Minority Report en las policías europeas: llegan los sistemas de predicción de delitos

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.



Algoritmos para predecir en qué zonas es más probable que tengan lugar robos u otro tipo de crímenes, algoritmos para ayudar a decidir si imponer prisión preventiva o no a una persona pendiente de juicio. Los algoritmos han llegado y también lo han hecho a los sistemas policiales y judiciales europeos. Y de ello alerta la comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović. “Aunque aún se encuentran en sus etapas experimentales, el uso de algoritmos de aprendizaje automático en los sistemas de justicia penal es cada vez más común”, afirma Mijatović en un texto publicado en la web del Consejo de Europa en el que señalaba los resultados “potencialmente discriminatorios” de este tipo de programas de predicción de delitos.


Como ejemplo, cita PredPol, un programa diseñado por el departamento de policía de Los Ángeles (Estados Unidos) en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que extrapola los datos de estadísticas criminales CompStat —sí, esa que usaban los policías de la serie The Wire—. ¿Cómo funciona? En la web de PredPol se explica que calcula las predicciones en base a tres tipos de datos: tipo de crimen, localización y fecha y hora. No usa información personal, ni demográfica, étnica o socioeconómica —se afirma en la web—, y los resultados se representan en un Google Map en el que se localizan las áreas con más alto riesgo de delitos cada día y en cada turno. En 2013, la policía de Kent (Reino Unido) compró los derechos de uso del programa por 100.000 libras anuales. Lo probó durante cinco años y en noviembre de 2018 desechó su uso, anunciando que seguirían trabajando en esa dirección, con un nuevo proyecto o construyendo su propio sistema. “Predpol tenía un buen historial de predecir dónde es probable que se cometan los crímenes”, afirmaba entonces John Phillips, superintendente de la policía de Kent, al Financial Times . “Lo que es más difícil es demostrar que hemos podido reducir el crimen con esa información”.


Este programa de algoritmos, así como otros parecidos usados en otras zonas de Reino Unido —como Manchester, Yorkshire o West Midlands— fueron criticados por organizaciones como Big Brother Watch en un informe en el que citaban estudios realizados sobre este tipo de sistemas que concluían que estos refuerzan patrones ya existentes de discriminación y dan lugar a una retroalimentación, conllevando que la policía sea enviada a vecindarios en los que ya hay una presencia excesiva de policías, independientemente de la tasa real de criminalidad.


Otro de los sistemas de algoritmos a los que hace referencia la comisaria de Derechos Humanos europea es la Herramienta de Evaluación de Riesgo de Daños (HART por sus siglas en inglés), usada por la policía de Durham, también en Reino Unido, para decidir si mantener o no a un sospechoso de un delito en custodia o si derivarlo a un programa de rehabilitación. Para ello, Hart utiliza hasta 34 categorías diferentes de datos que van de la edad y el sexo al historial delictivo. Y, al menos hasta abril, también usaba el código postal del sospechoso, lo que desde Big Brother Watch señalan que deriva en la criminalización de la pobreza. Un informe de 2018 elaborado por el Royal United Services Institute for Defence and Security Studies —que no es precisamente un lobby conservador en cuanto a tecnología aplicada a defensa y seguridad— también alertaba de que sistemas como Hart “reproducirán inevitablemente los sesgos inherentes a los datos que se les proporcionan”, lo que perjudicará a las minorías étnicas y religiosas.


Pero más allá de la experiencia británica, este tipo de sistemas de algoritmos también han llegado a otros países de la Unión Europea, como Italia, donde el sistema XLAW se usa en Nápoles y Venecia para prevenir robos, o en Alemania, donde el sistema Precobs —que suena aún más a los precons de Minority Report— se usa ya, de manera corriente o en fase piloto, en los cantones de Aargau, Basel, Baden-Württemberg, Babaria, en Sajonia y en Zug. Precobs también se usa desde 2013 en Zurich (Suiza) para prevención de robos en viviendas.


En España, este tipo de sistemas predictivos también han comenzado a hacerse hueco. A finales de 2015 Rivas (Madrid) fue el primer municipio en comenzar a experimentar con el sistema Pred-Crime. Su policía local lo usó durante nueve meses tras los cuales lo descartaron. “Necesita seguir desarrollándose para ser realmente eficaz”, señalan a El Salto desde el prensa del Ayuntamiento. Diseñada por EuroCop Security Systems, empresa constituida en 2004 y que a día de hoy cuenta con doce empleados y, en 2017, facturó 3,7 millones de euros —casi el doble que en los dos ejercicios anteriores—. En España, su administrador único y director general, financiero, comercial, de márketing y de informática es Ramón García Esteve.


También en 2015, desde la Policía Nacional se comenzó a desarrollar un sistema parecido de la mano del policía científico Miguel Camacho Collados, que en 2014 había recibido una beca Fullbright para estudiar este tipo de sistemas, en colaboración con la Universidad de Granada, la UCLA y la Policía de Los Ángeles, siguiendo la senda de PredPol. Aunque no hay más información sobre el posterior desarrollo de este sistema, desde finales de 2018 sí entró en fase piloto en la Policía Nacional otro sistema basado en algoritmos, en este caso para detectar denuncias falsas, Veripol, también desarrollado por Camacho e instalado ya en todas las comisarías.

2019-05-12 12:02:00

Viernes, 10 Mayo 2019 06:14

Militares, policías y democracia

Militares, policías y democracia

¿Es posible modificar la cultura política y la actitud concreta hacia la población de las fuerzas armadas y policiales? A la luz de la experiencia reciente en Uruguay y Brasil, la respuesta es negativa. Luego de tres décadas y media de democracia y más de una década de gobiernos de izquierda, los aparatos represivos reafirman su papel tradicional y no están dispuestos a modificarlo.

Me referiré en particular a las fuerzas armadas, ya que tienen alguna especificidad respecto a las policiales. En Uruguay acaba de registrarse una crisis entre el gobierno de Tabaré Vázquez y el alto mando militar (por el encubrimiento por los mandos de torturadores y asesinos), que se saldó con el relevo en el Ministerio de Defensa y en la cúpula militar. Sin embargo, los problemas a los que me refiero no se relacionan con una u otro persona. Son estructurales.

El nuevo ministro de Defensa, José Bayardi, ofreció una entrevista en la que explica el inmovilismo por la endogamia de la familia militar. "Las relaciones de los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales se dan en entornos familiares que proceden de la misma profesión", explica (https://bit.ly/2GRl8Fi).

Eso explica, en su opinión, la "enorme carga de los militares retirados sobre los oficiales más jóvenes en relación con un relato construido y difundido en los entornos cotidianos de los oficiales. Es imposible o muy difícil romper con el relato construido sobre los hechos de la dictadura, sin romper a su vez con los vínculos de relación familiares".

La izquierda en el gobierno desde 2005, sostuvo la necesidad de modificar la educación en las escuelas militares, algo que tampoco puso en práctica.

En Brasil sucede algo similar. Los militares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. No sólo los retirados que están en el gobierno de Jair Bolsonaro, que son los que pueden hacer declaraciones públicas, sino las propias fuerzas armadas como institución. Ellas jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Dilma Rousseff y en el encarcelamiento de Lula, de la mano del anterior comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas.

La izquierda brasileña critica con dureza a Bolsonaro y al juez Sergio Moro, ahora ministro, lo cual es acertado. Pero no habla de la comunicación del general el día antes del juicio a Lula, el 3 de abril de 2018: "Aseguro a la nación que el Ejército brasileño comparte el deseo y las ansias de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, la paz social y la democracia" (https://bit.ly/2q4Iwq9). Fue una presión indebida sobre la justicia, pero representaba la opinión de las fuerzas armadas.

Me interesa constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo, y que la izquierda no está debatiendo lo que hacer al respecto.

Sobre la primera cuestión, no podemos engañarnos, ya que el papel de los militares en la sociedad (al igual que si hablamos de las fuerzas policiales) no depende de tal o cual oficial, ni siquiera del gobierno de turno, porque responde a una cuestión estructural. Las fuerzas armadas pueden aceptar la democracia y aún las reglas de las instituciones democráticas, pero no van a cambiar sus modos y harán todo lo posible para neutralizar cualquier actitud del poder político que afecte sus intereses.

Coincido con las afirmaciones del ministro Bayardi en el sentido de la "endogamia", como parte de la explicación del continuismo militar respecto a las dictaduras. En Brasil la dictadura terminó en 1985 (casi 35 años de democracia) y el PT gobernó entre 2003 y 2016. En Uruguay la dictadura terminó en 1984 y el Frente Amplio gobierna desde 2005. Ahora se reconoce lo evidente, que no hubo cambios en la mentalidad ni en la actitud de los militares, pese a que ambos gobiernos les han otorgado beneficios materiales importantes, tanto salariales como presupuestales para la modernización de las fuerzas.

La segunda cuestión es la izquierda. El problema es que no debatimos sobre las fuerzas armadas, quizá porque deberíamos entonces discutir sobre las continuidades en la cultura del poder judicial, de la policía, del parlamento, en fin, de todos los estamentos con poder que conforman la sociedad. Y por último terminaríamos debatiendo sobre las y los militantes de izquierda.

Lo más grave, a mi modo de ver, es que no sólo no debatimos sobre los armados sino que tampoco sabemos qué hacer. Los tiempos transcurridos en democracia y bajo gobierno de izquierda son suficientes para hacer balance. La realidad de estos dos países es la misma que la de todo el continente, más allá del color de los gobiernos.

Podemos seguir haciéndonos los distraídos, hasta que la falta de actitud se nos vuelva en contra. El problema de los cuerpos armados, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos está hablando de los límites que tiene administrar el Estado.

Publicado enPolítica
Imposible esconderse detrás de falsas identidades

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Ha continuado la amenaza contra la vida y la integridad de nuestra Comunidad y la violación de los derechos fundamentales del campesinado de nuestro entorno. Cada día el campesino es obligado a someterse, contra su voluntad, al control y a las normas que quieran imponerle los paramilitares. Ya el campesino no puede trabajar su propia tierra sin que los paramilitares le cobren altos impuestos; tiene que tener permiso de los paramilitares para sembrar y tiene que pagar impuestos hasta por sus siembras de pan-coger

Según muchas informaciones que pobladores de la zona le han transmitido a nuestra Comunidad, en los últimos días los paramilitares están coordinando reuniones en las veredas, en las cuales obligan a los campesinos a participar en ellas y allí les ordenan someterse a sus normas, a sus proyectos y a sus planes sobre la región y al mismo tiempo les hablan en contra de nuestra Comunidad de Paz, la estigmatizan y anuncian nuevamente su próximo exterminio. Siempre hemos dejado constancia sobre la identidad de los líderes paramilitares alias “René” desmovilizado del 58 frente de las Farc-Ep durante el Proceso de Paz, hoy comandante de los paramilitares en las veredas de San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” y alias “Majute” comandantes paramilitares en la vereda Arenas de San José de Apartadó, encargados de reunir y someter contra su voluntad a los campesinos de las demás veredas, toda una estrategia de control y de exterminio.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes:

El sábado 20 de abril de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un supuesto plan que tendrían los paramilitares para seguir asesinando en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, pues, según los mismos paramilitares, habían tenido que suspender los asesinatos desde el 16 de enero del presente año, cuando asesinaron al joven Deimer Úsuga, cerca del caserío central de San José, según ellos porque nuestra Comunidad de Paz había denunciado el crimen y todo se estaba complicando, pero ahora, pasados ya varios meses, van a retomar el control realizando nuevas ejecuciones.

Del miércoles 24 al sábado 27 de abril de 2019, nuestra Comunidad de Paz realizó un recorrido con la Defensoría del Pueblo por las veredas Mulatos, Resbalosa y La Esperanza, de San José de Apartadó, con el fin de poder visibilizar más concretamente el control paramilitar que existe en toda esa zona y que cada día oprime más nuestra región.

El jueves 25 de abril de 2019, en horas del día, dos paramilitares conocidos como alias “Santiago” y alias “Arcadio” le prohibieron a un campesino de la vereda La Cristalina de San José de Apartadó sembrar un lote de maíz y le advirtieron que si tumbaba monte le cobrarían $ 5.000.000 (cinco millones) de pesos. Es de recordar que alias Arcadio y alias Alfredo son dos paramilitares de los 5 que participaron en el atentado contra nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre de 2017 donde intentaron asesinar a nuestro representante legal German Graciano Posso y a otros miembros de nuestra Comunidad, de esta manera los paramilitares están extorsionando y controlando a los campesinos, pues se aprovechan de la necesidad para prohibirles sembrar, con la intención de someterlos a sus proyectos y quitarles dinero o animales domésticos, como ganado o caballos, a cambio de dejarles tumbar y sembrar sus lotes de pan coger.

El sábado 4 de mayo de 2019, en horas de la tarde, pobladores de la zona informaron a nuestra Comunidad de Paz sobre una serie de reuniones que realizarán los paramilitares alias “Rene”, alias “Caballo” y alias “Bruja” en las veredas de San José de Apartadó, a las cuales convocan de manera obligatoria al campesinado de cada vereda. Según las informaciones, las reuniones tendrán lugar en las dos semanas siguientes.

El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde un paramilitar de nombre Domingo Antonio Herrera conocido en la zona como “Chirrí” abordó a miembros de nuestra Comunidad de Paz que se encontraban sembrando un cultivo de maíz en la vereda Resbalosa del corregimiento San José de Apartadó, allí este paramilitar manifestó en tono amenazante diciendo: está prohibido para los campesinos sembrar pan coger y tumbar montañas sin permiso hasta nueva orden, a la vez que amenaza diciendo, en el transcurso de los dos días siguientes llegará una comisión paramilitar a esta vereda y ellos darán las ordenes, yo solo cumplo órdenes y por eso estoy aquí.

El control paramilitar es cada vez más fuerte en la zona pues cobran grandes vacunas o impuestos, someten a la población a reuniones forzadas, ubican puntos de informantes en las casas de los civiles y ahora están prohibiéndole al campesinado sembrar y trabajar sus tierras heredadas de sus padres y abuelos, todo esto como una estrategia de exterminio y control territorial donde hay que obedecer y someterse al paramilitarismo y si algún campesino no lo hace no puede trabajar su tierra.

El miércoles 8 de mayo de 2019, a las 17:00 de la tarde llegó un grupo armado no identificado a la vereda la Resbalosa de San José de Apartadó, de esta presencia aún no tenemos más informaciones, nos preocupa pues el día martes 7 de mayo el paramilitar alias “Chirri” amenazó a miembros de nuestra Comunidad de Paz con que llegaría una comisión paramilitar a la vereda en los próximos dos días siguientes.

En el discurso oficial del gobierno y de las instituciones estatales, el paramilitarismo “no existe”. Sin embargo, la experiencia del campesinado en muchas regiones del país, como en nuestro territorio, evidencia que su presencia y su dominio es total. Como no es un fenómeno de hoy ni de ayer sino que lo hemos sufrido en más de 22 años y conocemos sus identidades y sus prácticas, nadie podrá convencernos de que son grupos “fuera de control” del Estado. Si la fuerza pública no los tolerara y los patrocinara y si el gobierno y sus instituciones administrativas, judiciales, disciplinarias y políticas no se hicieran “de la vista gorda”, como lo ha hecho en todas estas décadas, no podrían funcionar ni existir. Para nosotros continúan siendo una política de Estado.

Desde nuestro territorio amado agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, pues contar con todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 09 de 2019

Publicado enColombia
Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

Publicado enColombia
Viernes, 03 Mayo 2019 06:13

Assange resiste la extradición

Assange resiste la extradición

“No deseo entregarme para ser extraditado a EE.UU. por haber hecho un periodismo que ha protegido a muchas personas”, dijo el ciberactivista.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos. El australiano de 46 años compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, luego de haber sido condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel. “No deseo entregarme para ser extraditado a Estados Unidos por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas”, afirmó el activista y periodista en su declaración. Luego de su videoconferencia de ayer, el juez Michael Snow decidió que Assange deberá comparecer nuevamente en el tribunal el próximo día 30. Al mismo tiempo varias decenas de partidarios del activista australiano se congregaron frente a la corte con carteles que decían “Liberen a Assange” y “No a la extradición”.


“La batalla comienza realmente hoy”, declaró en tanto el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que calificó la sentencia como “un escándalo” y aseguró que el experto informático está muy afectado por la posibilidad de ser encarcelado por un año, luego de los 2.488 días que pasó recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. “La extradición está basada en una ofensa menor que puede ser castigada con cinco años de cárcel”, advirtió en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Básicamente, lo consideramos como una estrategia para poder presentar luego más cargos contra él. Todo parece indicar que podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje de 1970, que prevé incluso la pena de muerte”, afirmó.


Assange está recluido en la prisión de Belmarsh, un centro de alta seguridad en el suroeste de Londres. Allí permanece desde el 11 de abril cuando fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Assange se había refugiado en Londres en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense.


Su plataforma online se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. Washington, por su parte, afirma querer juzgarlo solo por piratería informática. Estados Unidos sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono. En la misma línea, la fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que ella pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks. Ben Brandon, un representante de la justicia estadounidense, confirmó ayer que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel. Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.


Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido para que Assange no sea entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas en el mundo.


Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán”. Pero por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe”. La primera ministra Theresa May declaró en sintonía con Hunt al afirmar que “nadie está por encima de la ley”.

Publicado enInternacional
Sri Lanka en el Gran Juego de EEUU e India contra China

La acusación del presidente de Sri Lanka Maithripala Sirisena de que los servicios de seguridad del país tenían conocimiento previo sobre los ocho atentados “yihadistas” del 22 de abril, que dejaron cientos de víctimas, y se lo ocultaron, muestra una gran y grave fractura en el seno del poder del país apodado “la India organizada”.

La República Democrática Socialista de Sri Lanka es un pequeño estado de 21 millones de habitantes, compuesto por los cingalé y una minoría tamil (cerca del 13%), y de religión predominante budista, y luego grupos de fe hinduista, islam-sunnita y cristiana. La nación se estaba recuperando no sólo de una larga guerra civil de 26 años (1983-2009) entre la milicia independentista Tigres Tamiles y el ejército, que dejó decenas de miles de muertos, sino también del devastador tsunami del Océano Índico de 2004 que arrebató la vida de 35.000 personas.


El antiguo Ceilán, un país insular ubicado en el Océano Índico y al sureste del Mar Arábigo, que vive del turismo, las exportaciones de textil y té (en cuyas plantaciones trabajan principalmente mujeres), y es además el primer productor mundial de canela, había conseguido un crecimiento económico de 4,6% en 2017, y reducir la pobreza de forma considerable. La isla fue durante la Guerra Fría uno de los países “No alineados”, próximo a China y a la Unión Soviética, y tiene el honor de ser el primer país del mundo en tener una primera ministra, Sirimavo Bandaranaike en 1960.


Con el fin del orden mundial unipolar, marcado por el protagonismo de China, Rusia y la India, hoy Sri Lanka está siendo el objeto de disputa entre las potencias. La geopolítica marítima y la militarización de las aguas del planeta, a veces bajo ridículos pretextos como luchar contra los “piratas somalíes“, están arrastrando a este país a una grave crisis política.
La importancia geopolítica de Sri Lanka


Es el único estado insular del sur de Asia.


. Está ubicado en el centro del Océano Índico, el enlace entre Asia occidental y el sudeste asiático que conecta el comercio marítimo este-oeste. Por las aguas de este océano, que cubren cerca del 20% de la superficie del planeta, pasa el 70% del comercio mundial de petróleo, con India y China a la cabeza de los consumidores de energía fósil.
. Es dueña de puertos estratégicos como Colombo o Trincomalee.


.Dentro de la política de EEUU para dominar el Sur de Asia, es un candidato para reemplazar a Pakistán, país que está entrando en la órbita china.


.Es el espacio donde se desarrolla la batalla entre China-Japón, India-China y EEUU-China por el control de las rutas marítimas del Índico.


Un antes y un después del 2015


Desde que Barak Obama centró su doctrina en la contención de China, política continuada por Donald Trump, Sri Lanka es una de las obsesiones de EEUU. En diciembre de 2009, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado advertía que la “deriva estratégica de Sri Lanka“, durante el gobierno del presidente Mahendra Rajapaksa, hacia China “tendría consecuencias para los intereses de los EEUU en la región“. Y como no podía acusar al gobierno budista de Colombo de “patrocinar el terrorismo islámico” recurrió al segundo de sus argumentos favoritos: “pisotear los derechos humanos”. Por lo que, a través de los “expertos” de la ONU planteó la sospecha de que el gobierno de Rajapaksa podría ser responsable de crímenes de guerra durante y después de la guerra civil por matar a cerca de 40.000 civiles.


En 2013, la ONU aprueba una resolución pidiendo investigaciones “independientes” al respecto. La guinda la pone el entonces primer ministro británico, David Cameron (cuyo gobierno además de estar implicado en los crímenes de guerra en Afganistán e Irak, aumentó la venta de armas al gobierno srilankés, prolongando la guerra civil), quien dio un ultimátum a Rajapaksa exigiendo una investigación creíble sobre la matanza de los tamiles. Meses después, y ante la prohibición que impone Colombo al equipo de la ONU de entrar en las antiguas zonas de conflicto, EEUU le avisa: “la paciencia de la comunidad internacional empieza a agotarse“.


A esta presión sobre Rajapaksa se suma el gobierno de extremaderecha indio que considera Sri Lanka su patio trasero, no sólo porque Rajapaksa ha sacado a su país de la influencia de Nueva Delhi, entregando los mega proyectos de infraestructura a China, sino también por autorizar el atraque de los submarinos chinos en el puerto de Colombo.


A partir de 2014, la entrada de lleno de Sri Lanka en el proyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda sella su destino. Beijing, que ya cooperó con este país para reconstruir las zonas devastadas por el tsunami de 2004, firmó un acuerdo para efectuar una inversión de 13 billones de dólares en el puerto de Colombo y convertirlo en Colombo International Financial City, a la imagen de Dubái en el Golfo Pérsico, y de paso reconstruir el puerto de Hambantota por otros 5.000 millones. Dichos proyectos forman parte de la estrategia del “Collar de perlas” de China, que consta en alquilar puertos, en principio con fines comerciales, y se extiende desde las aguas chinas hasta Océano Índico y el Golfo Pérsico: el Kyauk Phru (Birmania), el Gwadar (Pakistán) o el Chittagong (Bangladesh), y Bandar Abbas (Irán), son algunos.


El 2015 sucede un giro radical en los acontecimientos: Rajapaksa acusa a Occidente y a los servicios de inteligencia india, The Research and Analysis Wing (RAW), de conspirar para desbancarle del poder mientras el primer ministro Maithripala Sirisena practica el transfuguismo, se une al opositor Partido de Unidad Nacional (PUN) pro indio-EEUU, y se presenta a las elecciones presidenciales. En la víspera, el exsecretario de Estado de EEUU, John Kerry, telefonea a Rajapaksa (¡intervine en las elecciones ajenas!) para insistir en que éstas deben ser “libres y justas”, y debe entregar el poder “de forma pacífica” a Sirisena en caso de que las gane. Finalmente, para asegurar los resultados, envía a la subsecretaria para Asia del Sur y Central, Nisha Biswal, a visitar Sri Lanka.


Sirisena, que centró su campaña en la chinofobia, gana las elecciones con el respaldo de grupos tamiles y musulmanes, provocando euforia en Washington. Nueva Delhi será el destino de su primera visita oficial al extranjero.


El nuevo presidente nombra al líder del PNU, Ranil Wickramasinghe, como primer ministro. EEUU deja de hablar de los “crímenes de guerra” de Sri Lanka, y renuncia a que fuese un tribunal internacional independiente el que los investigue.


Sin embargo, China seguirá la estrategia de “acupuntura” (versus “ataques quirúrgicos” de EEUU) y, discretamente, corteja a Sirisena: construye un hospital en su circunscripción local y sigue ofreciéndole inversiones ventajosas. En 2017, Sri Lanka -atrapada en la llamada “la trampa de la deuda”- arrenda el 70% del puerto marítimo de Hambantota a China durante un periodo de 99 años y a cambio de 1.1 mil millones de dólares, para así pagar parte de su enorme deuda a Beijing, y de paso le compra aviones de transporte militar.


La fiesta en Occidente ha durado poco: Ranil es cesado por Sirisena el 26 de octubre de 2018, después de que él le critique por congelar los proyectos económicos de la India, favoreciendo a China; disuelve el Parlamento; y nombra al expresidente Rajapaksa como jefe del gabinete. A su vez, Sirisena afirma que Nueva Delhi había conspirado para asesinarle. El enfado de EEUU es monumental, mientras Beijín felicita a Rajapaksa.


El 16 de diciembre, bajo una fuerte presión de Washington y también del propio Parlamento srilankés, que lo acusa de “intento de golpe de estado” y le insta al “cumplimiento de la constitución” -que prohíbe que el presidente destituya al primer ministro-, Sirisena da marcha atrás y le devuelve el puesto a Wickremesinghe, confesando: “Sigo pensando que no debía haberle nombrado primer ministro“. Ganan EEUU e India, de momento.


Una ardiente Guerra Fría en los mares


El pasado 13 de marzo, dos Boeing B-52H Stratofortress de EEUU despegaron de la Base de la Fuerza Aérea de Andersen en Guam para sobrevolar las islas controladas por Beijing en el Mar Meridional de China; el 11 de febrero, dos destructores lanzamisiles norteamericanos, el USS Spruance y el USS Preble, navegaron a pocas millas de las islas Spratly bajo el pretexto de la “libertad de navegación y sobrevuelo respaldada por la Convención del Derecho del Mar”. El objetivo de Trump-Bolton de estas provocaciones no es la persuasión, saben que China no se va a retirar. ¿Se imaginan que los cazas chinos o su único portaviones paseen por el cielo y las aguas del Golfo de México?


Por el momento, la guerra entre las dos superpotencias es comercial, política, diplomática y cibernética. Obviamente, medidas como imponer aranceles de hasta 200.000 millones de dólares a las importaciones chinas no son para proteger la economía de EEUU, sino para destrozar la de China. También, con el mismo objetivo, sacrificó a Pakistán -uno de los pilares de dominio de Washington en Asia Oriental- para cortejar a la India y convertirla en una aliada militar (Obama fue el único presidente de EEUU que viajó dos veces a Nueva Delhi); ocupó Afganistán; ha aumentado el ritmo de las llamadas Operaciones de Libertad de Navegación (FRONOP), en las que no descarta utilizar la fuerza militar; y ha fortalecido sus bases militares en las proximidades de China, y privado del petróleo de Irán. Se trata de una guerra de desgaste multidimensional como la que organizó contra la Unión Soviética.


Los recientes atentados son una oportunidad para EEUU (como lo fue el “secuestro de las niñas nigerianas”) de ofrecer a Sri Lanka su “ayuda” para la lucha antiterrorista, el envío de asesores y, quizás, instalar una base militar. Miles de “yihadistas”, tras cumplir con su misión de demoler el estado sirio, han sido trasladados por la CIA al Arco de Crisis en Asia Central y Oriental para seguir haciendo de paramilitares y “allana-caminos” de la OTAN en los países estratégicos.


El 18 de abril de 2019, la Séptima Flota de la Marina de EEUU se detuvo en Hambantota. Iba a realizar el ejercicio de CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) junto con otros estados aliados en el puerto de Hamantota, el más antiguo ejercicio de la Marina de EEUU (desde 1995) y que tiene lugar en el sur y sureste de Asia, para exhibir músculo ante los chinos y “garantizar la seguridad marítima en todo el Indo-Pacífico”. El día de los atentados se suspendieron las maniobras.


Si la inteligencia india, que coopera estrechamente con su homólogo estadounidense, conocía el plan de los atentados, ¿es posible que la NSA no los conociera?

P
30 abril 2019

Publicado enInternacional
En Milán, cientos de personas participaron de la celebración del 74 aniversario de la liberación del fascismo. Imagen: EFE

En el gobierno hay quienes se niegan a recordar el fin de la dominación nazi-fascista

Este 25 de abril, en el llamado “Día de la Liberación”, Salvini y otros representantes de la Liga no participaron de la conmemoración.

El 25 de abril es una de las fiestas nacionales más sentidas por el pueblo italiano porque el llamado “Día de la Liberación” recuerda el fin de la dominación nazi-fascista de Italia ocurrida en 1945. Si bien la dominación nazi-fascista no terminó ese día, se recuerda esa fecha porque empezaron a retirarse nazis y fascistas del norte de Italia, particularmente de la llamada República de Saló o República Social Italiana, fundada en 1943 por inspiración de Benito Mussolini.


Pero este año, cuando se celebraba el 74 aniversario de esa retirada, ocurrió un hecho inédito. Un exponente del gobierno italiano, el actual vice primer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini de la derechista Liga, decidió no asistir a ninguna de estas celebraciones que se hicieron en el país, argumentando que tenía otras cosas que hacer. Y esa otra cosa era la inauguración de una nueva jefatura de policía en Corleone, un pueblito de Sicilia tristemente célebre por el poder que en algún momento tuvo allí la mafia siciliana o Cosa Nostra. La actitud de Salvini, calificada como un desaire y un ataque a la historia de Italia y para los sobrevivientes de campos de concentración y todos los que murieron allí y en la guerra, fue justificada por el ministro diciendo que “fascismo y comunismo no volverán nunca más” mientras “hoy los peligros reales son la mafia y el terrorismo”. Por eso fue a inaugurar la nueva comisaría.


Salvini, que se la pasa hablando de los peligros que significan para Italia la llegada de inmigrantes, esta vez puso su dedo acusador contra las mafias, cosa que evidentemente le pareció más conveniente en este momento para ofuscar la derrota del fascismo. Pero él raramente menciona en sus discursos a las tres mafias principales de Italia –Cosa Nostra de Sicilia, ‘Ndrangheta de Calabria y la Camorra de Nápoles– que son realmente peligrosas y significan un poder económico y de influencias muy difundido gracias al tráfico de drogas –especialmente cocaína de América latina– , a las coimas, a la corrupción en general, a las inversiones que hacen para blanquear sus capitales ilegales, entre otras cosas. Estas mafias –algunas de las cuales existen desde fines de 1800– han sobrevivido a todos los gobiernos y son un peligro real para el país, no los inmigrantes, como Salvini en cambio le hace creer a la gente ingenua cada día. El ministro del Interior Salvini, por lo demás, no ha tomado medidas importantes contra estas mafias hasta ahora.


En cuanto al 25 de abril, no fue sólo Salvini el que no participó de la conmemoración. Tampoco se vieron en las decenas de actos a lo largo y ancho del país, los demás ministros de la Liga que forman parte del actual gobierno. Y todo esto llevó a una lectura muy clara de parte de los analistas, que atribuyeron a Salvini la “magia” de haber hecho revivir en muchos la añoranza del fascismo y el deseo de no reconocer el 25 de abril como un triunfo.


De hecho, grupos de neofascistas hicieron una breve manifestación el 24 de abril en Milán, a dos pasos de Piazzale Loreto -un lugar simbólico de la Segunda Guerra porque en 1944 fueron fusilados allí por los fascistas, 15 miembros de la Resistencia, y en 1945, fueron expuestos en el mismos lugar los cuerpos asesinados de Mussolini y otros 18 dirigentes de su gobierno- desplegando un cartelón de varios metros que decía “Honor a Benito Mussolini” y cantando consignas fascistas. El hecho duró pocos minutos pero fue lo suficientemente impresionante como para ser publicado por todos los medios. Otras manifestaciones similares, aunque de menor envergadura, produjeron los neofascistas en otras ciudades.


Ante estos hechos, el discurso que el presidente de la República Sergio Mattarella hizo en el acto conmemorativo en Vittorio Veneto (norte de Italia) fue claro y significativo. “Festejar la 25 de abril significa celebrar el retorno de Italia a la libertad y la democracia después de 20 años de dictadura, de privación de las libertades fundamentales, de opresión y persecuciones. Significa recordar el fin de una guerra injusta, trágicamente combatida al lado de Hitler. Una guerra desencadenada para afirmar la tiranía, la voluntad de dominio, la superioridad de la raza, el exterminio sistemático”, dijo. La Resistencia y la liberación del nazifascismo representa para Italia “un nuevo renacimiento” en el cual la nación “ha re-encontrado su propia dignidad”, agregó.


Las ceremonias de conmemoración el 25 de abril empezaron temprano este jueves y la primera de ellas fue la colocación de una corona de laureles por parte del presidente Mattarella en la tumba al soldado desconocido en el Altar de la Patria, ubicado en el centro de Roma. El presidente luego viajó a Vittorio Veneto. “La Resistencia es un fecundo depósito de valores morales y civiles. Nos enseña que hoy como entonces, hay necesidad de mujeres y hombres libres y orgullosos que no bajen la cabeza frente a quien con la violencia, con el terrorismo, con el fanatismo religioso, quisiera volver a épocas oscuras imponiéndonos un destino de terror y odio”, añadió Mattarella en el acto de Vittorio Veneto. “El 25 de abril vio la luz una Italia que repudia la guerra y se compromete activamente por la paz”, concluyó. Una Italia que pone sus cimientos en la dignidad humana, el respeto de los derechos políticos y sociales, el repudio del racismo y de las discriminaciones. No fue así en las dos décadas fascistas”.


Junto al presidente en el Altar de la Patria estuvo presente la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi (M5S) el primer ministro Giuseppe Conte, quien después se dirigió a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde fueron fusilados por los nazis 335 personas inocentes el 24 de marzo de 1944, como venganza por la muerte de 33 soldados alemanes el día antes en un atentado en las calles de Roma. De esta matanza de inocentes participó el agente de la Gestapo Erich Priebke, que vivió varias décadas en Bariloche, escapando de la persecución, pero que en 1994 fue descubierto y poco después extraditado de Argentina a Italia, donde fue procesado y condenado a la cárcel de por vida. Murió en 2013.


A diferencia de Salvini y los suyos, el otro viceprimer ministro y exponente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, decidió ponerse del lado de la Resistencia, es decir de los que resistieron a la dominación nazi-fascista. Di Maio, que es también ministro de Trabajo, participó de las celebraciones organizadas por la Comunidad Judía en la sinagoga de Roma, un inmenso templo ubicado frente al río Tíber, junto al Ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, también él del M5S. “El coraje no tiene un color político –dijo Di Maio–. Por lo cual hoy damos el justo, merecido y sentido agradecimiento a quien ha tenido el coraje de oponerse, sacrificando la propia vida, a algo terriblemente equivocado como el nazi-fascismo”.

Pese al amenazador acto del miércoles de los neofascistas en Milán –muchos de ellos pertenecientes a furiosos grupos de hinchas de fútbol–, marchas de militantes y simples ciudadanos antifascistas se llevaron a cabo en todo el país, levantando carteles con leyendas como “Hoy como ayer, antifascistas”, “La Resistencia no ha terminado. Levanta tu cabeza y lucha por la vida”, “Combate el miedo. Destruye el fascismo”. Más de 70.000 participaron en la marcha organizada en Milán por el ANPI (Asociación Nacional de Partisanos de Italia) mientras en Bolonia, se repartió pan mientras se marchaba, en solidaridad con los pobres e inmigrantes, mientras un coro de niños cantaba canciones de la Resistencia.

Publicado enInternacional
Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

Publicado enColombia
La posición radical de EEUU contra el aborto fuerza a la ONU a rebajar sus recomendaciones para proteger a mujeres violadas en una guerra

Bajo la amenaza de veto, EEUU ha obligado este martes a eliminar de una resolución del Consejo de Seguridad toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó el representante alemán, impulsor de la resolución

Bajo la amenaza de veto, Estados Unidos ha obligado este martes a eliminar de una resolución de la ONU sobre violencia sexual en conflictos toda referencia a la necesidad de dar a las víctimas acceso a servicios de salud sexual y reproductiva ante la posición radical del gobierno de Trump respecto al aborto.

La administración de Donald Trump, que ve en ese lenguaje un apoyo implícito al aborto, logró en el último momento que el resto de países aceptasen eliminar esa parte del texto para permitir así su adopción.


Al final, la resolución salió adelante con 13 votos a favor (incluido el de EEUU) y dos abstenciones, de Rusia y China, que habían forzado junto a Washington otros cambios en el proyecto, eliminando por ejemplo una propuesta para crear un mecanismo encargado de vigilar crímenes sexuales en las guerras.


El gobierno de Trump, sobre todo de la mano del vicepresidente Mike Pence, ha convertido la lucha contra el aborto en una de sus prioridades, también en el ámbito exterior.
En 2017, Trump aprobó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos u organizaciones sanitarias en el extranjero que ofrezcan o informen sobre prácticas abortivas.


El actual Ejecutivo estadounidense también ha combatido en distintos foros de la ONU referencias a la salud sexual y reproductiva.


En el caso de la resolución del Consejo de Seguridad, Washington fijó ese asunto como una "línea roja" y advirtió que vetaría el texto si no se eliminaba, según fuentes diplomáticas.
El lenguaje en cuestión ya figuraba en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que habitualmente no da marcha atrás en conceptos que ya han sido aprobados.


El borrador presentado por Alemania reconocía la "importancia de dar asistencia a tiempo a los supervivientes de violencia sexual" y urgía a las entidades de la ONU y a los donantes a facilitar "servicios sanitarios no discriminatorios y amplios, incluyendo salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial, legal y de sustento".


Para lograr que la resolución saliese adelante, la delegación alemana accedió a última hora a retirar ese párrafo, lo que llevó a Estados Unidos a votar a favor.


"Queríamos tener la salud sexual y reproductiva en la resolución, pero estaba claro que no era posible. Para una delegación no era una opción", explicó a los periodistas el embajador alemán, Christoph Heusgen.


Según Heusgen, a cambio de retirar ese párrafo, se insiste en el texto en la vigencia de una resolución anterior sobre el tema, en la que sí figuraba la salud sexual y reproductiva.
Los países europeos fueron los que más pelearon por mantener esa cuestión en el texto adoptado este martes y, en algunos casos, criticaron abiertamente la postura de Estados Unidos, un tradicional aliado.


"Estamos consternados por el hecho de que un Estado haya exigido la retirada de la referencia a la salud sexual y reproductiva", dijo el embajador francés, Francois Delattre, que subrayó la importancia de esa cuestión a la hora de proteger los derechos de las mujeres.


Pese a los cambios de última hora, Alemania defendió que la resolución supone un "hito" y un paso adelante en favor de las víctimas de violaciones y otros abusos durante las guerras.
Según el secretario general de la ONU, António Guterres, la comunidad internacional tiene que seguir presionando para terminar con la "impunidad" de la que disfrutan la mayor parte de los crímenes de este tipo.


"Pese a un puñado de condenas de perfil alto, hay una amplia impunidad para la violencia sexual en los conflictos. La mayoría de estos crímenes nunca se denuncian, investigan o persiguen", dijo Guterres.


Junto al portugués, intervinieron ante el Consejo de Seguridad el congoleño Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, ganadores del Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexual, que exigieron justicia para las víctimas.


La abogada de derechos humanos Amal Clooney, que representa entre otros a Murad y otras yazidíes víctimas de la organización terrorista ISIS, demandó la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades cometidas por los yihadistas contra mujeres.


En ese sentido, recordó los procesos contra el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial e insistió a las potencias en que este es "su momento de Nuremberg".
"Es su oportunidad para estar en el lado correcto de la Historia. Se lo deben a Nadia y a los miles de mujeres y niñas que ven a miembros de ISIS afeitarse sus barbas y volver a una vida normal, mientras ellas, las víctimas, nunca podrán", insistió.


24/04/2019 - 11

Publicado enInternacional
Soldados israelíes disparan a un menor palestino maniatado y con los ojos vendados

El Ejército investiga el tiroteo, que fue grabado por el fotógrafo Mohammad Hmeid en un asentamiento cerca de Belén.

 

Las imágenes captadas por Mohammad Hmeid reflejan la situación que viven los palestinos en Cisjordania: Osama Hajajra, un estudiante de apenas quince años, recibe un disparo de las tropas israelíes, quienes previamente lo habían maniatado y vendado los ojos.


El fotógrafo palestino ha subido varias fotos y un vídeo a su cuenta de Facebook, donde explica que el joven resultó herido de bala el pasado jueves tras intentar escapar de los soldados.


Antes de ser tiroteado, el menor había sido arrestado por haber presuntamente lanzado piedras contra vehículos en un asentamiento israelí, según el diario israelí Haaretz, que informa que los soldados le dispararon en la ingle en la aldea de Tekoa, cerca de Belén.


En ese momento, Osama Hajajra tenía los ojos vendados y las manos atadas en la espalda. Cuando varios palestinos trataron de socorrerlo, fueron apuntados por las tropas israelíes, aunque finalmente pudieron trasladarlo a un centro médico.


El Ejército israelí ha abierto una investigación debido a la actuación violenta de los soldados, quienes perseguían a un menor indefenso cuyo caso permanecería silenciado si no fuese por el fotógrafo Mohammad Hmeid, cuyas imágenes han servido como denuncia de las malas formas de las Fuerzas Armadas de Israel.


El diario Haaretz cita a testigos que aseguran que fue atendido en una clínica de Beit Jala, cerca de Belén. Las imágenes muestran como un soldado atiende al herido mientras otro amenaza con su arma a los palestinos presentes en la escena del tiroteo para que no se acerquen al herido.

22/04/2019 18:40 Actualizado: 22/04/2019 18:46

público

Publicado enInternacional