https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
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El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

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Viernes, 28 Febrero 2020 06:10

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

 Bolsonaro viola DD.HH. en Brasil

Un informe de Amnistía Internacional condena la retórica del presidente 

Hay un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y una "grave crisis en la Amazonia". Para Bachelet, Brasil dio "marcha atrás" en  medio ambiente.

El gobierno brasileño y las autoridades regionales del país pusieron en práctica la dura retórica del presidente Jair Bolsonaro contra los derechos humanos a lo largo de 2019. Esa es la principal conclusión del informe anual de la organización Amnistía Internacional, en el capítulo dedicado exclusivamente a Brasil. Para Amnistía, el país es escenario de un "aumento del número de homicidios cometidos por policías" y de una "grave crisis en la Amazonia" que afectó principalmente a las comunidades indígenas. También citó los intentos del gobierno brasileño de restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, así como el aumento de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos. En la misma sintonía, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó a Brasil de dar "marcha atrás" en materia de protección del medio ambiente, y destacó su preocupación ante el aumento de "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas".

De acuerdo con Amnistía, las autoridades brasileñas "no ofrecieron una respuesta adecuada a una amplia gama de violaciones de derechos humanos". Por el contrario, "mantuvieron un discurso abiertamente contrario que incluía declaraciones dirigidas a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos". 

La organización señala en ese sentido los decretos de seguridad pública que contienen una definición de defensa propia "muy general e imprecisa" que podría usarse para justificar excesos por parte de los agentes del Estado, las normas que flexibilizaron las leyes para la posesión de armas, o las medidas que bloquearon la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

En relación al accionar de la fuerza policial, Amnistía critica el discurso de mano dura adoptado por las autoridades federales y regionales, especialmente en Río de Janeiro, donde 1.249 personas murieron a manos de efectivos entre enero y julio de 2016. La cifra significa un 16 por ciento más respecto a 2018, de acuerdo con una investigación presentada por la Fiscalía del estado fluminense.

Amnistía atribuye además el aumento de muertes a manos de agentes al consentimiento del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel , quien autorizó "intervenciones policiales militarizadas que se caracterizaban por altos niveles de violencia policial, crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos". Todo bajo la excusa de una "guerra contra las drogas".

Crisis ambiental

En otro de los apartados, Amnistía denuncia la falta de políticas públicas "coherentes" por parte del gobierno para frenar la creciente deforestación y los incendios que el año pasado amenazaron a la selva amazónica, donde ardieron alrededor de 435 mil hectáreas en los primeros ocho meses según datos de la ONG Instituto Socioambiental.

Para la ONG, esos incendios afectaron a los medios de vida y la salud de poblaciones rurales y urbanas, especialmente comunidades indígenas y de afrodescendientes que viven en la región. "Los devastadores incendios en la Amazonia eran el síntoma de una crisis mayor de deforestación ilegal y confiscación de tierras", resalta el estudio.

La legislación brasileña contenía disposiciones "firmes" para la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las reservas medioambientales, pero Bolsonaro "ha tratado activamente de socavar dichos mecanismos de protección", remarca Amnistía. De hecho, el mandatario cumplió con su promesa de campaña de abrir la Amazonia para ampliar la explotación agricola y minera sobre el territorio.

A lo largo de 2019, el presidente se encargó de denigrar a las organizaciones ambientalistas. Por ejemplo, el 21 de agosto en una declaración a periodistas en el contexto del aumento del 82 por ciento de los incendios forestales en la Amazonia, acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser responsables de esos incendios: "Entonces, puede estar habiendo acción criminal de esos `oenegeros´ para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil. Esta es la guerra a la que nos enfrentamos".

Según el Consejo Indigenista Misionero, entre enero y septiembre de 2019 se registraron 160 invasiones de territorios indígenas, frente a los 109 de todo 2018 y los 96 de 2017. Los homicidios de indígenas también aumentaron, pasando de 110 en 2017 a 135 en 2018, y Amnistía ve una tendencia al alza que hace temer por "cifras sin precedentes" en el balance final de 2019.

"Importantes retrocesos"

Pero Bolsonaro no solo recibió críticas de parte de Amnistía. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acusó al gobierno brasileño de retroceder en materia de medio ambiente y derechos humanos. Bachelet habló en el marco del 43° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.

"La protección de nuestro medio ambiente es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos", declaró Bachelet. En ese sentido, la comisionada lamentó "los importantes retrocesos en las políticas de protección del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas" en Brasil. Para Bachelet, en la tierra de Bolsonaro están proliferando "ataques e incluso asesinatos contra defensores de derechos humanos, muchos de ellos líderes indígenas" en un contexto de retroceso de las políticas de protección de las minorías.

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Manifestante sostiene un letrero que dice "No más Esmad" tras una marcha en Bogotá. 10 de octubre 2019.Luisa Gonzalez / Reuters

En su informe anual, la oficina del Alto Comisionado de la ONU solicitó una reforma urgente al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tras evidenciarse el uso desmedido de la fuerza para reprimir las protestas.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró urgente una reforma al cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia, tras acusaciones sobre el uso desmedido de la fuerza para responder a las protestas contra el Gobierno del presidente Iván Duque. 

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la oficina denunció que algunos miembros del Esmad no han cumplido con las "normas y estándares internacionales" en el uso de la fuerza.

La oficina del ACNUDH también documentó la "privación arbitraria de la vida" de un estudiante de 18 años, así como lesiones oculares o craneales causadas por proyectiles disparados por las fuerzas policiales. 

De igual forma, el organismo indicó que ese cuerpo represivo cometió "actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas".

En ese contexto, la instancia de Naciones Unidas urgió al Estado a iniciar "investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes" sobre los casos de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, e insistió en la necesidad de una "profunda transformación" de ese cuerpo, que pase por la revisión de protocolos de actuación "y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales".

A la par, la organización recomendó restringir "en la mayor medida posible" el uso del Ejército para labores de orden público, y recomendó trasladar la supervisión de las fuerzas de seguridad del Estado al Ministerio del Interior.

Desde el pasado 21 de noviembre iniciaron las protestas en contra del Gobierno de Duque, ante el descontento de sectores estudiantiles, obreros y universitarios. Durante las movilizaciones se denunciaron los excesos por la represión de uniformados del Esmad.

El más crucial fue el asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una manifestación pacífica en el centro de Bogotá. Según Medicina Legal, el elemento que golpeó a Cruz en la cabeza fue un proyectil tipo 'bean bag', disparado por una escopeta calibre 12, un arma convencional usada por el escuadrón antidisturbios.

Pese a la cuestionada actuación de ese cuerpo, el gobierno colombiano presentó a finales del año pasado una política de seguridad que pretendía "reforzar" el Esmad, multiplicando el número de efectivos para "mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación".

Publicado: 27 feb 2020 02:58 GMT

Publicado enColombia
Bomberos apagan un auto incendiado en nueva Delhi en medio de los enfrentamientos.  ________________________________________ Imagen: AFP

Duros enfrentamientos entre hindúes y musulmanes

La normativa aprobada por el Congreso facilita la ciudadanía a inmigrantes irregulares de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes.

Al menos 27 muertos y más de 200 heridos es el saldo de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en la capital india de Nueva Delhi por la flamante ley de ciudadanía. En el inicio del conflicto, el lunes pasado, el jefe de gobierno del estado de Delhi, Arvind Kejriwal, le había pedido al gobierno central que decrete el toque de queda y el despliegue del ejército para prevenir incidentes. La ley aprobada por el Parlamento de la India facilita la nacionalidad para las minorías religiosas llegadas antes de 2015 desde Bangladesh, Pakistán o Afganistán, asumiendo que sufrieron persecución. Al no contemplarlos, los musulmanes creen que la ley es discriminatoria. Luego de varios días, el primer ministro indio Narendra Modi rompió el silencio y le rogó a los habitantes de Delhi que contribuyan a la "paz y armonía" del país. El comienzo de los incidentes coincidió con la primera visita oficial al país del presidente estadounidense, Donald Trump, que concluyó el martes.

La nueva normativa cristalizó el temor de los musulmanes a ser relegados a ciudadanos de segunda categoría, en un país en el que los hindúes representan al 80 por ciento de la población. La violencia se desencadenó cuando un grupo de manifestantes bloqueó la ruta principal del barrio de Jaffrabad, Delhi, como protesta contra la ley aprobada a fines de diciembre del año pasado por el Parlamento. "Cerramos la carretera durante dos días, pero llevamos protestando casi dos meses", explicó una de las mujeres que participaron de la protesta, oculta bajo un largo velo negro y que pidió el anonimato por miedo a represalias.

Hacia el norte se encuentran las áreas más afectadas por la violencia, donde ardieron decenas de tiendas y las calles fueron tomadas por turbas armadas con palos y pistolas. Los problemas más serios empezaron cuando Kapil Misra, líder de la formación nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), organizó una manifestación a favor de la ley muy cerca de la protesta promusulmana de Jaffrabad, y pronunció un discurso incendiario.

"El líder del BJP Kapil Misra trató de llamar a la violencia y la policía no actuó contra los que estaban causando problemas", relató Rahu, un joven del barrio, sobre los inicios del conflicto. Los vecinos acusan a la formación gobernante del primer ministro, Narendra Modi, y al grupo extremista Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) de desatar una verdadera masacre contra los musulmanes.

"La gente estaba cantando Jai Shri Ram ("Gloria al Dios Ram"), no sabemos de dónde vinieron", dijo Rahu. Esa frase se ha convertido en el grito de guerra del nacionalismo hindú. Los vecinos de Nueva Delhi coinciden en denunciar la falta de acción de la policía a la hora de controlar las protestas, que tuvieron lugar al mismo tiempo en que llegaba al país el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de una visita oficial de dos días. Como resultado de la gira oficial, Trump dijo que su país venderá helicópteros militares valuados en más de 3 mil millones de dólares a la India.

Los alcances de la ley

El Parlamento indio había dado luz verde en 2019 a la llamada ley de ciudadanía, una reforma legal que agiliza la nacionalidad de las minorías religiosas que llegaron antes de 2015 desde países como Bangladesh, Pakistán o Afganistán. La norma, tachada por sus detractores como una ley antimusulmana, es la última de una serie de medidas impulsadas por el gobierno liderado por Narendra Modi, un nacionalista hindú, en contra de esta comunidad.

Para Modi, la nueva legislación tiene como objetivo ayudar a los cristianos, sijes e hindúes que han sufrido persecución en tres países con mayoría de población musulmana. Esos grupos minoritarios, que durante años permanecieron sin derechos reconocidos en la India, tendrán ahora una vía automática para conseguir la nacionalidad.

Arvind Kejriwal, jefe de gobierno de Delhi, estado que incluye a la capital, consideró que la situación es "alarmante" y pidió desde un principio que el gobierno de Modi imponga el toque de queda y despliegue a los militares. "A pesar de sus esfuerzos, la policía no logra controlar la situación e restaurar la calma", manifestó Kejriwal. La seguridad en Delhi, territorio que dispone de un estatuto particular, es responsabilidad del gobierno central. 

El primer ministro indio, Narendra Modi, finalmente rompió el silencio y dirigió un mensaje "pacifista" a los habitantes del territorio de Delhi: "La paz y la armonía son fundamentales para nuestro espíritu. Hago un llamamiento a mis hermanas y hermanos de Delhi para que mantengan la paz y la fraternidad en todo momento", dijo Modi, nacionalista hindú, en un mensaje difundido en su cuenta deTwitter. "Es importante que se restablezca la normalidad lo antes posible", agregó el primer ministro, intentando calmar las aguas, un objetivo que por el momento no ha podido cumplir.

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Una vez destruidos los cuerpos y los tejidos sociales hay que destruir la memoria de las víctimas

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de haber conmemorado los 15 años de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005, acto de memoria en el cual nos acompañaron varias representaciones diplomáticas de Europa y Naciones Unidas y grupos solidarios de Colombia, y de haber sentido nuevamente el ambiente viciado que se respira en el largo y tortuoso camino hacia las veredas de Mulatos y La Resbalosa, queremos compartir con el país y el mundo las preocupaciones que nos asedian.

En primer lugar, revivir el dolor de aquella barbarie, como lo hacemos cada año, en lugar de acercarnos cada vez más hacia el olvido, tiene más bien el efecto contrario. Quince años después, cuando la menor intensidad de las lágrimas enturbia menos la visión y permite percibir con mayor nitidez las estructuras actoras del crimen, el sufrimiento se acrecienta al comprobar que continuamos bajo los mismos poderes perversos que en ese momento perpetraron tantos horrores. En estos años ha habido ciertamente victimarios de bajo rango arrepentidos, que han entregado confesiones escalofriantes a los órganos de la justicia transicional, pero esas mismas confesiones y la manera como esos organismos de supuesta “justicia” han recibido sus relatos, nos dejan aún más angustiados. A través de esos relatos queda claro que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, junto con su entorno de jerarquías castrenses, paramilitares y empresariales, que actuaban y siguen actuando en estrecha coordinación, se inventaron la leyenda de que nuestra naciente Comunidad de Paz era una “guarida de guerrilleros”, y con esa convicción, apoyada en falsos y perversos testimonios, encendieron los ánimos de pistoleros fanatizados, sedientos de sangre y de dinero fácil, para destruir una comunidad de campesinos empobrecidos y enemigos de toda violencia que rehusábamos ponernos al servicio de un Estado corrupto, violento y criminal, que consolidaba cada vez más su carácter elitista, excluyente  y opresor.

En los 23 años transcurridos desde nuestra primera Declaración pública como Comunidad de Paz, el Estado y sus pistoleros legales e ilegales, abierta o clandestinamente fusionados, han perpetrado 1500 crímenes de lesa humanidad cuya relación detallada reposa en tribunales internacionales. Y quizás lo más aterrador es la ausencia total de justicia, pues la impunidad absoluta cubre con desvergüenza todos los horrores sufridos. El único crimen que se aventuró por los túneles del aparato judicial colombiano, fue justamente el de la masacre del 21 de febrero de 2005, y ello por el trabajo de abogados y partes civiles solidarias, pues ya desde antes, para nuestra Comunidad, la justicia colombiana no gozaba de la más mínima credibilidad, por lo cual no participamos como Parte Civil. Pero ese expediente se convirtió en el monumento más evidente y vergonzoso de la impunidad. Tanto la primera como la segunda instancia concluyeron absolviendo a los criminales dentro de un total irrespeto y burla a toda norma procesal. Llevado finalmente a demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, gracias a un trabajo de juristas honestos e ilustrados, 10 de los victimarios fueron condenados a más de tres décadas de prisión cada uno, pero en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz, fruto del degradado y envilecido “Acuerdo de Paz”, les tendió la mano para colmarlos de privilegios, en violación flagrante de la misma Ley Estatutaria de la JEP. Así las instituciones judiciales exhibieron, en este caso, su más alto nivel de podredumbre

Este 15° aniversario de una de las masacres más horrendas que han tratado de aniquilarnos como Comunidad de Paz, ha estado contextuado por una campaña de MEMORICIDIO. Desde hace más de un año, la perversa articulación entre gobierno nacional y local, fuerza pública, paramilitarismo y juntas de acción comunal, ha orquestado varias campañas para bloquear los santuarios de la memoria que nuestra Comunidad de Paz ha ido construyendo. Siempre se alega, como pretexto, que el gobierno les ha ofrecido algún proyecto y que no lo pueden despreciar, aunque para realizarlo sea necesario destruir los santuarios de la memoria de las víctimas.

En la ALDEA LUIS EDUARDO GUERRA de la vereda Mulatos Medio, la campaña para que nuestra Comunidad abandone ese lugar, donde fue sacrificado nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y miembros de su familia el 21 de febrero de 2005, lleva ya varios años. Han recurrido incluso a la amenaza armada y en un momento dado nos quisieron hacer creer que la orden de desalojo venía de la Mesa de Negociaciones de las FARC en La Habana, hasta que las mismas FARC desmintieron la versión y sancionaron al supuesto guerrillero que citaba a “negociar” con armas en mano. Luego la Junta de Acción Comunal tomó el relevo de la amenaza, alegando condiciones de la Alcaldía de Apartadó para la donación de una escuela. Actualmente, pasando por encima de todas nuestras denuncias y protestas, han descargado numerosos bultos de arena y de cemento para construir a las malas unas supuestas aulas escolares, en el lugar menos indicado para una institución educativa. Lo importante para ellos es borrar la memoria de nuestras víctimas y lo quieren hacer pisoteando los principios de la Comunidad: han pretendido implantar allí ventas de licor, juegos de azar, competencias y peleas de gallos, es decir, diversiones que embrutecen y arrasan con los valores de sana convivencia.

Algo similar ha ocurrido en la vereda La Unión, donde el 8 de junio de 2000 el ejército con sus paramilitares ejecutó a 6 de nuestros líderes de la manera más cruel. En el mismo sitio donde quedaron sus cuerpos ensangrentados, nuestra Comunidad construyó un memorial físico lleno de simbolismos. Ahora la Junta de Acción Comunal amenaza con destruir el monumento, alegando que la Alcaldía les ha prometido construirles una placa polideportiva en el mismo sitio, lo que para ellos es prioritario, expresando al tiempo el desprecio absoluto por la memoria de los mártires.

Lo que más nos duele en todas estas controversias es que nuestra sociedad civil ha ido perdiendo o perdió ya del todo sus valores éticos. La memoria de las víctimas ya no tiene carácter sagrado. Lo que tiene carácter sagrado son las migajas de ayudas financieras que el Estado nacional o local les ofrece; o quizás lo más sagrado sea la relación politiquera con los poderes de turno; o quizás lo más sagrado sea el deporte que educa en la competitividad, que es el alma de las sociedades neoliberales insensibles a los problemas sociales pues sacralizan el triunfo egoísta de uno sobre los demás; o quizás lo más sagrado seas los espacios donde se cumplen los rituales de una educación que transmite valores elitistas y antisociales y enseña a someterse con servilismo a lo que se presenta como las últimas modas o tecnologías creadas por los modernos imperios.

Pero para poder pisotear los valores éticos, las diversas autoridades y sus secuaces han tenido que volverle la espalda a las mismas normas legales que el Estado ha redactado y promulgado, quizás bajo la presión de los organismos humanitarios internacionales. En efecto, en el Decreto 1800 de 2011 (decreto reglamentario de la Ley de Víctimas), el mismo gobierno de entonces estableció normas muy claras en defensa de la MEMORIA HISTÓRICA, que ahora violan los alcaldes, la fuerza pública, los paramilitares y las juntas comunales en sus campañas de Memoricidio.

En su artículo 170, dicho decreto define la reparación simbólica como “los actos o las obras de repercusión pública dirigidos a la construcción o recuperación de la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social”.  Por ello ordena que los órganos del Estado concierten con las víctimas el tipo de medidas y “el lugar en el cual se deben ejecutar” (art. 171).  Incluso en el artículo 184 se ordena al Comité creado para ello que debe “coordinar actos conmemorativos en los que se acepte, reconozca y repudie las conductas que involucran graves violaciones a los derechos humanos … y pedir perdón público a las víctimas (…) actos que deben realizarse preferiblemente en el lugar donde acontecieron los hechos victimizantes, donde se encuentran las víctimas afectadas por los hechos que se reconocen o en el lugar reconocido por las mismas víctimas como escenario de vulneración de sus derechos” (art. 184, parágrafo 1)

El artículo 186 afirma, además: “La memoria histórica es patrimonio público (…) El Centro de Memoria Histórica apoyará iniciativas públicas y privadas que autónoma e independientemente aporten a su reconstrucción en perspectiva de consolidación de garantías de no repetición, de reconciliación y de sostenibilidad del legado de los emprendimientos sociales de las víctimas”.  Por eso el artículo siguiente (187) ordena: “las autoridades públicas no censurarán los resultados de los procesos de memoria histórica construidos en el marco de la Ley 1448/11 y cumplirán con su deber de memoria histórica”.

Al referirse a los sujetos de reparación colectiva, el mismo decreto en su artículo 223 los define como: “grupos y organizaciones sociales, sindicales y políticas y las comunidades que hayan sufrido daños colectivos en los términos del artículo 3 de la Ley 1448/11”. A ellos se refiere el artículo 225 al señalar como objetivos del programa de reparación colectiva éstos: “reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados. Las acciones del programa deben orientarse a la vinculación de las medidas de reparación con el reconocimiento de las víctimas, las violaciones y los impactos y daños en ellos producidos (…) a la reconstrucción del tejido social y cultural de los sujetos colectivos (…) a la construcción de memoria histórica como aporte al derecho a la verdad del que son titulares los sujetos de reparación colectiva”.

También en el Decreto 303 de 2015, enfocado al problema de las desapariciones forzadas, el artículo 53 establece que el Gobierno Nacional declare como SANTUARIO DE LA MEMORIA “el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones”.  En esos sitios se erigirán monumentos en honor a los desaparecidos. Dicho decreto establece además que: el Gobierno Nacional por medio de varias de sus instituciones, los familiares de las víctimas y la comunidad, “definirán las características del monumento que se erigirá en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de recordar”.

En el artículo 55 del mismo Decreto se prohíbe “intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria, salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente”.

Cualquiera percibe que, si la sola sospecha de que en esa zona pueda estar sepultado el cuerpo de un desaparecido lleva a una declaratoria del lugar como “Santuario de la Memoria”, con mucha mayor razón, según el espíritu de esta ley, los lugares donde hay certeza de que allí fueron sacrificadas las víctimas tienen que ser declarados SANTUARIOS DE LA MEMORIA y no podrán ser alterados sino para dignificar más la memoria de las víctimas.

Este recuento de normas que supuestamente están vigentes, nos muestra claramente el nivel de ignorancia o voluntario desconocimiento y desacato que las mismas autoridades tienen respecto a ellas. Esto no nos extraña, pues durante más de 10 años hemos experimentado cómo la Corte Constitucional le ha dado órdenes perentorias al Presidente, a los Ministros de Defensa, a los comandantes militares, exigiéndoles que nos entreguen los nombres de quienes estaban en los lugares y fechas de los crímenes más atroces y todos han desacatado esas órdenes, una y otra vez, de manera contumaz, y sin embargo siguen afirmando que “este es un Estado de Derecho”. Lo que niegan rotundamente con sus procedimientos.

Cuando nos desplazamos a la vereda Mulatos para la conmemoración del 15° aniversario de la masacre, los paramilitares con sus espías o “puntos” nos siguieron por todas partes. Pudimos comprobar una vez más que la región sigue bajo control paramilitar estricto gracias a la tolerancia y aquiescencia, activa y pasiva, de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, las autoridades siguen afirmando que “el paramilitarismo no existe”. La hipocresía y capacidad de mentira de nuestro Estado no tiene límites. Así, el pasado  28 de septiembre, cuando el Comandante de la Brigada XVII, Coronel Carlos Padilla, presidió un supuesto acto de desagravio, ordenado por un tribunal, dirigido a los familiares de las víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2005, no reconoció la enorme criminalidad del ejército en ese crimen y en todos los demás centenares de crímenes de su contexto, y afirmó: “Doy fe de que el ejército continuará con la firme convicción de mantener y garantizar las condiciones de libertad y democracia que todos ustedes como pueblo colombiano nos demandan”.  Una ceguera profunda y un cinismo sin límites le impidió reconocer que nunca han garantizado condiciones de libertad y democracia sino todos sus contrarios: han garantizado genocidio, asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y perversas, bombardeos, saqueos, incineración de viviendas y cultivos, desplazamientos, asaltos a mano armada, robos, calumnias, campañas de difamación y estigmatización etc. Por añadidura, calificó a las víctimas de tan atroz terrorismo de Estado como “víctimas del conflicto armado”, como olvidando que justamente las victimizaron por definirse como absolutamente ajenas al conflicto armado.

En las últimas semanas se vienen divulgando panfletos que pretenden ocultar o negar de antemano la responsabilidad de los paramilitares en los crímenes anunciados. Se dice que el ELN ha llegado a la zona, lo cual no es muy creíble, y que otras disidencias de las guerrillas se están enfrentando en la zona. Incluso en la noche del 18 de febrero hubo disparos en el caserío de San José bajo el pretexto de ahuyentar a alguna unidad del ELN. Todo muestra que los paramilitares están buscando crear fantasmas para atribuirles sus próximas acciones violentas y desviar la atención de ellos mismos.

Nuestra Comunidad de Paz quiere expresar nuevamente su gratitud a todas las personas, grupos y comunidades que desde muchos rincones de Colombia y de otros países nos apoyan con su fuerza moral y que en estos días se han manifestado de manera muy especial, recordando la masacre del 21 de febrero de 2005, conscientes de que para nuestra Comunidad es una herida que nunca se sana. A ellas y ellos nuestros agradecimientos sinceros.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 25 de 2020

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Febrero 2020 06:13

El síndrome de Popeye

El síndrome de Popeye

 “Hay una cultura mafiosa incrustada en el ADN de la sociedad colombiana, una cultura gangsteril que se ha expresado en la política. […] Tenemos un narco estado, una narco democracia. Aquí ha habido presidentes que llegaron a la Casa de Nariño por el narcotráfico, ha habido presidentes con vínculos directos con Pablo Escobar, el Congreso ha contado en estas décadas con decenas de representantes del narcotráfico y, eso, indudablemente se ha trasladado a los medios de comunicación que han ido involucrando en su actividad diaria una idea de país que tiene mucho que ver con la cultura mafiosa”.

Karen Méndez Loffredo, “Popeye era el payaso del Cartel de Medellín”, en https://mundo.sputniknews.com/america-latina/

El 6 de febrero murió en la ciudad de Bogotá, John Jairo Velásquez, alias Popeye, un asesino que había sido sicario a sueldo de Pablo Escobar y, con orgullo cínico, había contado con detalle muchos de sus numerosos crímenes. Luego de su muerte, el general Eduardo Enrique Zapateiro manifestó su pesar por lo que consideró, de una forma implícita, como una lamentable noticia: “Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado. Estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 1993, decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye, somos seres humanos, somos colombianos».

Esta apología de un criminal nato por parte del comandante activo del Ejército de Colombia no ha sido ningún lapsus lingüístico, ni una apreciación apresurada, ni un comentario anecdótico. Es, por el contrario, una clara expresión de lo que podemos denominar el Síndrome de Popeye, una patología criolla que podría resumirse con el lema “gran parte de los colombianos lleva un paraquito y un traquetico en su corazón”. Recordamos que, según la RAE, por síndrome pueden entenderse dos cosas: primero, un “conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado” y, segundo, un “conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”. Las dos acepciones del término se aplican al pie de la letra al caso colombiano, donde una buena parte de la población padece el Síndrome de Popeye, como lo evidencian las declaraciones antes citadas de un general activo, del más alto rango en la jerarquía castrense.

El síndrome de Popeye, ese mal que carcome a nuestra sociedad, se ha convertido en un nuevo sentido común de la colombianidad (cuyo lema favorito es “Colombia es pasión”) que reúne los peores atributos gansteriles del capitalismo (o capitalismo gore, sangriento), entre los cuales pueden nombrarse el arribismo, el culto al dinero y a los poderosos, el desprecio a los pobres y a los trabajadores (el clasismo), la reducción de la mujer a un objeto sexual y su degradación como ser humano (sexismo, misoginia, machismo), el racismo, el culto a la violencia y a la muerte, el rechazo visceral a izquierda, democracia o reivindicaciones sociales (sustentado en un descarnado anticomunismo), el desprecio por el saber y la cultura letrada, la apología de lo ordinario y vulgar, del ruido, del escándalo, de la ostentación… En breve, es una sumatoria de dinero, violencia, arribismo e impunidad, como lo ejemplifican los personajes que se han hecho dominantes en la sociedad colombiana, entre ellos los futbolistas, cantantes (masculinos y femeninos), politiqueros, gente de la farándula, presentadores de televisión…

Esta patología colombiana, que ya se exporta a nivel mundial no sin cierta dosis de orgullo chovinista, como lo ejemplifican las brillantes intervenciones de Iván Duque en destacados foros culturales y diplomáticos (Unesco, ONU), no ha caído del cielo, no es un castigo divino, ni tampoco está en los genes de los colombianos. Es un resultado de múltiples factores, que ameritan una explicación histórica, que nos remite a los últimos 35 años de nuestra tragedia, momento en el que confluyen varios factores, tales como la emergencia y consolidación del empresariado capitalista de la cocaína (mal denominado como narcotraficantes), importantes luchas sociales y movilización popular que va a ser ahogada a sangre y fuego por el paramilitarismo, promovido, organizado y financiado por una alianza siniestra de los Estados Unidos (a través de sus socios ingleses e israelitas) con el Estado colombiano e importantes sectores de las clases dominantes de este país.

Eso se fraguó en la zona antioqueña del Magdalena Medio y se puso en práctica inicialmente en el submundo de Medellín, en donde el culto al dinero, con una violencia sádica, el exterminio de los que eran vistos como estorbo (profesores, estudiantes, sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, militantes de izquierda…) se convirtió en la norma de identificación de ese sector que luego dominó la economía, la sociedad y la política colombiana. La figura prototípica que encarnó como nadie ese nuevo modelo fue el capo Pablo Escobar Gaviria, al lado del cual se formaron criminales como Popeye. Y Escobar creó un entorno delincuencial que fue acogido en las altas esferas del Estado y las clases dominantes, que transformó el capitalismo colombiano, para darle un impulso duradero a ese comportamiento gansteril, y a la estética traqueta que lo caracteriza.

Aunque Pablo Escobar murió en 1993 su legado criminal se ha mantenido desde entonces, alimentado por varias fuentes, entre ellas la del político del entorno del Cartel de Medellín que llegó a ser gobernador de Antioquia y luego presidente del país, y la de los medios de desinformación (Caracol, RCN, El Tiempo, Semana…) que se han encargado de presentar a los criminales como héroes y ejemplos a imitar. Se construyó en Colombia, como resultado de los procesos antes señalados, un capitalismo gore (esencialmente criminal), cuyo sentido común lo forjó Pablo Escobar, lo legitimó el uribismo y lo expresa como uno de sus principales símbolos el sicario Popeye.

No por casualidad este individuo se regodeaba, con un sadismo inocultable, de sus múltiples asesinatos y acciones criminales, que muestran con toda crudeza los síntomas de ese Síndrome que se ha impuesto en la sociedad colombiana. Algunos de sus rasgos son evidentes, vistos a través de algunas de afirmaciones y acciones. Primero su presencia en la sociedad colombiana, como si hubiera sido un gran pensador, lo cual fue posible por la difusión consciente por parte de los grandes medios de desinformación, en la que en este caso se lleva las palmas Caracol, que le hizo una serie de televisión con el nombre de JJ y la que alcanzó los máximos raftings en sintonía. Esa serie es una apología del crimen que le dio popularidad a un vulgar sicario, que al mismo tiempo se presentaba como un youtuber y twitero, y cuanta estupidez se le ocurría era amplificada por medios como Caracol y compañía. Esta es una cota muy elevada de exhibición de la cultura traqueta, en la que la televisión comercial ha jugado un papel de primer orden. Tanto que puede decirse que en la TV colombiana se han institucionalizado dos programas: El Minuto de Dios (una concesión perpetua a los curas eudistas, a los que pertenecía Rafael García Herreros, quien llamaba a Pablo Escobar “Pablito” y de quien recibió dinero) y La Hora Traqueta, para series y telenovelas donde se engrandece a los narcos y sus sicarios.

Otro rasgo de Popeye es la obediencia al Patrón (como llamaban a Pablo Escobar), una reminiscencia del poder de los grandes hacendados y latifundistas que desde el siglo XIX han dominado este país. Esa sumisión llega al extremo de matar solo por cumplir los designios del Patrón y por eso al pueblo colombiano se le ha querido imponer (y lo han logrado en importantes sectores de la sociedad) la sumisión, la obediencia, la resignación ante el poder de capos y gamonales, bien sean traquetos declarados o encubiertos, como los que han alcanzado hasta la presidencia de la República. Y por ello mismo Popeye los adoraba a los dos, al Patrón del Cartel de Medellín y al Patrón del Centro Demoniaco (el heredero del primero), lo que indica que tras la muerte de Escobar, Popeye simplemente cambió de Patrón.

Pero, de lejos el rasgo más detestable de Popeye y le genera más popularidad, es su encarnación de la violencia, en el sentido de expresar el poder que da la impunidad de los ricos y opulentos (como el propio Escobar), que disponen de la vida de los demás, como si fueran de su propiedad. Que un individuo se regodee, como si fuera un gran orgullo, de haber matado en forma directa a 300 personas y de haber participado en la muerte de 3000, es un indicador de lo que es un sicópata. Lo preocupante radica en que esa violencia bestial en lugar de generar un rechazo social, le granjeó afectos y amistades de colombianos comunes y corrientes, para quienes representa el macho, el duro, el despiadado, como ejemplo a seguir y a imitar. Tanto así que ahora ese rasgo de violencia caracteriza el comportamiento de muchos políticos colombianos, uno de los cuales se destaca por haber justificado el asesinato de miles de colombianos, masacrados bajo la denominación de falsos positivos y el sub presidente avala el bombardeo criminal en el que fueron masacrados 18 niños.

Otro rasgo de Popeye que se ha convertido en norma en la sociedad colombiana es el desprecio a las mujeres, reducidas a un puro objeto sexual, vilipendiadas como seres humanos y sometidas a la violencia, por ser consideradas como inferiores. Al respecto el hecho más despreciable en términos de humanidad, pero más apreciado como muestra del machismo criminal, fue el asesinato por parte de Popeye de su propia novia, para cumplir las órdenes de Pablo Escobar y demostrar su sumisión incondicional a la lógica patriarcal, que genera un feminicidio diario, que poco nos avergüenza y se ha hecho dominante en la vida cotidiana de los hogares colombianos, sin importar la clase social.

Desde el punto de vista político la expresión más evidente del Síndrome de Popeye es el odio a lo que huela a izquierda, reivindicaciones sociales y mejora de las condiciones de vida de la población pobre. Para enfrentar cualquier proyecto medianamente reformista que se atreva a cuestionar el orden terrateniente-financiero-paramilitar dominante en nuestro país, Popeye nunca ocultó que lo combatiría a sangre y fuego, como cuando anunció que “si al poder de Colombia llega la izquierda, armará su ejército de extrema derecha para defenderla”. Y en otra ocasión por las redes sociales dijo: “Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión”.

Afirmaciones traquetas como la anterior, que se han convertido en la jerga cotidiana de los políticos del establecimiento y de gran parte de la mal llamada “opinión pública”, no son solo amenazas. Son algo peor, la justificación de lo que se ha hecho en este país, por el conjunto de las clases dominantes y el Estado (bloque de poder contrainsurgente) en los últimos 70 años, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Lo sintomático, además, es que ese comportamiento criminal, propio del miedo a la democracia que profesan los viejos y nuevos ricos y sus sicarios, se ha convertido en una suerte de sentido común político de un numeroso sector de colombianos, para los cuales el asesinato, la desaparición y persecución de aquellos que piensen distinto está más que justificado. No por azar, Popeye participó como un vocero de la extrema derecha en el referéndum de 2016, apoyando abiertamente el no y también respaldó a Duque en la campaña presidencial.

Otro síntoma esencial del Síndrome de Popeye es el clasismo, irradiado desde las altas esferas del poder político y económico que supone el desprecio a los pobres, campesinos, trabajadores, indígenas, mujeres humildes… para venerar a los ricos y poderosos (nuevos y viejos), y exaltar el dinero, en medio de una morbosa exhibición del lujo y un desprecio por los que nada tienen.

Ha sido otro militar, en esta caso retirado, el ex general Mario Montoya quien ha mostrado este clasismo cuando refiriéndose a los asesinatos (denominados eufemísticamente como “falsos positivos”) en los que está involucrado, para librarse de responsabilidades sostuvo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los culpables de esos crímenes son los soldados rasos: “Hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro. Nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil, doctora”. Aparte del clasismo que destila esta afirmación, ahora resulta que los responsables de los asesinatos, preparados desde las altas cumbres del poder político y militar del que Montoya formaba parte, son los pobres. ¡Bonita forma de lavarse las manos, por lo demás untadas de sangre, de un “héroe de la patria” carcomido por el Síndrome de Popeye!

Esta tampoco es una declaración apresurada o no pensada de un militar (como la del Comandante del Ejército), es por el contrario una muestra representativa del clasismo imperante en este país, donde cunde el desprecio por los pobres y desvalidos, los cuales para quienes padecen el Síndrome de Popeye, son los nadies, como diría Eduardo Galeano, “que cuestan menos que la bala que los mata”.

En conclusión, el Síndrome de Popeye perdura más allá de la reciente muerte física del sicario del Cartel de Medellín, puesto que es un virus que se ha proyectado por la sociedad colombiana durante los últimos veinte años, impulsado desde la Casa de Narquiño por un finquero paisa que, como heredero de Pablo Escobar, alcanzó la presidencia de la República. Ese virus ha inoculado a importantes sectores de la población con su culto a la patria, la familia, la venganza, el odio, la brutalidad, la ostentación, la impunidad, a los sicarios y matones (tanto del país como del exterior y de ahí su admiración por criminales de la talla de Donald Trump y los sionistas del Estado de Israel). Como lo ha dicho Omar Rincón, Popeye es “como los políticos, los abogados, los expresidentes, los empresarios, los emprendedores, los críticos, los periodistas y, más aún, la farándula”. Todos ellos expresan la estética traqueta, de origen paisa, que se basa en ser gritón, violento, y “derechoso, religioso y finquero”

Desde luego, no todos los colombianos padecen el Síndrome de Popeye y porciones significativas de la población que lo han soportado ya están encontrando la cura que los libre de tan peligroso virus, más destructivo que el coronavirus, como se ha expresado en la extraordinaria movilización de fines del año anterior, porque como dice el dicho no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Eso también se aplica al Síndrome de Popeye que empieza a borrarse en grandes sectores de la sociedad urbana colombiana, que han empezado a romper con el paramilitarismo de los uribeños, cuya hegemonía está seriamente cuestionada después de 20 años de su dominio criminal.

Por Renán Vega Cantor | 26/02/2020 

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«Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un problema de hombres y mujeres»

Entrevista a Rita Segato, antropóloga e investigadora

 

Rita Segato es doctora en Antropología e investigadora. Es, probablemente, una de las pensadoras feministas más lúcidas de esta época. Y tal vez de todas las épocas. Ha escrito innumerables trabajos a partir de su investigación con violadores en la penitenciaría de Brasilia, como perito antropológico y de género en el histórico juicio de Guatemala en el que se juzgó y condenó por primera vez a miembros del Ejército por los delitos de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres mayas de la etnia q’eqchi, y fue convocada a Ciudad Juárez a exponer su interpretación en torno a los cientos de femicidios perpetrados en esa ciudad. Su currículum es largo e impresionante.

Más allá de todo prejuicio escandalizador, Segato ha propuesto una mirada profunda sobre la violencia letal sobre las mujeres, entendiendo a los femicidios como una problemática que trasciende a  los géneros para convertirse en un síntoma, o mejor dicho, en una expresión de una sociedad que necesita de una “pedagogía de la crueldad” para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es decir todos esos elementos que se convierten en obstáculo en un capitalismo “de rapiña”, que depende de esa pedagogía de la crueldad para aleccionar. Es, en ese sentido, que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, pero que también se extiende a crímenes homofóbicos o trans, todas esas violencias “no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la política, de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza” (*). En esos cuerpos se escribe el mensaje aleccionador que ese capitalismo patriarcal de alta intensidad necesita imponer a toda la sociedad.

No es tarea sencilla entrevistar a Rita, que es una especie de torbellino, capaz de enlazar con extrema claridad y sutileza los argumentos más complejos. Se toma su tiempo para responder, analiza cada pregunta, la desgrana, profundiza y vuelve a empezar con una vuelta de tuerca sobre cada concepto. Tiene su propio ritmo y seguirlo puede ser un desafío.

—En el marco del alarmante crecimiento de los casos de violencia de género, ¿podría profundizar en el concepto que desarrolló de que la violencia letal sobre la mujer es un síntoma de la sociedad?

—Desigualdad de género, control sobre el cuerpo de la mujer, desde mi perspectiva, hay otras feministas que no coinciden, acompañan la historia de la humanidad. Sólo que, contrariamente a lo que pensamos y a eso que yo llamo prejuicio positivo con relación a la modernidad, imaginamos que la humanidad camina en la dirección contraria. Pero los datos no confirman eso, al contrario, van en aumento. Entonces tenemos que entender cuáles son las circunstancias contextuales e históricas. Una de las dificultades, de las fallas del pensamiento feminista es creer que el problema de la violencia de género es un problema de los hombres y las mujeres. Y en algunos casos, hasta de un hombre y una mujer. Y yo creo que es un síntoma de la historia, de las vicisitudes por la que pasa la sociedad. Y ahí pongo el tema de la precariedad de la vida. La vida se ha vuelto inmensamente precaria, y el hombre, que por su mandato de que por su mandato de masculinidad, tiene la obligación de ser fuerte, de ser el potente, no puede más y tiene muchas dificultades para poder serlo. Y esas dificultades no tienen que ver como dicen por ahí, porque está afectado por el empoderamiento de las mujeres, que es un argumento que se viene utilizando mucho, que las mujeres se han empoderado y que los hombres se han debilitado por ello y por lo tanto reaccionan así… No. Lo que debilita a los hombres, lo que los precariza y los transforma en sujetos impotentes es la falta de empleo, la inseguridad en el empleo cuando lo tienen, la precariedad de todos los vínculos, el desarraigo de varias formas, el desarraigo de un medio comunitario, familiar, local… en fin, el mundo se mueve de una manera que no pueden controlar y los deja en una situación de precariedad, pero no como consecuencia del empoderamiento de las mujeres, sino como una consecuencia de la precarización de la vida, de la economía, de no poder educarse más, leer más, tener acceso a diversas formas de bienestar. Y eso también va en dirección de otra cosa que vengo afirmando: que hay formas de agresión entre varones que son también violencia de género.Yo afirmo que los varones son las primeras víctimas del mandato de masculinidad. Con esto no estoy queriendo decir que son víctimas de las mujeres, y quiero dejarlo bien en claro porque se me ha entendido de una manera equivocada muchas veces. Estoy diciendo que son víctimas de un mandato de masculinidad y una estructura jerárquica como es la estructura de la masculinidad. Son víctimas de otros hombres, no de las mujeres. Y esto también quiero dejarlo en claro, no es que el hombre se volvió impotente porque las mujeres se potencian, sino que se volvió impotente porque la vida se volvió precaria y los deja impotentes.

—Muchas mujeres reciben esta violencia como algo normal. ¿Por qué?

—Por eso, sobre todo en España, al principio, cuando en las primeras campañas por los derechos de la mujer empezaron a aparecer estas mujeres golpeadas en la televisión, fue muy fuerte y causó mucho impacto. Plantear que la violencia doméstica es un crimen creo que fue el mayor avance de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), es decir, que algo que es una costumbre puede ser un crimen. Es dificilísimo sobre todo en el campo del derecho dar ese paso, porque el derecho es como la santificación de todo lo que es la costumbre como ley. Pero la Cedaw dice: esta costumbre es un crimen, no puede ser transformada en ley. En ese caso de la violencia doméstica, de las violaciones domésticas se ha marchado en el camino de comprender que es un crimen. Ahora, lo que nos da a nosotros una pauta, una luz para entender mejor todo ese tema, es que cuando hay un óbito, cuando aparece un cuerpo, un asesinato de mujer nunca fue natural, ni antes ni ahora ni nunca. Y ahí vemos que hay una dificultad del derecho y del Estado en ganar terreno en este campo. Porque, sin ninguna duda, están en aumentando cada vez los feminicidios, ese verdadero genocidio de mujeres que estamos viviendo, de varias formas. Y eso lo sabemos porque ya hay más de 10 años de estadísticas en la mayor parte de los países.  Y además el avance en lo legal y lo forense respalda esta afirmación.

—Usted plantea que la violación es un acto disciplinador, un crimen de poder. ¿Qué se juega el agresor sexual en esos casos?

—Bueno, ese concepto es de altísima complejidad. Le cuesta mucho a la sociedad comprender a qué apunto. Mucha gente de bien, muy moral, saltó contra esto e intenta rápidamente diferenciarse de ese sujeto que considera anómalo, criminal, inmoral, en fin todo lo malo que se deposita en ese sujeto, en ese chivo expiatorio que es el agresor… y los otros hombres se salvan y dicen yo no soy eso. Yo eso lo pongo bajo un signo de interrogación. Yo creo que aquel último gesto que es un crimen, es producto de una cantidad de gestos menores que están en la vida cotidiana y que no son crímenes, pero son agresiones también. Y que hacen un caldo de cultivo para causar este último grado de agresión que sí está tipificado como crimen… pero que jamás se sucedería si la sociedad no fuera como es. Se sucedería en un psicópata, pero la mayor cantidad de violaciones y de agresiones sexuales a mujeres no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que practica la agresión de género de mil formas pero que no podrán nunca ser tipificadas como crímenes. Por eso mi argumento no es un argumento antipunitivista de la forma clásica, en el sentido de que no se debe punir o sentenciar. Sí tiene que haber leyes y sentencias que sólo algunas veces llegan a materializarse. Pero en nuestros países sobre todo, en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, de todos los ataques contra la vida, no solamente los de género sino de todos en general, los que llegan a una sentencia son una proporción mínima.  La eficacia material del derecho es ficcional, es un sistema de creencias, creemos que el derecho lleva a una condena. Pero claro que tiene que existir, el derecho, todo el sistema legal, el justo proceso y la punición. Lo que yo digo es que la punición, la sentencia no va a resolver el problema, porque el problema se resuelve allá abajo, donde está la gran cantidad de agresiones que no son crímenes, pero que van formando la normalidad de la agresión. Ninguno tomaría ese camino si no existiera ese caldo de cultivo.

—¿Y por qué algunos hombres toman ese camino y otros no? Porque si es un problema social ¿no afectaría a todos por igual?

—Y bueno, porque somos todos diferentes… yo no te puedo responder eso. Lo que sí te puedo asegurar es que los índices serían muchos menores si atacáramos la base, o sea, el hábito, las prácticas habituales. Tampoco hablo de una cultura de la violación, porque se habla mucho de eso, sobre todo en Brasil. Se habla mucho de una cultura violadora. Está bien, pero cuidado con la culturalización, porque el culturalismo, en el abordaje de estos temas, le da un marco de «normalidad», de costumbre. Como se hace con el racismo por ejemplo… es una costumbre. Yo tengo mucho miedo a esas palabras que terminan normalizando estas cuestiones.

—En relación a este tema, sobre que la violación es un crimen de poder, disciplinador, eso ¿se juega de la misma manera en el caso de los abusos de menores? Ya que generalmente los niños son abusados en su mayoría en las relaciones intrafamiliares o por integrantes de sus círculos cercanos, ¿se puede hacer una misma lectura o es distinto el análisis? 

—Yo creo que es un análisis distinto, porque ahí si entra la libido de una forma en que yo no creo que entra en las violaciones de mujeres. Yo no he investigado mucho ese tema, lo que sí puedo decir al respecto es que el agresor, el violador, el asediador en la casa lo hace porque puede. Porque también existe una idea de la paternidad que proviene de una genealogía muy antigua, que es el pater familias, como es en el Derecho Romano, que no era como lo concebimos hoy, como un padre, una relación parental. Sino que el padre era el propietario de la mujer, de los hijos y de los esclavos, todos en el mismo nivel. Entonces eso que ya no es más así, pero que en la genealogía de la familia, como la entendemos, persiste… la familia occidental, no la familia indígena. Pero sí la familia occidental, que tiene por debajo en sus orígenes la idea de la dueñidad del padre. Entonces, eso aun está muy patente. Tengo estudiantes que han trabajado este tema. Por ejemplo, el caso de un pastor evangélico que violaba a todas sus hijas, y lo que sale de ese estudio es que el hombre, en su interpretación, era dueño de esos cuerpos. Eso es algo que no está más en la ley, pero sí en la costumbre. Y el violador también es alguien que tiene que mostrarse dueño, en control de los cuerpos. Entonces el violador doméstico es alguien que accede a esos cuerpos porque considera que le pertenecen. Y el violador de calle es alguien que tiene que demostrar a sus pares, a los otros, a sus compinches, que es capaz. Son variantes de lo mismo, que es la posesión masculina como dueña, como necesariamente potente, como dueño de la vida.

—En su experiencia, ¿el violador se puede recuperar de alguna forma, con la cárcel o con algún tratamiento?

—Nunca vi un trabajo de reflexión, no lo podemos saber porque el trabajo que debemos hacer en la sociedad que es primero entender y luego reflexionar nunca fue hecho. Sólo después de hacer el trabajo que está pendiente todavía de hacer en el sistema penitenciario, podemos llegar a ese punto. No hay elementos suficientes. No estoy hablando de psicópatas. Porque, a diferencia de lo que dicen los diarios, la mayor parte de las agresiones sexuales no son perpetradas por psicópatas. Los mayores perpetradores son sujetos ansiosos por demostrar que son hombres. Si no se comprende qué papel tiene la violación y la masacre de mujeres en el mundo actual, no vamos a encontrar soluciones.

Quedan pendientes tantos temas… hablar, por ejemplo, sobre el papel de los medios que, según sus propias palabras, colaboran con exhibir públicamente la agresión a las mujeres hasta el hartazgo, haciendo de la victimización de las mujeres un espectáculo de fin de tarde o después de misa, reproduciendo hasta el hartazgo los detalles más morbosos y funcionando así como el «brazo ideológico de la estrategia de la crueldad»….  Esos y tantos otros. Será en otra oportunidad. La estaremos esperando.

Por Alejandra Ojeda Garnero | 26/02/2020 | 

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El encendido discurso de Mon Laferte en Viña del Mar

El público acompañó su show con cánticos contra la represión y el gobierno de Piñera 

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. No todo el mundo sabe lo que es cagarse de hambre de verdad, y sé que yo ahora tengo privilegios". De esta manera, la cantante Mon Laferte sentó posición este lunes a la noche en Viña del Mar sobre lo que ocurre en Chile con la represión del gobierno de Sebastián Piñera. La artista de 36 años usó para expresarse el escenario del tradicional festival de la canción.

 “Todo el mundo me decía que tenía que cancelar, que no se podía hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales y violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido”, dijo en medio de una ovación imparable. “Me enteré de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile”, lanzó en medio de una rechifla y el grito de “¡Asesinos!” de la tribuna y “¡El que no salta es paco!”, consigna a la que se plegó. “Me querían citar a declarar por un delito, pensé que era una broma y hasta hace un momento estaba con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?” En ese momento, la tribuna, conocida como “El Monstruo”, se unió en una consigna: “¡No estás sola!”

“Yo solamente había dado una entrevista, tuve miedo pero me he sentido súper valiente. Lo único que sé hacer es cantar, tuve que empezar a trabajar de chiquita”, agregó sobre su infancia de muy pocos recursos. Recordó un consejo de su abuela: “Tienes que trabajar mucho y me lo tomé en serio para no fallarle a ella y a mi familia, y aquí estoy”.

Laferte ha sido muy crítica del accionar del gobierno conservador desde que empezaron las protestas en octubre del año pasado. Ya se había expresado en noviembre, en los momentos de mayor violencia, cuando concurrió a la entrega de los Grammys latinos con la frase “En Chile torturan, violan y matan” escrita en su cuerpo, al tiempo que ingresaba a la ceremonia en topless.

La artista de 36 años se llevó una Gaviota de oro y otra de plata, tal como había ocurrido en la edición de 2017 del festival, pero no obtuvo la de platino. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, difícil, a modo significativo yo voy a entregar mi gaviota”, anunció al recibir una de las estatuillas. “Yo no quería venir a celebrar un festival. Se la voy a dar a alguien que necesite. El cariño ya me lo llevo. Esto no es una ofensa, para nada”, añadió.

Antes, su show musical fue arrollador e incluyó la presencia en el escenario de unas cincuenta mujeres, vestidas con trajes típicos. "Es tan difícil tener espacios en los escenarios para las mujeres que yo dije: 'Voy a invitar a todas mis amigas poderosas, que yo admiro'", anunció Laferte al hacerlas subir. Luego, cantó dos cuecas junto a ellas.

De este modo, el Festival no fue ajeno de ningún modo a lo que vive Chile. Y Laferte no fue la única. Ricky Martin llegó a Chile para actuar en Viña del Mar y pidió a los chilenos "exigir lo básico, los derechos humanos". Además, el humorista Stephan Kramer habló de los jóvenes que defienden a los manifestantes de la represión policial y que son conocidos como “primera línea”. La presencia de Kramer marcó un record histórico de 57 puntos de rating. 

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Un grupo de los 815 desplazados en Ituango, Antioquia. CORTESÍA CCEEU

El éxodo evidencia la crítica situación humanitaria de Ituango, en el noroccidente del país, de la que el Gobierno estaba informado

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz - Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un "traslado" escalonado y "con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC" en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 FEB 2020 - 03:59 COT

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