Abel Valenzuela frente al monumento improvisado a las víctimas en El Paso.Foto Afp

El joven supremacista blanco de 21 años, Patrick Crucius, recorrió mil kilómetros desde Dallas para perpetrar su planeada carnicería en El Paso, que cumplió lo poco que se ha publicitado de su "manifiesto" contra los "invasores hispanos": "La Verdad Incómoda", donde anhelaba asesinar al mayor número de mexicanos.

El mexicanocida Patrick Crucius se inspiró del libro El Gran Reemplazo del escritor galo Renaud Camus quien arguye que las élites en Europa intentan "remplazar" a los europeos blancos con migrantes del Medio Oriente y Noráfrica (https://amzn.to/2ZG7Lin).

Crucius lamenta que "la enorme población hispana en Texas" lo convertirá en "un bastión demócrata (sic)" y expone su angustia demográfica ante el ascenso galopante de los mexicanos en Texas, a punto de ser re-mexicanizada oficialmente cuando se publique el próximo censo en tres años (https://bit.ly/2yXFYy0).

Los "latinos" son 19 por ciento de la población de EU, cuyo 80 por ciento son mexicanos, de mayoría católicos guadalupanos (https://pewrsr.ch/2OTkjSw).

El perfil demográfico de Texas en 2014 (con un extraño atraso de cinco años) arroja 10.4 millones de "latinos": 39 por ciento de la población total de casi 29 millones.

En mi libro Trump y el supremacismo blanco: palestinización de los mexicanos (https://bit.ly/2JFEXmC), abordé el dramático declive de la población WASP (White AngloSaxon Protestant) de 60.4 por ciento, cuyos jóvenes desempleados no se casan y son presa de las drogas (fentanilo).

Síntesis texana: mexicanos guadalupanos al alza; WASP a la baja.

Mi tesis es que Trump adoptó la misma política de su gran aliado supremacista, el primer israelí Netanyahu, en seguridad/construcción de muros/despoblación árabe, etcétera.

¿Viene la programada desmexicanización de Texas? La selección de El Paso, ubicación del importante fuerte militar Bliss, fue bien planeada y/o teledirigida: casi 700 mil habitantes; 81.4 por ciento de "latinos".

Quizá el próximo aviso supremacista sea en San Antonio (Texas): 1.5 millones de habitantes; 64 por ciento "latinos" (https://bit.ly/2KFXaxw).

El alma blanca WASP juega su destino en Texas, segundo estado más importante de EU en superficie (casi 700 mil kilómetros cuadrados) y una población cerca a 29 millones (https://bit.ly/1gh8k4f) que tiene fronteras con cuatro estados mexicanos que deben estar muy pendientes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Rust Belt (cinturón industrial) y el Bible Belt (cinturón bíblico), donde Texas es uno de sus principales bastiones, dieron el triunfo en el Colegio Electoral a Trump, quien empieza a repetir la misma panacea demográfica para su relección.

California, principal economía de EU –que si fuera país sería elquinto en el ranking global– ya se mexicanizó y es bastión del Partido Demócrata.

Hoy Texas, segunda mayor economía de EU –que si fuera país, sería el décimo en el ranking global–, se puede re-mexicanizar, como California, en forma oficial en los próximos tres años, lo cual obligaría a su redistritación electoral.

Travesuras de la vida: 173 años después (guerra de Texas contra México) se puede re-mexicanizar por la vía biológica el omnipotente "Estado de una Estrella" y segundo estado con el mayor número de empresas (97) en el ranking de Fortune 500 (https://bit.ly/2MeN9KZ), con gran avance agrícola/aeroespacial/biomédico/computacional/electrónico/petroquímico y principal fuente petrolera con el polémico fracking del gas esquisto en su Cuenca Pérmica.

David Schultz evoca "La Nueva Política del Partido Republicano Evangélico (sic) Supremacista Blanco" y aduce en forma persuasiva la "fusión y consolidación del supremacismo blanco, el evangelismo (sic) blanco y el republicanismo en un solo partido" que se basa en la "identidad racial. Este es el nuevo Partido Republicano" (https://bit.ly/2ZFBNCQ).

David Schultz cita una reciente encuesta donde la mayor aprobación de Trump, con 73 por ciento, proviene de los "evangelistas blancos": los WASP.

No quiero sonar fatalista, pero si de algo sirve la lección a posteriori del "factor Netanyahu", en México debemos prepararnos para escenarios acordes a la nueva realidad supremacista WASP de EU: "la palestinización de los mexicanos".

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Diez semanas y la protesta en Hong Kong no cede 

Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno. Se suspendieron varios vuelos. 

Tras la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Hong Kong, autoridades locales anunciaron la suspensión de varios vuelos. Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno", luego de que cientos de manifestantes vestidos de negro volvieran a ocupar las instalaciones de la terminal con carteles y barbijos, mientras coreaban distintas consignas.

"Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30 hs. (5.30 de la Argentina)", indicó un comunicado de la jefatura aeroportuaria, que también pidió a los pasajeros que abandonen la terminal, e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar bajo qué condiciones. El lunes, una manifestación similar había provocado la cancelación de 300 vuelos.

Frente al conflicto, China lanzó la advertencia más dura desde el inicio de las movilizaciones, diez semanas atrás, a través de videos que se difundieron por medios oficiales, en los que se puede ver a las fuerzas policiales agolpadas en la frontera de la región, aparentemente listas para reprimir y despejar las zonas de conflicto.

La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997. Desencadenada por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, las protestas en Hong Kong extendieron sus reivindicaciones al denunciar un retroceso en las libertades y derechos individuales, y, a su vez, una injerencia cada vez mayor del gobierno chino.

El lunes, durante la primera jornada de protestas en el aeropuerto, más de 5 mil personas invadieron la terminal para denunciar la violencia policial. La jefa de gobierno de Hong Kong designada por Beijing, Carrie Lam, alertó sobre las peligrosas consecuencias que las protestas podrían ocasionar. "La violencia, ya sea su uso o justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa", aseguró el martes en rueda de prensa. "La situación en Hong Kong la semana pasada me hizo temer que podíamos llegar a esta peligrosa situación", agregó.

Lam defendió la actuación policial que, según ella, está basada en sólidos lineamientos. "Los policías toman decisiones en momentos puntuales en defensa de la seguridad de la gente. No se puede decir que hayan hecho algo mal", señaló. "Hemos oído muchos discursos de odio contra la Policía. Esto no es beneficioso para Hong Kong", añadió.

Pero sus declaraciones no lograron ni por asomo detener a los miles de manifestantes que este martes por la tarde regresaron al aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, con 74 millones de pasajeros anuales. Los manifestantes endurecieron la protesta levantando barricadas con carros de equipaje que bloqueaban los pasillos que conducen a las zonas de embarque de las terminales.

"¡Defiendan Hong Kong! ¡Defiendan las libertades!", gritaban los manifestantes, mientras pegaban vinilos en las paredes con la expresión: "¡Ojo por ojo!". Ésa fue la frase que caracterizó a la protesta, luego de que una mujer sufriera una grave lesión en el rostro que le habría hecho perder la vista de un ojo durante una manifestación en la noche del domingo. Varios manifestantes, de hecho, exhibían uno de sus ojos tapados con una venda.

El jefe de la policía local, Stephen Lo, se limitó a decir por la tarde que estaban siguiendo de cerca la situación en el aeropuerto, tras preguntarle si planeaban dispersar a los manifestantes. Según el diario estatal chino Global Times, la policía se planteaba el uso de la fuerza según las circunstancias que se dieran en el aeropuerto.

Por la noche, en las afueras de la terminal, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos protestantes, mientras trataban de escoltar a dos hombres (según los activistas, espías infiltrados) para ser trasladados en ambulancia. El camino de los agentes se vio bloqueado por cientos de manifestantes, lo que llevó a la policía a despejar la calle usando gas pimienta y deteniendo a al menos a dos personas.

Los medios oficiales chinos calificaron a los manifestantes de "gánsteres", y amenazaron con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. El movimiento, cada vez más radicalizado, constituye un desafío inédito para el gobierno central, que el lunes dijo ver en las protestas "signos de terrorismo".

Distintos funcionarios y organizaciones internacionales se manifestaron frente al conflicto. Amnistía Internacional pidió a la policía "contención" para evitar una mayor escalada de violencia, en respuesta al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la ex colonia británica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que "nadie salga lastimado, ni nadie sea asesinado", en medio de las nuevas protestas. "Lo de Hong Kong es una situación difícil", dijo el presidente frente a periodistas en Nueva Jersey.  

El mandatario también se refirió a la movilización de tropas chinas en el territorio, según informes de la inteligencia estadounidense. "Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!", aseguró Trump vía Twitter.

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Oscar Pinto, Máscara, 40 x 60 cm. (Cortesía del autor)

–Toma un poco más de té –ofreció solícita 

la Liebre de Marzo.

–Hasta ahora no he tomado nada –protestó Alicia en tono ofendido–, de modo que no puedo tomar más.

–Quieres decir que no puedes tomar menos –puntualizó el Sombrerero–. Es mucho más fácil tomar más que nada.

–Nadie le pedía su opinión –dijo Alicia.

–¿Quién está haciendo ahora observaciones personales? –preguntó el Sombrero en tono triunfal.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas

 

¿A quién, más que a nadie, le interesa la paz en Colombia? ¿Quién debe asumir las banderas de la paz en el país cuando se es testigo de un regreso del péndulo hacia épocas que se intentaron dejar atrás –bajo la premisa de “no repetición– con los Acuerdos de Paz”? Al cumplirse el primer año del gobierno Duque, son múltiples las evaluaciones, por distintos actores, de cuánto se ha avanzado en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP), en especial, en lo relacionado con el punto dos sobre participación política. Más allá de las reiteradas afirmaciones del gobierno (las más recientes en el acto de instalación de la nueva legislatura del Congreso, el pasado 20 de julio (1)) en las que reitera su compromiso para respetar y honrar el Acuerdo, se precisa contrastar lo afirmado públicamente, tanto a nivel del país como en las giras internacionales frente a interlocutores que lo han cuestionado, con los análisis realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales que se encargan de monitorear la implementación del AFP.

El resultado del análisis es preocupante. El AFP no avanza en el sentido que su espíritu indica, los resultados a la fecha son precarios y el conflicto, lejos de haber cesado se recrudece con una ostensible falta de protección a la vida de los líderes sociales, en especial, aquellos que viven en regiones donde los poderes territoriales copan la debilidad o ausencia del Estado.

Es importante tener como punto de referencia, y a él nos vamos a referir en este artículo, el informe Profundizar la democracia para consolidar la paz, realizado por el Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd) (2).

 

El AFP, entre dos fuerzas opuestas

 

Hay que reconocer que el AFP, firmado el 24 de noviembre del 2016 por el gobierno anterior, se vio afectado en su implementación desde antes de entrar en vigencia, con la derrota en el plebiscito y hasta la entrega del mando el 7 de agosto del 2018; es decir, los últimos veinte meses del gobierno Santos no vieron un avance significativo por cuatro razones: 1) la ruptura de la bancada gobiernista que se dio con la derrota del plebiscito; el gobierno, al quedar sin mayorías en el Congreso, no logró sacar adelante las iniciativas tempranas necesarias para la implementación del AFP; 2) la insuficiente asignación presupuestal a dichas iniciativas dada la precaria situación presupuestal del gobierno en su último año de gestión; 3) el traslapo de la implementación del AFP con el proceso electoral, tanto presidencial como parlamentario, que se dio durante el 2018, lo cual generó trabajo a media marcha del andamiaje institucional responsable de echar a andar el Acuerdo y, 4) la propia decisión del Ejecutivo de darle prioridad a algunos “pilares” de la paz, como lo son la JEP, los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– y la transición de las Farc de guerrilla partido político (3).

A lo anterior, hay que sumar la correlación directa entre la inesperada derrota del Sí en el plebiscito y el triunfo de Duque, candidato presidencial del partido que lideró la oposición al AFP en el plebiscito. Por todo lo anterior, es evidente que el AFP llegó debilitado al presente cuatrienio (2018-2022) al encontrar un ambiente frío, cuando no hostil, generado principalmente por la vieja disputa política entre Santos y Uribe, y la consecuente polarización de la opinión pública entre dos visiones sobre el conflicto: una de apoyo irrestricto a la paz y otra de escepticismo disfrazado de “paz sí, pero no de ese modo”. En ese sentido, lo poco sucedido en torno a la puesta en marcha del AFP desde la llegada de Duque no ha sorprendido a nadie, aunque sí hay una característica reiterativa: en el aparente afán del Presidente de desmarcarse ubicándose algo menos a la derecha de su mentor –abiertamente enemigo del AFP– y procurar aparecer como un líder más mesurado y conciliador, su estrategia retórica, cada vez que tiene que referirse a la implementación del AFP es positiva y de vehementemente apoyo, en especial cuando se dirige a organismos internacionales, multilaterales o a líderes y mandatarios de países europeos. En esos escenarios no parecería haber duda de su compromiso con la paz y con el AFP. Por ejemplo, en la 73ª Aamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, afirmó: “Pero quiero reiterar ante esta Asamblea que nuestro propósito, el propósito de Colombia, es cumplirles a quienes han tomado el camino genuino de dejar la violencia”(4).

 

Avances aparentes en el actual gobierno

 

Otra cosa es la que se ha visto en el país. En una gimnasia aparentemente contradictoria, el Ejecutivo, al contrario de las amenazas del Centro Democrático, no “hizo trizas” el Acuerdo, sino que echó a andar muchas de las acciones que el gobierno Santos no había tocado. De esta manera estableció el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas (PAO) que trabaja en tres ejes: (i) articulación y reingeniería institucional para garantizar el trabajo coordinado y armonizado entre las distintas instituciones estatales responsables de la seguridad de estos actores; (ii) actuación estratégica en el territorio para atender las necesidades focalizadas y diferenciadas de cada entorno y región; (iii) estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado, así como para dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Lo paradójico es que el gobierno Duque, en todo lo relacionado con el PAO, como acertadamente anota Nimd(5), no hace referencia alguna al AFP, como si quisiera invisibilizarlo y hacer casi que borrón y cuenta nueva para deslindarse de su antecesor y de sus logros con la paz. 

En cuanto al impulso establecido por el AFP a la participación de las Juntas Administradoras Locales en la elaboración de planes de desarrollo el gobierno actual realizó entre agosto y diciembre del 2018, cuarenta y ocho mesas departamentales y ocho talleres regionales a las que asistieron más de diez mil personas pertenecientes a Juntas de Acción Comunal, al Consejo Nacional de Planeación, población vulnerable, organizaciones juveniles, autoridades departamentales y municipales, representantes gremiales, veedurías ciudadanas, partidos políticos que dejaron cerca de diez mil propuestas y recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (6).

De igual modo, el AFP exigió al Gobierno garantizar el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades locales y regionales, de acuerdo con las particularidades de los diversos territorios. Para ello, se creó recientemente la Red nacional de secretarios de paz, aunque, una vez más, como anota Nimd, explícitamente no lo reconoce como un acatamiento al mandato del AFP. Esta Red opera como un espacio presencial y virtual para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, inquietudes y desafíos que tienen los gobiernos locales y las comunidades en busca de la construcción de una paz integral y sostenible. 

En cuanto al estatuto de la oposición, este fue aprobado como resultado del AFP, un “marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho a la oposición de las organizaciones políticas y de algunos derechos de las organizaciones independientes”. Si bien entró a regir en julio de 2018, un mes antes de llegar el nuevo gobierno, el Consejo Nacional Electoral lo fortaleció y viabilizó en diciembre al reglamentar parte de su articulado, específicamente las pautas de financiamiento y el acceso a medios de comunicación. De esa manera, la resolución estableció que las agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno tendrán acceso de manera equitativa a los medios de comunicación para controvertir las alocuciones que hagan funcionarios de alto gobierno (7); que la distribución de estos espacios serán sorteadas públicamente por el CNE y corresponderán a 30 minutos mensuales en las franjas de mayor sintonía en medios con cobertura nacional; que en caso de información tergiversada los partidos en oposición contarán con el derecho de réplica en los mismos medios de comunicación, horario, espacio y lugar en donde se haya publicado el dato original; que el CNE creará una comisión de monitoreo para comprobar que se están cumpliendo estos derechos; que estas agrupaciones tendrán derecho al acceso a la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la solicitud que hagan; que los recursos para la financiación se distribuirán entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición conforme a la normatividad vigentes; que estas agrupaciones deberán desagregar estos dineros del total de ingresos y gastos en sus informes anuales, entre otras cosas.

Otra de las tareas establecidas en el AFP cumplidas por Duque es la creación de un sistema de alertas tempranas sobre riesgos de seguridad en contra de líderes, organizaciones y defensores de derechos humanos y las que mejoran el monitoreo de las nuevas expresiones de violencia y ayudan a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, las amenazas y las intimidaciones a sectores sociales que promueven la reivindicación de derechos y la implementación del Acuerdo.

Esto se consiguió a través del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz, firmado por la Defensoría del Pueblo con la Organización de las Naciones Unidas. Si bien fue una iniciativa gestada durante la administración Santos, como dice Nimd (8), el haber sido oficializada durante la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en la que intervino Duque, y el haber recibido su apoyo y ratificación, le da cierto hálito de política de Estado que podría invitar al optimismo. 

Otro caso es la continuidad que se le ha dado al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep), creado en 2017 en cumplimiento de varias de las tareas establecidas en el AFP. El gobierno Duque, en un decreto que sorprende por hacer abierta referencia a la implementación del Acuerdo “nombró como delegado presidencial ante esta instancia a su Alto Consejero para el Posconflicto (ahora mudó su nombre a Consejería para la Estabilización y la Consolidación, omitiendo, explícitamente, la palabra posconflicto) a Emilio Archila, a quien se le otorga, además, la secretaría técnica del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Cngs), así como participación en la Mesa técnica de seguridad y protección del Programa de Protección Especializada (Art. 2); nombramientos que, en principio, “podrían ser vistos como un espaldarazo al Sistema y la prolongación de los esfuerzos en la materia” (9).

Por último, es necesario mencionar la firma por parte del Gobierno del Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos, en el marco de una de las Mesas por la protección de la vida convocadas por la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior es importante por cuanto el Gobierno se comprometió a iniciar de manera inmediata la elaboración de una Política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

En resumen, el Gobierno actual se ha concentrado en dos tipos de tareas: aquellas relacionadas con garantizar la seguridad de quienes participan en políticas y las que tienen el objetivo de facilitar la participación política ciudadana y el control social. Esto habla más de la capacidad del Presidente como un administrador de Estado que como un jefe de Estado, como comienza a afirmar un sector de los intelectuales que lo ha apoyado desde la campaña: “Duque no ofrece ningún proyecto, salvo administrar bien lo que hay” (10).

 

La otra cara de la moneda: Retrocesos cualitativos

 

Los anteriores avances, si bien no son desdeñables, no son, ni mucho menos, para salir a celebrar. Nimd en su informe puntualiza de qué manera el gobierno Duque, si bien superficialmente ha hecho progresos cuantitativos en la implementación el Acuerdo, se ha desviado del espíritu que anima al mismo: “se percibe un estancamiento e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior, y especialmente, con relación al ‘espíritu’ del Acuerdo”.

Es doblemente preocupante que los atentados y asesinatos de líderes sociales no hayan parado desde el inicio del actual gobierno. En primer lugar, si bien es difícil contar con cifras actualizadas, el defensor del pueblo, Carlos Negret, aseguró que en Colombia se registraron 196 asesinatos de líderes sociales entre marzo del 2018 y mayo del 2019, siendo junio y julio del año pasado los meses más críticos. El funcionario reveló que durante este periodo de tiempo se registraron 1.608 conductas vulneradoras “de las cuales fueron 1.351 amenazas, 44 atentados, 196 homicidios y 17 de otra clase de amenazas”, siendo Magdalena, Cauca, Atlántico y Bogotá, las regiones con mayor número de amenazas. En cuanto a atentados, el Defensor aseguró que “el que se lleva el deshonroso primer lugar es Norte de Santander”, y reveló que hasta el momento se han registrado “134 líderes asesinados de excombatientes” que pertenecieron a las Farc (11).

Sin embargo, más allá de los números que hablan por sí solos; y bien podría argumentarse que se trata de un problema estructural el cual toma tiempo torcer la tendencia, es aún más preocupante, como señala Nimd que las políticas implantadas por el gobierno Duque están “priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el Acuerdo, que no parecen estar teniendo en cuenta los intereses y reclamos de los actores que precisamente están buscando beneficiar y que, en ocasiones, parecieran estar pensadas para un país que está entrando en un conflicto armado” (12)  y no precisamente, en uno que está intentando salir de él.

El ejemplo irrefutable es el PAO, calificado por distintas organizaciones y plataformas de derechos humanos como “totalmente militarista”, encaminado a que prevalezca “la intervención militar y policial por encima del accionar integral del Estado para la superación de la violencia en las regiones”(13). El PAO apela a viejas estrategias de épocas de guerra como mayor inteligencia, mayor presencia de la Fuerza Pública, mayor coordinación entre Fuerzas Militares y de Policía y le da demasiada preponderancia al sector defensa, mientras que en los municipios donde se están asesinando a los líderes sociales hace falta una intervención integral del Estado. En otras palabras, el PAO recuerda las épocas de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe 2002-2010.

En el mismo orden de ideas, hay que resaltar que uno de los fines del PAO es construir una nueva política pública integral para la garantía de la defensa de los derechos humanos, con ello se soslaya la arquitectura institucional diseñada con el Sisep (Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política) y la Cngs (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como tarea diseñar y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo aquellas que afectan a líderes y defensores de derechos humanos y movimientos sociales). Estas, aunque el Gobierno Duque se comprometió públicamente a darles continuidad y a fortalecerlas, en la práctica, ha hecho todo lo contrario. La Cngs, por ejemplo, entre agosto y diciembre de 2018 fue convocada una sola vez, a pesar de que la norma obliga al Ejecutivo a hacerlo mensualmente. Por el contrario, en este periodo el Gobierno no solo creó la Comisión intersectorial para el PAO sino que le otorgó varias de las funciones propias de la Cngs con el agravante de que la primera no tiene representación de la sociedad civil. Es decir, la principal estrategia gubernamental para proteger a los líderes y organizaciones sociales y políticas se está diseñando sin tenerlos en cuenta directamente (14).

Otros ejemplos son la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, diseñada entre 2017 y 2018 a través de un proceso participativo subregional con la participación de la Cngs; esta política sigue sin ser aprobada por el gobierno Duque; lo mismo ocurre con los Planes piloto de seguridad a líderes, una serie de estrategias identificadas y priorizadas con líderes y organizaciones sociales en el Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba, departamentos que muestran el mayor índice de violencia contra líderes sociales (15).

De nuevo aparece la tendencia del actual gobierno del doble discurso: afirmar públicamente una cosa y actuar de manera contraria, como dice Nimd “como una marcada intención por desmontar el enfoque concertado y civil presente en las políticas sobre el tema de los últimos ocho años, para reemplazarlo por uno que privilegia lo policial y lo militar”.

El sistema de justicia transicional del Acuerdo, cristalizado con la JEP, ha sido víctima de continuos ataques por parte del Gobierno: primero con una serie de objeciones que se intentaron hacer previo a la sanción presidencial –y que fueron derrotadas por el Congreso y la Corte Constitucional–, luego con una de las formas más eficientes de asfixiar un proyecto político y social: cortándole los recursos necesarios para operar, maniobra conocida de manera informal como “el hachazo presupuestal” a la JEP (16). A comienzos de julio el Gobierno anunció que el presupuesto asignado a la JEP y a las demás entidades encargadas de desarrollar los programas del AFP, tendrá para el 2020 un recorte del treinta por ciento con relación al del 2019 y por último, con el referendo para acabar con la JEP que tratan de gestar desde los toldos del Centro Democrático, con la recolección de firmas entre los ciudadanos. De nuevo el doble discurso…

 

Estrategias de la sociedad civil para la construcción de la paz

 

Ante semejante panorama –y con el agravante de que apenas se cumple el primer año del cuatrienio Duque– se torna evidente e imperativo que le corresponde a la sociedad civil –apoyada por la siempre presente comunidad internacional– asumir la defensa del AFP para promover múltiples estrategias para la construcción de la paz. Y así ya está sucediendo. La paz no es huérfana: un conjunto de sectores políticos y sociales lidera actualmente la plataforma Defendamos la Paz, expresión de una verdadera movilización en respaldo a los acuerdos firmados en noviembre de 2016. Las transformaciones estructurales que plantea el AFP le imprimen a la movilización que lo respalda un sello político que se suma a los cambios culturales buscados por la misma movilización. Este doble proyecto, político y cultural, enmarca los retos de la sociedad colombiana: una sociedad en la que se pueda convivir y resolver los desacuerdos sin la mediación de la violencia, a pesar de las diferencias existentes a su interior (17).

“La construcción de paz –afirma, por su parte, Galindo Español, investigador del Cinep/PPP– no es solamente una tarea del Estado, sino para que sea exitosa es necesaria la participación activa de la sociedad civil en acciones enfocadas a promover una cultura de paz en Colombia. En este sentido, en el interior del país, la movilización social por la paz acompañó el proceso creando un ambiente favorable para la implementación, a través de una serie de expresiones sociales denominadas Acciones Colectivas por la Paz (ACP) (18).

La paz, como proyecto público, sostiene Velásquez (2019) –también del Cinep/PPP– “tiene como núcleo la construcción de una sociedad en la que intereses diferentes puedan convivir sobre la base de reglas de juego acogidas por todos y todas, sin que sea necesario recurrir a la violencia y a la eliminación del adversario como camino para la solución de los desacuerdos. Pero también es un proyecto cultural, que debe inspirarse en nuevas concepciones del mundo y de la vida, en imaginarios y prácticas que promuevan una convivencia democrática, incluyente, sin violencias ni autoritarismos. Como proyecto político y cultural, la paz es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto” (19).

Es allí donde cobra sentido la movilización de la sociedad por la paz. Dicho de manera resumida, se recoge aquí lo dicho por Velásquez: “Las diferentes estrategias de acción colectiva […] muestran no solo la dinámica de grupos sociales de distinta procedencia, sino la diversidad de formas, territorios, escenarios y modalidades de actuación desplegadas a lo largo de la negociación. Es esa masa crítica de víctimas del conflicto, de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, de intelectuales y demócratas, en el campo y en las ciudades, la que tendrá la gran responsabilidad de defender la paz ante las minorías que reditúan económica y/o políticamente de la guerra y que quieren mantener los privilegios que les otorga el manejo de los hilos del poder. La paz es un proyecto político de largo aliento y deberá contar con una fuerte base social de apoyo y sostenibilidad que haga contrapeso a esas élites excluyentes” (20).

 

A modo de conclusión

 

Al AFP no se le puede dejar solo y confiar en que el Gobierno ponga en operación las múltiples estrategias, iniciativas y tareas que están establecidas allí. Se ha visto, como está demostrado en estas líneas, de que manera el Gobierno desdice con sus acciones lo que afirma públicamente dentro y fuera del país. Para ello, corresponde a la sociedad civil hacer el contrapeso necesario para que el Acuerdo perviva y se convierta, pese a todos los obstáculos y dificultades que atraviesa, en los cimientos de la construcción de lo que hemos llamado, en otro escrito (21), la fundación de una Segunda República en Colombia.

 

1. El presidente, en su alocución al Congreso, dijo: “Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar por ella, pero tiene que ser una paz que brinde Legalidad a todo el territorio. Por eso, reiteramos nuestra convicción en la reincorporación de los excombatientes, y nuestra voluntad para apoyar y respaldar a quienes genuinamente renuncien a la violencia y opten por el camino de la Legalidad.” En https://www.elheraldo.co/colombia/lea-aqui-el-discurso-completo-del-presidente-duque-en-instalacion-de-las-sesiones.

2.  Netherlands Institue for Multiparty Democracy (Nimd), (2019)  Profundizar la democracia para consolidar la paz, avances en la implementación del punto dos del Acuerdo Final de Paz, relativo a  la participación política,  Bogotá.

3. Nimd, pp. 21-22.

4. Nimd, p. 23.

5. Nimd, p. 25.

6. Nimd, p. 25.

7. El anterior presidente del Congreso, en el día que entregaba su cargo, el 20 de julio pasado, le hizo una jiugada a la oposición para sabotear su derecho a contradecir al Presidente en su alocución

8.  Nimd, p. 28.

9. Nimd, p. 29.

10.  Duncan, G., “Jugadita”, en El Tiempo, Bogotá, 25 julio, 2019.

11. RCN, recuperado el 22 de julio 2019: https://www.rcnradio.com/colombia/en-un-ano-196-lideres-fueron-asesinados-en-colombia-defensoria-del-pueblo

12.  Nimd, p. 33.

13. El Espectador, 2019, citado por Nimd, p. 33. 

14. Nimd, p. 34.

15.  Nimd, p. 35.

16.  Restrepo, J.C., (2019) “El hachazo presupuestal en la JEP,” en Razón pública, en https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/12126-el-hachazo-presupuestal-a-la-jep.html

17.  Cinep/PPP en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf

18.  Galindo, A.M. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

19. Velásquez, F.E. (2019) en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190719_datapaz_4.pdf 

20.  Ibid., p. 3.

21.  Potdevin, P., “Nuevas culturas para la fundación de una Segunda República” en Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº 190, julio 2019, pp. 7-9.

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Lunes, 12 Agosto 2019 10:08

Los talibanes de San Francisco

Hernando Carrizosa, sin título (Cortesía del autor)

¿La nueva definición de la “resistencia” al racismo estadounidense incluye el derecho a destruir las pinturas murales de un artista comunista financiado por el New Deal (1)? La pregunta puede resultar todavía más absurda si consideramos que las trece obras de Victor Arnautoff, Life of Washington, condenadas por algunos “resistentes” californianos, tienen un contenido antirracista explícito, revolucionario para la época. Sobre una superficie total de 150 metros cuadrados, arremeten contra la hipocresía de las virtuosas proclamaciones de los Padres Fundadores de la Constitución de Estados Unidos, entre los cuales se encuentra George Washington.

A pesar de ello, el pasado 25 de junio, la comisión escolar de San Francisco votó por unanimidad la eliminación de las trece pinturas de Arnautoff que adornan los muros del colegio George Washington desde su inauguración en 1936. Lejos de rendir homenaje al primer Presidente de Estados Unidos, como lo hubiera querido el nombre del establecimiento al que estas obras estaban destinadas, Arnautoff había tenido la insolencia de representar a Washington como propietario de esclavos e instigador de las primeras guerras de exterminio de los pueblos indígenas. Sin embargo, no fue Donald Trump quien, por medio de una serie de tweets racistas e iracundos, reclamó la destrucción del fresco desmitificador de la novela estadounidense concebido por un muralista comunista que terminó sus días en la Unión Soviética; sus más activos adversarios se encargaron de jugar a los inquisidores en su lugar. 

Un “grupo de reflexión y de acción” de trece miembros explicó la decisión de la comisión escolar de San Francisco. Sellaron la suerte de las pinturas de Arnautoff aduciendo con total seguridad que “glorifican la esclavitud, el genocidio, la colonización, el destino manifiesto –la idea de que la misión divina de los colonos protestantes consiste en “civilizar” al continente americano–, la supremacía blanca, la opresión, etc.”. 

Semejante interpretación resulta insostenible: la tradición “realista-socialista” en la que se inspiraba Arnautoff no deja, en efecto, ningún lugar a equívocos de buena fe. Entonces, hubo que buscar otro motivo para justificar la decisión, que fuera más creíble, aunque resulta igual de inquietante. Parecería que Life of Washington, que incluye la representación de un cadáver indígena pisoteado por los colonos, “traumatiza a los estudiantes y miembros de la comunidad”. Pero, entonces, hay que elegir: ¿tenemos que recordar la esclavitud y el genocidio u olvidarlos? Porque, ¿cómo podemos asegurarnos de que un artista que evoca la historia de un país nunca incomode a los “miembros de la comunidad”, quienes tienen de todos modos miles de otras ocasiones para ser cotidianamente confrontados a escenas de brutalidad, reales o figuradas? Guernica de Pablo Picasso o Tres de Mayo de Francisco de Goya, ¿no son igual de violentos y traumatizantes?

Por el momento, la controversia de San Francisco moviliza, principalmente, a la fracción de la izquierda estadounidense más dispuesta a la competencia que a las cuestiones identitarias (véase el artículo de Rick Fantasia de la página 11). Pero, considerando que esta misma vanguardia de la virtud ya exportó con cierto éxito algunas de sus obsesiones más estrafalarias, mejor estar prevenidos…

 

1. Véase Evelyne Pieiller,  “Quand le New Deal salariait les artistes ”, en “ Artistes, domestiqués ou révoltés ? ”, Manière de voir, N° 148, agosto-septiembre de 2016.

*Director de Le Monde diplomatique.

Traducción: María Julia Zaparart

 

 


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Lunes, 12 Agosto 2019 05:57

Los señores de la guerra

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, y Biniamin Netaniahu (derecha), primer ministro israelí, durante la visita del primero a Israel en agosto de 2018 / Foto: Afp, Pool, Sebastian Scheiner

En la búsqueda de un enemigo común con el que unificar a sus seguidores, la Casa Blanca acompaña su promoción de la xenofobia dentro de Estados Unidos con una política exterior cada vez más agresiva. A cargo de esta última tendencia está un grupo de creyentes en el “destino manifiesto” que, tras instigar la guerra de Irak en 2003, hoy impulsan las sanciones contra Venezuela y sueñan con una invasión a Irán.

 

El martes 6, durante la llamada Conferencia por la Democracia en Venezuela, realizada en Lima, John Bolton, asesor en seguridad nacional y uno de los hombres más escuchados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió una de sus frases más habituales de los últimos tiempos: “El tiempo del diálogo ya pasó, ha llegado el momento de pasar a la acción”. La utilizó para anunciar un bloqueo a los bienes del gobierno venezolano y la amenaza de sanciones a cualquier empresa internacional que comercie con Caracas. Meses atrás la había empleado para barajar abiertamente la posibilidad de una intervención militar contra Venezuela, y antes y después para alentar una guerra contra Irán. Bolton es, junto al vice Mike Pence, el canciller Mike Pompeo, el secretario de Defensa Patrick Shanahan, y, fuera del gabinete de gobierno, figuras como los senadores Marco Rubio y Tom Cotton y el ex alcalde de Nueva York y abogado presidencial Rudy Giuliani, parte de los superhalcones que marcan la política exterior washingtoniana.

Con una tradición de duro entre los duros en todo puesto que haya ocupado (en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en la Usaid, como embajador ante la Onu), el septuagenario hombre de los bigotes tan raros para la usanza local es uno de esos conservadores de pura cepa que cree en el “destino manifiesto” de Estados Unidos. Es también un convencido de que la “primera potencia mundialno puede esperar a que un conflicto estalle para involucrarse en él y correr el riesgo de hacerlo de manera tardía, sino que debe estar en el origen de conflictos preventivos que le permitan reafirmar permanentemente su poder”, según dijo años atrás en una de sus (muy bien pagas) columnas en el muy derechista canal Fox News, propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, íntimo amigo de Donald Trump. Cuando ejerció como subsecretario de Estado, entre 2001 y 2005, bajo el gobierno de George W Bush, Bolton fue quien armó el retiro de Estados Unidos de la Corte Penal Internacional, con el argumento de que los soldados y gobernantes de “la primera potencia mundial” no pueden ser sometidos a control externo alguno por sus actuaciones en defensa del “mundo libre”. En el mismo período, estuvo entre los principales promotores de la invasión a Irak de 2003, y a él se le atribuye la política de fake news que la justificó, como el invento de la posesión de armas de destrucción masiva por el régimen de Sadam Hussein. Cuando, entre 2005 y 2006, fue embajador del gobierno de Bush ante la Onu (una paradoja tratándose de una “institución despreciable”, como la calificó, y de un defensor ardiente del unilateralismo estadounidense) promovió la aplicación de sanciones internacionales cada vez más duras contra Irán, Corea del Norte y Venezuela. Ya manejaba entonces Bolton la posibilidad de una intervención militar contra Teherán, una alternativa que con los años fue alentando con menos tapujos. En 2015 le propuso a Barack Obama que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes. Obama no lo escuchó y poco después su administración fue parte del acuerdo internacional a seis sobre el programa atómico de la república islámica, que Trump denunciaría en mayo de 2018, ya con Bolton incorporado al gobierno. Como otros halcones republicanos, Bolton está obsesionado con provocar un “cambio de régimen” en Irán antes del cierre de 2019, año del 40 aniversario de la caída del sha y de la “imperdonable afrenta” que significó para Estados Unidos la toma de su embajada en Teherán. Cuando en febrero pasado las autoridades de Irán conmemoraban la revolución de 1979, Bolton subió un video a la cuenta de Twitter de la Casa Blanca en el que amenazaba al gobierno de ese país: “No creo que lleguen a festejar otro aniversario”, les advertía.

SIMILITUDES. En mayo pasado, el New York Times reveló, basándose en fuentes del Pentágono, que durante una reunión de los principales asesores de seguridad de Trump, tanto Bolton como el entonces subsecretario de Defensa, Shanahan, defendieron el envío a Oriente Medio de “120 mil militares”, una cifra que se acerca mucho a la del contingente que invadió Irak 15 años atrás. Hay muchas similitudes entre aquella intervención y este proyecto de intervención, escribió en 2018 Peter Beinart, profesor de periodismo en la City University de Nueva York. “En los dos casos –apuntó en The Atlantic–, los dirigentes estadounidenses temían que un ex aliado en Oriente Medio se liberara de las cadenas que lo atenazaban. En los dos casos, esos dirigentes defendían una política más agresiva, apoyada en declaraciones que intentaban meter miedo sobre los programas nucleares del régimen en cuestión. En los dos casos, los inspectores internacionales contradecían esas declaraciones alarmistas. En los dos casos, los aliados europeos de Estados Unidos defendían a los inspectores y advertían sobre el caos que una política agresiva podría generar. En los dos casos, los halcones de Israel respondían desacreditando a las inspecciones. En los dos casos, los dirigentes actuantes eran Biniamin Netaniahu y John Bolton” (8-V-18). Año y pico después, el cuadro y los actores principales se repiten como un calco.

La perspectiva de un ataque a Irán, promovida también por el secretario de Estado, Mike Pompeo (“hay que lanzar 2 mil bombas” sobre Teherán, dijo tiempo atrás), fue justificada en las semanas pasadas por los incidentes entre fuerzas navales iraníes y petroleros estadounidenses y “aliados” en el estrecho de Ormuz y por el derribo de un dron estadounidense en el cielo iraní (“¿Qué tenía que hacer un dron estadounidense allá lejos? ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos si un dron iraní sobrevolara nuestro cielo?”, se preguntó el senador demócrata –y socialista– Bernie Sanders), así como por “el desarrollo vertiginoso” (palabras de Bolton) del programa nuclear iraní. “El gobierno de Trump miente como ningún otro (…). El propio Bolton ha sido acusado en el pasado de falsificar informaciones de inteligencia para justificar acciones contra Irak y Cuba. La manera en que utiliza ahora la amenaza iraní recuerda (…) los episodios previos a la guerra de Irak”, escribió a su vez Max Boot, un neoconservador que en su momento defendió la intervención en Bagdad y es hoy uno de los editorialistas de derecha más críticos de la política agresiva de Estados Unidos (The Washington Post, 7-V-19).

A LA FUERZA. Bolton es también partidario de “liquidar” al gobierno norcoreano, un objetivo que el extraño idilio que mantiene Trump con Kim Jong-un ha por el momento postergado. Y tiene por supuesto a Cuba y a Venezuela entre ceja y ceja. Ha sido uno de los apoyos más constantes del opositor venezolano Juan Guaidó y uno de los primeros en lanzar la idea de una intervención militar “contra la dictadura de Maduro”. Venezuela “tiene el petróleo que necesitamos”, habría afirmado durante una reunión en la Casa Blanca. Andrew McCabe, ex número dos del Fbi despedido por Trump, cuenta en su reciente libro The Threat, publicado en febrero de este año, que el presidente formuló declaraciones similares en 2017. Venezuela –dijo Trump según McCabe– “es el país con el quedeberíamos estar en guerra. Tiene todo ese petróleo y están en nuestra puerta trasera”.

En la reunión de Lima de esta semana, Bolton estuvo acompañado, entre otros, por Elliott Abrams, el enviado de Trump para Venezuela. Diplomático de carrera desde hace cuatro décadas, Abrams participó en “muchos de los actos más horrorosos de Estados Unidos” en ese período, señaló la publicación digital The Intercept (1-II-19). Encubrió, por ejemplo, la masacre de El Mozote, en El Salvador, en 1981, en la que fuerzas militares entrenadas y financiadas por Estados Unidos asesinaron a unos 1.200 indígenas acusados de colaborar con la guerrilla, entre ellos unas 500 mujeres y niños. Fue también un protector del general y masacrador guatemalteco ya fallecido Efraín Ríos Montt, y un promotor, desde los primeros años ochenta, época del sandinismo “originario”, de una invasión a Nicaragua. En 2002 estuvo entre los autores intelectuales del golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y es un mentiroso consuetudinario. En 1991, no tuvo problema alguno en admitir ante el Congreso que había ocultado información al declarar sobre el caso Irán-contras.

***

Poco después de haberlo designado asesor en seguridad, Donald Trump dijo de John Bolton, casi bromeando: “Algún día me llevará a hacer una guerra”. Por ese camino va el gobierno, afirma Max Boot, para quien es muy probable que Bolton y acólitos acentúen las provocaciones a sus enemigos (llámense Irán, Venezuela, Cuba) para desatar un conflicto. Lo único que entienden como estrategia diplomática es “la relación de fuerzas”,dice.Ni siquiera piensan en el día después, en lo que vendrá tras las guerras, más allá de los beneficios inmediatos que Estados Unidos, sus empresas y sus aliados más carnales (Israel o Arabia Saudita, para el caso de Oriente Medio) puedan obtener. ¿Qué pasaría a mediano plazo en Irán si la república islámica cayera?, se pregunta por ejemplo la investigadora Suzanne Maloney. Los precedentes de Irak y Libia, donde el caos que siguió al derrocamiento sangriento de los gobiernos respectivos se volvió incluso contra los propios occidentales, no son muy alentadores, concluye esta especialista en Irán en la Brookings Institution (Mediapart, 11-V-18).

Ilhan Omar, una de las cuatro legisladoras demócratas “rebeldes” a las que Trump invitó hace algunas semanas a “volver a su país” (ella nació en Somalia), dijo tiempo atrás que está en el Adn imperial de buena parte de los dirigentes estadounidenses intentar derrocar a gobiernos que no les son afines. Al interrogar en el Congreso a Elliot Abrams sobre la política hacia Venezuela, en febrero, Omar le preguntó: “¿Apoyaría a una facción armada en Venezuela que cometa crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio si cree que beneficia los intereses de Estados Unidos, como hizo con Guatemala, El Salvador o Nicaragua?”. “No voy a responder a esa pregunta”, contestó el funcionario.

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¿Cuáles son los países con más crímenes? ¿Y las ciudades?

Los homicidios generan más defunciones en el mundo que los conflictos armados. Más de cinco veces, según un reciente informe de Naciones Unidas con datos de 2017. El Salvador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica lideran estas escabrosas listas. En cuanto a las ciudades, Caracas es la que más muertes violentas registra, en un top-ten en el que hay cuatro sudafricanas y tres brasileñas. Aunque otros indicadores sitúan a San Salvador y a la hondureña San Pedro Sula por delante.

 

La Agencia de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen (UNODC) reveló a mediados de julio su informe anual sobre índices de homicidios en el mundo. Con resultados inequívocos. Más de 464.000 personas murieron en el planeta, en 2017, por causas violentas, superando en más de cinco veces los fallecimientos ocasionados por los distintos conflictos armados que se hallaban en activo, que cifra en torno a las 89.000 defunciones.

Su Estudio Global sobre Homicidios 2019 incluye la violencia de género además de las distintas figuras delictivas relacionadas con muertes trágicas, en las que han intervenido la acción humana para acabar con la vida de las víctimas. En su objetivo esencial, los expertos de esta oficina oficial de la ONU insisten en que su radiografía de situación pretende “ofrecer datos crudos de la realidad con objeto de que las autoridades de los distintos países tomen medidas efectivas para reducir sus registros de violencia armada y se comprometan a luchar contra el crimen organizado”, explica su director ejecutivo Yuri Fedotov, quien recordó que todas las naciones que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta institución multilateral han adquirido el reto de reducir cualquier forma de violencia en sus sociedades para 2030.

El escenario que dibuja la UNODC, según sus siglas en inglés, es más que preocupante. Sus datos demuestran que es una lacra que avanza sin remedio. En el último cuarto de siglo se ha pasado de 395.542 homicidios violentos en 1992 hasta los 464.000 de 2017. Aunque la ratio de víctimas se haya reducido por efecto de la explosión demográfica global desde los 7,2 fallecimiento por cada 100.000 personas a los 6,1. Las organizaciones criminales fueron responsables del 19% de los homicidios. Pero su repercusión desestabilizadora del entramado institucional de los países, unido a sus perjuicios directos sobre la prosperidad económica y su obsesiva meta de erosionar los estados de derecho donde operan, requieren de medidas urgentes, alerta el informe. Sobre todo, en según qué regiones del planeta. Porque la tasa de criminalidad salta al 17,2 en América Latina y al 13 en África, mientras que en Europa, Oceanía y Asia se diluye hasta los 3, 2,8 y 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Más en concreto, focaliza en América Central y Sudamérica los territorios con riesgos sistémicos por muertes violentas, entre los que también contabilizan los suicidios o los actos en legítima defensa. El Salvador, el país que la UNODC sitúa a la cabeza de su lista negra, alcanzó las 62,1 muertes por cada 100.000 habitantes y Venezuela, las 56,8. En estas zonas, la violencia mortal se ha colectivizado, hasta el punto que ciertas comunidades civiles sobreviven en una atmósfera de conflicto armado con innumerables factores de riesgo. De forma mayoritaria, las víctimas son hombres, pero las mujeres son, muy a menudo, pierden su vida por acciones intimidatorias de grupos delictivos. El 81% de ellas, fueron de género masculino -incluidos menores-, que también copan, con más del 90% de los casos, las imputaciones de sospechosos. Aunque el criterio del género varía en función de la edad. Hasta los nueve años, las tasas de mortalidad permanecen en niveles similares, pero a partir de esta cota, las víctimas masculinas superan claramente el 50%. Aunque los adolescentes, entre 15 y 29 años, son los núcleos de mayor riesgo de homicidio.

Los datos de esta agencia de la ONU se corroboran, aunque con matices, con información oficial recabada por otras fuentes, públicas y privadas. Numbeo, considerada la mayor base da datos oficiales de países y ciudades, elabora un ránking con un Índice de Criminalidad que evalúa los niveles de siniestralidad mortal, de 0 a 100, y otro de Seguridad, que supone el diferencial entre el primer registro y el cómputo total. Su análisis establece cinco baremos: de 0 a 20, calificados de muy bajos; entre 20 y 40 (bajos); entre 40 y 60 (moderados); 60-80: altos y más de 80, índices excesivamente elevados. En su clasificación por países señala a Venezuela (84,86) como nación menos segura, la que mayor número de homicidios genera; seguida de Papúa Nueva Guinea, con 80,26. Son las dos únicas naciones que exceden el límite del 80. Sudáfrica (77,02), Honduras (75,84), Afganistán (73,26) y Trinidad y Tobago (73,15). Un grupo de 16 países completan la frontera entre los índices moderados de criminalidad: Brasil, El Salvador, Namibia, Siria, Jamaica, Bangladesh, Puerto Rico, Nigeria, Perú, Kazajistán, Argentina, Kenia, Libia, Malasia, República Dominicana e Islas Fiyi. Por el contrario, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Taiwán y Hong-Kong son los cinco estados más seguros para esta clasificación. España ocupa el lugar 91 de 123 naciones; es decir, el trigésimo segundo país más seguro.

La recopilación de Numbeo también engloba a las grandes ciudades, núcleos donde el crimen se reproduce con mayor intensidad. Siete urbes superan la cota 80. Caracas, Pietermaritzburgo, capital de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal; Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea; San Pedro Sula (Honduras) y Pretoria Durban y Johannesburgo (Sudáfrica). Justo por debajo de este límite, aparecen cinco ciudades brasileñas: Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife. Intercaladas entre otras urbes de mercados emergentes o en desarrollo figuran las primeras de potencias industrializadas; entre las cotas 60 y 80. Mayoritariamente de EEUU: Detroit y Baltimore -por encima de México DF-, Alburquerque, San Luis, Milwaukee, que sigue a Damasco, en pleno conflicto armado, Oakland, Nueva Orleans, Chicago, Atlanta, Houston y la ciudad-condado de Alaska, Anchorage, a la que precede Bogotá, en el puesto 55. Filadelfia es la primera del siguiente grupo, con 59,56. La canadiense Surrey, Catania (Italia) y Townsville (Australia) también están en el elenco de urbes de economías con rentas altas, pero con niveles de homicidios peligrosamente altos. Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Quebec (Canadá), Taipei (Taiwán) y Múnich (Alemania) forman el top-five de baja siniestralidad criminal. Málaga, en el puesto 293 de un total de 328, donde se ubica la capital de uno de los siete emiratos de EAU.

Pero, quizás, el más completo de estos compendios de homicidios en el mundo sea el de Global Residence, consultora dedicada al negocio inmobiliario que ofrece a sus clientes información de siniestralidad y altercados delictivos en las ciudades en las que desarrolla su actividad. Recopila los datos de Numbeo y otros barómetros de criminalidad, como el Global Peace, del think-tank australiano que lleva este nombre, los riesgos políticos o de seguridad -entre otros- para dibujar su mapa de peligrosidad por países. Y, entre sus 181 enclaves analizados, señala a San Salvador, como la mayor amenaza para vivir. A la que siguen otras tres latinoamericanas: la hondureña San Pedro Sula, Caracas y Tegucigalpa, capital de Honduras. El resto del top-ten lo configuran Damasco, Ciudad de Guatemala, Port of Spain (Trinidad y Tobago), Ciudad del Cabo (Sudáfrica); la brasileña Belo Horizonte y Johannesburgo. El triángulo centroamericano de San Salvador, San Pedro Sula y Tegucigalpa, con tasas de homicidios que superan el 80, impulsadas por la elevada actividad criminal de las maras, el fenómeno de grupos delictivos juveniles que ha expandido el terror por los países del istmo de América Central y que, en no pocos territorios, ha usurpado la autoridad de sus estados. Sus destinos más seguros son Vaduz (Liechtenstein); Andorra la Vella; Douglas (Isla de Man), Mónaco, Saint Helier (Jersey), Gibraltar, Singapur, Zúrich (Suiza), Reikiavik (Islandia) y Tokio.

12/08/2019 08:26 Actualizado: 12/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ

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 Manifestantes encaran a la policía, en Hong Kong. MANAN VATSYAYANA AFP

Las imágenes del fin de semana muestran la mano dura de las fuerzas de seguridad con tácticas encubiertas para practicar detenciones y el uso brutal de pelotas de goma

 

Mucho ha cambiado desde el día en el que la policía de Hong Kong contemplaba impasible cómo un grupo de manifestantes asaltaba el parlamento autónomo, gesto revolucionario por excelencia. Alentadas por Pekín y su apoyo incondicional, las fuerzas de seguridad optaron ayer por aplicar mano dura contra las protestas antigubernamentales. La jornada de mayor violencia tras diez semanas consecutivas de movilizaciones se saldó con 45 personas heridas, dos de ellas de gravedad, y varios detenidos, cuyo número exacto no ha trascendido.

El domingo comenzó con una concentración en el parque Victoria, una de las pocas protestas permitidas por las autoridades. Desde allí los manifestantes se diseminaron por varios distritos de la ciudad, siempre en movimiento, como acostumbran a hacer en las últimas semanas, lo que desembocó en enfrentamientos en los que la policía se empleó con agresividad.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los antidisturbios disparando pelotas de goma a menos de dos metros de distancia y apuntando a la cabeza, una práctica censurada por las directrices de armamento no letal elaboradas por la Academia de Ginebra de Derecho Humanitario, ya que “puede resultar letal”. Uno de esos proyectiles golpeó en el rostro a una chica, quien tuvo que ser llevaba de emergencia al hospital. El parte médico indica que “quedará ciega de ese ojo de manera permanente” y su pronóstico es reservado mientras se estudia si el impacto causó una fractura craneal.

La policía también disparó bombas de gases lacrimógenos en el interior de la estación de metro de Kwai Fung, pese a la presencia de ciudadanos sin protección y ajenos a las protestas. Las instrucciones del fabricante, además, advierten de manera explícita que no debe ser empleado en espacios cerrados.

Policías vestidos de negro se infiltraron entre la multitud y practicaron arrestos, sirviéndose en algunos casos de un evidente exceso de fuerza, como prueba el vídeo en el que se ve a un chico sangrando copiosamente, cuya cabeza aprietan contra al asfalto pese a no ofrecer resistencia. Estos agentes se negaron a identificarse cuando fueron cuestionados por los periodistas presentes en el lugar de los hechos. Otras grabaciones muestran a antidisturbios introduciendo armas en las mochilas de los detenidos, presumiblemente para plantear contra ellos acusaciones más graves.

Ya existían rumores acerca de la infiltración de miembros de la policía en las protestas, aprovechándose de la apertura de un movimiento popular amorfo, en particular desde que el 27 de junio un agente de paisano fuera identificado en la movilización que rodeó la comisaría de Wanchai. En un comunicado posterior en Facebook, el cuerpo policial desmintió cualquier tipo de participación, asegurando que “el oficial no estaba disfrazado ni había realizado ninguna provocación” y criticando “la propagación de rumores falsos”.

Los manifestantes, por su parte, recurrieron por primera vez desde que empezaron las protestas al lanzamiento de un par de cócteles molotov: uno en Wanchai y otro frente a la comisaría de Tsim Sha Tsui. Este segundo provocó quemaduras en las piernas de un agente.

Este nuevo recrudecimiento de la violencia está en línea con las directrices dictadas desde Pekín. En su segunda rueda de prensa en ocho días tras 22 años de silencio, la más alta institución política china para la gestión de cuestiones relacionadas con la excolonia, la Oficina para Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, invitó al gobierno de Hong Kong a redoblar la política de arrestos y enjuiciamientos. Existe la idea de que esta nueva táctica, sumada al comienzo del curso escolar, puede logra el objetivo de apagar la mecha de las protestas sociales.

La prioridad para el Partido Comunista chino es haber solucionado las movilizaciones antes del 1 de octubre, día en el que se celebrará el 70 aniversario de la fundación de la República Popular y que se pretende que sea una demostración de fuerza y unidad nacional. Eso explica el nombramiento de Alan Lau, que volvió del retiro para ser desempeñar el cargo de comisionado adjunto con la misión de “fortalecer el orden estratégico y supervisar eventos públicos”. Las fuerzas de seguridad parecen dispuestas a seguir avanzando por esta vía. Hoy, sin ir más lejos, tendrá lugar una demostración de nuevos recursos, como el empleo de cañones de agua, frente a los legisladores pertenecientes a la comisión de seguridad pública.

A pesar de la escalada en los enfrentamientos, los políticos prochinos subrayaron en sus declaraciones que el número de manifestantes está disminuyendo. “Se están convirtiendo en repetitivas, así que algunos manifestantes ya están cansados. La policía, además, está haciendo mejores planes”, apuntó Tam Yiu-chung, miembro del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, el cuerpo legislativo de la República Popular china. Por su parte, el gobierno local publicó un comunicado a medianoche, el gobierno local publicó un comunicado en el que “condenaba rotundamente” la actuación de los manifestantes, añadiendo que estaban “indignados” por sus acciones. La indignación, aunque por motivos opuestos, parece ser lo único que comparte hoy una ciudad más dividida que nunca antes.

Por Jaime Santirso

Pekín 12 AGO 2019 - 03:21 COT

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Cuando los nazis se enamoraron de las armas

Un pibe de 21 años tiene un rifle automático, un arma de guerra, y decide usarlo. Desde su temprana adolescencia se considera un soldado de la causa, un Blanco, un Ario, un norteamericano que ve su país blanco amarronarse, descender en el caos de la mezcla de razas. Y,  a los 21 años apenas, entra en un Walmart y abre fuego. El chico no sabe a cuántos va a matar, pero sabe que del hipermercado él sale muerto o a la cárcel para siempre. Lo hace igual, porque se siente un soldado de una causa, un ejemplo que puede disparar la anhelada Guerra Santa Racial. Esa misma que su gobierno hace lo imposible para evitar, porque su gobierno es cómplice de las fuerzas ocultas que dominan el mundo. Hasta con Trump, los neonazis norteamericanos siguen diciendo que son oprimidos por el Gobierno Zionista de Ocupación.

La ultraderecha norteamericana es única en el mundo por su violencia militarizada y por su doctrina anti estatal. Los skins alemanes, los fascistas italianos, los falangistas disimulados de Vox, los que ven a Jair Bolsonaro como un mesías, los polacos encantados con el autoritarismo, no ven al Estado como un enemigo. La utopía es coparlo, usarlo, cambiarlo, pero el Estado es visto como la gran herramienta y el fundamento para que el Líder pueda gobernar. Los americanos llegan al borde de un anarquismo en el que toda autoridad es opresiva para los derechos "naturales" del hombre blanco. La misma idea de ley es vista con sospecha.

Esto es una evolución reciente en un país que tuvo su movimiento nazi en los años treinta y un rico prontuario de militantes del Klan, antisemitas vociferantes, racistas abiertos y, un clásico, regulares prohibiciones a la inmigración de no blancos. EE.UU. tiene un cimiento tan racista, que hasta los irlandeses, tan colorados ellos, tuvieron que ganarse el derecho de ser considerados blancos. Y ni hablar de gentes más marrones, como los italianos o los croatas... La violencia tampoco estuvo ausente, pero era organizada y canalizada a través de grupos: si una iglesia negra ardía en el sur, no era porque un chico con un rifle la atacaba, sino porque el Klan decidía una "acción" que se hacía en grupo.

Pero en 1975 los americanos perdieron Saigón y vieron una camada de veteranos de guerra radicalizados por la guerra de Vietnam. Eran gente amargada por perder, acostumbrada a una violencia sin formato, con ganas de encontrar un culpable y más racista que cuando había embarcado. Si la segunda guerra mundial creó una solidaridad entre razas por la experiencia compartida, que ayudó a desegregar el ejército, Vietnam creó tensiones nuevas. Entre otras cosas, por la enorme bronca y activismo de los afroamericanos, reclutados al voleo, por pobres nomás.

Un producto del momento fue la revista Soldier of Fortune, que llegó a vender casi doscientos mil ejemplares y a ser el house organ de los que querían hacer carrera como mercenarios o simplemente querían armarse. Su editor, Robert Brown, un ex boina verde, hasta llegó a dirigir escuadrones en la muerte en El Salvador y a combatir con los muyahidin en Afganistán, contra los soviéticos. La revista señalaba oportunidades de trabajo en guerras sucias contra los movimientos de liberación en Africa y Asia, pero también fue un precursor en esto de vender uniformes, armas de combate y explosivos directo al consumidor. Así aparecieron los primeros milicianos blancos, organizados como comandos y presentados como una vanguardia espontánea contra el comunismo y sus cómplices internos, como los sindicalistas y los Panteras Negras.

Pero en 1984 hubo otro cambio y apareció el primer grupo que definió al gobierno norteamericano, a Washington como conjunto, como el enemigo. El grupo era La Orden, también conocido como Brüder Schweigen, que se dedicó a robar bancos para financiar la revolución hasta que el FBI mató o capturó a su dirigencia. Ese mismo año, hay que tener en cuenta, terminaba el primer período de Ronald Reagan, un super-conservador y posiblemente el presidente que más habló de achicar el estado. ¿Por qué los nazis lo veían como un enemigo? Porque no le creían, en parte porque tenía judíos en posiciones prominentes en el gabinete. Un gobierno con ministros judíos no podía hacer una revolución de derechas... En un sermón de la época -La Orden tenía pastores protestantes- se explicaba que Washington se aliaba a Jerusalén, se entregaba a la banca internacional y no movía un dedo para sostener la supremacía blanca.

De aquí surge la idea central que hoy es mayoría entre los 25.000 milicianos armados y el medio millón de simpatizantes que se estima con seriedad existen hoy en Estados Unidos: el gobierno es el enemigo y hay que resistir con las armas. Entre los creyentes hay dos utopías, la de crear una nación puramente blanca en el noroeste, que es una región de mayoría blanca, o la de tomar el poder, liquidar o expulsar a todos los negros, marrones o amarillos, y colgar de sendos faroles a los "traidores a su raza". En ambos casos, la receta es parecida y parte de una idea del racista Louis Beam, la de crear un movimiento sin líderes ni estructura, imposible de infiltrar, en el que cada militante lleve a cabo sus acciones "como un lobo solitario". El más famoso de estos lobos fue Timothy McVeigh, el ex soldado que voló el edificio federal de Oklahoma con una bomba casera en 1995. Con 165 muertos y cientos de heridos, el ataque fue el peor antes de las torres gemelas y sigue siendo el más sangriento de la derecha miliciana.

La idea revolucionaria fue expresada en una novela de William Pierce, Los Diarios de Turner, supuestamente las memorias de un veterano de la guerra racial. En la novela, el gobierno pasa la Ley Cohen para desarmar al pueblo, comienza razzias contra los blancos que resisten y crea bandas de negros para intimidar a la mayoría. Los blancos reaccionan cuando un militante abre fuego contra negros y eso dispara una guerra racias que termina cuando logran llevar una bomba atómica, entregada por militares racistas, a Washington y desintegran la ciudad. La purga es masiva y sangrienta, pero una nueva era comienza con la abolición del dólar y con el calendario arrancando de nuevo desde el Año Uno.

El momento clave de la novela, el más representativo, es ese en que los blancos al fin reaccionan cuando uno se alza en armas y comienza a matar enemigos de su raza. Ese es el disparador que buscan estos militantes, como el chico de 21 años que disparó en Walmart. No es sólo un tema de insanía mental, también hay una idea política.

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Jorge Majfud: "La fortísima decadencia de EE.UU."

El escritor y académico analiza el fenómeno de la violencia en el contexto político actual

El profesor en Jacksonville University define como gran hipocresía la reacción de Trump a las masacres. "Cuando un negro mata, se piden más policías y mayor represión, pero cuando un blanco lo hace, simplemente hay que cuidar el tema de la salud". 

“Lo que ocurre en Estados Unidos es la demostración de una fortísima decadencia", dijo el escritor y profesor uruguayo Jorge Majfud en diálogo con el programa Una Nueva Aventura de radio AM 750. Majfud se refirió así a a las masacres ocurridas el pasado fin de semana, y a las posteriores declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo entre otros comentarios que "la enfermedad mental y el odio son las que aprietan el gatillo".

El analista sostuvo que el mandatario republicano representa la cara visible de un patrón que opera en la mente de muchos estadounidenses. "Cuando un negro mata, se piden más policías y mayor represión, pero cuando un blanco lo hace, simplemente hay que cuidar el tema de la salud. Es una gran hipocresía”. En esa línea, Majfud agregó:  “cuando un musulmán mata a alguien, se condena a toda la comunidad, y cuando lo hace un latino, se levantan muros".

El escritor consideró que Estados Unidos está fundado desde la violencia. "Si ocurre una masacre, los dirigentes piden oraciones, pero cuando se trata de intervenir militarmente en otro país, van a la acción sin problemas”, sostuvo. Para el profesor de Jacksonville University, en el presidente y en muchos estadounidenses opera el concepto de “genocidio blanco, que surge en las colonias británicas”. “Cuando dejan de matar y conquistar, se preocupan por ese supuesto genocidio que en realidad nunca ha ocurrido. Lo opuesto, es decir, la opresión de las minorías, ha sido siempre lo común”, agregó.

En relación al pedido de Trump de aplicar la pena de muerte contra el asesino de El Paso, Patrick Crusius, Majfud se encargó de aclarar que esa pena “ya existe, y de hecho el asesino siempre supo que iba a ser condenado a muerte. Sin embargo, eso no lo detuvo en su masacre, y eso es un problema que pone de manifiesto un pensamiento profundamente racista”.

Majfud criticó también la hipocresía de Walmart, que luego de la tragedia ocurrida en uno de sus locales, confirmó que seguirá vendiendo armas de fuego al público. “Uno no puede comprarse una botella de whisky por la cantidad de alcohol que contiene, pero sí puede comprar fácilmente un arma y cometer una masacre. Es un verdadero despropósito”, sostuvo.

Por último, el escritor uruguayo-estadounidense se refirió a las cuatro congresistas demócratas que fueron el blanco de los recientes constantes ataques de Trump debido a sus diversos orígenes étnicos. “Cuando una sociedad sufre la soberbia de los ganadores, es muy difícil que reconozca errores. No se deben subestimar la ignorancia y la soberbia de una buena porción de la población estadounidense que considera que cualquier cambio es una forma de ser anti-americana. Cualquier voz crítica hoy es considerada antiamericana”, puntualizó. 

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Lunes, 05 Agosto 2019 07:58

Balas de odio

 La comunidad gay se manifestó ayer en Times Square, Nueva York, en repudio a la violencia con armas de fuego, luego de los tiroteos del fin de semana.Foto Afp

Otro y otro y otro. Dos tiroteos masivos en menos de 24 horas perpetrados por jóvenes blancos estadunidenses; el saldo de ambos es de por lo menos 29 muertos y decenas de heridos. Esto, después de que hace una semana, otro joven blanco asesinó a tres e hirió a 15 en Gilroy, California. Suman 253 tiroteos masivos (definido como casos en los que cuatro o más personas son heridas o mueren por balas), y 32 matanzas por armas de fuego (definido como tres o más fatalidades en un solo incidente) en los 216 días que van del año.

 

Pero el ataque en El Paso, según información preliminar, no es un tiroteo más, sino un atentado de terror contra latinos e inmigrantes. Un "manifiesto" que aparentemente dejó el atacante poco antes de salir a realizar su masacre afirma que estaba haciendo esto "en respuesta a la invasión latina".

 

El alguacil del condado de El Paso, Richard Wiles, escribió: “Este hombre anglo vino aquí para matar latinos. Estoy indignado… y toda la nación debería estar indignada. Es hora de levantarnos y hacer que nuestros representantes rindan cuentas a todos los niveles”.

 

Las autoridades están investigando el tiroteo como un acto de "terrorismo doméstico" y como un "crimen de odio". Además del manifiesto del acusado, quien emplea el vocabulario de Trump, aparentemente también encontraron expresiones de admiración al mandatario republicano, incluyendo una foto de armas posicionadas para deletrear el apellido del presidente y el uso del hashtag sobre su muro fronterizo.

 

Los ataques de "odio" se han incrementado con Trump; más de 17 por ciento el año pasado, según la FBI. Los casos de terrorismo doméstico también (la agencia informa que desde el 11/S, más estadunidenses han muerto en atentados terroristas domésticos que en internacionales). En El Paso se combinaron. No es la primera vez. El jefe de la FBI, Christopher Wray, reportó que ha realizado cerca de 100 arrestos relacionados con "terrorismo doméstico" este año –cifra superior al total de 2018– y la mayoría de éstos están vinculados a la supremacía blanca.

 

Crímenes de odio y actos de terrorismo doméstico no son nuevos, y han ocurrido con presidentes demócratas y republicanos. Pero en tiempos modernos nunca se había responsabilizado a un presidente y a su gobierno de nutrirlos como ahora.

 

Organizaciones de defensa de libertades civiles y derechos humanos, líderes de organizaciones latinas, afroestadunidenses, musulmanes y judíos han advertido repetidamente sobre las consecuencias de la retórica presidencial. Este domingo, varios candidatos presidenciales acusaron directamente a Trump (quien estaba gozando un fin de semana de golf durante las mismas 24 horas de horror en su país), por fomentar la violencia con su retórica antimigrante y racista.

 

El pasado martes, antes del incidente ocurrido en El Paso, Texas, el liderazgo de la Catedral Nacional en Washington –la catedral de presidentes y de actos político-religiosos nacionales– emitió una sorprendente e inusitada reprobación de un mandatario. “No se equivoquen, las palabras importan. Y las palabras del señor Trump son peligrosas… Cuando palabras violentas tan deshumanizantes provienen del presidente de Estados Unidos, son un llamado de clarín, y un escudo, a supremacistas blancos que consideran a personas de color como una ‘infestación’ subhumana de Estados Unidos... Palabras violentas llevan a acciones violentas”. La declaración pregunta: Después de dos años de las palabras y acciones del presidente Trump, ¿cuándo será que los estadunidenses digan basta? ¿Cuándo es que el silencio es complicidad? ¿Qué se necesitará para que todos digamos, a una voz, que ya basta? La pregunta no es tanto sobre el sentido de la decencia del presidente, sino sobre el nuestro”.

 

Tal vez sea el momento indicado para que los gobiernos, incluido el de México, emitan alertas oficiales a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar o residir en Estados Unidos, dadas las condiciones violentas y hostiles impulsadas por un régimen racista y xenófobo.

 

¿O será necesario contemplar preparativos para ofrecer refugio a estadunidenses que ya temen por sus vidas bajo este régimen?

 

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