Colombia recupera las polémicas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca

El Gobierno quiere volver a este método para erradicar la producción que, según la Oficina de Drogas de Estados Unidos, se estancó

 

 

A casi un año de mandato, con problemas en varios frentes internos y sin éxito en su cruzada para sacar a Nicolás Maduro de su cargo, el Gobierno de Iván Duque enfila su discurso al problema de las drogas en Colombia con un debate que promete ser álgido. Desde que Duque anunció la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional colombiana, académicos y ambientalistas se han manifestado en contra por los riesgos que pudiera traer el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.

Colombia mantiene el deshonroso título de productor del 70% de la cocaína mundial. Y aunque la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca acaba de revelar que existe un “estancamiento”, no hay mucho que celebrar. De acuerdo con la ONDCP, durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas, una reducción de apenas 0,5 % frente a las 209.000 hectáreas del 2017. Lo mismo ocurrió con la “producción potencial de cocaína pura”, que bajó apenas de 900 a 887 toneladas métricas puras en ese mismo período.

“Aunque el cultivo de coca en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, fue el primer año (desde 2012) en que la cosecha no aumentó”, dijo el director de la ONDCP, Jim Carroll, a través de un comunicado. El Gobierno de Duque se lo adjudicó como un reconocimiento a su labor. Falta, sin embargo, conocer las cifras del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, que se publicarían en julio.

Con ese panorama, Duque apuesta por una política antidroga fundada en dos ejes: la aspersión aérea con glifosato; y el prohibicionismo. Una doble apuesta que busca, por un lado, mantener tranquilo a Estados Unidos, que ha sido su aliado estratégico; y por el otro, estar en consonancia con su partido, el Centro Democrático, para el cual la problemática de drogas debe resolverse desde la prohibición.

Desde que Donald Trump dijo de Duque que “es un buen tipo, pero no ha hecho nada para solucionar el problema de las drogas”, se afianzó el fantasma de la descertificación, es decir, una sanción, y que es una decisión que tomará la Casa Blanca en septiembre próximo y que afectaría el acceso del país a créditos del Banco Mundial. Según Luis Felipe Cruz, investigador de la Línea de Política de Droga del centro de estudios Dejusticia, es en ese contexto internacional que se entiende la determinación de reanudar la aspersión aérea. “Pero también, en cuanto a política interna, esta decisión se lee como una apuesta por la mano dura, para mejorar los niveles de popularidad del presidente”.

Dudan de efectividad

Colombia fumiga cultivos ilícitos con glifosato desde 1984 y a pesar de esto la presencia de coca ha sido constante. La aspersión aérea con este herbicida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos la interrumpió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que apela al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que califican el glifosato como potencialmente cancerígeno.

Por eso, el debate sobre el uso de este agroquímico tiene al menos tres aristas: la salud, el medio ambiente y su efectividad para reducir los cultivos ilícitos, esta última puesta en duda por varios expertos.

En cuanto a sus efectos en la salud, el gobierno confía en que los estudios no son concluyentes y que, como señaló Duque, contemplarían “técnicas de aspersión con precisión para no producir efectos dañinos de las personas”. Para el Gobierno, la aspersión es la vía más rápida de derrotar la siembra de coca, pero las cifras indican que no existe una correlación de efectividad. El 2007 fue uno de los años de mayor fumigación, y a pesar de esto, las hectáreas llegaron a 150 mil. Por otro lado, el fallo de la Corte prohíbe que las aspersiones se hagan en zonas de reserva forestal o parques naturales, lugares donde los grupos armados han ubicado los cultivos. Una razón más para dudar de la efectividad de las fumigaciones aéreas.

Jerry McDermott, cofundador del centro de investigación de crimen organizado, InSight Crime, dice que las fumigaciones podrían atomizar los cultivos ; pero no tendrían un impacto a largo plazo y sí alimentarían el conflicto armado. “Históricamente, la fumigación aérea fue una de las mejores herramientas de reclutamiento de la guerrilla. Esto es grave porque hay jefes guerrilleros como Iván Márquez o El paisa, que en cualquier momento podrían salir del proceso de paz y si ellos salen y la fumigación regresa, nosotros creemos que hasta mil guerrilleros podrían irse con ellos”.

La aspersión aérea con glifosato no es el único método que ha utilizado Colombia para erradicar los cultivos ilícitos. Actualmente, el gobierno hace erradicación manual a través de auxiliares de policía y campesinos de bajos recursos contratados para retirar la mata de coca. Pero ante la presencia de minas en las zonas de cultivos, instaladas por grupos armados y disidencias, tan solo en 2018 murieron seis de estos erradicadores y otros 66 resultaron heridos.

Los otros mecanismos son la fumigación terrestre con glifosato; fumigación con drones a baja altura y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se creó durante los acuerdos de paz con las Farc y que involucra a cien mil familias campesinas que reciben subsidios para cambiar la coca por otros productos. Dejusticia le pide a Duque que refuerce este último para “incentivar el desarrollo rural”.

Pero el gobierno está decidido a la aspersión y se propone reiniciarla en 16 semanas. El debate promete ser largo y aún no es claro cómo se reactivarán las fumigaciones pues para hacerlo, Duque tendrá que demostrarle a la Corte que ha cumplido con seis protocolos exigidos que garanticen que no habrá riesgos sobre la salud y el medio ambiente.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 29 JUN 2019 - 20:02 COT

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El asesinato de María del Pilar Hurtado, reflejo de una crisis de país

Dos sicarios en motocicleta recorrieron las calles de Tierralta (Córdoba) buscando a María del Pilar Hurtado. Quizás estos dos fueron quienes llevaron los panfletos que amenazaban la vida de varias personas que se reusaban a abandonar sus techos, pues como miles en el país no tienen otra opción que armar sus casas y ranchos en tierras vacías que terminan siendo de “propiedad privada”, como los que ostenta Fabio Otero Paternina, padre de Fabio Otero, actual alcalde de Tierralta, quien meses atrás prometió titular tierras a las familias que habitan los lotes de su padre, pero que al final prefirió engañarlos y en vez de dialogar decidió enviar al Esmad para desalojar a las familias.

Quizás los dos sicarios no pensaron en las historias que hay detrás de aquellas personas que viven día a día las condiciones de la pobreza, de la falta de oportunidades para alcanzar vida en dignidad, quizás tampoco les interesa entenderlas. Quizás los sicarios conocen esas realidades en carne propia, pues a lo mejor las tuvieron que padecer en la niñez. Quizás decidieron alquilarse como “gatilleros” para dejar atrás ese pasado de angustias de hambre. El problema es que ahora son bestias que acatan órdenes sin pensar, y solventan su hambre con unos pocos pesos, estimulando su irreal sensación de poder con el miedo y el terror que producen con sus armas a todas las personas que intimidan.

La mujer, su nuevo objetivo, caminaba por la calle con uno de sus hijos cuando la encontraron. Los sicarios aumentaron la velocidad y en una esquina le propiciaron varios disparos. María del Pilar quedó tendida en el suelo, inmóvil, y la luz de sus ojos se nubló abandonando la vida, mientras que su pequeño hijo comenzaba a gritar desesperado al no entender lo que sucedía, desequilibrado al ver el cuerpo de su madre inerte. Sin duda, su hijo, marcado por tan brutal suceso, ya nunca será un niño feliz, tampoco de joven podrá gozar con espontaneidad los gozosos de la vida, pues la imagen de su madre, allí tendida, no lo abandonará. A él también le arrebataron la vida.

Historia de un conflicto errante

María del Pilar Hurtado cargaba consigo la historia del conflicto armado y social que vive nuestra sociedad. Según uno de los congresistas de la Comisión de Paz que visitó la zona, al tiempo que asistía al velorio de esta nueva víctima del poder, uno de sus hermanos de 15 años fue asesinado por los paramilitares y el otro murió prestando servicio militar. Algunos medios sostienen que al momento de su asesinato María trabajaba como recicladora y tiempo atrás participaba en la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), en donde denunció torturas, asesinatos y desapariciones en las denominadas “casas de pique” que existían en Puerto Tejada, Cauca, de donde fue desplazada al sur de Córdoba con sus cuatro hijos y su esposo.

Asentada en Tierralta, María del Pilar se fue a vivir con otras familias a un barrio de invasión, en donde comenzó a liderar la lucha por el derecho a la vivienda, pero lo que parecía una simple lucha por justicia trascendió a la violencia y la intimidación. En los primeros días del mes de junio apareció en el asentamiento un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con amenazas que en particular declaraban como objetivo militar a varias personas entre ellas a María; dos semanas después, el 21 del mismo mes, a sus 34 años, fue asesinada María del Pilar. Vale la pena recordar que el 25 de noviembre del 2018 la Defensoría del Pueblo había advertido a través de una alerta temprana, que la población que habita este municipio y otros como Montelíbano y Puerto Libertador, estaban en grave peligro, pues estaban a merced del grupo paramilitar.

El desangre de liderazgos sociales

El asesinato de María del Pilar se suma a la oleada de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales que se riega a lo largo y ancho del país, el cual se presenta como goteo diario de sangre que se va convirtiendo en río.

Una situación aterradora. Aunque para múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia los asesinatos suman más de 600 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 hasta lo corrido del año 2019, la Defensoría del Pueblo apenas tiene un registro de 479. La situación es crítica y va en ascenso, pues según Carlos Negret –Defensor del Pueblo– entre abril de 2018 y el mismo mes de 2019, se han registrado 982 amenazas a líderes y lideresas sociales en todo el país. A esto debe sumarse que en lo corrido del año han sido asesinados más de 80 liderazgos sociales. Es necesario decir que desde la firma del Acuerdo con las Farc han sido asesinados 134 excombatientes, 34 de sus familiares y 11 están desaparecidos.

En el mes de junio del presente año los asesinatos no se detuvieron y siguieron los patrones de los meses anteriores (ver artículo: “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”), son muestra de ello el asesinato de Dagoberto Álvarez, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Miraflores y quien había denunciado amenazas en su contra ante las autoridades y sería encontrado muerto el 2 de junio en Playa Belén, Norte de Santander, de igual manera Manuel Gregorio González Segura, campesino del programa de sustitución de cultivos ilícitos y miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), fue hallado muerto el 27 de junio con signos de tortura. Así mismo, el asesinato de población indígena continua presente, como lo demuestra el caso de Rocío García Pai, Leidy Jacqueline Burgos Pai y Robert Dionisio García Bisbicús, indígenas Awa asesinados el 7 de junio en el departamento de Nariño. En tal record también registran los asesinatos del indígena Nasa Carlos Biscue, acaecido en Caloto, Cauca el 23 de junio, y Uriel Piranga Valencia, indígena Coreguaje y autoridad en su comunidad, quien sería encontrado sin vida en el municipio de Pital, departamento del Huila.

De igual manera serían asesinados 4 excombatientes de las Farc en tan solo una semana, como lo registra la muerte de Anderson Pérez Osorio, quien se desempeñaba como líder juvenil y comunicador, asesinado en el departamento del Cauca, así mismo están Daniel Esterilla Grueso y Servio Delio Cuasaluzan, encontrados muertos en el departamento de Nariño.  

La situación crítica en Colombia no avizora una alternativa

Las denuncias a nivel nacional e internacional, los comunicados denunciando la grave situación de derechos humanos, parecen totalmente insuficientes, ¿Cómo se podría solucionar de raíz el problema? ¿Cómo confiar en una institucionalidad estatal que no actúa de inmediato, y cada vez es más claro que lo que está sucediendo hace parte de un mismo plan de carácter político militar? ¿Es posible que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales construya otros mecanismos para detener esta masacre?

Con el caso de María del Pilar Hurtado o el de Dimar Torres hace unos meses, queda claro que estamos entrando de nuevo al encuentro con la degradación que caracterizó a los grupos paramilitares, quienes no temían en desmembrar, jugar fútbol con cabezas o masacrar a las comunidades para generar terror en el país y así lograr el control económico y político de las regiones. Esta nueva ofensiva, así puede deducirse, tiene dos propósitos: 1. Arrasar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz firmados con las Farc y así reactivar un escenario de guerra; 2. Cubrir de miedo e inactividad colectiva en amplios territorios de la geografía nacional, garantizando con ello su control en las elecciones de octubre próximo.

Sin duda, debemos aprender de lo que está sucediendo. Ante el ataque dirigido y sistemático, ¿podría ser una opción pasar de liderazgos y vocerías individuales a liderazgos y vocerías colectivas? ¿acaso no daría más seguridad estar juntos que disgregados? ¿esto que estamos viviendo puede entenderse como un llamado a la urgente tarea de construir una ruta y agenda propia del conjunto de organizaciones y sectores alternativos, que se piensen más allá de la coyuntura electoral y busque por fin el encuentro con el país nacional? ¿no sería el tiempo de problematizar la democracia existente y su formalismo para así proponer otra democracia que realmente represente los intereses de la sociedad toda?

La oleada de muerte que recorre el país arroja victimas por doquier. De no encontrar, proponer y construir entre el conjunto social una alternativa de país que despierte el sentir de las mayorías, donde reine la justicia y la equidad para todos los connacionales, esta crisis “histórica” que padece Colombia, que se ve “tan natural” seguirá viendo nacer generaciones y generaciones de “Desquites”, como en la elegía del poeta Gonzalo Arango. Generaciones que vivirán una vida que no merecían, que vivirán muriendo, errantes, ya que no valorarán la existencia misma pues lo despreciarán todo.

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https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Notas consultadas

https://pacifista.tv/notas/maria-del-pilar-hurtado-si-era-lider-el-contundente-mensaje-tras-su-sepelio/?fbclid=IwAR1pDb-gfFoNMMaMJXRhTbJL8wpjv2FVRpp03MGYwy-oMfPnHlk6kGGKeis

https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-maria-del-pilar-hurtado-eln-desmiente-version-de-mindefensa/620834

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ultimo-adios-para-la-lideresa-maria-del-pilar-hurtado-articulo-867632

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/defensor-de-dd-hh-en-tierralta-denuncia-amenazas-y-deja-el-municipio-articulo-867519

https://prensarural.org/spip/spip.php?article24426

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3063-criomc-denuncia-asesinato-del-ex-cacique-uriel-piranga-valencia

https://canal1.com.co/noticias/la-lider-maria-del-pilar-hurtado-si-habria-recibido-un-panfleto-de-las-autodefensas-gaitanistas/

https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/3041-asesinatos-amenazas-a-lideres-y-lideresas-en-medio-de-la-asamblea-general-y-conmemoracion-de-los-29-anos-de-la-unipa-incrementa-la-crisis-humanitaria-que-vive-el-pueblo-awa

 

 

 

 

 

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Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, junto a Andrés Manuel López Obrador / Foto: AFP, Alfredo Estrella

 

México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.

 

El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.

En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de “negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.

En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.

MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO.

Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano  a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra países considerados “enemigos”. Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.

Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).

¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el “tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.

En el corto plazo, Trump –a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.

Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.

Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país seguro” (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México” por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.

 No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.

MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS.

La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo histérico” Trump logró “desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol. Y agregó: (Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.

En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las mentes y los corazones” mediante la guerra psicológica.

ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA.

Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior “como fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.

¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador “le gusta” y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo sucio” y añadió que “han estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.”

Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se las mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.

Por Carlos Fazio

27 junio, 2019

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Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido. Imagen: AFP

Unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo y el 67 por ciento de los refugiados proviene de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

 

Las personas que en el mundo escapan de guerras, conflictos y persecuciones y que se sienten obligadas a dejar el propio país, fueron hasta fines de 2018 el doble que hace 20 años y 2,3 millones más que en 2017, llegando a 70,8 millones de personas. Se trata de la cifra más alta desde que existe ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, fundado en 1950. Y entre estos casi 71 millones de personas, se encuentran casi 4 millones de venezolanos.

 Según el estudio anual Global Trends (Tendencias Globales), difundido por Acnur en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Refugiado, las cifras son estimadas y no exactas dado que reflejan sólo parcialmente la crisis de Venezuela. “Debemos redoblar nuestra solidaridad con los miles de personas inocentes que se ven obligadas a huir de sus hogares a diario”, declaró desde Ginebra, sede de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados Filippo Grandi. “Pese a la cantidad de gente que escapa, hay grandes muestras de generosidad y solidaridad, especialmente por parte de las propias comunidades que acogen a grandes cantidades de personas refugiadas. Hay una participación sin precedentes de nuevos actores, como exponentes del sector privado y de personas que reflejan el espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados”, señaló. 

Aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre pasado, el Pacto Mundial busca una repartición de responsabilidades más equitativa para quienes acogen y apoyan a las personas refugiadas, el 80 por ciento de las cuales vive en países vecinos a sus lugares de origen. Global Trend calcula además que unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo, que cerca de la mitad de la población mundial de refugiados del 2018 tiene menos de 18 años, y que el número más alto de solicitudes de asilo en 2018 (341.800) fue presentado por venezolanos. Otros datos indican que el 67 por ciento de los refugiados provienen de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido (3,7 millones) seguido de Pakistán (1,4), Uganda (1,2), Sudán (1,1) y Alemania (1,1 millones). Pero el Líbano se confirma como el país que más refugiados a recibido en proporción a su población (uno cada seis).

“El elemento más evidente en todos estos datos es la diferencia entre los países que reciben a los refugiados –comentó ayer Carlota Sami, portavoz de Acnur en Italia, durante la presentación de Global Trends en Roma–. Los que reciben más refugiados son los países que más tendrían necesidad de ayuda porque son más pobres y los que reciben menos, son los países más ricos que tal vez deberían desempeñar un rol más importante en el encontrar soluciones. Las políticas fundadas en el odio y la exclusión, que erigen muros y alambres de púa, no llevan a ninguna solución porque de hecho los números siguen aumentando. Los países deberían ocuparse de encontrar soluciones a los conflictos, a las razones por las que la gente huye.” 

En efecto, según los datos oficiales los países de alto rédito reciben unos 2,7 refugiados cada mil habitantes (Italia 3 refugiados cada mil habitantes), los países de rédito medio  unos 5,8 refugiados cada mil y los países pobres, un tercio de todos los refugiados a nivel mundial. Es así que Turquía, por ser un país limítrofe con Siria, es la nación que más sirios ha recibido. Por su parte Colombia es el país que más venezolanos ha alojado (1.171.600) pero es Perú el que más refugiados venezolanos propiamente dichos, ha aceptado (700) después que solicitaran regularmente asilo y fueran reconocidos como tales. 

“Italia está particularmente preocupada por Venezuela –dijo en la presentación de Global Trends Luigi Vignali, director general para los italianos en el exterior y las políticas migratorias de la cancillería italiana–. En Venezuela viven 143.000 italianos y muchos otros descendientes de italianos. Es un país que está atravesando una profunda crisis y sus refugiados se mueven no sólo a países como Brasil, Ecuador, Colombia sino a también a Europa, España, Italia. Esto confirma la urgencia de una solución para la crisis venezolana”.

Mirvat Sayegh, 27 años, nació en Siria, en Alepo, una de las ciudades más golpeadas por la guerra comenzada en 2011. Durante el conflicto, su familia se trasladó por un periodo a Latakia, una ciudad sobre el mar, “un poco más segura que Alepo”, contó a PáginaI12 en la conferencia de presentación de Global Trends.  “Mi familia partió antes que yo porque yo estaba en la universidad y quería continuar. Estudiaba Literatura inglesa, me faltaban solo dos materias cuando tuve que dejar el país”. Con su familia se trasladó primero al Líbano y luego a Italia.  Pese a la guerra, logró conseguir algunos documentos que certificaban lo que había estudiado. 

Llegó a Roma hace tres años, gracias a un corredor humanitario, es decir tuvo la suerte de llegar a Italia en avión, de modo seguro. Aquí buscó una beca y consiguió una para estudiar en Ferrara (noreste de Italia) “Lengua y literatura moderna”. Ya está en el tercer año. “Me reconocieron algunas materias pero pocas”, dijo.  Mirvat Sayegh habla inglés, árabo, italiano y un poco de francés y español. “Yo hubiera querido ir a estudiar a Estados Unidos pero el problema es que cuando llegué a Italia,  no tenía documentos. Ahora tengo documentos italianos”.

–¿Cuán difícil ha sido vivir como refugiada?

–Para mi familia ha sido mucho más difícil que para mí. Mis padres llegaron a Italia a una edad que nadie les iba a dar trabajo y además no saben bien el idioma.  

–¿Estás contenta de vivir en Italia?

–Trato de estarlo.

–¿Te gustaría volver a Siria?

–Si tuviera que volver a Siria tendría que empezar de nuevo. Sería mucho más difícil recomenzar, me sentiría como una extranjera en mi propio país.

–¿Qué fue lo más difícil que  viviste como refugiada? 

–Lo más difícil que me ha tocado vivir es cómo las personas me ven, cómo me miran. No me miran por lo que soy sino como extranjera. Lo más difícil ha sido comenzar en cada lugar de cero. Mejor diría de menos cero… porque estos años que he pasado yendo de un lugar a otro, pasaron sin que yo aprendiera nada. No había tiempo porque con todas las preocupaciones uno no tiene el ánimo para aprender. Fue muy difícil tratar de trabajar, muy difícil ser considerada una persona normal. Y si te ven siempre como diferente, uno no puede estar al nivel de los demás. 

–¿Cómo podemos  favorecer la integración de los refugiados?

–No considerar a los refugiados como una categoría distinta, sino mirarlos como son, con sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

América latina

En contra del muro

 

El número de víctimas de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe se disparó en el último año según comunicó ayer la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. “El rechazo y los muros no resuelven el problema”, opinó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el italiano Filippo Grandi, durante la conferencia que ofreció en Berlín. La situación en Venezuela fue uno de los temas más abordados en la conferencia de prensa que ofreció Grandi. Según relató, más de cuatro millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015 y de ellos menos de medio millón solicitaron la condición de refugiados. Al respecto precisó que, si bien una minoría de venezolanos que abandonaron su país pidió asilo, la mayoría necesita protección internacional a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos, de medicinas y servicios públicos. “Tenemos una crisis en una región del mundo que hasta hace unos pocos años creíamos que había logrado una relativa estabilidad”, dijo Grandi al aludir principalmente a la región del norte de América Central, en particular a Honduras, Guatemala y Salvador. “En esta región observamos acciones de bandas armadas, que evoca lo que algunos grupos armados, gubernamentales o no, hacen en otros países. Como por ejemplo violar a mujeres para ganar el control de territorio, reclutar niños, ocupar casas”, opinó. Grandi precisó que muchas personas huyen de estos países en diferentes direcciones, que incluyen México y los Estados Unidos, principalmente escapando de la violencia. 

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 La policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes, que respondieron con piedras y botellas, cerca del Parlamento de Hong Kong.Foto Ap

Policías desalojan a manifestantes que bloqueaban el ingreso al Congreso; se paraliza el distrito financiero

 

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong usó ayer balas de goma, bastones y gas lacrimógeno en su intento por sofocar una manifestación de decenas de miles de personas vestidas de negro, en su mayoría jóvenes, que protestan contra un proyecto de ley que permitirá las extradiciones a China continental.

 

Se trata de uno de los mayores disturbios en la historia reciente de este territorio que fue colonia británica hasta 1997. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 72 heridos.

 

Los incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo (LegCo, Parlamento), donde se examinará el texto en segunda lectura. Según analistas, las protestas contra la nueva ley son el mayor estallido de violencia desde 1997, cuando Hong Kong, entonces colonia británica, fue devuelto a China.

 

El Parlamento, dominado por los diputados favorables a Pekín, anunció el aplazamiento del debate a "una fecha ulterior", después de que manifestantes bloquearon los accesos hacia la sede del LegCo.

 

Según el diario británico The Guardian, la manifestación de ayer paralizó el distrito de negocios de Hong Kong; y después de que la policía irrumpió en la movilización, un grupo de manifestantes intentó, sin éxito, entrar por la fuerza a varias oficinas gubernamentales. La multitud respondió arrojando botellas y piedras a los uniformados. Según fuentes hospitalarias, 72 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

 

El jefe de la policía, Stephen Lo, defendió la actuación de los agentes y aseguró que ésta fue "moderada" ante los "gánsters" que intentaban tomar el LegCo.

 

Hong Kong ya vivió el domingo la mayor manifestación desde 1997 en la que según los organizadores participaron un millón de personas.

 

El universitario Louis Wong declaró que considera un éxito el bloqueo a las oficinas gubernamentales y al Consejo Legislativo porque aparentemente evitó que los legisladores leales a Pekín dieran impulso a enmiendas a un par de leyes que facilitarían el envío a China de personas sospechosas de cometer delitos.

 

"Este es un espacio público y la policía no tiene derecho a impedirnos permanecer aquí", denunció Wong, mientras observaba una intersección repleta de basura en el vecindario Admirality que fue bloqueado por fuerzas de seguridad después de que los manifestantes saltaron un cordón policiaco e ingresaron al complejo de oficinas del gobierno.

 

"Permaneceremos aquí hasta que el gobierno deseche esta ley y el presidente Xi Jinping cese en sus intentos de convertir a Hong Kong en una ciudad china más", advirtió.

 

La nueva ley autorizaría las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Se esperaba el voto definitivo para el 20 de junio, pero las autoridades no anunciaron todavía cuándo se reanudará el debate parlamentario.

 

Las autoridades afirman que el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en refugio para criminales. Según el gobierno, ya existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

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Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

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Martes, 11 Junio 2019 06:31

Desmontar el mandato de masculinidad

Desmontar el mandato de masculinidad

 

Rita Segato relata que el concepto de mandato de masculinidad lo formuló en Buenaventura, puerto de la costa del Pacífico de Colombia, cuando mujeres negras le preguntaron cómo se hace para poner fin a la guerra y la violencia. “Desmontando el mandato de masculinidad”, fue su respuesta.

La última semana de mayo tuvimos la oportunidad de compartir y debatir en el marco del “Congreso Resiste” convocado por la Universidad Iberoamericana y la revista Concilium, en Ciudad de México, para luego hacerlo en el Cideci, en San Cristóbal de las Casas, y en los espacios La Reci y la librería La Cosecha de esa ciudad.

Los debates fueron intensos y convocaron cientos de personas, participaron ponentes de varios continentes, incluyendo miembros del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. En uno de los debates, además de Rita y quien escribe, participó el madrileño Amador Fernández-Savater, quien afirmó que en la izquierda (se refería al español Podemos), se registra un “deseo monoteísta” que se concreta en los objetivos de capturar del poder y uniformizar los movimientos.

Aunque me resulta imposible sintetizar en un par de cuartillas la riqueza de los debates, quisiera recoger la importancia de la participación de las mujeres, que mostraron un profundo espíritu crítico y autocrítico, que incluye al propio movimiento feminista.

Así, Elsa y Rebeca de la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza, del estado de México, explicaron cómo se vive en “una sociedad atravesada por la violencia”, en la que no se aplican las políticas públicas porque el Estado no funciona y es, apenas, “una estructura patriarcal”. Dibujando un puente con los pueblos originarios, explicaron que “no partimos de un feminismo ortodoxo que impone cosas, sino del autocuidado de las mujeres”.

María Macario del CIG enfatizó en la necesidad del trabajo conjunto de varones y mujeres en estrecho contacto con el medio natural, al punto que de destacar que “la tierra se siembra en nosotras”. Explicando sus sentimientos al comprobar los desastres que el capitalismo genera en la madre tierra, dijo: “Estoy dejando de ser mujer porque el arroyo se está acabando”.

Siobhan Guerrero, filósofa de la ciencia, licenciada en biología y activista trans en temas de género, analizó el papel de las iglesias evangélicas en América Latina y cómo la ideología de género de las nuevas derechas se inserta en un discurso de derechos humanos, lo que las potencia. Destacó la complementariedad varones-mujeres y llamó a desarrollar formas de conciencia no mediadas por el Estado. “Es un problema que el movimiento de mujeres se piense en términos de derechos liberales”, concluyó.

Los intercambios con Rita giraron en torno a su concepto mandato de masculinidad y mostró sintonía con los debates que propone el zapatismo al criticar una política centrada en el enemigo, a la que considera fascista, “porque en ese caso es el enemigo el que nos mancomuna”.

En los intercambios pudimos constatar varias confluencias. La primera fue que el mandato de masculinidad no se desmonta desde el Estado, con leyes y procesos institucionales, sino en el trabajo directo con las personas, varones y mujeres, que pasa por cambios personales y de personalidad, por el modo como se establecen los vínculos en los espacios de la vida cotidiana.

En este aspecto, adivino dos procesos simultáneos: la organización de las mujeres que potencie movimientos y acciones, y a cada una de ellas; y los necesarios cambios entre nosotros, los varones, que pasan por perder los privilegios que tenemos, algo que es imposible procesar sin atravesar una crisis profunda porque se trata de cambiar nuestro lugar en el mundo. En lo personal, puedo decir que no se trata de “una” crisis puntual y acotada en el tiempo, sino un proceso ininterrumpido y continuo, sin final o con final abierto, para ir asumiendo, en la mejor hipótesis, una configuración interna otra que permita relacionarnos desde un lugar de sencillez y humildad naturales.

La segunda es que el mandato de masculinidad se desmonta en plazos muy largos, lo que requiere pensar y actuar en términos de larga duración. La persistencia y la permanencia permiten no sólo cambios en las relaciones, sino comprender a las y los otros, sus dolores y frustraciones, esas rabias y heridas que el patriarcado y el machismo han cincelado en el alma y en el cuerpo de las mujeres, pero también de los varones.

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 Ayer se realizó en Hong Kong la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997. Más de un millón de personas, según organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental. Foto Ap

Organizadores de la movilización advierten que las acciones crecerán si el gobierno no da marcha atrás

 

Hong Kong. Hong Kong vivió ayer la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997, cuando más de un millón de personas, según los organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental.

 

Los inconformes marcharon en el transcurso de siete horas bajo un calor abrasador por las estrechas calles de la isla principal de este centro financiero, en una ruidosa y colorida movilización en la que se pedía al gobierno dar marcha atrás en sus planes.

 

La movilización transcurrió de manera pacífica, pero en las primeras horas de este lunes la policía antidisturbios dispersó con gas pimienta a grupos de jóvenes que intentaron instalar un plantón afuera de las oficinas de gobierno y permanecer ahí hasta el miércoles, cuando la polémica ley será sometida a segunda lectura en el Congreso, reportó el diario británico The Guardian en su portal de Internet.

 

No se recordaba una marcha similar desde la que congregó a 1.5 millones de personas, en 1989, durante el gobierno colonial, en apoyo a los manifestantes de la plaza Tiananmen.

 

"Hay un millón 30 mil personas en la manifestación", sostuvo un organizador entre los vítores de la multitud.

 

La policía, que históricamente da cifras mucho más bajas que las de los organizadores, calculó que el número máximo de asistentes fue de 240 mil, lo que sigue siendo la segunda estimación más alta desde el traspaso de la ex colonia a China.

 

La protesta de ayer estuvo fácilmente a la par con la de 2003, cuando se calcula que medio millón de manifestantes obligaron al gobierno a dejar de lado una ley de seguridad nacional profundamente impopular.

 

"El gobierno no puede ignorar estas cifras", declaró a la agencia de noticias Afp el manifestante Peter Chan, de 21 años.

 

Este proyecto de las autoridades de Hong Kong pro Pekín dejará a la población a merced de un sistema judicial chino opaco y politizado, argumentan sus detractores.

 

No está claro, sin embargo, que los dirigentes vayan a cambiar su postura. La líder de la ciudad Carrie Lam ha cimentado su carrera política sobre una reputación de sacar adelante las leyes.

 

Ignorar las protestas podría hacer que vuelvan los disturbios de 2014, cuando manifestantes a favor de la democracia ocuparon durante dos meses avenidas claves de la ciudad.

 

Los organizadores advirtieron ayer que incrementarán sus acciones si el gobierno no da marcha atrás, lo que podría ser rechazado por Pekín, ya que la ley tiene el apoyo de varios altos dirigentes del Partido Comunista.

 

En un comunicado, el gobierno local describió anoche las protestas como "ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong", sin dar signos de estar dispuesto a hacer cambios.

 

La iniciativa ha suscitado críticas de juristas, de los círculos financieros y de los diplomáticos occidentales.

 

Marco Ng cerró su café para sumarse a la movilización. "Nuestra ciudad es más importante que mi comercio", aseguró. "Si no protestamos, el gobierno no tomará en cuenta nuestras preocupaciones", añadió.

 

"No se escucha la voz del pueblo", aseveró Ivan Wong, estudiante de 18 años. "Esta ley no sólo afectará a la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional, sino también a nuestro sistema judicial. Esto tiene consecuencias para mi futuro", subrayó.

 

Numerosos manifestantes admitieron que no creían más en los compromisos del Ejecutivo de Hong Kong de no enviar al continente a los críticos del poder chino.

 

Las autoridades intentan hacer votar en el Consejo Legislativo (LegCo, el parlamento local) este texto que autorizaría las extradiciones hacia países como China continental, con los que no existe un acuerdo en este tema.

 

El Ejecutivo de la región semiautónoma asegura que esta ley llenaría una vacío jurídico y es necesaria, especialmente para permitir la extradición a Taiwán de un hongkonés acusado de asesinato.

 

De acuerdo con los detractores de la ley, este caso sólo es un pretexto para satisfacer a Pekín.

 

La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellas un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente.

 

Según los términos del acuerdo sino-británico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del Estado asiático en virtud del principio "un país, dos sistemas", en teoría, hasta 2047.

 

La manifestación puso fin a semanas de creciente indignación en la esferas empresarial, diplomática y jurídica, que temen una erosión en la autonomía de Hong Kong y la dificultad de garantizar la protección básica en la China continental.

 

Funcionarios de Estados Unidos y Europa han emitido advertencias formales –preocupaciones que coinciden con las de los lobbies internacionales del comercio y derechos humanos– que temen que los cambios afecten el estado de derecho.

 

La oposición al proyecto de ley de extradición de ayer se hizo evidente en medio de movimientos gubernamentales para profundizar los vínculos entre el sur de China continental y Hong Kong.

 

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Lunes, 10 Junio 2019 05:43

Corrupción, protesta y represión

Corrupción, protesta y represión

Miles de haitianos se manifestaron ayer en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. El mandatario fue recientemente acusado por el Tribunal Superior de Cuentas de estar en el centro de un esquema de malversación de fondos. La policía reprimió las protestas (foto), en las que un manifestante fue muerto de un tiro.

Antes de la violencia desatada, varios miles de manifestantes marcharon por una de las calles principales de la capital, convocados por partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Pero luego todo se desvirtuó. “No podemos ser pacíficos. Mirá: el poder nos mata cada vez que nos manifestamos, y no tenemos suficiente dinero para comer todos los días, así que todos morimos lentamente. Este presidente no tiene moral para gobernarnos”, dijo Bernard Camillien, un manifestante de 56 años. 

La semana pasada, el Tribunal Superior de Cuentas publicó un informe de más de 600 páginas sobre el uso de Petrocaribe, un programa de desarrollo patrocinado por Venezuela, que sacó a luz numerosos casos de manejo irregular de fondos y de corrupción. Los jueces descubrieron, por ejemplo, que en 2014 para el mismo proyecto de reparación de rutas, el Estado firmó dos contratos con dos compañías de diferente nombre, Agritrans y Betex, pero que comparten el mismo registro fiscal y el mismo personal técnico. Antes de su llegada al poder, en 2017, Moïse estuvo al frente de Agritrans, una empresa dedicada a la producción de bananas pero que recibió más de 700.000 de dólares para ese proyecto.

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Jueves, 06 Junio 2019 08:42

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

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