” lo que lógicamente “incrementó el precio del suelo y de la vivienda, haciendo que Hong Kong se convirtiese en una de las ciudades más caras del mundo.” Este acuerdo “benefició a los magnates inmobiliarios y al gobierno a expensas de sus ciudadanos, que se enfrentaban a precios cada vez más imposibles de asumir”. 

Falsa nostalgia colonial

Le pregunto a Carl Zha por la chocante presencia de la bandera colonial británica en algunas de las manifestaciones. Los manifestantes, responde, “son más bien jóvenes” que “nacieron o crecieron después de la entrega a China en 1997, así que nunca experimentaron el dominio colonial de primera mano”. Llegados a este punto, advierte, conviene tener en cuenta el sistema político de Hong Kong. “Los británicos dominaron Hong Kong a través de sus gobernadores coloniales hasta que firmaron un acuerdo con China en 1984 para devolver su gobierno en 1997, entonces los británicos trataron de introducir una democracia limitada con un consejo legislativo elegido indirectamente”, explica. La consecuencia fue que “los británicos establecieron a una élite gobernante vinculada a la oligarquía local, y muchos magnates inmobiliarios se aprovecharon de su proximidad con el gobierno”.

La República Popular China “aceptó este acuerdo” por varios motivos. Para empezar, para “calmar a la élite y a la población de Hong Kong, garantizándoles que el gobierno central no interferiría en sus asuntos”, así como para “asegurar la estabilidad y prevenir la fuga de capitales”. Buscando “estabilidad y nuevas oportunidades”, la élite de Hong Kong prometió fidelidad a Beijing. “Pero el dominio oligárquico de Hong Kong no benefició a los ciudadanos” y “el precio de la vivienda seguía siendo demasiado alto”. “Después de 1997, en vez de las 20 mil viviendas anuales prometidas, solo se crearon dos mil”, destaca. Además, la región “perdió el tren a la diversificación de su economía después de que la industria se desplazase a la China continental” y Shenzhen, al otro de la frontera, “pasó de ser un centro industrial offshore a uno de los centros de alta tecnología de China” al mismo tiempo que otras ciudades, como Shanghái, también se convertían en “centros financieros”. Este éxito no pasó desapercibido en Hong Kong, pero comenzó a ser percibido de manera negativa. Muchos de los habitantes de Hong Kong culpaban a sus vecinos de la subida de los precios “e incluso los esfuerzos de la Universidad de Hong Kong por atraer estudiantes de China continental fueron vistos como un intento de privar a los locales de acceso a la institución”.  

El “descontento por la pérdida de oportunidades económicas” es “real” y debe ser tenido en cuenta, pero también que ha degenerado en un “localismo contra lo que era visto como una invasión por parte de los continentales”. “Hasta los intentos de integrar Hong Kong en las ciudades del Río de las Perlas o conectar Hong Kong con la China continental a través de un ferrocarril de alta velocidad se enfrentan a resistencias por parte de la población local”, lamenta Zha. El sentimiento dominante es que los hongkoneses “están perdiendo su estatus especial” y “Hong Kong se convertirá en ‘otra ciudad china’”. Así, “el uso de la Union Jack puede ser visto como una muestra de nostalgia por la época dorada de Hong Kong, cuando ellos eran ricos y sus vecinos de China continental, pobres”. De todos modos, “el partido político que busca la independencia se compone en realidad de un pequeño grupo de personas”, muy capaces, eso sí, de atraer una “desproporcionada atención de la prensa” con sus acciones, presentándose en las manifestaciones con banderas británicas o estadounidenses. “La mayoría de los manifestantes en Hong Kong no se sienten cómodos con el futuro bajo la República Popular China, pero el apoyo a la independencia sigue siendo minoritario”, precisa.

¿Qué puede decirse del independentista Partido Nacional de Hong Kong (HKNP)? “Lo fundó Andy Chan Ho-tin –recientemente detenido– tras la revolución de los paraguas de 2014”, responde Zha. Su objetivo, prosigue, “es la independencia de Hong Kong de China, lo que va contra la Ley Básica de Hong Kong.” El partido “se formó oficialmente en 2016 para participar en las elecciones al consejo legislativo, al que se les impidió entrar en el último momento.” El gobierno de Hong Kong terminó prohibiendo el partido en 2018 utilizando “irónicamente la misma ley que durante el colonialismo utilizaron los británicos para prohibir los partidos pro-chinos en nombre de la seguridad nacional”.

Si la formación de Ho-tin recibe tanta cobertura por parte de los medios occidentales es “por dos motivos”: el primero, porque a Beijing “le gusta destacar las acciones del HKNP para presentar a los manifestantes como traidores a la patria”, y el segundo, “porque a la prensa occidental le excita filmarlos agitando las banderas coloniales con la Union Jack y gritando eslóganes a favor de la independencia de Hong Kong.” En opinión de Zha, el gobierno de Hong Kong no ha gestionado bien la aprobación de la ley y, aunque ya la ha retirado, “en este momento la protesta ya nada tiene que ver con ese proyecto de ley: son gente de Hong Kong librando una lucha en la retaguardia en defensa de sus privilegios”.

Por Àngel Ferrero

2019-08-16 07:15

Publicado enInternacional
Jueves, 15 Agosto 2019 10:56

“Cuelguen a esos h.p."

Rafael Barrios Mendivil

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

Corría el año 2007 cuando el cabo del ejército Edgar Villamizar Espinel llegó a la Escuela de Caballería durante una diligencia que adelantaba la fiscal Angela María Buitrago Ruíz en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Villamizar le dijo la verdad a la fiscal, que había visto en dicha guarnición militar a varios desaparecidos del Palacio y le escuchó decir al coronel Luis Alfonso Plazas Vega: “cuelguen a esos hijueputas”.

Tres años después, el señor Plazas Vega denunció a la fiscal Angela Buitrago por falsedad ideológica en instrumento público y prevaricato por acción, porque el nombre del testigo no coincidía, ya que en la declaración aparecía como Edgar Villareal y no Edgar Villamizar y porque tampoco concordaba el lugar de nacimiento del testigo. Además, sostuvo el coronel, que Edgar Villamizar se “retractó” en el 2009, dos años depués, al negar haber declarado ante la fiscal y al afirmar que no estuvo en la Escuela de Caballería en el 2007.

La Corte Suprema de Justicia, el 8 de agosto de 2019 precluyó la investigación contra la doctora Ángela María Buitrago Ruíz porque llegó a la conclusión que efectivamente Edgar Villamizar Espinel sí compareció a la Escuela de Caballería en el 2007 y, al no prefabricarse la prueba, el prevaricato por exclusión de materia quedó automáticamente sin sustento.

La misma Corte Suprema el 16 de diciembre de 2015 absolvió a Plazas Vega al otorgarle el beneficio de la duda, aseguró que la declaración de Édgar Villamizar Espinel de 2007, evidentemente sí se practicó, pero no le confirió crédito alguno a la declaración por no encontrar medios de convicción que permitieran corroborarla. Sobre este último aspecto, consideramos que en el expediente si existen medios de pueba que concuerdan y confirman lo dicho por Villamizar.

Primero. El agente de inteligencia militar Ricardo Gámez Mazuera le dijo a las autoridades que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega dio la siguiente orden a subalternos: “me los llevan, me los trabajan, ya cada dos horas me dan informes”, refiriéndose los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. En el argot militar de la época, “me los trabajan” significaba “me los torturan”.

Segundo. Los militares sí sabían el día y la hora en que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia, ya que hubo acuartelamiento de primer grado el 5 de noviembre de 1985 en Comando Especial, el Ciaes en Villavicencio al que pertenecía Villamizar y en las horas de la mañana del 6 de noviembre se trasladaron en helicóptero a Bogotá, desde la base militar de Apiay, Meta. Por otro lado, el 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, miembros de inteligencia del batallón Charry Solano llevaron álbumes fotográficos a la Casa del Florero para identicar a los integrantes del M-19 que participaron de la toma.

Tercero. Las torturas eran un modus operandi en la Escuela de Caballería. Ejemplo de ello fueron los choques eléctricos y ahogamiento a José Vicente Rubiano Galvis, y en otras instalaciones militares como el Charry Solano donde fueron torturados Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, y en la propia Casa del Florero, puesto avanzado de la Brigada XIII, a Orlando Quijano.

Cuarto. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas como las del magistrado Carlos Horacio Urán, el administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y la guerrillera Irma Franco hacen parte de un patrón de comportamiento del ejército durante la retoma y luego de finalizada esta.

Quinto. La declaración de Villamizar concuerda, entre otras, con las de José Vicente Rubiano, Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Ricardo Gámez, Tirso Saénz y Marlio Quintero.

Sexto. Las “retractaciones” fueron una práctica sistemática de los militares en el caso Palacio de Justicia. Fueron obligados a cambiar su testimonio el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón, el conductor del taxi del ejército Marlio Quintero Pastrana, -quien hacía parte de una fachada del batallón Charry Solano- y el cabo Edgar Villlamizar Espinel.

Séptimo. Los testigos falsos Alonso Vásquez López y Ariel Guillermo Valdés Gil, trataron de desvirtuar para restarle credibilidad a la declaración de Edgar Villamizar, lo cual obligó a la jueza que condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a compulsar de copias por falso testimonio a la Fiscalía para investigar la conducta de los testigos.

Octavo. la fiscal Ángela Buitrago así como distintas autoridades judiciales colombianas y la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema, otorgaron plena credibilidad a lo descrito por Villamizar, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A propósito de la decisión de la Suprema del 16 de diciembre de 2015 que absolvió a Plazas, afirmamos en el libro El Pacto del Silencio, publicado en agosto de 2017: “Que no saque mucho pecho el coronel porque tiene rabo de paja. Que no ande señalando con un dedo a la fiscal Ángela María Buitrago porque tres de ellos apuntan hacia él. La Corte reconoció que no hubo suplantación del testigo Edgar Villamizar Espinel, tampoco la Suprema negó los hechos ni las desapariciones ni las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Reconoció la Corte que son crímenes de lesa humanidad y ordenó que investiguen a Plazas Vega por exceso de uso de fuerza.”

Nos alegramos por la decisión inhibitoria de la Corte de agosto de 2019 en favor de la fiscal Angela María Buitrago Ruíz. Esperamos que la Fiscalía General de la Nación “desengavete” el caso a fin de superar la impunidad en que lo mantiene, luego de entregar restos incompletos de algunas víctimas a sus familiares. Esperamos que se supere el silencio y el miedo, con el fin de que la verdad y la justicia salgan adelante pronto, porque el paso del tiempo juega en su contra. Las víctimas tienen derechos que se deben satisfacer plenamente.

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Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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Jueves, 15 Agosto 2019 05:33

China critica a Samsung y Huawei 

China critica a Samsung y Huawei 

El gobierno chino acusó a las compañías de telefonía celular Samsung y Huawei de mantener posiciones sospechosas en torno a Hong Kong y Taiwán, al considerar en sus sistemas operativos y sitios web a estos territorios como países independientes. Tras dos meses de masivas manifestaciones en el conflictivo territorio de Hong Kong, la administración de Xi Jinping se muestra especialmente sensible ante la cuestión del estatus de la ex colonia británica, y de la posición de compañías y países internacionales frente a la crisis.

Samsung, el mayor fabricante en el mundo de celulares inteligentes (smartphones), recibió fuertes críticas por ofrecer a sus usuarios la posibilidad de elegir a Hong Kong o Taiwán como países distintos a China, un hecho que es interpretado por muchos cibernautas como una amenaza para la unidad del gigante asiático.

La compañía surcoreana ofrece a los clientes a través de su sitio web la posibilidad de elegir el lugar donde viven, mediante una lista en la que aparecen nombres de países independientes, pero también estados asociados como Puerto Rico. 

El cantante chino Zhang Yixing, conocido por su nombre artístico "Lay", y una figura pública muy reconocida en el país, decidió romper su colaboración comercial con Samsung, a la que acusa de "herir los sentimientos del pueblo".

Aún más sorprendentes resultan las críticas de sectores nacionalistas chinos a Huawei, hasta ahora protegida como pocas compañías, tras ser objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidenses.

El número dos del mercado de la telefonía celular en el mundo fue cuestionado por la forma en que presenta a estos dos lugares en la selección de franjas horarias de los teléfonos de su conocida serie P. Por ejemplo, los habitantes en la capital taiwanesa deben elegir la opción “Taipei, Taiwán”, medida criticada por varios clientes que argumentan que no se respetan las leyes asiáticas.

"Huawei ha transformado Taiwán en un país, es inaceptable", criticó un usuario en la red social Weibo. "¿Por qué las empresas chinas no pueden respetar las leyes de nuestro país?", lamentó indignado otro participante.

Por el momento, ni Samsung ni Huawei se manifestaron acerca de la controversia. Hasta ahora, varias empresas occidentales dedicadas a la venta de artículos de lujo, como Givenchy, Coach, Versace o Swarovski, habían sido acusadas de insinuar en sus productos o publicidad que Hong Kong es un país independiente.

Hong Kong es un territorio reunificado a China en 1997 que dispone de moneda propia, y Taiwán, cuya soberanía es reivindicada por Beijing, dispone de gobierno propio, aunque con escaso reconocimiento internacional.

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 La policía rocía con gas pimienta a los manifestantes del aeropuerto de Hong Kong. En vídeo, el aeropuerto de Hong Kong, este lunes durante la protesta. REUTERS / EPV

Las protestas elevan el desafío al Gobierno chino ante el enfado de los pasajeros

Agentes de la policía han cargado ya bien entrada la noche del martes contra los manifestantes que bloqueaban por segundo día consecutivo el aeropuerto de Hong Kong. La tensión se ha disparado cuando un grupo de médicos trataba de sacar fuera del edificio a una persona herida y los agentes han comenzado a lanzar gas pimienta. En el exterior, varios vehículos policiales fueron bloqueados por los asistentes a la protesta, a lo que agentes antidisturbios respondieron con empujones. Los aviones apenas llevaban unas pocas horas aterrizando y despegando por la mañana cuando los manifestantes volvieron a entrar en el aeropuerto, uno de las más transitados del mundo. Una multitud tomó el interior del edificio e impidió el acceso a los pasajeros. A media tarde, las autoridades cerraron el tráfico aéreo de salida. 

Con este gesto, los manifestantes reafirman su decisión de plantar cara pese a la brutalidad con la que las fuerzas de seguridad se han empleado en los últimos días y a las amenazas de Pekín, que el lunes calificó las protestas de “terrorismo”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el Ejército chino se está desplegando "en la frontera con Hong Kong", según le ha informado el servicio de inteligencia estadounidense, y ha hecho un llamamiento a la "calma". A lo largo del martes se han publicado imágenes que indican que las tropas están concentrándose en Shenzhen, la ciudad al otro lado de la frontera, a apenas 40 kilómetros por carretera del centro de Hong Kong.

Tras acceder al aeropuerto, el octavo del mundo por número de pasajeros y el primero por mercancías, los manifestantes han levantado una empalizada de carros frente a la zona de embarque, impidiendo así el acceso a los pasajeros, lo que ha ocasionado varios enfrentamientos. Muchos de los viajeros se han quejado y algunos han llegado incluso a forcejear para intentar abrirse paso. Pavol Caravaca, turista eslovaco, intentó razonar con ellos planteándoles una pertinente pregunta: “¿Acaso está bien quitarle la libertad a una persona mientras vosotros lucháis por la vuestra?”, según recogió el South China Morning Post.

“Están volviendo a la opinión pública contra ellos”, aseguraba el visitante tras ver frustrada su tentativa. Esta nueva campaña amenaza con dañar la simpatía popular de la que gozan las protestas, como ya sucedió durante la revolución de los paraguas en 2014, en la que los jóvenes acamparon durante meses en el centro de la ciudad hasta provocar el hastío de los ciudadanos.

Uno de los momentos de mayor tensión se ha vivido cuando un grupo de exaltados ha rodeado un joven de nacionalidad china, al que han acusado de ser un policía encubierto. En el interior de su mochila han encontrado dos palos de bambú, y tras rastrear su nombre en Internet han hallado indicios de que podría pertenecer al cuerpo de seguridad pública de Shenzhen. Los manifestantes han atado las manos del joven y le han retenido durante varias horas, en las que ha perdido el conocimiento en dos ocasiones, mientras decidían qué hacer con él. Más tarde han obstaculizado el acceso de los paramédicos, que al final han logrado brindarle atención pero no evacuarle.

Con este martes se cumplen cinco días consecutivos de protestas en el aeropuerto y dos de bloqueo, después de la multitudinaria sentada en la que miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a la violencia policial en la represión de las protestas del domingo. 45 personas resultaron heridas ese día, una de ellas una chica que recibió un impacto de una pelota de goma en el rostro, a consecuencia del cual ha perdido la visión de un ojo.

A este respecto se ha expresado este martes Naciones Unidas. La organización internacional ha emitido un comunicado en el que urge al Gobierno de Hong Kong a actuar con contención y a investigar la actuación de sus fuerzas de seguridad, que este domingo se enfrentaron a las protestas “de un modo contrario a la legislación internacional”. Según ha denunciado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado, “las fuerzas de seguridad han disparado en múltiples ocasiones botes de gas contra los manifestantes en zonas cerradas y directamente hacia individuos concretos, lo que ha creado considerables riesgos de muerte y de heridas serias”.

Estas palabras suponen una crítica sin precedentes para el que durante muchos años fue considerado el mejor cuerpo policial de Asia, una reputación que se ha desplomado a causa de su gestión de las protestas. Imágenes compartidas en redes sociales en los últimos días muestran a los antidisturbios disparando pelotas de goma a menos de dos metros de distancia de los manifestantes y apuntando a la cabeza; así como sometiendo a los detenidos pese a no mostrar resistencia.

Por Jaime Santirso

Pekín 14 AGO 2019 - 02:04 COT

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Abel Valenzuela frente al monumento improvisado a las víctimas en El Paso.Foto Afp

El joven supremacista blanco de 21 años, Patrick Crucius, recorrió mil kilómetros desde Dallas para perpetrar su planeada carnicería en El Paso, que cumplió lo poco que se ha publicitado de su "manifiesto" contra los "invasores hispanos": "La Verdad Incómoda", donde anhelaba asesinar al mayor número de mexicanos.

El mexicanocida Patrick Crucius se inspiró del libro El Gran Reemplazo del escritor galo Renaud Camus quien arguye que las élites en Europa intentan "remplazar" a los europeos blancos con migrantes del Medio Oriente y Noráfrica (https://amzn.to/2ZG7Lin).

Crucius lamenta que "la enorme población hispana en Texas" lo convertirá en "un bastión demócrata (sic)" y expone su angustia demográfica ante el ascenso galopante de los mexicanos en Texas, a punto de ser re-mexicanizada oficialmente cuando se publique el próximo censo en tres años (https://bit.ly/2yXFYy0).

Los "latinos" son 19 por ciento de la población de EU, cuyo 80 por ciento son mexicanos, de mayoría católicos guadalupanos (https://pewrsr.ch/2OTkjSw).

El perfil demográfico de Texas en 2014 (con un extraño atraso de cinco años) arroja 10.4 millones de "latinos": 39 por ciento de la población total de casi 29 millones.

En mi libro Trump y el supremacismo blanco: palestinización de los mexicanos (https://bit.ly/2JFEXmC), abordé el dramático declive de la población WASP (White AngloSaxon Protestant) de 60.4 por ciento, cuyos jóvenes desempleados no se casan y son presa de las drogas (fentanilo).

Síntesis texana: mexicanos guadalupanos al alza; WASP a la baja.

Mi tesis es que Trump adoptó la misma política de su gran aliado supremacista, el primer israelí Netanyahu, en seguridad/construcción de muros/despoblación árabe, etcétera.

¿Viene la programada desmexicanización de Texas? La selección de El Paso, ubicación del importante fuerte militar Bliss, fue bien planeada y/o teledirigida: casi 700 mil habitantes; 81.4 por ciento de "latinos".

Quizá el próximo aviso supremacista sea en San Antonio (Texas): 1.5 millones de habitantes; 64 por ciento "latinos" (https://bit.ly/2KFXaxw).

El alma blanca WASP juega su destino en Texas, segundo estado más importante de EU en superficie (casi 700 mil kilómetros cuadrados) y una población cerca a 29 millones (https://bit.ly/1gh8k4f) que tiene fronteras con cuatro estados mexicanos que deben estar muy pendientes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Rust Belt (cinturón industrial) y el Bible Belt (cinturón bíblico), donde Texas es uno de sus principales bastiones, dieron el triunfo en el Colegio Electoral a Trump, quien empieza a repetir la misma panacea demográfica para su relección.

California, principal economía de EU –que si fuera país sería elquinto en el ranking global– ya se mexicanizó y es bastión del Partido Demócrata.

Hoy Texas, segunda mayor economía de EU –que si fuera país, sería el décimo en el ranking global–, se puede re-mexicanizar, como California, en forma oficial en los próximos tres años, lo cual obligaría a su redistritación electoral.

Travesuras de la vida: 173 años después (guerra de Texas contra México) se puede re-mexicanizar por la vía biológica el omnipotente "Estado de una Estrella" y segundo estado con el mayor número de empresas (97) en el ranking de Fortune 500 (https://bit.ly/2MeN9KZ), con gran avance agrícola/aeroespacial/biomédico/computacional/electrónico/petroquímico y principal fuente petrolera con el polémico fracking del gas esquisto en su Cuenca Pérmica.

David Schultz evoca "La Nueva Política del Partido Republicano Evangélico (sic) Supremacista Blanco" y aduce en forma persuasiva la "fusión y consolidación del supremacismo blanco, el evangelismo (sic) blanco y el republicanismo en un solo partido" que se basa en la "identidad racial. Este es el nuevo Partido Republicano" (https://bit.ly/2ZFBNCQ).

David Schultz cita una reciente encuesta donde la mayor aprobación de Trump, con 73 por ciento, proviene de los "evangelistas blancos": los WASP.

No quiero sonar fatalista, pero si de algo sirve la lección a posteriori del "factor Netanyahu", en México debemos prepararnos para escenarios acordes a la nueva realidad supremacista WASP de EU: "la palestinización de los mexicanos".

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Diez semanas y la protesta en Hong Kong no cede 

Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno. Se suspendieron varios vuelos. 

Tras la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Hong Kong, autoridades locales anunciaron la suspensión de varios vuelos. Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno", luego de que cientos de manifestantes vestidos de negro volvieran a ocupar las instalaciones de la terminal con carteles y barbijos, mientras coreaban distintas consignas.

"Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30 hs. (5.30 de la Argentina)", indicó un comunicado de la jefatura aeroportuaria, que también pidió a los pasajeros que abandonen la terminal, e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar bajo qué condiciones. El lunes, una manifestación similar había provocado la cancelación de 300 vuelos.

Frente al conflicto, China lanzó la advertencia más dura desde el inicio de las movilizaciones, diez semanas atrás, a través de videos que se difundieron por medios oficiales, en los que se puede ver a las fuerzas policiales agolpadas en la frontera de la región, aparentemente listas para reprimir y despejar las zonas de conflicto.

La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997. Desencadenada por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, las protestas en Hong Kong extendieron sus reivindicaciones al denunciar un retroceso en las libertades y derechos individuales, y, a su vez, una injerencia cada vez mayor del gobierno chino.

El lunes, durante la primera jornada de protestas en el aeropuerto, más de 5 mil personas invadieron la terminal para denunciar la violencia policial. La jefa de gobierno de Hong Kong designada por Beijing, Carrie Lam, alertó sobre las peligrosas consecuencias que las protestas podrían ocasionar. "La violencia, ya sea su uso o justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa", aseguró el martes en rueda de prensa. "La situación en Hong Kong la semana pasada me hizo temer que podíamos llegar a esta peligrosa situación", agregó.

Lam defendió la actuación policial que, según ella, está basada en sólidos lineamientos. "Los policías toman decisiones en momentos puntuales en defensa de la seguridad de la gente. No se puede decir que hayan hecho algo mal", señaló. "Hemos oído muchos discursos de odio contra la Policía. Esto no es beneficioso para Hong Kong", añadió.

Pero sus declaraciones no lograron ni por asomo detener a los miles de manifestantes que este martes por la tarde regresaron al aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, con 74 millones de pasajeros anuales. Los manifestantes endurecieron la protesta levantando barricadas con carros de equipaje que bloqueaban los pasillos que conducen a las zonas de embarque de las terminales.

"¡Defiendan Hong Kong! ¡Defiendan las libertades!", gritaban los manifestantes, mientras pegaban vinilos en las paredes con la expresión: "¡Ojo por ojo!". Ésa fue la frase que caracterizó a la protesta, luego de que una mujer sufriera una grave lesión en el rostro que le habría hecho perder la vista de un ojo durante una manifestación en la noche del domingo. Varios manifestantes, de hecho, exhibían uno de sus ojos tapados con una venda.

El jefe de la policía local, Stephen Lo, se limitó a decir por la tarde que estaban siguiendo de cerca la situación en el aeropuerto, tras preguntarle si planeaban dispersar a los manifestantes. Según el diario estatal chino Global Times, la policía se planteaba el uso de la fuerza según las circunstancias que se dieran en el aeropuerto.

Por la noche, en las afueras de la terminal, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos protestantes, mientras trataban de escoltar a dos hombres (según los activistas, espías infiltrados) para ser trasladados en ambulancia. El camino de los agentes se vio bloqueado por cientos de manifestantes, lo que llevó a la policía a despejar la calle usando gas pimienta y deteniendo a al menos a dos personas.

Los medios oficiales chinos calificaron a los manifestantes de "gánsteres", y amenazaron con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. El movimiento, cada vez más radicalizado, constituye un desafío inédito para el gobierno central, que el lunes dijo ver en las protestas "signos de terrorismo".

Distintos funcionarios y organizaciones internacionales se manifestaron frente al conflicto. Amnistía Internacional pidió a la policía "contención" para evitar una mayor escalada de violencia, en respuesta al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la ex colonia británica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que "nadie salga lastimado, ni nadie sea asesinado", en medio de las nuevas protestas. "Lo de Hong Kong es una situación difícil", dijo el presidente frente a periodistas en Nueva Jersey.  

El mandatario también se refirió a la movilización de tropas chinas en el territorio, según informes de la inteligencia estadounidense. "Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!", aseguró Trump vía Twitter.

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Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

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