El asesinato sistemático de líderes, sí lo hace el régimen

En este 2019, han recrudecido la persecución contra las organizaciones sociales y políticas, que critican y protestan contra el régimen. En atentados perpetrados en todos los rincones de Colombia siguen cayendo asesinados o quedando gravemente heridos, numerosos líderes y lideresas sociales; hasta conseguir el régimen, la terrible meta de matar un líder cada día.

El patrón que se repite, es idéntico, porque:


1- Matan a los líderes de organizaciones que protestan y se oponen al régimen.


2- Los autores materiales, mayoritariamente son sicarios pertenecientes a mafias y bandas.


3- Quien determina los crímenes, son las Agencias de inteligencia policiales y militares, quienes deciden, a quién eliminar cada día.


4- El móvil de los crímenes es el despojo de la tierra, limpiar un territorio de oponentes a proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricos y de agronegocios; también para imponer erradicación forzada de cultivos de coca mediante fumigaciones de Glifosato.


En conclusión este plan sistemático de exterminio de la dirigencia popular, contiene 4 elementos básicos que se repiten: la misma clase de víctima, un victimario único, el mismo tipo de agente o autor material y un móvil de crimen similar. Por esto, estamos ante un nuevo Genocidio político que perpetra este régimen.
Hay que recordar que:


A) Hasta la década de los 80 del siglo pasado, el descabezamiento de las organizaciones populares lo hacían de forma abierta con las Fuerzas Armadas.


B) En los 90, masificaron los escuadrones narco paramilitares, llamados AUC para hacer esta tarea.


C) En la primera década de este siglo, la matanza de líderes y gente humilde del pueblo, la hizo el régimen a través de Operaciones Encubiertas, con ejecuciones extrajudiciales denominadas “Falsos Positivos”.


D) El actual Genocidio es “gota a gota”, uno a uno, pero sin detenerse cada día.


Esta última, es la Cuarta Modalidad de exterminio que persigue matar en la cuna, todas las expresiones de oposición organizada, para no dejarlas convertir en una poderosa fuerza política alternativa, que saque del poder a la vieja élite dominante en Colombia.


Arrecian el plan de exterminio de dirigentes populares


1) Luis Ángel Peña, asesinado a machetazos el 1 de enero. Era Fiscal de la Junta Comunal los Naranjos en La Macarena, Meta.


2) Gilberto Valencia, asesinado el 1 de enero en Suárez, Cauca. Participaba en procesos sociales y promovía el cumplimiento del Acuerdo de Paz a través de la música.
3) Wilmer Antonio Miranda, de 34 años, asesinado el 4 de enero. Era un campesino cocalero y líder de la sustitución de cultivos del municipio de Cajibío, donde se firmó un acuerdo colectivo para sustituir la coca con el Gobierno. Era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), de la Coccam y de Marcha Patriótica..


4) José Rafael Solano, 58 años, asesinado el 4 de enero. Era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia; a 15 minutos del casco urbano del municipio de El Bagre. Había acompañado el día anterior a su muerte, la recuperación de un cadáver en una finca en Zaragoza.


5) Wilson Pérez, de 34 años, asesinado el 5 de enero. Fue miembro activo de la Junta de acción comunal de la vereda Los Cedros en el corregimiento Astilleros, municipio de Hacarí. Estuvo cuatro años en el Comité de deportes, dos más en el de obras y hace casi tres años se unió al Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), integró la Asociación Campesina del Catatumbo.


6) Maritza Isabel Quiroz, 59 años, asesinada el cinco de enero, por dos sicarios que llegaron a su casa, en la vereda de San Isidro, del corregimiento Bonda en Santa Marta, Magdalena. Hacia 14 años había llegado desplazada de la vereda de Bajo Camagual, en el municipio de Ciénaga, cuando su esposo fue asesinado por narco paramilitares. Hacia parte de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos (ANAFRO), donde era reconocida por su liderazgo con mujeres afro, víctimas del conflicto. Fue delegada de su comunidad en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET de la Sierra Nevada y el Perijá.


7) Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, asesinado en su residencia, el 7 de enero. Era Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, en Cartagena del Chairá. Fue asesinado el 7 de enero.


8) Faiber Manquillo, de 30 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 26 de diciembre pasado. El cuerpo sin vida del este dirigente de Mercaderes, Cauca, fue localizado el 4 de enero en zona rural del Departamento de Nariño, a dos horas de su lugar de residencia.


9) Dima Parada, de 40 años, resultó gravemente herido en un ataque de sicarios, el 4 de enero. Es un dirigente de Hacarí, en Norte de Santander, presidente de ASOJUNTAS. En el Catatumbo es reconocido por ser líder del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos.


10) Alfamir Castillo Bermúdez, en la noche del 11 de enero, fue atacada por dos sicarios que se movilizaban en una moto, cuando se desplazaba en una camioneta blindada, entre Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca. Ella es la madre de Darbey Mosquera Castillo, una de las víctimas de ejecución extrajudicial o Falsos Positivos, perpetrados por el Batallón de Contra Guerrilla 57 del Ejército estatal. La señora Castillo es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, desde el 17 de octubre de 2012.


11) Leonardo Nastacuas Rodríguez, de 36 años, asesinado el 12 de enero, líder indígena el Resguardo de Cuascuabi del pueblo Awá, del municipio de Ricaurte, en Nariño. Sicarios llegaron hasta su casa donde lo ultimaron con varios disparos. Este año van asesinados dos integrantes de esta misma etnia.
No dejarse nublar los ojos por las “Cortinas de humo”


La respuesta desde el Estado, para tapar su omisión, autoría o complicidad de esta persecución política, es poner “cortinas de humo”, tergiversando la realidad, menospreciando la gravedad de los hechos y acusando a otros de ser los principales autores de esta matanza de líderes.


En declaraciones irresponsables, el jefe de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asegura que las víctimas asesinadas “no habían reportado amenazas”. Cuando es una obligación constitucional del Estado preservar la seguridad e integridad de los colombianos y por ende de la paz.


Para los familiares de las víctimas estas explicaciones no tienen credibilidad y, por el contrario, acusan al Gobierno de querer esconder lo que consideran como un exterminio sistemático, comparable con el Genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica.


En este sentido, viendo la gravedad del caso, es necesario y urgente que desde la sociedad colombiana, siga el rechazo a cualquier tipo de agresión y persecución del movimiento social, que siga las movilizaciones y el desarrollo de medidas propias de protección, para que la vida de estas comunidades y sus líderes no corran más riesgo; así mismo, se debe llevar ante la comunidad internacional estas denuncias, para que desde allí se dirijan investigaciones y se presiones medidas efectivas que detengan este Genocidio.

Publicado enColombia
Racismo en EE.UU.: una historia de dos Kings

Si Martin Luther King Jr. estuviera vivo, el martes pasado habría cumplido 90 años. Lamentablemente, fue abatido por la bala de un asesino en la terrible fecha del 4 de abril de 1968. Tras una prolongada lucha, finalmente en 1986 se estableció el día de su nacimiento como feriado nacional. Muchos estados, como Nuevo Hampshire, Carolina del Sur, Arizona y otros más, retrasaron la implementación del feriado, lo cual expuso la vigencia del problema del racismo institucional.

Esta semana, justo cuando se conmemoraba otro aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., otro King captó la atención pública: Steve King, un congresista republicano racista del estado de Iowa. Este King sumó una nueva declaración a su extensa lista de comentarios racistas, cuando dijo en una entrevista concedida al periódico The New York Times la semana pasada: “Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental. ¿En qué momento esas palabras comenzaron a ser ofensivas?”. Al comentar sobre la diversidad de la composición del nuevo Congreso estadounidense, agregó: “Podrías observar al Partido Demócrata y pensar que en este país no hay lugar para los hombres blancos”. Sus declaraciones provocaron una violenta reacción en su propio partido, que lo despojó de sus funciones en diferentes comités parlamentarios. Algunos miembros republicanos del Congreso, junto con varios integrantes demócratas, están demandando su renuncia, al igual que los consejos editoriales de destacados periódicos de Iowa.


La Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora con mayoría demócrata, aprobó una resolución —en el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr.— que rechaza el uso de los términos “nacionalismo blanco y supremacía blanca por ser expresiones de odio e intolerancia”. Si bien se hace mención a los comentarios de Steve King reflejados en el periódico The New York Times, no se lo condena expresamente, ni tampoco a sus palabras. La resolución fue aprobada por 424 votos a favor y uno en contra. El propio Steve King votó a favor.


Ese solitario voto en contra fue emitido por el demócrata de Illinois Bobby Rush, uno de los miembros más veteranos del Bloque Afroestadounidense del Congreso. Rush participó activamente en el Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante la lucha por los derechos civiles en la década de 1960, y fue cofundador de la sección regional de las Panteras Negras en Illinois, en 1968. Rush declaró: “Esta resolución solo ratifica lo obvio. No aborda el racismo violento, virulento y rabioso de Steve King. Esta resolución demócrata es un insulto al legado de Martin Luther King Jr., en el marco del aniversario de su nacimiento. Debemos llevar adelante un voto de censura… para castigarlo por su intolerancia y su racismo”.
Mientras la carrera política de Steve King se derrumba bajo el peso de su racismo, el silencio del presidente Donald Trump sobre el congresista de Iowa resulta ensordecedor. Cuando se le preguntó sobre el congresista King en el jardín de la Casa Blanca este fin de semana, Trump, un consumidor notoriamente voraz de las noticias por cable, afirmó: “No lo estuve siguiendo. Realmente no lo estuve siguiendo”. La respuesta de Trump evoca su campaña presidencial, cuando negó tener conocimiento acerca de uno de sus más prominentes partidarios, David Duke, el ex “gran mago” del Ku Klux Klan. En una entrevista que le hizo Jake Tapper, de la cadena CNN , Trump manifestó: “Solo para que lo entiendas, no sé nada acerca de David Duke, ¿de acuerdo? No sé nada de David Duke. No sé nada de los supremacistas blancos”.


Trump siempre apoyó a Steve King. En un acto político a favor de King en West Des Moines, en 2014, Trump describió a King como “un tipo especial, una persona inteligente con opiniones correctas sobre casi todo”. En 2013, hablando de los jóvenes inmigrantes conocidos como “soñadores”, King expresó: “Por cada alumno ejemplar, hay otros cien que pesan 60 kilos y tienen pantorrillas del tamaño de melones porque transportan unos 35 kilos de marihuana a través del desierto”. Al respaldar la candidatura de Geert Wilders, un político nacionalista blanco de los Países Bajos, King tuiteó: “No podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otra gente”.


Las palabras y acciones racistas de Steve King, como las de uno de sus defensores más poderosos, Donald Trump, están en claro contraste con la visión por la cual Martin Luther King Jr. luchó y murió. El 11 de noviembre de 1959, el reverendo King dio un discurso en la Universidad Estatal de Iowa. Allí afirmó: “El progreso humano no es automático ni inevitable. (…) Incluso una mirada superficial a la historia revela que el avance social no se desliza sobre las ruedas de la inevitabilidad. Cada paso hacia esa meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha; requiere los esfuerzos incansables y la preocupación apasionada de personas dedicadas”.


En este 90º aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., asumamos una vez más el compromiso de erradicar del racismo y la intolerancia; tanto en Iowa como en la Casa Blanca.
________________________________________
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Con licencia abierta y blindada para matar

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que actúan con plena libertad en nuestra región.


El control paramilitar que siempre nuestra Comunidad de Paz ha denunciado públicamente, sigue avanzando con gran fuerza, abarcando todo el territorio, pero las autoridades no hacen nada para enfrentar y erradicar este fenómeno criminal que anula los derechos y las libertades de la población. Por el contrario, su pasividad, tolerancia y connivencia con el mismo, revela que hace parte de las políticas y estrategias oficiales.


Nuestra Comunidad de Paz siempre ha dejado en evidencia los avances que muestran los paramilitares en el corregimiento de San José de Apartadó y en sus veredas, antes con otros nombres y desde hace un tiempo con el de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero la respuesta rutinaria de las autoridades es que nuestra Comunidad de Paz se inventa los hechos o los infla. Desde Rito Alejo del Río (mediados de los años 90) hasta el presente, NEGAR TODO ha sido la actitud de las instituciones del Estado, empezando por la más directamente responsable: la fuerza pública. Con ello se han desprestigiado hasta el extremo, pues han ido confirmando cada vez más que sus verdades son mentiras y que su principal afán es tapar y camuflar la realidad real y tratar de venderle al país y al mundo una realidad falsa.


Las amenazas a nuestra Comunidad de Paz y a los pobladores de la zona no cesan. Los grupos paramilitares que patrullan las veredas obligan a los campesinos a trabajar para ellos, a pagar vacunas, a servirles de puntos de información. La población civil no tiene más opciones que someterse o si no lo hacen tienen que desplazarse o entrar a formar parte de las listas negras, de donde se eligen los candidatos al asesinato, crímenes que van convenciendo a los pobladores que ellos “hablan en serio” y que además gozan de inmunidad, pues están blindados frente a la justicia. La rutinaria matanza de líderes sociales en el país, como política generalizada, nos está demostrando que quienes ordenan los crímenes son inmunes a todo proceso judicial. Ya el gobierno y las cabezas de sus instituciones mantienen el discurso preparado para “lamentar los hechos y prometer que las cosas no se quedarán así, que el peso de la ley caerá sobre los victimarios”, pero la rutina nacional nos ha enseñado hasta la saciedad que se trata de un mero discurso tranquilizador sin incidencia alguna en la realidad.


Durante todo el año 2018 dejamos constancia de todos los atropellos, amenazas y sometimiento de la población civil al paramilitarismo. El afán de controlarlo todo fue como una avalancha que fue inundando todas las veredas ante la mirada pasiva y complaciente de sus “primos” y de las demás autoridades locales y regionales. La consigna frente a nuestra Comunidad siguió siendo que nuestra Comunidad de Paz debe desaparecer, consigna adicionada con amenazas y anuncios persistentes de muerte para varios de nuestros líderes e integrantes y con agresiones audaces como tomas de tierra e incursiones armadas con fines aterradores.


Los hechos de los cuales dejamos constancia hoy son los siguientes:


* Por información de pobladores de la zona, se supo que durante la fiesta de fin de año, hubo en el caserío de San José una gran concentración de paramilitares quienes eligieron ese sitio para sus festejos. Subieron en lujosas camionetas y en multitud de motocicletas por nadie requisadas y se encontraron con numerosos colegas paramilitares. Nos preguntamos por qué lo hicieron allí, estando el caserío tan militarizado, pues hay una base militar y un búnker de la policía, establecimientos cuya ubicación contradice las normas y jurisprudencias de la Corte Constitucional. Muchos pobladores civiles que fueron esa noche a visitar a sus parientes, quedaron extrañados de la gran concentración paramilitar.


* El jueves 10 de enero 2019, veinte paramilitares con camuflados y armas largas, al mando de alias “Majute”, llegaron a la vereda Mulatos Medio, donde se quedaron por varias horas junto a uno de los espacios privados de nuestra Comunidad de Paz.


* El sábado 12 de enero de 2019, cinco paramilitares armados y montando en mulas llegaron al punto conocido como Chontalito, de San José de Apartadó, donde permanecieron algunas horas.


* El miércoles 16 de enero de 2018, en horas de la tarde fue asesinado el joven DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, a escasos 300 metros de la Base Militar del corregimiento de San José de Apartado. El hecho ocurrió en el camino real que sube por el río El Mariano y conduce para las veredas El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, buenos Aires, Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, Resbaloza, entre otras, el hecho fue exactamente en el punto donde el pasado 16 de noviembre de 2017 intentaron asesinar al joven JUAN DE A CRUZ GUZMAN, hechos atribuidos a los paramilitares, pues su afán por controlar a la población los lleva a perpetrar asesinatos selectivos para producir impactos sobre todo aquel que no se someta a sus intereses. El contexto es, evidentemente, toda la tolerancia y aquiescencia de la fuerza pública con la cual el paramilitarismo ha contado en la zona, ya durante varias décadas, en las cuales han consolidado su accionar y su estrategia, lo cual hace recaer la responsabilidad, de manera evidente, en el gobierno y sus instituciones militares y policiales. Nuestra Comunidad de Paz ha dejado centenares de constancias, clamando permanentemente para que esta absurda situación se termine, pero la única respuesta del Estado es luchar para que no denunciemos, para que cerremos los ojos y la boca y dejemos actuar a sus anchas al paramilitarismo. Ese es el sentido de la Acción de Tutela que la Brigada XVII ha colocado contra nuestra Comunidad, pero que no puede ser acatada porque viola derechos constitucionales y universales intocables y porque de acatarla ahí sí tendrían el campo libre para continuar arrasando con todos los derechos de la población y las bases de la dignidad humana.


* El jueves 17 de enero de 2019, nuestra Comunidad de Paz fue informada de una lista de 8 persona que tienen los paramilitares para asesinar, entre los cuales estaba el joven asesinado el día anterior, Deimer Usuga Holguin. Entre los otros siete que están en la lista, algunos son miembros de nuestra Comunidad de Paz y el resto son pobladores de la zona. Responsabilizamos al Gobierno y a sus instituciones militares por lo que pueda pasarle a los miembros de nuestra Comunidad de Paz y/o a otros pobladores de la zona, pues ya se escuchan nombres de personas que asesinarán y bien lo tiene sabido El Estado, pues la situación que se vive en nuestro territorio es dramática y el Estado no ha querido hacer nada para enfrentarla. En el mismo corregimiento de San José de Apartadó se corren los rumores de una serie de panfletos que circulan los mismos paramilitares desde El Municipio de San José de Uré Córdoba con amenazas de muerte y sometimiento a la población civil si no se acoge a sus ideas perversas.


La Juez Segunda Promiscua de Apartadó se ha propuesto amordazar nuestras constancias públicas presionada por los militares, pero razón tuvimos desde hace ya muchos años, cuando descubrimos que el aparato judicial estaba hundido en la corrupción y sólo producía impunidad para un lado y arbitrariedad para el otro, algo tan opuesto a la mínima ética que debe inspirar el ejercicio de la justicia, que decidimos no relacionarnos más con ese aparato para poder salvar nuestra rectitud de conciencia, mientras hemos seguido clamando a las altas Cortes para que corrija tan perversos caminos y limpie los expedientes de tanta podredumbre, pero no han querido hacer caso.


Es un hecho de completa evidencia que nuestro territorio lo dominan los paramilitares y que la fuerza pública que está ahí, lo permite. Nos preguntamos ¿por qué un corregimiento tan militarizado es controlado por los paramilitares? Y lo más terrible: están matando al campesino a pocos metros de esas bases militares. ¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el campesino siga siendo oprimido por el paramilitarismo? ¿Cómo es posible que un corregimiento donde hay una base miliar grande y una estación de policía con muchos hombres, los paramilitares ejerzan allí su control, vivan a sus anchas, se reúnan para hacer allí sus grandes fiestas, sin que nadie lo impida, y que además cobren impuestos ilegales, impongan sus normas, asesinen, amenacen, circulen listas de condenados a muerte y las vayan ejecutando y el gobierno siega fingiendo que es sordo y ciego?


Desde nuestro territorio amado y oprimido agradecemos las muchas voces de ánimo que recibimos desde el país y el mundo, pues todo su apoyo político y moral nos da mucho valor para seguir adelante, en resistencia, en este territorio tan dominado por el poder de las armas al servicio de lo peor.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Enero 18 de 2019

 

Publicado enColombia
Viernes, 18 Enero 2019 11:29

Divide et impera

Rosenell Baud, detalle de la serie “Florilegio”, temple sobre papel hecho a mano, 10 x 15 cm (Cortesía de la autora)

El presidente Trump canceló una vez más su anunciada visita a su par colombiano, en esta ocasión prevista para diciembre con escala en Bogotá en su viaje para la reunión del G 20 en Argentina. Trump, pese a su reciente pérdida de las mayorías en la Cámara de Representantes, mantiene su decisión de imponer a Colombia la falsa guerra contra las drogas y usar al país en sus designios sobre Venezuela.

 

La agenda del gobierno de Donald Trump con Colombia puede ser comprendida como una guía tóxica envuelta en el celofán perfumado de nobles ideales patrióticos y loas a la amistad. La agenda real está perfilada por las líneas estratégicas regionales adoptadas por Trump conforme a los intereses que representa en un escenario global abordado con la divisa America First, consigna que se traduce para nuestra región en el conjunto de medidas desnudas y encubiertas dirigidas a profundizar el dominio territorial en el marco del enfrentamiento geoestratégico que sostiene con China por la supremacía planetaria.


Desde su posesión como Presidente de los Estados Unidos en enero de 2017, el gobierno de Trump desató un conjunto de acciones que varían cursos de política regional sostenidos por el establecimiento demócrata. En el caso de Colombia, los asuntos y los enfoques que privilegia la administración Trump afectan de manera grave diversos y vitales intereses nacionales, de un país considerado en la región como estrecho aliado y amigo de los Estados Unidos.


En la primera reunión que Trump sostuvo con el presidente Duque el 25 de septiembre de este año en Nueva York, la lucha contra los cultivos ilícitos y la situación con Venezuela fueron los ejes centrales del encuentro. Trece días antes de la reunión el presidente Maduro había viajado a China en busca de mayor soporte financiero para enfrentar las severas dificultades de su economía. En este momento Venezuela exporta hacia China el doble de la cantidad de petróleo que embarca hacia los Estados Unidos. En este siglo Venezuela se ha convertido en el receptor del 52 por ciento de la inversión del gigante asiático en la región latinoamericana. Y Venezuela es el país que posee las más grandes reservas de petróleo en el mundo.


Trump se dirigió a Duque en estos términos: “Su victoria fue monumental, lo cual quiere decir que el pueblo de Colombia está de acuerdo con lo que usted representa y usted ha librado una lucha y seguirá librando una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. Y agregó: “Usted ha sido un gran amigo de Estados Unidos y estamos deseosos de seguir trabajando con usted”.


De la reunión de los dos mandatarios resultó revelador el hecho de que Trump llegase acompañado de algunos de los más destacados miembros de su gabinete y con mayor poder de decisión en asuntos militares. Con el mandatario estadounidense estuvo el vicepresidente Mike Pence, quizás el más notable cerebro republicano de una política exterior fundada en el uso sin restricciones del poderío militar y del despliegue de todo tipo de inteligencia para mantener la preeminencia planetaria de los Estados Unidos de América.


También fueron agendados el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien es el responsable de tomar cualquier decisión en cuestiones militares, y el general John Kelly, el jefe de su gabinete. Provienen del sector más ultraconservador del ala republicana y se han caracterizado por alentar el uso del poder militar estadounidense en diversos lugares del mundo, en aras de recuperar lo que consideran cómo una dramática pérdida de influencia. Pompeo viene de dirigir la CIA y se encarga ahora de la política exterior de los Estados Unidos. Kelly es un General del Cuerpo de Marines, con extraordinario conocimiento de América Latina; su dirección durante cuatro años (2012-2016) del Comando Sur da fe de ello.


Por su parte, Duque aprovechó la reunión para compartir con Trump la firma del decreto que le permite a la Policía confiscar la dosis mínima de marihuana en Colombia, dando de baja la despenalización que sobre el particular regía en el país desde 1974. Unos días antes, el miércoles 12 de septiembre, el presidente Duque señaló que no descartaba la posibilidad de que los cultivos de coca volviesen a ser fumigados con glifosato. El decreto y el anuncio eran las modestas señales de su disposición a cumplir con prontitud las directrices que le fueran trazadas en la reunión privada.


Justo un año antes, el 13 de septiembre de 2017, un memorando de la Casa Blanca había esgrimido la posibilidad de que Colombia fuese descertificada por no cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína durante los últimos tres años. En marzo de ese mismo año, en el informe anual que elabora el Departamento de Estado para que el poder Ejecutivo de la potencia del Norte decida si certifica o no a los países que decide examinar, señaló: “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana. Aunque el Gobierno colombiano continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó en un 60% a 495 toneladas métricas”.


Lo que no reveló el informe del Departamento de Estado fue el anunció que en julio del 2018 realizó el entonces del vicepresidente de la Republica Óscar Naranjo: entre 1999 y 2015 los gobiernos sucesivos fumigaron 1.800.000 hectáreas y esa acción sostenida no acabó con el arbusto, ni con la siembra. Generó más desplazamiento de comunidades y más talas de selva para nuevas siembras. Los campesinos también idearon formas de rociar con preparados de panela los cultivos, para impermeabilizarlos. Las fumigaciones elevaron los costes previsibles para la siembra industrial, pero también el precio de venta en las calles, y los márgenes de utilidad para los que lograban mantenerse o ingresar en el negocio.


La decisión sobre el uso del glifosato, compartida por el presidente Duque a Trump, tenía el antecente de lo decidido por Juan Manuel Santos, quien antes de entregar el poder ya había decidido el retorno del uso de tal agrotóxico, esta vez con drones. En el año 2015 se habían suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato, por conceptos del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente por los daños ocasionados en el ecosistema y en la salud de las comunidades.


Menos de un mes después del anuncio de la Casa Blanca del 13 de septiembre sobre una posible descertificación, el cinco de octubre de 2017, en la vereda Tandil, cerca de Tumaco, más de dos mil quinientos campesinos cultivadores de coca, desarmados, se movilizaron para tratar de impedir la erradicación forzosa de los cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública. Muchos campesinos habían llegado de manera voluntaria a la protesta porque habían firmado acuerdos de erradicación voluntaria, otros habían recibido la orden de los propietarios de los cultivos de concurrir a la movilización. Estaban presentes quinientos soldados del Ejercito Nacional, doscientos policías, trescientos erradicadores e integrantes del Esmad. Se produjo un incidente y la Fuerza Pública disparó cegando la vida de siete campesinos. En ese tiempo, en menos de seis meses, se dieron más de ciento diez enfrentamientos violentos entre comunidades y grupos de erradicación forzada, con más de 20 civiles muertos.


Los erradicadores, unas veces son civiles protegidos por la policía, y otras veces son policías o soldados. Recuerdo la respuesta de los campesinos al preguntarles el año pasado cómo funcionaban las fumigaciones antes del cese de las mismas en el 2015: muy sencillo doctor –me respondieron– donde estábamos los pequeños cultivadors, indígenas o campesinos, nos fumigaban a todos. Y donde estaban los cultivos industriales inmensos, no fumigaban.


El retorno a la erradicación forzada violenta con fumigaciones significa que la política de erradicación se militariza de nuevo, en un país con más de quinientas mil personas que derivan su sustento de los cultivos de la hoja de coca. 77.000 familias habían firmado pactos de sustitución en el marco del punto cuarto de los Acuerdos de paz. Las familias se comprometían a tumbar la coca, a sustituir cultivos, y el Gobierno les pagaría unos auxilios económicos e implementaría unos proyectos productivos agrarios. Se trataba de privilegiar un enfoque de eliminación de los cultivos de coca fundado en el acuerdo, en la concertación con las comunidades. Existían también 90.000 familias que estaban a la espera de nuevos acuerdos de sustitución. Lo usual es que los pequeños cultivadores tengan entre una y cinco hectáreas. Retornar a la erradicación violenta significa abrir de nuevo un frente de guerra interno.


Después de la masacre del 5 de octubre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos anunció que certificaba a Colombia, con el mensaje tácito, pero insoslayable, de que el nuevo Presidente colombiano tendría que cumplir las tareas que le asignaran.


El 24 de septiembre de 2018, tuvo lugar la reunión de delegados de 124 países organizada por el gobierno de Trump para definir acciones frente al problema global de las drogas. Al día siguiente, en el encuentro bilateral entre los presidentes Trump y Duque ya referenciado, el primero le señaló al segundo: si no logra resultados concretos en un asunto considerado de Seguridad Nacional, “será un presidente más para Colombia”.


Por supuesto, es claro que el gobierno de los Estados Unidos no ignora la inutilidad de las fumigaciones para eliminar, o al menos mitigar de manera severa, el problema del narcotráfico comprendido como el consumo que afecta a su población. Es necesario, entonces, preguntarse qué intereses y qué razones están detrás de sus decisiones en este campo. De la amenaza de descertificación y de la presión ejercida para que retornen las fumigaciones aéreas y se recrudezca una persecución con la Fuerza Pública que termina lucrando a quienes estan vinculados al comercio de narcóticos, y a algunos de los mandos encargados de la persecución. La militarización de la erradicación y la autorización al poder policial para perseguir las dosis mínimas, aumentan el control policial sobre la vida cotidiana de millones de personas. Eleva también de manera notoria el número de ciudadanos que no han delinquido y que son apresados por porte de pequeñas cantidades de una sustancia sicoactiva, arrojando a una parte de ellos a las fauces de un sistema penitenciario atiborrado, en el que las cárceles son todo lo contrario al eufeminista ideal de “centros de corrección”. (Ver recuadro)


El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2017, señaló que en Colombia se cultivaron 171.000 hectáreas de coca y se produjeron 1.379 toneladas de cocaína (1). En 1995 existían 50.000 hectáreas de coca, multiplicadas a 170.000 en 2001 (2), año en el que ya estaba en pleno vigor el mal llamado Plan Colombia, difundido y justificado ante la opinión pública con el mismo discurso de protección de la nación estadounidese con en el que ahora se exige al país retornar a la “guerra contra las drogas”. Como se recordará, con aquel Plan, diseñado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno colombiano los autorizaba a enviar cientos de asesores y contratistas militares para enfrentar a las Farc, catalogada como la más poderosa fuente de producción y tráfico de narcóticos del mundo.


Con el paso de los años el Plan fue catalogado como un notable éxito transformador de la diplomacia estadounidense y las políticas bipartidistas en asuntos exteriores por la Comisión presidida por los senadores Roy Blunt (republicano) y Bent Cardin (demócrata), que elaboraron el Informe A Roadmap for U.S. Engagement with Colombia. Una de las bondades del Plan Colombia, señala el Informe en cuestión, consistió en que más del 90 por ciento de sus costos fue sufragado por los colombianos. El Informe fue entregado de mano al presidente Santos el 17 de mayo de 2017. Es importante recordar que Roy Blunt, de acuerdo a medios de comunicación de su país es “El hombre de la Monsanto” en el Congreso norteamericano (3).


En el 2016 dejaron de existir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la mediciones del 2017 mostraron que lejos de cesar o disminuir la producción y tráfico de cocaína, ambos niveles no sólo se mantuvieron sino que crecieron.


Si a la geopolítica del enfrentamiento de Estados Unidos con China, incorporamos la geopolítica del petróleo y de las drogas, y tenemos en cuenta que William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia hace algunos años, y actual Secretario de Estado Adjunto para asuntos de narcóticos, aseveró que en este momento –más de la mitad de la droga producida en Colombia sale por Venezuela (4), no es difícil comprender la presión del gobierno de Trump para encender de nuevo una guerra interna contra las drogas, librada entre colombianos.


Prender de nuevo esa guerra inocua contra el problema del consumo de cocaína de los estadounidenses significa seguir condenando a decenas de miles de niños y jóvenes estadounidenses a la adicción letal y al uso zafio de una planta milenaria que en muchas de nuestras comunidades indígenas cumple una función medicinal, de energía y claridad gracias a los sabedores que reciben sus conocimientos generación tras generación.


Pero también significa demoler la vía del acuerdo eficaz para reducir de modo real la extensión de los cultivos de coca para cocaína en Colombia. Un complejo consenso arduamente alcanzado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Un logro histórico del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc que permanece sin ser conocido y valorado en todas sus repercusiones posibles para superar la doble plaga que nos ha azotado, aquí y allá, durante casi siete décadas: la cocaína como producto de exportación y la falsa guerra contra las drogas.

 

1. https://www.semana.com/nacion/articulo/coca-aumento-en-17-y-la-produccion-de-cocaina-en-31-segun-naciones-unidas/583537
2. http://www.proyectohombre.es/archivos/2.pdf
3. Contra el Miedo
4. https://www.voanoticias.com/a/droga-colombia-pasa-por-venezuela/3034639.html

 


Recuadro

 

Acostumbrados a la unilateralidad

 

En este escenario es indispensable visibilizar, primero, la unilateralidad y la no reciprocidad del procedimiento de descertificación, y la naturalidad con la que la asume el poder hegemónico en Colombia gracias, en el mejor de los casos, a la labor no reflexiva de los medios oficiosos de comunicación.
Y es necesario también preguntarse por la historia del uso geopolítico de los mercados de producción y de tráfico de narcóticos*. Como señala el investigador Michel Fonte: El concepto de geopolítica de la droga nace del hecho de que el narcotráfico es muy importante no solo por el flujo de dinero que mueve (las ganancias anuales las estiman entre 426.000 y 652.000 millones de dólares, informe “Transnational Crime and the Developing World” elaborado por la la organización Global Financial Integrity en marzo de 2017 con actualización de los datos 2014 , sino también por ser el principal instrumento de aportación para las organizaciones criminales y rebeldes de diferente inspiración ideológica, étnica y religiosa. Ninguna nación que quiere conservar o conseguir una posición dominante en el escenario planetario puede desatender las implicaciones que este comercio conlleva a nivel global, eso EE. UU. lo sabe muy bien desde siempre, a tal punto que derrocha muchos recursos y energías en la que es impropiamente apodada como “Guerra contra las drogas ”, de hecho, al gobierno norteamericano no le importa y nunca le interesó acabar con el narcotráfico, sino controlarlo a su antojo y de manera conforme a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
La DEA es la agencia encargada, con la supervisión y colaboración de la CIA, de condicionar las dinámicas del mercado para determinar: 1) El sitio o los sitios de producción de la droga (países, regiones y departamentos) 2) La cantidad y la cualidad de las sustancias psicotrópicas elaboradas 3) Los sujetos que deben fabricar la droga y los que deben comercializarla 4) Los territorios de destinación de los narcóticos (continentes, naciones y macrorregiones) 5) Los beneficiarios de la venta 6) Los damnificados por el consumo 7) La logística del tráfico de los estupefacientes (por donde deben pasar y la cadena o cadenas de intermediación) 8) Los lugares, sectores y finalidades de la inversión de las ganancias originadas por el narcotráfico.

* Ver Politics of Heroine de Alfred Mc Coy, Cocaine Politics de Peter Dale Scott y Geopolítica de la droga de Michel Fonte.

Gobierno de Colombia sindica al ELN como autor de atentado que deja 21 muertos

En declaraciones ofrecidas en Bogotá a partir de las 7:48 de la mañana del 18 de enero, el gobierno colombiano confirmó que el ataque a las instalaciones de la Escuela General Santander de la Policía Nacional y que arrojó un saldo final de 21 muertos, corresponde al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los asesinados producto del ataque con explosivos, en su mayoría eran policías nacionales o provenientes de países como Ecuador y Panamá, en su mayoría jóvenes con edades menores a los 25 años; pero también fueron impactados por la onda explosiva, y perdieron la vida, hijos de éstos.

De acuerdo a pruebas presentadas por el ministro de defensa, Guillermo Botero, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Atehortúa Duque y otros integrantes del gobierno nacional, el autor directo del ataque fue José Aldemar Rojas Rodríguez, que según lo explicado por los voceros oficiales era un veterano integrante de esa organización insurgente, experto explosivista, y quien también perdió la vida al momento de activar los explosivos con que fue cargado el automotor que condujo hasta el sitio de los sucesos.

En la acción oficial contra los posibles autores del ataque, en primeras horas del día 18 de enero fue detenido Ricardo Andrés Carvajal, habitante del barrio Los Laches, un sector populoso del nororiente bogotano, y quien, de acuerdo a los voceros del gobierno, reconoció su participación en los hechos.

El atentado, presentado en momentos en que la negociación de paz entre Gobierno-insurgencia, con Mesa en La Habana, está bloqueada por un conjunto de exigencias interpuestas por el gobierno de Iván Duque, las mismas que su contraparte denuncia como que no hacían parte de lo estipulado para abrir la negociación de paz entre las partes.

Este ataque, por tanto, favorece la pretensión oficial y lleva la Mesa a su final. alejando, al menos mientras cumple su periodo el gobierno encabezado por Iván Duque, una negociación de paz que lleve al final del conflicto armado en Colombia, proceso iniciado por el acuerdo logrado con las Farc.

El ataque sufrido por la instalación policial, por tanto, es una contradicción en sí misma, ya que durante meses la delegación del grupo insurgente para estos diálogos se negó a reconocer que la Mesa estaba moribunda, mucho menos que estaba muerta, manteniendo así viva la esperanza en una resolución dialogada a la guerra que afecta al país, desde décadas atrás.

 

Interrogantes

 

El atentado de la organización insurgente, de ser comprobada a plenitud, deja abierta diversidad de interrogantes para todas aquellas personas que están por la vida y en contra de la muerte y todo lo asociado a ella.

Entre ellos, resalta con fuerza propia, el favor que le hace este tipo de operaciones a un Gobierno que, más allá de anunciar medidas para contener el asesinato de dirigentes sociales y de activistas de los derechos humanos, no activa medidas efectivas. Es decir, este ataque ayuda a ocultar la violencia que está afectando a amplios sectores sociales populares de Colombia, la misma que ha significado el asesinato de cientos de activistas sociales en los últimos años, y no menos de 7 en los primeros días del año en curso.

Favores que también le dan aire a la demanda de más mano dura en Colombia, como desde meses atrás lo reclaman diversos sectores de partidos del poder, así como de algunos gremios económicos. Una “cacería de brujas” tendría así las manos desatadas, y con seguridad llegará, afectando las estructuras de todos aquellos que tratan de levantar alguna esperanza de cambio para los empobrecidos de nuestros país.

Acción que, de igual manera, entra como parte de la agenda contra Venezuela y las maniobras coordinadas en todo el Continente, con el impulso de los Estados Unidos, para dar al traste con el gobierno de Nicolás Maduro. Las voces que incluso preguntan por el gobierno venezolano como motivador de esta acción también se escuchan en Colombia. Su pretensión es obvia: motivar, incluso, una acción militar contra el país vecino. Las próximas jornadas de presión contra el gobierno venezolano, que ahora están en la fase de dualidad de poderes, darán luces sobre las implicaciones en la geopolítica de este tipo de ataques.

Son un tipo de presiones que se extienden al gobierno cubano, que dio alojamiento a las negociaciones de paz, presionado desde semanas atrás para que entregue al comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez, de quien han reconocido fue recibido en la isla del Caribe para tratamiento médico y a quien el gobierno nacional no reconoce como negociador. Una denuncia de este país como terrorista podría también estar en curso, con todas las implicaciones que la misma depara en el plano global. Las manos de los Estados Unidos en cabeza de Trump, negado a darle vitalidad a las restablecidas relaciones entre las partes durante el gobierno Obama, estarían sacando provecho de ello.

Llama también la atención, como un nuevo factor en la historia colombiana –de comprobarse la sindicación del gobierno nacional– que un guerrillero llevara a cabo un ataque que en la práctica es suicida. Como se sabe, la filosofía de reclamar el derecho a justicia en toda sociedad se sustenta en el reclamo y defensa del más alto valor que hay en toda sociedad: la vida, en dignidad, y en ello no cabe la muerte, la cual puede suceder pero en combate entre dos o más partes, pero no de manera desprevenida, comprometiendo incluso la del propio actor del ataque.

Distinto sucede en organizaciones terroristas con fundamento religioso, donde incluso la inmolación es parte de sus propios ataques pues así cumplen de mejor manera un mandato divino. Por el contrario, en concepciones de izquierda, la felicidad, la vida plena, se concreta aquí y ahora. El mañana, en manos divinas, simplemente no existe.

Como año electoral que es el 2019, estos meses prometen, como lo anuncia de manera clara la sangre que corre como efecto del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y ahora de quienes cayeron en la Escuela General Santander, una espiral de muerte y dolor que en nada ayudará a que quienes habitan Colombia puedan gozar de paz y felicidad.

 

Artículos relacionados

“Quizá no sea el tiempo de negociar, o no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda”

19 de diciembre de 2018, Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº184

Duque pasó el 7 de septiembre sin descartar la Mesa con el Eln

26 de septiembre de 2018, periódico desdeabajo Nº250

Publicado enColombia
El legado de Rosa Luxemburg a los que aún resisten

Cuando se cumple un siglo del asesinato de la revolucionaria alemana Rosa Luxemburg, de su camarada Karl Liebknecht y decenas de militantes espartaquistas, se está poniendo énfasis en su legado teórico, en las polémicas que mantuvo con la socialdemocracia alemana y europea, en las diferencias que expresó con Lenin y los bolcheviques y en sus aportes al debate sobre economía e imperialismo.


Rosa fue una mujer brillante, con un pensamiento propio, que supo romper con el Partido Socialdemócrata cuando su traición de 1914 al votar los créditos para la guerra, pero también fue capaz de debatir con los bolcheviques sobre su política agraria y acerca de las limitaciones que impuso a la democracia para los trabajadores.


Sería bueno recordar que era implacable en la crítica. En su obra Reforma o Revolución la emprende contra aquellos que se empeñan en reformar el sistema, “en la supresión de los abusos del capitalismo en lugar de la supresión del capitalismo mism”. En ese trabajo, en el que critica frontalmente la política de Eduard Bernstein, principal referente del reformismo que defendía la superación gradual del capitalismo, ataca su abandono de la “teoría del colapso capitalista” que define como “la médula del socialismo científico”. Sin colapso, escribió, es imposible expropiar a la clase capitalista.


Como puede observarse, su pensamiento tiene estricta actualidad. ¿Para qué nos preparamos? Rosa se preparó toda su vida para afrontar la carnicería que supuso la Primera Guerra Mundial, al igual que los bolcheviques y un puñado de rebeldes del mundo. No es una cuestión teórica sino ética. La guerra imperialista era el colapso que los revolucionarios esperaban para lanzarse contra el enemigo.


En La crisis de la socialdemocracia o Folleto Junius, escrito en 1916 al calor de la guerra, dedica sus más de 100 páginas a criticar a la izquierda. ¿Alguien puede pensar que le estaba haciendo el juego a la derecha, como se dice ahora cuando se critica a la izquierda? Horrorizada porque el Partido Socialdemócrata hizo lo contrario de lo que pregonó hasta el día anterior de la votación en el parlamento, señala: “Esta crítica implacable no sólo es una necesidad fundamental, sino también uno de los máximos deberes de la clase obrera”.


Pero el legado central de Rosa Luxemburg no son sus ideas, a veces brillantes, sino su coraje para enfrentar, en soledad, enemigos mucho más poderosos. La revolución de enero de 1919 estaba condenada al fracaso y de hecho fue ahogada en sangre en pocos días. Aunque ni ella, ni Karl Liebknecht, estaban de acuerdo con el levantamiento obrero, no dudaron en ponerse del lado de los trabajadores aún sabiendo el riesgo que corrían. Pura ética. Cero cálculo de conveniencias personales.


El momento determinante de su vida y de sus aportes a las generaciones futuras es, precisamente, el de su asesinato. Rosa muere bajo un gobierno socialdemócrata (el progresismo de la época) de Friedrich Ebert, cuyo ministro de Defensa, Gustav Noske, alentó a los paramilitares de los Freikorps(cuerpos libres) a aplastar a los rebeldes. Ellos fueron los brazos ejecutores del crimen. La socialdemocracia los inspiró y condujo hasta la escena.


Que los Freikorps hayan desaguado con los años en las fuerzas de choque del partido nazi, es lo de menos en esta tremenda deriva. Lo de más es aprender de la historia, decir en voz alta lo que sucedió sin máscaras, para prever lo que puede llegar a sucedernos. Este es el legado fundamental de Rosa, que quisiera sintetizar en dos puntos.


Uno. El progresismo en el poder ha sido responsable de innumerables ataques contra los sectores populares y organizaciones de izquierda. Y sigue siendo. El gobierno de Michelle Bachelet aplicó la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche y es responsable del asesinato impune del comunero Matías Catrileo (goo.gl/WxCRT8). Las leyes antiterroristas en Argentina y en Brasil fueron aprobadas por Néstor Kirchner y Dilma Rousseff, en 2007 y 2016, respectivamente. Evo Morales acaba de entregar al ministro italiano, Matteo Salvini, a Cesare Battisti, negándole “el derecho básico a un proceso de extradición en el que se pudiera analizar el caso” (goo.gl/r1RBYQ).


Dos. No creer nunca en los discursos, ni en las declaraciones de arriba, por más circunspectas que sean. Ponerse en el lugar de los de arriba y discernir qué pueden estar planeando para consolidarse en el poder y destruirnos. Si yo fuera el poder, estaría planificando cómo destruir la resistencia de los pueblos originarios, asestándoles golpes mortales, como antes se hizo con muchos otros movimientos en todo el mundo. El momento de mayor legitimidad del Estado, es el más peligroso para los anticapitalistas.


Los Freikorps están de vuelta, incluso en la muy democrática Alemania (goo.gl/5Au9oq). Se preparan con esmero para el colapso. Vienen por nuestras tierras y territorios. Lo que menos interesa es el color de sus banderas, porque vienen del arriba.

Publicado enInternacional
La impune maquinaria del sicariato contra los dirigentes populares

El 11 de Enero, Alfamir Castillo, una emblemática luchadora popular del Valle del Cauca, fue víctima de un cobarde atentado mientras se desplazaba con su marido en la carretera de Pradera a Palmira. Hay que mencionar que esta carretera está altamente militarizada y tiene presencia policial permanente.

Alfamir Castillo ha vivido con un dolor muy grande: su hijo, Darbey Mosquera Castillo, fue asesinado por el Batallón de Contra Guerrilla No. 57 "Mártires de Puerres" del Ejército Nacional en Febrero del 2008, en una vereda de Caldas, donde el muchacho le habían ofrecido trabajo. Luego lo hicieron pasar por guerrillero muerto en combate, en el infame caso de los “falsos positivos”, cuando el “presidente de la paz”, Juan Manuel Santos, era ministro de defensa. Ese fue el asesinato sistemático de muchachos de escasos recursos, secuestrados por el ejército después de prometerles trabajo, para ser asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, a fin de que la soldadesca y los oficiales pudieran cobrar beneficios económicos, ser promovidos en la jerarquía castrense y obtener vacaciones, beneficios que les garantizaba el “pacificador” Santos en su política de conteo de cabezas. Estos no fueron casos aislados: la investigación “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010: Obediencia ciega en campos de batalla ficticios” (2017), escrita por el ex policía y sociólogo Omar Eduardo Rojas y Fabián Benavides, presenta evidencia de que hubo más de 10.000 casos. Esto fue un genocidio sin proporciones en la historia colombiana, y las denuncias de que la práctica no han cesado siguen en pie.


Alfamir Castillo, sin embargo, no es una mera víctima. Es una luchadora popular excepcional que ha convertido el dolor ocasionado por el cobarde asesinato de su hijo, en ternura para todos los oprimidos. En cada movilización, ahí está ella. Patiana de nacimiento, de un pueblo cerca del Bordo, ha vivido muchos años en Pradera, Valle, junto a su marido, un cortero de caña que está lisiado, aquejado por enfermedades ocupacionales derivadas del corte, en una batalla legal contra los ingenios para que le reconozcan la afectación que ha sufrido y lo compensen. Cuando el paro de los corteros en el 2008, allá estuvo ella, organizando el Comité de Mujeres Corteras de Caña para apoyar a sus esposos en esa lucha contra el Goliat azucarero. Su liderazgo fue clave para mantener la movilización de los corteros, un punto de inflexión en la historia reciente de las luchas populares. En esas correrías fue que la conocí, y aprendí a admirarla y apreciarla. El atrevimiento de enfrentarse a los zares del azúcar, a los Caicedo, a los Ardilla Lulle, los Cabal, los Eder, les ha costado caro a los corteros: la mayoría de quienes lideraron ese paro, han debido enfrentar agresiones, atentados y el desempleo.


Alfamir no ha estado al margen de esta situación. Varias veces ha tenido que salir desplazada de Pradera por amenazas en su contra. En el 2012, incluso, recibió el “beneficio” de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [1], pero no pasa nada. En Cali, desplazada, la atacaron una vez con una jeringa. Otras veces le han apuntado con pistolas. Ahora la cosa fue a tiros. Tres tiros en contra de la camioneta en que se desplazaba, ninguno de los cuales la alcanzó, afortunadamente. Ese día había recibido dos amenazas, en las que le decían, “no creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo la muerte te ronda y tú no lo crees, ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar… muere… muere… muere…” y “esto es un ultimátum vieja h.p. ya sabemos todo y tienes miedo pero ni por mil esquemas de seguridad te vas a salvar de nosotros, tu insolencia a mi comandante la vas a pagar con sangre y la salida de nuestros hombres son nuestra mejor arma…muere… muere… muere” [2]. Tu insolencia a “mi” comandante… más claro echarle agua.


Estuviera esto pasando en Venezuela, ya habría escándalo internacional, y los representantes colombianos, con espuma en la boca, estarían pidiendo sanciones en la OEA y la ONU. Pero como es Colombia, todo pasa de agache porque el asesinato de dirigentes sociales se ha vuelto un deporte: casi 300 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz el 24 de Noviembre del 2016. Es decir, en poco más de dos años. Asesinatos selectivos, la mayoría después de amenazas, los cuales buscan descabezar las organizaciones sociales. Un auténtico socialicidio, como lo he llamado en ocasiones anteriores [3]. Ante quienes plantean que “el conflicto es muy complejo para saber de dónde vienen los tiros”, que pueden ser muchos sospechosos, etc. recientemente, la Universidad del Rosario ha publicado una sistemática investigación en la cual demuestran: uno, que la mayoría de los asesinados es por disputas de tierra y que la mayoría de los asesinos son bandas paramilitares, las milicias privadas de ganaderos y terratenientes[4]. El mismo estudio abofetea al manoseado argumento, repetido por la socialbacanería hasta el cansancio antes del acuerdo de paz, de que “una vez acabadas las FARC-EP se le acabaría a la oligarquía la excusa para matar y se tendrían que volver demócratas”, demuestra que en las zonas donde existía las FARC-EP y éstas se desmovilizaron, es donde se concentra la mayor parte de los crímenes recientes.


Acá están claros los móviles de los asesinatos y los sectores sociales detrás de ellos: lo que no hay es voluntad política para coger al toro por las astas. Contrasta la ineficacia para encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes en contra de las organizaciones populares, y dirigentes sociales y de izquierda, con la asombrosa eficiencia demostrada por la policía para capturar y encerrar en la cárcel (¡en menos de 24 horas!) a un pobre muchacho que, de broma, comentó en Facebook que asesinaría a uno de los hijos de Uribe Vélez: sin ninguna intención de realizar el crimen, sin organización detrás, sin ningún arma, pasó varios meses en la cárcel mientras la Fiscalía pedía 15 años de cárcel [5] … por un comentario pendejo en las redes sociales. Pero a los líderes sociales se les estigmatiza por los medios, se les señala con el dedo, se les amenaza, se les asesina y nada. No pada nada.


El grado de podredumbre del régimen colombiano alcanza niveles realmente sórdidos… en las raras ocasiones en que la justicia medio afecta, así sea tibiamente, a sectores poderosos de la sociedad, inmediatamente comienza a moverse una maquinaria macabra que intimida y asesina a potenciales testigos en contra de sus “patrones”. El caso Odebrecht, que salpica a Uribe, a Santos y a todos los círculos del poder, ya ha tenido tres testigos claves del proceso muertos en extrañas circunstancias: José Pizano, su hijo Alejandro Pizano (ambos envenenados con cianuro) y Rafael Merchán, ex secretario de transparencia de Santos, que apareció muerto en un aparente suicidio. Ahora, el tema de los falsos positivos ha entrado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aun cuando esto debería ser materia de las cortes comunes y corrientes porque es un crimen que no puede justificarse de ningún modo en el marco del enfrentamiento del Estado con las FARC-EP. Gracias al proceso de paz, y al abuso que se está haciendo de la JEP, los militares que tanto esfuerzo habían sido castigados por los “falsos positivos” están saliendo de las cárceles. Pero así las cosas, este tribunal, sin dientes, es inaceptable para los altos estamentos castrenses porque en la JEP se sabrá que este no fue un tema de “manzanas podridas” entre los bajos y medios mandos. La JEP, hecha a la medida de la clase dominante, siendo muy difícil que ningún miembro del Estado reciba condena alguna, careciendo de dientes ante los poderosos, pero potencialmente con afilados colmillos para los exrebeldes, es demasiado para una oligarquía acostumbrada a la impunidad absoluta.


El general Mario Montoya hoy enfrenta cargos por los falsos positivos, y ya comienzan a llover amenazas y tiros contra los testigos. El abogado de Alfamir señala que “la JEP, pese a que en noviembre del año pasado se le solicitó estudiar la concesión de medidas cautelares, no ha hecho absolutamente nada, ha dejado abandonada a doña Alfamir (…). Creemos que existe un desprecio por parte de la JEP hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como se vio en las audiencias de septiembre y octubre del año pasado” [6]. Por si queda dudas de qué círculo provienen las amenazas y las agresiones en contra de Alfamir, en Octubre, ella participó en una de las audiencias contra Montoya por el tema de los “falsos positivos”; ese mismo día la amenazaron y le dijeron que no se volviera a aparecer por las audiencias [7].


Si Alfamir, una mujer de una valentía realmente admirable, recibe este golpe… ¿quién se va a atrever a levantar el dedo contra Montoya? Si poderosos testigos del caso Odebrecht están muriendo, ¿qué misericordia de la máquina sicarial puede esperar una mujer negra, esposa de cortero, una mujer pobre como Alfamir? El sistema ha mostrado una crueldad espeluznante hacia Alfamir y su familia: asesinándole un hijo, amenazándola y atacándola constantemente, con los ricos del Valle negándole una miserable pensión a su marido. Negándoles sistemáticamente cualquier reparación, cualquier asomo de justicia. Pero ahí está pintado de cuerpo entero y sin afeites. Es increíble que después de tanto dolor, de tanta saña contra ella, no le hayan logrado silenciar ni amedrentar. Inmediatamente después del atentado su voz, esa voz que tanto han querido callar, volvió a hablar fuerte, claro, lozana, para decir lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: “varios de los militares han salido en libertad por cuenta del Proceso de Paz y con nosotros, las víctimas, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo quedamos y dónde quedamos? La JEP no nos ha tenido en cuenta como víctimas porque nos ha expuso a esto, a que nos asesinen (…) ¿Esta es la realidad que está viviendo Colombia? (…) Uno se queda sin pensar. Hasta el momento no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que hay que seguir visibilizando esta situación. No podemos permitir que esto siga pasando” [8]. Con la porfía de Antígona, Alfamir no descansará hasta que haya justicia. Y todos a quienes nos palpita el corazón por la justicia social, por la libertad, tenemos que rodearla para que siga en su lucha que es nuestra lucha.


Alfamir, hermana, amiga, compañera… recibe nuestras manos solidarias abiertas para seguir tejiendo resistencias a la infamia.

Por José Antonio Gutiérrez D.
Rebelión

Notas
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/denuncian-amenaza-de-muerte-contra-de-madre-de-victima-articulo-380721
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[3] http://anarkismo.net/article/30859
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=251112&titular=%93a-los-l%EDderes-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-miner%EDa-o-coca-como-por-
[5] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6735011https://www.semana.com/nacion/articulo/absuelto-nicolas-castro-acusado-amenazar-hijo-del-expresidente-uribe/246349-3
[6] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-833759
[7] https://colombia2020.elespectador.com/jep/jep-solicita-con-urgencia-proteccion-para-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra
[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-podemos-permitir-que-esto-siga-pasando-alfamir-castillo-tras-atentado-en-su-contra-articulo-83375

 

Publicado enColombia
Jueves, 17 Enero 2019 06:58

Contrainsugencia progresista

Contrainsugencia progresista

Ahora que se cumplen cien años de los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, vale preguntarse: ¿quién fue el responsable de los crímenes? ¿quién o quienes apretaron el gatillo y con qué autorización lo hicieron?

La respuesta es tan clara como dramática: el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert, aliado con los paramilitares Freikorps (“cuerpos libres”) en respuesta al levantamiento obrero en toda Alemania, en una coyuntura revolucionaria como la que atravesaba buena parte de Europa al finalizar la I Guerra Mundial.


Los Freikorps estaban integrados por ex soldados del ejército alemán, con un fuerte sentimiento anti-comunista y anti-obrero, y participaron en los años siguientes en numerosos choques con obreros socialistas y comunistas en huelga. Ante la “revuelta espartaquista” en Berlín en enero de 1919, los Freikorps fueron inducidos por el ministro de Defensa, el socialdemócrata Gustav Noske, para reprimir a los obreros y a los comunistas, incluyendo a Liebknecht y Rosa Luxemburgo el 15 de enero de 1919.


Poco después apoyaron al gobierno para aplastar la República Soviética de Baviera y con los años muchos de sus miembros comenzaron a acercarse al nazismo, ingresando al Partido Nacional Socialista alemán y a su milicia, la SA (grupos de asalto).


La deriva de la socialdemocracia alemana hacia la represión que abrió las puertas al fascismo, comenzó en realidad mucho antes, bajo el gobierno del canciller Otto von Bismarck en la década de 1880. En esos años las clases dominantes estaban obsesionadas por la posible repetición de una revolución como la de 1848 (recordemos que Wallerstein plantea que se trató de una de las dos revoluciones mundial que cambiaron el mundo) y de la Comuna de París de 1871.


Para evitar esa posibilidad, un político conservador como Bismarck comenzó a dar los primeros pasos para la construcción de un amplio sistema de cobertura social que luego fue seguido por otros países del continente. En consecuencia se aprobaron leyes de Seguro de Enfermedades (1883), Seguro de Accidentes de Trabajo de los Obreros y Empleados de Empresas Industriales (1888) y durante 1889 la del Seguro de Invalidez y Vejez. El espíritu de la legislación social se desprende de un célebre mensaje de Bismarck: “La superación de los males sociales no puede encontrarse exclusivamente por el camino de reprimir los excesos socialdemócratas, sino mediante la búsqueda de formulas moderadas que permitan una mejora del bienestar de los trabajadores”.


En el mismo período en el que el canciller Bismarck innovaba con la construcción de una amplia legislación de protección social, la primera en el mundo capitalista, impuso las llamadas “leyes antisocialistas” (prohibición de actividades y partidos de signo socialista, de prensa y recaudación de fondos), entre 1878 y 1888, con el objetivo de debilitar al partido socialdemócrata y a las organizaciones de la clase trabajadora que contaba con cooperativas, bibliotecas, periódicos y una infinidad de asociaciones culturales y sociales.
A un siglo de distancia, no sólo debemos mostrar nuestra indignación por los asesinatos de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, sino extraer alguna enseñanza para iluminar las resistencias actuales.


La primera es que la socialdemocracia (el progresismo o la izquierda) en el gobierno, se atreve a hacer aquello que la derecha no tiene posibilidad de realizar. Porque el progresismo al mando del Estado tiene mayor legitimidad y puede sustituir a la derecha en el trabajo sucio, como hizo en 1919.


La segunda es que para asumir el mando del aparto estatal, las diferencias entre izquierda y derecha han debido diluirse hasta desaparecer completamente. La socialdemocracia alemana no sólo es responsable de los crímenes señalados, sino también de haber alfombrado el camino del nazismo, al destruir a los únicos que podían evitar que llegara al poder: la clase obrera organizada. La cuestión no es la actitud de tal o cual dirigente, sino una política que colocó en el centro la ocupación del Estado, desde donde no hay otra posibilidad que hacer lo que hicieron. Es un tema estructural, no de coyuntura o de personas.


Lo sucedido un siglo atrás no es sólo historia. En América Latina el progresismo está transitando, pasos más o menos, un camino muy similar: las políticas sociales y la represión forman parte de un mismo proceso.

14 enero 2019 0

Publicado enPolítica
Una lista negra de 7.000 sacerdotes acusados de abuso sexual en EE UU

Los fiscales investigan por su cuenta la pederastia en la Iglesia estadounidense y dejan cortas las cifras reveladas por las diócesis

Las diócesis de Estados Unidos han adoptado una práctica en los últimos meses: publicar un listado de los sacerdotes con "acusaciones creíbles" de abuso sexual a menores. La mayoría de los religiosos ya no viven o fueron removidos de sus labores eclesiásticas. BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, afirma que la institución ha revelado hasta ahora cerca de 7.000 curas denunciados desde 1950, pero que seguramente la cifra es mucho mayor. Según los informes que maneja el portal, dedicado a recabar las cifras desde hace más de una década, el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10%, lo que supondría hasta 11.000 curas pederastas. Las fiscalías estatales que investigan actualmente estos crímenes también han concluido que los listados están incompletos.


En la misa católica celebrada el primero de diciembre en Siracusa, Nueva York, el obispo Robert J. Cunningham hizo un anuncio parroquial que llamó la atención de los feligreses. Primero reconoció las divisiones que existen dentro de la Iglesia sobre si publicar o no los nombres de los sacerdotes con “acusaciones creíbles” de abuso sexual a niños, argumentando que algunas víctimas no quieren que se sepan quiénes fueron sus abusadores. “Tras reflexionar y orar seriamente, he llegado a la conclusión de que esta práctica se ha convertido en un obstáculo para hacer avanzar a nuestra Iglesia local”, afirmó el cura antes de informar de que en los próximos días el sitio web de la diócesis publicaría el listado de los clérigos denunciados en los últimos setenta años.


Cunningham cumplió con lo prometido. Pero su decisión está lejos de ser un caso aislado en Estados Unidos. Desde que se dio a conocer en agosto el brutal informe de Pensilvania en el que se revelaba que más de 300 sacerdotes abusaron de menores en las últimas siete décadas, los obispados se han visto presionados por laicos y feligreses a emprender acciones concretas en favor de las víctimas. La primera lista de este tipo se publicó en 2002. Hasta el 2017 solo 35 de las 187 diócesis que componen el cuerpo eclesiástico estadounidense habían hecho lo propio. Pero a partir del pasado agosto la cifra se disparó. En diciembre ya se habían registrado 90 listados y se sabe que la cifra es mayor, ya que casi a diario hay diócesis que se adhieren. También órdenes religiosas como los jesuitas.


BishopAccountability.org sostiene que la Iglesia ha revelado que hay cerca de 7.000 curas denunciados, pero solo 4.500 con nombre y apellido. Terry McKiernan, fundador de la organización, aclara que ese número es impreciso: “Conozco casos de sacerdotes abusadores que deberían aparecer en las listas y no están. Seguramente hay muchos que no sabemos”. Según los informes que maneja el experto, el porcentaje de profanadores oscila entre el 6 y el 10% de cada establecimiento.


El último escándalo eclesiástico respalda su planteamiento. Las seis diócesis de Illinois publicaron hace un tiempo un listado en el que identificaban a 185 religiosos con acusaciones creíbles. La fiscal general del Estado, Lisa Madigan, alertó en diciembre de la falsedad de la cifra y adelantó que, según sus investigaciones preliminares, la realidad es que al menos 500 sacerdotes han sido denunciados por haber abusado de menores. “Esperábamos que las cifras fueran así de dispares”, sostiene el abogado Jeff Anderson, quien lidera el bufete que lleva su nombre. “Cuando ellos dicen que no quieren publicar los nombres porque las víctimas no quieren que se sepa es una gran mentira. Llevo 25 años representando a sobrevivientes de abusos y nunca he conocido a uno que no quiera. Ese argumento es una excusa para no hacer lo que corresponde”, agrega.


En 2002 el cuerpo completo de obispos católicos de EE UU aprobó la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que incluía la realización de un estudio descriptivo con la cooperación de las diócesis para conocer el alcance de los abusos sexuales a menores por parte del clero. El análisis reveló que el rango de depredadores era de entre un 3 y 6%, lo que supone 6.600 de los 110.000 miembros de la Iglesia en las últimas siete décadas. “La investigación de Pensilvania y de Illinois demuestran dos cosas: que si queremos saber la verdad son los fiscales los que tienen que hacer y publicar sus propios informes, y que la proporción de denunciados está mucho más cerca del 10%. Estamos hablando de unos 11.000 curas”, plantea McKiernan.


A pesar de los peros, el paso al frente de las diócesis ha sido bien recibido por aproximarse a la respuesta que merecen las víctimas. El informe de Pensilvania fue un punto de inflexión y parece no tener marcha atrás. El documento de 1.356 páginas, la investigación más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en EE UU, se adentró en las cloacas clericales y destapó desde redes de sadomasoquismo hasta violaciones en hospitales. “No provocó un cambio cultural, ese está todavía por venir, pero sí logró un despertar en la gente. Inyectó coraje a las víctimas y ahora seguiremos presionando hasta que digan toda la verdad”, apunta Anderson.


El informe de Pensilvania ha llevado al menos a una docena de fiscales generales estatales pusieran en marcha investigaciones sobre abusos sexuales en sus respectivos territorios. En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", apuntaba la Fiscalía de Illinois. Para el abogado Anderson, la diferencia entre lo que publican las diócesis versus las fiscalías responde en parte a la colaboración de las víctimas, que tienden a ser más abiertas con los segundos.
En medio de la presión, los obispos estadounidenses se reunieron en noviembre para redefinir sus códigos. Entre las medidas propuestas figuraban nuevos “estándares de conducta episcopal”, la creación de una comisión para manejar las denuncias de abuso contra los obispos, y nuevos protocolos para los religiosos que son destituidos o que renuncian debido a una conducta sexual inapropiada. Antes de votar recibieron una carta del Vaticano en la que se les pedía que no acataran reformas hasta después de la cumbre que se celebrará en Roma en febrero con todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar la crisis desatada por los abusos a menores. Este viernes el papa Francisco aseguró que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”. Porque este año la bomba no solo estalló en Pensilvania. Ni en Illinois. También lo hizo en Chile, Irlanda y Australia. Y la lista, al igual que la de los clérigos acusados, no deja de crecer.

Por ANTONIA LABORDE
Washington 15 ENE 2019 - 10:11 COT

Publicado enInternacional
321 activistas de los derechos humanos fueron asesinados en 2018

Los asesinatos tuvieron lugar en 27 países y el 77% de ellos se perpetraron contra activistas ambientales, según Front Line Defenders. La organización destaca que el uso de la violencia contra defensores de los derechos humanos es generalizado, además de una tendencia hacia legislaciones restrictivas que entorpecen y limitan el trabajo activista

 

La lucha por los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas se cobra sus víctimas a punta de pistola. Y no son caso aislados. Nada menos que 321 defensoras de los derechos humanos, en al menos 27 países, fueron asesinadas en 2018, tal como indican los datos recopilados por Front Line Defenders, una organización especializada en la protección de “las personas que trabajan, de forma no violenta, por cualquiera o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.


La cifra real de asesinatos, sin embargo, “casi con certeza, es superior a esta”, como aseguran desde la organización. Y tres de cada cuatro de esos asesinatos han tenido como blanco activistas ambientales, según destaca la federación Ecologistas en Acción.


El último informe de la Front Line Defenders, titulado Basta de Asesinatos, destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que van precedidos de acoso judicial, amenazas y ataques físicos. En concreto, el 49 % de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y, tal como destacan desde Ecologistas, “en la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales”.


Para Front Line Defenders, “el uso de la violencia mortal para silenciar a quienes defienden los derechos de las personas más vulnerables sigue siendo generalizado y endémico en varios países”. De hecho, 2018 es el año en el que la organización ha recopilado un número mayor de asesinatos, nueve más que el pasado año.


La persecución y criminalización de activistas tiene, además, el agravante de género. Activistas y defensoras del medio ambiente “sufren agresiones sexuales por parte de actores estatales y no estatales”, incluso dentro dentro de sus movimientos sociales, destaca el informe. Violaciones, abusos sexuales, hostigamiento y persecución de sus hijos, campañas de desprestigio cuestionando su compromiso con sus familias o su eliminación e imposibilidad de acceder a cargos de alto rango en ONG, estructuras públicas o sindicatos son algunas de las realidades recopiladas en el informe.


UN MUNDO MÁS RESTRICTIVO


Por si no bastaba con todo esto, el análisis global de Front Line Defenders remarca una tendencia hacia “una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos”. Como indican desde Ecologistas en Acción, “los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales”. Asimismo, “las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ”, añaden.


Serlinda Vigara, portavoz de la federación ecologista, señala que “los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos”.
Por ello, desde el colectivo muestran su “máxima preocupación” por los datos del informe y exigen “la implicación de gobiernos e instituciones internacionales en la lucha contra estos crímenes y hostigamientos”. En concreto, instan a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Por REDACCIÓN EL SALTO

PUBLICADO
2019-01-15 11:25:00

 

Publicado enInternacional