El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

Publicado enColombia
Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

Publicado enColombia
Un manifestante hongkonés, durante una concentración en favor de los derechos de los uigures, el 22 de diciembre de 2019. En vídeo, disturbios en Hong Kong este domingo. LUCY NICHOLSON (REUTERS) / VÍDEO: ATLAS

La antigua colonia británica convoca movilizaciones para Nochebuena y Navidad

 

Hong Kong le espera una Navidad negra, como el color que han utilizado los manifestantes en las protestas que desde hace más de siete meses mantienen al territorio sumido en la crisis social más profunda de los últimos años. La festividad no traerá un respiro, al contrario: los manifestantes ya se preparan para una semana de bloqueo.

El plan de movilización empieza este martes, Nochebuena, con concentraciones en cinco centros comerciales y en el puerto de la ciudad autónoma. Las movilizaciones se repetirán en la jornada siguiente, el día de Navidad, aunque hay margen para la improvisación tratándose de un movimiento que se ha hecho famoso por su capacidad para, sin necesidad de líderes, alterar sus planes sobre la marcha.

Esta nueva ronda de movilizaciones se suma a la del domingo, la cual acabó, como ya es habitual, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía. Más de un millar de personas se congregaron en Edinburgh Place, el corazón financiero de la que fuera colonia británica, por un motivo por primera vez ajeno a la política doméstica del territorio. En esta ocasión, los asistentes expresaron su rechazo al encarcelamiento masivo de miembros de la etnia uigur en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de la China continental, del que son víctimas más de un millón de personas.

La convocatoria se desarrolló de manera pacífica hasta que a media tarde un grupo de jóvenes arrió una bandera china de un poste cercano, momento en el que las fuerzas de seguridad cargaron contra ellos. El forcejeo por el emblema nacional dio paso a las hostilidades, que desembocaron en el lanzamiento de ladrillos, botellas de vidrio y espray pimienta. Un agente desenfundó su arma y apuntó a la multitud, aunque sin llegar a disparar. Al menos dos personas fueron detenidas.

Para este lunes hay programada una nueva convocatoria en apoyo de Spark Alliance, una organización sin ánimo de lucro que capta fondos para financiar las protestas, contra la que la policía llevó a cabo una operación el jueves de la semana pasada. Cuatro empleados fueron detenidos, acusados de blanqueo de capitales. Las fuerzas del orden se incautaron de 130.000 dólares de Hong Kong en efectivo (15.000 euros) y bloquearon alrededor de 70 millones (ocho millones de euros) en cuentas bancarias. “Aseguran que los fondos serán empleados para ayudar a gente detenida durante las protestas. Hemos descubierto, no obstante, que parte del dinero se ha dedicado a adquirir pólizas de seguros de valor desproporcionado”, declaró en rueda de prensa Can Wai-kei, superintendente de la división de investigaciones financieras. La policía “no excluye la posibilidad” de que la financiación se estuviera empleando como un “incentivo” para fomentar la participación de jóvenes. La organización, por su parte, ha negado las acusaciones asegurando que la policía "ha fabricado" los cargos.

La ciudad de Hong Kong entrará en 2020 sacudida por las mismas protestas que comenzaron en junio de este año. La población se levantó entonces contra la propuesta de la Ley de Extradición que vincularía su régimen jurídico con el del continente, una medida que amplios sectores de la sociedad hongkonesa entendieron como un significativo recorte a los derechos y libertades de los que goza la antigua colonia británica, reconocidos por el principio de "un país, dos sistemas".

Ante la pasividad del Ejecutivo local, liderado por Carrie Lam, las protestas han ido escalando hasta configurarse en forma de cinco reclamaciones básicas: la retirada de la Ley de Extradición, la única concesión arrancada hasta la fecha; la puesta en marcha de una investigación independiente sobre la actuación policial; la retirada del término “vandalismo” para referirse a las movilizaciones; la amnistía para todos los detenidos hasta la fecha (cerca de 5.000), y la implementación del sufragio universal, tal y como recoge la Ley Básica que rige el territorio.

Por JAIME SANTIRSO

Pekín 23 DIC 2019 - 08:14 COT

Publicado enInternacional
Yuri Camargo, una de las heridas oculares durante las manifestaciones en Colombia. Estaba en la primera línea y recibió un impacto del Esmad.

Al menos 8 personas han sufrido heridas en sus ojos. Estos son los relatos de varios de los que han perdido la vista. Congresistas y ONG piden desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

Yuri Camargo se graduó el 20 de noviembre pasado. Salió a marchar por las calles de Bogotá el 21, el 22 y el 26 recibió un impacto de la policía antidisturbios que le quitó la posibilidad de ver por su ojo izquierdo. “Era un día normal de marcha en la Universidad Nacional. El Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] arremete con lacrimógenos, yo estoy en la primera línea pero bajo la guardia y siento el proyectil, me disparan con una bala de goma directo al ojo. Me desmayo, me levantan. Veo destellos, veo negro, me pongo a llorar del dolor”. Yuri habla en presente, según ella, porque lo revive y porque los casos siguen ocurriendo.

Las imágenes de jóvenes llorando sangre por uno de sus ojos tras recibir impactos de la policía antidisturbios obligan a esquivar la mirada, pero están ahí y se han convertido en las últimas imágenes de las protestas en Colombia, que ya completan un mes. Los vídeos se hacen virales y recuerdan a las lesiones oculares que ocurrieron en Chile, donde Naciones Unidas señaló al Gobierno por estas violaciones graves a los principios internacionales. Allá la policía suspendió el uso de perdigones tras herir a 1.000 personas.

El último hecho ocurrió el pasado jueves en Bogotá,  cuando jóvenes que integran la Primera Línea, un grupo de defensa similar al de las protestas de Hong Kong, recibieron impactos y pasaron 40 minutos esperando para ser trasladados a un hospital. Pero los casos vienen desde las protestas del 21 de noviembre e incluso antes, por lo cual congresistas de oposición exigen el desmonte del Esmad. Según la Campaña Defender la Libertad van ocho lesionados oculares. EL PAÍS escuchó los relatos de seis de ellos en Bogotá y Medellín.

Bárbara Zárate no ha sido capaz de ver los vídeos de su hijo Cristian Rodríguez, que perdió su ojo el lunes 16 de diciembre. Según los relatos de los testigos, el joven de 26 años, estudiante de Trabajo Social, recibió el impacto de una bomba aturdidora en el rostro. El diagnóstico: trauma ocular severo. “Soy una mujer que ama a su país. Si acá le suben el pasaje al Transmilenio, uno paga; si le suben los impuestos, también agacha la cabeza. Esta es otra generación, los chicos de ahora no se aguantan. Lo que duele es que los califiquen de vándalos cuando no lo son. Con mi hijo cometieron una injusticia”, dice la mujer que comenzó un proceso judicial contra el Esmad. La Policía ha dicho que estaban bloqueando una vía, pero testigos aseguran que el muchacho no estaba en ese grupo y que recibió el impacto de frente. “Él nos cuenta que corrió y que el policía lo persiguió para lanzarle la bomba”, agrega.

Las afectaciones no solo han ocurrido en Bogotá, donde se han concentrado las protestas. En Medellín, Alexis Lopera Quiceno, estudiante de Educación Física perdió la visión en el ojo derecho. Había participado en la marcha del 21 de noviembre que fue pacífica hasta las seis de la tarde. A esa hora llegó el Esmad a las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes pacíficos y también a algunos encapuchados que los enfrentaron. “Cuando lanzaron gases toda la gente toda salió corriendo del lugar, me entré a la universidad y luego, cuando se calmó todo, salí a buscar a mis amigos. De repente, me lanzaron una mina aturdidora que me impactó en el rostro. Casi todos los días he llorado por lo que sucedió, de haber sabido me habría parado en otro punto o no hubiera buscado a mis amigos. Pero tampoco me arrepiento de haber ido a la marcha, eso fue muy bonito”, dijo Alexis, cuya foto de perfil de WhatsApp revela su nueva vida: un animé con la mitad del rostro destrozado y un ojo sangrante.

También interpuso denuncia por abuso de autoridad. La Policía lo buscó y lo citó a una reunión pero no sabe cuál es la intención. “Lo más duro fue cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer en ese ojo, que perdía la visión. Yo soy deportista y trabajo en una fundación que ayuda a niños con lesiones cerebrales. Me gano el salario mínimo y con eso me pago la universidad”.

El Ministerio de Salud le informó a EL PAÍS de que entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre “se han presentado 807 lesionados [433 civiles y 374 de la fuerza pública] de los cuales tres permanecen hospitalizados y hay cuatro personas fallecidas”. Sin embargo, no discriminan cuántos de esos lesionados han tenido heridas oculares o de otro tipo. Solo el “trauma ocular grave” de Cristian Rodríguez, cuyas heridas se conocieron a través de redes sociales.

Las protestas en Colombia contra el llamado “paquetazo” económico del presidente Iván Duque, vienen desde antes. Durante todo el 2019, los estudiantes han estado en las calles. En una de esas manifestaciones, el 10 de octubre, se registró el caso de Alejandro Hernández, estudiante de periodismo, que recibió un impacto de “bala marcadora de pintura” bajo su ojo mientras grababa un enfrentamiento entre encapuchados y el Esmad. “Me acerqué para grabar. Salió el Esmad y no tardó más de 6 segundos y recibí un impacto, se me incrustó un material plástico de forma ovalada, de más o menos 2 centímetros en la pestaña. En ese momento pierdo la vista por el ojo izquierdo, ahí no volví a ver nada, solo veía blanco. La angustia fue tremenda y empecé a gritar, voy a perder el ojo, voy a perder el ojo”. El vídeo de su celular muestra el momento en que grababa y cuando a su alrededor gritan que le dieron. Después de varias cirugías, pagadas de forma particular y tras un recorrido por varios hospitales donde no lo atendieron, Alejandro ve borroso y doble. Ya interpuso una demanda.

Todos ellos han vuelto a marchar aunque con más temor. “Da miedo, pero da más miedo pensar que todo lo que hemos hecho, que la muerte de Dilan Cruz o que mi ojo, quede impune”, dice Alejandro. Y otros, como Sebastián Ramírez, herido en 2017 se preguntan, ¿Cuántos ojos más?. “Yo siento que esta es una política para cegar a una generación que está viendo”, dice el joven que resultó herido cuando iba a un curso de natación y va por su quinta cirugía. Su caso también llegó a los tribunales y un miembro del Esmad recibió una sanción disciplinaria de tres días


.

PRESIDENTE DUQUE FORTALECERÁ EL ESMAD

Mientras congresistas de la oposición piden el desmonte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía ante denuncias de abuso de la fuerza, el presidente Iván Duque anunció que lo fortalecerá. En los últimos diez años 96 integrantes del Esmad han sido judicializados, 9 de ellos por homicidio, de acuerdo con la respuesta que el Ministerio de Defensa entregó a tres congresistas. La Fuerza Pública ha recibido condenas en 54 procesos por las acciones de los integrantes del Esmad y esto le ha costado al país 9 mil millones de pesos. Isabel Fajardo, abogada de la Red Popular de Derechos Humanos, que lleva algunos casos, llama la atención porque las investigaciones van a la justicia penal militar donde quedan en el limbo y que hay una "clara violación de los protocolos". La Policía no respondió la solicitud de información de este medio.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó a EL PAÍS que están haciendo seguimiento al paro en Colombia, “en el marco del respeto a los estándares internacionales que garantizan el derecho a la protesta pacífica. En este sentido estamos dando seguimiento a casos de presunto uso excesivo de fuerza por parte de fuerza pública, incluyendo el Esmad -de entre otras heridas oculares y craneales-; detenciones arbitrarias y ataques y detenciones a periodistas”.

En el senado, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, anunció un proyecto de Ley para desmontar el Esmad; el gobierno ha dicho que los escuadrones antidisturbios son necesarios y funcionan en 125 países, pero congresistas como Iván Cepeda y Maria José Pizarro señalan que el contexto colombiano, después de un proceso de paz, exige una nueva doctrina de las fuerzas militares. “No vemos investigación seria ni replanteamiento por parte del gobierno, por el contrario han salido a felicitar el Esmad en una actitud claramente connivente”, dijo Cepeda.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 22 DIC 2019 - 17:44 COT

Publicado enColombia
Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, han sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas (Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un estudio realizado por las profesoras británicas Sabine Lee y Susan Bartels, de la Universidad de Birmingham.

El mismo determinó que cientos de mujeres y niñas haitianas que vivían en las cercanías de las bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. La investigación que fue publicada en el medio académico The Conversation, se basó en 2.500 entrevistas a mujeres de Haití a las que se les preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive en una comunidad que acoge una misión de paz.

La prensa brasileña señaló que, comandados por general Augusto Heleno, militares  brasileños abandonaron más de 200 hijos en Haití.

De  acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas han provocado entre la población.

Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres –entre las que se cuentan menores– han concebido niños que han pasado ser conocidos como los ‘Petit Minustah’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití. Algunas fuentes hablan de que cerca de un centenar de niños concebidos tras las violaciones. Según el informe, en el 28,3 % de las 265 historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo identificado y en el 21,9 % personal brasilero

Cerca de un 10 % de los entrevistados han mencionado la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales que se habrían producido, mientras otros tantos hablan de que algunos funcionarios de la delegación de la ONU “ponían monedas en las manos de las niñas” o les daban comida a cambio de estos favores.

Por su parte un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que desde la organización se toman muy en serio estos problemas y reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños nacidos de estos abusos sexuales. En ese sentido ha informado de que la ONU está “activamente involucrada” y actualmente garantiza que los pequeños y sus madres están recibiendo la manutención y cuidados adecuados.

El estudio ha recogido unas 2.000 entrevistas a personas que residían cerca de las bases militares que la ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero.

“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, ha denunciado Lee, para quien la ONU debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.

Niñas embarazadas por militares brasileños y uruguayos

Entre los casos más dramáticos se registraron niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno de los testimonios.  265 de estas mujeres hablaron, sin que se les preguntará directamente, sobre situaciones de abusos. Entre estas se incluían casos de niñas hasta de 11 años y en donde algunos abusos terminaron en embarazos.

Asimismo se especifica que los violadoes, eran “cascos azules” que provenían de 13 países, pero que en su mayoría correspondían a brasileños y uruguayos.

Se agrega que los militares ofrecían comida a cambio de tener relaciones sexuales y se resalta el hecho de que los miembros de las misiones de paz involucrados sólo eran sancionados con ser de vueltos a su país de origen, sin ningún otro tipo de condena.

Mientras aún resonaban los ecos de la denuncia por la violación del joven haitiano Johny Jean a manos de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU denunció la presunta «mala conducta» de efectivos uruguayos en la ciudad dominicana de Dajabón, donde fueron acusados de violar a mujeres, entre ellas menores de edad.

El caso más reciente tiene que ver con tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU el 15 de octubre de 2012 ante la cancillería uruguaya.

Ante todo esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres y niñas que se han visto afectadas durante las misiones de paz de la ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro

Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a los generales del G obierno de Jair Bolsonaro, la “clase haitiana” que ocupa posiciones estratégicas en Brasilia, lo que hace difícil cualquier tipo de sanción para los violadores.

Al amanecer del 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, llevaron a cabo una operación de «pacificación» en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Según los testigos, unos 300 hombres fuertemente armados, comandados por Heleno, irrumpieron en el vecindario y mataron a 63 personas, dejando a otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Además de los generales Floriano Peixoto (Secretario General de la Presidencia) y  Augusto Heleno, otros tres ministros estaban en el país caribeño: los generales Ferando Azevedo da Silva (ministro de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz  (Secretaría de Gobierno), además del capitán Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).

También cuatro secretarías estratégicas están en manos de la “clase haitiana”: el coronel José Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro asesor especial del presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Dias Toffoli.

Por Juraima Almeida

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Publicado enInternacional
Iván Duque presenta nueva política de seguridad: 34.000 policías más y miembros del Esmad en las calles de Colombia

También contempla un nuevo modelo de vigilancia y control, desarme general, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales, entre otros aspectos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este viernes su nueva Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante un recorrido realizado por Antioquia. 

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la nueva política tendrá varios aspectos centrales, entre los cuales figuran un nuevo modelo de vigilancia y control, más capacidad de control de las calles, desarme general, seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales.

De estos aspectos, sobresale el del control de las calles, para lo que se estipula la incorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años, es decir, unos 8.500 uniformados por año.

El número no solo crecerá, dado que según la directriz, también muchos de los agentes que se han dedicado a labores administrativas serán destinados al patrullaje. A su vez, se contará con el apoyo del sector de vigilancia y seguridad privada.

Además, se planea que gradualmente la Policía deje de prestar el servicio del control del tránsito, que le corresponde a los municipios, para integrar a esos agentes en labores de seguridad.

Asimismo, estipula aumentar ampliamente la cantidad de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). "Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación", señala el documento.

Esto último va en contra de la solicitud realizada por el comité del paro, que ha liderado las protestas sociales del último mes, y exige el desmonte total del Esmad, por considerarlo un cuerpo represivo y violador de los derechos humanos.}

Publicado:21 dic 2019 03:41 GMT

Publicado enColombia
Cortar Internet durante grandes protestas se convierte en tendencia internacional: el caso de India es un precedente peligroso

- Cuanto más aumenta la conectividad a Internet, más aumentan también los intentos de algunos gobiernos por cortarla

- India es uno de los países que más corta la red, el año pasado se registraron 134 cortes y en Cachemira llevan sin internet 137 días

- Los gobiernos argumentan que controlando las telecomunicaciones defienden el orden público en sus países


El jueves, los usuarios de internet de Nueva Delhi comenzaron a notar que internet dejaba de funcionar. ¿El motivo? Había protestas. Cada vez más gobiernos autoritarios, entre los que toca incluir el de la democracia más habitada del mundo –India cuenta ya con un largo historial en esta lides– saben que la suspensión de los servicios de datos y llamadas son una buena táctica para desarticular la respuesta social en las calles.

El aumento del acceso a internet durante la última década, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha provocado un aumento paralelo de los intentos por controlar la información que transporta. Access Now, un grupo que promueve la libertad en la red, ha recopilado una lista de 75 cortes del servicio en 2016. En 2018 ese tipo de hechos había aumentando a 196.

Berhan Taye, analista de políticas de Access Now, cree que a medida que las protestas sacuden docenas de países por todo el globo, es muy probable que la cifra aumente "mucho".

Iraq ha cortado el acceso a internet en repetidas ocasiones a medida que las protestas han ido expandiéndose por el país. En Etiopía, esos mismos cortes se han convertido en una realidad tan frecuente que están incluso dañando la economía. Una organización de derechos digitales ha calculado que le cuestan al país 4,5 millones de dólares al día. En Venezuela sucede tan a menudo que ya es imposible contarlos. Taye lo compara con un niño que le da al interruptor de la luz una y otra vez cuando tiene miedo de que suceda algo.

Desde la primera ocasión en que India optó por esta táctica, se ha convertido en líder de su aplicación sin rival alguno. Sólo el año pasado se registraron 134 cortes. El 68% de todos los que suceden en el mundo. Esta semana rompió el récord de cualquier gobierno democráticos. En la región de Cachemira, que vive un convulso proceso político, llevan sin internet 137 días.

El apagón ha causado estragos en empresas, servicios médicos o el sistema educativo. Cuando comenzó, los reporteros volaban hasta Nueva Delhi para entregar su material o se acercaban hasta el aeropuerto de Srinagar, capital de Cachemira, donde pedían a pasajeros que llevaran consigo tarjetas de memoria que contenían las imágenes de lo que estaba sucediendo en el estado.

Los gobiernos justifican ese férreo control de las comunicaciones en defensa del orden público. Está claro que la velocidad acelerada a la que la información, sea cierta o no, viaja por la red, comienza a crear problemas. En 2018, India se esforzó para controlar rumores sobre secuestros de niños que viajaban más rápido de lo que las autoridades podían seguir. El resultado fue que al menos 30 personas fueron linchadas a lo largo del país.

Unos meses antes, el gobierno de Sri Lanka bloqueó las redes sociales para limitar la expansión de publicaciones de odio que alimentaban ataques mortales contra la minoría musulmana. El Ministro de información lo justificó diciendo que "el país podía haber estallado en cuestión de horas".

Pero estas medidas, que han comenzado a ponerse en marcha durante crisis puntuales, comienzan a convertirse en moneda de cambio habitual. La táctica, aceptada por la ciudadanía india, cuando se aplica en estados fronterizos como Jammu, Cachemira o Assam, se vuelve contra ellos y se activa también para desactivar protestas en Nueva Delhi o Bangalore.

Estados autoritarios como Rusia o Irán están planeando ya el siguiente paso: Construir "redes soberanas" que pueden desconectarse del resto del mundo cada vez que el gobierno así lo decida o que vivan desconectadas de lo que sucede fuera de sus fronteras como ya sucede con la "gran muralla de internet" que China ha levantado.

Las protestas del pasado noviembre en Irán fueron la excusa perfecta para que su gobierno probara lo que ha dado en llamar "halal.net": una especie de intranet iraní que sigue funcionando aún cuando se desconecta del internet mundial.

El modelo aún no es perfecto. Algunos iraníes se quejaron de múltiples fallos la red de cajeros automáticos y se cayeron las redes de algunos hospitales. Pero  aplicaciones como Snapp, que permiten compartir coche, funcionaron. El presidente iraní Hassan Rouhani, dijo este mes que el servicio propio del país mejorará hasta que "la gente no necesite conectarse a redes extranjeras para saciar sus necesidades".

Muchos gobiernos están interesados en entender como funcionan esos sistemas de control. Taye explica que "los países aprenden los unos de los otros,como funcionan los cortes de internet y como pueden ponerse en marcha".

La aplicación de este tipo de medidas preocupa allá donde pueda suceder pero el de India es uno de los casos paradigmáticos. En un país que se vanagloria de estar llamado a ser una superpotencia democrática, el modo en que controla y amenaza internet, servirá como ejemplo para países menos comprometidos aún con las libertades civiles.

Un editorial publicado esta misma semana por el periódico del estado chino, People's Daily Online, no dejó escapar la posibilidad de llamar la atención sobre el mensaje que lanzan los líderes indios. "Significa que cortar internet durante un estado de emergencia debería ser una práctica estandarizada para los estados soberanos", se afirmaba.

Por Michael Safi

20/12/2019 - 21:21h

Traducido por Alberto Arce

Publicado enInternacional
Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

Publicado enInternacional
El Tribunal Penal Internacional abre una investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado dicha decisión, motivada por un examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino y considerar que se dan "todos los criterios" para ello.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

Bensouda ha informado de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan "todos los criterios" para abrir una investigación formal.

La jurista gambiana ha afirmado que "hay una base razonable" para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde 2014.

"Dado que ha habido una remisión por parte del Estado de Palestina, no hay necesidad de solicitar al Tribunal una autorización antes de proceder a la apertura de una investigación formal, por lo que no lo voy a hacer", ha dicho en un comunicado.

 

JERUSALÉN 

20/12/2019 15:34 Actualizado: 20/12/2019 15:34

EUROPA PRESS

Publicado enInternacional
 Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal colombiano. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Claudia García, directora del Instituto de Medicina Legal de Colombia, coordina los trabajos de exhumación de cuerpos sin identificar

 

Las víctimas en el centro. Estuvieron en el vórtice del dolor del conflicto armado colombiano y hoy deben estar en la primera línea. También en la búsqueda de sus familiares desaparecidos como sucede, por ejemplo, en el cementerio de Dabeiba, a menos de 200 kilómetros de Medellín. Este es el propósito del Instituto de Medicina Legal, que trabaja en ese municipio del departamento de Antioquia junto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC que busca esclarecer y juzgar las tropelías de la guerra. El reflejo de ese dolor se encuentra ahora en una fosa común en la que las autoridades tratan de identificar desde hace semanas decenas de civiles asesinados por militares. Víctimas de un sistema perverso de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, planeadas para mejorar resultados y perpetradas a mediados de la pasada década a cambio de permisos o premios.

Claudia García lleva 24 años en el instituto forense y el pasado febrero asumió las riendas de ese organismo público en un momento decisivo para la transición de Colombia hacia la convivencia. El operativo de Dabeiba, que las víctimas consideran esperanzador, no tiene precedentes y es un ejemplo de los intentos de cerrar las heridas del pasado. "Ese trabajo comienza hace unas semanas, cuando los magistrados de la JEP se comunican con el Instituto de Medicina Legal para informarles de la existencia de esta información en la fosa, en donde hay posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. En la primera fase de acompañamiento, asesoramos a la unidad de investigaciones y acusaciones para el momento de las exhumaciones. Una vez en campo, recibimos 14 casos y en este momento recibimos 17 en total", explica García en conversación telefónica con EL PAÍS. 

El instituto trabaja con un equipo de médicos, antropólogos, odontólogos y expertos en balísticos que se trasladaron desde Bogotá para comenzar a estudiar los casos en su sede de Medellín. "La primera fase", continúa esta cirujana especialista en medicina forense, "es una necropsia médico legal completa en donde el objetivo es establecer el número de individuos que hay en estos 17 casos que recibimos, porque no necesariamente pueden ser 17 cuerpos, pueden ser más o menos". Hacia la tercera semana de enero, explica, ofrecerán el primer informe, sobre todo para cumplir su compromiso con las víctimas.

Esta semana la directora de Medicina Legal dio a conocer una cifra aterradora. En Colombia faltan alrededor de 200.000 cuerpos por exhumar e identificar. García explica que se trata de una estimación, pero es a partir de ese cálculo que las autoridades tienen que buscar a los desaparecidos durante más de medio siglo de guerra. "Si partimos del número de cementerios que tiene nuestro país, pensando en que al menos hay uno, a veces dos por cada uno de los municipios. Pensando en el número de cuerpos que han sido inhumados en el transcurso de todo los años de conflicto, los que han pasado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y permanecen en condición de no identificados, los que pasaron por el sector salud, y si sumamos la existencia de fosas clandestinas, el estimativo es que los desaparecidos debemos buscarlos entre 200.000 cuerpos que están inhumados en estas circunstancias". Un trabajo titánico que requiere, explica, de mayores recursos.

"Valoro todo lo que el instituto ha construido en sus 105 años de historia, creo que tiene una experiencia única, desafortunadamente hemos aprendido de la violencia. Tenemos la experiencia, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, pero necesitamos un apoyo del Gobierno nacional frente a los recursos. Porque la búsqueda no va a durar uno, dos años, ni siquiera los 20 años que tiene la Unidad de Búsqueda. Va a durar muchos años, pasaré yo por este instituto y pasarán muchos otros directores y directoras antes de que logremos encontrar todos los desparecidos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad", defiende Claudia García.

Esta forense cree que tanto las instituciones como la sociedad colombiana "han aprendido de las familias de las víctimas". "Nos han enseñado que con perseverancia se logran muchas cosas, que la perseverancia es la que realmente se requiere este país para poder buscar desaparecidos. Las mujeres buscadoras nunca han desfallecido incluso cuando las instituciones les hemos cerrado las puertas. Han logrado que las reconozcamos y que entendamos que es con ellas, con las familias de las víctimas, con esas mujeres buscadoras, que debemos mejorar lo que hasta ahora hemos hecho. Tenemos muchísimas cosas por mejorar, pero lo fundamental y que estamos liderando desde el instituto es que el trabajo se haga de mano de las víctimas", enfatiza. El enfoque de trabajo con los familiares pasa por el derecho a conocer la verdad, el derecho a la información y el derecho al trato digno.

García relata que aprendió "a través del dolor de las víctimas cosas fundamentales como poder reconocer que la desaparición es lo peor que le puede pasar a un ser un humano y a una familia". "Por eso, tengo un total compromiso con las víctimas para la búsqueda de los desaparecidos", prosigue. "Todo este dolor que ha sentido el país y al que nos enfrentamos día a día los funcionarios lo único tiene que ser es fortalecernos para realmente uno, dejar memoria en los jóvenes. Las personas jóvenes no conocen la historia de este país y hay que dejársela viva para que no la repitan. Y lo otro es lograr unirnos como país para que logremos que no haya repetición y además logremos una reparación real de las víctimas. He aprendido que las víctimas son las que están más dispuestas a perdonar y repararse y el Estado les debemos a ellas todos los mecanismos para que logren esa reparación".

Po FRANCESCO MANETTO

Bogotá 18 DIC 2019 - 22:38 COT

Publicado enColombia