Sábado, 13 Abril 2019 16:07

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

 

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 ▲ Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, informó que Assange pasó su primera noche en la prisión de Belmarsh.Foto Ap

Nueva York. El arresto y pedido de extradición de Julian Assange detonó, una vez más, un intenso debate sobre la libertad de la prensa en Estados Unidos y en torno al controvertido fundador de Wikileaks, lo cual definirá el futuro de una de las supuestas libertades civiles sagradas en el orden democrático de este país.

Tal vez lo más sorprendente es que algunos grandes medios –incluyendo el New York Times y el Washington Post (el cual argumentó que Assange no es un "héroe de la libertad de prensa" y que merece enfrentar la justicia estadunidense sin necesariamente impactar las libertades civiles)– periodistas y columnistas influyentes y hasta algunas organizaciones de defensa de libertades de expresión dieron el beneficio de la duda al Departamento de Justicia de que su acusación no era un ataque inmediato a la libertad de prensa. Expresaron "alivio" de que el cargo criminal formulado contra Assange se centra sólo en una "conspiración" para lograr una "intrusión" ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada. O sea, no es un cargo que criminaliza las actividades periodísticas tradicionales como algunos temían.

Pero para otros, el cargo formulado de esa manera es una envoltura justo para evitar denuncias del atropello de la libertad de expresión, pero que su objetivo obviamente es nada menos que castigar a alguien que se atrevió a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos que implicaron al gobierno estadunidense en violaciones de derechos humanos, maniobras diplomáticas intervencionistas, y hasta posibles crímenes de guerra.

El régimen de Donald Trump, quien repetidamente declara que los medios son "enemigos del pueblo", no ocultó su deseo de perseguir a Assange. En abril de 2017, cuando el actual secretario de Estado Mike Pompeo era el jefe de la CIA, afirmó: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitir más a Assange y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros… Eso se acaba ahora”, recuerda The Intercept.

Por su parte, la cúpula demócrata, en un ejemplo inusual de bipartidismo, también festejó el arresto de Assange junto con los republicanos ya que aún no le perdona al fundadsor de Wikileaks la divulgación de correos electrónicos jaqueados del Comité Demócrata Nacional durante la contienda de 2016. Hillary Clinton expresó que Assange ahora "tiene que responder por lo que ha hecho" y afirmó que los cargos no estaban relacionados con la libertad de prensa, mientras el líder de la fracción demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que espera que Assange "pronto rendirá cuentas por su intromisión en nuevas elecciones a nombre de Putin y el gobierno ruso".

Sin embargo, varios periodistas y defensores de libertades civiles denunciaron que obviamente el objetivo del arresto y extradición es castigar no sólo a los filtradores de información secreta –lo cual hizo el gobierno de Barack Obama a escala sin precedente–, sino ahora con Assange, a los periodistas que difunden y publican la información.

Daniel Ellsberg, el famoso filtrador de los Papeles del Pentágono, consideró que el arresto de Assange es "un intento claro para rescindir la libertad de la prensa". Señalo que este es el primer caso de una acusación contra un periodista y editor, y "si es exitosa, no será la última", comentó en entrevista con The Real News Network. Advirtió que si esto avanza “la libertad de la prensa no está a salvo, se acaba, y nuestra república está en sus últimos días….”.

La acusación contra Assange implica "amenazas graves a las libertades de prensa, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo", escribe el periodista Glenn Greenwald de The Intercept –uno de los reporteros que colaboró con Edward Snowden– y advirtió que con ello se "busca criminalizar varias actividades al centro del periodismo de investigación". [https://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/

Concluye que en el caso de Assange, figura controvertida en Estados Unidos ya que hay un consenso bipartidista en su contra, "más importante que los sentimientos personales sobre Assange es el enorme paso que esta acusación representa para la meta explícitamente declarada del gobierno de Trump de criminalizar el periodismo que incluye reportar sobre información clasificada. Oponerse a esa meta amenazante no requiere de admiración o afecto para Assange. Sencillamente requiere creer en la importancia crítica de una prensa libre en una democracia".

Matt Taibbi, el gran reportero político de Rolling Stone, coincide con Greenwald en ese punto, y escribió: "la acusación actual es la extension de un esfuerzo de años, antes de Trump, de construir un argumento legal contra alguien que divulgó secretos vergonzosos".

Bruce Shapiro, director del Dart Center for Journalism, escribió en The Nation que en la acusación se afirma que hubo una "conspiración para filtrar información filtrada", y subraya que eso es algo que hacen los reporteros constantemente. Afirma que esta acusación en este contexto es "una persecución políticamente motivada", que tiene serias implicaciones sobre la libertad de expresión constitucional.

"Este es un caso de libertad de prensa. Punto. Assange está siendo castigado por hacer valientemente su trabajo como un periodista, ahora sujeto de una de las cacerías de brujas más peligrosas en la historia de Estados Unidos, justo porque reveló información que el público estadunidense tenía un derecho de conocer sobre crímenes de guerra del gobierno estadunidense", declaró el veterano periodista Robert Scheer, ahora director de Truthdig.

Varios activistas y comentaristas resaltaron que Assange, Chelsea Manning, y Edward Snowden –como Ellsberg hace medio siglo– revelaron al público mundial crímenes de guerra y violaciones a derechos civiles y humanos por las autoridades, pero ellos son los acusados de ser criminales.

 

Publicado enSociedad
Martes, 09 Abril 2019 09:57

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

Publicado enColombia
Lunes, 08 Abril 2019 06:33

Inaguantable

Inaguantable

La noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de "cero tolerancia", anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes "horribles" promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: "odio que los niños sean llevados a otro lugar". Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado "débil" para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: "no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto". Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a "todos", al revisar unos 47 mil casos de "menores no acompañados" que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que "el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño".

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

"El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños": Nelson Mandela, 1997.

 

Publicado enInternacional
Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

Video relacionado

https://youtu.be/OL75InlcqKk

Publicado enEdición Nº255
Lunes, 01 Abril 2019 08:40

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

Publicado enEdición Nº255
Domingo, 31 Marzo 2019 11:34

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

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Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

Video relacionado

https://youtu.be/OL75InlcqKk

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Las niñas prostitutas de la autopista a Medellín

La directora Mabel Lozano cuenta en este texto su experiencia con un colectivo de estudiantes universitarias que lucha contra la trata en Colombia

 
Estos últimos años he estado un par de veces en Medellín (Colombia), en ambas ocasiones para hablar de trata y prostitución, y fue allí donde tuve la oportunidad de conocer al colectivo Todas con las Mujeres, que trabajan contra estas prácticas como una de las caras mas perversas de la violencia de género. Son crímenes contra las mujeres por el hecho de serlo.


Con este colectivo me unen muchas cosas, por ejemplo que utilizan el cine como herramienta de transformación social. Un porcentaje grande de sus integrantes son jóvenes estudiantes de cine de las universidades de Bogotá y Medellín, pero también de otras carreras como Derecho o Trabajo Social. Conozco y admiro el trabajo de este colectivo que en un 80% está integrado por mujeres jóvenes y estudiantes. Desde hace meses ruedan un nuevo documental sobre los llamados ángeles azules, las niñas prostitutas de la autopista de Medellín a Bogotá, llamadas así porque, a pesar de su gran belleza, tienen el color de su piel azul pálido, debido a la mala alimentación, el trasnochar y la adición a las drogas.


Me trasladan los testimonios de varias de estas niñas a las que han seguido durante meses. No quieren ni pueden salir de sus vidas ni abandonarlas a su suerte, una suerte que no está de su lado. Niñas como Patricia, de 14 años, con facciones casi perfectas, sonrisa angelical y extrema delgadez que la hacen parecer mucho menor. Patricia desertó del colegio hace ahora dos años.


"Yo entré a bachillerato con 11 años. Venía muy bien, mi mamá nos mantenía a mis dos hermanos menores y a mí de la venta de perritos calientes y pinchos, en un puesto en la calle. Mi papá se fue cuando yo tenía ocho años a trabajar al Guaviare, raspando coca, y nunca volvió. Yo acompañaba en las noches a mi mamá en la venta, al principio nos iba bien, hasta me compró un celular, pero luego se puso pesado y mi mamá recurrió a los gota a gota para que le prestaran para pagar el arriendo y comprar las salchichas y el pan. Tocaba pagarles a diario con intereses. Después de unos días no se pudo cumplir, entonces a mi mamá le pegaron y amenazaron con violar a mi hermanita, tocó entregarles el carro donde vendía la comida por la deuda… todo se juntó", cuenta. "En la escuela no dieron más desayuno ni almuerzo, no hubo más transporte escolar, yo no quise volver porque estudiar con hambre es muy hijoputa, además solo había para un pan y agua panela en la casa, y prefería que se lo dieran a mis hermanitos".


Caracoli es el sitio donde por las noches se reúnen mujeres de diferentes edades, travestis y niñas, a ejercer la prostitución. "Yo para ayudar a mi mamá comencé a ir a Caracoli (un municipio cercano). Me llevó una amiga, ella se rebuscaba buena plata con los camioneros. No había que darles besos —¡qué asco!— ni dejarse penetrar, solo mamárselo y le pagaban a una hasta 20.000 pesos (5 euros). En un rato se podía hacer unos más de doscientos. Comencé a ir algunas noches, luego todos los días, mi mamá se las olió, me siguió y me pilló, pero fue mejor porque ahora ella está pendiente de mí y anota la placa del carro donde me subo, por seguridad”.


Patricia es parte de los ángeles azules rebautizadas así por mis amigos de Todas con las Mujeres, porque antes les llamaban las zombis. Hasta el nombre estaba lleno de crueldad. Después vieron que el nombre era lo de menos y así lo han comprobado durante los nueve meses que han acompañado a seis de ellas documentando su día a día. Han entrado en sus hogares, con sus familias, en barrios como La Polonia, El Refugio y La Ratonera. Han sido testigos silenciosos de momentos trágicos, como cuando a alguna de ellas las golpeaban y arrojaban de los coches y camiones en marcha por solicitar que se les pagara primero el servicio sexual. De los intentos de suicidio de Ángela, con tan solo 15 años, de las eternas depresiones de Camilla después de pasarse tres días seguidos consumiendo basuco, el sobrante del raspado de la cocaína, altamente adictivo y degenerativo. De la tragedia de María, la chiquis, que entró en su casa y encontró a su hermano ahorcándose y no llegó a tiempo para sostenerle los pies para que no muriera. De Gina, que accedió a colaborar en el documental si se escuchaba alguna de sus composiciones de reguetón: “Cuéntame el cuento de las niñas azules que vagan en las noches para sobrevivir / Dime si es cierto que juraron estar juntas hasta perecer / Dime si es cierto que el pacto fue roto y están esparcidas pagando castigo hasta el amanecer / Dime si es cierto que solo después de esta vida tendrán ya sus alas y recuperarán su niñez / Nos dicen azules por el color de la piel, azules mis sueños, azules mis venas, mis lágrimas también”.


Los ángeles azules son un caso único, además, porque, a diferencia de las prostitutas de la zona, ellas no tienen ni madames ni proxenetas. No hay hoteles de lujo ni turistas extranjeros. Solo hay pobreza. Los servicios sexuales los ofrecen en las cabinas de los camiones y muy raras veces van a moteles de carretera. El precio por el servicio sexual es una miseria.


Más de la mitad de estas niñas empujadas a prostituirse abandonaron sus estudios porque en las escuelas antes podían alimentarse y tenían transporte gratuito para llegar al colegio, además de asistencia. Existen culpables directos: la clase dirigente y política que ha hecho mal uso de los recursos, del dinero. Miles de millones de pesos sustraídos descaradamente del programa escolar PAE, robando así a las niñas la educación, la infancia y condenándolas a vagar por las noches como zombis, vendiendo sus pequeños cuerpos.


En los últimos años han salido ya a la luz los casos más aberrantes de esta corrupción. Hoy, son muy pocos los arrestados por estos delitos, y los que lo son, no son castigados. Se les envía a sus casas porque no son considerados peligrosos para la sociedad.


El Fiscal General de la Niñez, Mario Gómez, es el encargado de llevar esta investigación, que se ha tomado muy en serio. Hace unos días hablaba por teléfono con él desde Madrid y me confesaba la impotencia que le provoca la situación privilegiada de los culpables, pero sobre todo el dolor de ver a esas niñas cada noche en la carretera, ahora además acompañadas de muchas otras menores de origen venezolano.


Es una verdad que todo el mundo sabe, pero de la que nadie habla por miedo en este territorio de paramilitares, ahora dominado por los prestamistas.
El mensaje es alto y claro, robar los dineros destinados para los niños y las niñas, además de un delito muy lucrativo, no tiene la mínima posibilidad de ser castigado.
Mabel Lozano es directora y guionista de cine social.

Por Mabel Lozano
26 MAR 2019 - 18:01 COT

 

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Marzo 2019 06:28

Si Colombia fuera Venezuela

Si Colombia fuera Venezuela

Según los últimos informes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos Colombia ocupa el primer puesto mundial en cuanto a persecución y asesinatos de líderes sociales. Solo en el año 2018 en ese país 126 personas, de un total de 321 en el mundo, casi el 50%, incrementaron este fatídico ranking. Y en los tres primeros meses de 2019 se contabilizan ya más de 30 las personas defensoras asesinadas. 

La firma en el año 2016 de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano llevaron la esperanza a la sociedad de este país por iniciar el camino hacia la paz después de casi 50 años de una guerra que había sacudido todos los rincones del mismo. Sin embargo, a raíz de dicha firma el listado de persecuciones, criminalizaciones y muertes se ha incrementado a un ritmo casi superior al de los tiempos de la guerra si nos centramos en aquellas personas que defienden los derechos humanos. Esto, además del hecho evidente de que el actual Gobierno del presidente Iván Duque ha frenado, casi hasta el sabotaje, el cumplimiento de los mencionados Acuerdos en muchos de sus puntos esenciales, como la justicia especial para la paz (JEP), que es uno de los ejes fundamentales para la reparación y recuperación de la convivencia. Y también ha cerrado la posibilidad de abrir la mesa de conversaciones con la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Ante toda esta situación el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresaba recientemente de forma diplomática su “enorme preocupación” por la impunidad con que se están cometiendo estos ataques. Y el Relator Especial para la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, también de las Naciones Unidas, Michel Forst, denunciaba el aumento de los asesinatos de estos líderes mientras disminuía el número de homicidios globales en el país. Así, el ambiente de impunidad llega hasta tal punto que este Relator expresaba también “me han horrorizado las versiones de los campesinos afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios”. Por esta razón pedía al Estado colombiano la reacción necesaria, que tomara medidas reales y efectivas, para acabar con estos escenarios de impunidad.

Respecto a los responsables de la situación, además de por algunas disidencias de las diferentes guerrillas, en gran medida, la misma estará propiciada por el paramilitarismo que nunca desapareció de Colombia y que ahora trata de ocupar aquellos espacios territoriales que la guerrilla desmovilizada de las FARC dejó libres. Ese paramilitarismo opera principalmente en negocios como el narcotráfico, el crimen organizado o la protección de intereses económicos múltiples. Y precisamente estos últimos están también muy presentes entre otros responsables (terratenientes, latifundistas, transnacionales extractivas) en este escenario y hoy pujan por ocupar y explotar esos territorios ricos en recursos naturales diversos. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y eso, en términos económicos, se traduce para las transnacionales de todo tipo en una fuente inagotable de negocios y beneficios. Ante ambos procesos el Gobierno colombiano está o apoyando abiertamente a los segundos (poderes económicos), en aras del siempre recurrente discurso del desarrollo, o en una evidente pasividad ante los primeros (paramilitares), por garantizar éstos un control territorial que el Estado no tiene capacidad para alcanzar y por su golpear constante sobre los diferentes agentes sociales que plantean la crítica política al sistema.


Todo lo hasta aquí señalado genera, además de los ataques continuos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persecución de organizaciones sociales, indígenas, negras, de mujeres, campesinas, una creciente extensión de la crisis humanitaria profunda. Así, aunque invisibilizada por la mayoría de los medios de comunicación masiva y alejada de las grandes declaraciones políticas, la realidad del creciente empobrecimiento de cada vez mayores capas de la población es una constante. De ello nos habla el hecho inocultable de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de población desplazada interna, superando los siete millones. Personas que durante la guerra se vieron obligadas a huir de sus tierras, de sus comunidades y que hoy aún no pueden regresar ya que, en gran medida, el Estado sigue sin dar cumplimiento a su compromiso para facilitar la restitución de esas tierras.


De forma más reciente, desde el pasado 10 de marzo se inicio la movilización (Minga) de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y otros sectores sociales en el suroeste del país en reclamo del cumplimiento de antiguos acuerdos alcanzados con los gobiernos colombianos. Y también, entre otros, en denuncia de los continuos procesos de criminalización de la protesta y asesinatos de los líderes sociales. La respuesta del Gobierno hasta la fecha está siendo la represión sistemática que ya ha producido nuevas muertes y episodios continuos de represión a las comunidades hasta el punto de extender la solidaridad con dicha protesta a otros puntos del país. La Minga pide que el presidente Iván Duque, tan prolífico en declaraciones y acciones en el marco continental (Venezuela), se siente a una mesa de diálogo con estos sectores históricamente arrinconados y se alcancen compromisos firmes para mejorar verdaderamente las condiciones de vida y de derechos en la propia Colombia.


El interrogante final, ante la situación brevemente aquí descrita sobre Colombia y ante la permanente falta de informaciones sobre ella en la mayoría de los medios de comunicación, es la que da título a este texto. ¿Nos podemos imaginar este silencio informativo si solo una parte de esto estuviera ocurriendo en Venezuela? Hace pocas semanas hablábamos en otro texto del doble rasero que se evidencia entre este último país y la grave situación de emergencia social y política en Haití, ahora volvemos a constatar esa doble moral política y mediática sustituyendo al país caribeño por Colombia. Es más grave si cabe, pues además de invisibilizar lo que aquí está ocurriendo es precisamente a Colombia a la que se presenta como una democracia avanzada y punta de lanza contra Venezuela. Demasiada hipocresía e injerencia externa para poder realmente construir un continente soberano y de justicia para las mayorías sociales.


Por Jesus González Pazos, miembro de Mugarik Gabe
@jgonzalezpazos

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