"Un sector del poder económico bloquea la paz en Colombia"  

Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que una parte del poder económico en su país se opone a los acuerdos de paz. 

 

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que un sector del poder económico en Colombia bloquea la paz a la que él condujo a la guerrilla, ahora convertido en un partido político bajo la misma sigla.

Tres años después de la firma del acuerdo de paz, Londoño destaca de ese periodo, en una entrevista con EFE, que fue un "error político" presentarse a las elecciones legislativas de 2018, en las que su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), cosechó apenas 55.000 votos. También lamenta que Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez" y Seuxis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", quedaran fuera "de la construcción de la paz" y se encuentren en paradero desconocido.

--En la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 usted dijo: "Que la palabra sea la única arma de los colombianos" ¿Qué balance hace del cambio de las botas por los votos?

--El balance es bien complejo, porque tiene su parte positiva, logramos terminar un conflicto que llevaba más de 50 años; desafortunadamente, no logramos la paz completa; y desafortunadamente, todavía queda un sector de la clase dirigente de este país que quiere impedir que la palabra se escuche, que hace oídos sordos a la palabra y que todavía quiere usar la violencia como la forma de dirimir conflictos, y la violencia como un instrumento de la política en Colombia.

--¿Qué cree que mueve a ese sector que está en contra el proceso de paz?

--El poder económico.

--¿El poder económico no quiere la paz de Colombia?

--No todo, un sector porque no es todo el sector, toda la clase económica y dirigente del país. Gracias a que un sector de la clase dirigente abrió las compuertas, abrió ese espacio para llegar al acuerdo que llegamos. Hicimos varios intentos y fue en el de (el expresidente Juan Manuel) Santos en que lo logramos.  Antes no, porque ese sector nunca había abierto la compuerta. Esta vez la abrieron pero quedó un pequeño sector que no quiso, que se quiere mantener ahí porque los acuerdos son la letra pero también el espíritu. Hay que entender el espíritu que acompaña a esa letra y que ese sector no ha querido asimilar. La pregunta que me hago es: ¿el presidente (Iván) Duque y su partido habrán estudiado estos acuerdos, los habrán estudiado en su letra y en su espíritu? Porque a estos acuerdos los acompañó un espíritu. Fue un pulso muy duro con ese sector de la clase dirigente que asumió y que dio esa apertura, esa posibilidad.

--El acuerdo se hizo con el ex presidente Santos. Hoy hay un presidente de un signo muy distinto, ¿confía en el presidente Duque para llevar adelante la paz?

--El problema con el presidente Duque es que está representando un partido que ha levantado las banderas de ese sector que se opone a los acuerdos, que se opone a la reconciliación sobre la base de lo que acordamos en La Habana: sobre la verdad, la justicia la reparación y la no repetición. A eso le tiene mucho miedo. Desde el principio he dicho que es el presidente de los colombianos, él ya no puede ser el presidente de un partido político, él tiene que recoger el sentir de los colombianos y espero que reflexione y no siga en ese camino al que lo están conduciendo los sectores más poderosos de ese partido.

--Dicho de otro modo, espera que el presidente Duque haga un cambio de 180 grados con respecto a la paz.

--Que recoja el clamor de la gente, que asuma un acuerdo que hizo un grupo insurgente como las FARC con el Estado colombiano. Un acuerdo que ya no es de las FARC, que la mayoría de los colombianos han asumido como suyo. La reflexión que debería hacer él es que en ese acuerdo están las bases mínimas para que comencemos a construir la Colombia que cada uno piensa, pero en paz, sin la violencia.

--¿Cómo ha observado la respuesta de la ciudadanía frente a sus propuestas en la política legal, esperaban más apoyo? Por ejemplo, en las elecciones al Senado obtuvieron unos 55.000 votos.

--Lo primero, fue un error nuestro político habernos lanzado a la campaña electoral de la forma en que nos lanzamos y en unas condiciones sumamente complejas. Estamos recién nacidos a la política abierta, estamos aprendiendo, pero además lo estamos haciendo sin haber cambiado las normas de juego que está en los acuerdos; aquí, salvo el punto sobre la reforma política, prácticamente no se ha cumplido ninguno. Estaba el estatuto de oposición que la Constitución del 91 lo había ordenado y es gracias al acuerdo de paz que se logra establecer. Del resto, las reglas de juego siguen siendo las mismas, que impiden a cualquier sector alternativo llegar a posiciones de poder.

Para mí fue un error gravísimo y me parece que el resultado no refleja (la situación actual). Estábamos comenzando a insurgir en la vida política legal del país y yo creo que ahora que hemos ido avanzando y hemos ido a más sectores explicando a la gente nuestro proyecto mucha gente ha cambiado de forma de llegar.

--Pero sigue habiendo, y se ve en las encuestas, un rechazo no hacia la paz sino hacia las propuestas del partido FARC.

-Creo que venimos haciendo una experiencia interesante en el Congreso, se viene haciendo un trabajo. No teníamos ningún conocimiento de cómo funciona (el Congreso) que es una maquinaria política para poder estar inmersa en ella. Creo que este primer año ha permitido conocerla, pero también llegar a muchos sectores con propuestas políticas, hemos hecho varios debates de control muy importante, se han planteado iniciativas importantes y ahora comienza una nueva legislatura que nos va a traer mayores beneficios políticos.

--Ustedes han tenido este año diez congresistas.

-Nueve (Por el encarcelamiento de "Jesús Santrich").

--Nueve, pero en este primer año apenas han presentado propuestas de ley, ¿a qué obedece eso, están aprendiendo o tomando el pulso?

-Tengo entendido que se han presentado algunas, pero no tengo aquí bien claro (el caso). Por ejemplo, Sandra (Ramírez) viene trabajando el tema de rutas terciarias (rurales), es un tema muy interesante para el campo colombiano.

Un elemento muy interesante en este escenario político es que no somos ya los nueve compañeros nuestros allá representándonos, sino que somos 40 y pico senadores que más o menos coincidimos con el objetivo de consolidar la paz en Colombia.

--¿Ustedes aspiran a conformar un bloque o a hacer parte de un bloque alternativo en que haya fuerzas de izquierda, de centro-izquierda o verdes?

--Estamos trabajando en eso y no ha sido fácil.

-En aquel 24 de noviembre, tras usted estaba Jesús Santrich y a su lado Iván Márquez, dos personas que están en paradero desconocido y fundamentales en el proceso de paz, uno de ellos el jefe negociador de paz, ¿usted sabe dónde están ellos?

-Ni idea de donde están.

-¿De algún modo responden ante usted como líder del partido?

-Ellos se marginaron del partido alegando, por lo menos Iván Márquez, inicialmente problemas de seguridad, alegando temores, pero al partido no dijo absolutamente nada, desapareció del panorama.

Conocemos las cartas que todo el mundo conoce que ha publicado y de Santrich sé lo que saben todos, el proceso (judicial por un presunto caso de narcotráfico) que pasó, lo acompañamos, fuimos solidarios con él, hicimos toda una pelea para que se le respetaran sus derechos. Lo liberaron y la reacción fue la que todo el mundo conoce (desaparecer y no responder ante la justicia), la cual nosotros no compartimos, la cual condenamos, y de ahí para adelante no sé en qué andan ni qué están haciendo.

--¿Está decepcionado?

-Da mucha tristeza, da mucha tristeza, da pesar porque gente con la que uno compartió, con la que trabajó, este proceso, a veces se especula y si algo me da seguridad y fortaleza es saber que esto lo construimos entre todos, es una construcción colectiva.

Santrich es un hombre que en toda esta letra (del acuerdo de paz) tiene que ver. Aquí está la mano de Santrich. Todo eso a uno le duele, pero 50 años de confrontación lo tienen a uno preparado para afrontar una situación de este tipo.

Publicado enColombia
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/27/110-suicidios-de-militares-durante-guerra-al-narco

Durante los últimos 16 años Colombia registró 1.155 suicidios, un promedio de 72 por año1. ¿Cuáles son las razones de este preceder? ¿Qué medidas toma el Ejército para lidiar con este preocupante fenómeno? ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, o sus familias, para enfrentarse a esta situación?

 

El suicidio, un problema por décadas invisibilizado por parte de las Fuerzas Militares. Sucede en diversos países, entre ellos Colombia. Su motor, para nuestro caso, la presión del mando sobre los soldados, todo ello, producto del afán de buscar resultados –bajas– a como de lugar. La militarización, motor de este procedimiento, donde la ética no tiene espacio, es parte de la explicación del proceder de los suicidados, un proceder, como es lógico, que afecta a las familias de las víctimas e, incluso, a la misma institución militar.

Es muy probable que alguien que prestó el servicio militar, o ha sido parte de las fuerzas militares, haya conocido o escuchado sobre algún caso de suicidio al interior de un Batallón o unidad militar al que estaba asignado. El suicidio no es un proceder extraño, registra con frecuente dentro de estructuras militares que cumplen con ciertas características, como las que comportan los ejércitos de EE.UU, Filipinas, Brasil y Colombia. Cuatro aspectos hay en común dentro de esta problemática: Prácticas machistas enquistadas dentro del Ejército, altos niveles de militarización, militarismo e impunidad sobre estos casos.



Los efectos de aumentar el nivel de militarización



En primer lugar, los altos índices de militarismo llevan a las estructuras militares a introducir dentro de sus rutinas de instrucción prácticas en extremo violentas, encaminadas, según los manuales de entrenamiento, a moldear el carácter y la capacidad de respuesta violenta de los soldados. Estas rutinas, a pesar de ser cuestionadas, terminan siendo veladamente aceptadas por sociedades militaristas como la colombiana, donde se justifican estos hechos bajo premisas asociadas con el sacrificio, la disciplina, el honor o el temperamento, ignorando las múltiples implicaciones que generan estos procedimientos en la mente y los cuerpos de los jóvenes que las padecen e incorporan en su rutina diaria.

Son manuales y rutinas de entrenamiento que también se aplican en Ejércitos de otros países, los que registran porcentajes más bajos de suicidios, tal vez porque tienen niveles reducidos de militarización. Por eso, en segundo lugar, vale la pena aclarar que mientras el militarismo es un sistema de valores, la militarización es un fenómeno cuantificable, en el que uno de los factores claves es el aumento del pie de fuerza, razón por la cual los filtros psicológicos y procesos de selección se hacen menos rigurosos o en algunas ocasiones sencillamente se omiten, como ocurrió en el caso colombiano entre los años 2002-2010, período en el cual se documentaron cientos de casos en los que los jóvenes eran reclutados en procedimientos ilegales –como las batidas (detenciones arbitrarias con fin de reclutamiento)– luego de las cuales se practicaban exámenes psicológicos claramente deficientes, o en algunos casos no se realizaba ningún examen.

El filtro psicológico es determinante a la hora de prevenir acciones suicidas dentro de los batallones, pues permite identificar jóvenes con algún tipo de trastorno de personalidad, problemas familiares, depresión, antecedentes suicidas, baja autoestima, dolor crónico, falta de sueño, lesiones cerebrales y otros aspectos que al entrar en relación con el entrenamiento realizado en condiciones estresantes o degradantes, sumado a prácticas de abuso de autoridad, violencia física y psicológica, aumenta considerablemente el riesgo de suicidio. En definitiva, un alto nivel de militarización que implique aumentar las cuotas de reclutamiento, tiene una relación directa con el incremento en los índices de suicidio.

En tercer lugar, mencionamos el machismo dominante dentro de las instituciones castrenses. Aún bajo la presión del entrenamiento un joven podría construir al interior del Batallón una red de apoyo formada por sus compañeros, a partir de lazos de fraternidad y confianza que les permitan enfrentar esta y otras situaciones, pero aunque el Ejército habla permanentemente de sus esfuerzos para promover la hermandad y cooperación entre sus efectivos nada dista más de la realidad, pues en la cotidianidad, dentro de las unidades militares se presentan decenas de prácticas propias de una masculinidad hegemónica, basada en el estereotipo de un hombre que funciona casi como una máquina, que debe resolver todo con la fuerza, y sin expresar emociones, porque tal cosa sería vista como una palpable debilidad.

Matoneo, discriminación racial, hurto de pertenencias personales, acoso y abuso sexual, intimidación, extorsión, amenaza, feminización, aislamiento y otras prácticas asociadas a contextos fuertemente patriarcales, hacen que los soldados en lugar de protegerse o solidarizarse con las crisis experimentadas por sus compañeros, terminen empujándolos bajo una lógica de competencia e imposición de un tipo bastante nocivo de masculinidad, llevándolos a límites de estrés, miedo y tensión, tan fuertes, que en muchos casos los jóvenes desarrollan esquizofrenia, paranoia, depresión, o incurren en consumo de sustancias psicoactivas; condiciones que incrementan peligrosamente las probabilidades de cometer suicidio.



Los casos de suicidio en la impunidad

El pasado 7 de julio Noticias Uno dio a conocer el caso de Cristian Aldana2, un joven de 22 años cuyo sueño era prestar el servicio militar. En efecto, lo reclutaron, pero  mientras prestaba el servicio fue víctima de matoneo y abuso sexual por parte de dos sargentos, cuestión que lo llevó a intentar en varias ocasiones suicidio y ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Actualmente el Ejército no reconoce los hechos y se niega, además, a suministrarle los medicamentos que requiere para el tratamiento de una patología que a todas luces adquirió durante la prestación del servicio militar.

Esto nos lleva al último punto, relacionado con los altos niveles de impunidad presentes dentro de la institución militar. Si bien es difícil encontrar personas dispuestas a denunciar este tipo de situaciones, debido principalmente a los códigos de silencio impuestos por una masculinidad que se considera socavada por contar lo que está ocurriendo, la cuestión empeora aún más al revisar que la cifra reconocida por el Ministerio de Defensa (1.155 suicidios en los últimos 16 años) puede estar muy por debajo de la realidad, pues como se ha podido observar recientemente, luego de las denuncias publicadas por el New York Times acerca de las presiones a las que son sometidos oficiales para obtener bajas a todas costa (práctica que disparó la cifra de “Falsos positivos” entre el 2004 y el 2010) el Ejército colombiano en lugar de realizar las modificaciones necesarias para transformar la situación, emprendió una brutal cacería tratando de ubicar a los efectivos que habían hablado con los medios. Si esta fue la decisión tomada contra oficiales de altos rangos, puede deducirse fácilmente que este mismo tipo de presiones para garantizar silencio son empleadas contra las familias que intentan indagar sobre los suicidios de sus hijos, como ocurrió en el año 2007 con el suicidio de Alexander Calderón Gómez, joven de 19 años de edad3, hecho sucedido al interior del Batallón Guardia Presidencial y denunciado por su padre, quien manifestó también en varias ocasiones haber sido sujeto de conversaciones y llamadas intimidantes por parte de efectivos del Ejército, que le advertían que de seguir indagando sobre lo ocurrido con su hijo habría consecuencias para él y otros integrantes de su familia.

Para este último ejemplo es importante recordar que en el Batallón Guardia Presidencial, ubicado en pleno centro de la ciudad de Bogotá, se han presentado 14 suicidios entre 1994 y el 2018, frente a los cuales valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los resultados de las “investigaciones” realizadas para cada uno de los casos? Y, ¿cuáles son las prácticas o situaciones comunes entre los casos documentados? Práctica y rutinas necesarias de establecer pues se supone que este Batallón no aplica cursos o entrenamientos especiales que implican acciones de tortura física y psicológica, como las denunciadas recientemente para el Curso Unidades Básicas de Lanceros (Cubal) o los simulacros de secuestro realizados en la base militar El Fuerte - Amazonas II4.



La necesidad de revelar el secreto



Para empezar, es fundamental que el país empiece a problematizar este tipo de situaciones en lugar de tratarlas como un secreto a voces. Ninguna vida se va a salvar asumiendo que estas “son cosas que pasan” o que “el entrenamiento militar no es para todo el mundo”.

Por otro lado, la institución militar en cabeza del Ministerio de Defensa, debe empezar a implementar controles estrictos y cambios estructurales en rutinas, normas y cursos especiales de entrenamiento, que aumentan significativamente la probabilidad de que se presenten suicidios al interior de los batallones y bases militares ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. También está en la competencia del Ministerio de Defensa asumir debidamente su propósito de transformar el Ejército, modernizando los procedimientos de entrenamiento y dándole sentido al objetivo N° 7 de su “Plan de Transformación Ejército de Futuro (Petef)” en el cual plantean “El fortalecimiento de la cultura de transparencia, que busca la aplicación de normas, generando cambios culturales y pedagógicos enmarcados en la ética y la transparencia institucional”5.

De así suceder, la ciudadanía podría entender que la modernización del Ejército es una realidad no solo en el marco de las multimillonarias adquisiciones en sistemas, equipos, vehículos y armas de combate que autorizadas con los presupuestos otorgados por el gobierno actual, sino también por el esfuerzo y los recursos que se deben comprometer para respetar y garantizar la vida de los soldados, ya que lo que está ocurriendo dista mucho de ser la “maravillosa experiencia” que prometen en la numerosa y frecuente publicidad promovida por el Comando de Reclutamiento (Corec) para que los jóvenes se vinculen a la institución.

Por último, como sociedad civil y organizaciones sociales, debemos asumir un rol más fuerte en el seguimiento, denuncia y exigencia de cambios estructurales a la institución militar. Cambios que pueden empezar por la eliminación del anacrónico y obsoleto modelo de servicio militar obligatorio, que solo entre el 2009 y el 2015 dejó 7.552 jóvenes afectados de por vida por daños físicos o mentales6 y la transición hacia un modelo de profesionalización de las fuerzas militares.

Es importante también que el Ejército (como lo ordena la Corte Constitucional) y las organizaciones sociales, promuevan masivamente el derecho fundamental a la objeción de conciencia, el cual le brindaría la posibilidad a cualquier joven que sienta que no puede prestar el servicio militar o que no debe seguir prestándolo, de ser desvinculado de la institución militar, sin por ello asumir implicaciones negativas contra su persona.

Precisamente, en el marco de estas alternativas a la militarización y la barbarie que la acompaña, Colombia será este año el anfitrión de la Conferencia Internacional “Antimilitarismos en movimiento: Narrativas de resistencia a la guerra”, por realizarse en Bogotá entre el 30 de julio y el 1 de agosto, Conferencia impulsada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, y por las organizaciones en Colombia: Justapaz, Cuerpo Consciente, Acooc y Convivamos7.



1    Esta cifra la dio a conocer Gustavo Petro en un debate de control político realizado al Ministro de Defensa en la Comisión Primera del Senado el pasado 11 de junio. Consultado en: https://canal1.com.co/noticias/nacional/al-ano-se-suicidan-50-militares/amp/
2    Consultado en: https://canal1.com.co/noticias/madre-denuncia-que-su-hijo-fue-abusado-sexualmente-en-el-ejercito/
3    Consultado en: https://caracol.com.co/radio/2007/06/22/judicial/1182532620_443734.html
4    Consultado en: https://www.las2orillas.co/el-infierno-del-campo-de-entrenamiento-del-ejercito-colombiano-en-el-amazonas/
5    Consultado en: https://www.defensa.com/colombia/plan-transformacion-ejercito-colombia
6    Consultado en: file:///C:/Users/ALEJANDRO/Downloads/7812-Texto%20del%20art%C3%ADculo-20791-1-10-20180307.pdf
7    Para más información, pueden consultar en:
    https://www.wri-irg.org/es/

*    Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia-ACOOC, @objetoresyobjerorasdeconciencia
    @ AcoocObjecion

Publicado enEdición Nº259
Al menos 57 muertos en una cárcel del norte de Brasil

Se trata del episodio más violento en las cárceles del vecino país en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

 

Al menos cincuenta y siete presos fallecieron, diceciseis de ellos decapitados, tras la rebelión ocurrida en un reclusorio de Altamira, en el norteño estado de Pará. Se trata del episodio más violento en las cárceles de Brasil en lo que va del gobierno de Jair Bolsonaro: el anterior fue en mayo y dejó cincuenta y cinco víctimas en Manaus, capital de Amazonas.

Todo comenzó este lunes cerca de las siete de la mañana en el Centro de Recuperación de Altamira, sur paraense, en el extremo este de la Amazonia que desde hace algunos años se ha convertido en corredor de drogas colombianas destinadas al mercado europeo y campo de disputa de entre facciones.

Una nube de humo negro surgió poco después a desde el interior del Centro de Recuperación de Altamira donde miembros del Comando Clase A incendiaron un contenedor ocupado por sus rivales del Comando Vermelho, una de las organizaciones más antiguas del país formada hace décadas en las favelas de Río de Janeiro.

Los atacantes salieron del Pabellón A munidos con antorchas y cuchillas incautadas en la cocina del presidio, según las informaciones de la Superintendencia del Servicio Penitenciario paraense. Dos agentes penitenciarios fueron hechos rehenes y luego liberados.

Decenas de reclusos murieron asfixiados o calcinados en medio de los colchones en llamas dentro del contenedor de metal y concreto, al cual los peritos del Instituto Médico Legal sólo ingresarían a última hora de la tarde debido a la alta temperatura del material.

Un muro rodea al presidio frente al cual se reunieron las compañeras de los internos,las mismas que ya se habían movilizado en ese lugar hace dos meses para exigir la separación de las bandas a fin de impedir el enfrentamiento que finalmente ocurrió.

"Yo solo quiero la lista para saber si mi marido está vivo", gritaba la señora Rosángela da Costa ante los reporteros o cuando se acercaba algún vehículo oficial al portón de la cárcel.

El paso de ambulancias y camionetas del Instituto Médico Forense era permanente, y más tarde las autoridades anunciaron el envio de camiones refrigerados para trasladar los cadáveres hacia Belém, la capital estadual.

Cerca del mediodía, circuló un video de mala definición, donde unos hombres festejaban la carnicería pateando lo que al parecer eran las cabezas de sus enemigos.

Desde Brasilia el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, eludió hablar con los medios a los que distribuyó un comunicado burocrático sin anunciar un viaje al lugar de los hechos.

En la nota oficial se informó sobre la puesta en en alerta a la Fuerza Nacional de Seguridad y el traslado de los cabecillas de la revuelta a otros reclusorios.

El comunicado no hizo mención a la superpoblación del presidio que según el Consejo Nacional de Justicia albergaba a más de trescientos cuarenta internos cuando sólo puede alojar a ciento cuarenta y tres.

El exjuez de la causa Lava Jato y actual ministro de Jair Bolsonaro es autor de un proyecto de reforma del sistema de seguridad pública cuyas fundamentos conducen al incremento de la población carcelaria de un país con más de setecientos mil internos, la tercera más numerosa del mundo. El setenta por ciento de esas cárceles está superpoblada y un número importante presentan cuadros de hacinamiento, indicó el estudio del Consejo de Justicia.

Por la noche Amnistía Internacional señaló que la matanza es reflejo de cárceles "superpobladas" y un sistema de seguridad "agotado" .

La propuesta legislativa de Moro, inspirada en este concepto perimido citado por Amnistía, cuenta con el apoyo de la Bancada de la Bala, formada principalmente por policías además de miembros de otras fuerzas de seguridad como los agentes penitenciarios y el apenas disimulado respaldo de las "milicias" paramilitares.

El Comando Clase A, supuesto responsable de la mascre, es una organización que contaría con la presencia, o al menos la connivencia del paramilitarismo de Pará.

Una organización surgida al calor de la guerra por el control de los reclusorios, el tráfico de armas y drogas que le plantan cara a las mafias de proyección nacional como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, este último aparecido en San Pablo en los años 90.

El caso del Comando Clase A guarda semejanzas con la Familia del Norte, la banda formada en Manaus, desde donde mide fuerzas con el Primer Comando paulista y el Comando Vermelho Carioca.

La Familia estuvo envuelta en las rebeliones de Manaus en mayo y las de principios de 2017, también en esa capital, que inició una cadena de disturbios carcelarios amazónicos causantes de un centenar de muertos.

Publicado enInternacional
Lunes, 29 Julio 2019 09:33

La fotografía

Ilustración Beto Gallego, “El Poeta”.

Su cuerpo desvalido de toda fuerza únicamente le permitía sostener los restos de su hijo y la pena más profunda en su corazón.

Esa fue mi primera impresión al verla en la foto, ¡pero qué tan equivocado estaba!
 
La foto registra su dolor pero no su capacidad de resistencia y de amar. Detrás de la imagen está su vida que se desborda de cualquier registro, interpretación, o forma que intente contenerla. Aquella mujer se aferraba con todas sus fuerzas a las entrañas de la vida, como la raíz de un árbol centenario abrazaba la tierra mientras sostenía entre sus hojas los frutos de la vida que se le escapaban.

Su historia, en el mapa nacional, representa el desierto: aquel lugar donde la vida dejó de existir, cansada de la infecunda violencia. Su hijo, el que aparece en la foto, es el último de cuatro que le arrebató la guerra. Su esposo, por su parte, murió a los pocos días después, según afirma ella, a causa de pena moral y no por una enfermedad terminal como diagnosticaron los médicos. Pese a sus duras circunstancias es una mujer que sigue abriendo surcos al torrente de la vida.
Su lucha silenciosa no tiene el estruendo ni el desgarramiento de los fusiles, es como un tejido que une y se irradia, sutil y lentamente, en la savia de quienes la rodean. Paso a paso va llenando el vacío de su vida, y tras su rastro va restándole espacio a la ausencia que dejó la guerra.

Esta mujer es una madre del campo, pero podría ser cualquier madre. No lleva aureola en su cabeza ni plumas en sus alas de ángel, ni daga alguna matando al dragón. No es la redentora de los males que aquejan nuestra sociedad pero sí una mujer que inspira, una mujer llena de amor hacia la vida. Su grandeza, vista de cerca en una foto, es invisible.

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Durante los últimos 16 años Colombia registró 1.155 suicidios, un promedio de 72 por año1. ¿Cuáles son las razones de este preceder? ¿Qué medidas toma el Ejército para lidiar con este preocupante fenómeno? ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio, o sus familias, para enfrentarse a esta situación?

 

El suicidio, un problema por décadas invisibilizado por parte de las Fuerzas Militares. Sucede en diversos países, entre ellos Colombia. Su motor, para nuestro caso, la presión del mando sobre los soldados, todo ello, producto del afán de buscar resultados –bajas– a como de lugar. La militarización, motor de este procedimiento, donde la ética no tiene espacio, es parte de la explicación del proceder de los suicidados, un proceder, como es lógico, que afecta a las familias de las víctimas e, incluso, a la misma institución militar.

Es muy probable que alguien que prestó el servicio militar, o ha sido parte de las fuerzas militares, haya conocido o escuchado sobre algún caso de suicidio al interior de un Batallón o unidad militar al que estaba asignado. El suicidio no es un proceder extraño, registra con frecuente dentro de estructuras militares que cumplen con ciertas características, como las que comportan los ejércitos de EE.UU, Filipinas, Brasil y Colombia. Cuatro aspectos hay en común dentro de esta problemática: Prácticas machistas enquistadas dentro del Ejército, altos niveles de militarización, militarismo e impunidad sobre estos casos.



Los efectos de aumentar el nivel de militarización



En primer lugar, los altos índices de militarismo llevan a las estructuras militares a introducir dentro de sus rutinas de instrucción prácticas en extremo violentas, encaminadas, según los manuales de entrenamiento, a moldear el carácter y la capacidad de respuesta violenta de los soldados. Estas rutinas, a pesar de ser cuestionadas, terminan siendo veladamente aceptadas por sociedades militaristas como la colombiana, donde se justifican estos hechos bajo premisas asociadas con el sacrificio, la disciplina, el honor o el temperamento, ignorando las múltiples implicaciones que generan estos procedimientos en la mente y los cuerpos de los jóvenes que las padecen e incorporan en su rutina diaria.

Son manuales y rutinas de entrenamiento que también se aplican en Ejércitos de otros países, los que registran porcentajes más bajos de suicidios, tal vez porque tienen niveles reducidos de militarización. Por eso, en segundo lugar, vale la pena aclarar que mientras el militarismo es un sistema de valores, la militarización es un fenómeno cuantificable, en el que uno de los factores claves es el aumento del pie de fuerza, razón por la cual los filtros psicológicos y procesos de selección se hacen menos rigurosos o en algunas ocasiones sencillamente se omiten, como ocurrió en el caso colombiano entre los años 2002-2010, período en el cual se documentaron cientos de casos en los que los jóvenes eran reclutados en procedimientos ilegales –como las batidas (detenciones arbitrarias con fin de reclutamiento)– luego de las cuales se practicaban exámenes psicológicos claramente deficientes, o en algunos casos no se realizaba ningún examen.

El filtro psicológico es determinante a la hora de prevenir acciones suicidas dentro de los batallones, pues permite identificar jóvenes con algún tipo de trastorno de personalidad, problemas familiares, depresión, antecedentes suicidas, baja autoestima, dolor crónico, falta de sueño, lesiones cerebrales y otros aspectos que al entrar en relación con el entrenamiento realizado en condiciones estresantes o degradantes, sumado a prácticas de abuso de autoridad, violencia física y psicológica, aumenta considerablemente el riesgo de suicidio. En definitiva, un alto nivel de militarización que implique aumentar las cuotas de reclutamiento, tiene una relación directa con el incremento en los índices de suicidio.

En tercer lugar, mencionamos el machismo dominante dentro de las instituciones castrenses. Aún bajo la presión del entrenamiento un joven podría construir al interior del Batallón una red de apoyo formada por sus compañeros, a partir de lazos de fraternidad y confianza que les permitan enfrentar esta y otras situaciones, pero aunque el Ejército habla permanentemente de sus esfuerzos para promover la hermandad y cooperación entre sus efectivos nada dista más de la realidad, pues en la cotidianidad, dentro de las unidades militares se presentan decenas de prácticas propias de una masculinidad hegemónica, basada en el estereotipo de un hombre que funciona casi como una máquina, que debe resolver todo con la fuerza, y sin expresar emociones, porque tal cosa sería vista como una palpable debilidad.

Matoneo, discriminación racial, hurto de pertenencias personales, acoso y abuso sexual, intimidación, extorsión, amenaza, feminización, aislamiento y otras prácticas asociadas a contextos fuertemente patriarcales, hacen que los soldados en lugar de protegerse o solidarizarse con las crisis experimentadas por sus compañeros, terminen empujándolos bajo una lógica de competencia e imposición de un tipo bastante nocivo de masculinidad, llevándolos a límites de estrés, miedo y tensión, tan fuertes, que en muchos casos los jóvenes desarrollan esquizofrenia, paranoia, depresión, o incurren en consumo de sustancias psicoactivas; condiciones que incrementan peligrosamente las probabilidades de cometer suicidio.



Los casos de suicidio en la impunidad

El pasado 7 de julio Noticias Uno dio a conocer el caso de Cristian Aldana2, un joven de 22 años cuyo sueño era prestar el servicio militar. En efecto, lo reclutaron, pero  mientras prestaba el servicio fue víctima de matoneo y abuso sexual por parte de dos sargentos, cuestión que lo llevó a intentar en varias ocasiones suicidio y ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Actualmente el Ejército no reconoce los hechos y se niega, además, a suministrarle los medicamentos que requiere para el tratamiento de una patología que a todas luces adquirió durante la prestación del servicio militar.

Esto nos lleva al último punto, relacionado con los altos niveles de impunidad presentes dentro de la institución militar. Si bien es difícil encontrar personas dispuestas a denunciar este tipo de situaciones, debido principalmente a los códigos de silencio impuestos por una masculinidad que se considera socavada por contar lo que está ocurriendo, la cuestión empeora aún más al revisar que la cifra reconocida por el Ministerio de Defensa (1.155 suicidios en los últimos 16 años) puede estar muy por debajo de la realidad, pues como se ha podido observar recientemente, luego de las denuncias publicadas por el New York Times acerca de las presiones a las que son sometidos oficiales para obtener bajas a todas costa (práctica que disparó la cifra de “Falsos positivos” entre el 2004 y el 2010) el Ejército colombiano en lugar de realizar las modificaciones necesarias para transformar la situación, emprendió una brutal cacería tratando de ubicar a los efectivos que habían hablado con los medios. Si esta fue la decisión tomada contra oficiales de altos rangos, puede deducirse fácilmente que este mismo tipo de presiones para garantizar silencio son empleadas contra las familias que intentan indagar sobre los suicidios de sus hijos, como ocurrió en el año 2007 con el suicidio de Alexander Calderón Gómez, joven de 19 años de edad3, hecho sucedido al interior del Batallón Guardia Presidencial y denunciado por su padre, quien manifestó también en varias ocasiones haber sido sujeto de conversaciones y llamadas intimidantes por parte de efectivos del Ejército, que le advertían que de seguir indagando sobre lo ocurrido con su hijo habría consecuencias para él y otros integrantes de su familia.

Para este último ejemplo es importante recordar que en el Batallón Guardia Presidencial, ubicado en pleno centro de la ciudad de Bogotá, se han presentado 14 suicidios entre 1994 y el 2018, frente a los cuales valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los resultados de las “investigaciones” realizadas para cada uno de los casos? Y, ¿cuáles son las prácticas o situaciones comunes entre los casos documentados? Práctica y rutinas necesarias de establecer pues se supone que este Batallón no aplica cursos o entrenamientos especiales que implican acciones de tortura física y psicológica, como las denunciadas recientemente para el Curso Unidades Básicas de Lanceros (Cubal) o los simulacros de secuestro realizados en la base militar El Fuerte - Amazonas II4.



La necesidad de revelar el secreto



Para empezar, es fundamental que el país empiece a problematizar este tipo de situaciones en lugar de tratarlas como un secreto a voces. Ninguna vida se va a salvar asumiendo que estas “son cosas que pasan” o que “el entrenamiento militar no es para todo el mundo”.

Por otro lado, la institución militar en cabeza del Ministerio de Defensa, debe empezar a implementar controles estrictos y cambios estructurales en rutinas, normas y cursos especiales de entrenamiento, que aumentan significativamente la probabilidad de que se presenten suicidios al interior de los batallones y bases militares ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. También está en la competencia del Ministerio de Defensa asumir debidamente su propósito de transformar el Ejército, modernizando los procedimientos de entrenamiento y dándole sentido al objetivo N° 7 de su “Plan de Transformación Ejército de Futuro (Petef)” en el cual plantean “El fortalecimiento de la cultura de transparencia, que busca la aplicación de normas, generando cambios culturales y pedagógicos enmarcados en la ética y la transparencia institucional”5.

De así suceder, la ciudadanía podría entender que la modernización del Ejército es una realidad no solo en el marco de las multimillonarias adquisiciones en sistemas, equipos, vehículos y armas de combate que autorizadas con los presupuestos otorgados por el gobierno actual, sino también por el esfuerzo y los recursos que se deben comprometer para respetar y garantizar la vida de los soldados, ya que lo que está ocurriendo dista mucho de ser la “maravillosa experiencia” que prometen en la numerosa y frecuente publicidad promovida por el Comando de Reclutamiento (Corec) para que los jóvenes se vinculen a la institución.

Por último, como sociedad civil y organizaciones sociales, debemos asumir un rol más fuerte en el seguimiento, denuncia y exigencia de cambios estructurales a la institución militar. Cambios que pueden empezar por la eliminación del anacrónico y obsoleto modelo de servicio militar obligatorio, que solo entre el 2009 y el 2015 dejó 7.552 jóvenes afectados de por vida por daños físicos o mentales6 y la transición hacia un modelo de profesionalización de las fuerzas militares.

Es importante también que el Ejército (como lo ordena la Corte Constitucional) y las organizaciones sociales, promuevan masivamente el derecho fundamental a la objeción de conciencia, el cual le brindaría la posibilidad a cualquier joven que sienta que no puede prestar el servicio militar o que no debe seguir prestándolo, de ser desvinculado de la institución militar, sin por ello asumir implicaciones negativas contra su persona.

Precisamente, en el marco de estas alternativas a la militarización y la barbarie que la acompaña, Colombia será este año el anfitrión de la Conferencia Internacional “Antimilitarismos en movimiento: Narrativas de resistencia a la guerra”, por realizarse en Bogotá entre el 30 de julio y el 1 de agosto, Conferencia impulsada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, y por las organizaciones en Colombia: Justapaz, Cuerpo Consciente, Acooc y Convivamos7.



1    Esta cifra la dio a conocer Gustavo Petro en un debate de control político realizado al Ministro de Defensa en la Comisión Primera del Senado el pasado 11 de junio. Consultado en: https://canal1.com.co/noticias/nacional/al-ano-se-suicidan-50-militares/amp/
2    Consultado en: https://canal1.com.co/noticias/madre-denuncia-que-su-hijo-fue-abusado-sexualmente-en-el-ejercito/
3    Consultado en: https://caracol.com.co/radio/2007/06/22/judicial/1182532620_443734.html
4    Consultado en: https://www.las2orillas.co/el-infierno-del-campo-de-entrenamiento-del-ejercito-colombiano-en-el-amazonas/
5    Consultado en: https://www.defensa.com/colombia/plan-transformacion-ejercito-colombia
6    Consultado en: file:///C:/Users/ALEJANDRO/Downloads/7812-Texto%20del%20art%C3%ADculo-20791-1-10-20180307.pdf
7    Para más información, pueden consultar en:
    https://www.wri-irg.org/es/

*    Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia-ACOOC, @objetoresyobjerorasdeconciencia
    @ AcoocObjecion

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Atentado contra líder del Paro Cívico de Buenaventura

Como campanada fatídica resuena en el ambiente de Buenaventura la noticia con la que amaneció la ciudad: con seis disparos que impactaron su humanidad trataron de asesinar, en horas nocturnas del jueves 25 de julio, al integrante del Comité del Paro Cívico Carlos Alberto Tobar. Tras el atentado Carlos Alberto fue trasladado a la clínica Santa Sofía en la que recibe atención en cuidados intensivos.

 

Un suceso acaecido justo el día en que Colombia y varias ciudades de otros países organizan marchas y manifestaciones en rechazo al asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

 

El Comité del Paro Cívico, organización a la que está vinculada la víctima del atentado, se manifestó repudiando la acción violenta

 

La organización cívica que sostuvo un paro de 22 días en 2017 y reúne a más de cien organizaciones comunitarias, cívicas y sindicales, denunció en un documento ante Colombia y el mundo el atentado criminal, y exige con valentía al gobierno de Iván Duque y a los organismos estatales de protección y seguridad, concretar el deber constitucional de proteger y garantizar la vida de los colombianos, y parar la masacre de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y defensores de acuerdos de paz de La Habana.

 

Carlos Alberto Tobar, quien es ampliamente conocido en el ámbito social y comunitario de Buenaventura, hace parte activa del Movimiento Cívico e integra la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria del Paro Cívico, y labora, paradójicamente, con el programa de Atención a las Víctimas, de la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil de la Alcaldía Distrital.

 

Mientras la gente apenas se sacude del estupor y el lógico temor que despierta este tipo de acciones, en una ciudad que en los últimos 10 meses ha visto el incremento de los índices de violencia a los niveles más críticos de 2013 y 2014, se suscita una inquietante preocupación entre líderes sociales que intercambian ideas a través de redes sociales, por la pretensión de algún sector de desconocer la vinculación de la víctima a la Organización del Paro Cívico, como si con esto se quisiera negar su carácter de líder social y mermarle así importancia a la acción violenta contra su vida.

El hecho es, sin duda, la confirmación de que la violencia se ensaña una vez más contra Buenaventura, cuya población aún recuerda con dolor el asesinato del también líder del Paro Cívico Temístocles Machado ocurrido en enero de 2018.

 

En este contexto, cobra todavía más valor el clamor del pueblo de Buenaventura, que junto a Colombia entera se alza para defender a sus líderes sociales y para reclamar con valentía y sobradas razones el derecho de vivir con dignidad y en paz.

Buenaventura, 26 de julio de 2019

 

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Palestina suspende todos los acuerdos con Israel

La decisión se produce tras la demolición de diez edificios palestinos en las afueras de Jerusalén Este.

 

El líder palestino Mahmud Abás ha anunciado este jueves la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel luego de que civiles palestinos fueran desplazados a la fuerza tras la demolición de diez edificios en el vecindario palestino de Sur Baher en las afueras de Jerusalén Este.

"No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén", declaró Abás en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

El presidente palestino ha agregado que su pueblo sigue abierto a abrazar "una paz justa, global y duradera", pero ello no significa que aceptará el 'statu quo' o se rendirá ante la ocupación de sus territorios. "No nos rendiremos ni vamos a coexistir con la ocupación, ni tampoco aceptaremos el 'acuerdo del siglo'. Palestina y Jerusalén no están a la venta ni en oferta", subrayó.

  • El 'acuerdo del siglo' propuesto por la Casa Blanca para poner fin al conflicto palestino-israelí consiste en reunir 50.000 millones de dólares y crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.
  • La Autoridad Palestina rechazó dicha propuesta de manera preventiva, considerándola un esfuerzo de EE.UU. para obligar a su pueblo a "renunciar" a sus derechos.

Abás aseveró que "no habrá paz ni seguridad ni estabilidad" en la región y en el mundo hasta que se respeten plenamente los derechos de los palestinos. Al agradecer a todos los países que apoyan la causa palestina, Abás recordó que no estaría de más adoptar medidas concretas e implementar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el terreno.

En la reciente cumbre de La Meca celebrada a principios de junio, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) rechazó "cualquier acción que infrinja el estatus histórico y legal de Jerusalén Este" y todas las medidas ilegales de Israel que buscan cambiar los hechos en territorios palestinos ocupados, aunque tampoco expresó la voluntad de devolverles a los palestinos todo el territorio que les pertenecía antes de la creación del Estado de Israel.

Publicado: 25 jul 2019 21:05 GMT | Última actualización: 25 jul 2019 23:28 GMT

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Miércoles, 24 Julio 2019 06:15

¿Y ahora, Brasil?

¿Y ahora, Brasil?

Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió?

¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra sino que, al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio.

La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de "jóvenes líderes", "promoción" de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 90. Suscitó movimientos de resistencia que en la década del 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003.

Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador; es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si solo ahora es visible es porque solo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica.

La respuesta democrática. No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo en que lucharon. Lo que hubo fue una vasta destrucción de la institucionalidad democrática y un retorno del capitalismo salvaje y del colonialismo por vía de la siempre vieja y siempre renovada recolonización imperial y evangelización conservadora. La sensación de tener que comenzar todo de nuevo es frustrante, pero no puede ser paralizadora. Por otro lado, es necesario actuar de inmediato para salvar lo que queda de la democracia brasileña. Lo más grave que está ocurriendo no es solo el hecho de que el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado está siendo usado antidemocráticamente (y, por tanto, de manera ilegítima), como bien revela la Operación Lava Jato. Es también el hecho de que el Estado está perdiendo visiblemente ese monopolio con el incremento de actores armados no estatales, tanto en la ciudad como en el campo.

El corto y el mediano plazo no tienen que chocar necesariamente si se tiene una visión estratégica del momento y de las fuerzas con las que se puede contar. Es urgente revolucionar la democracia y democratizar la revolución, pues de otro modo el capitalismo y el colonialismo harán una farsa cruel de lo que todavía resta de democracia. Para este propósito, las diferentes fuerzas de izquierda deben abandonar sectarismos y unirse en la defensa de la democracia. Por otro lado, tienen que evitar a toda costa articulaciones con la derecha, aunque eso cueste la conquista del poder. En las condiciones actuales, conquistar el poder para gobernar con la derecha es un suicidio político.

A corto plazo, veo tres iniciativas realistas. La primera es que los movimientos sociales tienen que reinventar el Foro Social Mundial, esta vez sin tutelas de ONG y con la atención centrada en las exclusiones más radicales vigentes en el país. En ese sentido, el movimiento indígena, el movimiento negro y el movimiento de mujeres y LGTBI son, en toda su pluralidad interna, los sujetos más creíbles para tomar la iniciativa.

Segunda: el sistema judicial fue llevado a un desgaste extraordinario por la manipulación grosera a la que ha sido sometido por Moro y Cía. al servicio del imperialismo. Pero es un sistema internamente diversificado, y persisten en él grupos significativos de magistrados que entienden que su misión institucional y democrática consiste en respetar el debido proceso y hablar exclusivamente mediante sus fallos. La violación grosera de esta misión denunciada por la Vaza Jato está obligando a las organizaciones profesionales a desmarcarse de los aprendices de brujo. La reciente declaración pública de la Asociación de Jueces para la Democracia en sentido de que el ex presidente Lula da Silva es un preso político, constituye una señal auspiciosa del camino iniciado para recuperar la credibilidad del sistema judicial.

La tercera iniciativa debe producirse en el sistema político-partidario. Las elecciones municipales de 2020 son la oportunidad para comenzar a frenar a la extrema derecha y dar ejemplos concretos de cómo las fuerzas de izquierda pueden unirse para defender la democracia. Tres ciudades importantes pueden ser la plataforma para la resistencia: Río de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre. En Río de Janeiro, Marcelo Freixo del PSOL es el candidato indiscutible para articular las fuerzas de izquierda. En las otras dos ciudades, son indispensables dos cuadros importantes del PT: Fernando Haddad en Sao Paulo y Tarso Genro en Porto Alegre. Se trata de dos políticos que salieron fortalecidos de la crisis, el primero por el modo extraordinario en que enfrentó a Bolsonaro y por las condiciones en que lo hizo, y el segundo por haber sido uno de los mejores ministros de la historia de la democracia brasileña y por la integridad que mostró durante todas las crisis por las que pasó el PT mientras fue titular del gobierno. Los demócratas brasileños deben transmitir a estos políticos el sentimiento de que su momento llegó nuevamente, ahora para comenzar todo de nuevo y desde el nivel local.

* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

Publicado enPolítica
Miércoles, 24 Julio 2019 06:07

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo: la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de 2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.  

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.

La crisis como modo de gobierno

Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa, como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias.

Proyecto radical e incluso, si se quiere, revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el imperativo de su propio mantenimiento.

Lo que caracteriza este modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera. Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios, entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión, hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar todavía más en ellas, etc.

Este gobierno mediante la crisis solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en el sentido del sistema.

Pero lo que es más reciente y sin duda merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico. Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado, dirigiéndolos contra chivos expiatorios.

En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros, el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?

Trumpismo y fascismo

Trump marca incontestablemente un hito en la historia del neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado, etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas de la democracia liberal.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?

La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo, si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo, al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar a un desarme político.

Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes, supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo. Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009) la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.

Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia, no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).

A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first, el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en la escalada antiestablishment para halagar a su clientela electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas, contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el ejemplo nazi.

Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano, como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

Una crisis profunda de la democracia liberal

Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas. Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado. Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.

Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la época moderna a través de la crítica social e intelectual.

Por decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no podía dejar de provocar.

¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social, cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.

Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto el estandarte como la caricatura.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población, apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.

Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo, actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico. Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que no la quieren.

Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores. Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil, mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales, es general: es en el interior del marco formal del sistema político representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una temible eficacia corrosiva.

Un gobierno de guerra civil

La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.

Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales, muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo, inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso sistemático de la tortura.

Para Bernard E. Harcourt (2018), este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras (estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos, migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.

La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil, constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política neoliberal autoritaria.

El neoliberalismo de Macron

Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo? Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan, Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo neoliberal.

El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.

Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia, todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco, pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.

En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada, pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e intimidar al resto de la población.

El caso de Macron está entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la subyugación de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo empresarial.

El aspecto autoritario y vertical de su modo de gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?

La aplicación de la ley en contra de la democracia

No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano, es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico de que el estado de excepción se ha convertido en regla?

Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente, retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y policial a la que nos han conducido los gobiernos.

A decir verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho. Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción. Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse por fuerza más allá de toda limitación.

Por decirlo de otra manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto, tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.

Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente.

 

Por Pierre Dardot es, filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común

Traducción: viento sur

Referencias

Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.

Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.

Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.

Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.

Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.

Notas:

1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.

2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .

3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.

4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14984

Publicado enPolítica
Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

Publicado enSociedad