La represión en bicicleta estática ¿Regresará la aspersión de glifosato para erradicar la coca?.

El debate no es menor y la Corte parece querer asumir la petición del gobierno para «modular» su decisión. En Audiencia pública celebrada este 7 de marzo la magistratura mayor del Estado escuchó argumentos en contra y a favor de su decisión.

 

En seguimiento de la sentencia T-236 de 2017 a través de la cual la Corte Constitucional decidió suspender las aspersiones aéreas de glifosato para la erradicación de cultivos de coca fundamentándose en el principio de precaución, el día 7 de marzo se realizó una Audiencia Pública para escuchar los argumentos en contra y a favor de su decisión. Personajes como el mismo presidente Duque, el expresidente Santos, ahora miembro de la Comisión global de Políticas de Drogas, el Fiscal General, el expresidente Gaviria, gobernadores de Putumayo, Nariño y Antioquia, así como expertos y representantes de organizaciones sociales y comunitarias, fueron citados para ofrecer sus puntos de vista al respecto. El debate, aunque lleno de eufemismos y lugares comunes, pareció indicar una posibilidad de parte del Despacho Sustanciador para atender la solicitud del gobierno nacional de modular la Sentencia.

La discusión no es menor, toda vez que los diversos estudios hechos en laboratorios indican la efectividad del herbicida, aunque el debate aún carece de mayores estudios realizados en campo sobre los efectos nocivos en materia de salud pública y ambiental, además de la terrible la línea regresiva para las comunidades por parte de la Corte, expresada ésta en su decisión sobre las Consultas Populares anti extractivismo, las cuales ha dejado en suspenso .

Pues bien, como sostiene el mandatario de los colombianos, el debate “no es sobre un herbicida”, y la mayor cantidad del glifosato usado en el territorio nacional no se dirige a esta práctica de erradicación sino a la fumigación de otros cultivos como el arroz, los argumentos favorables a dicha modulación estuvieron plenos de eufemismos y falacias. Sólo el 5% del herbicida se usa en aspersiones contra la coca . En primer lugar, para Duque los daños ambientales de la producción de cocaína en el territorio no se restringen al uso del herbicida, sino también a la utilización de gasolina, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cemento. Argumento que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, consideró de un nivel criminal ajeno a las lógicas de un Estado de Derecho, por cuanto si bien ello resulta cierto no se puede pretender que la solución de la problemática sea igualar daños, los de estos insumos y los del glifosato, pues por esa vía el país sólo se estaría encaminando a empeorar la situación en una lógica también criminal contra el ambiente y contra las economías de subsistencia. No obstante, la problemática en el debate público ha tenido implicaciones sociopolíticas que han sido desconocidas en la argumentación de diversos funcionarios quienes abogaron por un uso integral de todas las herramientas, noción desconcertantemente similar a la idea perversa de la combinación de las formas de lucha, tan cara ésta a los derechos fundamentales de los colombianos desde hace al menos cincuenta años.

Duque, en su cínico ánimo conciliador, sostuvo ante la magistratura que no pretendía un “choque de poderes” sino “un diálogo fraterno”. No obstante éste reportero considera que esa línea tiene grandes posibilidades de imponerse en una futura decisión de la Corte, toda vez que las preguntas de los magistrados se encaminaron a indagar acerca de las posibilidades de mantener las aspersiones aéreas controlando sus efectos nocivos a las poblaciones y sus posibilidades financieras. En ello también debe considerarse el antecedente de las consultas populares, las cuales desde el pasado 11 de octubre de 2018 se hallan en vilo por su decisión dejarles sin alcance para frenar el extractivismo minero-energético y, de hecho, ya el Consejo de Estado frenó la consulta que estaba programada en el municipio cundinamarqués de Une al considerar que “las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales” (El Espectador, 2018), en un manifiesto conflicto entre el poder local y el nacional que atraviesa este periodo pos-acuerdo.

El mandatario de los colombianos acudió a un argumento falaz al sugerir que “la presencia de cultivos ilícitos” es una amenaza a los líderes sociales, por cuanto en los territorios de cultivos de uso ilícito los homicidios contra estos sujetos son mayores, ocultando la responsabilidad jurídica del Estado en cuanto a la protección del derecho a la vida, a la asociación y a la expresión, por una parte y, por otra, aludiendo a una causalidad mecánica que despolitiza estos homicidios, por lo demás estigmatizados por funcionarios de su gobierno, al considerar que sólo el narcotráfico y no el abandono estatal fungen como causas de estos homicidios que además SÍ son sistemáticos y generalizados.

Pues bien, más allá de la habitual retórica de los funcionarios, la problemática no es menor y Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante otros problemas se han ido agravando. Durante la última década al menos 154 detonaciones de minas y 163 hostigamientos han sufrido los diferentes erradicadores manuales, con un promedio de 59 eventos dañinos de este talante cada año, en los cuales murieron 33 funcionarios y otros 268 fueron heridos. También las afecciones a los cultivos de pancoger y a la salud de los pobladores han sido evidenciadas desde la implementación del Plan Colombia por Ong’s, organizaciones sociales y líderes comunitarios. De hecho la Coccam, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, ha sido la organización social más afectada por homicidios políticos en el pos-acuerdo . Sin embargo, la pretendida solución integral anunciada por Duque a través del uso de “la combinación de muchas herramientas” o la del Fiscal General acerca de la apelación a “todos los instrumentos disponibles“, o bien la del Viceprocurador de “hacer presión en todos los frentes”, recuerdan la macabra lógica de la combinación de todas las formas de luchan en una práctica en la cual el brazo contrainsurgente de la política se ha encaminado a profundizar la represión a uno de los eslabones más vulnerables de la cadena de producción, éste el más societal en un Estado cuya ausencia denota la viabilidad para los cultivadores y jornaleros para cultivar la hoja. En últimas, son éstos los directamente afectados por las aspersiones así los funcionarios simulen bañarse con el herbicida que ha sido catalogado por la misma OMS como cancerígeno.

Esta argumentación, sino argucia, se encamina más que a la atención de los derechos económicos, sociales y políticos de los pobladores, a la atenuación de las externalidades de la práctica de aspersión aérea yal control de los efectos nocivos para el entorno, no al desarrollo y democracia de los pobladores locales. Sin embargo, el también interviniente General Jorge Luis Ramírez, Director Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue enfático en sostener que otras tecnologías alternativas no alcanzaban por mucho la efectividad de las aspersiones aéreas ya realizadas en gran parte con su presupuesto y gracias al aporte de la cooperación internacional para la materia. Entonces, si no son efectivas otras alternativas tecnológicas ¿cuáles externalidades pueden corregirse?.

Pues bien, como lo sugirió el expresidente Santos, en los momentos de mayor uso de aspersiones la producción de coca no disminuyó y antes bien las áreas cultivadas aumentaron, así como en los momentos de utilización de sustitución voluntaria las aéreas cultivadas sí disminuyeron. Aunque durante su gobierno las violaciones a los derechos de estas comunidades tampoco cesó. Contrariamente a todos estos argumentos efectivistas, para los representantes de las comunidades de Nóvita, Chocó, por quienes la Corte a través de la Sentencia T-236 tomó su decisión, “el principio de precaución aplica porque las comunidades no pueden reclamar, por el costo de la aspersiones sobre la salud” denotando con ello una prioridad social más que económica, toda vez que la economía de cultivo de coca sucede en regiones periféricas de la República donde no existe ni inversión social ni infraestructura que permita la viabilidad de economías legales frente a la coca. Para el delegado ante el Consejo de Comunidades Étnicas de Nóvita, Víctor Dario Luna, “el desconocimiento y el abandono estatal llevó a esa comunidad a hacerlo”, a cultivar coca. Para el Fiscal General, por su parte, “7,5% de estudiantes declaran haber consumido cocaína”, en una alusión moral que si bien es efecto de la problemática no puede tomarse como causa, toda vez que ambos problemas, el del consumo interno de cocaína y el del abandono estatal, son responsabilidad estatal y su solución no está en optar por uno o por otro: falacia de falsa dicotomía que medió toda la discusión por parte del gobierno. El debate, pues, no es sobre la efectividad del herbicida sino sobre la prioridad en las políticas para la solución de esta problemática tan intrincada y violenta.

Al final, la diligencia que procuró el debate público dejó abierta la posibilidad de dicha modulación. La cuestión no es menor, pues obedece a políticas que desde el gobierno Barco vienen integrando todas las formas de lucha y los efectos son, tal como lo sugirió Santos, como andar en una bicicleta estática: por más esfuerzo que se haga, se mira a derecha y a izquierda y se observa que se sigue en el mismo punto de inicio: Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo. No obstante !Colombia también es uno de los países más desiguales en el globo! Entonces la cuestión alude a otro sentido en la discusión: ¿sofisticar la aspersión o solucionar el problema?

El asunto queda ahora en manos de una Corte que ha señalado una línea regresiva y que coqueteó con las argucias del gobierno nacional durante la audiencia. Entonces que venga el diablo y escoja: o Estado Social y Democrático de Derecho para estos contextos de tanta violencia estructural, o bien continuidad de una política que por más efectiva que parezca no ha resuelto el lío y más bien prefiere seguir montando todas las bicicletas estáticas disponibles para la represión.

 

El Espectador. (2018). Consejo de Estado frena consulta minera en Une, Cundinamarca. Bogotá, abril 25. En la web: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/consejo-de-estado-frena-consulta-minera-en-une-cundinamarca-articulo-752044

UN Periódico Digital. (2019). ¿Quién controla el glifosato?. Febrero 26. Bogotá. En la web: http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/quien-controla-el-otro-glifosato/

Cinep, Iepri-Universidad Nacional, Comisión Colombiana de Juristas, Somos Defensores, Ascamcat, Movimiento Rios Vivos, Confederación Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. (2019). ¿CUÁLES SON LOS PATRONES? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá.

 

 

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Todo lo que Stieg Larsson sabía del asesinato del primer ministro sueco

El periodista Jan Stocklassa retoma la investigación del novelista sobre el homicidio de Olof Palme. El libro implica a neonazis suecos y a servicios secretos sudafricanos

Soy Lisbeth Palme, ¿es que no lo ve? Y ese que está ahí es mi marido, Olof Palme, el primer ministro”, gritaba la mujer del dirigente sueco a la policía a escasos centímetros del cadáver de su esposo cuatro minutos después de que un desconocido le disparase una bala de gran calibre calibre en una calle de Estocolmo, el 28 de febrero de 1986. Esta llamada desesperada fue el inicio de una serie de errores y conspiraciones que dejaron el prestigio de Suecia por los suelos y el caso sin resolver. Obsesionado con el magnicidio y su conexión con la extrema derecha sueca, el escritor y periodista Stieg Larsson dedicó parte de sus energías a trazar una teoría razonable. La complejidad del asunto, oscuros intereses y su muerte dejaron la labor inconclusa. Ahora, 33 años después, el periodista sueco Jan Stocklassa coge el testigo en Stieg Larsson. El legado. Claves ocultas del asesinato de Olof Palme (Roca), un híbrido entre el ensayo, el reportaje de investigación y el espionaje que transita el camino abierto por el autor de Millennium y se acerca a la solución definitiva. Con los nuevos datos proporcionados en las investigaciones de Larsson y Stocklassa, los servicios de información suecos y sudafricanos están trabajando conjuntamente para esclarecer el crimen.

“La policía fue tremendamente incompetente”, asegura Stocklassa por teléfono a EL PAÍS desde Estocolmo para resumir hechos como que hubiera oficiales que siguieran de vacaciones, que la investigación se le encargara a alguien “leal pero que nunca había trabajado en un homicidio” o que horas después decenas de comisarías no supieran que el primer ministro sueco había sido asesinado. “Hubo pánico en aquellas primeras horas y después gente dentro de la policía que no quería que se descubriera al culpable y que intentó frenar la investigación”, añade antes de señalar a Hans Holmér, el inspector jefe, quien, asegura: “Jugó uno de los papeles más oscuros de la historia de Suecia. Hay un sentimiento unánime de que lo estropeó todo”. Holmér, convertido después en escritor de éxito, alimentó la tesis que culpaba a un grupo kurdo y se negó durante años a investigar la pista de la extrema derecha y su conexión con el régimen sudafricano, esgrimida por el propio Larsson, auténtico experto en el auge de grupos neonazis en su país.


“Ahora sabemos que pocas semanas después del crimen Larsson estaba muy cerca de la verdad. Era muy ambicioso como investigador, increíble. Con el tiempo y el dinero que habría tenido tras el éxito de su trilogía habría llegado a descubrirlo. Su prioridad era destapar a los grupos de extrema derecha en Suecia y eso le llevó a intentar resolver el asesinato de Palme”, cuenta este reportero que se ha valido de los documentos dejados por Larsson para seguir con la investigación del mayor caso de asesinato abierto en el mundo (por un cambio de ley no ha prescrito). En sus noches de insomnio, en sus monólogos obsesivos, en las cartas que escribía a otros colegas europeos o mientras fumaba alguno de los 60 cigarros que consumía al día, Larsson trataba de darle sentido a todo. Murió en 2004 sin llegar a verlo resuelto, con el caso languideciendo tras 10.225 interrogatorios, un falso culpable y cientos de miles de folios de sumario que una persona instruida en Derecho tardaría nueve años en leer.


Según esta tesis, a Palme lo mataron en una operación preparada entre la extrema derecha sueca y los servicios secretos sudafricanos –que odiaban al político sueco por su activismo contra el régimen del apartheid y su denuncia del tráfico de armas destinadas a ese país a pesar del bloqueo– con espías del nivel del legendario Craig Williamson implicados. El exoficial de la ONU en Congo, hombre fuerte del ejército sudafricano en las sombras, Bertil Wedin –a quien Stocklassa interroga en Chipre en una operación encubierta que es uno de los mejores momentos del libro– sería el enlace. La infraestructura la ofrecieron grupos nazis suecos liderados por el activista Alf Enerström, artífice de las campañas contra el primer ministro, y el gatillo lo apretó algún pobre hombre del que luego poder deshacerse. Larsson es sistemáticamente ignorado por la policía cuando publica sus artículos en semanarios o cuando les hace llegar esta información, que el escritor guardó en cajas perdidas hasta ahora. Los investigadores hicieron caso omiso también de los 10 avisos que recibieron en los meses anteriores al asesinato y que alertaban de un compló contra Palme.


Considerado por muchos el político más importante de la historia de Suecia, Palme cambió la imagen y las prioridades de su país en el mundo, pero sus enemigos desataron al tiempo una campaña de odio sin precedentes que en parte explica su muerte y el hecho de que no se haya resuelto todavía. “La campaña empezó antes de que fuera primer ministro. Duró casi 20 años y como fue gradual fue tolerada. Los sudafricanos nunca habrían podido preparar esto en Suecia si no hubiera habido gente que creyera que Palme trabajaba para el KGB y que iba a vender el país a los soviéticos, algo que es totalmente ridículo”, explica Stocklassa.


Como buena conspiración, el caso tiene también su chivo expiatorio. Su nombre es Christer Petterson, un adicto al crack y alcohólico con pasado violento al que Lisbet Palme señaló en una rueda de reconocimiento ayudada por la policía. “Habían pasado dos años y 10 meses. Era demasiado tiempo para recordar, sobre todo teniendo en cuenta que durante los primeros días Lisbet, que era la única testigo, no fue capaz de describir a nadie”, aclara el autor de Stieg Larsson. El legado (que se publica el 14 de marzo) quien cree que ahora se puede estar cerca de la verdad. “Lisbet ha muerto y se puede decir a las claras que su testimonio era falso”. Petterson fue condenado, pero ante la ausencia de un arma homicida, de pruebas y de una motivación, fue absuelto en segunda instancia.


Diez años después de la muerte de Palme la policía sueca estaba en un callejón sin salida. Su jefe, Hans Olvebro, compareció para reconocer que habían fracasado y decir que la investigación no debía continuar. La cifra de agentes había quedado reducida a 14. Las tesis de Larsson fueron ignoradas y la policía y la sociedad prefirieron mirar a otro lado, no como ahora, con los servicios de información de Suecia y Sudáfrica colaborando con las nuevas pistas ofrecidas. “Era un país muy ingenuo. Ahora en cierto modo sigue siéndolo , pero se está hablando del caso en el extranjero y cada vez hay más presión”, reflexiona Stocklassa, que reconoce que se ha sentido amenazado. “Tendré más cuidado la próxima vez. Creo que hay algo en marcha pero no sé realmente lo que es”, asegura. Una prueba más, quizás, de lo cerca que estuvo Larsson de resolver el crimen del siglo.


Una historia de espías y antifascistas


Severin, el abuelo de Larsson, le inculcó desde pequeño una pasión por la lucha antifascista que llevó al autor de Millenium a dedicarse a ello en cuerpo y alma –en la agencia TT, en el semanario Expo y en medios extranjeros– hasta convertirse en el gran experto sueco en el auge de los movimientos neonazis.
“La realidad en Suecia y en Europa le ha dado la razón”, asegura Stocklassa, que trata de ir más allá que Larsson. “Cuando tuve las cajas con los documentos en mi mano supe que era un momento que ocurre una vez en tu vida”, confiesa. En Stieg Larsson. El legado, el periodista se entrevista con alguno de los sospechosos y utiliza a una joven checa, nombre en clave Lida, para algunas de sus pesquisas. “No es ficción. No es de la CIA, no me la invento. Ella es real y las entrevistas también. Tengo las grabaciones. Lida, de hecho, viajará conmigo a España para promocionar el libro”, defiende el autor.

 

Por Juan Carlos Galindo
Madrid 8 MAR 2019 - 03:17 COT

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Historia de las mujeres en 3.650 millones de olas

La historia del feminismo se ha contado en tres olas, pero esas olas se quedan cortas al intentar abarcar la diversidad de los movimientos de las mujeres en todo el mundo. La humanidad está llena de ejemplos de sororidad.

 

Al menos 50.000 mujeres fueron asesinadas en 2017 por sus parejas, exparejas o familiares, en su mayoría hombres, por el hecho de ser mujeres, según datos de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se practican 25 millones de abortos inseguros. 200 millones de niñas y mujeres son víctimas de la mutilación genital femenina, según UNICEF. Las ganancias ilegales de la trata de personas alcanzaron los 150.000 millones de dólares, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014, de los cuales 90.000 millones corresponderían a la trata con fines de explotación sexual.


Es tan solo una pequeña muestra de algunos de los datos que recoge el Atlas de las mujeres en el mundo, las luchas históricas y los desafíos actuales del feminismo (Clave Intelectual, 2018), y que planea de Argentina al Kurdistán, y de las beguinas del siglo XII a las mujeres iraníes en 2018. Según Lourdes Lucía y Ana Useros, directora y coordinadora de este compendio que sigue el espíritu de los atlas de Le Monde Diplomatique, “en todos los campos y ámbitos de la vida, las normas que rigen cualquier sociedad han establecido un yugo patriarcal que somete, discrimina, ofende y humilla a esa otra mitad de la población”.


Los datos que más duelen son los referidos a las violencias contra las mujeres, pero hay muchos más. El 74,7% de los presidentes y miembros de consejos de las principales compañías que cotizan en las bolsas europeas son hombres. En 2018, las mujeres fueron solo el 21% del total de personas participantes en el Foro Económico Mundial de Davos, la cifra más alta en sus 48 años de existencia. Las mujeres cobran un 24% menos que los hombres según ONU Mujeres y son mayoría en sectores con ingresos más bajos.


“La intención del atlas era contar lo más objetivamente posible cómo está la situación de las mujeres en el mundo, pero la cosa está de tal manera que no se puede contar esa historia sin incluir las resistencias que genera; el feminismo en este atlas es una consecuencia”, dice Useros.


Ambas reconocen que contar la situación de 3.650 millones de personas, el número de mujeres de una población mundial de más de 7.000 millones, era difícil y que, mientras el libro pasaba por sus fases finales antes de llegar a las librerías, surgirían nuevos movimientos. Un ejemplo de lo que no está: en enero de este año, millones de mujeres formaron un muro humano de 620 kilómetros en India, después de que dos mujeres desafiaran la prohibición centenaria de entrar en un templo en el Estado de Kerala. Lo que sí está: la movilización por el derecho al aborto en Argentina, la organización de las mujeres en el Kurdistán o la huelga feminista de 2018 en España, además de muchos datos e hitos que dibujan un mapa de sororidad global.


Soro... ¿QUÉ? Un concepto no tan nuevo

Tres mujeres se quitan el velo y cantan una canción en el metro de Teherán. Un día antes, una mujer había sido sentenciada a dos años de prisión por quitarse el velo en público. Decenas de feministas reparten silbatos en las principales ciudades de Marruecos en una contra el acoso callejero. Miles de mujeres denuncian la justicia patriarcal que ve “jolgorio” en una violación en España. Aunque el término entró en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en diciembre de 2018, los ejemplos de pactos entre mujeres basados en la “sororidad” son muchos a lo largo de la historia. “La sororidad no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico, ni con instituciones ni con estructuras, sino con un cierto sentimiento que se produce espontáneamente en los sitios más extraños, desde las comunidades de monjas a la cola de la pescadería”, explica Useros.


Useros señala, aludiendo al capítulo “Sororidad, un pacto entre mujeres” que firma la filósofa argentina María Luisa Femenías, que el concepto de fraternidad, que se populariza como “hermano pequeño” de la tríada “libertad, igualdad, fraternidad” de la Revolución francesa, tiene la particularidad de que no se puede articular políticamente —como sí sucede con los otros— y se convierte en un término revolucionario y “poco articulable en términos legales” que, sin embargo, no encontraba su equivalente entre las mujeres. No solo eso, sino que “mientras que la amistad entre mujeres se presenta como natural, la relación entre mujeres habitualmente se muestra como un vínculo plagado de conflictos”, sostiene Femenías.


Para Femenías, aunque los términos fraternidad y sororidad son lógica y lingüísticamente equivalentes, no lo son en su uso político, público, social y jerárquico. La sororidad se refiere así a pactos no necesariamente explícitos, basados en la confianza recíproca, respeto mutuo y la valoración positiva de la otra mujer, rechazando la dependencia emocional, económica, de clase o identitaria de una figura masculina de la que obtener reconocimiento. “La sororidad habilita una sociedad desjerarquizada que, al mismo tiempo, posibilita un cambio fundamental en el modo de entablar las relaciones de género, tendente a la transformación social”, concluye Femenías, que advierte de que “las relaciones humanas son culturales”, por lo que las relaciones que se conforman dependen de las circunstancias sociohistóricas.


Como ejemplo de esa relación, la historia ha dejado a las beguinas, en el siglo XII, una asociación de mujeres cristianas que dedicaban su vida a la ayuda a pobres y enfermos, trabajando para poder mantenerse, mucho antes de que la teoría feminista empezara a poner fechas y nombres a la historia de la organización de las mujeres como movimiento social y político.


¿Cuarta ola? O un feminismo para el 99%

“Puede llamarse cuarta ola o puede llamarse feminismo para el 99%, como lo caracterizan las académicas estadounidenses”, mantienen María Florencia Alcaraz y Agustina Paz Frontera en el capítulo “La generación ni una menos”. Las argentinas lo tienen claro: se ha dado un paso más en la historia del feminismo en el que las mujeres han reforzado su protagonismo y han podido instalar en la agenda política nuevas demandas. Esto que algunas entienden como “cuarta ola” tiene como herramienta fundamental internet y como rasgo característico la masificación del movimiento feminista.


Pero ¿surfeamos ya en la cuarta ola? “Las olas son constructos teóricos y artificiales, que pueden ser saludables para intentar entender, pero que, como todo constructo teórico, está sujeto a limitaciones”, explica Lourdes Lucía. “Una teoría se construye para facilitar la comprensión de un asunto, pero es algo limitado y cambiable”, mantiene.


El feminismo, entendido como una corriente de acción política que surge cuando las mujeres toman conciencia de la desigualdad, se explica en tres olas. La primera ola identifica esa desigualdad y encamina sus acciones a conseguir la igualdad jurídica y el derecho al voto, que se convirtió en una lucha central a finales del siglo XIX. En la segunda ola se añade que “lo personal es político” y se describe el sistema patriarcal, además de como opresor, como terriblemente violento con las mujeres. La tercera ola, a partir de los años 80 del siglo XX, amplía el sujeto del feminismo y surgen nuevas miradas y preguntas.


“Yo pensaba que seguía tranquilamente haciendo surf en la primera ola”, dice Ana Useros, que considera “prematuro” hablar de una cuarta ola. Desde la tercera, o la cuarta ola, o desde una ola propia, o desde ninguna, millones de mujeres han demostrado en todo el mundo su capacidad de organizarse ante un mismo sistema que encuentra formas propias de adaptarse y tratar de mantener a las mujeres en un segundo plano en todo el mundo. Y han sido las mujeres las que han señalado la misoginia de Jair Bolsonaro en Brasil o la de Donald Trump en Estados Unidos, como han sido también ellas quienes han denunciado el peligro que las extremas derechas representan para los derechos de la mujeres en Polonia o Andalucía.


Por eso, este año la huelga feminista se enfrenta al reto de ser global y de desbordar un día, el emblemático 8 de marzo, para luego seguir. “Iré, iremos a la huelga el 8 de marzo, pero también hay que seguir luchando todos los días del año”, explica Lourdes Lucía.

2019-03-04 06:00:00

Por Patricia Reguero
@Des_bordes

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

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Reconocer derechos de mujeres, esencial para el desarrollo

Desde principios del siglo XX, marzo ha sido un mes clave para las luchas por los derechos de las mujeres, quienes, a pesar de los persistentes obstáculos, han alcanzado enormes logros en la búsqueda por garantizar su autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

En América Latina y el Caribe las mujeres han sido capaces de sobrellevar obstáculos, organizarse y construir una mirada regional, a la vez que han participado activamente en los debates globales. A pesar de todos esos esfuerzos, la desigualdad de género continúa siendo un rasgo estructural de la región.


En nuestros países, la discriminación y la violencia contra las mujeres se mantiene como problemática que se manifiesta en los hogares, en los espacios públicos, en los lugares de estudio y de trabajo y que impacta de manera decisiva en sus posibilidades de generar ingresos propios, emprender, superar la pobreza y desarrollarse profesional y personalmente.
Hoy, en nuestro continente, la pobreza tiene aún rostro de mujer: por cada 100 hombres en esa condición hay 118 mujeres que no logran traspasar la línea de las privaciones. Un tercio de las latinoamericanas (29 por ciento) no logra generar ingresos y es económicamente dependiente. Además, cerca de la mitad no tiene vínculo con el mercado laboral.


No obstante, más allá de los esfuerzos por reducir la brecha salarial en décadas recientes, las mujeres perciben salarios 16.1 por ciento menores a los de los hombres en la misma condición.


Esta brecha se acentúa en las mujeres con mayores años de estudios.


En materia de autonomía física, el fenómeno extremo del feminicidio ha sido imposible de detener en la región y tampoco muestra señales de disminución, a pesar de los importantes avances normativos y de política pública.


Al menos 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de la región, según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal.


La tasa de fecundidad en adolescentes es una de las más altas del mundo, solamente superada en países de África subsahariana. En general, las naciones latinoamericanas y caribeñas poseen una tasa de maternidad en adolescentes que está por encima de 12 por ciento, dato que tiende a ser más expresivo en el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo.


En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, algunos procesos electorales en la región han permitido contar con una mayor presencia de mujeres en los parlamentos. No obstante, las mujeres siguen subrepresentadas en los espacios de toma de decisión.


Los datos más recientes muestran que ellas son solamente la cuarta parte entre los ministros de Estado y que su participación en los gabinetes suele concentrarse en carteras de carácter social y cultural, más que en las referidas a la materia económica.


Además, según los indicadores para el seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la región cuenta con 29.2 por ciento de concejalas electas en gobiernos a escala local.


En la Cepal tenemos la convicción de que la desigualdad de género, además de ser injusta, es profundamente ineficiente y es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible.


Por ello, en esta nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, insistimos en la urgencia de reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad como elementos centrales y transversales de toda acción del Estado para fortalecer la democracia y para un desarrollo inclusivo y sostenible.

Por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal

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Una violencia reiterada,  metódica y no aleatoria

Los asesinatos de quienes asumen el reclamo público de los derechos de sus comunidades prosigue en Colombia; más de trescientos caídos bajo las balas criminales fueron necesarios para que la Fiscalia reconociera algún grado de sistematicidad en los mismos. El informe acá comentado refiere patrones comunes en todos ellos, y teme que la violencia no cese en este año electoral.

 

El pasado 4 de febrero, en las instalaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, presentaron el informe: “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos a líderes sociales en el postacuerdo”, elaborado por el Cinep, la Confederación de Acción Comunal, Iepri-UN, Comisión Colombiana de Juristas, Programa Somos Defensores, Asociación Campesina del Catatumbo y Movimiento Ríos Vivos.

 

Aunque la intensión de elaborar el informe no fue la de consolidar una cifra, los registros son aterradores: Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, las organizaciones sociales registraron 343 violaciones al derecho de la vida, de las cuales sólo el 10 por ciento de las personas afectadas había recibido amenazas. Lo preocupante es que el fenómeno va en aumento conforme pasa el tiempo. Es decir, es una realidad repetitiva, invariable y continua. Una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria. El informe, por lo tanto, desmiente que sea accidental o fortuita.

 

Para la concreción de estos crímenes, en la mayoría de los casos se utilizaron armas de fuego y fueron cometidos en las mismas residencias de las víctimas, lo que denota selectividad a la hora de ejecutarlos, así como seguimiento y planeación por parte de una estructura criminal organizada y con dominio territorial.


Aterrador también que los asesinatos sean antecedidos o seguidos por señalamientos en discursos estigmatizantes o negacionistas por parte de las autoridades locales, regionales y del orden nacional. Desconocen que las víctimas sufren el atentado por su condición de defensores de derechos humanos.

 

Para la ejecución de estos crímenes, la modalidad más recurrente es el sicariato: algún gatillero dispara mientras uno o más asesinos esperan al sicario para cubrir la fuga, dispuestos a actuar ante un posible testigo, o alguién que se interponga para impedir su acción o que intente dar aviso a las autoridades. También hay amenazas a familiares para que cesen sus denuncias. Los perpetuadores materiales gozan de altos índices de impunidad, mucho más los intelectuales.

 

Las víctimas son parte de sectores que están en condiciones sociales de vulnerabilidad y en una posición asimetríca con respecto al poder dominante en su región. El informe permite concluir, como constante, que los asesinados también pertenecen a grupos históricamente discriminados. Asimismo, evidencia elementos comunes y condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables entre los crímenes, como por ejemplo que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de sectores económicos formales.

 

 

 

Hay territorios donde la violencia es extrema, en el sentido que la tasa de homicidio supera diez veces el promedio nacional. Son territorios con presencia de cultivos de uso ilícito o rutas de narcotráfico, presencia de grupos paramilitares o zonas militarizadas. Territorios donde existen fuertes procesos sociales, se desarrollan actividades de extracción legal e ilegal de minería. Cercanas a las zonas de transición o espacios territoriales de reincorporación de las Farc, son zonas afectadas por desplazamientos forzado.

 

Una realidad de violencia creciente y sin signos de tomar un rumbo contrario. Violencia con orígen y procedencia visibles, pese a lo cual es desconocida o negada por el gobierno en sus patrones ya indicados, tal vez motivado para ello en el temor de que, al reconocer la sistematicidad tendría que aceptar la intervención de Naciones Unidas, quedando cuestionado el Estado en su responsabilidad.

 

Es una realidad sistemática que también cuestiona a los medios de comunicación, que prefieren apuntar sus lentes y micrófonos a Venezuela. Finalmente, una sociedad civil que parece perder su sensibilidad. Urge pues defender a quienes defienden.

Publicado enEdición Nº254
El Bloque Tolima disparó  al corazón y a la mente

El amor es el antídoto del miedo. 

Pero el sujeto debe autoafirmarse primero.

Emilio Mira y López

 

El instrumento paramilitar del Estado colombiano ha tenido diferentes efectos en su aplicabilidad. Es decir, en todos los ámbitos humanos como estrategia contra-insurgente y anti-popular que abre paso en los territorios a la invasión del capital privado-multinacional. El norte del Tolima, fue un territorio de incursión paramilitar del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde la comunidad fue víctima de las múltiples acciones terroristas utilizadas por este grupo armado para-estatal.

 

De los años 2002 al 2005 se vivió la guerra entre el Bloque Tolima, la insurgencia y comunidad. Desde su llegada en todo el departamento del Tolima, los asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones hicieron parte de la caja de herramientas para ocupar el territorio, desarticular el tejido social y sacar a la insurgencia del mismo. Esto con el ánimo de imponer el miedo y la desconfianza entre las personas. En el norte del Tolima, se tiene registrado los asesinatos de 3 personas en la vereda La Trina (Líbano) el 11 de septiembre del 2003. El asesinato del líder campesino y comunal Ángel María Rodríguez el 3 de marzo del 2004, en la vereda La Esmeralda, Villahermosa. Además, la estigmatización al corregimiento de Santa Tereza, Líbano, como zona insurgente convirtiendo a sus habitantes en objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Ahora bien, también se registran daños emocionales y sicológicos debido al control social en la rutina diaria de la comunidad. Siguiendo con Santa Teresa, se restringió la movilidad de las personas después de las 6:00 pm; el asesinato de un joven en el parque principal en horas del día; la instalación de bases militares en fincas y cementerio del corregimiento; los grafitis en algunas casas y locales con las siglas de las AUC, se encaminaron a sembrar miedo y desconfianza, a transformar el carácter público y de encuentro de los espacios públicos al tiempo que se suspendieron los eventos comunitarios como campeonatos de fútbol, celebraciones del día de la madre, fiestas patronales, ferias, la cancelación de clases desarticulando por completo la convivencia en la comunidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Esta pequeña radiografía en el norte del Tolima, es una muestra a nivel local de la invasión paramilitar al resto de la región en donde se vieron afectados también pueblos indígenas, sindicalistas, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. En ese sentido, es necesario realizar el análisis desde el campo de la sicología de guerra de este caso para comprender los efectos en la siquis comunitaria e individual de las acciones paramilitares, con el fin de ganar una guerra contra-insurgente.

 

La guerra sicológica del Bloque Tolima de las AUC

 

Al evidenciar el asesinato político, la tortura, las amenazas, violaciones y demás acciones paramilitares contra la comunidad, puede comprenderse que son recursos centrales en la estrategia contra-insurgente, los mismos que traen consigo la deshumanización tanto de victimarios y víctimas. La deshumanización se traduce en la perdida de atributos humanos como la esperanza, sensibilidad ante el sufrimiento y el sentido de la solidaridad (Baró, 1990).

 

Ahora bien, el paramilitarismo cuando aparece en la prolongación de la guerra y azote de territorios como el norte del Tolima, produce: relaciones sociales deshumanizantes, desprecio por la vida, perdida de la identidad personal y grupal, lo que se complementa con la parálisis política cuyos efectos se prolongan después de la desintegración o reducción al mínimo nivel de la organización social, blanco del paramilitarismo.

 

Como eje central de todos estos estragos, se encuentra el miedo sembrado en la comunidad el cual, en el contexto del Norte del Tolima, tiene dos niveles: la prudencia/retraimiento y la concentración/cautela sembrados en los habitantes de este territorio. A decir, la prudencia/retraimiento impone un límite a los fines y ambiciones, como la renuncia a los placeres que contengan riesgo, así mismo busca evitar las situaciones que se aproximan. Por el otro lado, la concentración/cautela se traduce en asegurar el básico e inmediato propósito de tener una situación de seguridad y por la cual se emplean todas las facultades. La preocupación es una constante acompañada de pesimismo, que hace ver al sujeto reservado desde la perspectiva externa (Mira, 1944).

 

Con los casos de las víctimas de las AUC arriba descritos, se presentó también el otro rasgo que hace cosechar el miedo colectivo, es el peligro impredecible, debido al cambio de lugar y la irregularidad en la apariencia o desaparición de los estímulos fobígenos que aumentan su carácter sorpresivo (Mira, 1944). La comunidad del Líbano y Villahermosa, eran conscientes de la presencia de paramilitares en su corregimiento o vereda, pero no sabían cuándo ni dónde actuarían contra ellos estos sujetos armados.

 

Junto al miedo, caminaron la angustia y el terror por los caminos y trochas del norte del Tolima con el fin de asfixiar los procesos organizativos y movilizadores que apuntaban a las transformaciones sociales, ¿por qué? Porque según Baró (1990) hay tres acciones en la guerra sicológica: la persuasiva (consciente), sugestiva (subconsciente) y compulsiva (inconsciente) y esta tercera tuvo mayor preponderancia en el territorio abordado, pues continuando con el autor la acción compulsiva por medio de la implementación del miedo, el terror y la angustia produce que la comunidad solo piense en conservar la vida, dejando en un segundo plano las reflexiones y acciones sobre la complejidad social y política que la rodea (Baró, 1990).

 

El fin, entonces, de esta estrategia tuvo dos caras, la inmediata y la de largo plazo. La primera estuvo cargada de los hechos denunciados y sistematizados que desarticularon el tejido social, minó la fuerza política de las organizaciones campesinas y, por supuesto, buscó la desaparición de la insurgencia. La segunda cara de la estrategia tiene sus efectos en la actitud colectiva que incide con desconfianza, miedo, frustración y desesperanza en la visión de la vida en el territorio, instalando una barrera invisible a las iniciativas organizativas que busquen transformaciones sociales.

 

Para que el amor sea realmente eficaz

 

Comprender el campo de la sicología de las relaciones humanas en un contexto de guerra, es obligatorio para incluir otro escenario de reflexión en las causas de las conductas de la comunidad y poder establecer rutas que permitan superar las heridas sufridas por el paramilitarismo sin desprenderse de la realidad social que sigue dinamizada por los conflictos sociales.

 

Así mismo, para las organizaciones sociales es inherente a su quehacer el abordar la salud mental de sus miembros y de las comunidades que se articulan a los planes de vida digna ya que por años una de las malas tradiciones de la izquierda ha sido despotricar el aspecto sicológico de los sujetos. Hoy en día, es imperioso aprehender del amor para que sea realmente eficaz.

 

* Coordinador Nacional Agrario – Congreso de los Pueblos.

 

Bibliografía

Baró, Ignacio Martín (1990), Sicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA, San Salvador, El Salvador.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe Nº 1”, Cnmh, Bogotá.
Mira y López, Emilio (1944), Siquiatría en la guerra. Editorial Médico-quirúrgica, Buenos Aires.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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Control territorial estricto por los paramilitares

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemsido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


A pesar de las continuas declaraciones del Gobierno en las que afirman la no existencia de estructuras paramilitares y la implementación de los acuerdos de paz, sin embargo la experiencia del campesinado de la región es que la presencia del paramilitarismo es cada vez más asfixiante. La estructura que se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” sigue actuando a sus anchas, lo que implica que existe una absoluta tolerancia, aquiescencia o complicidad de la fuerza pública en su accionar y a la vez desmiente que las entidades creadas por el Acuerdo de Paz para reprimir las actividades paramilitares estén funcionando. Los paramilitares tienen cada vez más asfixiado al campesinado de la región mediante impuestos, normas de prohibiciones, exigencia de someterse a ellos, control de todos sus movimientos y reclutamiento continuo de menores. Durante los fines de semana se percibe gran afluencia de paramilitares en el casco urbano de San José de Apartadó donde consumen altas dosis de licor y lanzan amenazas contra nuestra Comunidad de Paz,afirmando de nuevo su propósito de exterminarnos.

Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


• El viernes 8 de febrero de 2019, de nuevo fueron vistos cruzar 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en la vereda Mulatos Cabecera de San José de Apartadó


• Este mismo viernes 8 de febrero de 2019 los paramilitares convocaron y realizaron una reunión en la vereda Arenas Bajas de San José de Apartadó, allí obligaron a la población civil a participar en dicha reunión.


• El sábado 9 de febrero de 2019, fue visto un grupo de 7 paramilitares portando armas largas cruzar por la vereda la Unión de San José de Apartadó.


• El domingo 10 de febrero de 2019, en horas de la tarde 10 paramilitares vestidos de negro asechaban nuestro asentamiento de San Josesito y al parecer permanecieron allí por el rio hasta altas horas de la noche.


• El lunes 11 de febrero de 2019, en horas de la noche llegaron dos hombres armados y portando capuchas, al parecer paramilitares, a la vivienda de un poblador de la zona y lo obligaron a pagarles 2.000.000 de pesos, según ellos de vacunas, a lo cual el campesino se resistió y no quiso pagar la extorsión; de inmediato lo amenazaron de muerte por no pagar la alta suma de dinero que le estaban pidiendo, luego se marcharon.


• El martes 12 de febrero de 2019, en horas del día fue visto un grupo de paramilitares en trajes negros a pocos minutos del casco urbano de San José de Apartadó por la parte del rio La Sucia hacia arriba.


• El jueves 14 febrero de 2019, pasaron por la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó 10 paramilitares portando uniformes militares y armas largas en el punto conocido como la “YE” al parecer venían desde las veredas Baltazar y Naín del departamento de Córdoba.

• El jueves 21 de febrero de 2019, a las 12:00 horas del día 5 paramilitares armados detuvieron por espacio de 15 minutos a dos pobladores en la vereda la Unión de San José de Apartadó, allí les manifestaron el interés de saber en dónde quedaba situado el espacio de la Comunidad de Paz y si quedaba muy lejos, a lo que dichos pobladores no dieron ninguna información. Luego los dejaron en libertad y los paramilitares ingresaron al espacio de la Aldea Rigoberto Guzmán, de la Comunidad de Paz; al ser vistos por algunos pobladores intentaron esconderse pero ya habían sido detectados. Más tarde, hacia las 3:00 p. m. pasó por allí mismo una tropa del ejército.


• El domingo 24 de febrero de 2019, a las 9:00 a.m. un grupo de aproximadamente cinco paramilitares detuvieron a un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y lo sometieron a interrogatorios durante 10 minutos luego lo dejaron en libertad.

• El mismo domingo 24 de febrero de 2019, tropas del ejército, quienes habían sostenido un enfrentamiento con algún grupo irregular, pasaron pos veredas entre Córdoba y San José de Apartadó prohibiendo a los campesinos el uso de teléfonos celulares.


Durante los días 19 a 22 de febrero nuestra Comunidad de Paz realizó la acostumbrada peregrinación a Mulatos Medio donde el 21 de febrero de 2005 fueron masacrados varios líderes de la Comunidad con sus familias. En todos los recorridos que hicimos fue visible el seguimiento de paramilitares de civil, quienes controlaban nuestros movimientos por radios de comunicación. Es un hecho que todos los asentamientos de la zona están controlados por “puntos” o personas-espías que están informando de todo movimiento a los líderes paramilitares.


El 13 de febrero la Juez Segunda Promiscua de Apartadó, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional seleccionó para revisión la sentencia de Tutela interpuesta por la Brigada XVII contra nuestra Comunidad de Paz, ordenó suspender el incidente de desacato, hasta que se pronuncie la Corte Constitucional.


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 26 de 2019

 

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En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

Ciro Guerra y Cristina Gallego cuentan la verdadera historia del narcotráfico en Colombia en ‘Pájaros de verano’, historia trágica de la irrupción salvaje del capitalismo en la comunidad indígena wayuu y de la fractura de la identidad colombiana provocada por EE.UU.

“Esta es una historia dolorosa, muy dura, pero así somos nosotros”. Hastiados, irritados y ofendidos por la imagen que el cine norteamericano ha creado del pueblo colombiano, Ciro Guerra y Cristina Gallego decidieron contar la verdad sobre “el origen del narcotráfico en el mundo, la historia original, el inicio de todo”. Lo han hecho en Pájaros de verano, una espléndida película, de fascinante belleza visual y una de las mejores de 2018.

Esta no es otra película de narcos. Es cine de género, sí, pero y es una tragedia clásica, es una reflexión sobre la fractura de la identidad colombiana provocada por EE.UU., un valioso relato sobre la irrupción salvaje del capitalismo en una sociedad de tradiciones milenarias, el retrato de una familia “que metafóricamente es como una nación” y el descubrimiento de la cultura wayuu, un mundo matrilineal, de sueños, muertos y espíritus “de donde bebe buena parte de García Márquez”.

Estrenada en la Quincena de Realizadores de Cannes y presente en la sección Perlas de San Sebastián y en Toronto, Pájaros de verano se alzó con el premio a la Mejor Película en La Habana y en los Premios Fénix. Ambientada en los 70, cuenta cómo la afición de la cultura hippie americana a la marihuana convirtió a los agricultores del pueblo indígena wayuu en empresarios. El liderazgo, la codicia, el poder transformó una vida pacífica en una guerra fratricida, en la que “Colombia se ha llevado toda la sangre y los muertos”. Los directores explican en esta entrevista con Público todas las claves de su película.

 

Ciro Guerra y Cristina Gallego,sentados, en el rodaje.

Ciro Guerra y Cristina Gallego,sentados, en el rodaje.
 


Los wayuu cultivaban café y lo cambiaron por el cultivo de marihuana en los años 70. ¿Ahí nace todo?

Sí. Ese es el origen del narcotráfico en el mundo, la historia original, el inicio de todo. Es una especie de leyenda, una historia mítica en el Caribe colombiano, nunca representada por el cine. Primero fue el cultivo de café, luego el tráfico de marihuana y luego el de cocaína. Los wayuu viven en una región muy apartada, son una sociedad tradicional. Y por ahí fue por donde empezó la transformación social del pueblo colombiano. Llegó el capitalismo y la modernidad de una forma despiadada y violenta.


Esta historia del narcotráfico tiene poco que ver con la que se cuenta desde EE.UU.

Cuando pensamos en hacer una nueva película, nos preguntamos qué historia podíamos contar y qué podíamos traer nuevo al cine. Las aventuras de los exploradores siempre se han contado desde otras cinematografías, ahora íbamos a contarla desde la colombiana, no desde la gringa. La imagen que ha dado el cine de los colombianos no es una visión nada cómoda, no hemos sido retratados con justicia. En realidad la historia del narcotráfico es la historia trágica de una nación, de cómo irrumpe el capitalismo, y ahora ya es la historia de Latinoamérica.


¿El mundo de la droga desde perspectivas opuestas?

Sí. Hay una doble moral sobre el tema de las drogas. En EE.UU. se permite para usos médicos, pero en Latinoamérica ha sido una tragedia. Y Colombia se ha llevado toda la sangre y los muertos. En Colombia había un tabú respecto a hablar del narco como colombiano. Estamos cansados de películas colombianas de narcos, cuando todo se ha provocado desde EE.UU.


¿Qué piensan de la glorificación de los mafiosos que ha hecho el cine?

La glorificación de los mafiosos y de los asesinos. El retrato que han hecho los gringos de nosotros es como si la guerra la contaran los nazis. ¡Hoy hay jóvenes que son fans de Pablo Escobar! Y en realidad esta es la historia de la destrucción de las bases de una sociedad, de la imposibilidad de asumir la modernidad de forma normal.


¿Se puede ver entonces a la familia de esta historia como una alegoría de Colombia?

Sí, es una familia que metafóricamente es como una nación. En esa familia hay unos códigos, pero nosotros no queríamos hablar de buenos y malos, ni siquiera queríamos hablar de narcotráfico, sino del momento en que se quiebra todo en una familia. Es el momento en que se manejan las relaciones de poder en una familia. Ahí está el punto en el que la película logra conectarse con los espectadores.


¿Se plantearon la película desde el género?

Claro. Investigando, escuchamos muchas historias que sonaban a western y a gangsters, pero la lucha entre clanes nos recordaba también a la tragedia griega.


¿Pretendían, de algún modo, reivindicar la cultural del pueblo indígena wayuu?

Era esencial. En la cultura wayuu, las mujeres son las que guían el comercio, la política y las relaciones con el mundo de los sueños y de los muertos. El mundo wayuu es de donde bebe buena parte de García Márquez. Los géneros de la literatura y el cine son tradicionalmente machistas, por eso una mujer fuerte como la de nuestra película renueva el género. La sociedad wayuu vive en el desierto, es la población indígena colombiana más grande. Está en la frontera con Venezuela y tiene 400.000 habitantes aproximadamente. Es muy rica. Tiene la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo. Sin embargo, es el departamento que tiene más corrupción y más muertes por desnutrición infantil en Colombia.


¿Ahora están alejados del narcotráfico?

Sí. Cuando California empezó a producir marihuana, todo desapareció. Los wayuus prefirieron combatir a los narcos, enfrentarse a ellos, que seguir con la guerra entre ellos, no quisieron más de eso después de lo que pasó. Pero ahí quedó la corrupción y la lucha entre clanes.


¿Quieren decir que la llegada del capitalismo y la codicia les han colonizado?

Así es. Esta historia es la historia de la colonización, la misma que la de gran parte del mundo que no es europeo. La historia del mestizaje de Latinoamérica. Después de 1800, toda la política y economía se asentaron sobre las bases de la colonización. Pero esa es una visión incómoda de muchos aspectos históricos.
En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

 

 

En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

En la imagen, una escena de la película 'Pajaros de verano'.

 


¿También una visión incómoda del narcotráfico?

El narcotráfico es ahora un problema mundial. Es la base para la economía subterránea, donde la ley muere y se negocia con las armas, la gente, los órganos... Solo se benefician los bancos y los estados. Nosotros fuimos el chivo expiatorio. Ahora estamos viviendo una crisis de opiáceos gigante, en la que hay varios países exportadores.


Volviendo a los wayuus, ¿cómo han recibido ellos la película?

La película se ha hecho con la comunidad wayuu. De ella es parte del equipo técnico y del elenco. Está representada de manera muy cercana, han formado parte del proceso de guion. Ellos están orgullosos de la manera en que aparecen representados en la película. Ahora se pueden ver su idioma, sus mitos y tradiciones representadas. Y hay un nivel de la película que solo pueden ver ellos. Eso es muy emocionante.


¿Cómo es posible que se sepa tan poco de ellos?

En realidad, no sabemos nada de ellos tampoco en Colombia. Siempre ha habido miedo a mostrarles, ahora también, porque la película tampoco les saca muy bien parados. Ellos dicen que esta es una “historia dolorosa, muy dura, pero así somos”. Creemos que Pájaros de verano añade dignidad a sus comunidades. Hasta hora el estado colombiano es súper paternalista con ellos y eso les quita la dignidad.

 

Trailer de Pájaros de verano

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