Guerra contra la sociedad se realiza en el cuerpo de las mujeres: Laura Segato

La feminista concedió una entrevista a la IBERO, en el marco de su participación en el ‘Congreso Internacional. Violencias, resistencias y espiritualidades’Para la también antropóloga, en una década México se imposibilitó como sociedad


En su educación formal, Rita Laura Segato (Buenos Aires, Argentina, 1951) se decantó por el estudio de la música y de la antropología. De ello dan cuenta sus egresos del Conservatorio Superior de Música ‘Manuel de Falla’ y de la Escuela Nacional de Danzas; su Especialidad en Etnomusicología (Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore –INIDEF-); su Licenciatura en Ciencias Antropológicas (Universidad de Buenos Aires) y su Doctorado en Antropología Social (Queen’s University Belfast).


Con tan amplia formación, no resultó extraño que se sintiera atraída por la academia, y se desempeñara como investigadora del Archivo de Música Latinoamericana del INIDEF y como profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia.


Pero hoy en día la Dra. Segato es ampliamente reconocida en el ámbito universitario latinoamericano como antropóloga y feminista, debido a sus notables aportaciones a la investigación sobre violencia contra las mujeres, que comenzó a analizar en 1993, por encargo del gobierno de la capital de Brasil.


Y es precisamente este tema sobre el que accedió a hablar con la IBERO, en su más reciente visita a esta Universidad, la cual la invitó a compartir su saber con una conferencia magistral en el ‘Congreso Internacional. Violencias, resistencias y espiritualidades’.


–Uno de sus libros lo tituló ‘La guerra contra las mujeres’; ¿en qué consiste esta guerra contras las mujeres?


Para serle absolutamente sincera, el título lo original no era exactamente ese. El título se lo puso, para hacerlo atractivo, la primera editorial que lo publicó, que fue Traficantes de Sueños.


Pero mi idea no es que hay una guerra contra las mujeres, no lo veo así, no representa mi pensamiento. Yo creo que hay una guerra entre los dueños de los pedazos de territorio, de los dueños jurisdiccionales, como digo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez (‘La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado’); unos dueños que son caciques, que pertenecen a mafias, a pandillas, al crimen organizado.


Es una guerra también contra la sociedad y contra el Estado, que se realiza en el cuerpo de las mujeres; que no es lo mismo. O sea, no es que sea una guerra contra nosotras; es una guerra mediante nuestros cuerpos, porque es en el cuerpo de la mujer que se expresa el poderío de esos dueños.


–¿Cómo se expresa ese poderío?


Con la discrecionalidad, con la arbitrariedad. Si yo mato con crueldad, desaparezco, torturo, al soldadito de la corporación armada enemiga, de la pandilla enemiga; yo estoy en guerra. Pero si yo aplico esa crueldad en el cuerpo de las mujeres, yo simplemente digo al mundo mi posibilidad, mi omnipotencia, mi capacidad de hacer cualquier cosa.


La violencia que se realiza en las mujeres, de la que evidentemente somos las víctimas, es una violencia que a través de nosotras se dirige a toda la sociedad. Porque el cuerpo de la mujer es un vehículo para un mensaje que se dirige a toda la sociedad; un mensaje de omnipotencia, de impunidad, de la capacidad de ser violentos de manera arbitraria, sin razón, sin una lógica utilitaria.


Aquí en México se habla de que todas las mujeres desaparecidas, secuestradas en el Metro, son llevadas a la trata; y aunque es fácil entenderlo así, yo lo dudo. Si yo quiero llevar a una mujer a la trata no la secuestro en el Metro. El secuestro en el Metro es un secuestro espectacular, que llama la atención de la sociedad; pero es más que nada un espectáculo de impunidad, de dominio, de arbitrio. Si yo quiero hacer algo así por una razón instrumental, utilitaria, como ganar dinero con ese cuerpo, la secuestro en otro lugar.


–¿Esta arbitrariedad, este dominio, son propios del patriarcado, que tiene una de sus mayores manifestaciones violentas, contra las mujeres?


Es uno de los desarrollos recientes, contemporáneos, del orden patriarcal. El orden patriarcal se ha casado, se ha articulado, de una manera muy perfecta, con la fase contemporánea del capital; a la que yo le llamo una fase de dueñidad. O sea, ya no más de desigualdad, porque hablar de desigualdad es poco, pues debemos considerar que estamos en un mundo de dueños. Y como el orden patriarcal siempre fue un orden de dueños, casa perfectamente bien con el orden económico del presente.


–¿Qué ha permitido la vigencia y permanencia del patriarcado?


Es el más arcaico de los órdenes políticos. El orden patriarcal funda todas las otras formas de desigualdad, y es el primer entrenamiento para la desigualdad, de prestigio y de poder, entre los seres humanos. Es el entrenamiento que damos a los niños en la casa o cuando ven televisión, cuando se dan cuenta que la palabra de un hombre vale más que la palabra de una mujer, que la inteligencia de un hombre es más potente que la inteligencia de una mujer, que la fuerza física de un hombre es mayor que la de la mujer, que el prestigio está asociado al ícono del cuerpo masculino.


Pero el feminismo ha tenido en los últimos tiempos un momento de esplendor, porque las mujeres, en su pluralidad de voces, en sus diferencias entre sí, son un movimiento poderoso que ha llegado con gran estrépito a tomar el espacio público. Ahí las mujeres mostraron cuántas somos, cómo estamos juntas y el afecto que corre por las arterias de este movimiento; y eso ha asustado a nuestros antagonistas de proyecto histórico.


Esos antagonistas quieren defender un orden de poder, que es el orden del capital, el orden de los dueños del mundo, de los dueños del planeta y de los dueños de la vida también, porque sus decisiones afectan la vida y la muerte de todas las personas.


La posibilidad de transformar la sociedad, de desmontar ese orden desigual fundacional, asustó a nuestros antagonistas de proyecto histórico, y han puesto a sectores del catolicismo y a sectores del protestantismo, pero no a la integridad del protestantismo ni a la integridad del catolicismo, a trabajar para ver si consiguen derrocar el riesgo que ven en nuestro movimiento.


–Usted creó el concepto femigenocidio; ¿por qué y qué significa?


Femigenocidio se dirige a poder nombrar la idea de que hay mujeres que no mueren por razones domésticas, que no mueren como consecuencia de una interacción en la intimidad o no mueren a manos de conocidos. La tendencia del sentido común, la manera en que pensamos los crímenes contra las mujeres, siempre está empañada por la idea de que existe el deseo, la libido, el celo, el odio; una emocionalidad que emerge de interacciones próximas entre personas conocidas.


A partir de mi visita y análisis de la situación en Ciudad Juárez, en 2006, me di cuenta que los feminicidios que ahí ocurren no tienen nada que ver con el orden de la intimidad. Existen feminicidios del orden de la intimidad, por parejas, sí; pero los feminicidios que se han tornado famosos en el mundo, porque las madres salieron del campo algodonero a denunciarlos, esos no son feminicidios de la intimidad.


Por eso por mucho tiempo fue muy difícil interpretar qué son esos feminicidios, porqué se mata mujeres por un grupo grande hombres, con una tortura sexual, mutilaciones y violaciones colectivas, de una forma recurrente, casi una rutina; y qué significa eso.


De ahí pasé a visitar países como El Salvador, Guatemala y Honduras, o sea todo el triángulo norte centroamericano, y me di cuenta de que el feminicidio se expande en ese territorio, así como también se expande en todo México; por eso hoy hablamos de una juarización de México.


Son agresiones a las mujeres y una crueldad contra el cuerpo de las mujeres que no responden a problemas de la intimidad. Entonces a esos crímenes les llamo femigenocidio; porque podrían llegar a una categoría del orden jurídico internacional de los derechos humanos, al ser crímenes contra las mujeres, no contra una mujer por una razón que puede ser personalizable.


Dentro del femigenocidio incluyo los crímenes asociados a las nuevas formas de la guerra, a los conflictos entre pandillas; o como en Ciudad Juárez, a la represión estatal, o a formas de enunciar al mundo la dominación territorial y la dominación jurisdiccional, por parte de algunas mafias locales.


A eso le llamo una esfera paraestatal de control de la vida. Y varios sectores de nuestros pueblos, de nuestras ciudadanías, en todos los países de América Latina, están expuestos a un control paraestatal de su vida por parte de grupos de organizaciones criminales, o por el paraestado; o sea, por formas represivas y duplicaciones represivas de los Estados nacionales. Ahí, a las muertes de mujeres les llamo femigenocidio, crímenes que se realizan contra la población de mujeres.


También incluyo ahí al crimen de la trata, porque las mujeres tratadas son reducidas a condiciones concentracionarias de existencia, que perjudican su salud de una forma definitiva. Por eso en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de Naciones Unidas, las condiciones concentracionarias de existencia son una de las formas de genocidio.


–¿Cuando suma la palabra genocidio a la de feminicidio es para darle un carácter de crimen de lesa humanidad al asesinato de las mujeres, y resaltar su gravedad?


Exactamente. Si consiguiéramos llevar esa categoría a una Convención iluminaríamos todo el campo de la violencia contra las mujeres, inclusive los crímenes domésticos; y se empezaría a mostrar algo que es muy difícil de mostrar a la población por causa del sentido común, que siempre los reduce a crímenes de la intimidad, del orden privado.


Es muy difícil retirar los crímenes contras las mujeres del fuero íntimo. Si consiguiéramos llevar al fuero internacional este grupo particular de crímenes letales, con intención letal o con consecuencias letales, como es la trata, iluminaríamos todo el campo de la violencia contra las mujeres y mostraríamos cómo es una violencia plenamente pública.


–Aprovecho que usted reside en el Cono Sur, para preguntarle, ¿qué explicación podría dar a este resurgimiento de la extrema derecha en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil y Argentina?


Creo que la esfera paraestatal de control de la vida, de control de muchas voluntades, en América Central y en México, se dio a través del crimen organizado; que también considero es un implante, no un fenómeno espontáneo.


En el caso de su país, debo decir que soy una persona que viene a México todos los años, la mayor parte de ellos más de una vez, desde que tengo 20 años; entonces conozco a México bastante bien, desde Laredo hasta Juchitán.


Pero me pregunto qué pasó con México, un país que, pese a todos sus problemas, como su democracia de un partido único y Tlatelolco, se mantuvo durante mucho tiempo como la democracia de América Latina; y en poco tiempo, en menos de diez años, ahora no se puede transitar después de la 6 de la tarde. Qué pasó con México. No puedo pensar que esta descomposición es un fenómeno espontáneo de la sociedad, no lo creo, fue demasiado rápido, demasiado veloz; no transcurrió ni una década en que México se imposibilitó como sociedad.


En el caso del crimen organizado en México, yo creo que ha sido un implante, no un fenómeno espontáneo. Pero la extensión que tomó y la forma en que está imposibilitando la vida normal de la gente en muchos lugares, es misteriosa.


Mi evaluación es que el poder no puede ser observado, lo inferimos, hacemos modelos de comprensión de cómo piensa y a dónde se dirige, pero no podemos observar cómo toma sus decisiones, cómo debate sus decisiones o cómo delibera sus decisiones.


De la misma forma, la acción de ciertas Iglesias, evangélicas, sobre todo, en América del Sur, ha sido también un implante; controlan la vida y la voluntad de mucha gente y están por detrás de la derechización de la política.


–En cuanto a otros dos tipos de violencias, ¿de qué manera se podría proteger a los defensores de la tierra, que se oponen a los crímenes de la economía extractivista; y a los migrantes, que están siendo victimizados en las fronteras?


Para mí hay dos estrategias que son centrales para garantizar un futuro en la Tierra. Una es la vincularidad, la reconstrucción comunal, la restauración del tejido comunitario. Que la gente apueste por esa restauración, ese retejimiento de las relaciones entre las personas, para que las personas puedan, en la falencia total del Estado o en la toma del Estado por sectores francamente antipopulares y genocidas, protegerse entre sí, acogerse y cuidarse, y en última instancia, refugiarse.


El otro gran tema que tenemos pendiente, yo misma lo tengo pendiente, es pensar mejor. Durante mucho tiempo, en mis primeros años como antropóloga, mi primer tema fue la música, la etnomusicología. Pero mi segundo tema fue religión y sociedad. Mucho tiempo estudié, hice trabajo de campo y escribí, sobre religión y sociedad; y hoy creo que estoy volviendo a ese tema porque, entre otras cosas, pienso en la espiritualidad, porque hay una pulsión humana que es la búsqueda de sentido en la vida.


Y creo que ahí la espiritualidad tiene un papel central, y es un campo que es necesario reflexionar más y trabajar más, para entender cómo la espiritualidad puede en el presente ayudarnos a recuperar la vida en la Tierra, porque la vida está en riesgo, ha sido casi totalmente cosificada.


El mundo, la vida, se han transformado en cosas, para mucha gente no son más que cosas. ¿Cómo sacamos a esa gente de ahí?, esa gente que no ve venir su propia muerte, inclusive los dueños. Los dueños no están viendo venir su propia muerte.


Este material se comparte con autorización de IBERO

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Hidroituango: “Si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto”

En Puerto Valdivia –norte de Antioquia–, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro luego de que la empresa EPM (Empresas públicas de Medellín) decidiera cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango el cinco de febrero de 2019, generando así una hecatombe ambiental.

Para fortuna del gobierno y la empresa, el espectáculo de la llamada “ayuda humanitaria” a Venezuela amainó el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, en marzo, en conmemoración del día mundial del agua, tomaron cuerpo marchas en distintos lugares de Colombia, eventos a los que asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del Movimiento Nacional Ríos Vivos –agrupación que lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y sus territorios en Colombia–, quien nos brindó una entrevista que devino en una conferencia completa sobre la historia de las represas y los movimientos que luchan en su contra en el país. A continuación, apartes de la misma.

Andrés Felipe Escovar (AFE). ¿Cuál fue el origen del Movimiento Ríos Vivos en Colombia?
Juan Pablo Soler (JPS). Varios procesos de afectados por las represas del país vimos la necesidad de crear un espacio donde juntarnos todos los afectados, de allí nació la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvase, en 2006. Pasado un tiempo, vimos que esta red se estancó porque únicamente nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias sobre las represas. Para el año 2011 decidimos realizar una movilización que, comparándola con ejercicios de otros años, fue masiva, lo que nos llevó a concluir que había que revisar el tema de la Red e ir hacia otro lado. Esta discusión nos llevó a la decisión de recrear el Movimiento Ríos Vivos en torno a tres objetivos:

1. Defensa de los derechos de los afectados, es decir comunidades afectadas.
2. Permanencia en el territorio en condiciones dignas.
3. Trabajar por la transición energética, al tiempo que decimos no a las represas.

AFE. ¿Desde qué momento surgió conciencia sobre el daño ocasionado por la construcción de represas en el país?
JPS. Desde que se implementaron estos proyectos ha habido conciencia del impacto que tienen. En los cincuenta del siglo pasado se dio un auge en la construcción de embalses como los de Anchicaya, Neusa y Sisga. En los sesenta se construyeron proyectos como los de Chivor, Tominé y Chingaza. Ya en los años ochenta, a raíz de la construcción del embalse Salvajina, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), se firmó un documento que es actual: el acta de 1986, suscrita con la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca –CVC–, que era la propietaria del proyecto, en donde se estableció centro de salud, carretera, trabajo. De esa acta, hasta hoy, se ha cumplido el 15 a 20 por ciento. Este negocio se vendió a la Empresa de Energía del Pacífico –Epsa–, luego a Unión Fenosa y, esta, al gremio antioqueño: las empresas dicen que esa acta del 86 la firmó la comunidad afectada con el gobierno y entonces no tienen por qué responder.

En 1998 el proyecto Urrá, generó múltiples conflictos tanto ambientales como sociales, pues en este tiempo fue el auge del paramilitarismo en Córdoba, en Montes de María y en el Nudo de Paramillo. Ejemplo de esto fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso –comandante paramilitar– quien sostendría que a Kimy Pernía –líder indígena Embera Katío– lo asesinaron por oponerse al proyecto hidroeléctrico. Esto trae consigo algo más complejo: saber la verdad sobre los autores que le dieron la orden a Mancuso. Necesitamos conocer la verdad para la no repetición, y la verdad no es quién jaló el gatillo sino quién ordenó el asesinato.

En Urrá, en la década de los noventa, el inconformismo fue creciendo gracias al conocimiento e intercambio de experiencias con gente de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, con quienes se realizaron experiencias de diálogo de pescador a pescador. Una metodología que nos impactó, pues cuando pones a un pescador con otro, se escuchan y entienden mutuamente. Entonces fue mediante estos intercambios que los integrantes de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú –Asprocig– tomaron conciencia de lo que iban a perder con la represa y así se construyó un proceso de oposición a los efectos que el proyecto iba a tener en los manglares del Sinú.

En 2008 se licenciaron tres proyectos: Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango. Lo más aberrante del último caso es que se declaró la utilidad pública de un terreno sin que se hubiera emitido la licencia ambiental.

AFE. ¿En qué consiste la utilidad pública?
JPS. En que, a partir de estudios, se hace un polígono con coordenadas de lo que hay dentro y esto tiene que venderse al propietario del proyecto hidroeléctrico al precio que determine una comisión tripartita constituida por un representante de la comunidad, uno de la empresa y otro del gobierno. En el caso de Hidroituango, el precio del metro cuadrado fue de 172 pesos, aún no sabemos cómo el representante aceptó eso.

Retomando: salió la utilidad pública sin licencia ambiental y era en ella donde debía haber un estudio que precede a cualquier decisión sobre la utilidad y, por lo tanto, el terreno declarado fue más allá de donde debía. Hoy vemos que, en el embalse de Sogamoso, hay franjas de fincas que están frente a este y son las que luego harán el negocio del turismo y por eso es que compraron la finca completa. Entonces, viene otra pregunta: ¿EPM a quién les venderá la finca? Se desconoce por qué los ministerios de salud, ambiente y los demás permitieron cosas como esas.

En Hidroituango dieron licencia en 2009 y todavía hoy no terminan de construir el proyecto, los efectos siguen y siguen. Digamos que uno podría decir cuándo uno empieza a sentir los cambios por un proyecto como esos, pero no cuándo se acaban los efectos porque estos pueden extenderse por décadas.
AFE. ¿Podría hacernos una cronología del proyecto Hidroituango en su ejecución y consecuencias sociales y culturales?
JPS. Fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construirlo. Se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso ha conllevado a que se tomen decisiones apresuradas y regionalistas. Es hasta iniciado el nuevo siglo, cuando el proyecto realmente da pistas de ser construido, hubo una puja por quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM, para mí es estúpida esa competencia porque una cosa es el propietario y otra quién lo construye.

A partir de ese momento, la gobernación de Antioquia decidió invertir y se convirtió en el mayor accionista del proyecto a finales de la década de los dos mil. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profirió la licencia ambiental, que ha sido modificada más de veinticuatro veces.

El proyecto de Hidroituango se socializó a mil trescientos habitantes, pero ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! Acá el problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos; se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado –ya se habla de más de cien masacres en esa zona–. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

Además, la audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue porque no entendían la dimensión de ese proyecto. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. A la audiencia llegaron algunas personas, movilizadas en los propios buses de EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. También hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar; se decía que se iban a emplear miles de personas, pero no especificaban que esos contratos eran de dos años y lo peor es que mucha gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Este es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Cuando inició el proceso de construcción, los canales de participación ciudadana fueron mínimos, llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto se desarrolló bajo la estigmatización del movimiento y, pese a ello, iniciamos unos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.
En este punto se da algo muy interesante: haces un ejercicio de incidencia local y llegan las elecciones y ocupan los cargos otros colores, otros personajes, entonces es como volver a arrancar de cero. Esta situación nos ha partido porque en algunos casos avanzamos y en otros retrocedemos.

Con en el curso del proyecto, vimos que la empresa hacía cosas muy mal pero, por estar en zona de conflicto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla– no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción del mismo; cuando nosotros los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad –esto también ocurrió con la Unidad Nacional de Protección, pues van a hacer estudios de riesgo pero no van al sitio, nosotros los llamamos pero luego decían que el riesgo era ordinario sin siquiera haber ido al lugar–.

Nosotros, en el período que fue del 2008 al 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos que estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles. No nos pararon bolas y todo el proyecto se puteó.

Se creó una mesa de diálogo con la Anla y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. A lo último, se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos por qué no hicieron esa misma prospección en toda la zona que iban a inundar y ellos nunca respondieron.

Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Este asunto ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

Para mí, hay un elemento fundamental: el cronograma de terminación de obras. En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Nos enteramos en una audiencia pública del 27 de agosto de 2018, que ofrecieron setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre del año pasado. Entonces los contratistas trabajaron a toda mierda y, por ejemplo, violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló, pero no lo asesinó… uno empieza a preguntarse qué relación tiene un funcionario de esos y ahora lo entendemos… yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganaban ese dinero que les ofrecieron.

También se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió la resolución 0027 de la Anla y ya reconocieron el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo con lo que ocurre aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y en ese documento era donde se debía abordar el asunto de los censos porque, cuando los hicieron por primera vez, ya no había población en la zona… se hicieron los huevones.

AFE. Luego del secamiento del río por parte de EPM, ¿Cuál es el estado actual del río y la región?
JPS. Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo, pero, cuando llega a la represa, su curso se vuelve lento, todos los sedimentos se asientan y se ve un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprevenido, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río volvió, pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

AFE. ¿Qué situación avizoran para ustedes en el futuro cercano?
JPS. Nosotros le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que, si esa decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la pedimos sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir en eso o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que va a cobrar vidas, pero hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar, pero no todos escuchan.

Nuestra expectativa en cuanto a reconocimiento de derechos, las veo muy inundadas, más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

Respecto a organización local, habrá mucho trabajo, vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunidades, con quienes trabajamos en occidente y norte de Antioquia. Esto estaba dentro de nuestros pronósticos: los peores impactos llegan con la inundación.

Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque con represa o sin represa, hay impactos en la productividad, por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

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El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles

Documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS vinculan a batallones con 'falsos positivos', la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual

 

El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribeños de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PAÍS por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos —asesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados después como guerrilleros de las FARC— describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este miércoles el ascenso de Martínez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque, como general de cuatro soles, la máxima distinción militar en el país andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que informó sobre nuevas directrices del Ejército para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones —lo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles— se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuraduría (organismo que fiscaliza la función pública) abrió la semana pasada una investigación para determinar si las últimas decisiones del general han puesto en riesgo a la población civil.


Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la Décima Brigada Blindada que dirigió el militar fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.


El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.


El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.


“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”. Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”. Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.


"Sin sanciones ni impedimentos"


Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Martínez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a través de un comunicado, que "el comandante del Ejército no tiene investigación, sanción o impedimento alguno por parte de Fiscalía, Procuraduría, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos públicos".


El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta política en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la época señalada tenía funciones eminentemente administrativas, no tuvo según estos documentos vínculo en ninguna operación señalada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.


Los documentos proporcionados a este periódico también muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ejército firmó una orden de recompensa de un millón de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener información que arrojó "excelentes resultados operacionales y proceder así contra supuestos guerrilleros". También suscribió la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batallón La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Tras obtener esa información, fueron “dados de baja” dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso señalan que “existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigación se generaron con ocasión del servicio activo” de los militares involucrados.


Además, el 21 de enero de 2006, dos días antes de que Martínez Espinel dejara el cargo al frente de la Décima Brigada, soldados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado colombiano expuso durante ese trámite, que se realizó en 2014, “su política de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetición y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, así como el marco de reparación integral”.


Los ‘falsos positivos’, un capítulo oscuro de la historia de Colombia


La Fiscalía contabilizó 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014

Francesco Manetto
Bogotá 4 JUN 2019 - 18:51 COT


El fantasma de los llamados falsos positivos ha vuelto en las últimas semanas a recorrer Colombia. Se trata de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del país: el asesinato sistemático de civiles durante el conflicto armado con las FARC, hoy desmovilizadas, y que eran presentados después como guerrilleros caídos en combate.
Según un informe de la Fiscalía publicado hace 10 días hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.


Ese fantasma, en cualquier caso, ha provocado también una reacción del presidente, Iván Duque. “He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales, y que pueda evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario”, anunció tras conocer las nuevas denuncias.


Los integrantes de esa comisión son el exministro Hernando Yepes, el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González y el exprocurador Alfonso Gómez Méndez. El entorno uribista más radical, en cambio, optó por arremeter contra The New York Times, el medio que publicó la polémica directiva, y por señalar públicamente a sus informadores.


Nicacio Martínez Espinel fue nombrado al frente del Ejército colombiano el pasado diciembre por el actual Gobierno, que relevó al Ejecutivo de Juan Manuel Santos el pasado mes de agosto. Desde entonces, el militar y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, han ido renovando la cúpula del cuerpo.
El pasado mes de febrero, la ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades de colocar en la primera línea de las Fuerzas Armadas a nueve generales investigados por su supuesta participación, directa o indirecta, por el escándalo de los falsos positivos


 José Miguel Vivanco (HRW): “Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ni ha dado explicaciones serias”

“Es de esperar que el Senado rechace su ascenso”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG

El País
Bogotá 5 JUN 2019 - 03:01 COT

La ONG Human Rights Watch (HRW) lleva años denunciando e investigando casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Los cuestionamientos al actual comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, que sin ser responsable directo de supuestos crímenes sí estuvo al mando de una brigada señalada por casi 300 homicidios, se multiplicaron en las últimas semanas. Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto decidir si rafifica su ascenso como general de cuatro soles, la distinción militar más alta del país.


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".


Después de la publicación en EL PAÍS de nuevos documentos que vinculan a la Décima Brigada Blindada que comandó Martínez entre 2004 y 2006 con supuestos crímenes, en algunos casos en fase de investigación, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló que "el general Martínez Espinel nunca ha rendido cuentas ante la justicia ni ha dado serias explicaciones sobre su pasado".

Publicado enColombia
¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque

“Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia” fue la respuesta amenazante del comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times (NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su ‘Plantemiento de Objetivos 2019' [1]. 

El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, se basa en testimonios de altos mandos militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el número de acciones militares y de bajas, con la visión de “no exigir perfección”, lanzar operaciones contando apenas con el “60 o 70 por ciento” de credibilidad o exactitud, y “hacer lo que sea, incluyendo alianzas con grupos criminales armados” [2], evidencia una vez más, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.


Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de “subversivos dados de baja en combate”. Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.


Sigue el margen de error para asesinar civiles


La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las “Cincuenta Órdenes de Comando”, con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para conducir las operaciones militares donde “no exigir la perfección” [5] dejan un margen de error de 40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el manto de ser daños colaterales.


Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.


¿Seguridad y Defensa para quién?


No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” [7], puesto que la visión de seguridad del Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los pobladores y sus comunidades.


Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del incremento de rutas y carteles del narcotráfico.


Régimen de impunidad


La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en temas que son de su competencia como la “Defensa Nacional y la Fuerza Pública” [8], por el contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa Humanidad.


Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].


Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre los que “existen evidencias creíbles” que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados de la década de los 2000 [10].


Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del “Body Count” aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.


¡Sí es posible el cambio!


Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de “hacer lo que sea” para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.


Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.
La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes Comunes y los derechos de los colombianos.

 

Notas
[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf
[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf
[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[6] https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad-%E2%80%93-PDS.pdf
[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976
[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda
[9] https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-con-los-asesinatos-de-civiles/617129
[10] https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

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Una mujer sostiene una pluma de águila durante el acto de presentación de la investigación estatal por el genocidio de las mujeres indígenas, en Quebec, Canadá. / REUTERS - CHRIS WATTIE

La comisaria de la investigación ha alertado de que la desaparición y muerte de mujeres indígenas supone una "emergencia nacional".

Una comisión oficial de investigación ha denunciado después de tres años de trabajo la complicidad de las autoridades canadienses en lo que ha calificado de genocidio perpetrado contra mujeres y niñas indígenas en los últimos años. La investigación se puso en marcha tras la muerte de más de un millar de mujeres y niñas indígenas en las últimas décadas.
Las conclusiones han sido presentadas este lunes en Ottawa e incluyen un amplio abanico de recomendaciones para el Gobierno, la Policía y la población en general para atajar los niveles "endémicos" de violencia contra las mujeres indígenas y también contra personas estigmatizadas por su orientación sexual.


La comisaria jefa de la investigación, Marion Buller, ha defendido las conclusiones no como recomendaciones sino como "imperativos legales" necesarios para poner fin a la espiral de violencia. "Este informe trata del bello pueblo indígena y de factores sistémicos que llevan a que pierda su dignidad, la humanidad y, en demasiados casos, la vida", ha argumentado Buller, la primera indígena que ha llegado a juez de un tribunal provincial canadiense, según recoge la televisión pública canadiense CBC.


"Este informe trata de un genocidio deliberado por motivo de raza, identidad y orientación sexual", ha remachado, al tiempo que ha alertado de que la desaparición y muerte de mujeres indígenas supone una "emergencia nacional".


Entre las medidas concretas que propone, el informe plantea dar reconocimiento oficial a los idiomas indígenas, una renta mínima, profundas reformas del sistema judicial y de la Policía y un agravamiento de las penas para casos de violencia de género.


Así, denuncia que las investigaciones de asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas se tratan de forma diferente a los demás casos y por tanto hay menos casos resueltos. Cuando hay opciones razonables de condena, es demasiado frecuente que se alcancen acuerdos de inculpación a cambio de reducciones de condena, que a veces incluso quedan por debajo del mínimo de 10 o 25 años de prisión en los casos de los delitos más graves.


En respuesta propone incorporar más indígenas como jueces, instructores y policías y plantea incluso la creación de una jurisdicción diferenciada para los casos penales con indígenas implicados.


"Los críticos tendrán miedo y se quejarán del coste de la reconstrucción, de que ya se ha hecho bastante, que ya se ha gastado bastante. A ellos les diré que como nación no podemos permitirnos el no reconstruir. De lo contrario, estaremos permitiendo que continúe este genocidio en nuestro propio país y con pleno conocimiento", ha argumentado.
Los indígenas canadienses suponen apenas un 4% de la población de Canadá, pero sus tasas de implicación en crímenes violentos, pobreza y drogadicción son muy superiores a la media.

04/06/2019 10:00 Actualizado: 04/06/2019 10:00

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¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enEdición Nº257
“Estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”

El ex negociador de los acuerdos de paz acusa a la DEA y a la fiscalía colombiana de hacer un montaje en su contra para poder extraditarlo a EE.UU.


Su camisa está manchada de lápiz labial rojo. Y en su cara, bien afeitada y pálida, una mezcla de alegría y cansancio refleja la montaña de emociones de los últimos días. Centenares de mujeres lo abrazaron, besaron y lloraron sobre él minutos atrás cuando, un día después de salir de la cárcel, “Jesús Santrich” apareció en su reunión de ex combatientes farianas al sur de Bogotá. Conmovido tras el recibimiento de las mujeres incluidas varias que fueron parte de su tropa rebelde, el señor se acaricia las muñecas y los brazos. Encuentra con el tacto cuatro heridas recientes: una semana atrás partió su cuchilla de afeitar y se cortó las venas al conocer, “de una fuente fidedigna”, dice, que el presidente Iván Duque estaría a punto de anunciar la conmoción interior para sacarlo del país hacia Estados Unidos, que lo pidió en extradición dando lugar a su captura el 9 de abril de 2018. Lo acusan de conspirar para enviar cocaína a su país.


Las pruebas –que se perdieron en su camino desde Estados Unidos– serían un audio y un video que fue publicado por fragmentos –uno el año pasado y otro después de su intento de suicidio– cuando a bordo de una silla de ruedas y visiblemente débil fue sacado de la cárcel La Picota en Bogotá y, cinco segundos después, capturado una vez más: que tenían nuevas pruebas de su delito de narcotráfico, dijo la Fiscalía, abriéndole un nuevo proceso judicial filtrando a los medios un segundo fragmento de la misma reunión con “Marlon Marín”, sobrino de Luciano Marín o “Iván Márquez”, quien fuera el líder del equipo negociador de las FARC en La Habana y de quien hoy se desconoce su paradero. Alega, en mensajes que envía en su cuenta de Twitter y cartas, que no tiene garantías para estar en la vida pública.


Un nuevo testimonio de Marlon y el video de una reunión en el que se ve y escucha al ex comandante Santrich hablar de negocios aunque sin mencionar ninguna palabra relacionada con drogas, serían las “nuevas pruebas”. “El señor Marín está leyendo un guión de la DEA”, le aseguró a PáginaI12 Santrich cuando este diario le consultó por una explicación de las resonadas pruebas. Tras la captura de Jesús, Marlon fue llevado a Estados Unidos como testigo protegido. “Todo es un montaje”, insiste el hombre de 55 años, músico, invidente, pintor, arquitecto del acuerdo de paz que aplaudió el mundo y hoy el gobierno de derecha en la presidencia pretende modificar, quien además es escritor. Durante su reclusión produjo cinco libros y numerosas cartas en las cuales insiste en su inocencia y la “perfidia”, una de las palabras que más se le escucha incluso desde antes de ser apresado.


Santrich lideraba la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz (Csivi), instancia también creada por el tratado de paz. Y por eso conocía muy bien los detalles normativos y políticos de la implementación a la cual llamó con su característica euforia “una nueva negociación del acuerdo” advirtiendo, como lo dijo a este diario hace dos años, que el “establecimiento está preparando el terreno para llevarnos a la justicia ordinaria y si es posible extraditarnos”. Para evitarla, ha dicho, cumplirá con su palabra de quitarse la vida antes de ser subido a un avión que lo lleve a Estados Unidos. En entrevista con PáginaI12 desde Bogotá, Santrich cuenta que está en zozobra por lo que pueda venir pues, dice, “hoy estoy libre, pero sabemos que los montajes no paran”.


Después de pasar más de un año en prisión, el ex guerrillero Seusis Hernández “Jesús Santrich” recobró su libertad el pasado jueves 30 de mayo. Una semana atrás, la Jurisdicción Especial de Paz (JPE) resolvió otorgarle la garantía de no extradición contemplada en el acuerdo de paz y ordenó su libertad desatando una tormenta. Las autoridades colombianas mantuvieron a Santrich en la cárcel La Picota sin acatar la orden de la JEP hasta que el Tribunal Superior de Bogotá respondió a un recurso de hábeas corpus que interpuso la defensa del más polémico integrante de las FARC. Por lo tanto ni Fiscalía ni cárcel Picota podían ya retener al rebelde tras las rejas. La “boleta de libertad” fue expedida el 16 de mayo por el INPEC. Pero solo hasta el 17 se abrieron las puertas para Santrich. Ese día fue todo conmoción.


El equipo de prensa de Duque anunció desde muy temprano que el presidente ofrecería rueda de prensa en el aeropuerto militar de Catam; empezaron los rumores de la inminente extradición de Santrich en la mañana de ese día. Esos llegaron a la celda del prisionero más custodiado de la cárcel de máxima seguridad: Seusis Pausias Hernández Solarte, hijo de maestros y parte de una prestante familia del Caribe colombiano que tomó el nombre de Jesús Santrich por un militante compañero suyo que fue asesinado.


“Yo no me voy con vacilaciones, tomé la cuchilla y me corté en cuatro ocasiones”, relata a este diario enfatizando en que no lo hizo por desesperación o depresión; insiste en que fue una determinación “de dignidad” y que su compromiso es con la paz del país y las transformaciones hacia una Colombia justa “tal como lo demostré en La Habana”. En medio de la agitada agenda en su primer día de libertad –atención a medios, visitas, y conversaciones con sus abogados y dirigentes del partido FARC– hace una pausa para tomarse una sopa. Está delgado, “pero de pie”, dice. Desde que lo llevaron en helicóptero de La Picota al búnker de la Fiscalía solo se le veía en silla de ruedas. Dice no recordar nada sobre la recaptura, sobre el helicóptero. Jesús no estaba en condiciones de una diligencia judicial, dijeron los médicos del Hospital Méderi que lo atendieron en la madrugada siguiente a su llegada al búnker, donde sus abogados lo encontraron tendido en el piso. De emergencia, el ex comandante que había recién sobrevivido a su propio ataque, fue traslado al hospital. Luego de aparentemente superar un paro cardíaco y surtir la legalización de su nuevo apresamiento –de la cual la Procuraduría dijo inicialmente que fue ilegal– otra vez fue llevado al búnker donde recobró la conciencia. En una tanqueta de la policía antidisturbios, y nuevamente en silla de ruedas, fue transportado hasta los juzgados de Paloquemao.


La estrategia jurídica de su defensa fue recusar a la jueza que no paraba de conducir con torpeza la lectura de cargos y explicaciones. Los lamentos se escuchaban entre los reporteros cada vez que la señora interrumpía. Pedía pausas porque, decía, no encontraba los documentos que necesitaba. “Estará llamando a Duque” decían los seguidores de Santrich quienes se acomodaron en una sala de los juzgados donde televisaron la audiencia en la cual Jesús pidió un repaso de la anterior sesión en el hospital.


Insistía en no recordar nada ante lo cual la jueza aceptó reproducir un fragmento del audio. “Pi, pi, pi, pi…” el sonido de los aparatos médicos que mantenían al hombre estable destacaban entre los descargos de la fiscalía y las respuestas de la jueza quien perdió cualquier dominio en este caso pues la Corte Suprema de Justicia determinó que Jesús debe ser juzgado por ellos y ordenó, una vez más, su libertad. Seusis Hernández cuenta con una credencial de congresista, producto del acuerdo de paz que otorgó ocho curules en el Congreso para el partido FARC. Aunque no se posesionó en vista de su captura, la Corte determinó que el señor sí tiene fuero y, según la ley colombiana, debe ser judicializado en esta corte y no en la justicia ordinaria. Debido proceso, explican los juristas a quienes enfurecidos rechazan la libertad de Santrich. “Vamos a ver cuánto dura”, le dice a este diario confesando que tiene zozobra por el desenlace de este thriller político judicial del cual depende la voluntad de paz de muchos. Iván Márquez, por ejemplo, “El Paisa” y “Romaña” están hoy en la clandestinidad una vez más y el número de disidentes de FARC crece, pese al llamado al compromiso con el Acuerdo de parte de sus dirigentes.


Con su bastón, camina hoy entre las ceibas centenarias de La Guajira. Ya no es un delirio su libertad. Con el acompañamiento de Naciones Unidas, se desplazó hasta donde están los centenares de hombres y mujeres que conformaron su tropa: el Caribe. Árboles de cañahuete le dan sombra mientras recibe los rayos del sol que extrañó durante más de 400 días en el pabellón más frío de La Picota. Sigue sin recordar lo que pasó el fin de semana anterior a su liberación y sigue desconfiado. “Todo lo que decía años atrás se ha ido cumpliendo ¿no?: la persecución de quienes defienden la paz (van más de 500 líderes asesinados desde la firma); los montajes, la traición, el incumplimiento en la reincorporación (no despegan en su totalidad los proyectos productivos y la falta de tierras sigue siendo un tropiezo para ello), el maltrato a los campesinos (han dejado de pagarle a los campesinos que sustituyeron los cultivos de coca); la falta de garantías de seguridad para nosotros, me han dicho que son 120 los militantes de FARC asesinados; y ni hablar de lo que han hecho conmigo”, explica.


–¿Por qué se dilató su libertad?


–Existe una determinación del bloque de poder dominante de impedir la materialización de la reincorporación política del movimiento FARC a cabalidad. Para ello mi caso es simplemente un instrumento que manipular en al campo de la perfidia para terminar de hacer trizas la implementación del acuerdo de paz. En ello la DEA y la fiscalía colombiana han jugado un papel protagónico haciendo el montaje.


 Santrich sobre Iván Duque

“Que Duque salga del guerrerismo uribista”

¿Qué explicación puede dar sobre las pruebas que circulan en su contra?


–Sobre las mentadas nuevas pruebas en concreto no hay nada esencial que diferencie el proceso que falló la Jurisdicción para la Paz (JEP) en primer instancia de este segundo que quieren adelantarme con la misma dinámica de los montajes que ya existían de parte de la Fiscalía y la DEA. Todo mi proceso ha estado viciado –tal como lo mostró la JEP– de ilegalidad, ilicitud, violaciones al debido proceso y a la cooperación internacional. Pero aparte de esto reitero que en ningún audio, video o medio de cualquier otro tipo a mí me encontrarán hablando de negociaciones ilícitas. Sencillamente, porque jamás he participado de reuniones ni de intercambio con este terreno. Todas mis actividades posteriores a la firma del acuerdo de paz se centraron en el trabajo que adelantaba la CSIVI, la cual incluyó el impulso de proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación. Lo novedoso hoy es la presentación del testimonio de un mentiroso que estaría leyendo la cartilla que la DEA pone a todos sus agentes y lacayos.


–¿Qué le diría al presidente Iván Duque?


–Iván Duque debe procurar salirse de las manos del guerrerismo uribista y de extrema derecha que lo tiene atrapado y formar el sendero de la reconciliación que le marca el acuerdo de paz, el cual, además de significar un compromiso de Estado y un compromiso con la comunidad internacional, contiene el anhelo de los desposeídos por alcanzar la justicia social. Duque no debería desaprovechar esta oportunidad que le da la historia de lograr la victoria de la paz.


–¿Si le informan una vez más que sería extraditado, qué va a pasar?


–Estaría triunfando por ahora la perfidia contra la paz, y no habría otra alternativa que cumplir con la palabra que deje en alto el decoro y los principios revolucionarios farianos de origen. Bajo cualquier circunstancia a la militancia fariana le corresponde seguir luchando por un a Colombia diferente sin más miseria, desigualdad y exclusión política. Yo nunca debí estar entre celdas. Soy un hombre optimista y tengo la certeza bolivariana de que no hay mejor forma de alcanzar la liberad que luchar por ella.


Denuncian torturas

Dolor y alucinaciones

Aunque no lo vieron en sus horas de alucinación y sufrimiento, en César y Guajira, los ex combatientes supieron por los abogados que Jesús Santrich fue esposado justo en las heridas abiertas. Que estaba entubado, que alucinó que estaba en un campamento guerrillero, que pedía ayuda a los guardias rebeldes de su delirio producto de la pérdida de sangre, de la falta de alimentación y de algún medicamento que le habrían inyectado en el Inpec, aseguran los abogados. PáginaI12 solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario el parte médico del ex rebelde para contrastar la versión de la defensa que asegura que Jesús estaba siendo víctima de tortura y estaba siendo drogado sin su consentimiento ni el de sus abogados. El Inpec no respondió y aún se desconoce el informe toxicológico del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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Domingo, 02 Junio 2019 14:51

Ríos –de sangre– inundan el país

Ríos –de sangre– inundan el país

El 2018 registra como el peor de los años para los defensores de Derechos Humanos en Colombia, y todo indica que el año en curso, con elecciones regionales y disputa por el dominio territorial, lo superará.

 

Son decenas de miles los cadáveres que cubren la geografía nacional. Las manchas de sangre resumen una historia de dolor e impunidad, reflejo de un conflicto armado y de violencia sociopolítica que ha condenado la vida de quienes anhelan construir una realidad diferente a la dominante en Colombia desde siempre, país donde, como recuerda la Ocde “[…] hoy por hoy es el […] más desigual de Suramérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo” (1).

 

Acción criminal, persistente y con historia

 

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), las personas consideradas defensoras no se enmarcan únicamente en quienes ejercen la función de defender los derechos humanos como profesión, sino que a esta categoría pueden entrar aquellos individuos o grupos de “[…] ambientalistas, periodistas, maestras y maestros, sindicalistas, abogados y abogadas y aquéllos que defienden los derechos de poblaciones específicas o en temáticas específicas como derechos de la niñez, de las mujeres, de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, la comunidad Lgbti, las víctimas, y/o personas desplazadas internamente y los derechos sociales. También son personas defensoras de derechos humanos líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos, jóvenes, pequeños agricultores involucrados en esfuerzos para la restitución de tierras y en algunos casos, participantes en protestas o manifestaciones públicas, entre otros” (2).

El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos en Colombia es una realidad innegable. Estos actos de la muerte selectiva tienen como misión generar desesperanza y miedo en las poblaciones, pues quienes asumen la tarea de liderazgos en los territorios, son quienes motivan la organización social, denuncian las situaciones de DD.HH. y llevan muchas veces los casos a tribunales esclarecedores nacionales e internacionales. Así mismo el proyecto de exterminio implantado en el país busca extender el temor en el conjunto nacional, pues deja claro que al proyecto de poder dominante no le interesan las voces críticas, disonantes y de oposición que vayan en contra de los intereses del poder oligarca en marcha. Es una política de exterminio que sigue los lineamientos de una doctrina del enemigo interno y el anticomunismo (Ver artículo: ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!).

Es necesario decir que para el Cajar la mayoría de actos violentos contra personas o grupos defensores de Derechos Humanos no se relacionan directamente con el conflicto armado entre el Estado y grupos insurgentes, sino que los ataques responden a una lucha política entre los sectores de poder dominante en el país y quienes desafían a los mismos. Generalmente la disputa se da en torno a la lucha por el acceso a la tierra, recursos naturales y justicia social. Sin embargo, el conflicto armado es el pretexto para justificar y ocultar esta disputa por la equidad en Colombia.

 

 

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD)” (3).

 

 

El control de los territorios a costa de la muerte. Otra forma de generar terror en las regiones para despojar y dominar los territorios, son los actos de violencia como las masacres que no discrimina entre liderazgos sociales y comunidad en general. Según datos del Centro de Memoria Histórica (CMH), entre 1980 y 2012, en Colombia se registraron 1.982 masacres, que dejaron alrededor de 11.751 víctimas. De estas masacres se estima que 1.166 fueron responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad de agentes estatales y 158 fueron responsabilidad de la fuerza pública. Así mismo se documentan 21.607 casos de asesinatos selectivos, de los cuales 8.903 casos fueron responsabilidad de grupos paramilitares y 2.399 de la fuerza pública. También hay documentadas 25.007 desapariciones forzadas –principal modus operandi de la inteligencia militar y los grupos paramilitares– (4). Adicionalmente entre el año 2002 y 2008 –gobierno Uribe– se registraron más de 14.000 asesinatos o desapariciones de civiles que estaban fuera de combate; en el 75 por ciento de los casos la responsabilidad es de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares. De la misma manera se estima que entre 2002 y 2009 se aumentó un 154 por ciento los casos denominados como “falsos positivos” (5).

 

Una situación alarmante

 

El informe “La naranja mecánica” del Programa Somos Defensores, deja en evidencia que el 2018 fue el peor año para quienes defienden los Derechos Humanos en Colombia, pues se registró la cifra más alta de agresiones desde el año 2009; 805 agresiones individuales generan una alarmante situación, pues las cifras van en aumento ya que en el 2017 se habían presentado 560 agresiones, lo que quiere decir que hubo un incremento del 43,75 por ciento (Ver tabla de agresiones). De los 805 casos el 29 por ciento –235 casos– fueron contra mujeres y 71 por ciento –570 casos– fueron contra hombres. Es necesario decir que el porcentaje de agresiones contra mujeres aumentó en un 64,3 por ciento con relación al 2017.

Las agresiones se presentaron en 26 de los 32 departamentos del país y nuevamente son los grupos paramilitares los principales responsables de las agresiones registradas en 2018, lo que genera una discusión sobre el papel de estas estructuras que generalmente actúan al servicio del poder (Ver tabla principales responsables). Adicionalmente los mecanismos de amenaza y hostigamiento son múltiples, resaltando como principal el uso de panfletos (Ver tabla tipos de amenaza).


El incremento de estos crímenes es alarmante. En 2017 fueron asesinados 106 personas defensoras de Derechos Humanos y en 2018 se registraron 155 asesinatos, lo que representa un incremento de 46,22 por ciento. Los departamentos en donde se presentó el mayor número de asesinatos son Cauca (28 casos), Antioquia (24), Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10). A su vez, del conjunto de estos asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos, 7 eran dirigentes sindicales, 6 afrocolombianos, 3 abogaban por las víctimas del conflicto armado, 3 líderes educativos, 3 defensores de la restitución de tierras, 2 del medioambiente y 1 Lgbti; “5 asesinatos fueron cometidos con golpes o algún objeto contundente, 13 con arma blanca y 137 con arma de fuego. De estos casos, 7 presentaron signos de tortura, 15 fueron reportados previamente como desaparecidos, 30 recibieron algún tipo de amenaza y 10 casos presentaron una afectación a un tercero, es decir, que algún familiar o un amigo resultó herido o, incluso, asesinado en el hecho de la agresión” (6).



El informe de la Acnudh

 

De acuerdo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación de los mismos en Colombia durante 2018 es grave y de continuar así las cosas será imposible consolidar la democracia, la participación cívica, la seguridad y la paz. De esta manera consideran que el gobierno de Iván Duque tiene una responsabilidad histórica para que el país no continúe con el lastro del conflicto y deje de ser el segundo país más desigual de la región.

Este organismo desarrolló durante el 2018 un total de 1.339 misiones en campo para realizar un balance de la situación de Derechos Humanos luego de haberse cumplido 2 años de la firma del acuerdo con las Farc. Curiosamente Acnudh hace un llamado al gobierno para que se preocupe por la financiación del programa, pues “recuerda que su oficina en Colombia depende principalmente de contribuciones voluntarias y que, a pesar de contar con responsabilidades adicionales derivadas del Acuerdo, 2018 ha sido el segundo año consecutivo en que no ha recibido recursos adicionales” (7).

De la misma manera recuerda el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas, quien hizo un llamado por el aumento del presupuesto de defensa en un 5 por ciento, pues se supondría que con el acuerdo firmado, el presupuesto para las medidas militares debía disminuir hasta un 30 por ciento. Por lo tanto hacen un llamado a que el gobierno priorice el gasto público en otros aspectos para prevenir la reactivación del conflicto, priorizando las zonas rurales.

Aunque las cifras que manejan de los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia son de “apenas” 110 casos, dejan claro que este número no representa la totalidad de los hechos. Consideran que es un número preocupante y que se enfoca especialmente en atentar contra poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas y afrocolombianos; resaltando así la brecha de desigualdad existente entre las zonas urbanas y rurales en donde la presencia del Estado es mínima y generalmente se representa netamente en la presencia militar, lo que representa un problema, pues en estas regiones se debe priorizar el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de otra manera los territorios seguirán siendo un escenario de violencia continua, pues cifras como el analfabetismo en hogares rurales es 3,3 veces mayor que en los urbanos y en términos de no acceso al agua potable es 13,4 veces mayor que en áreas urbanas.

Para Acnudh es preocupante observar que el “59% de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional” (8). Así mismo resaltan que en 2018 se realizaron 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Precariedad en el sistema judicial. Para el organismo internacional los protocolos de seguridad brindados a los diferentes defensores de Derechos Humanos son ilógicos, pues un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas no responden a los riesgos y contextos en los que despliegan su labor los y las defensoras. De igual manera sostienen que la tasa de impunidad ha sido históricamente alta, pues “oscila entre el 86,58% y el 94,30% en los casos conocidos por las autoridades” (9). Asimismo, es preocupante que el número de casos de investigación por cada fiscal representa la impunidad, pues solo en el Cauca la carga por fiscal, en promedio, es de 600 casos.

Acnudh observó que en el 2018 aumentó el número de masacres en un 164 por ciento en relación al 2017, pues pasó de 11 a 29 casos. Los departamentos en donde se produjeron el mayor número de masacres fueron Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Así mismo se preocupa por el cumplimiento en materia de atención y reparación integral de las víctimas, pues de los 634 sujetos reconocidos para reparación colectiva, únicamente se ha avanzado en 6 casos (0,09 por ciento), y “respecto a la restitución territorial a sujetos colectivos étnicos, solo se han emitido sentencias de restitución de territorios étnicos en 14 de los 203 casos registrados.” (10).

En cuestión ambiental recuerda que es importante apoyar mecanismos de relación de pueblos indígenas y afrocolombianos con el Estado o empresas privadas, para lo cual resalta la necesidad de mantener mecanismos como la consulta previa, libre e informada. De igual manera sostiene que uno de los problemas más preocupantes es el costo de la corrupción en el país, pues en 2017 esta equivalió al 21 por ciento del presupuesto nacional del año 2018 –16.000 millones de dólares–.

1 La desigualdad en Colombia, varios autores, diciembre 2018, editorial oveja negra, p. 93.
2 Cajar (2018), Informe Defender la vida, p. 13.
3 Ídem., p. 30.
4 Ídem., pp. 12, 14, 15, 16.
5 Ídem., pp. 21, 23.
6 Programa Somos Defensores (2018). Informe La naranja mecánica, pp. 85, 93.
7 Acnudh (2018), Informe situación de Derechos Humanos en Colombia, p. 3.
8 Ídem., p. 5.
9 Ídem., p. 9.
10 Ídem, p. 13.

Informes consultados

La naranja mecánica. Informe anual 2018 Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, del Programa Somos Defensores. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/?Informe-del-Programa-Somos-Defensores-La-Naranja-Mecanica
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Ver en: http://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018
Defender la vida. Informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sobre patrones de agresión a personas que defienden los Derechos Humanos y el territorio en Colombia Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), 2018. Ver en: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/cajar_informe_presentacion.pdf

Artículo relacionado

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

 

Publicado enEdición Nº257
Para la ONU, la tortura de Assange es psicólogica

Pidió a EE.UU. que cese la persecución política del fundador de WikiLeaks

Según la máxima autoridad en tortura del organismo, el ciberactivista australiano estuvo expuesto a una prolongada tortura psicológica.

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, sufre síntomas propios de “tortura psicológica”, dijo ayer el relator especial de la ONU sobre la Tortura, quien pidió el cese la “persecución colectiva” en su contra, sobre todo de Estados Unidos.


Melzer visitó el jueves a Assange en la prisión de Londres donde cumple condena por haber incumplido en 2012 las condiciones de la libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador. De manera paralela, el ciberactivista australiano, de 47 años, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere llevarlo a juicio bajo la acusación de espionaje.


Assange no compareció el jueves a una audiencia de extradición por estar mal de salud, y luego WikiLeaks advirtió que su fundador estaba física y mentalmente deteriorado y que perdió mucho peso desde que fue encarcelado, hace siete semanas. Aunque no está aislado, Melzer expresó su preocupación por los límites a sus encuentros con abogados y la falta de acceso a documentos que serían clave para su defensa. Acompañado por dos médicos, Melzer constató que “es obvio que el contexto extremadamente hostil y arbitrario contra Assange le ha terminado afectando”, informó en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


“Además de los problemas físicos, Assange mostraba todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, entre ellos un estrés extremo, una ansiedad crónica y un intenso trauma psicológico. Las pruebas son abrumadoras y claras”, prosiguió. “Assange estuvo expuesto de forma deliberada y durante varios años a varias formas de trato o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó Melzer, quien acusó a todos los gobiernos implicados en este caso de no adoptar las medidas básicas para que se respeten “los derechos humanos más básicos y la dignidad” del periodista. En este sentido, consideró que “al mantener una actitud de complacencia en el mejor de los casos, y de complicidad en el peor, estos gobiernos han creado una atmósfera de impunidad”.


Assange se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Este mes, Suecia reabrió el caso contra Assange, que había cerrado en 2017 por falta de pruebas. El australiano siempre mantuvo que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. El mes pasado, Assange fue detenido por policías británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, revocara el asilo diplomático.

 

Publicado enInternacional