Los asesinatos de más de 500 líderes sociales en Colombia desde 2016 reflejan el deterioro de la seguridad en el país

Las organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes, mientras que la ONU confirma el asesinato de 107 activistas en 2019 e insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales".


Al menos 555 líderes sociales fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2019, ha informado este martes la Defensoría del Pueblo en una declaración publicada en las redes sociales.


Además, la entidad ha alertado sobre 15 casos más ocurridos en noviembre y diciembre pasados que están en fase de verificación.


En 2019 fueron asesinados 118 líderes sociales, de los cuales 99 eran hombres y 19 mujeres, ha añadido el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, que señala que "se trata de vidas que estaban dispuestas a la causa de la construcción de la nación".

"Estos 118 casos se suman a 133 casos del 2016. En 2017 hubo 126 casos –108 hombres y 18 mujeres– y en 2018, 178 casos distribuidos en 166 hombres y 12 mujeres", ha detallado el Defensor del Pueblo colombiano .


Negret ha manifestado su "especial preocupación por la violencia contra las defensoras de derechos humanos y las líderes sociales" al subrayar que, "si bien entre 2018 y 2019 hay una ligera tendencia a la baja en la cifra global, en el caso de la mujer hemos visto un aumento exponencial".


"Pasamos de 12 a 19 mujeres líderes y defensoras asesinadas entre 2018 y 2019 con corte al 31 de octubre. Esto en términos absolutos es un aumento del 63%", ha destacado.

En ese sentido lamenta la situación del departamento selvático del Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú, "donde están presionando a las mujeres que lideran causas como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y que se han opuesto a la presencia de actores armados en sus territorios".

Por ello insta como solución para frenar esa violencia a que las autoridades estatales, incluida la Defensoría del Pueblo, actúen con "celeridad y diligencia".


"También la solución está en la sociedad, que debe reconocer la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, protegiéndolos sin estigmatizarlos. De esta manera, podemos avanzar hacia el ideal de un Estado con instituciones fuertes y una sociedad civil con garantías para promover los intereses de sus comunidades", ha apostillado Negret.


19 líderes sociales asesinados en 2020


De igual forma organizaciones sociales han denunciado que en los primeros 14 días de 2020 fueron asesinados 19 líderes sociales, mientras que la ONU los cifra en 10.


Uno de los casos más recientes fue el de Jorge Luis Betancourt, líder campesino y coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del pueblo de San Francisco del Rayo, asesinado frente a sus familiares por desconocidos en esa localidad del departamento caribeño de Córdoba. Un modus operandi que se ha repetido con varios de los líderes asesinados en 2020.

Estos asesinatos generaron el rechazo, entre otros, del senador indígena Feliciano Valencia, quien pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que "detenga el genocidio".


Preocupación de la ONU: 107 activistas asesinados


La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado este martes en Ginebra su preocupación por "el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinados en Colombia durante el año 2019".

"De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos", ha remarcado la portavoz de la oficina Marta Hurtado.


Por ello insta al Gobierno a que "realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones".

"La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos, el 98 %, en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional", ha sostenido la organización.


Política fallida


Para el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental que "ha resultado ser muy limitada", así como de "regiones incendiadas" cuya seguridad se ha "deteriorado en los últimos cuatro meses".

"En medio de ese deterioro de la seguridad han caído los líderes sociales, y la política, como es muy limitada, no ha tenido cómo prevenir esos homicidios", explicó el analista.

"El mayor esfuerzo tiene que ser por parte de la Justicia. En lo fundamental hay que buscar quiénes son los que están pagando para matar líderes sociales, los autores intelectuales y los que llaman determinadores", ha manifestado.

Por ello, el experto instó al Gobierno a "pasar de un política reactiva a una política mucho más preventiva". "Esto va a ser un tema largo y doloroso", ha lamentado.

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No hay paz para un Caribe colombiano que aún espera al Estado

La desatención del Estado en la Sierra Nevada de Santa Marta ofrece vía libre para que estructuras criminales impongan su ley. A sus habitantes no les queda más alternativa que sostenerlas, mientras dejan un rastro de sangre detrás de sí.

 Si los días 14 no existiesen, los días previos no serían tan duros para Saida García. “Quisiera que se borrara este número de todos los meses del calendario”, dice cuando se cumple un año del asesinato de su marido. Ella, lideresa social de Perico Aguao, pueblo que se encuentra dentro del caribeño Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, renuncia a ocultar su identidad tal y como había hecho en otras ocasiones: “Wilton [Orrego] y miles de víctimas que quedan en la impunidad en Colombia lo merecen”.


Las personas defensoras de derechos humanos, y por ende sus familias, viven en alerta permanente en Colombia, que se erige como el país latinoamericano que registra más asesinatos a este colectivo. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde la firma de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, hasta el 8 de septiembre de 2019, ya serían 666. En La Lengüeta, sector de la Sierra Nevada donde se encuentra Perico Aguao, estos tres años de postacuerdo no han alterado “en nada” las dinámicas de ilegalidad, asegura Luis Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe.


La organización guerrillera nunca llegó a ejercer control en la zona, ya que se lo impidieron las autodefensas y los paramilitares de extrema derecha que ahora, bajo nuevas denominaciones (los Pachenca y el Clan del Golfo), vestidos de civil, con armas cortas y con importantes líderes extraditados a Estados Unidos, siguen manteniendo su dominio sobre el territorio. “Ofrecen seguridad, administran justicia y posibilitan la ampliación de la oferta turística a cambio de extorsión”, según Trejos, que asegura que aquellas personas que no pagan son sancionadas “con violencia directa contra ellas o sus bienes”.


Quienes regentan negocios no hablan de estas dinámicas a los cuatro vientos y, de hecho, a primera vista no son fáciles de detectar, pero la prudencia generalizada encuentra sus grietas. “No hay otra, toca aceptarlo y punto”, dicen con resignación algunos ciudadanos. Ante la falta de alternativas, se ha dado una normalización de este día a día, sin que ello implique necesariamente un apoyo explícito. “El Estado ha dejado la zona en el olvido y la gente necesita una seguridad que estos grupos, de cierta forma, les subministra”, apunta un trabajador de la zona.

LA PARTE BUENA Y LA VERDAD


“¿Quieres saber la parte buena del turismo o la verdad?”, se le escapaba al calor de un día festivo de finales de 2018, a un policía de Palomino, localidad vecina de Perico Aguao y destino al cual se dirigían estas pasadas Navidades Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. La pareja, que estaba celebrando su luna de miel, nunca llegó al pueblo y sus cuerpos sin vida fueron encontrados a escasos tres kilómetros de la tumba de Orrego. Habían sido víctimas de un robo, según la versión de la Fiscalía.


“Llama mucho la atención que un país con altos índices de impunidad resolviera en pocos días este crimen”, asevera Trejos. Si prácticamente la totalidad de actividades turísticas y comerciales pagan extorsiones a cambio de seguridad, ¿por qué una pareja recién casada es hallada muerta? Según la principal asociación de hoteles de la zona, fueron víctimas de un “hecho aislado que no define a este territorio”. En ese caso, ¿el asesinato de Orrego solo fue un hecho aislado más?


Los motivos de estos crímenes se funden entre el cuchicheo y las teorías de la gente del territorio, pero diversos analistas coinciden en que lo más probable es que el asesinato de Jiménez y Monsalve se debiera a su actividad como ambientalistas.


Lo cierto es que no solo la pareja y Orrego, guardabosque de la Sierra Nevada desde 2015, ya no recorren este sector del parque nacional. En noviembre se supo que el director del área protegida, Tito Rodríguez, se había exiliado a Canadá. Ante estos hechos, otro trabajador de la institución, que pide mantener el anonimato, asegura no saber si va a seguir con sus tareas: “Me he sentido bastante abatido todo el año”, afirma. La preocupación y la sensación de amenaza vienen de largo. En su caso, hace ya unos años vio cosas relacionadas con el narcotráfico mientras trabajaba que “no tendría que haber presenciado”.


Hablar de la Sierra Nevada es hablar de una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, que tiene el privilegio de conectar con embarcaderos desde donde es distribuida. Pero es que además, el 90% de este espacio natural es reserva de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y, como la mayoría de los Parques Nacionales de Colombia, tiene problemas de uso, tenencia y ocupación del territorio. En concreto, en La Lengüeta, donde se encontraron los cuerpos de Jiménez y Monsalve, y donde se produjo el atentado que acabó con la vida de Orrego.


LA LENGÜETA: INCUMPLIMIENTOS QUE MATAN


El hasta hace poco director del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora solicitante de asilo, ya no acepta entrevistas. Le preocupan las consecuencias que sus palabras puedan tener sobre los compañeros que siguen sobre el terreno. En 2018, en su oficina de Santa Marta explicaba que si la situación en La Lengüeta hubiese continuado como cuando él empezó como dirigente en 2013, “indudablemente” se podría estar hablado de “funcionarios muertos”.

El asesinato de Orrego, unas semanas más tarde, cogió por sorpresa y fue un golpe muy duro para el tejido social y, en especial, para la comunidad campesina de este área de la Sierra Nevada a la cual pertenecía el exguardabosque. Su padre, Amilcar Orrego, es una de las cabezas visibles del colectivo, así como García, su esposa, que sigue siendo una de las lideresas del mismo y que afirma sentirse bajo amenaza. Se debe, sobre todo, al hecho de no saber por qué le mataron: “Hasta el momento no ha habido ni un solo pronunciamiento”.


La organización de las familias campesinas en La Lengüeta empezó con la torpe llegada del Estado en 2005 cuando, por primera vez, funcionarios de Parques Nacionales Naturales comunicaron a los habitantes del área que vivían en una zona protegida y que allí no podían ni construir, ni cultivar. “Hasta ese momento, aquí no sabíamos qué era que llegaran proyectos del Estado ni sus instituciones”, explicaba García en su casa unas semanas antes del asesinato de su marido. “Hay familias que llevan más de ochenta años aquí, cuando ni siquiera existía la Troncal del Caribe”, aseguraba refiriéndose a la vía principal de la costa del norte de Colombia.


Pero a lo largo de los cuatro años que precedieron a la muerte de Orrego se llevó a cabo un proceso de diálogo, que Rodríguez aseguraba que había conseguido “resultados muy grandes”. De hecho, el mismo Orrego empezó a trabajar como guardabosque en 2015, dejando atrás su dedicación a la tala de madera. Eso sí, ya en esos días de finales de 2018, el director del parque alertaba de que estaban ante un “momento muy crucial” porque la gente no veía “respuestas efectivas del Estado” y por la presión sobre el territorio de unos intereses “desaforados” del sector turístico. A los pocos días de estas afirmaciones a puerta cerrada, una de las sedes de Parques Nacionales Naturales, ubicada en La Lengüeta, era incendiada.


Hay que tener en cuenta que la comunidad campesina no ha dejado de ver cómo los Gobiernos nacionales se suceden sin que ninguno cumpla con un antiguo compromiso: pagarles sus propiedades para que, así, el área protegida quede libre del actual impacto a la flora y la fauna, y para que los pueblos indígenas puedan gozar de su territorio ancestral. El reiterado incumplimiento deja poco margen de maniobra a unas familias vulnerables que deben seguir viviendo en este entorno con muchas limitaciones.


Fuentes internas de Parques Nacionales Naturales apuntan que está en juego el modelo de desarrollo de la región. Uno de sus trabajadores afirma que “hay muchos intereses asociados a la construcción de hoteles en el área protegida”, e invita a poner más el foco en el poder y la influencia que tienen ciertas familias del Caribe. No solo “la bandita y el criminal” son una amenaza para el territorio, manifiesta.


El 14 de enero de 2019 muchos planes de futuro fueron sepultados en La Lengüeta. García tiene claro su mayor deseo para el año que acaba de empezar: que se haga justicia. En 2019 a la Sierra Nevada le arrebataron a Wilton Orrego, pero los recuerdos no se arrebatan ni pueden imponerse con violencia. Con las palabras de su marido en la cabeza, una lideresa social del Caribe colombiano resurge más empoderada para encarar el 2020: “Él siempre tuvo bien claro como tenía que comportarse en cada lugar”.

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Las extrañas consecuencias del asesinato de Suleimani: un bombardeo coreografiado y 176 muertes "por error"

- La inquietud sigue en Irán no tanto por la muerte de Suleimani, sino por la de los 176 pasajeros del avión ucraniano abatido el pasado 9 de enero por un misil iraní
- En el exterior, la respuesta coreografiada con Washington para limitar los daños y el derribo del avión han puesto en evidencia al régimen de los ayatolás
- El proyecto regional que con tanto esfuerzo construyó Irán ya no parece tan sostenible y en algunas partes está en una posición claramente inestable


El coche destrozado de Qasem Suleimani aún ardía cuando por todo Oriente Medio empezó a hablarse de las posibles consecuencias de su muerte. Se desataría el caos, la furia y la inestabilidad. Tal vez hasta una guerra. Tanto los que criticaban el asesinato como los que lo aplaudían estaban de acuerdo en algo: las cosas nunca volverían a ser iguales.


En una región que todavía está asimilando el impacto, esa máxima sigue vigente una semana después. Sin embargo, el asesinato más trascendental de los tiempos modernos no ha provocado hasta ahora el caos previsto por muchos. Al revés: las principales zonas donde el general iraní ejercía su extraordinaria influencia están, por el momento, extrañamente tranquilas.


Mientras tanto, la inquietud y la inestabilidad siguen en Irán, no tanto por su muerte, sino por la de los 176 pasajeros del avión ucraniano que en los días de pánico posteriores al asesinato de Suleimani murieron al ser alcanzados en el cielo por un misil iraní. Al orgulloso ejército iraní le traicionaron los nervios tras perder a su general más formidable y quedar en evidencia por un contraataque débil y parcialmente coreografiado con Washington. Tan abrumadora era la evidencia de su participación en el derribo del avión que no le ha quedado más remedio que admitirla.


A nivel internacional, el hecho de que la Guardia Revolucionaria iraní haya reconocido finalmente un error de sus artilleros funcionó relativamente bien. Su mea culpa ha contrastado de manera notable con las repetidas negativas de Rusia por el derribo, cinco años antes, del avión de pasajeros malayo MH17. Tras una semana de miedo, odio y catástrofe, el reconocimiento iraní es percibido como una forma de empezar de nuevo.


Pero en el frente doméstico las cosas no están igual. En Irán no ha caído bien el giro de 180 grados de la Guardia Revolucionaria ni el error colosal de derribar el avión. De la efusión de dolor y orgullo que revitalizó al régimen cuando llevaron los restos de Suleimani por todo Irán se ha pasado a la vergüenza. La mayoría de los misiles disparados contra las bases estadounidenses falló y lo más probable es que así estuviera planeado. Uno de los pocos cohetes que alcanzó un objetivo dio en el blanco equivocado. La Guardia Revolucionaria, la institución más poderosa del país, se enfrenta ahora al escarnio.


El cálculo de los líderes iraníes, que ante la contundencia de las pruebas consideraron menos perjudicial admitir el error que negarlo, puede salvarlos a medida que disminuya la ira de sus ciudadanos. Pero exponer a la Guardia Revolucionaria a un ridículo semejante no es algo que caiga bien, especialmente cuando se produce tan poco tiempo después de la muerte de un hombre que en casa se veía como incansable y en el extranjero como intocable.


La repentina desaparición de Suleimani es una conmoción brutal para los que lo han temido y reverenciado durante los 20 años en que se pasó por la región como un señor, imponiendo su voluntad y haciendo avanzar impunemente los intereses de Irán. Toda la ambición regional iraní manifestada en un hombre, una figura mesiánica a la que pocos se atrevían a contradecir. Mucho menos, matar.


Se pensaba que un final violento de Suleimani desencadenaría, probablemente, el caos. Pero ahora que está enterrado y los misiles del ejército, disparados –con la humillación nacional e internacional correspondiente–, el ánimo general en la región es de una extraña tensa calma.
Los poderosos agentes iraníes en el extranjero, como milicias chiíes, donde se pensaba que iba a producirse la reacción, se han quedado mudos. Los enemigos han empezado a relajarse después del alerta máxima en que los puso el ataque de los drones sobre Bagdad en la madrugada del 3 de enero. Y los rivales políticos se están acostumbrando a toda velocidad a vivir sin la formidable presencia de un hombre que, a menudo, se interponía en su camino.


En Turquía, Israel, Rusia y Arabia Saudí, los países que luchan con Irán por influencia y poder en la región, conocían bien a Suleimani. De las conversaciones producidas la semana pasada con los representantes de las cuatro potencias regionales se deduce una combinación de sorpresa por la muerte y alivio por las secuelas. La percepción es que la influencia de Irán en la región ha sido abruptamente debilitada.


Moscú parece tenerlo mucho más fácil ahora en Siria, donde Suleimani peleaba con Vladimir Putin la influencia sobre Bashar al Asad. Hasta que el sustituto de Suleimani desarrolle su propia autoridad, algo que probablemente no ocurrirá de la noche a la mañana, Rusia se ha quedado sin obstáculos aparentes para hacer su voluntad al margen de una visión iraní para la Siria de posguerra que nunca compartió.


En Líbano, la principal zona de proyección exterior iraní, Hezbolá está calibrando la situación tras la pérdida de su patrocinador más importante. Su líder, Hassan Nasrallah, fue considerado durante mucho tiempo tan intocable como Suleimani. Ahora se siente más frágil que nunca por un posible cambio de perspectiva en Israel, donde hasta ahora lo consideraban un objetivo demasiado arriesgado salvo en caso de guerra.


Arabia Saudí, archienemiga de Suleimani, también temía lo que podría desencadenar su muerte. La relativa falta de reacción regional, al menos por ahora, ha tranquilizado a la monarquía absoluta. En Turquía también sienten un mayor margen de maniobra para actuar en el norte de Siria y con los kurdos de la región, cuyas conexiones con Irán había sido difícil manejar en los últimos años.


En Irak, donde tal vez el peso de Suleimani se sentía más que en ningún otro país, se está calibrando cuidadosamente la nueva situación dentro del gigantesco entramado de representantes armado por el general tras la invasión estadounidense. La batuta de los socios de Irán se sentía en muchos de los asuntos iraquíes, pero eso también es menos verdad hoy que hace una semana.


El proyecto regional que con tanto esfuerzo construyó Irán ya no parece tan sostenible y en algunas partes está en una posición claramente inestable. Antes del asesinato, pocas de estas consecuencias podrían haberse dado por hechas. Y algunas podrían dar marcha atrás si el sustituto de Suleimani reafirma pronto su autoridad al frente de la fuerza Quds. Pero eso parece poco probable, teniendo en cuenta la extensión y profundidad del trabajo de Suleimani. La muerte de Suleimani marca un momento decisivo para Oriente Medio, es cierto, pero tal vez por motivos diferentes a los que sus amigos y enemigos habían pensado.


Traducido por Francisco de Zárate

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Ecuador:  balance del paro nacional. Habla Jaime Vargas, presidente de la Conaie

Entrevista de Gloria Muñoz Ramírez

Quito, Ecuador. En octubre de 2019 Ecuador vivió un levantamiento popular con el involucramiento de todos los sectores sociales del país. La participación de los pueblos indígenas definió la derogación del decreto 833 con el que el gobierno de Lenín Moreno pretendía eliminar el subsidio a los combustibles, haciendo así imposible la vida. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue clave durante los 13 días del Paro Nacional en el que el Estado reprimió las movilizaciones, dejando un saldo de 11 muertos y cientos de heridos y detenidos. Jaime Vargas Vargas, presidente de la Conaie desde 2017, fue uno de los dirigentes de la protesta emblemática. De origen amazónico, Vargas hace una valoración del levantamiento indígena y popular, repasa lo que significó para los pueblos la llegada de los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno “de supuesta izquierda”, y habla de los planes electorales de la Conaie, que no se descarta para la contienda presidencial.

–¿Cuál es la valoración que hace la Conaie del proceso del paro nacional y levantamiento indígena de octubre?

–El levantamiento de octubre fue diez veces más grande que el primer levantamiento de 1990. Hemos posicionado la fuerza política, ideológica y de resistencia. En estos últimos 12 años, los pueblos y nacionalidades hemos estado viviendo un momento muy crítico, de atropello a nuestros derechos humanos, despojos de nuestros territorios, invasiones de las transnacionales, pero hemos resistido desde nuestras bases. Durante estos 12 años hemos estado llenos de persecución política. Muchos líderes fuimos declarados terroristas, secuestradores, subversivos, guerrilleros, de todo nos han calificado. Pero ésa es nuestra dinámica de seguir luchando.

–¿En qué momento político y organizativo se encuentra la Conaie?

–En este momento, luego del paro nacional, la Conaie se posicionó como una de las organizaciones más fuertes en el Ecuador y en toda América Latina, porque hemos despertado a todos los pueblos en América. La Conaie es una organización nacional que ha hecho escuchar su voz y se ha hecho respetar. En anteriores movilizaciones la Conaie sacaba a su gente, hacía una marcha y a veces teníamos que paralizar, pero la gente de la ciudad nunca salía o nos decían que éramos indios y que nos regresáramos a la selva, que éramos vagos, que solamente éramos atrasapueblos que veníamos a ensuciar las ciudades. Pero esta vez no. Tuvimos otra plataforma, otra forma de pensar, con la interculturalidad del pueblo ecuatoriano. Era no pensar en mí, sino en que mi lucha debía ser para la sociedad, para un pueblo organizado.

Se derogó el decreto 883 impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso quiere decir que se luchó para el pueblo ecuatoriano, para los 16 millones de ecuatorianos. Sólo 1 por ciento, los banqueros y los que se creen dueños de la patria, dijo que los indígenas no los representamos. Nosotros dijimos que claro que nunca los vamos a representar, así como ellos tampoco nunca nos van a representar a nosotros. La Conaie representa a las 15 nacionalidades y 18 pueblos, a las organizaciones sociales. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando estaba Correa nos decían que la patria era de todos, ¿pero qué patria es de todos? La que está llena de corrupción, de odio, de discriminación, de racismo, de desigualdades, de injusticia social, de asesinatos e inseguridad nacional.

–¿Cómo vivieron ustedes el proceso de su lucha en el gobierno de Rafael Correa y el discurso progresista?

–En tiempos del expresidente Correa el movimiento indígena vivió un momento muy crítico porque dividió a las organizaciones, a los pueblos y nacionalidades. Había un grupo que defendía al correísmo y había otros que defendían a su pueblo. En la Amazonía tenemos a la organización histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniaie) y ahí había dos presidentes de la misma organización. Uno avalado por el correísmo y otro por el gobierno tradicional. Unos gritaban por el correísmo, otros por su libertad, por el territorio. Eso es lo que vivimos.

–¿Y con los megaproyectos en los territorios indígenas qué pasó?

–Hubo gente que decía sí al correísmo e iba a favor de las transnacionales. Entonces había una pelea entre nosotros, había amenazas en nuestras comunidades. Había quienes defendían la minería, el petróleo, la consulta, el convenio. Eso ha pasado en todo el mundo y por eso han desaparecido pueblos indígenas, por los intereses económicos. Los gobiernos neoliberales tienen que asesinar, tienen que matar al pueblo para acabar con él y quedarse con sus territorios para sacar los recursos que necesitan.

¿En Bolivia a quién están matando? ¿A un banquero? ¿A un empresario? ¿A una derecha? Asesinan a los indígenas, y eso es lo que nos indigna a nosotros. En Chile están matando al pueblo mapuche, en Colombia al pueblo nasa, al pueblo indígena, al campesino, al que lucha por defender su territorio y su derecho. En México han matado al campesino, en Brasil a los pueblos indígenas. Los grandes empresarios quieren acabar con todo. En Perú acabaron con el movimiento indígena, con los hermanos awajún, aquí han asesinado a los shuar, achuar, kichwa.

–¿Qué es lo que pasa cuando presidentes como Rafael Correa o Lenín Moreno se presentan como progresistas o de izquierda y promueven proyectos extractivistas?

–Rafael Correa y Lenín Moreno decían que eran de la izquierda progresista y ahora están con la derecha, en vez de entregarse al pueblo. Por eso es importante la oposición. Mucha gente del gobierno piensa que la oposición es un enemigo y tiene que pelear contra ella. Escuché un discurso medio favorable del nuevo presidente de Argentina que decía que la oposición que perdió no será su enemigo, sino una persona que le permita avanzar. A ver si lo cumple.

La oposición te permite mejorar tu pensamiento y tu estrategia de gobierno. Se trata de conversar y asegurar que no vas a aceptar sus intereses personales, pero sí los colectivos que generen desarrollos para el país. Aquí en el Ecuador se explota desde hace más de 40 años, pero nuestras comunidades siguen viviendo en la miseria. Por eso decimos que no somos pobres, sino que nos hicieron pobres. Trajeron la pobreza a nuestros territorios, que son ricos. La gente pobrepobre vive en las ciudades llenas de criminales, prostitución, alcoholismo, drogadicción, corrupción. No tienen ni ríos dónde bañarse.

El Sumak kawsay del que hablamos en la Constitución es vivir en nuestro mundo, que si te enfermas encuentras la farmacia en la selva, donde el mercado es libre porque un niño puede tomar un anzuelo, coger un pescado y cocinar.

–¿Cuál es la situación en Ecuador respecto a las consultas sobre proyectos en territorios indígenas?

 

 –Aquí está el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero no hay una herramienta o mecanismo que garantice este proceso, porque no es vinculante. He estado reunido con todos los pueblos de América Latina y tenemos la misma situación y la misma problemática de invasiones, de asesinatos, de criminalización, de despojo y consultas. Cuando hablamos de consulta no sólo está enfocado al tema del extractivismo, sino también a la construcción de vías y de grandes proyectos.

En el Ecuador el derecho a una consulta no garantiza nada, porque preguntan y dices que sí o que no pero ellos en el gobierno toman las decisiones y aplican la ley. Ese es uno de los problemas. En las consultas llegan y te dicen, “miren compañeros indígenas, ustedes no tienen agua potable, sus hijos no tienen becas, pero habrá bonos solidarios, bonos de vivienda, becas y cada dirigente ganará dos mil dólares”. ¿Eso es consulta o es engaño? La gente acepta, pero no les dan ni proyecto ni los dos mil, solamente trago, pan, coca cola. Eso pasó en Ecuador durante estos años, son las estrategias para engañar a los pueblos indígenas desde el Estado y las transnacionales.

–¿Cómo fue el diálogo de la Conaie con el gobierno durante el paro y qué proceso siguió? ¿Qué pasó con el Parlamento de los pueblos?

–Nunca hubo diálogo ni negociación. Lo único que hicimos fue decirle al gobierno que ese decreto no lo aceptaba el pueblo ecuatoriano, porque se afectaba todo y se decretó sin consulta. De ahí el levantamiento. Se instaló la mesa técnica no para dialogar, sino para debatir, que es otra cosa. Dijimos que no discutiéramos sólo el subsidio, sino también la política económica del país. Le dije al ministro de Economía Richard Martínez que necesitábamos que trajera todos los contratos petroleros para revisarlos y saber cómo estaban funcionando las empresas públicas, bajo qué términos llegaron los acuerdos con el FMI, qué busca el Fondo, dijimos que queremos discutir también el tema de la deuda externa con China. Nos dijo que eso lo podíamos discutir después. En este contexto la Conaie convocó y abrió el abanico para que llegaran todos los sectores sociales e instaló el Parlamento de los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales, con casi 200 organizaciones del país con las que discutimos la parte económica, política y social-ambiental. Debemos discutir qué vamos a hacer. Hablar sobre el extractivismo, sobre las inversiones internacionales. Definimos una propuesta del pueblo ecuatoriano y el gobierno debe cumplirla. No debe ser una propuesta del indígena, no de un sector, sino del pueblo ecuatoriano. Y así estamos, eso estamos construyendo en este momento. Eso es lo que habla el parlamento de pueblos, nacionalidades y organizaciones. Están los estudiantes, los académicos, nuestros científicos, todos.

–¿Cuál es la postura electoral de la Conaie?

–Estamos pensando en una posición electoral. No puedo decir nada oficialmente, pero ese es el camino. Cuando te proyectas a ese nivel tienes que empezar desde abajo, y para eso tenemos que construir una plataforma de unidad, de acuerdos, de todo. No sería impensable un candidato de la Conaie para la presidencia. Cuando salgo la gente a veces me saluda llamándome el próximo presidente de la República, lo mismo le sucede a Leonidas Iza. Lo dice el pueblo.

–Un presidente indígena parece que no es garantía de nada...

–El presidente puede llegar a ser indígena, puede ser cholo, puede ser afro, puede ser hombre o mujer, un campesino, una maestra, un abogado, pero que sea presidente del pueblo. Ser indígena no garantiza exactamente ser bueno, es cierto.

–Hay ejemplo ya en otros países...

–Bueno, no puedo hablar de Bolivia, pero están ahí las cosas. Puede ser un indígena que sea más derechista que cualquiera, pero todo depende de cómo actúen.

–¿Y tampoco se garantiza el plurinacionalismo?

–Ser indígena tampoco garantizaría el plurinacionalismo, eso se debe construir entendiéndonos, participando, debatiendo. El gobierno no puede construir solito un Estado plurinacional. Sin indígenas, no se puede construir, sin mestizos tampoco. Si el policía se pone una whipala ya dicen que es plurinacional, pero eso no es. El Estado plurinacional es garantizar derechos, tomar decisiones, hablar de libertades, de autonomía, de verdadera justicia social donde la gente viva feliz. Pero para llegar a eso hay que hacer un trabajo duro y complicado.

–Pero a la derecha no le va a gustar…

–Nuestros militares y policías se han hecho robocops, pero esperemos que no se transformen en Power Rangers. Nosotros los pueblos y las nacionalidades estamos también organizados, estamos viviendo en nuestros territorios. No estamos armados, estamos decididos a defender el territorio, la patria, la soberanía nacional, a hablar de derechos humanos, de libertades. El Estado invierte casi dos mil millones de dólares anuales para sostener a la policía y las fuerzas armadas.

¿Qué beneficio sacamos? El Estado tiene miedo. ¿Por qué están armándose? ¿Es guerra con quién? Con el pueblo. Así no se construye ni se hace un buen gobierno, eso no significa ser un gobierno de todos. Habrá que dialogar y reclamar nuestros derechos, pero parados. Yo no tengo miedo al gobierno, pero sí algo puedo temer a la derecha, porque son terribles. Hemos recibido amenazas. Anteayer dejaron un mensaje en el departamento en Puyo y sólo pensé, “está bien, si creen que matando o amenazando a un dirigente indígena van a sacar algo es mejor, pero es encender, es explotar”.

–¿Coincide con que es tiempo de los indígenas y de las mujeres?

–Es tiempo de la juventud, de los pueblos indígenas en América Latina y del mundo. Es el momento. Tenemos toda la capacidad de decidir y de demostrar que hay una posibilidad. Es tiempo de las mujeres también. Hay grandes lideresas.

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Viernes, 10 Enero 2020 10:02

Israel y los golpistas bolivianos

Israel y los golpistas bolivianos

Mario Payeras (bit.ly/36vsHvE), el histórico comandante de la guerrilla guatemalteca, apuntaba que en realidad los movimientos revolucionarios en Centroamérica no confrontaban a los corroídos regímenes dictatoriales sino a consejeros israelíes, taiwaneses y estadunidenses en guerras de baja intensidad y contrainsurgencia. El papel de Israel en sostener las sangrientas camarillas allí ha sido particularmente nefasto. Cuando el propio Washington retiró oficialmente su apoyo ante las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en Guatemala, Tel Aviv fue más que contento de llenar el vacío y actuar como su “ proxy”. La asistencia, el armamento −“‘testeado’ en Líbano y en territorios ocupados en contra de los insurgentes”− y otras tecnologías israelíes ayudaron a suprimir la guerrilla urbana y rural junto con sus bases de apoyo mayoritariamente indígenas. Los generales guatemaltecos, siguiendo a sus instructores, implementaron la estrategia de tierra arrasada −igualmente testeada en Medio Oriente: destrucción de comunidades enteras, desplazamiento forzoso− hablando abiertamente de la palestinización de los mayas (sic) (bit.ly/2ZPkGzn). En El Salvador, Israel proporcionó armas y entrenamiento al ejército y escuadrones de la muerte a cargo de múltiples masacres. Su tecnología de espionaje fue usada para vigilar y asesinar a los opositores (bit.ly/39CHFSI). Desde aquel entonces –y ya en otro contexto para los movimientos sociales− esta asimetría estratégica se ha extendido globalmente con nuevas doctrinas del Pentágono y la guerra al terrorismo (bit.ly/2FpUh1z).

Hoy en Honduras post-golpe (2009) plagado por represión y asesinatos de líderes sociales, la asistencia israelí −venta/modernización de armamento (bit.ly/36BFdtX) y un inédito envío de mil tropas para entrenar a sus pares hondureños en tareas de antiterrorismo y de cómo frenar la migración (sic) (bit.ly/2ZWdrWb)−, sirve para sostener el régimen ilegítimo de Juan Orlando Hernández, su narco-Estado (bit.ly/2QQ1EEO) y a reprimir a sus críticos (bit.ly/2sFxb4x). Lo mismo –otro capítulo de la histórica complicidad de Israel en apoyar a los regímenes fantoches− está por ocurrir en Bolivia.

Semanas después del derrocamiento de Evo Morales, el ministro de Interiores del gobierno de facto pidió la asistencia de Israel para luchar en contra del supuesto terrorismo de izquierda −grupos vinculados con Maduro y los narcotraficantes, un bizarro link que existe sólo en la imaginación de los golpistas− que trae caos al país: Los invitamos a que nos ayuden, ellos están acostumbrados a tratar con los terroristas... ( reut.rs/2QFN2YC ). No importa que los que trajeron caos a Bolivia han sido los propios putshistas. No importa que los verdaderos terroristas hayan sido las fuerzas del orden amotinadas que desataron una barbarie en contra de los opositores al golpe. El terrorista no. 1 es por supuesto Morales –que por su parte criticó la ayuda del gobierno sionista de Israel en la criminalización de la izquierda en Bolivia (bit.ly/2tugVTG)− y a quién el nuevo gobierno prohibió por decreto volver a postularse abriéndole una causa por... terrorismo y financiamiento al terrorismo (sic). ¡Cómo todo hace “ click”! Así en los próximos meses, aparte de más represión, el MAS no sólo confrontará las maniobras judiciales y electorales de los golpistas, sino también –como los movimientos centroamericanos en los 80− a consejeros israelíes en una guerra híbrida e irregular.

Más allá del vasto conocimiento de Israel en reprimir a la insurgencia que le resulta atractivo al nuevo régimen autoritario boliviano, su solicitud también tiene sentido por otro lado: dado que el golpe de Bolivia tiene tintes supremacistas y racistas apuntando a revertir los años del empoderamiento indígena y a recolonizar la esfera pública, la experiencia de Israel en colonizar a Palestina, de llevar a cabo un genocidio y limpieza étnica (bit.ly/2N80ROK ), suprimir a los nativos y su cultura y estar a cargo de un régimen racista y segregacionista (bit.ly/3049qPJ) viene muy a propósito (bit.ly/2SQsjE1).

A parte de dar un revés a las políticas anticolonialistas y antimperialistas del gobierno anterior, la extrema derecha también dio un giro a la política exterior. Una de sus primeras decisiones fue restablecer las relaciones diplomáticas con Israel que fueron rotas por Morales en 2009 tras la masacre israelí en Gaza (Plomo Fundido). En 2010 su gobierno reconoció formalmente a Palestina como un Estado y en 2014 –tras otra masacre en Gaza (Borde Protector)− denunció a Israel ante la ONU por terrorismo de Estado. Todo esto ocurre en medio de un fuerte empuje de Israel que busca −en sintonía con la administración de Trump− poner fin a la cuestión palestina y anexar los territorios ocupados, tratando de sumar apoyo diplomático a esta violación del derecho internacional. En la región, los primeros países que se lo ofrecieron son exactamente éstos cuyos ejércitos y escuadrones de la muerte Israel venía entrenando en el marco de la lucha estadunidense en contra del comunismo: Guatemala –como la única hasta ahora, aparte de EU− ya trasladó su embajada a Jerusalén. Honduras −que también recibió asistencia en los 80 para no volcarse a la izquierda− ya lo reconoció como la capital de Israel y prometió hacer lo mismo (bit.ly/2QWqaV5). El mismo precio por sostener su régimen pagarán pronto los golpistas bolivianos.

Maciek Wisniewski, periodista polaco

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Gasem Soleimani, cronología de un magnicidio al servicio de una guerra

Donald Trump, acosado por continuos escándalos, necesitaba una victoria. Dice el exembajador del Reino Unido en el Líbano Tom Fletcher que Soleimani era una «figura mucho más poderosa que Bin Laden o al-Bagdadi”. En mayo del 2011, cuando la popularidad de Obama habia caído por los suelos, mandó a rematar el fantasma de Bin Laden, convirtiéndose por unos meses en un superhéroe.

 El asesinato extrajudicial por EEUU de Gasem Soleimani (GS), comandante de la Fuerza Quds, la rama de los Guardianes Islámicos de Irán para las operaciones en extranjero, además de ser la muerte más importante para la República Islámica de Irán (RII) después de Jomeini, es la convergencia de tres realidades paralelas:


1. La ley del proceso del tránsito de los cambios cuantitativos, en las relaciones entre la RII y EEUU, a los saltos cualitativos;
2. El choque entre los intereses de las élites de diferentes estados en Oriente Próximo, que alberga la mayor reserva del oro negro del planeta, desdibuja la lucha de clase de millones de sus sufridos ciudadanos, y
3. La determinación de EEUU, desde el fin de la Unión Soviética en 1991, de cambiar el mapa de la zona (congelada desde la desintegración del imperio otomano en 1916) y convertir a sus países estratégicos en estados fallidos controlables: Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, y ahora le toca a Irán (y por ocho motivos), mientras Turquía y Arabia Saudí ponen su barba a remojar.


El asesinato de GS el día 3 de enero es una nueva fase de este plan contra Irán, que se puso en marcha con la presidencia de Donald Trump y se intensificó el verano pasado.


A lo largo del 2019, EEUU e Israel bombardearon en diversas ocasiones las sedes del grupo paramilitar chiita iraquí Hashad al Shaabi «Unidades de Movilización Popular» (UMP) vinculado a Quds en Siria y en Irak, país que no es más que una base militar de EEUU desde 2003 contra Siria, Irán, Turquía y Arabia Saudí.


• 27 noviembre: el consulado de Irán en Nayaf (Irak) es incendiado: EEUU pretende desiranizar al régimen de Bagdad.
• 27 de diciembre: China, Irán y Rusia realizan unas maniobras militares conjuntas en el océano Índico. Ninguno puede permitir que EEUU se haga con el control del Golfo Pérsico ni con Irak.
• 28 de diciembre: EEUU acusa a Kataeb Hizbolá «Brigadas del Partido de Alá» iraquíes, de haber disparado cohetes contra la base K1 de su ejército en Kirkuk, matando a un contratista estadounidense. El grupo lo niega y exige que se publiquen los datos de la supuesta víctima. Trump que se habia negado a atacar Irán, promete venganza: ya habia determinado que el “terrorismo” sería el casus belli contra Irán.
• 29 de diciembre: EEUU ataca con sus F-15E cinco bases de Kataeb, en Irak y Siria, y mata a 24 de sus hombres.
• 31 de diciembre: un grupo de Kataeb, tras el funeral de las víctimas, se dirige a la Zona Verde de Bagdad, sin que las fuerzas de seguridad se les impidieran (¡las mismas que aplastaron con máxima crueldad las protestas ciudadanas!), y asalta la embajada de EEUU. La guardia de la sede les dispara gases lacrimógenos, impidiendo que accedan al edificio principal. Los asaltantes salen y acampan delante de edificio, anunciando que hasta la salida de las tropas de la ocupación no abandonarán la sentada.
• 1 de enero de 2020: en un comunicado, las UMP pide a los acampados retirarse de forma pacífica, Los afiliados al Kataeb no les gusta la idea, aunque se marchan.


Esta era la cuarta “crisis de la embajada de EEUU” en las últimas décadas:


1. Saigón (hoy, Ho Chi Minh), 30 de abril del 1975. Cerca de mil personas se quedaron atrapadas en la sede diplomática ante el avance del Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Unos pocos fueron evacuadas por el helicóptero.
2. Teherán, 1979. En los 444 días de la ocupación de la embajada, el perfil de los asaltantes, así como sus demandas fueron cambiándose. Al final, Jomeini llegó a un acuerdo secreto con los republicanos para arruinar la reelección de Jimmy Carter en favor de Reagan, a cambio de recibir armas. ¡Lo que cuenta Argo, es la versión de la CIA!
3. Bengasi, consulado de EEUU, 11 de septiembre de 2012. Un grupo de “yihadistas”, que habían sido trasladados de Afganistán e Irak a Libia para desmantelar el Estado libio, facilitando la tarea de la OTAN, mataron al embajador Christopher Stevens. El incidente acabó con las aspiraciones políticas de Hilary Clinton.


En el caso de Bagdad, Donald Trump y Ali Jamenei controlaron la situación: Tanto los asaltantes como los guardianes de la embajada tuvieron cuidado de no matar a nadie. «Esto no será un Bengasi«, dijo Trump, y al ser preguntado sobre la posibilidad de una guerra con Irán: «No veo que eso suceda«, «me gusta la paz«, dijo. Por su parte, Jamenei afirmó que «no buscamos guerra«, dándose una nueva tregua, eso parecía, hasta la siguiente ronda de crisis.


Posibles autores y objetivos


La toma de la embajada en Irak -que fue construida en 2009 por un coste de 750.000 dólares y cuenta con 16.000 personas en nómina- puso en un serio aprieto a Trump: tenía que reaccionar.


Sobre quién estaba detrás y qué pretendía, aquí unas hipótesis:


• Irán, con la intención de:


Mostrar a EEUU que puede someterle a la «máxima presión», respondiendo a la campaña de «máxima presión» a Irán y estrangular su economía.
Revelar la vulnerabilidad de EEUU ante el mundo, burlándose de “la grandeza de América” de Trump.
Lavar la cara de la milicia impopular de UMP y presentarle como una fuerza “anti-imperialista”.
Distraer la atención de las masivas protestas de los pobres contra un régimen teocrático y una élite corrupta.
Dar la impresión de que las fuerzas del orden (e incluso el ejército) iraquíes están más a las órdenes de la RII que a la de EEUU.


• Israel que ha hecho todo lo posible para empujar a EEUU a convertir Irán en cenizas.
• La industria militar -que acaba de imponer su mega “Guerra de Galaxias” al Congreso y necesita más conflictos ahora que se anuncia el fin del ISIS, y los sectores anti-Trump de EEUU, como los halcones más belicistas y los demócratas.


Soleimani, el Bin Laden de Trump


• 3 de enero: el secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, afirma que su país tiene la autoridad para realizar ataques preventivos (¡como Bush!) contra Irán. Horas después, el Pentágono sigue el rastro del general, desde el aeropuerto de Teherán hasta el de Bagdad, donde es recogido por el subcomandante de la UMP Abu Mahdi al Mohandes y otras cinco personas. Allí, sus coches son atacados por los misiles de la Sección 127e del Pentágono, especializada en la lucha contra Al Qaeda. ¿Cómo varios altos militares viajaban juntos, infringiendo las normas más básicas de seguridad, y en un país bajo el control militar absoluto de EEUU? Aunque las fuerzas poriraníes del gobierno iraquí han creado su propio servicio de inteligencia, es obvio que poco pueden hacer contra la superpotencia.


Donald Trump, acosado por continuos escándalos, necesitaba una victoria. Dice el exembajador del Reino Unido en el Líbano Tom Fletcher que GS era una «figura mucho más poderosa que Bin Laden o al-Bagdadi”. En mayo del 2011, cuando la popularidad de Obama habia caído por los suelos, mandó a rematar el fantasma de Bin Laden, convirtiéndose para unos meses en un superhéroe.


Posibles consecuencias:


• Debilitar la relación de la Fuerza Quds con las milicias chiitas de la región: pues, el factor personal importa. GS era carismático y durante 20 años habia creado una profunda amistad con otros jefes islamistas en la zona y ahora es difícil llenar este vacío. Además, poseía una serie de informaciones sobre la situación militar de la zona que no la tienen ni sus compañeros.
• Golpe a la facción de la RII que representa Ali Jamenei. Ahora debe buscar otro candidato para sustituir al presidente Rohani. Hace unos meses y ante los rumores de un golpe de estado, el general GS le dijo con sarcasmo a Rohani: “Yo no necesito hacer un golpe de estado”. El hombre más fuerte de la RII que había creado un gobierno en la sombra presumía en julio del 2018 de cooperar con EEUU, revelando que Obama le habia pedido a él que no al presidente de Irán a que garantizase la seguridad de los soldados de EEUU cuando iban a salir de Irak. En el febrero del 2019, llegó a invitar a Bashar al Asad a Teherán, impidiendo que el ministro de exteriores Javad Zarif participara en los encuentros. Zarif presentó su dimisión en protesta.
• Es difícil saber si habrá una ofensiva de la RII contra los intereses de Israel o de EEUU, o Teherán tomará una posición defensiva. Lo cierto es que, durante una serie de asesinatos selectivos de Israel contra los líderes del Hizbolá libanés, organización fundada por los Guardianes Islámicos, aunque Hizbolá juraba venganza, al final vencía la cordura: ocurrió con el jefe de la inteligencia del grupo Imad Mugniyah(en 2008) por ejemplo, o el alto comandante de la milicia Mustafa Badreddin (en 2016).
• Conscientes de que la base electoral del presidente no desea guerra, la RII y el Partido Demócrata (que le ha prometido recuperar el acuerdo nuclear si gana las elecciones del 2020) pueden pactar una estrategia y sabotear la promesa electoral de Trump de “salgamos de todas estas estúpidas guerras». Será una apuesta arriesgada, sin duda.
• Trump que se aplica la teoría de Madman, a pesar de su promesa no sólo ha enviado 14.000 soldados más a Oriente Medio el año pasado, sino que prevé mandar a otros 3000 para luchar contra Irán.
• Rusia condena el atentado y lo considera un grave error de EEUU. Vladimir Putin conoció a GS cuando el general hizo una visita secreta a Moscú el 24 de julio del 2015, para proponer a Rusia a intervenir en la guerra de Siria. Allí nació la coalición 4+1: Irán, Rusia, Siria, Irak y Hizbolá. Ahora, Putin podrá jugar el papel de mediador entre EEUU y la RII, con el fin de bajar la tensión (que no lo conseguirá) y elevar su perfil del pacificador de los conflictos a nivel mundial.
• Benjamín Netanyahu se apunta una nueva victoria. Israel, que no EEUU, es el único ganador de las guerras que azotan Oriente Próximo.
• Disparar el precio del barril de petróleo Brent, en un 2,4%. Una guerra no sólo afectará a las exportaciones de 15 millones de barriles de petróleo por el Golfo Pérsico, también hará subir la factura de las calefacciones en EEUU.
• La guerra (en su versión bélica) dependerá de numerosos factores, que ante la ausencia de un movimiento antimilitarista a nivel mundial, ya parece inevitable

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El Parlamento de Irak exigió la retirada de tropas de EE.UU.

El Parlamento de Irak le exigió al gobierno que ponga fin a la presencia de tropas estadounidense en el país. Así lo había solicitado previamente el primer ministro, Adel Abdelmahdi, en la primera sesión de la Cámara desde el ataque de Estados Unidos contra el comandante iraní Qasem Soleimani. Por la noche, se registró un nuevo ataque con misiles en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Bagdad.


El Parlamento aprobó una moción en la que solicita al Ejecutivo que "trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en el país". Asimismo, el texto solicita al gobierno que anule "la petición de ayuda a la coalición internacional para luchar contra el (grupo terrorista) Estado Islámico" porque considera que las operaciones militares contra los extremistas ya concluyeron en Irak.


El Parlamento también llamó al gobierno a presentar una queja urgente a la ONU y al Consejo de Seguridad contra Estados Unidos por "violar la soberanía y seguridad de Irak". Además, pidió al Ejecutivo llevar a cabo "una investigación de alto nivel para conocer las circunstancias del bombardeo estadounidense e informar a la Cámara de los resultados en un plazo de siete días".


En la votación estuvieron presentes 168 diputados de los 329, debido a la ausencia de partidos kurdos y sunitas. Previo al inicio de la sesión, el primer ministro renunciante, Adel Abdelmahdi, pidió adoptar "medidas urgentes" y "llevar a cabo las gestiones" necesarias para acabar con la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

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Crisis estratégica en las FFAA latinoamericanas

Entre la corrupción y la parálisis puede definirse la situación que atraviesan las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. Sin rumbo estratégico, sin recursos, carcomidas por denuncias de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.

Deben además hacerse cargo de tareas de orden público ante el evidente fracaso de los cuerpos policiales para contener las multitudinarias manifestaciones.
Las fuerzas armadas regresaron al primer lugar del escenario político regional. El analista Gabriel Tokatlian asegura que ahora los militares se involucran incluso en la defensa de ciertos gobiernos, participan activamente en las elecciones y en "la militarización del tratamiento de fenómenos como el negocio de las drogas y las migraciones".

Una mirada a lo sucedido en 2019 revela que "cualquiera sea la orientación del gobierno", la presencia militar es cada vez mayor, como en los países de Centroamérica, donde la influencia del Comando Sur del Pentágono es decisiva. En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado una Guardia Nacional que, en los hechos, "no ha implicado desmilitarizar la guerra contra las drogas", sostiene Tokatlian.


El toque de queda en Ecuador ante masivas manifestaciones populares contra la elevación de los precios de los combustibles y el Estado de emergencia en Chile para contener el estallido social, hicieron recaer en las Fuerzas Armadas responsabilidades que no asumían desde hacía mucho tiempo. En Venezuela, los militares son decisivos para sostener al Gobierno de Nicolás Maduro y en Bolivia lo han sido para la caída de Evo Morales.

El general uruguayo Guido Manini obtuvo el 11% de los votos gracias al apoyo de militares y policías a su nuevo partido Cabildo Abierto. En Brasil juegan un papel determinante en el Gobierno de Jair Bolsonaro, donde "son militares o han cumplido funciones en las Fuerzas Armadas, 11 de los 21 ministros, además del presidente y el vicepresidente", según el especialista Rosendo Fraga.

La otra cara de la moneda de esta creciente influencia es la crisis que está atravesando la institución militar en casi toda la región. Por un lado, es una crisis de legitimidad ante la población, pero también es una crisis interna por graves denuncias de corrupción que redunda en un desconcierto estratégico.
El último editorial de 2019 de la revista Defesanet, se titula precisamente El año de la parálisis estratégica y destaca los fracasos de la política militar del nuevo presidente y de su gabinete escorado hacia la ultraderecha y los cuarteles.

En el plano geopolítico, el editorial destaca el sonado fracaso de la estrategia brasileña contra Venezuela, que "resultó ser un hueso duro de roer". La revista no menciona el hondo viraje que promovió Bolsonaro hacia China, guiado por el sector militar considerado, irónicamente, el ala dialogante del Gobierno ante la intransigencia de los acólitos del presidente.

Pero fue el frente interno el que más problemas les trajo a las Fuerzas Armadas brasileñas. La paralización de los programas de modernización desde 2015, a raíz de la restricción presupuestaria, mostró las debilidades de la fuerza.


Entre ellos, incluye la demora en "la modernización de los cazas F-5E/F y AMX A-1 y el avión de alerta temprana E-99, además de la escasez de misiles y municipios", que dejaron al país vulnerable ante una nación en crisis como Venezuela. Por eso, la lectura de la realidad de las Fuerzas Armadas los ha llevado a contemplar con escepticismo cualquier aventura, ya que los militares descubrieron que "no estaban en posición de imponer nada [a Venezuela], sino en una situación crítica por no conseguir siquiera garantizar la integridad de las fronteras nacionales".

Luego sobrevinieron los incendios en la Amazonía que, en una decisión de "carácter inédito", el Gobierno incluyó militarizar la mitad del territorio nacional (nada menos que 400 millones de hectáreas) apelando a la legislación Garantía de Ley y Orden (GLO).

"Todo agravado por un gran desgaste de imagen, por la decisión equivocada de entrar en una guerra informacional con una estrategia de confrontación destinada a la derrota", concluye el editorial de Defesanet. El principal deseo de una de las principales páginas militares de Brasil es que en 2020 haya "menos reveses".

La situación de los militares en Colombia es más grave aún. La revista Semana publica un amplio reportaje sobre la crisis interna a raíz de las denuncias de corrupción que salen de los cuarteles y empeoran la imagen de los uniformados, ya desgastada a raíz de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la guerrilla.

En vez de investigar las denuncias, el alto mando decidió perseguir a los denunciantes, creando un clima interno insoportable. Según la revista, las denuncias "reflejan el ambiente interno que desde hace varios meses se vive dentro del Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas contra aquellos que entregan y reciben la información".

Los casos que se acumulan ante la Fiscalía y la Procuraduría incluyen desvíos de dinero para gastos personales, chantajes a empresarios y contratos millonarios a empresas a cambio de jugosas comisiones para intermediarios y generales.

Las protestas que aún se mantienen en Chile, han sido potenciadas ente otras razones por la generalizada corrupción entre las dirigencias política, eclesial, empresarial, militar y de carabineros. En 2015 se destapó el Milicogate, una millonaria trama de corrupción, fraude y desviación de fondos públicos de la Ley Reservada del Cobre, por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas, revelada por el diario The Clinic.

Por último, está el caso de Argentina, que merecería un estudio aparte. Las Fuerzas Armadas naufragan sin norte con presupuestos bajísimos que impiden su reequipamiento. El raquítico presupuesto de defensa se arrastra desde hace décadas y es la mitad de otros países de la región, según un trabajo publicado por el portal Nueva Mayoría.

La debilidad actual de las fuerzas armadas es, por un lado, un efecto buscado por el Pentágono y la Casa Blanca para no enfrentar competidores en la región. Pero es también consecuencia de las políticas neoliberales que desarticularon las bases materiales de los Estados nación y de sus instituciones estratégicas.

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La incansable lucha de una monja para que las víctimas de una masacre en Colombia no caigan en el olvido

Maritze Trigos ha dedicado su vida a que los asesinatos cometidos entre 1989 y 1994 por los paramilitares en la localidad de Trujillo no queden impunes

Un collar hecho a mano de cuentas naranjas y azules que termina en forma de cruz rodea el cuello de Maritze Trigos. Con poco más de metro y medio de estatura y 76 años, esta monja sube cuestas y escalones como si no tuviese más de 30. Su vida, dedicada por completo a los demás, quedó marcada para siempre por la masacre de Trujillo.


Entre 1989 y 1994, en este pueblo cafetero, además de en Riofrío y Bolívar, tres pueblos del norte de Colombia, hubo una serie de asesinatos, desapariciones y torturas, perpetrados por los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loiza —alias el Alacrán— junto a miembros del ejército y la policía. El objetivo, según los supervivientes, era amedrentar a la población civil y apropiarse de las tierras de los campesinos de manera ilegal. Una lacra que sigue afectando hoy a estas regiones dónde los indígenas batallan contra las multinacionales, el narco o la minería ilegal.


Como todas las mañanas, Teresita, otra monja dominica que convive con Trigos en una pequeña casa de dos plantas, baja a comprar arepas para el desayuno. Cada esquina de la localidad cuenta con un puesto de venta ambulante improvisado. Teresita las prefiere de harina y Maritze de choclo (maíz). Mientras come, Trigos narra, acompañada de fotos, la historia de varias de las víctimas y del sufrimiento de las familias después de que se produjesen los asesinatos. El nombre que más menciona es el de Tiberio Fernández, el sacerdote de la localidad, que fue mutilado y arrojado al río Cauca acusado de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un actor del conflicto armado colombiano desde 1964, que se define como una organización de orientación marxista-leninista y prorrevolución cubana.


Según cuenta Trigos, al padre Tiberio no le interesaba la política ni la guerra. Su labor hasta entonces había sido impulsar cooperativas alimentarias entre los campesinos. “Para animarlos a independizarse de los terratenientes de forma pacífica y ser soberanos de la tierra, pero nada más”, relata la religiosa. Este hecho, junto a la acusación que arrastraba el párroco de ser simpatizante del movimiento marxista, levantó las asperezas entre latifundistas, Ejército y Gobierno que desembocaron en la matanza.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia años más tarde. Y en 1995, el presidente por aquel entonces, Ernesto Samper, reconoció la responsabilidad del Gobierno en la masacre de Trujillo.


Casi 30 años después, la Asociación Familias de Víctimas de Trujillo-Valle (Afavit), que dirige Trigos, sigue luchando para que se reconozca la verdad, se haga justicia y los familiares reciban las ayudas económicas que les prometió el Gobierno. Por el momento, solo han sido condenados seis de los responsables de los asesinatos y, como añade la religiosa, “el grado de impunidad sigue siendo muy elevado”. Durante todo este tiempo, según recuerda Trigos, muchos han señalado su lucha como “la obsesión de cuatro locos”. La organización que aglutina a las víctimas y les da su apoyo es pequeña y no cuenta con muchos recursos.


Con la colaboración de algunos familiares y alguna partida económica gubernamental, Afavit ha conseguido levantar un parque monumento en una de las montañas de Trujillo en recuerdo de los campesinos asesinados. Las instalaciones, compuestas por 235 osarios, un centro de bienvenida a los turistas y estudiantes que quieren conocer esta parte de la historia de Colombia, y un mausoleo dedicado al padre Tiberio, soportan “ante la pasividad de la policía”, según Trigos, numerosos actos vandálicos. Sus integrantes han sido amenazados de muerte, han soportado un incendio, grafitis insultantes, o han tenido que sobrellevar la profanación de la tumba dedicada al párroco. “Pedimos a las autoridades y a la policía que se hagan cargo y se impliquen en la conservación de este patrimonio. No es una propiedad privada, es un monumento municipal que forma parte de la historia de Trujillo y parece que no tienen interés en que estos ataques cesen”, reivindica Trigos.


A principios de 2019, Trigos, considerada una líder social en Colombia, pasó en Madrid tres meses gracias al programa Madrid Protege que subvenciona el Ayuntamiento de Madrid y coordina la Fundación Mundubat, junto a la Red de ONGD de Madrid, Movimiento por la Paz, Acción Verapaz y Alianza por la solidaridad. El objetivo de este viaje fue alejarla de la situación de estrés y las amenazas a las que suele estar expuesta, junto a otras dos mujeres de otras regiones en su misma situación. “Es muy importante que la comunidad internacional tenga conocimiento de estos abusos”, asegura la religiosa. Nacho Murgui, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento y parte de la delegación que viajó hasta Colombia para hacer seguimiento de estas líderes, le comentó a la religiosa que “sería interesante seguir en contacto y tomar ejemplo” en España de cómo esta comunidad defiende, pese a los pocos recursos, la memoria de sus víctimas. La lucha de esta monja sigue en el mismo punto y sus fuerzas intactas.

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Domingo, 29 Diciembre 2019 10:22

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

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