“Estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”

El ex negociador de los acuerdos de paz acusa a la DEA y a la fiscalía colombiana de hacer un montaje en su contra para poder extraditarlo a EE.UU.


Su camisa está manchada de lápiz labial rojo. Y en su cara, bien afeitada y pálida, una mezcla de alegría y cansancio refleja la montaña de emociones de los últimos días. Centenares de mujeres lo abrazaron, besaron y lloraron sobre él minutos atrás cuando, un día después de salir de la cárcel, “Jesús Santrich” apareció en su reunión de ex combatientes farianas al sur de Bogotá. Conmovido tras el recibimiento de las mujeres incluidas varias que fueron parte de su tropa rebelde, el señor se acaricia las muñecas y los brazos. Encuentra con el tacto cuatro heridas recientes: una semana atrás partió su cuchilla de afeitar y se cortó las venas al conocer, “de una fuente fidedigna”, dice, que el presidente Iván Duque estaría a punto de anunciar la conmoción interior para sacarlo del país hacia Estados Unidos, que lo pidió en extradición dando lugar a su captura el 9 de abril de 2018. Lo acusan de conspirar para enviar cocaína a su país.


Las pruebas –que se perdieron en su camino desde Estados Unidos– serían un audio y un video que fue publicado por fragmentos –uno el año pasado y otro después de su intento de suicidio– cuando a bordo de una silla de ruedas y visiblemente débil fue sacado de la cárcel La Picota en Bogotá y, cinco segundos después, capturado una vez más: que tenían nuevas pruebas de su delito de narcotráfico, dijo la Fiscalía, abriéndole un nuevo proceso judicial filtrando a los medios un segundo fragmento de la misma reunión con “Marlon Marín”, sobrino de Luciano Marín o “Iván Márquez”, quien fuera el líder del equipo negociador de las FARC en La Habana y de quien hoy se desconoce su paradero. Alega, en mensajes que envía en su cuenta de Twitter y cartas, que no tiene garantías para estar en la vida pública.


Un nuevo testimonio de Marlon y el video de una reunión en el que se ve y escucha al ex comandante Santrich hablar de negocios aunque sin mencionar ninguna palabra relacionada con drogas, serían las “nuevas pruebas”. “El señor Marín está leyendo un guión de la DEA”, le aseguró a PáginaI12 Santrich cuando este diario le consultó por una explicación de las resonadas pruebas. Tras la captura de Jesús, Marlon fue llevado a Estados Unidos como testigo protegido. “Todo es un montaje”, insiste el hombre de 55 años, músico, invidente, pintor, arquitecto del acuerdo de paz que aplaudió el mundo y hoy el gobierno de derecha en la presidencia pretende modificar, quien además es escritor. Durante su reclusión produjo cinco libros y numerosas cartas en las cuales insiste en su inocencia y la “perfidia”, una de las palabras que más se le escucha incluso desde antes de ser apresado.


Santrich lideraba la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz (Csivi), instancia también creada por el tratado de paz. Y por eso conocía muy bien los detalles normativos y políticos de la implementación a la cual llamó con su característica euforia “una nueva negociación del acuerdo” advirtiendo, como lo dijo a este diario hace dos años, que el “establecimiento está preparando el terreno para llevarnos a la justicia ordinaria y si es posible extraditarnos”. Para evitarla, ha dicho, cumplirá con su palabra de quitarse la vida antes de ser subido a un avión que lo lleve a Estados Unidos. En entrevista con PáginaI12 desde Bogotá, Santrich cuenta que está en zozobra por lo que pueda venir pues, dice, “hoy estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”.


Después de pasar más de un año en prisión, el ex guerrillero Seusis Hernández “Jesús Santrich” recobró su libertad el pasado jueves 30 de mayo. Una semana atrás, la Jurisdicción Especial de Paz (JPE) resolvió otorgarle la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo de paz y ordenó su libertad desatando una tormenta. Las autoridades colombianas mantuvieron a Santrich en la cárcel La Picota sin acatar la orden de la JEP hasta que el Tribunal Superior de Bogotá respondió a un recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa del más polémico integrante de las FARC. Por lo tanto ni Fiscalía ni cárcel Picota podían ya retener al rebelde tras las rejas. La “boleta de libertad” fue expedida el 16 de mayo por el INPEC. Pero solo hasta el 17 se abrieron las puertas para Santrich. Ese día fue todo conmoción.


El equipo de prensa de Duque anunció desde muy temprano que el presidente ofrecería rueda de prensa en el aeropuerto militar de Catam; empezaron los rumores de la inminente extradición de Santrich en la mañana de ese día. Esos llegaron a la celda del prisionero más custodiado de la cárcel de máxima seguridad: Seusis Pausias Hernández Solarte, hijo de maestros y parte de una prestante familia del Caribe colombiano que tomó el nombre de Jesús Santrich por un militante compañero suyo que fue asesinado.


“Yo no me voy con vacilaciones, tomé la cuchilla y me corté en cuatro ocasiones”, relata a este diario enfatizando en que no lo hizo por desesperación o depresión; insiste en que fue una determinación “de dignidad” y que su compromiso es con la paz del país y las transformaciones hacia una Colombia justa “tal como lo demostré en La Habana”. En medio de la agitada agenda en su primer día de libertad –atención a medios, visitas, y conversaciones con sus abogados y dirigentes del partido FARC– hace una pausa para tomarse una sopa. Está delgado, “pero de pie”, dice. Desde que lo llevaron en helicóptero de La Picota al búnker de la Fiscalía solo se le veía en silla de ruedas. Dice no recordar nada sobre la recaptura, sobre el helicóptero. Jesús no estaba en condiciones de una diligencia judicial, dijeron los médicos del Hospital Méderi que lo atendieron en la madrugada siguiente a su llegada al búnker, donde sus abogados lo encontraron tendido en el piso. De emergencia, el ex comandante que había recién sobrevivido a su propio ataque, fue traslado al hospital. Luego de aparentemente superar un paro cardíaco y surtir la legalización de su nuevo apresamiento –de la cual la Procuraduría dijo inicialmente que fue ilegal– otra vez fue llevado al búnker donde recobró la conciencia. En una tanqueta de la policía antidisturbios, y nuevamente en silla de ruedas, fue transportado hasta los juzgados de Paloquemao.


La estrategia jurídica de su defensa fue recusar a la jueza que no paraba de conducir con torpeza la lectura de cargos y explicaciones. Los lamentos se escuchaban entre los reporteros cada vez que la señora interrumpía. Pedía pausas porque, decía, no encontraba los documentos que necesitaba. “Estará llamando a Duque” decían los seguidores de Santrich quienes se acomodaron en una sala de los juzgados donde televisaron la audiencia en la cual Jesús pidió un repaso de la anterior sesión en el hospital.


Insistía en no recordar nada ante lo cual la jueza aceptó reproducir un fragmento del audio. “Pi, pi, pi, pi…” el sonido de los aparatos médicos que mantenían al hombre estable destacaban entre los descargos de la fiscalía y las respuestas de la jueza quien perdió cualquier dominio en este caso pues la Corte Suprema de Justicia determinó que Jesús debe ser juzgado por ellos y ordenó, una vez más, su libertad. Seusis Hernández cuenta con una credencial de congresista, producto del acuerdo de paz que otorgó ocho curules en el Congreso para el partido FARC. Aunque no se posesionó en vista de su captura, la Corte determinó que el señor sí tiene fuero y, según la ley colombiana, debe ser judicializado en esta corte y no en la justicia ordinaria. Debido proceso, explican los juristas a quienes enfurecidos rechazan la libertad de Santrich. “Vamos a ver cuánto dura”, le dice a este diario confesando que tiene zozobra por el desenlace de este thriller político judicial del cual depende la voluntad de paz de muchos. Iván Márquez, por ejemplo, “El Paisa” y “Romaña” están hoy en la clandestinidad una vez más y el número de disidentes de FARC crece, pese al llamado al compromiso con el Acuerdo de parte de sus dirigentes.


Con su bastón, camina hoy entre las ceibas centenarias de La Guajira. Ya no es un delirio su libertad. Con el acompañamiento de Naciones Unidas, se desplazó hasta donde están los centenares de hombres y mujeres que conformaron su tropa: el Caribe. Árboles de cañahuete le dan sombra mientras recibe los rayos del sol que extrañó durante más de 400 días en el pabellón más frío de La Picota. Sigue sin recordar lo que pasó el fin de semana anterior a su liberación y sigue desconfiado. “Todo lo que decía años atrás se ha ido cumpliendo ¿no?: la persecución de quienes defienden la paz (van más de 500 líderes asesinados desde la firma); los montajes, la traición, el incumplimiento en la reincorporación (no despegan en su totalidad los proyectos productivos y la falta de tierras sigue siendo un tropiezo para ello), el maltrato a los campesinos (han dejado de pagarle a los campesinos que sustituyeron los cultivos de coca); la falta de garantías de seguridad para nosotros, me han dicho que son 120 los militantes de FARC asesinados; y ni hablar de lo que han hecho conmigo”, explica.


–¿Por qué se dilató su libertad?


–Existe una determinación del bloque de poder dominante de impedir la materialización de la reincorporación política del movimiento FARC a cabalidad. Para ello mi caso es simplemente un instrumento que manipular en al campo de la perfidia para terminar de hacer trizas la implementación del acuerdo de paz. En ello la DEA y la fiscalía colombiana han jugado un papel protagónico haciendo el montaje.


 Santrich sobre Iván Duque

“Que Duque salga del guerrerismo uribista”

¿Qué explicación puede dar sobre las pruebas que circulan en su contra?


–Sobre las mentadas nuevas pruebas en concreto no hay nada esencial que diferencie el proceso que falló la Jurisdicción para la Paz (JEP) en primer instancia de este segundo que quieren adelantarme con la misma dinámica de los montajes que ya existían de parte de la Fiscalía y la DEA. Todo mi proceso ha estado viciado –tal como lo mostró la JEP– de ilegalidad, ilicitud, violaciones al debido proceso y a la cooperación internacional. Pero aparte de esto reitero que en ningún audio, video o medio de cualquier otro tipo a mí me encontrarán hablando de negociaciones ilícitas. Sencillamente, porque jamás he participado de reuniones ni de intercambio con este terreno. Todas mis actividades posteriores a la firma del acuerdo de paz se centraron en el trabajo que adelantaba la CSIVI, la cual incluyó el impulso de proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación. Lo novedoso hoy es la presentación del testimonio de un mentiroso que estaría leyendo la cartilla que la DEA pone a todos sus agentes y lacayos.


–¿Qué le diría al presidente Iván Duque?


–Iván Duque debe procurar salirse de las manos del guerrerismo uribista y de extrema derecha que lo tiene atrapado y formar el sendero de la reconciliación que le marca el acuerdo de paz, el cual, además de significar un compromiso de Estado y un compromiso con la comunidad internacional, contiene el anhelo de los desposeídos por alcanzar la justicia social. Duque no debería desaprovechar esta oportunidad que le da la historia de lograr la victoria de la paz.


–¿Si le informan una vez más que sería extraditado, qué va a pasar?


–Estaría triunfando por ahora la perfidia contra la paz, y no habría otra alternativa que cumplir con la palabra que deje en alto el decoro y los principios revolucionarios farianos de origen. Bajo cualquier circunstancia a la militancia fariana le corresponde seguir luchando por un a Colombia diferente sin más miseria, desigualdad y exclusión política. Yo nunca debí estar entre celdas. Soy un hombre optimista y tengo la certeza bolivariana de que no hay mejor forma de alcanzar la liberad que luchar por ella.


Denuncian torturas

Dolor y alucinaciones

Aunque no lo vieron en sus horas de alucinación y sufrimiento, en César y Guajira, los ex combatientes supieron por los abogados que Jesús Santrich fue esposado justo en las heridas abiertas. Que estaba entubado, que alucinó que estaba en un campamento guerrillero, que pedía ayuda a los guardias rebeldes de su delirio producto de la pérdida de sangre, de la falta de alimentación y de algún medicamento que le habrían inyectado en el Inpec, aseguran los abogados. PáginaI12 solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario el parte médico del ex rebelde para contrastar la versión de la defensa que asegura que Jesús estaba siendo víctima de tortura y estaba siendo drogado sin su consentimiento ni el de sus abogados. El Inpec no respondió y aún se desconoce el informe toxicológico del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Publicado enColombia
Domingo, 02 Junio 2019 14:51

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enEdición Nº257
Para la ONU, la tortura de Assange es psicólogica

Pidió a EE.UU. que cese la persecución política del fundador de WikiLeaks

Según la máxima autoridad en tortura del organismo, el ciberactivista australiano estuvo expuesto a una prolongada tortura psicológica.

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, sufre síntomas propios de “tortura psicológica”, dijo ayer el relator especial de la ONU sobre la Tortura, quien pidió el cese la “persecución colectiva” en su contra, sobre todo de Estados Unidos.


Melzer visitó el jueves a Assange en la prisión de Londres donde cumple condena por haber incumplido en 2012 las condiciones de la libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador. De manera paralela, el ciberactivista australiano, de 47 años, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere llevarlo a juicio bajo la acusación de espionaje.


Assange no compareció el jueves a una audiencia de extradición por estar mal de salud, y luego WikiLeaks advirtió que su fundador estaba física y mentalmente deteriorado y que perdió mucho peso desde que fue encarcelado, hace siete semanas. Aunque no está aislado, Melzer expresó su preocupación por los límites a sus encuentros con abogados y la falta de acceso a documentos que serían clave para su defensa. Acompañado por dos médicos, Melzer constató que “es obvio que el contexto extremadamente hostil y arbitrario contra Assange le ha terminado afectando”, informó en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


“Además de los problemas físicos, Assange mostraba todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, entre ellos un estrés extremo, una ansiedad crónica y un intenso trauma psicológico. Las pruebas son abrumadoras y claras”, prosiguió. “Assange estuvo expuesto de forma deliberada y durante varios años a varias formas de trato o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó Melzer, quien acusó a todos los gobiernos implicados en este caso de no adoptar las medidas básicas para que se respeten “los derechos humanos más básicos y la dignidad” del periodista. En este sentido, consideró que “al mantener una actitud de complacencia en el mejor de los casos, y de complicidad en el peor, estos gobiernos han creado una atmósfera de impunidad”.


Assange se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Este mes, Suecia reabrió el caso contra Assange, que había cerrado en 2017 por falta de pruebas. El australiano siempre mantuvo que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. El mes pasado, Assange fue detenido por policías británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, revocara el asilo diplomático.

 

Publicado enInternacional
Viernes, 31 Mayo 2019 06:03

Palestina: juego de palabras

Palestina: juego de palabras

John Berger después de un viaje a Palestina apuntaba cómo ésta se convertía en "escombros" bajo la ocupación israelí. Por todos lados había también "cascajos de palabras", vocablos "que ya no albergaban nada" y "cuyo sentido ha sido destruido".

En sus ojos "la cuidadosa destrucción de la gente" venía acompañada de "la cuidadosa destrucción del lenguaje (y el silencio)" ( Hold everything dear, 2007, p. 15).

Norman Finkelstein en el mismo contexto –y espíritu– enfatizaba la necesidad "de llamar las cosas por su nombre". Evocando a Confucio, que afirmaba que "toda la sabiduría venía de allí" –"algo que podría sonar como una frase de la galleta de la fortuna"–, subrayaba que ésta en realidad "es una idea muy profunda".

–“¿Es preciso entonces –hablando de las manifestaciones en marco de la Gran Marcha del Retorno en Gaza– decir que ‘los palestinos tratan de romper el cerco fronterizo’?”, preguntaba.

–Y respondía: "No".

–"Los palestinos en Gaza tratan de romper el cerco del campo de concentración. El cerco del gueto. El cerco de la prisión" (bit.ly/2Lt71Gx).

Tras más de un año de la Gran Marcha y una sádica y totalmente desproporcionada supresión de ella por Israel con saldo de más de 250 muertos –incluidos niños, socorristas y periodistas– y 6 mil 500 heridos (bit.ly/2UXBNf0), cientos con piernas amputadas –los francotiradores a propósito apuntan a ellas con la munición de fragmentación–, la aviación israelí acabó bombardeando hace unas semanas a Gaza "en respuesta a los cohetes de Hamas", dejando de lado que su lanzamiento fue una reacción al previo asesinato de otros cuatro manifestantes y 116 heridos, incluidos 39 niños (el saldo del bombardeo era otra lista de muertos).

Gideon Levy, precisamente en un afán de "llamar las cosas por su nombre" –y muy a contrapelo de la narrativa dominante–, habló, refiriéndose a los cohetes, del "levantamiento en el gueto":

"Poco después del Día del Recuerdo del Holocausto el saber que 2 millones de personas están encerradas desde hace años tras un alambre de púas en una gigantesca jaula no le recuerda nada a nadie en Israel."

Y seguía: "Gaza es un gueto y lo que está pasando allí es una insurrección. No hay otra manera para describirlo" (bit.ly/2MaBMVa).

Tampoco hay otra palabra para hablar de Israel –y por extensión de los territorios ocupados– que "apartheid".

"El institucionalizado régimen de opresión y dominación sistemática de un grupo racial por otro" –como reza la definición– es justo lo que hay después de que éste (ya sin tapujos) se declarara "un Estado judío y para los judíos" al adoptar la Basic Law (bit.ly/2X5s33y).

El próximo gobierno de Netanyahu, que prometió en campaña anexar a Cisjordania garantizándose el triunfo –al final para él y muchos más, si ya estábamos en lo de las palabras, esto nunca era "Cisjordania", sino "Judea" y "Samaria"–, "será el gobierno de anexión", subraya en otro lugar Levy (empacando más gente en el gueto-Gaza o "pasándoselos" a Jordania) y uno que “en pleno siglo XXI ante los atónitos líderes mundiales declarará el segundo Estado de apartheid estilo Sudáfrica” (bit.ly/2Qq2GH2).

Es justo aquí donde entra Trump con su "plan de paz para el Medio Oriente" –apodado bombásticamente Deal of the Century– aún no publicado pero listo y en parte filtrado (bit.ly/2Jf1O7o).

Su lógica reside simplemente en reconocer los facts on the ground (cuya primacía siempre ha sido el meollo del colonialismo israelí), seguir la estrategia de la "gettoización" de los palestinos y –en esencia– en una perversa destrucción del sentido de las palabras de la que hablaba Berger.

Estados Unidos ya lleva tiempo trabajando en ello.

Así Jerusalén ya no es la "ciudad con estatus especial", sino "la capital de Israel" (embajada de Washington ya está allí); los refugiados palestinos ya no son "refugiados" (su administración dejó de financiar la UNRWA y tuerce la mano a Jordania y Egipto para que les den ciudadanía a fin de desaparecer a los palestinos como "un pueblo con derecho al retorno"); los Altos de Golán –raptados en la misma guerra que Cisjordania (1968)– ya no son "territorio ocupado", sino parte de Israel (un claro test antes de la gran anexión).

Lo que quedará –aproximadamente 12 por ciento de la Palestina histórica, un surreal patchwork de bantustanes sin continuidad territorial– se llamará "Nueva Palestina", nombre que hace pensar a uno más en una de las comunidades en medio de la Selva Lacandona, que en un país.

Será "un Estado", aunque uno queda con la duda desde cuando llamamos "Estado" a entidades sin ninguna soberanía, ejército, virtualmente ningún tipo de poderes.

Desgraciadamente –llamemos las cosas por su nombre– la pacificación y colonización de Palestina, ante el total silencio del mundo, ha sido igualmente –casi– total (bit.ly/30W2rIK). El plan de Netanyahu es ahora –apunta un comentarista de Gaza– "forzar a palestinos a aceptar su brutal derrota" (bit.ly/2EBIpJY).

Visto así, hay una palabra, o término, muy apropiado para esto: "la solución final de la cuestión palestina".

Y si alguien se siente ofendido por la referencia a Endlösung (bit.ly/1TBVWRk) –aunque de verás uno no tiene la culpa que muchas palabras de aquellos tiempos, no sólo "gueto" o "campo", sirven para hablar de Palestina e Israel: Gleichschaltung, Herrenvolk, Untermenschen, Sonderbehandlung–, también hay otro modo de decirlo: “ Game Over”.

Por, Maciek Wisniewski*, periodista polaco

Twitter: @MaciekWizz

 

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Las grandes empresas tecnológicas y el capitalismo de vigilancia

Mientras que antes era el mundo social y natural el que se veía subordinado a la dinámica del mercado, ahora, según nos dice, ha llegado el momento de sacar rentabilidad de la extracción de nuestra propia experiencia humana.


Hace unos años, después del colapso financiero de 2008, Matt Taibbi, de la revista Rolling Stone, describió a Goldman Sachs, el gran titán del capitalismo financiero, como “un gran calamar vampiro que envuelve el rostro de la humanidad y mete a la fuerza inexorablemente su conducto sanguíneo en cualquier cosa que huela a dinero”. Según Shoshana Zuboff, autora de Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (“Capitalismo de vigilancia: la lucha por un futuro humano en la nueva frontera del poder”), diez años después, podríamos decir lo mismo, e incluso cosas peores, acerca del capitalismo de vigilancia.


Pero esta vez, es un calamar más grande y mete ese conducto sanguíneo a través de los móviles, las televisiones inteligentes, las tabletas y, dentro de poco, los hogares inteligentes; llega hasta el último rincón de nuestra privacidad individual y colectiva. Lo que se suponía que nos iba a liberar y que iba a estar a nuestro servicio, que era lo que esperaba Tim Berners Lee, el creador de internet, ha evolucionado a lo que él mismo definió como “un motor de injusticia y división movido por fuerzas poderosas que lo usan para sus propios planes”. El registro y mercantilización de nuestros datos, la estructura depredadora de perfiles de usuarios y de vigilancia está en el ADN del capitalismo de vigilancia. Cambridge Analytica solo es la punta del iceberg.


Zuboff señala en su brillante libro que el capitalismo de vigilancia, dominante, furtivo y omnipresente, ha explotado la experiencia humana para recoger materia prima gratuita y traducirla en datos conductuales. El excedente conductual (nuestras emociones, miedos, voces y personalidades) alimenta la “inteligencia de las máquinas” pensantes y luego se reconfigura en productos predictivos. Son productos diseñados especialmente para anticiparse a lo que vas a hacer hoy o la semana que viene a través de la modificación conductual. Pero el capitalismo de vigilancia no solo predice, sino que también nos anima influyendo en nuestro comportamiento a través de anuncios específicos personalizados e intrusivos.


Como dice la autora de un modo tan memorable, una vez que buscamos en Google, Google (y el resto) nos busca a nosotros. La lógica despiadada de las exigencias de la rentabilidad de las grandes tecnológicas nos ha desposeído digitalmente. Mientras que antes era el mundo social y natural el que se veía subordinado a la dinámica del mercado, ahora, según nos dice, ha llegado el momento de sacar rentabilidad de la extracción de nuestra propia experiencia humana.


Nuestros datos, que se han ido recopilando con remordimientos en los últimos años sin nuestro consentimiento real, se han convertido en un arma contra nosotros con eficiencia militar, según declaró Tim Cook, de Apple nada menos, al crear un perfil digital que permite que las empresas nos conozcan mejor que nosotros mismos.


¿Rebuscado o poco convincente? Considera lo siguiente


Los rastreadores de emociones portátiles tienen sensores integrados que miden y rastrean las señales biométricas de su portador (la temperatura de la piel, la frecuencia cardíaca y el pulso). Estos datos se envían a un aparato vinculado mediante tecnologías inalámbricas, como Bluetooth. Entonces se compilan enormes conjuntos de datos que, sin duda, se pueden analizar mediante algoritmos con el objetivo de detectar patrones y correlaciones a partir de los que se pueda predecir el comportamiento futuro. Quizás, cada vez que nos sintamos tristes, nuestros teléfonos nos den un chute de oxitocina o serotonina.


Todo esto se comercializa como bienestar para el consumidor, pero, en realidad, es una agresión a nuestros yos inconscientes que ayuda a los negocios a vender productos oscuros y a aumentar sus ingresos. Extraen esas microemociones y esas sensaciones más íntimas en tiempo real para obtener beneficios.


¿Te parece extraño? Vayamos un poco más lejos. Amazon patentó hace poco un diseño “de ahorro de trabajo” para llevar en la muñeca, que monitoriza las manos de los operarios de almacén y los impulsa con más rapidez a prácticas de trabajo más eficiente mediante vibraciones ultrasónicas. No hace mucho, este era el tipo de cosas que aparecía en la ciencia ficción distópica; ahora, una supervisión electrónica a distancia muy restrictiva que haga que los trabajadores no se salgan de los roles asignados se ve como una posibilidad.


Hace veinte o treinta años, la gente se hubiera indignado ante tales propuestas y vulneraciones de la persona. A finales de los ochenta, los verdes alemanes pelearon con el estado a cuenta de un censo nacional: el eslogan era “Solo se cuentan las ovejas”. En 1983, el Tribunal Constitucional alemán sentenció que las preguntas del censo propuesto eran intrusivas e innecesarias y que se podía producir un abuso de la información. Los tiempos han cambiado.


Hace poco, dos miembros del sacerdocio de la élite digital, Tom Cook y Mark Zuckerberg, exigieron más privacidad y una mayor regulación de internet. Zuckerberg, además, prometió que Facebook “iba a avanzar gradualmente hacia servicios privados y encriptados que permitieran a los usuarios confiar en que lo que hablan entre ellos permanezca seguro”.


Los dos anuncios son desvergonzados, interesados y cínicos y se ejercen en la dirección equivocada. Los principios de confianza, privacidad y comportamiento ético nunca han sido una prioridad cuando desarrollaban su hegemonía digital, social y cultural. Han hecho muy poco por proteger nuestros datos. En realidad, legalmente hablando, son sus datos, y siempre tuvieron la intención de que fuera así. Las leyes que protegen nuestros datos están siendo, desde hace mucho tiempo, socavadas por un laberinto de contratos online y términos y condiciones que nadie lee y que a los que podríamos llamar eufemísticamente un marco regulatorio laxo.


Como muchas de las sedes europeas de las grandes tecnológicas estadounidenses se encuentran en Irlanda, la comisión de protección de datos irlandesa es, de facto, la normativa europea desde que se materializó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Aun así, el comisionado irlandés dijo el año pasado que no iban a investigar el rastreo secreto por parte de Google de la localización de los usuarios de Android. Supongo que es mejor no molestar demasiado al imperio con ideas de privacidad y derechos y libertades de los individuos. Hace unos años, el antiguo taoiseach (primer ministro irlandés) Enda Kenny dijo que Irlanda era el “mejor país pequeño” del mundo en el que hacer negocios. Quizá se refería a eso.


Silicon Valley, que siempre ha sido una especie de religión cienciológica digital poblada por gente que utiliza el dialecto propio del Atlántico medio como lengua franca, ha roto a sabiendas el pacto social, y ahora que los han pillado y sus beneficios podrían verse mermados, exige que haya una regulación.


Zuckerberg vino a Dublín hace poco y, en un reportaje del Irish Times, que parece un boletín de prensa de Facebook, dijo de las leyes de privacidad en Europa y el RGPD: “Creo que es una buena base que codifica muchos de los valores importantes de las personas, para que puedan elegir cómo son tratados sus datos...”. Facebook ha crecido despiadadamente gracias a una campaña casi religiosa de recogida de datos casi a cualquier precio. Embriagado por las mediciones del comportamiento y rastreando nuestras interacciones, se ha comportado como ese calamar gigante que chupa la sangre, oliendo el dinero donde sea que se agarre a esa curiosidad y debilidad humana.


Los datos que se usan (y esto significa que son recabados sin piedad, explotados y vendidos al mejor postor) no son más que una desviación de las relaciones públicas, lo que sería irrisorio, si no fuera tan obvio. Somos nosotros, y nadie más, los que debemos decidir cómo se usan nuestros datos, si es que se van a usar.


Esto no es más que propaganda interesada de Zuckerberg. Mentiras del departamento de Relaciones Públicas de Silicon Valley para intentar mejorar su “imagen corporativa” empañada. Después de todo, hasta cuando desactivas el rastreo, Facebook te sigue rastreando. Asimismo, te persigue por internet a través del código que implanta en tu navegador. Adiós a la tan aclamada promesa de Zuckerberg de remodelar Facebook y convertirla en una plataforma «“centrada en la privacidad”.


Lo que es aún más irrisorio, Facebook paga al Daily Telegraph como parte de su campaña de marketing para que cuente historias positivas sobre la plataforma bajo el título: “Ser un humano en la era de la información”. Como Orwell podría haber dicho sobre esas piezas propagandísticas: no podríais inventároslo.


Shoshanna Zuboff señala exactamente que los oligarcas digitales son los capitalistas sin escrúpulos del siglo XXI. Su modelo de negocio está basado en el “adormecimiento psíquico” y en nuestra percepción inconsciente de lo que han estado haciendo.


Que las grandes tecnológicas exijan ahora una normativa es una estrategia de los de relaciones públicas cínica, porque durante años se han opuesto a que existiera una normativa, puesto que dificulta la “innovación”, y la privacidad ya no es, según Zuckerberg, una regla social. Sin embargo, las tecnologías con las que ganan miles de millones solo han sido posibles gracias a las cuantiosas ayudas estatales y a contratos de investigación públicos. Sin el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el dinero de los contribuyentes estadounidenses, varias generaciones de ordenadores no se habrían construido. Dicho de otro modo, es el capitalismo de Estado reestructurado como emprendimiento de libre mercado.


Lo que escribió Noam Chomsky en 2009 lo explica bien:


“El núcleo de la economía depende en gran medida del sector estatal, y eso está claro. Por poner como ejemplo el último boom económico, que estuvo basado en la tecnología de la información. ¿De dónde ha venido? De los ordenadores y de internet. Los ordenadores e internet estuvieron casi en su totalidad en el sistema estatal durante unos 30 años (investigación, desarrollo, adquisición, otros dispositivos) antes de que, por fin, se cedieran a empresas privadas para que se lucraran con ellos”.


La relación Silicon Valley / Estado está en desarrollo y aún es recíproca. Eric Schmidt, ex CEO de Google, ahora es el presidente del Consejo de Innovación en Defensa creado por el Pentágono y constituido por expertos procedentes de Silicon Valley, profesores universitarios y la industria de defensa estadounidense para “innovar” (otra vez esa palabra) y analizar el uso de la inteligencia artificial en la guerra, entre otras cosas. La innovación, en este momento, es en realidad un recurso retórico y un poder otorgado para violar nuestra privacidad y cosas peores.


Es sorprendente que otro miembro de la junta, el profesor de Derecho de Harvard Cass Sunstein, propusiera hace unos años la idea innovadora y propia de Huxley de la “infiltración cognitiva”, idea que supone que “los agentes del Gobierno (y sus aliados) podrían entrar en salas de chat, redes sociales en línea e, incluso, en grupos reunidos en espacios físicos e intentar socavar teorías de la conspiración filtradas planteando dudas sobre sus hipótesis objetivas, su lógica causal o consecuencias por actuaciones políticas”. El camino al infierno se ha pavimentado con buenas intenciones y efectos inesperados. Quizás. O quizás, no. A lo mejor, su momento, por fin, ha llegado.


Se podría decir que hay privacidad para los ricos y el panóptico de las redes sociales para todos los demás. No es, ni más ni menos, que la devastación gradual de la libertad humana, como la fábula de la rana en el agua hirviendo, y ha pasado incluso antes de que nos demos cuenta de lo que estaba pasando.


¿Por qué es importante todo esto? La vigilancia constante crea una cárcel para la mente. Las innovaciones de vigilancia de las grandes tecnológicas golpean directamente a lo que nos hace humanos: nuestra privacidad, nuestra voluntad, nuestra autonomía y nuestra necesidad de soledad.


Sin soledad, ¿cómo podemos comprender quiénes y qué somos? Sin ella, no podemos ser totalmente humanos y, sin duda, nunca podemos ser totalmente libres.


Reagan, Thatcher, Blair y otros nos dijeron que el capitalismo neoliberal iba de la libertad y la liberación del individuo de la economía y de la libertad económica. Internet nos prometió una emancipación similar y, aun así, hemos acabado en un capitalismo de vigilancia.


El artículo de Richard Barbrook y Andy Cameron titulado The Californian Ideology now, publicado hace más de veinte años, parece extraordinariamente profético. En él, advertían de que “las tecnologías de la libertad se están convirtiendo en las máquinas de dominación”. Tim Berners Lee estaría de acuerdo. De una forma estrambótica para todos nosotros, la ideología californiana de individualismo libertario de la disconformidad y el capitalismo de libre mercado han convergido y se han transformado en un capitalismo de vigilancia rapaz.


El utopismo tecnológico es la nueva ortodoxia digital del día y la “innovación” se ha convertido en la representante de la intrusión profunda en nuestra privacidad, e incluso, como nos advierte Ruboff, en la conciencia que tenemos de nosotros mismos. La doctrina de la inevitabilidad tecnológica de Silicon Vally, añade la autora, “trae consigo un virus convertido en arma del nihilismo moral programado para dirigirse a la capacidad humana de tomar decisiones y borrar del texto de la posibilidad humana la resistencia y la creatividad”.


Como se ha dicho en otro lugar, el modelo de negocios de las grandes tecnológicas no es compatible con nuestros derechos, valores humanos ni con nuestras democracias. Y lo que es más importante, no es compatible con la propia idea del ser humano. Zuboff termina este libro providencial con una advertencia que deberíamos tener en cuenta:


“No está bien que nuestros movimientos, emociones, expresiones y deseos sean catalogados, manipulados y, después, utilizados para llevarnos en manada de manera subrepticia a través del tiempo futuro para beneficio de alguien”.


En este momento, hay asimetrías de conocimiento sin precedentes con multimillonarios como Eric Schmidt y Zuckerberg, pues ellos saben muchísimo sobre nosotros, pero nosotros sabemos muy poco de ellos. Como señala Zuboff: “Aspiran a que nadie les cuestione su poder para saber, para decidir quién sabe y quién decide”.


Pero ¿y si surge de todo esto un monstruo burocrático, estatal y corporativo? Este monstruo, como advierte David Samuels, de la revista Wired, tiene capacidad para “rastrear, clasificar, enloquecer, manipular y censurar a los ciudadanos”, algo similar al Estado-Gran Hermano de China. ¿Y si la libertad digital que creíamos tener no es libertad en absoluto, sino un tipo de tiranía disfrazada de libertad? ¿Y si durante nuestra somnolencia digital inducida el calamar monstruoso ya ha llegado?

 
Traducción: Isabel Pozas González.

publicado
2019-05-30 06:26:00
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Lunes, 27 Mayo 2019 06:27

Los niños (otra vez)

La madre del migrante guatemalteco Carlos Hernández Vásquez muestra en un celular la imagen de su hijo, quien falleció el pasado día 20 estando bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, en Texas, y es el sexto menor que muere mientras estaba al cuidado de las autoridades estadunidenses, quienes aseguran que padecía influenza.Foto Afp

Es imposible no gritar, escribir con lágrimas de furia, gritar otro poco y cansar a la gente por tanto gritar, escribir y gritar: ¡los niños, carajo!

La crueldad es parte integral de la política violenta del régimen actual estadunidense, y sus consecuencias para los menores de edad es lo más inaguantable (si es que hay grados de aguante). Noticias recientes como ejemplo:


Las autoridades federales detectaron otros mil 700 casos de niños inmigrantes separados a la fuerza de sus padres, además de los casi 3 mil ya anteriormente identificados, y eso que se esperan aún más casos, mientras otros están perdidos en el sistema.


Por lo menos seis inmigrantes menores de edad han fallecido estando bajo custodia de las autoridades federales estadunidenses. El caso de una niña salvadoreña de 10 años, quien falleció en septiembre, apenas fue revelado la semana pasada; los otros cinco son guatemaltecos, el más reciente, un adolescente de 16, quien falleció de influenza en un centro de detención el lunes pasado.


El gobierno está considerando una nueva política antimigrante para familias con niños detenidos en la frontera: los padres tendrán que optar entre aceptar la separación de sus hijos de manera indefinida o acordar suspender los derechos de los niños para que sean encarcelados junto con ellos. Todo esto a pesar de que pediatras y sicólogos han declarado que la encarcelación de niños tiene consecuencias traumáticas para ellos.


Pero no sólo son los inmigrantes los que sufren estas políticas, y no sólo es este régimen que las impulsa (aunque se distingue para ser aún peor que los gobiernos pasados); la crueldad hacia los niños en este país es amplia, profunda y estructural: en el informe anual más reciente del Childrens Defense Fund, se calcula que 13 millones de menores –uno de cada cinco en el país– viven en la pobreza. Ningún niño debería tener que preocuparse sobre de dónde llegará su próxima comida o si tendrá donde pernoctar cada noche en el país más rico de la Tierra, señala el informe.


Por otro lado, la violencia por armas de fuego mata a niños tanto en casa como en el extranjero. En las por lo menos nueve guerras en que participa Estados Unidos ahora, los niños –como en toda guerra– siempre son los que más sufren. En casa, las balas fueron la segunda causa de fatalidades de jóvenes entre uno y 19 años de edad; este país es el líder del mundo en mortalidad de menores de edad por armas de fuego. En 2017, 2 mil 462 niños de edad escolar murieron por armas de fuego, más que el doble del total de muertes de militares estadunidenses desplegados en el mundo.


Y para acabar, los niños hoy viven bajo pronósticos del fin del mundo por una crisis ecológica de tal magnitud que los expertos y científicos advierten que sin cambios radicales, sobre todo en frenar la producción de hidrocarburos, dentro de los próximos 12 años, los efectos ambientales serán catastróficos e irreversibles para el planeta.
El antídoto


Ante todo esto, y con los adultos en el poder que, en los hechos, obviamente odian a los jóvenes, hay avisos de una rebelión de los niños en este y otros países. El pasado viernes, cientos de miles de niños abandonaron las clases para participar en una de las mayores movilizaciones a escala mundial para exigir acciones sobre el cambio climático; los estudiantes en este país ahora encabezan el movimiento para el control de las armas; veteranos de guerra jóvenes están entre los disidentes más feroces contra las políticas bélicas de este país; los dreamers y otros jóvenes migrantes están entre los líderes de la resistencia a la guerra contra sus comunidades; y ahora la mayoría de los jóvenes reprueban el capitalismo y favorecen un sistema económico y político más justo y sustentable (algunos se atreven a llamarlo socialismo).


Esa rebelión de los niños podría rescatarnos a todos.


PD: en relación con la columna de la semana pasada, una nueva encuesta de Gallup registró que más de cuatro de cada 10 estadunidenses hoy día creen que el socialismo sería bueno para su país.

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La ex soldado estadunidense Chelsea Manning, ayer al llegar a una corte de Alexandria, en Virginia, donde un juez ordenó su regreso a la cárcel debido a su negativa a declarar, "por cuestión de principios", ante el gran jurado en el caso contra Julian Assange por la filtración de documentos clasificados a Wikileaks.Foto Afp

Ingresa la policía a la embajada de Venezuela en Washington y expulsa a activistas partidarios de Maduro

Nueva York. El gobierno de Donald Trump desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las tinieblas de acciones bélicas para promover cambio el de regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el Congreso y la prensa.

Aquí se intensifican los temores de que el gobierno de Trump provoque una guerra contra Irán, tras la orden del miércoles de desalojar al personal "no esencial" de su embajada en Irak, argumentando supuestas amenazas y acciones iraníes poco precisas y citando imágenes de inteligencia de presuntos misiles colocados en pequeñas embarcaciones en el golfo Pérsico.

Durante las últimas dos semanas Estados Unidos ha incrementado la tensión, alertando sobre potenciales ataques de Irán, enviando equipo militar y naves a la región, filtrando que el Pentágono está contemplando enviar una fuerza hasta de 120 mil soldados a esa zona y amenazando con una respuesta feroz ante cualquier "provocación" de Teherán.

Por ahora Washington no está convenciendo a sus aliados. Esta semana un general británico que es subcomandante de la coalición que combate a ISIS en Irak y Siria enfureció a los estadunidenses al comentar que no existe evidencia de una "creciente amenaza" de Irán. Diplomáticos europeos rehusan, por ahora, sumarse al coro bélico dirigido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton.

De hecho, ayer se divulgó que ni el propio Trump está convencido de lo que impulsan sus subordinados; el New York Times reportó que el comandante en jefe comentó a su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, que no desea un conflicto armado con Irán como resultado de su llamada estrategia de "presión máxima".

Mientras, el gobierno de Trump continuó sus esfuerzos para cambiar el régimen venezolano. El miércoles pasado el Departamento de Seguridad Interna determinó que las "condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación viajando hacia o desde ese país" y con ello el Departamento de Transporte emitió una orden para suspender de inmediato todos los vuelos directos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela.

En Washington, la batalla por la embajada de Venezuela culminó ayer con el ingreso de la policía a esa sede para expulsar a activistas antiguerra que habían residido ahí durante más de un mes con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó tomaran control del edificio. Los antichavistas que han sitiado el inmueble sede corearon "USA, USA", al aplaudir la acción.

Por otro lado, Trump continuó intensificando su guerra comercial contra China, a pesar del repudio y las críticas de inversionistas y granjeros estadunidenses, y el pasado miércoles emitió una orden ejecutiva para prohibir que empresas de telecomunicaciones estadunidenses instalen equipo fabricado en el extranjero (China, sin decirlo) que podrían representar "un riesgo para la seguridad nacional".

En tanto, Trump presentó su nuevo plan para una reforma migratoria –elaborado en parte por el yerno del presidente Jared Kushner– disfrazada para que el presidente pueda proclamase "pro inmigrante", pero que busca sustituir la preferencia para la reunificación de familias, que ha imperado durante décadas, con una para migrantes "capacitados" y "brillantes", y busca limitar aún más el proceso de asilo e incluye más medidas de seguridad (y por supuesto el muro), o sea, de persecución y castigo de los más vulnerables.

El plan –que no aborda qué hacer con los indocumentados en el país, incluidos los dreamers– se interpreta más como un documento diseñado para efectos electorales, ya que tiene casi nula posibilidad de ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, desde la llegada de Trump, la derecha ha librado una renovada ofensiva contra los derechos de la mujer con varios estados promoviendo leyes contra el aborto. El objetivo real de los impulsores de esta ofensiva legislativa a escala estatal –con decenas de iniciativas– es provocar una disputa judicial que llegue a la Suprema Corte, donde esperan, con la mayoría conservadora instalada por Trump, lograr el sueño ultraconservador de revertir un fallo de hace cuatro décadas conocido como Roe v Wade que reconoce el derecho al aborto.

La extraordinaria guerra de Trump contra sus opositores en el Poder Llegislativo continuó escalando a niveles posiblemente sin precedente. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, informó el miércoles al Comité Judicial de la cámara baja que no sólo no cumplirán con las solicitudes de documentos y testimonio, sino que cuestionó la autoridad del Congreso para investigar a Trump, sobre todo en torno a una posible obstrucción de la justicia.

Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, declaró que “la Casa Blanca está recurriendo al argumento desmesurado de que el presidente no puede ser obligado a rendir cuentas… al pueblo estadunidense. Eso es rídiculo”. Otros legisladores indicaron ayer que el presidente, con estas afirmaciones, está cometiendo aún más actos de obstrucción de justicia.

Por último, en un caso relacionado con la guerra contra los medios en este país, ayer un juez ordenó el retorno de Chelsea Manning a prisión después de que, una vez más, ésta declaró que no cooperará con ningún gran jurado y que no claudicará sus principios. En marzo, la ex analista de inteligencia militar, quien fue la fuente de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas de Estados Unidos a Wikileaks en 2010, y quien cumplió siete años de prisión por eso, fue encarcelada dos meses por negarse a testificar sobre sus interacciones con Julian Assange, ahora perseguido por la "justicia" estadunidense.

"¿Habra algún tipo de guerra que Trump no esté por impulsar?", preguntó el cómico y conductor de The Late Show, Stephen Colbert.

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Martes, 14 Mayo 2019 05:23

Monopolios de las armas

Monopolios de las armas

Un “sentido común”, trasegado a punta de bayonetas, nos enseñó a postergar (cuando no a resignar) nuestro derecho a saber por qué se gasta en armas el monto descomunal que se ejerce planetariamente… ¡sin consultas ni rendición de cuentas! Historia larga. Es una especie de “valor entendido” por el que suponemos que es “necesario” y “bueno” someterse al mercado mundial de mercancías bélicas fabricadas por la industria trasnacional de la guerra. Y sin chistar. “El gasto militar mundial crece un 2,6% empujado por EEUU y China: «Es una nueva carrera armamentista»” [1] 

Es norma que ignoremos las “hipótesis de guerra” con que se justifica la adquisición de ofertas bélicas. ¿Qué nos amenaza, desde cuándo, cómo y dónde… cuántos son los “enemigos” que percibe el “establishment”, cómo se los define y cómo se los detecta? ¿Quién define dónde se compra, con qué lógica de “defensa” o “ataque” y qué emboscadas tácticas y estratégicas nos convierte en rehenes de los “productos” bélicos del mercado? ¿Nos dan garantía, nos hacen descuentos, tienen “ofertas de temporada”, cómo se publicitan? ¿O el negocio consiste en que paguemos sin preguntar el plan de obsolescencia que a los monopolios de las armas les viene en gana según sus crisis de sobreproducción, también? ¿No merecemos saber en qué se gasta el dinero del pueblo trabajador, especialmente cuando los arsenales que se adquieren no están exentos de peligro -real- de ser usados contra los pueblos que los pagan? “Según los datos más recientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial se incrementó un 2,6% respecto a 2017 hasta alcanzar los 1,8 billones de dólares, 87.000 millones más que el año anterior. En la actualidad, es un 76% más alto que el mínimo histórico registrado después de la Guerra Fría, en 1998.” [2]


Se trata de un festín mercantil por el que transitan fortunas inmensas dirigidas, mayormente, a los negocios de: 1. Lockheed Martin (Estados Unidos)con ventas en 2016 de US$47.248 millones; 2. Boeing (Estados Unidos) con ventas de US$29.500 millones (División Defensa, Espacio y Seguridad); 3. BAE Systems (Reino Unido) con ventas de US$25.600 millones; 4. Raytheon (Estados Unidos) con ventas de US$24.069 millones; 5. Northrop Grumman (Estados Unidos) con ventas de US$24.508 millones… son los líderes mundiales en el negocio de la muerte. [3] No se necesita mucha imaginación para comprender la trama comercial de semejante pachanga financiera donde los dueños comparten negocios con la industria bancaria global y los monopolios trasnacionales de “medios de comunicación. Los tres más grandes negocios “legales” del planeta. Y no se requiere mucha retórica para poner en claro que, además de “dividendos” jugosísimos, estos negocios dejan muerte, desolación y humillaciones planetarias. “Industria Global de Armas: Las Empresas de los Estados Unidos Dominan la Lista Top 100” [4]


Con el pretexto legalizado del “secreto de estado”, compradores y vendedores constituyen una feligresía del dispendio y de la muerte a espaldas de los pueblos. Incluso contra los pueblos. No pocas de esas compras y ventas son producto de extorsiones muy diversas con las que ampara una cultura bélica inoculada minuciosamente a diestra y siniestra. Películas, series de televisión, libros, juegos cibernéticos para niños y niñas, canciones, mitos y fetiches a granel inundan los imaginarios colectivos para remachar los principios macabros de una lógica del armamentismo convertida en entretenimiento. Mientras el mundo es bañado con sangre de inocentes. “El 57% de la venta de armamento en el mundo está controlada por empresas de EE.UU.”


Atrapados como estamos en la lógica de la violencia colonialista, los poderes opresores nos hacen aceptar que necesitamos armas, ejércitos, policías y todo género de fuerzas de espionaje y represión. Nos obligan a aceptar, mansamente, que algo o alguien nos amenaza siempre y que debemos adquirir todas las novedades de temporada que los “genios” de la muerte fabrican sin parar. Nos venden las armas y nos venden el entrenamiento, nos venden los “asesores” y nos venden la ideología necesaria para mantenernos fieles a su mercado. Y nos venden, incluso a crédito, la caducidad de su parafernalia para ahogarnos en la lógica de la “actualización”, que ellos han programado, para destruirnos los presupuestos nacionales y los seres humanos. Y también nos venden la idea de que paguemos puntualmente y seamos (nosotros) “pacifistas”.


Al otro lado de la historia están los pueblos que han sabido someter el uso de las armas a sus proyectos emancipadores. Todas las luchas independentistas cuentan con referentes fundamentales que lograron (y logran) levantarse en armas para sacudirse el yugo de las dominaciones imperiales. Hoy mismo las grandes revoluciones pacíficas, acorraladas por las amenazas bélicas burguesas, sólo encuentran salida recurriendo a sus fuerzas populares armadas. Y esta es la clave. No es lo mismo armar bandas de profesionales asalariados para acribillar a los pueblos que los pueblos armados para emanciparse de todas las canalladas opresoras… llámense como se llamen.


En nuestra educación y en nuestra cultura, las armas también juegan un papel crítico de los sistemas económicos y políticos, están en los himnos y están en los próceres. Hay avenidas, calles y barrios que homenajean luchas sociales armadas, tenemos música, pintura, escultura y poética de las batallas contra los opresores. No pocos monumentos y estatuarias refieren a herramientas o héroes con que el pueblo armado derrotó, militar y culturalmente, al opresor (antiguo o nuevo) que levantó sus armas traidoras contra el proletariado que, por cierto, los financió. La lucha entre opresores y oprimidos, la lucha de clases, da a las armas una significación radicalmente contraria. Es una contradicción en donde es necesaria la consciencia de la libertad y la certeza de la emancipación para un mundo distinto, en paz, sin clases sociales, sin amos y sin armas. Humanista.

Por Fernando Buen Abad Domínguez
Rebelión/Instituto de Cultura y Comunicación UNLa

Notas
[1] http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/05/el-gasto-militar-mundial-crece-un-26-empujado-por-eeuu-y-china-es-una-nueva-carrera-armamentista/
[2] https://www.rebelion.org/noticia.php?id=255518
[3] https://www.bbc.com/mundo/noticias-41314528
[4] http://cpnn-world.org/spanish/?p=7757

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Minority Report en las policías europeas: llegan los sistemas de predicción de delitos

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.



Algoritmos para predecir en qué zonas es más probable que tengan lugar robos u otro tipo de crímenes, algoritmos para ayudar a decidir si imponer prisión preventiva o no a una persona pendiente de juicio. Los algoritmos han llegado y también lo han hecho a los sistemas policiales y judiciales europeos. Y de ello alerta la comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović. “Aunque aún se encuentran en sus etapas experimentales, el uso de algoritmos de aprendizaje automático en los sistemas de justicia penal es cada vez más común”, afirma Mijatović en un texto publicado en la web del Consejo de Europa en el que señalaba los resultados “potencialmente discriminatorios” de este tipo de programas de predicción de delitos.


Como ejemplo, cita PredPol, un programa diseñado por el departamento de policía de Los Ángeles (Estados Unidos) en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que extrapola los datos de estadísticas criminales CompStat —sí, esa que usaban los policías de la serie The Wire—. ¿Cómo funciona? En la web de PredPol se explica que calcula las predicciones en base a tres tipos de datos: tipo de crimen, localización y fecha y hora. No usa información personal, ni demográfica, étnica o socioeconómica —se afirma en la web—, y los resultados se representan en un Google Map en el que se localizan las áreas con más alto riesgo de delitos cada día y en cada turno. En 2013, la policía de Kent (Reino Unido) compró los derechos de uso del programa por 100.000 libras anuales. Lo probó durante cinco años y en noviembre de 2018 desechó su uso, anunciando que seguirían trabajando en esa dirección, con un nuevo proyecto o construyendo su propio sistema. “Predpol tenía un buen historial de predecir dónde es probable que se cometan los crímenes”, afirmaba entonces John Phillips, superintendente de la policía de Kent, al Financial Times . “Lo que es más difícil es demostrar que hemos podido reducir el crimen con esa información”.


Este programa de algoritmos, así como otros parecidos usados en otras zonas de Reino Unido —como Manchester, Yorkshire o West Midlands— fueron criticados por organizaciones como Big Brother Watch en un informe en el que citaban estudios realizados sobre este tipo de sistemas que concluían que estos refuerzan patrones ya existentes de discriminación y dan lugar a una retroalimentación, conllevando que la policía sea enviada a vecindarios en los que ya hay una presencia excesiva de policías, independientemente de la tasa real de criminalidad.


Otro de los sistemas de algoritmos a los que hace referencia la comisaria de Derechos Humanos europea es la Herramienta de Evaluación de Riesgo de Daños (HART por sus siglas en inglés), usada por la policía de Durham, también en Reino Unido, para decidir si mantener o no a un sospechoso de un delito en custodia o si derivarlo a un programa de rehabilitación. Para ello, Hart utiliza hasta 34 categorías diferentes de datos que van de la edad y el sexo al historial delictivo. Y, al menos hasta abril, también usaba el código postal del sospechoso, lo que desde Big Brother Watch señalan que deriva en la criminalización de la pobreza. Un informe de 2018 elaborado por el Royal United Services Institute for Defence and Security Studies —que no es precisamente un lobby conservador en cuanto a tecnología aplicada a defensa y seguridad— también alertaba de que sistemas como Hart “reproducirán inevitablemente los sesgos inherentes a los datos que se les proporcionan”, lo que perjudicará a las minorías étnicas y religiosas.


Pero más allá de la experiencia británica, este tipo de sistemas de algoritmos también han llegado a otros países de la Unión Europea, como Italia, donde el sistema XLAW se usa en Nápoles y Venecia para prevenir robos, o en Alemania, donde el sistema Precobs —que suena aún más a los precons de Minority Report— se usa ya, de manera corriente o en fase piloto, en los cantones de Aargau, Basel, Baden-Württemberg, Babaria, en Sajonia y en Zug. Precobs también se usa desde 2013 en Zurich (Suiza) para prevención de robos en viviendas.


En España, este tipo de sistemas predictivos también han comenzado a hacerse hueco. A finales de 2015 Rivas (Madrid) fue el primer municipio en comenzar a experimentar con el sistema Pred-Crime. Su policía local lo usó durante nueve meses tras los cuales lo descartaron. “Necesita seguir desarrollándose para ser realmente eficaz”, señalan a El Salto desde el prensa del Ayuntamiento. Diseñada por EuroCop Security Systems, empresa constituida en 2004 y que a día de hoy cuenta con doce empleados y, en 2017, facturó 3,7 millones de euros —casi el doble que en los dos ejercicios anteriores—. En España, su administrador único y director general, financiero, comercial, de márketing y de informática es Ramón García Esteve.


También en 2015, desde la Policía Nacional se comenzó a desarrollar un sistema parecido de la mano del policía científico Miguel Camacho Collados, que en 2014 había recibido una beca Fullbright para estudiar este tipo de sistemas, en colaboración con la Universidad de Granada, la UCLA y la Policía de Los Ángeles, siguiendo la senda de PredPol. Aunque no hay más información sobre el posterior desarrollo de este sistema, desde finales de 2018 sí entró en fase piloto en la Policía Nacional otro sistema basado en algoritmos, en este caso para detectar denuncias falsas, Veripol, también desarrollado por Camacho e instalado ya en todas las comisarías.

2019-05-12 12:02:00

Viernes, 10 Mayo 2019 06:14

Militares, policías y democracia

Militares, policías y democracia

¿Es posible modificar la cultura política y la actitud concreta hacia la población de las fuerzas armadas y policiales? A la luz de la experiencia reciente en Uruguay y Brasil, la respuesta es negativa. Luego de tres décadas y media de democracia y más de una década de gobiernos de izquierda, los aparatos represivos reafirman su papel tradicional y no están dispuestos a modificarlo.

Me referiré en particular a las fuerzas armadas, ya que tienen alguna especificidad respecto a las policiales. En Uruguay acaba de registrarse una crisis entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el alto mando militar (por el encubrimiento por los mandos de torturadores y asesinos), que se saldó con el relevo en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar. Sin embargo, los problemas a los que me refiero no se relacionan con una u otro persona. Son estructurales.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, ofreció una entrevista en la que explica el inmovilismo por la endogamia de la familia militar. "Las relaciones de los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales se dan en entornos familiares que proceden de la misma profesión", explica (https://bit.ly/2GRl8Fi).

Eso explica, en su opinión, la "enorme carga de los militares retirados sobre los oficiales más jóvenes en relación con un relato construido y difundido en los entornos cotidianos de los oficiales. Es imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares".

La izquierda en el gobierno desde 2005, sostuvo la necesidad de modificar la educación en las escuelas militares, algo que tampoco puso en práctica.

En Brasil sucede algo similar. Los militares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. No sólo los retirados que están en el gobierno de Jair Bolsonaro, que son los que pueden hacer declaraciones públicas, sino las propias fuerzas armadas como institución. Ellas jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula, de la mano del anterior comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas.

La izquierda brasileña critica con dureza a Bolsonaro y al juez Sergio Moro, ahora ministro, lo cual es acertado. Pero no habla de la comunicación del general el día antes del juicio a Lula, el 3 de abril de 2018: "Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo y las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia" (https://bit.ly/2q4Iwq9). Fue una presión indebida sobre la justicia, pero representaba la opinión de las fuerzas armadas.

Me interesa constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo, y que la izquierda no está debatiendo lo que hacer al respecto.

Sobre la primera cuestión, no podemos engañarnos, ya que el papel de los militares en la sociedad (al igual que si hablamos de las fuerzas policiales) no depende de tal o cual oficial, ni siquiera del gobierno de turno, porque responde a una cuestión estructural. Las fuerzas armadas pueden aceptar la democracia y aún las reglas de las instituciones democráticas, pero no van a cambiar sus modos y harán todo lo posible para neutralizar cualquier actitud del poder político que afecte sus intereses.

Coincido con las afirmaciones del ministro Bayardi en el sentido de la "endogamia", como parte de la explicación del continuismo militar respecto a las dictaduras. En Brasil la dictadura terminó en 1985 (casi 35 años de democracia) y el PT gobernó entre 2003 y 2016. En Uruguay la dictadura terminó en 1984 y el Frente Amplio gobierna desde 2005. Ahora se reconoce lo evidente, que no hubo cambios en la mentalidad ni en la actitud de los militares, pese a que ambos gobiernos les han otorgado beneficios materiales importantes, tanto salariales como presupuestales para la modernización de las fuerzas.

La segunda cuestión es la izquierda. El problema es que no debatimos sobre las fuerzas armadas, quizá porque deberíamos entonces discutir sobre las continuidades en la cultura del poder judicial, de la policía, del parlamento, en fin, de todos los estamentos con poder que conforman la sociedad. Y por último terminaríamos debatiendo sobre las y los militantes de izquierda.

Lo más grave, a mi modo de ver, es que no sólo no debatimos sobre los armados sino que tampoco sabemos qué hacer. Los tiempos transcurridos en democracia y bajo gobierno de izquierda son suficientes para hacer balance. La realidad de estos dos países es la misma que la de todo el continente, más allá del color de los gobiernos.

Podemos seguir haciéndonos los distraídos, hasta que la falta de actitud se nos vuelva en contra. El problema de los cuerpos armados, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos está hablando de los límites que tiene administrar el Estado.

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