Marco Rivadeneira, líder social asesinado en Colombia en medio de la pandemia.Onu Derechos Humanos

Dos líderes indígenas fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban confinados cumpliendo el aislamiento obligatorio. La Fiscalía dice que homicidios redujeron el fin de semana

 

La violencia y el conflicto con grupos armados en Colombia no se ha detenido por el coronavirus y mientras la cuarentena reviste incomodidades para millones de personas, en algunas regiones del país significa más miedo y muerte. Miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas. Este lunes se evidenció ese riesgo cuando dos líderes indígenas del pueblo embera chamí en el Valle del Cauca fueron asesinados mientras cumplían el aislamiento obligatorio que se decretó en ese departamento del occidente del país. “A las 9:20 de la noche, Omar y Ernesto Guasiruma estaban en su vivienda en el corregimiento de Naranjal cuando llegaron dos sujetos y los sacaron de sus casas”, contó Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena (ONIC). Otros dos defensores indígenas atacados de la misma forma se encuentran gravemente heridos.

Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos en América Latina y, con la atención puesta en la emergencia humanitaria generada por el Covid-19, el peligro se incrementa en las comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 565 activistas sociales. En plena pandemia fue asesinado Marco Rivadeneira, líder reconocido de Putumayo, suroccidente del país. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la pérdida y recordó que era un hombre con quien trabajaban en llave para proteger a otros líderes. “Nos estremece el homicidio”, aseguró el ente. La Unidad Nacional de Protección dijo en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus esquemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”, pero eso en la práctica, según denuncia Arias, ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas sin alguien que los cuide.

El confinamiento, que es novedad para millones de colombianos, es parte de la vida cotidiana de miles de campesinos. En 2019, de hecho, aumentó el confinamiento como práctica de los grupos armados. “Según cifras oficiales, más de 25.000 personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.600 permanecieron confinadas”, indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja en su balance de la crisis humanitaria.

El Gobierno ha declarado la cuarentena hasta el 13 de abril, pero en algunas zonas ya circulan panfletos que obligan a los campesinos a permanecer en sus casas so pena de ser asesinados. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó que declaraba un “toque de queda” con excepción de las personas enfermas y un “castigo revolucionario” a quienes teniendo Covid-19 no se autoaislaran. Lo mismo hicieron grupos de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que declaran objetivo militar a quienes estén fuera de sus casas; y grupos paramilitares que aterrorizan a los civiles de las regiones más apartadas de las ciudades. La Fiscalía, sin embargo, reporta una disminución de la actividad delictiva del fin de semana del 21 al 23 de marzo. De acuerdo con sus cifras, hubo 49 homicidios en todo el país, es decir 100 menos que en el mismo periodo del 2019 y también se redujeron los hurtos.

Mientras los artefactos explosivos y minas antipersona siguen afectando a la población civil. Uno de los últimos casos conocidos es el de un adolescente de 16 años que resultó herido al pisar uno de esos explosivos en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. En Colombia cada día hay una nueva víctima por estos artefactos, según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho que “las operaciones militares no han parado ni han mermado” y que las fuerzas de seguridad están desplegadas para hacer cumplir la cuarentena. “Hay 39.000 policías en tareas de vigilancia, 1.000 puestos de control en supermercados. Más control fronterizo y caravanas de seguridad para garantizar el transporte de alimentos y productos básicos”, dijo.

Bogotá - 26 mar 2020 - 16:24 COT

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La crisis de los cuidados en forma de coronavirus

La nueva crisis se llama “coronavirus”. Dos de sus consecuencias relevantes están siendo el aumento de la violencia machista y la puesta de relieve –más si cabe– de la trascendencia de los cuidados y de la urgencia de una rearticulación sistémica de los mismos, más allá de la explotación y el esclavismo heteropatriarcal racista y capitalista. Por poner un par de ejemplos, tres mujeres han sido asesinadas en nuestra pequeña nación, EuskalHerria, en una semana, en la que se puso en marcha el confinamiento de la población, o cuatro hombres han sido detenidos por agredir a mujeres en Navarra, mi comunidad, el primer fin de semana de confinamiento.

Pero desde la insularidad y atomización del aislamiento la lucha, la organización y la resistencia siguen. Vídeos, carteles y protestas ruidosas y nocturnas en forma de caceroladas desde balcones y ventanas se suceden a modo de denuncia de la violencia machista y racista. Una de las reivindicaciones principales del movimiento feminista, dentro y fuera de EuskalHerria, es la necesidad de poner la vida en el centro, cuestión en la que se entrelazan, tanto la violencia machista, como la necesidad de una revalorización y redistribución de los cuidados. La solidaridad colectiva franquea los muros del aislamiento social y crearedes de cuidadoen pueblos y barrios,paracombatirasí la intensificación de la precarización vital y asistencial.

En el Estado español (división geográfico-administrativa a la que actualmente pertenece la mayor parte de EuskalHerria, la otra parte pertenece al Estado Francés), existe una sistema público de salud, en teoría universal y gratuito, que si bien en buena parte privatizado y maltrecho por los recortes capitalistas, implica una cobertura sanitaria para la ciudadanía general. Esto significa que la gente que vive en la calle, la que no llega al salario mínimo, la que no tiene seguro médico ni seguro privado, las migrantes sin papeles, etc. serán, en teoría, atendidas.

Aun con todo, esta estructura social que paliará y amortiguará los efectos del coronavirus dejará fuera muchos cuerpos –en situación especialmentevulnerable se encuentranlas personas confinadas en cárceles y en los Cies (Centro de Internamiento de Extranjeros)–y muchas demandas, y no opacará la urgente necesidad de poner la vida, mucho más allá de la vida hegemónica, en el centro. El coronavirus no hace sino poner de relieve una crisis sistémica de los cuidados, la profunda y planificada inercia neoliberal capitalista de invisibilización, feminización, racialización, infravaloración y pauperización de los cuidados. Las recesiones económicas teledirigidas y los colapsos ecológicos no cesarán si no otorgamos a los cuidados el valor central que tienen como sostenedores y reproductores de vida,y articulamos nuestras sociedades en torno a ellos de manera justa y equitativa.

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Lunes, 23 Marzo 2020 10:08

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

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Lunes, 23 Marzo 2020 09:15

La masacre del aislamiento

La masacre del aislamiento

Tras conocerse la masacre de 23 reclusos, o tal vez más, y 85 o más heridos, los alrededores de la cárcel Nacional Modelo, con ubicación en Bogotá, quedaron ocupados por familiares de quienes allí purgan condena. Eran alrededor de 300 familiares los que en horas de la tarde del domingo 22 de marzo, destrozadas por la angustía, por la falta de información precisa sobre los hechos en curso y los nombres de quienes perdieron su vida o fueron heridos por la arremida de la guardia, reforzada por su cuerpo especial represivo, el Cores – Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad–, presionaban a la guardia y al Esmad para llegar hasta las puertas del presidio.

 

 

Jorge Villamizar llegó en taxi hacia las 8:40 de la noche del 21 de marzo, junto con su padre, avisados vía whatsapp de lo ocurrido al interior de La Modelo. Preocupados esperaron hasta las 2:30 de la madrugada después de que el Esmad disparó aturdidoras y gases varias veces a las familias que fueron llegando al penal para buscar respuesta sobre lo sucedido con sus familiares. Los disparos cesaron cuando llegaron –muchos hombres con camuflados– dice Jorge.

 

 

Vecinos del sector contaron que desde la madrugada empezaron a salir furgonetas con cuerpos, y mientras realizábamos este cubrimiento pudimos comprobar, a lo largo de dos horas, el ingreso y salida del penal de alrededor de 7 ambulancias. La mayoría de los presos del bloque 4 -5, supuestamente los más peligrosos del penal, murieron en el potrero y el rancho. Los mismos que se ven en ese vídeo que circula en redes sociales, donde una persona, tal vez un guarda del Inpec, empieza a contar los cuerpos. En el vídeo se observa un muchacho vestido con camisa a cuadros y aparentemente un tiro en un ojo, se trata de Jhon Ortiz Ardila de 24 años. Su hermana, Johana Ardila, de 38 años, llegó a la cárcel desde las 10 de la mañana, y todavía no le han dicho si está muerto o herido. “Lo más probable es que a mi hermano lo dejaron morir ahí”, contó Johana con los ojos llorosos.

Al preguntarle a los familiares sobre la cantidad muertos, unos indicaban que 50, otros que 70, y a lo lejos se vía una tela denunciaba que son más de 30. Aparentemente la cifra brindada por la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, no es cierta. En todo caso, la falta de información crea zozobra pero también especulación. Es normal, y por ello es indispensable que el gobierno publique la lista de los muertos y de los heridos, además de la condición de estos.

 

 

En su presión por tener información precisa, impedidos por vallas protegidas por guardia del Inpec y en segundo plano por el Esmad, los familiares gritaban: “que nos den repuestas, que nos den respuestas”.

 

 

Los presos convocaron a un cacerolazo por la ausencia de medidas por parte del gobierno después de denunciar varias veces las condiciones de salud paupérrimas a que están sometidos, y luego de conocerse de la cuarentena y aislamiento obligatorio decretado para todo el país. Los presos, ya asilados, ahora sufren un doble aislamiento pues no podrán recibir visita de sus familiares, temen y denuncian el alto riesgo de contagio del Covid-19 al que están expuestos por la falta de implementos sanitarios para la guardia, además de no implementarse medidas sanitarios con ellos –arreglo de baños, ampliación de espacios para superar el hacinamiento en que viven, garantía de agua a toda hora–.

 

 

Paradojas de la vida. Los 23 o más asesinados en la madrugada del 22 de marzo de 2020 en la Cárcel Modelo de Bogotá, murieron en su lucha por evitar que el coronavirus los matara, así como exigiendo que muchos de ellos pudieran salir a domiciliara, y así salvarse de la pandemia que agobia al mundo.

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Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados

La violencia del Estado colombiano no da respiro, tampoco la constante violación de los derechos humanos. Ahora el turno es para quienes están en presión.

No valieron los llamados elevados ante el gobierno de Iván Duque, ni las denuncias públicas por parte del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia* recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí viven, producto del Covid-19, las solicitudes para aplicar medidas de higiene al interior de estos establecimientos, a la par de la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria, dándole paso así a descongestionar los centros de reclusión, otorgando libertades humanitarias como parte de la misma. En contra de este proceder, humanitario y lógico en las circunstancias de pandemia que padece el mundo y Colombia como parte del mismo, la sociedad colombiana vio la luz del domingo 22 de marzo con la nefasta noticia de una masacre en la Cárcel Nacional Modelo –Bogotá–, así como el asesinato de otros dos presos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.

Desinterés y silencio gubernamental que llevó a los presos a elevar su presión, coordinando un cacerolazo para las horas nocturnas del 21 de marzo, por llevarse a cabo en más de una docena de cárceles y penitenciarias del país (La Picota, La Modelo, Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Cómbita, Palmira, Buen Pastor de Bogotá. El asesinato ya registrado fue la respuesta de un gobierno que está de espaldas a las mayorías sociales, tanto antes de la pandemia que tiene en casa a 50 millones de connacionales, como antes de la misma, de lo cual da testimonio el 21N y las jornadas de protesta que le siguieron.

Desde varios días atrás el Movimiento Nacional Carcelario denuncia las insuficientes medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión, insuficientes para prevenir un contagio generalizado con el Covid-19. Denuncia que los protocolos de seguridad son pésimos, el relevo de las guardias es el mismo que han implementado por años, sin usar protección como guantes o tapabocas. También perdura la falta de gel antibacterial en las cárceles.

Situación de riesgo que se suma a la realidad que en salud y enfermedad son cotidianas en estos centros de castigo, como es la existencia de enfermos, hombres y mujeres, de VIH, cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, más vulnerables, con un sistema inmunológico deficiente para un posible contagio masivo de la pandemia coronavirus, ancianos sin goce de políticas de atención especiales, entre algunas de las problemáticas que hacen el castigo más severo.

El sistema nacional penitenciario carga inmensas falencias, hasta el punto que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, junto con otras sentencias que han seguido a lo largo de una década, declaró la prevalencia de una violencia sistemática de derechos humanos hacia los presos, como: el hacinamiento, la falta de agua potable, alimentación de baja calidad, aéreas de sanidad que no se encuentran adecuadas, todo lo cual crea deficiencias en salubridad y genera unas condiciones de alto riesgo para la vida de los internos y el desconocimiento de los derechos humanos. Realidad que hoy día se traduce en un escenario propicio para el contagio del coronavirus, lo que tendrá unas consecuencias gravísimas para los presos en particular y la sociedad en general.

La angustia que viven los presos, producto de la pandemia en curso, no es gratuita ni inventada, es el producto de una crisis mal manejada, en donde la sociedad en general ha quedado expuesta a una sobrecarga de desinformaciones e insuficientes políticas sociales por parte del gobierno nacional, el cual se afanó en promulgar medidas para proteger al empresariado, al tiempo que dejó sin alternativas económicas y de protección social a las mayorías sociales, ahora obligadas al aislamiento social.

“El hacinamiento es tan grave que se trasladó a las Unidades de Reacción Inmediata (Uris), estaciones de policía. No dan abasto estos sitios. La única forma de generar deshacinamiento es por medio de generar domiciliarias o liberaciones humanitarias. Es importante tener en claro las reivindicaciones del Movimiento Nacional Carcelario”, aseguró en entrevista con desdeabajo, Gloria Silva, abogada y defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

Es una realidad incomprensible la que hoy constata la sociedad colombiana, pues mientras se llama al asilamiento general, y a procurar guardar distancia con vecinos, quienes están en prisión permanecen hacinados, conviviendo cuerpo a cuerpo, padeciendo de cortes de agua, teniendo que realizar todo lo concerniente al aseo personal sin garantías de desinfección de baños y sanitarios.

Una realidad que desconocen las autoridades del ramo. Tanto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, como el general Norberto Mujica Director del Inpec, en la mañana del 22 de marzo, en un informe entregado al país, tildaron los amotinamientos como plan criminal de fugas y aseguraron que no existen problemas sanitarios en las cárceles.

“No se conocen hasta ahora infectados de coronavirus en las cárceles a nivel nacional pero varios presos tienen síntomas como gripa. ¿Hasta dónde están funcionando los protocolos por parte del Gobierno?”, cuestionó la abogada Gloria Silva quien comentó que pronto saldrán comunicados de plataformas defensoras de derechos humanos ante lo ocurrido.

Es la realidad de hacinamiento y alto riesgo de contagio que viven quienes están en prisión, lo que motivó al equipo desdeabajo a proponer la urgente descongestión de los centros de reclusión, y para que así sea:

“1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”. (Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html). La masacre llevada a cabo en La Modelo hace más palpable la crisis humanitaria que viven quienes padecen el castigo carcelario y hace más urgente liberar a miles de quienes pasan sus días en espera de un incierto futuro.Link de la nota:

*https://web.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2796180223806973?__tn__=K-R

Testimonios

En cubrimiento de lo sucedido en La Modelo, desdeabajo conversó con familiares de quienes están presos, mujeres y hombres que a las afueras del penal aguardan con angustia alguna información que les indique si su familiar está entre los asesinados. En su rostro se refleja la intranquilidad, y en sus ropas la húmedad producto de los chorros de agua con que fueron reprimidos por parte del Esmad algunas horas antes.

Ellos nos narraron que desde días atrás, al momento de ingresar a visita, padecen el decomiso de alimentos y de los utensilios de aseo, ni uno ni otro pueden ingresarse una vez se conoció el avance de la pandemia.

A eso se agrega la medida, recién tomada, de impedir las visitas semanales. Es decir, los presos padecen doble aislamiento.

Pero además, aseguraron, los asesinados tienen que ser más de 23, tal vez 50, 70, o quienes sabe cuantos, pues en horas de la mañana del domingo 22 de marzo, salieron de la cárcel unos 6 furgones, que como es conocido tienen capacidad para cargar hasta 15 cuerpos.

Pese a que los equipos de seguridad del Estado no los dejan acercar al lugar de los hechos, ellos y ellas permanecen allí, con ojos abiertos y oídos atentos, aguardando la nefasta o la buena noticia que traiga alguna voz desde el interior del sitio de encierro.

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Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

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Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia

Las Águilas Negras no están "registradas" pero sí existen

“No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, afirmó en 2013 el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en relación con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y los hechos en los cuales se ha vinculado al exmandatario con grupos paramilitares. Junto con estas palabras, anunciaba que ordenaría que se investigara a Uribe Vélez, por “promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales”. Posteriormente el magistrado sufrió amenazas desde las redes sociales y el senador Uribe Vélez lo señaló de exguerrillero.

El 27 de junio de 2017 el magistrado Pinilla Cogollo renunciaría a su cargo a través de una misiva dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y declararía que su renuncia se debió a que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad[1].

El pasado 21 de febrero del 2020, otro magistrado Juan Guillermo Cárdenas, también del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en una abultada sentencia de 2.278 páginas, contra 9 paramilitares del Bloque Metro, le ordena a la Fiscalía que amplíe la diligencia de versión libre que en noviembre de 2013 rindió Abad Giraldo Arias, ‘el Indio’, “recabando sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la masacre en la vereda Cañaveral”, en Remedios Nordeste Antioqueño, ocurrida el 7 de julio de 2001.

La masacre, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido como ‘Rodrigo Doble Cero’, fundador de las Autodefensas y sanguinario paramilitar; se llevó a cabo contra arrieros y trabajadores de la tierra, a quienes los paramilitares acusaban de ser “colaboradores de la guerrilla”. Fueron decenas las víctimas, muchas obligadamente enterradas en fosas comunes por sus propios vecinos.

El Bloque Metro fue creado en 1998, en el nordeste antioqueño, estuvo asociado a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir y con Luis Alberto Villegas Uribe, antiguo socio de la familia Uribe Vélez.

Antes del 2001, el municipio de Remedios, había sufrido otra dolorosa incursión paramilitar donde fueron masacradas 18 personas del caserío. La acción fue cometida por paramilitares de las Autodefensas del Nordeste GAN, la noche del 2 de agosto de 1997. Según el Centro de Memoria, la noche del 1 de agosto, tanto el Ejército como la Policía hicieron presencia en el casco urbano de Remedios y llevaron a cabo operativos de control y requisas a los pobladores, sin embargo, horas más tarde, no reaccionaron “para interrumpir o impedir el recorrido paramilitar”.

Pero los antecedentes nos llevan aún más atrás. Desde los años 80, los mandos militares en la región crearon, una red paramilitar compuesta por miembros de las secciones de inteligencia del ejército, integrantes de grupos paramilitares, y personas ligadas al narcotráfico. Participaron en distintos momentos ganaderos, políticos locales y empresas. Esta red operó bajo diversas siglas: M.A.S, M.R.N, Los Realistas, Los Blancos y ANA.[2]

El 18 de marzo de 1987, el exmagistrado y presidente de la UP Unión Patriótica Jaime Pardo Leal, en rueda de prensa, señaló con nombres y grados, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en asesinatos y desapariciones, e informaba de la existencia del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste M.R.N, demostrando la pertenencia de miembros de la Policía a dicha estructura. El 11 de noviembre de 1988, el MRN se adjudicó la masacre en Segovia en la que fueron asesinados 43 pobladores. Las investigaciones posteriores arrojarían que había sido planeada directamente en el cuartel general de la XIV Brigada, en cabeza del comandante, brigadier General Raúl Rojas Cubillos. También se comprobó que varias de las cartas de amenazas, habían sido elaboradas en la máquina de escribir del comandante del Batallón Bomboná Teniente Coronel Alejandro Londoño Tamayo.

En 1989 hace su aparición en Yondó, Muerte a Revolucionarios y Comunistas MARCO, que regularmente eran escoltados por unidades de la XIV Brigada. El alcalde informó de esta situación al ministro de Gobierno y al gobernador de Antioquia.Posteriormente surgiría el HURE, que según el testimonio del exmiembro de la red de inteligencia de la XIV Brigada; varias investigaciones fueron la principal causa que condujo a la Brigada a crear esta estructura clandestina dentro del ejército” [3].

Ya en 1979, en el Manual Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Del Ejército Nacional, se impartían claras indicaciones para la realización de operaciones encubiertas. Así, se recomienda a comandantes de compañías, el uso de “agentes clandestinos de civil, que cumplan y simulen acciones de bandoleros”.[4]

Al respecto, el caso más emblemático fue el de la llamada Triple A (Alianza Anticomunista Americana), que desde 1978 hasta 1981, asesinó y desapareció varios miembros de la oposición política. Las amenazas eran reivindicadas públicamente por la Triple A, pero los asesinatos y desapariciones, eran atribuidos a fuerzas oscuras. Sin embargo, las investigaciones adelantadas y las confesiones de varios exintegrantes del Binci, pusieron al descubierto la identidad de quienes actuaban detrás de la Triple A. Entre ellos el Teniente Coronel Harold Bedoya Pizarro, Comandante del Batallón de Inteligencia “Brigadier General Charry Solano” [5].

A principios de 1987, los grupos paramilitares inician su integración a nivel nacional, basados en la experiencia del Nordeste Antioqueño, por ello se realiza una reunión con ese fin en la sede del Batallón “Charry Solano” en Bogotá. Esta reunión esta “liderada por el servicio de inteligencia del ejército”, y asisten líderes paramilitares regionales. Después vendría el MEPAN Movimiento Patriota de Autodefensa Nacional, en el año de 1992. Esta estructura sería el antecedente de las AUC [6].

Con razón el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, había señalado en 2013, que el Estado sabía de la existencia de los paramilitares y de la vinculación de los altos mandos militares con estos desde 1983, por tanto “el Estado colombiano es responsable, por acción y omisión, de los hechos cometidos por los paramilitares”. De hecho el surgimiento del paramilitarismo, no obedece a la ausencia del Estado en amplias zonas del país ni se explica por esa razón, al contrario, nacieron y crecieron donde había presencia del Estado y las Fuerzas Militares y eran apoyados por éstas.

El reciente llamado del Tribunal Superior de Medellín al esclarecimiento de la participación del expresidente Uribe en la masacre de Remedios en el año 2001; será fundamental para determinar la profundidad y extensión de esa omisión y acción del Estado Colombiano frente al paramilitarismo y su aterrador accionar.

Mientras tanto, las recientes declaraciones del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, en relación a las amenazas y asesinatos de líderes sociales por parte de las Águilas Negras,  en las que despachó el asunto con: “Esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”, recuerdan las declaraciones de la ANDI en 1983, a raíz del informe de la Procuraduría sobre el M.A.S, en las que los industriales aseguraban: “El M.A.S, no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, las Fuerzas Armadas saldrán airosas”.[7]

1 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-justicia-le-ha-faltado-valor-para-investigar-uribe-ruben-dario-   pinilla-articulo-717119

2 Sumario adelantado contra Ramirez R. y otros por Homicidio, por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal.

Declaración de Martín Emilio Sánchez, ante la Procuraduría General de la Nación, el 20/07/90

4 Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas, Fuerzas Militares, Ejercito Nacional, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá 1979, pág. 188

5 El Espectador, 16 de febrero de 1981. Pág, 10 A

6Documento del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con las declaraciones del Mayor retirado Oscar de Jesús Echandía Sánchez. Aparecido en “Tras los pasos perdidos de la guerra sucia” Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia.

El Tiempo, 22 de febrero de 1983, pág. 6 A.

 

Por Pablo Nariño | 16/03/2020 

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:41

Estado de sitio

Estado de sitio

"El ambiente de este país es bélico, se siente en la calle", me dice Mónica González, la periodista chilena ganadora del premio a la excelencia García Márquez, que ha venido a Managua para participar como jurado de los premios de periodismo que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y le sobra razón.

La ceremonia se ha celebrado bajo acoso, con escuadrones de policías antimotines apostados en las afueras del local, y los invitados entrando de a poco, escondiéndose de las cámaras de los teléfonos celulares de los oficiales de policía, o de los agentes de civil.

El número de fuerzas policiales ha aumentado en más de 5 mil efectivos desde que estalló en abril de 2018 la rebelión popular que congregaba cada día a centenares de miles en las calles, sobre todo jóvenes, reclamando un cambio democrático.

Hoy, tras la ola de represión que dejó al menos 500 muertos, más de 2 mil heridos, cerca de un millar de presos políticos y unos 65 mil exiliados, la decisión del régimen es paralizar a la gente. No sólo que no salga a manifestarse, sino que quienes están anotados como peligrosos, o quienes organizan las demostraciones, ni siquiera puedan salir de sus casas. Casa por cárcel.

Sus viviendas son cercadas por pelotones de agentes que no les permiten dirigirse a sus trabajos, ni proveerse de alimentos. Se puede ver en los videos que las propias víctimas, o sus vecinos, filman, y que son trasmitidos por las redes sociales. Las protestas, hechas con valentía, la invocación de los preceptos constitucionales, son recibidos con oídos sordos.

Manifestarse, porque la voluntad de hacerlo lejos de extinguirse se exacerba, se ha convertido en toda una guerra de la pulga que se libra a diario. Ante cada demostración anunciada, el despliegue policial se vuelve grotesco por la desproporción: hasta 20 transportes repletos de fuerzas antimotines y de policías de línea, muchos de ellos recién reclutados, y tan jóvenes como los manifestantes a los que tienen órdenes de reprimir.

Una de las últimas veces, cuando los protestantes corrieron a refugiarse con sus banderas de Nicaragua en un centro comercial, los escuadrones de antimotines, marchando de cuatro en fondo, como una tropa de ocupación, penetraron por los corredores, ahuyentando a su paso a compradores y paseantes, hasta el patio de comidas, que hicieron desalojar de todos sus clientes mientras buscaban a los muchachos, confundidos entre la gente.

Cada rotonda está constantemente vigilada por contingentes armados, porque son consideradas probables lugares de concentración de manifestantes, lo mismo que las afueras de la catedral y los demás templos católicos. Después de que el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, acogiera a un grupo de madres en huelga de hambre, y después que ellas, tras el acoso, decidieron salir, quedaron cortadas la energía y el agua potable. La represión tiene también el color de la venganza.

Un país no puede vivir de manera permanente en una situación de asfixia, ni bajo la pretensión de imponer el miedo y el silencio como regla de autoridad, o como castigo, ni se puede enjaular a los ciudadanos en sus propias casas cada día, ni llevarlos de manera recurrente a los centros de detención, ni fotografiar cada uno de sus movimientos, ni despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar lo que escriben o archivan en sus redes sociales.

La pretensión, que desborda ya el absurdo, es perseguir no sólo al que sale a la calle con una bandera, sino averiguar lo que opina y lo que opinan sus amigos, qué piensan del régimen, de qué manera se ríen en sus memes y mensajes del poder que busca controlar todo. Hasta que un día se les ocurra decretar un apagón digital, porque entrar en todas las conciencias es una tarea imposible, aún para el Gran Hermano o la Gran Hermana.

No es viable la vida social en un país donde todos los ciudadanos son tratados como sospechosos de ser enemigos públicos, sospechosos de apartarse del canon de rígida conducta política dictado por el régimen. Enemigos de la verdad oficial que es la verdad única, que no admite el menor grito de protesta, ni el menor desdén, ni la menor sonrisa de burla. La aspiración suprema del poder es entonces el silencio absoluto, la conformidad sin resquicios.

Se supone que hay elecciones para el año que viene. ¿Es posible elegir, con la gente encerrada en sus casas, sin derecho a manifestarse en las calles, sin acudir a mítines electorales en las plazas públicas, o aquellos que acudieran perseguidos por subversivos?

¿Sin que los medios de comunicación aún confiscados sean devueltos a sus dueños, con periodistas apaleados y despojados de sus cámaras y grabadoras, y con policías armados de teléfonos celulares fotografiando a los votantes en las urnas, o, aún más probable, patrullas policiales o turbas garrote en mano impidiendo votar?

¿Elecciones bajo estado de sitio, y, además, bajo las mismas reglas del juego, con el tribunal electoral bajo el control del partido oficial, y los votos contados de antemano?

Es una buena pregunta para la comunidad internacional. Porque de esta manera, estaríamos aún más lejos de la paz y de la democracia.

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La violenta paz de Colombia: "Cada día matan a uno o dos líderes sociales"

Las amenazas y la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes comunales se ha recrudecido en el país desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, mientras el Gobierno de Iván Duque trata de restarle importancia. Los desplazamientos forzosos continúan y los colombianos ya son la segunda nacionalidad que más asilo pido en España.

"Abandonar tu territorio y a tu familia por amenazas es lo más triste que le puede pasar a uno en la vida", relata por teléfono a Público la lideresa afrocolombiana Julisa Mosquera, nacida en Quibdó, capital del Chocó. En Colombia, cada día aumenta más la lista de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que son asesinados, la inmensa mayoría con total impunidad.

El país está viviendo una oleada de violencia que, paradójicamente, se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en 2016. Los datos varían en función de la fuente pero todos son igualmente alarmantes. Entre 2016 y 2019 se registraron 366 homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el último informe de Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La Defensoría del Pueblo eleva la cifra 555 en el mismo periodo y alerta del "aumento exponencial", en el caso de las mujeres.

Sólo el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 108 asesinatos de líderes sociales, casi un 50% más que en 2018. En los dos primeros meses de 2020, la oficina de Michelle Bachelet ha confirmado otros cuatro homicidios y verifica otra treintena.

La lista aumenta si se cuenta a exguerrilleros desmovilizados. En tan solo los dos meses de 2020, más de 60 activistas y excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados por oponerse públicamente a proyectos de grandes multinacionales, denunciar corrupción política o enfrentarse a los grupos armados que buscan ocupar los territorios, según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Desde la firma de la teórica paz colombiana, este organismo cuenta más de 700 líderes sociales asesinadosy 135 excombatientes de las FARC. Fuera quedan los ataques y las amenazas, y numerosos colectivos denuncian el maquillaje de cifras por parte de los diferentes Gobiernos.

"Son homicidios sistemáticos que buscan crear miedo en las regiones rurales para que nadie pueda denunciar", recalca la activista Mosquera, víctima de secuestro, torturas y desplazamiento. "Llevo once años corriendo de un sitio a otro, no puedo quedarme en ningún lugar ni tener un espacio propio. Toda mi familia vive pendiente de cuándo me van a matar", lamenta esta desplazada interna.

Refugio en España

El suyo no es un caso aislado. Colombia es el país con más desplazados internos del mundo, según la ONU. Los 60 años de guerra han provocado casi ocho millones de desplazados forzosos, y el fenómeno continúa en tiempos paz hasta el punto que cada vez son más los afectados que buscan asilo político en Europa. Ya son la segunda nacionalidad que más protección internacional pide en España, sólo por detrás de los venezolanos. En 2019, más de 29.000 colombianos pidieron asilo en España, el 25% de las más de 118.000 solicitudes registradas. El el triple que las registrada en 2018, pero el aumento es exponencial si se mira al año 2016, cuando apenas eran 600 los colombianos que buscaban refugios en España. 

La persecución de estas personas se da principalmente en las llamadas regiones, zonas rurales de las periferia del país, donde el Estado apenas llega y donde la guerrilla, ahora fuera de la ecuación, imponía su particular orden.

Entre las víctimas hay una enorme casuística:  reclamantes de tierras, políticos —especialmente opositores a la extrema derecha que ahora ocupa el Gobierno—, defensores del medio ambiente que se enfrentan a la extracción de los recursos naturales y excombatientes de las FARC-EP, líderes campesinos o portavoces de colectivos de víctimas del largo conflicto, según explica el sociólogo colombiano Mateo Giraldo.

Las alarmantes cifras pasan desapercibidas para la comunidad internacional, que habla de Colombia como ejemplo de transición. "Esta situación es invisibilizada porque la gente cree que como ya se firmó el Acuerdo, ya hay paz", resalta Marcos Ávila, vicepresidente de Ciudadanías por la Paz, una de las asociaciones que promovió las marchas de colombianos hacia a la Corte Penal Internacional para denunciar los crímenes contra los líderes sociales en 2019.

"Todos son asesinatos selectivos, no se dan por accidente o error. Esto es fácil detectarlo porque todos ellos han pasado por asociaciones, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones que buscan construir territorio", hacer valer los puntos de los acuerdos de paz que tanto rechazó el presidente Duque, aclara Ávila.

Un Estado ausente 

"A la gente la están matando por enfrentarse a empresas multinacionales, petroleras, mineras y agroindustriales", sentencia Francia Márquez, activista ganadora del premio Medioambiental Goldman en 2018. Esta defensora de derechos humanos explica que el Gobierno colombiano, de corte neoliberal, ha favorecido la acumulación de capital de las grandes empresas que persiguen sus intereses económicos a costa de las comunidades. 

"He recibido 15 amenazas desde 2019 y hace un año sufrí un atentado con granadas en la región del Cauca. Las agresiones son constantes, cada día matan a uno o dos líderes comunales", comenta. Por su recorrido como activista, Márquez tuvo que abandonar su tierra, el territorio ancestral de la Toma, en octubre de 2014. "La impunidad en este país sigue siendo un premio para los victimarios, hay mucha complicidad", reclama.

También denuncia que lo poco que se había avanzado con el proceso de paz se está perdiendo durante el Gobierno de Iván Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe Vélez, principal opositor a los acuerdos de paz. "Hablan de desarrollo económico pero aquí no hay salud, acceso al agua ni una buena educación", comenta la activista.

Para el sociólogo Mateo Giraldo, el principal obstáculo a la hora de afrontar estos crímenes es que el Gobierno no los reconoce como un fenómeno sistemático y opina que sólo busca "solucionar el problema militarmente". Sin embargo, lo que reclaman las comunidades que sufren la violencia es que el Estado se haga presente en forma de derechos sociales, que garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad y a la participación política. 

La escalada de ataques contra activistas y excombatientes revive los fantasmas del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierdas que nación en 1985, después de un acuerdo de paz entre el Gobierno con las FARC que no cuajó.

Más de 3.000 militantes de esta formación, entre ellos dos candidatos presidenciales, fueron víctimas de ataques selectivos atribuidos a grupos paramilitares de de idiología ultraderechista, en connivencia con sectores de las las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tanto el anterior Gobierno como el actual niegan que haya un plan sistemático de eliminación de los líderes sociales que velan por la aplicación de los acuerdos de paz y por el desarrollo del rural colombiano.

madrid

10/03/2020 22:28

Por maría duarte / jairo vargas

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Imagen de la represión contra Patricio Bao, de 69 años.

La represión es una constante desde que empezó la revuelta social en octubre pasado

Los uniformados no solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. El ataque contra Patricio Bao se viralizó.

Desde Santiago. Los carabineros como significante más elocuente del aparato represivo han superado la teoría de Hobbes en el Leviatán. No solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. Patricio Bao tiene 69 años. Fue apaleado el 8M cuando había acompañado a la marcha a su esposa e hijas. Indefenso, terminó con diez puntos en la cabeza y cuatro en el párpado derecho. Su historia se mediatizó porque un video del ataque que sufrió se volvió viral.

Por muy poco no ingresó al listado de personas con trauma ocular o pérdida de la visión. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) son 445 hasta el 18 de febrero. En esta ciudad se sale de la casa, el trabajo, un bar o el hotel donde se está alojado, pero nunca se sabe en qué condiciones se regresa. Si sano, herido o envuelto en una mortaja.

Lo pudimos comprobar el lunes bien entrada la tarde, sobre la avenida Alameda, en las cercanías del Palacio de la Moneda. Una caminata de pocas cuadras se transformó en la retirada inmediata del lugar. Los sufrientes a diario, santiaguinos de a pie, hombres y mujeres que buscaban el Metro para salir de la zona o esperaban el bus en la parada, fueron atacados con chorros de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta. ¿Qué hacían? Simplemente miraban a su alrededor, filmaban a los carabineros con sus celulares y unos pocos les gritaban “Pacos culiados”.

Los uniformados formateados en los usos y costumbres de la dictadura de Pinochet están cebados. De nada sirvieron los cursos sobre Derechos Humanos que les dio el gobierno. Reciben un doble mensaje. Porque el principal es despejar la calle y gastar la munición disponible si fuera necesario. Una joven quedó paralizada por el gas pimienta junto a las vallas que protegen los jardines que rodean La Moneda. La gente solidaria discutía con qué antídoto ayudarla. Agua tibia, leche fría, agua con bicarbonato, lo que hubiera a mano. Un muchacho gaseado caminaba sin ver mientras a sus espaldas los carabineros se enseñoreaban en la calle. Los dos o tres activistas que arrojaban piedras a cien metros no eran el blanco elegido por la represión. Al menos esta vez. Había que alejar de la Alameda las presencias molestas.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología Rodolfo Fortunatti profundizó en lo que pasa desde su columna El Estado contra las personas, allá por noviembre: “Si para quienes detentan las altas posiciones de poder y de riqueza la verdadera sorpresa de esta coyuntura fue la revuelta social, para el pueblo llano protagonista de la protesta, en cambio, la causa de todos los asombros fue el comportamiento del poder, ese modo desnudo y lacerante que vino a sacudir la conciencia política. Vio en los soldados que ocuparon las calles a las mismas fuerzas prepotentes, abusadoras y violentistas de la dictadura, como si la cultura cívica en democracia y derechos humanos de las últimas tres décadas, no los hubiera permeado, porque no lo ha hecho”.

Fortunatti es demócrata cristiano. No habla desde una barricada, ni desde las calles insurrectas. Pero su opinión es un buen termómetro para tomarle la temperatura al hartazgo y la ruptura que vive la mayoría de la sociedad chilena con el gobierno derechista de Sebastián Piñera. En la esquina de Teatinos y Alameda, a pasos de La Moneda, o más allá en la peatonal Ahumada, los carabineros rociaron con un cóctel de agua y gas a todo aquel que pudiera ser un testigo incómodo. Pero la gente ya no les teme. Tiene más rabia que miedo, como Carlos Vivanco, un estudiante secundario de 18 años que quedó ciego de su ojo izquierdo: “Me quisieron meter dolor, pena, miedo, pero siento que me hizo el efecto contrario: tengo más rabia que miedo”, decía allá por diciembre.

Es una de las 34 personas que sufrieron pérdida de la visión o estallido según el INDH porque les dispararon con balines o perdigones. Ellas se reúnen en un espacio colectivo cuya sigla es VTO: Víctimas de Trauma Ocular. Hay que transitar por las mismas calles donde los condenaron a vivir con algún tipo de discapacidad visual y comprender la perversión del método empleado para reprimirlos. Al estruendo de un disparo o una rociada de gas pimienta puede sobrevenir la ceguera. Si será momentánea o para siempre lo determinarán los Pacos, mote que proviene de la manera en que se llamaba antiguamente a los carabineros (Personal A Contrata de Orden y Seguridad).

El brazo armado del Estado en las calles de Santiago tiene sus mentores en el Congreso, la Justicia y los medios oficiales. A la rebelión popular de octubre, se le respondió con una ley que incorporó el “desorden público” como delito en el Código Penal. El proyecto de senadores y diputados oficialistas tuvo entre sus pregoneros a Gonzalo Fuenzalida Figueroa, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y político de Renovación Nacional, el partido de Piñera.

En marzo del año pasado publicó en su cuenta de Twitter un afiche con la frase “No todos los menores de edad son blancas palomas” acompañado por el dibujo de un niño que apuntaba con un cuchillo en la mano y se cubría con un antifaz. De esa forma buscaba acompañar la iniciativa presidencial para ampliar los controles de identidad a los menores de 14 años. Es este fascismo social del que habla el portugués Boaventura de Sousa Santos, o el fascismo penal que menciona en un artículo la doctora en teoría política chilena Camila Vergara, el que mueve el músculo represivo del Estado. Los carabineros son la cara más expuesta de un gobierno que desde octubre de 2019 acumula 32 muertos, 3.765 heridos, 1.835 víctimas de torturas y violaciones, además de unas 10 mil detenciones,.

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