Israel-Palestina, más cerca de un estado binacional


Israel está trabajando en la dirección de crear un estado binacional con los palestinos de Cisjordania. Esta idea, que inicialmente solo defendían los colonos judíos, con el tiempo ha ido ganando terreno en todas las capas del estado judío.

Hace solo unos días, las fuerzas de ocupación israelíes evacuaron un asentamiento salvaje de colonos judíos en Cisjordania. Acontecimientos como este ocurren muy de tanto en tanto y no tienen mayor trascendencia en el conjunto del conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, a los dos días se supo que el primer ministro Benjamín Netanyahu había ordenado al ejército que, a pesar de la orden judicial, no se procediera con esa evacuación, que finalmente se realizó por el error de un jefe militar que omitió la orden de Netanyahu.


La expansión colonial israelí se acrecienta día a día. No solo se construyen cada año miles y miles de viviendas en las colonias, sino que paralelamente el gobierno incrementa las infraestructuras que normalizan la ocupación. Aquí y allá se pavimentan nuevas carreteras, aquí y allá se construyen equipamientos de todo tipo. Y se hace a plena luz del día y sin que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, haga nada para evitarlo y para que se cumplan las leyes internacionales.

En esta situación, la solución de los dos estados, de la que se ha venido hablando desde la Conferencia de Madrid de 1991, ha quedado obsoleta. Los primeros que la dieron por muerta fueron los colonos, hace muchos años. En 2014, el propio Netanyahu dijo en hebreo, que es la lengua en la que habla más claro, que un estado palestino soberano era inviable, y en esa dirección se ha estado trabajando desde hace tiempo. Por sugerir lo contrario fue asesinado el primer ministro Yitzhak Rabin en 1995.


Richard Falk, un conocido jurista de derecho internacional, ha escrito en Middle East Monitor que la única salida que ve al conflicto es la de un estado binacional puesto que Israel ya ha dejado “tan claro como el cristal” que no aceptará un estado palestino en Cisjordania. Naturalmente, Falk no contempla la solución de un estado como tantos intelectuales progresistas que han indicado desde hace décadas que la mejor solución sería dar los mismos derechos a israelíes y palestinos.


La aprobación por la Kneset, hace apenas unas semanas, de la Ley Estado-Nación muestra claramente que Israel se ve a sí misma como un estado de apartheid, puesto que se reconocen derechos a los israelíes judíos que no se reconocen a los israelíes no judíos. En Israel no todos los ciudadanos disfrutan de los mismos derechos. Es algo que ha ocurrido desde el establecimiento del estado en 1948, aunque solo ahora se haya acomodado en el complejo sistema de leyes israelíes que carece de Constitución.


Numerosos juristas de todo el mundo han denunciado el apartheid que impera en el país. Visitantes de Sudáfrica han dicho después que el sistema de apartheid que impera en Israel es más dañino que el que ellos sufrieron durante décadas. La diferencia es que en Sudáfrica acabó un buen día mientras que en Israel cada día va a más. Recientemente la Kneset rechazó un proyecto de ley para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.


La cercanía de Netanyahu con los colonos judíos es paradigmática. En diciembre, solo unas horas después de que se anunciara la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones para el 9 de abril, el primer ministro celebró su primera reunión con una delegación de los colonos a quienes aseguró que él es el único que puede garantizar un impulso a la empresa colonial.

Tanto dentro de los palestinos como dentro de los israelíes hay voces que han hablado a favor y en contra de la solución de un estado único. Se ha especulado todo lo posible en ambos sentidos. Por ejemplo, el ministro de Exteriores palestino, Riad al Maliki, ha dicho que un estado sería un “desastre tanto para Israel como para nosotros”. Seguramente, Maliki ve que un estado binacional seguiría anclado en el apartheid con toda seguridad. Frente a Maliki, Edward Said declaró hace casi dos décadas que “un estado binacional es la única solución que parece tener en cuenta la realidad de dos pueblos que básicamente reclaman la misma tierra”.


La solución de un estado binacional de Said ha sido acariciada por un gran número de intelectuales, incluso desde antes de la Conferencia de Madrid y de los acuerdos de Oslo de 1993. En teoría, es la mejor solución pero es impracticable puesto que no se podrá prescindir del apartheid que está tan instalado el sionismo, un régimen político sectario que no podría sobrevivir en la forma que lo conocemos si renuncia al apartheid, y que nada indica que se quiera suicidar en esa reencarnación.


Las negociaciones “largamente moribundas” de los dos estados han llegado a su fin. Así lo proclama Richard Falk, quien califica de “maniobras zombies” las últimas décadas de negociaciones. La cuestión, sin embargo, es que Israel deberá esperar todavía algún tiempo para confirmar oficialmente que lo que se va a crear es un estado binacional. Se ha hablado en las últimas semanas de dar dinero a los palestinos que quieran marcharse a Canadá, a Australia, a Europa o adonde sea.


Naturalmente, la Franja de Gaza quedará al margen del estado binacional. Esta misma semana la ONU ha revelado que durante 2018 han salido 20.000 palestinos más de los que han entrado en la Franja. Las draconianas condiciones impuestas por Israel están causando ese éxodo. La mayor parte de esos emigrantes se han establecido en Turquía, una estación de paso hacia Occidente. La misma política de acoso sufren los palestinos de Cisjordania. De todas las maneras posibles, Israel trata de reducir en todo lo posible la población palestina antes de su anexión y de la aplicación del apartheid que contemplan sus leyes.


En ese sentido es hasta cómico que Falk se pregunte cómo será el futuro estado binacional, si será secular o de apartheid. La respuesta que dan a diario Netanyahu y la Kneset es demasiado obvia.

JERUSALÉN
15/01/2019 07:39 Actualizado: 15/01/2019 07:39
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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ONU pide a Iván Duque que responda a los asesinatos de líderes sociales

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo al presidente de esa nación sudamericana, Iván Duque, a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales.

El politólogo italiano se refirió en esta capital a la escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano.


En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año.


Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia.
Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales.


Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social.


Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.


La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

13 enero 2019 
(Con información de PL)

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 Carteles de Rosa Luxemburgo y Lenin en una manifestación en Berlín contra la guerra de Vietnam, el 18 de febrero de 1968. Rogge/ ullstein bild Getty Images

Antimilitarista, defensora de la democracia en el seno de la revolución, está considerada como la dirigente marxista más importante de la historia. Se cumple un siglo de su asesinato, pero su vasta producción teórica sigue viva

En el hotel Eden de Berlín, el soldado Runge le destroza el cráneo y la cara a culatazos; otro militar, también al servicio del capitán Pabst, la remata de un tiro en la nuca. Atan su cadáver a unos sacos con piedras para que pese y no flote, y es arrojado a uno de los canales del río Spree, cerca del puente Cornelio. No aparecerá hasta dos semanas después. El Gobierno del socialdemócrata Friedrich Ebert acababa así con la vida de Rosa Luxemburgo (RL), la más importante dirigente marxista de la historia, antigua militante del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la líder más significativa de la Liga Espartaquista y fundadora del Partido Comunista de Alemania.


Unos minutos antes, los mismos personajes habían asesinado al principal compañero de RL en su larga marcha. Karl Liebknecht, el único parlamentario que en primera instancia (año 1914) votó en el Reichstag (Parlamento) en contra de los créditos de guerra para financiar la presencia de Alemania en la Primera Guerra Mundial, iba a ser trasladado a la cárcel desde el mismo hotel, pero antes de abandonar el local donde había sido interrogado le dan dos culatazos que lo dejan aturdido y se desmaya; arrastrado hasta un automóvil, es trasladado al Tiergarten, el gran parque berlinés, donde es rematado a sangre fría con disparos de pistola y abandonado en el suelo hasta que alguien lo encuentra. “Intento de fuga”, dirá la nota oficial; la de Luxemburgo rezará: “Linchada por las masas”.


Era la noche del 15 de enero de 1919. Este martes se cumplirá el centenario de la detención y asesinato de los principales líderes de la Liga Espartaquista e iconos históricos de la revolución alemana de 1918-1919, que estalla inmediatamente después de que el Ejército germano fuese derrotado y humillado en la Gran Guerra. RL había pasado los cuatro años largos de la guerra en prisión, después de que en un mitin, en Fráncfort, hubiera pedido a los soldados, con su arrolladora oratoria, que se negasen a combatir, hermanos contra hermanos, y a los trabajadores de su país, que iniciasen una huelga general que se debía contagiar a los trabajadores de los otros países en el bando contrario, para que todos confluyesen bajo la misma bandera más allá de las patrias. Sale de la cárcel a principios de noviembre de 1918 y se une a la oleada revolucionaria que inunda las calles de las principales ciudades y, sobre todo, de Berlín. Dos años antes, en otro mitin, el 1 de mayo de 1916, en medio de la conflagración, Liebknecht finaliza su arenga al grito de “¡Abajo la guerra, abajo el Gobierno!”. También es detenido y pasa en prisión dos años y medio. Sale el 23 de octubre de 1918.


A partir de ese momento, a los dos dirigentes espartaquistas les quedaban apenas dos meses de vida, y dedican sus fuerzas a publicar un periódico (La Bandera Roja) y a fundar el Partido Comunista de Alemania (KPD). Se convierten en objeto del desprecio y del odio de sus antiguos compañeros de la socialdemocracia, que gobernaban en Alemania desde unas semanas antes. Odio mortal. El historiador Sebastian Haffner (La revolución alemana de 1918-1919; Historia Iné¬dita) escribe que el asesinato de RL y de Liebknecht se planeó, como tarde, a principios de diciembre de 1918 y se ejecutó de forma sistemática. Aparecieron carteles en los postes de las calles que decían: “¡Obreros, ciudadanos! ¡A la patria se le acerca el final! ¡Salvadla! Se encuentra amenazada y no desde fuera, sino desde el interior, por la Liga Espartaquista. ¡Matad a sus líderes! ¡Matad a Liebknecht! ¡Entonces tendréis paz, trabajo y pan!”. Firmado: “Los soldados del frente”. A pesar de las generalizadas amenazas, ninguno de los dos abandonó Berlín ni llevaba guardaespaldas; simplemente cambiaban de domicilio.


¿Quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato? El protagonista material fue el capitán Pabst (quien décadas más tarde, en 1962, protegido por la prescripción del delito, habló abiertamente de lo sucedido) y su escuadrón de la muerte, pero —según el historiador Haffner— no actuaron como simples ejecutores que obedecían con indiferencia una orden, sino como autores voluntarios y convencidos de lo que hacían. La prensa burguesa y socialdemócrata difundió sin pudor sucesivas incitaciones al asesinato, mientras que los responsables socialdemócratas —Ebert, Noske, Scheidemann…— miraban hacia otro lado y permanecían callados.


Cuando RL y ¬Liebknecht salen de la cárcel, los frentes alemanes de la guerra se van desmoronando y se extiende la desmoralización en las trincheras. El káiser Guillermo II se refugia en Holanda. El mismo día en que RL es liberada, el socialdemócrata Scheidemann proclama la república alemana desde un balcón del Reichstag. Ebert ocupa la presidencia, forma un Consejo de Ministros socialdemócratas moderados y pide al pueblo que abandone las calles y vuelva a la normalidad. El ala mayoritaria del SPD quería la república y las libertades, mientras que los espartaquistas pretendían la revolución proletaria, como indican las proclamas: “Ha pasado la hora de los manifiestos varios, de las resoluciones platónicas y las palabras tonantes. Para la Internacional ha sonado la hora de la acción”. Ambas facciones, reformistas y revolucionarios, lucharán encarnizadamente en las calles de Berlín, a veces edificio por edificio. El Gobierno de Ebert confía la represión de los insurrectos al socialdemócrata moderado Noske, que organiza una fuerza militar en la que permite la integración de los oficiales del antiguo Ejército monárquico. El 13 de enero había sido sofocada la insurrección espartaquista. Dos días después, acaban violentamente con la vida de sus principales líderes.


RL no llegó a cumplir los 50 años. Nacida en la Polonia rusa en el año 1871 en el seno de una familia judía, pronto se dio cuenta de que la lucha por su ideario marxista sería muy reducida si se quedaba en su país y que para tener influencia debía traspasar la frontera de Alemania, donde existía el Partido Socialdemócrata (SPD) más fuerte del mundo. Para ser ciudadana alemana legal, firmó un matrimonio de conveniencia con un socialista alemán, lo que le dio derecho a la nacionalidad de ese país. A partir de ese momento, Alemania fue su principal campo de acción. En el seno de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional, aunó teoría (multitud de artículos y libros muy importantes) y praxis (intervención en congresos, debates con muchos de los popes del marxismo —su amigo Franz Mehring la definió como “la mejor cabeza después de Marx”—, clases en la escuela de formación del partido…). En cambio, no tenía dotes organizativas. Su presencia física era una mezcla de fuerza y de ternura, de decisión y de prudencia, dicen sus biógrafos. Un dirigente judío la describe del siguiente modo: “Rosa era pequeña, con una cabeza grande y rasgos típicamente judíos, con una gran nariz, un andar difícil, a veces irregular debido a una ligera cojera. La primera impresión era poco favorable, pero bastaba pasar un momento con ella para comprobar qué vida y qué energía había en esa mujer, qué gran inteligencia poseía, cuál era su nivel intelectual”.


De su vasta producción teórica destacan los temas que forman parte de su legado y que constituyen lo que, una vez muerta Rosa, se denominó “luxemburguismo”, una escuela marxista de características propias: su pacifismo, su lucha contra el revisionismo y la defensa de la democracia en el seno de la revolución. Sus posiciones, a veces intransigentes, le hicieron polemizar con las figuras más relevantes del socialismo marxista, como Lenin, Trotski, Bernstein, Kautsky…


Reivindicándose del mejor marxismo (aunque también polemizó con algunas de las ideas del Marx economista en el libro La acumulación de capital), argumentó en favor del internacionalismo como forma de pensar y de vivir. El Manifiesto comunista terminaba con la célebre fórmula de “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, y RL y Liebknecht la hicieron suya relacionándola con la Gran Guerra. Los partidos socialdemócratas habían defendido tradicionalmente que en caso de conflicto bélico entre potencias capitalistas, los trabajadores se negarían a combatir y llamarían a la huelga general (la “huelga de masas” en la terminología luxemburguista). Pero en el momento decisivo, el SPD, el partido más grande y más influyente de la Segunda Internacional (más de un millón de afiliados), votó a favor de los empréstitos de guerra, y el resto de los partidos socialistas siguió sus pasos. Cada uno de ellos se puso detrás de sus Gobiernos. Prevaleció la patria sobre la clase social.


Ya a principios del siglo XX, en un congreso de la Internacional en París, RL presentó una ponencia de convicciones profundamente antimilitaristas, las que mantendría hasta el final de sus días. En ella se defendía que los ataques armados entre potencias imperialistas devendrían en formidables coyunturas revolucionarias. Diecisiete años después, la revolución bolchevique fue un testimonio irrefutable de esta tesis. RL recomendaba no solo una crítica abierta al imperialismo, sino que se preparase a las masas con vistas a aprovechar las crisis internacionales y las eventuales crisis nacionales generadas por aquellas para asaltar el poder. Consideraba imprescindible intensificar la acción de todos los partidos socialistas contra el militarismo.


Siete años después, en otro congreso de la Internacional, RL presenta una enmienda firmada conjuntamente con Lenin y Mártov (que luego sería el líder menchevique) que sostiene que, si existe la amenaza de que la guerra estalle, es obligación de la clase trabajadora y de los representantes parlamentarios, con la ayuda de la Internacional como poder coordinador, hacer todos los esfuerzos por evitar los enfrentamientos violentos; en el caso de que a pesar de ello se multiplicase el conflicto armado, era su obligación intervenir a fin de ponerle fin enseguida y aprovechar la crisis creada por la guerra para agitar los estratos más profundos del pueblo para “precipitar la caída de la dominación capitalista”. Estas palabras suponían una llamada a la insurrección, que fue lo que hicieron los espartaquistas en 1919, con la participación de RL.


Esa Rosa Luxemburgo, asesinada por los soldados prusianos, más que posiblemente con la complicidad activa o pasiva de sus antiguos compañeros socialdemócratas, fue despedida en su entierro por su amiga Clara Zetkin (otra espartaquista) con las siguientes palabras: “En Rosa Luxemburgo, la idea socialista fue una pasión dominante y poderosa del corazón y del cerebro; una pasión verdaderamente creativa que ardía incesantemente. (…) Rosa fue la afilada espada, la llama viviente de la revolución”.



LENIN, STALIN Y LOS MARXISMOS

J. E.


El núcleo de aliados políticos de Rosa Luxemburgo fue siempre muy pequeño. Todo lo contrario que el de sus adversarios, entre los que se encontraron muchos de los dirigentes del ala derecha de la socialdemocracia y los sindicalistas burocratizados, a los que atacó sin piedad. Pero ambos núcleos fueron blancos móviles: dependían de los momentos y de los temas. Lenin, Trotski, Kautsky, Jaurès, etcétera, fueron algunos de los marxistas legendarios que compartieron y disintieron del ideario y la práctica política de la alemana. Un ejemplo de ello fue la relación con Lenin, el líder soviético; ambos se admiraron y pactaron, pero también se criticaron.


En 1918, apenas unos meses después del triunfo de la revolución bolchevique, RL publica un folleto titulado La revolución rusa que reivindica los acontecimientos de Leningrado y Moscú, pero que critica algunos aspectos que pueden torcer su futuro, sobre todo los relacionados con el terror revolucionario (que protagonizaría en buena parte un amigo polaco de RL, que dirigiría la Cheka y la sede de la Lubianka, el sangriento Félix Dzerzhinski) y la supresión de la democracia.


En el folleto citado, RL escribe que sólo la libertad de los que apoyan al Gobierno, sólo la libertad para los miembros de un partido, “no es libertad en absoluto. La libertad es siempre libertad para el que piensa de manera diferente”. Creía que el socialismo sólo puede ser resultado del desarrollo de la sociedad que lo construye, y para ello se requiere la más amplia libertad entre el pueblo (lo que no quiere decir que no sea necesario el control político). Si se sofoca la vida política, la parálisis acabará afectando a la vida de los sóviets; sin elecciones generales, sin libertad de prensa y de reunión, sin la libre confrontación de las opiniones, la vida de cualquier institución política perecerá, se convertirá en una vida aparente en la que la burocracia será el único elemento vivo.


En su libro sobre la revolución rusa, la revolucionaria RL acierta premonitoriamente con lo que iba a suceder en la Unión Soviética, sobre todo a partir del momento en que se inicia el futuro estalinista. Algunas decenas de dirigentes del Partido, animados por una energía inagotable y por un idealismo sin límites, dirigirán y gobernarán; el poder real se encontrará en manos de unos pocos de ellos, dotados de una inteligencia singular. La aristocracia obrera será invitada de cuando en cuando a asistir a las reuniones para aplaudir los discursos de los dirigentes y votar por unanimidad las resoluciones propuestas; en el fondo será un gobierno de camarillas, una dictadura en verdad, pero no la dictadura del proletariado, sino una dictadura de un puñado de políticos. En muchos casos la realidad superó a los pronósticos luxemburguistas.


A pesar de este severo cuestionamiento, reivindica el papel histórico del partido de Lenin, siempre en contraposición con sus camaradas alemanes: “Por eso los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolucionaria de la que carecía la socialdemocracia occidental. Su insurrección de octubre no sólo salvó la revolución rusa; también salvó el honor del socialismo internacional”.


Con esta idea de la democracia se explica que Stalin no subiese nunca a Rosa Luxemburgo al altar de la iconografía máxima del socialismo. Fue una heterodoxa hasta el final de su vida.

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Sábado, 12 Enero 2019 06:39

Estrechando el cerco

Estrechando el cerco

A casi nueve meses de iniciada una rebelión nacional, en Nicaragua las aguas no se han aquietado. Más bien todo lo contrario: una nueva fase de la represión ha comenzado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) maneja una periodización de este conflicto que no tiene visos de solución en el futuro cercano.


Tras la primera fase de “represión tradicional”, marcada por el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes que salieron a las calles en abril pasado, vino la “operación limpieza”, por la que el gobierno de Daniel Ortega buscó la eliminación de las barricadas en distintos lugares del país. Se continuó con la “represión burocrática”, que incluyó la persecución, encarcelamiento y procesamiento –sin garantías mínimas del debido proceso– de diversos líderes del movimiento estudiantil y campesino. Y en vísperas de Navidad comenzó una nueva fase, la cuarta, que apunta a acallar por completo las voces que han venido desnudando al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo: la supresión de la personería jurídica de diversas Ong vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ataque decidido a la prensa independiente y la impugnación de los mecanismos de contralor internacional.

El 14 de diciembre el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunciaba la cancelación inmediata de nueve organizaciones no gubernamentales presentes en el país, acusadas de haber incumplido “los requerimientos legales para su funcionamiento”. Esas asociaciones, afirmó, habían “participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado,promoviendo Terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de Personas y Familias, a quienes les fue infringido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su Vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de [email protected] l@s nicaragüenses” (todo sic).


Las Ong alcanzadas por la medida gubernamental son el Centro de Información y Servicios de Asesoría y Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo de la Democracia, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, el Centro de Investigación de la Comunicación, y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.


A algunas de estas organizaciones se les allanaron sus locales y se les incautaron computadoras y documentación. El Ministerio de Gobernación dijo que con los bienes muebles e inmuebles crearía un Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de Terrorismo.


Según ha expresado el Cenidh, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional “se han coludido para ejecutar un vergonzoso plan de represión por órdenes directas del gobierno Ortega-Murillo. Estas acciones violentan los procedimientos establecidos en la ley 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se abrió ningún procedimiento administrativo contra las organizaciones civiles y tampoco han tenido el derecho a la defensa”.

LA PRENSA EN LA MIRA

La misma noche del 14 de diciembre la policía allanó la redacción del periódico digital Confidencial y de los programas periodísticos de televisión Esta semana y Esta noche. El director de estos medios es el periodista Carlos Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y fundador y director del diario Barricada, órgano oficial del Fsln durante el decenio de la revolución sandinista.


No existe ninguna causa legal contra Chamorro ni sus empresas. Mientras se tramita un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la redacción y trasmisión de los programas se realiza desde lugares clandestinos.


Una semana más tarde la policía llegó a las instalaciones del canal de televisión abierta 100 por 100 Noticias, destruyendo equipamientos y llevándose detenidos a sus directores Miguel Mora y Verónica Chávez –liberada horas después– y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, además de otros funcionarios del medio. Luego de la intervención policial, el canal dejó de operar en Internet y por cable. Antes había cesado su trasmisión satelital. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau continúan detenidos.


Paralelamente ha comenzado a circular una “lista negra” de profesionales de la comunicación considerados “golpistas” y “enemigos de la revolución”. Esto hizo que junto a la pérdida de las fuentes de trabajo varios periodistas salieran del país para asegurar su vida o su libertad.


Uno de ellos es Gerall Chávez, de 28 años, que trabajaba hasta hace un par de semanas en el canal 14 Vos TV cubriendo la actualidad política.


En diálogo con Brecha desde su exilio, Chávez aseguró que el gobierno ha desarrollado diversos “mecanismos para intimidar, asediando a la prensa independiente, buscando la manera de que no se difunda la realidad”.


En agosto pasado, tras llegar de su trabajo, Chávez encontró en la fachada de la casa donde vivía, en el departamento de Carazo, la pintada “Plomo Fsln. No olvidamos”. Estas marcas, realizadas por simpatizantes del oficialismo, son frecuentes. “Son expresiones que ellos acostumbran utilizar como intimidación”, dice Chávez.


“La campaña se intensificó cuando comenzaron a difundir información falsa y difamatoria de mi persona, y a decir que era un periodista mentiroso y golpista”, relata.


Tras la detención de Mora y Pineda “hicieron circular fotografías mías y pidieron mi detención. Como no hay en este momento una organización legal que ampare el desarrollo libre del trabajo periodístico, renuncié a mi trabajo y salí del país a través de un punto ciego, indocumentado”.

PRESIÓN INTERNACIONAL.


El 19 de diciembre el gobierno de Nicaragua expulsó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Cidh, que habían sido creados en acuerdo con Daniel Ortega.


El Giei, cuyo cometido era coadyuvar en las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, presentó finalmente el 27 de diciembre en Washington un informe de 485 páginas que recoge más de tres millones de twits y 10 mil videos generados por ciudadanos.


El voluminoso documento concluye que se cometieron por parte del gobierno “crímenes de lesa humanidad”, entendidos como “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”, la definición recogida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.


En diálogo con Brecha, la historiadora Dora María Téllez, conocida por su participación en la revolución sandinista como jefa del Estado Mayor que liberó la ciudad de León en 1979 y que fuera posteriormente ministra de Salud, reconoce que Nicaragua vive “la crisis de derechos humanos más violenta a la que se ha enfrentado algún país de América Latina en las últimas décadas”.


“La solución es bastante sencilla: hay que reconocer la grave crisis política que tiene el país y el total déficit de legitimidad del régimen Ortega-Murillo”, dice. La salida, agrega, debe ser “constitucional y política, por la vía pacífica”, con una “convocatoria a nuevas elecciones nacionales y generales anticipadas, y con el apoyo de la comunidad internacional. Tenemos expectativas de que pueda hacerse mdiante la aplicación de la carta democrática de la Oea, como ya ocurrió en 1979 contra el régimen de Somoza”.
Téllez sostiene que desde julio pasado Ortega “ha decidido cerrar toda puerta de diálogo”. Sólo entiende “el lenguaje de las sanciones” que “le signifiquen un costo”, afirma la ex militante del Fsln. Y concluye: “No puede haber borrón y cuenta nueva, sino verdad y justicia, reparación a las víctimas y mecanismos para que no vuelvan a ocurrir cosas similares”, concluye Téllez.

Por Alejandro Ferrari
11 enero, 2019

 

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“El capital viene al mundo chorreando sangre”

Dice Marx en el capítulo 14 de El capital. Es cierto: no hay lugar del mundo donde el capitalismo no haya surgido así. Lo curioso es que sus actuales defensores, quienes creen que debe permanecer para siempre y que es el fin de la historia, porque corresponde a la naturaleza humana, no sólo olvidan eso: olvidan que a cada nuevo ciclo, vuelve a imponerse “chorreando sangre y lodo”, y que a más de 500 años de depredar las riquezas del orbe, sigue siendo un modelo que excluye a las mayorías y las condena a la pobreza.


Cada nuevo ciclo: la llamada por sus propagandistas “bella época”, construyó un aparente bienestar y una democracia de aparador en Europa y Estados Unidos… montado sobre el saqueo despiadado de los recursos de las colonias y las naciones periféricas, de la misma manera que hoy se intenta poner muros a 70 por ciento de la humanidad que vive en las regiones del mundo sistemáticamente expoliadas.


Pero no se trata sólo de saqueo: de 1870 a 1914 se impuso el capitalismo mediante la sangre. Las masacres que impusieron la “civilización” no son menores que los que siempre recordamos: los de Hitler y Stalin. ¿Por qué se tiende a olvidar o minimizar aquellos? Porque los perpetraron las prístinas democracias occidentales…


Lo recuerdo porque cayó en mis manos un estudio ya clásico sobre el colonialismo: Adam Hochschild, El fantasma del rey Leopoldo, una historia devastadora que detalla el saqueo imperialista de Congo, particularmente entre 1885 y 1908, pero que nos permite una mirada de largo alcance… Afirmo arriba que cada ciclo del capitalismo nace chorreando sangre y lodo. Congo es un ejemplo: a raíz de la primera globalización, traficantes europeos esclavizaron a cientos de miles de congoleños, arrastrados a las plantaciones del continente americano y provocaron la ruina política y económica de la región. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la catástrofe demográfica y social provocada por la irrupción española iniciada en 1519.


El inicio del capitalismo industrial no afectó particularmente a Congo, pero sí el del imperialismo: según los cálculos de Hochschild, de 1890 a 1910 el territorio bajo control personal del rey Leopoldo pasó de 20 a 10 millones de habitantes. Los cálculos más bajos ofrecen la cifra de no menos de 3 millones de personas fallecidas de muerte no natural. ¿Causas de esa mortandad? a) los asesinatos y masacres; b) hambruna, agotamiento y abandono (de niños y ancianos, cuando las comunidades huían y se refugiaban en la selva); c) enfermedades agravadas por desnutrición, agotamiento, desesperanza y falta de atención, y d) el descenso del índice de natalidad por la ausencia de varones y rechazo al embarazo en esas condiciones.


¿La causa? Según los pocos africanos cuyo testimonio pudo recogerse, es una: el caucho. Es decir, la expoliación inmisericorde de los recursos, en beneficio de los oligopolios imperialistas. Y el autor no comete el error de creer que Congo es un caso aislado: muestra también que en las regiones caucheras bajo dominio francés, alemán y portugués, los porcentajes de muertos eran similares a los de Congo. Muestra también el silencio británico an¬te las peculiaridades inhumanas de su imperio. A ese ciclo del capitalismo corresponde, en México, la esclavitud real y descarnada en las plantaciones y monterías del sureste (documentadas por Armando Bartra en El México bárbaro) y las guerras de exterminio contra los apaches, comanches, mayas y yaquis: el porfiriato.


Tras la Segunda Guerra Mundial, el ca¬pi¬talismo entró en otro periodo y las poten¬cias se vieron obligadas a reconocer la In¬de¬pendencia de sus colonias, tras previo trabajo que garantizara la continuidad de su dependencia económica. Cuando el recién electo primer ministro de Congo Patricio Lumumba amenazó poner límites a esa dependencia casi total, la CIA, con la anuencia (documentada) del presidente Eisenhower, ordenó su asesinato. Luego fue impuesto, con beneplácito y apoyo de Washington y París, Desiré Mobuto, quien gobernó en pro de las trasnacionales. Al dejar el poder (1997), su fortuna y extravagancia eran parecidas a las de Leopoldo. Sus métodos preceden y luego son parte integral de los esquemas neoliberales de saqueo. Hoy día, según datos relativamente fiables, 10 por ciento de la población de Congo busca refugio económico y humano, huyendo de un país devastado. Son parte de la nueva tragedia humanitaria del capitalismo: la de los migrantes.


Pd 1: El libro documenta también la campaña de ocultamiento que hizo de Leopoldo un filántropo y un benefactor; un rey demócrata y liberal.
Pd 2: Leopoldo respaldó cuanto pudo la experiencia imperialista de su hermana y su cuñado Maximiliano, un príncipe “filántropo y benefactor; demócrata y liberal”.


Twitter: @HistoriaPedro
Blog: lacabezadevilla.wordpress.com

 

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La CIDH exige a EU investigar la muerte de dos niños migrantes



 El organismo señala que las autoridades deben brindar asistencia médica, agua y comida a los indocumentados detenidos


Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este lunes a Estados Unidos que investigue la muerte de los niños guatemaltecos Jakelin Caal Maquin y Felipe Gómez Alonzo, mientras estaban bajo el cuidado de la Patrulla Fronteriza tras ser detenidos con otros migrantes al cruzar sin documentos a territorio estadunidense por la frontera con México.

“La CIDH apremia al gobierno de Estados Unidos a investigar las circunstancias que llevaron a estas muertes y le pide adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la salud de las personas migrantes que se encuentran bajo su jurisdicción”, precisó el organismo en un comunicado.

Jakelin Caal, de siete años, falleció el 8 de diciembre pasado en un hospital de El Paso, Texas, tras enfermar la víspera en un centro de detención de migrantes. Los servicios de emergencia estadunidenses la atendieron horas después de sentirse mal en el autobús que la trasladó desde donde fue arrestada hasta el centro de detención.

Unas dos semanas después, Gómez Alonzo, de ocho años, murió luego de que médicos de un hospital estadunidense le diagnosticaron gripe y lo dieron de alta tras detenerlo junto a su padre en El Paso, Texas. Luego de la muerte de ambos menores, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, solicitó al Departamento de Defensa el envío de más personal médico a la frontera sur del país para atender un lugar en donde existe “una crisis humanitaria”.

La CIDH agregó que las autoridades estadunidendese deben brindar asistencia médica inmediata, así como agua, alimentación y abrigo a los migrantes cuando se les detiene. Apuntó que el gobierno no puede privar de libertad a niños como medida preventiva del proceso inmigratorio y que deberían disponer de alternativas menos lesivas.

En tanto, miembros del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos criticaron la decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de insistir en que un muro en la frontera con México ayudará a reducir la crisis migratoria y reforzará la seguridad.

Durante una visita al sur de Nuevo México, el presidente del caucus, el representante demócrata por el estado de Texas, Joaquín Castro, argumentó que las políticas del gobierno agravan lo que se ha descrito como una crisis humanitaria, y resaltó los casos de los niños guatemaltecos fallecidos.

Xochitl Torres Small, representante demócrata por Nuevo México, comentó durante el recorrido que desde que murieron los dos menores se han hecho algunas mejoras en las estaciones de la Patrulla Fronteriza en esa región, pero se requieren más cambios.

“Aún necesitamos tener equipo médico en todas nuestras instalaciones en las zonas más rurales de la frontera, para asegurarnos de contar con una Patrulla Fronteriza que responda a las circunstancias cambiantes que seguimos observando”, dijo Torres.

El contingente, compuesto exclusivamente de legisladores demócratas, viajó a Alamogordo, comunidad ubicada unos 145 kilómetros al norte de la frontera con México, para ver el lugar en que Felipe Gómez Alonzo y su padre fueron retenidos.

En ese contexto, el presidente Donald Trump anunció en Twitter que dará un mensaje al país este martes a las nueve de la noche (hora local) sobre lo que llamó la crisis de seguridad nacional y humanitaria en nuestra frontera sur.

Horas antes, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente viajará el jueves a la frontera con México “para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de la crisis” descrita por el mandatario. El destino exacto no fue divulgado.

 

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Creció la migración de niños solos  de 66 mil a 300 mil en 6 años

Desatendido, el derecho a la educación de niños migrantes, revela la Unesco

La falta de dominio de un idioma, una desventaja que enfrentan


Los niños migrantes no acompañados por un adulto tienen de poco a ningún acceso a la educación, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Destaca que la cifra de esos menores se elevó de 66 mil a 300 mil entre 2010 y 2016 en todo el mundo.

Agrega que en muchos países, ese sector, particularmente vulnerable a la explotación, ve desatendido su derecho a la educación.

El informe de seguimiento de sobre ese tema en el mundo 2019: Migración, desplazamiento y educación. Construyendo puentes, no muros, sostiene que ese derecho y el principio general de no discriminación están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no todos los estados impulsan medidas de atención y cumplimiento de esa garantía.

Sólo en Estados Unidos, alerta la organización multinacional, donde se estima que hay 11 millones de inmigrantes sin papeles, la amenaza de la deportación puede ser un factor que influya cada vez más para elevar el ausentismo escolar de miles de niños indocumentados.

Recordó que con la aplicación de un programa en 2012, que brinda protección a 1.3 millones de jóvenes sin papeles migratorios que llegaron al país cuando eran niños, impidiendo su deportación y proporcionándoles el derecho a obtener permisos de trabajo, se estima que aumentó la tasa de graduación de la enseñanza secundaria en 15 por ciento.

No obstante, la carencia de documentos de identidad aún es un obstáculo para millones de niños y adolescentes migrantes. Agrega que esa situación puede crear barreras para los 10 millones de apátridas del mundo, algunas de las cuales descienden de inmigrantes.

Los niños y adolescentes migrantes también deben afrontar, en muchos casos, el reto de dominar un nuevo idioma, lo cual se puede volver una desventaja educativa, pero también un factor que dificulta la socialización, el establecimiento de relaciones y el sentimiento de pertenencia, además de que eleva el riesgo de discriminación.

A ello se suma que muchos alumnos inmigrantes, señala la Unesco, son frecuentemente concentrados en áreas suburbanas, por lo que asisten a escuelas con niveles académicos y de desempeño más bajos, pero la segregación se agrava cuando los alumnos nativos se mudan a barrios más ricos.

Otro grupo altamente vulnerable es el de los desplazados. Se estima que hay 19.9 millones de refugiados, de los cuales 52 por ciento son menores de edad. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que la tasa de matriculación de refugiados era de 61 por ciento en la primaria y de 23 por ciento en la secundaria. En el mundo, al menos 4 millones de refugiados de 5 a 17 años de edad no asisten a la escuela.

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La Lucha de las Comunidades Afrocolombianas: entrevista con Luis Armando Ortiz

 

Comunidades Afrocolombianas es una historia de persecuciones, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y de constante lucha por la dignidad. Para comprender mejor esta lucha, en particular en el contexto de la (no) implementación de los acuerdos de paz en Colombia, hemos hablado con Luis Armando Ortiz, uno de los lideres del Proceso de Comunidades Negras.

 

¿Qué es el Proceso de Comunidades Negras?

El PCN, Proceso de Comunidades Negras, es la organización nacional que aglutina la mayoría de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. También existen otras, pero el PCN es la que tiene mayor transcendencia y relevancia en el contexto nacional e internacional.

 

¿Puede darnos una perspectiva más histórica de la lucha de las comunidades Afrocolombianas en su país?

Bueno, la lucha ha sido histórica desde el proceso de la colonización, en la búsqueda de la libertad, de aquellas personas mayores, nuestros ancestros que huyeron a partir de un proceso conocido como cimarronaje de los enclaves mineros. Estas personas se ubicaron en las selvas más recónditas en esa época, y entonces constituyeron lo que se denomina cómo los palenques, que son una especie de “naciones”, dentro de la nación en esa época colonial y más tarde republicana, para protegerse de los cazadores de esclavos que querían capturarlos para llevarlos nuevamente a los enclaves mineros. Esos fueron unos espacios construidos por nuestros ancestros como una estrategia de defensa, con barricadas de palos (de ahí su nombre de palenques), para protegerse de los que llevaban estas amenazas.

Después vino el proceso de la abolición de la esclavitud en 1851, un proceso del cual no hubo las condiciones mínimas de dignidad para aquellos libertos, pero esas comunidades se asentaron principalmente en las riberas de las cuencas del litoral pacífico colombiano y en otras regiones con similares condiciones de la costa atlántica y Caribe. Entonces Colombia es un país que cuenta con una gran población de Afrodescendientes o comunidades negras que están asentados mayoritariamente en estos territorios y en las cabeceras de los municipios de esas zonas y capitales de sus departamentos, como: Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia), Quibdó (Chocó) y después de un proceso de migración y de desplazamientos, también en Bogotá, donde hay una gran colonia de comunidades negras. Somos en Colombia el 20% del censo de la población nacional.

 

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Paro civico en Colombia, octubre 2017 (Foto: jjcaicedo96)

 

¿Y justamente estos desplazamientos de población, las migraciones, en que época se hicieron y por cuales razones?

Hubo una migración histórica que tuvo que ver básicamente con la oferta de trabajo en las haciendas cañeras del valle del Cauca especialmente. Mucha de la gente del Pacífico fue a trabajar como asalariados en esas haciendas cañeras para la producción del azúcar. Otros también con el auge del desarrollo de las grandes capitales, como mano de obra no calificada en la construcción de las vías carreteras, ferrocarriles y puertos. Digamos que la mano de obra ha migrado ante esos procesos de oferta de trabajo, en parte desarrollando la infraestructura que históricamente hemos carecido en nuestros territorios. Esos primeros procesos migratorios, se dieron entre los inicios y a mediados del siglo XX principalmente.

Pero, aun así, eso no era un mayor problema. Los problemas comenzaron con los desplazamientos forzados de los pobladores de nuestras comunidades, esto al rededor principalmente de unas prácticas productivas muy negativas que tienen que ver con los proyectos de dicho “desarrollo” o con la implementación de los cultivos de coca que llegaron principalmente a mediados de la década de los 90 en el Pacífico colombiano. Estos procesos también trajeron consigo la penetración del gran capital al territorio para la explotación de minerales (oro, plata, etc.). La ampliación de la frontera portuaria en ciudades como Buenaventura es otro ejemplo que ha causado desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, reclutamiento forzado a adolescentes y jóvenes a [email protected], de las cuales no han estado exentos niños y niñas, en el marco del conflicto armado.

 

Entonces los procesos de desplazamiento forzado aumentaron en correlación con la adopción de los famosos tratados de libre comercio...

Exacto, alrededor de todo lo que significó en primera instancia el modelo económico que se quiso implementar en Colombia con la abertura económica que luego ha dado fruto a lo que son los tratados de libre comercio. Estos han generado toda una dinámica agresiva contra los territorios ancestrales. Por una parte, la ampliación de los puertos, teniendo en cuenta que por Buenaventura, por ejemplo, transita más del 60% del comercio exterior de Colombia. Por otro, las tierras del Pacífico son muy ricas en oro, plata. Se han descubierto muchísimos yacimientos de coltán, de petróleo, mucha riqueza biodiversa de flora y fauna, y hacia allá se han apuntado los tentáculos de la economía neoliberal en nuestros territorios.

En nuestra visión, una economía que destroza los territorios y la naturaleza tendría que ser una economía ilegal. Sin embargo, esta economía ha sido legalizada por el gobierno nacional, y hoy día está penetrando de forma violenta y agresiva, generando impactos en materia de violación de derechos humanos, violando nuestro derecho legítimo a tener una economía propia, el derecho de poder escoger un modelo de desarrollo desde la visión étnica de las comunidades que estamos ahí. Nosotros los llamamos planes de “etno-desarrollo”, o planes de vida, que también le denominan algunas comunidades, o PEDRIN, como planes de desarrollo rural integral. Estas propuestas se contraponen a los planes de desarrollo del gobierno nacional que simplemente obedecen a ese plan hegemónico de la economía neoliberal en el mundo.

Entonces hay como ese contrapunteo como decimos nosotros, en nuestro lenguaje muy popular, de luchar por nuestro modelo de desarrollo mientras asistimos a un interés masivo de sacar a nuestras poblaciones de sus territorios de cualquier forma. Por un lado, a través de la violencia en medio del conflicto armado, una disputa por el control territorial de una economía ilícita alrededor de la coca. Y por otro, a través de los megaproyectos que están siendo desarrollados en la costa del Pacífico.

 

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Grúas en el puerto de Buenaventura (Foto: Agencia Nacional de Infrastructura)

 

¿Cuál es la posición del Estado ante los desplazamientos forzados de vuestras comunidades?

Se reconoce como víctimas de desplazamientos, a aquellas personas que se encuentran en zonas de enfrentamientos o en zonas económicas donde se desarrollan los dichos mega proyectos y que los pobladores tienen que huir o son obligados a irse. Nosotros hacemos denuncias ante la Defensoría del Pueblo para que se evidencien tales situaciones, situaciones muchas veces invisibilizadas por los registros oficiales. En eso hemos progresado algo, en difundir una documentación sobre este problema. El 94% de los desplazados en Colombia son negros, campesinos e indígenas. Entre ellos, los negros son la gran mayoría.

Hoy en día, la locomotora del desarrollo, las represas hidroeléctricas, las explotaciones previstas en materia de hidrocarburos, las infraestructuras portuarias, los proyectos mineros etc. son siempre más fuentes de desplazamiento en nuestros territorios. En algunos casos, las comunidades no son desplazadas, pero viven en zonas de explotación con impactos muy peligrosos de un punto de vista de la salud.

 

¿Juntando todas estas reivindicaciones de las poblaciones Afrocolombianas cual es el propósito de su visita, de su gira por Europa?

El propósito de la visita principalmente es el de denunciar, ante la comunidad internacional, la forma sistemática en que el gobierno, a través de diferentes estrategias, ha generado el caos en nuestra población, los actores armados al margen de la ley en esos territorios de igual manera están asesinando de manera continua y sistemática a nuestros líderes y lideresas, miembros de sus familias, por justamente oponerse a este tipo de arremetidas por parte de actores armados al margen de la ley, pero también por la misma institucionalidad del gobierno nacional. Se están asesinando a nuestra gente, se están reclutando a nuestros jóvenes al servicio de estructuras ilegales, del narcotráfico y paramilitarismo, que intervienen en el territorio en el ejercicio de una economía ilegal.

Hace poco en Tumaco, un incidente puso también en evidencia que hay responsabilidades que son del gobierno, de la policía concretamente, en el asesinato de siete líderes campesinos cocaleros en el Alto Mira. Hay un trasfondo de terror, de desalojo y de desplazamiento, en lo cual hay responsabilidades de las autoridades, que queremos denunciar. Muchos no tenemos la valentía de decir esto, sabemos de los riesgos que corremos, pero alguien tiene que ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional.

Llamamos a la comunidad internacional, a los medios de comunicación alternativos, a los movimientos sociales de izquierda, a los movimientos políticos alternativos, a que se sumen a nuestra lucha, que llamen la atención de los ciudadanos del mundo en los lugares donde se encuentren por los diferentes medios, para que se conozca esta realidad.

 

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Juan Manuel Santos recibiendo el Premio Nobel de la Paz (Foto: TeleSur / EFE)

 

¿Y cómo se contrasta este mensaje con la imagen que el gobierno colombiano intenta proyectar en el exterior?

El gobierno nacional no ha dado a conocer esa realidad que ocurre en esa otra Colombia, esa Colombia olvidada, marginada y excluida, esa Colombia que tiene los más altos niveles de pobreza y miseria, de esa Colombia no se habla. Sin embargo, el presidente Santos anda haciendo una propaganda internacional de que Colombia, después del acuerdo de paz y desde el cese de los enfrentamientos con las FARC, de que es un país en paz, además de solicitar para el mes de mayo el reconocimiento de la certificación de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. También la visita tiene que ver con desmentir la versión oficial del señor presidente de la República, que es una total falacia.

Estamos enfrentando a un enemigo que niega nuestros derechos, que niega las conquistas del pueblo negro en el marco de la ley 70, en el marco de los acuerdos que se suscribieron con el gobierno nacional y las FARC en la Habana con la mesa de víctimas, en el cual estuvieron las comunidades negras también. Se propuso y quedó incluido en el texto el capítulo étnico. Tenemos mucho temor porque justamente en el marco de todos estos capítulos se vienen haciendo unos desmontes sistemáticos dirigidos por el gobierno nacional, hay un ataque sistemático contra los derechos del pueblo negro.

 

¿Cómo se posiciona el PCN ante este proceso de paz y su implementación? ¿Y de qué manera este proceso está afectando (positiva o negativamente) las condiciones de vida de las comunidades Afrocolombianas?

Primero hay que decir que en la comunidad negra apostamos al sí para este acuerdo, precisamente porque hemos sido víctimas de muchos atropellos y apostamos al sí confiados, como todos los colombianos, y con la esperanza de tener un país en paz. Tenemos muchos retos y es justamente enfrentar la forma voraz como el gobierno viene en contra de nuestros intereses, desmontando nuestros derechos. Nosotros estamos programando una movilización nacional, para en primer caso exigir el cumplimiento de muchos acuerdos, que pasan más de 100 acuerdos históricos con el gobierno nacional que nunca se han cumplido, y eso justifica el escepticismo que tenemos frente a lo que va a ser el nuevo acuerdo que se ha pactado entre el gobierno y las FARC.

Estamos de igual manera trayendo propuestas como las que siempre las hemos hecho, alternativas, para superar la crisis social, económica, cultural, ambiental de nuestro territorio. No creemos que la represión o la fuerza sea la solución a los problemas de conflictividad que existen en el territorio, nosotros creemos que los planes de etno-desarrollo son la mejor fórmula para poder resolver un problema que se enquistó en un territorio, caracterizado históricamente como territorio pacifico del cual venimos nosotros, los negros en Colombia, en su mayoría. Y este trabajo se relaciona con los llamados que hacemos a la comunidad internacional, para que piensen también que los problemas que ocurran allá en esos lugares tan lejanos, de los cuales provenimos nosotros, impactarán también acá.

 

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Marcha del PCN en defensa de los derechos humanos (Foto: Renacientes.net)

 

Hemos visto que, tras el acuerdo de paz y la entrega de armas por las FARC, grupos paramilitares se están expandiendo. ¿Como se posiciona el PCN ante esta problemática? ¿Y cual viene siendo la respuesta del gobierno?

Los paramilitares se encuentran en nuestros territorios para controlar el tráfico de droga. Desde que las FARC dejaron las armas, efectivamente nuevos grupos y estructuras están surgiendo en esos territorios. Existen decenas de organizaciones que operan en las zonas rurales del Pacifico y en la periferia urbana. Hace unas semanas, asesinaron a una lideresa, una mujer que hacia un trabajo social con los jóvenes para que no caigan en la delincuencia. Ayer recibí la noticia que se asesinó un hijo de una lideresa de un consejo comunitario, por haber rechazado entrar en un grupo paramilitar. Hay un ataque incesante contra los movimientos sociales.

Sobre estos hechos el gobierno no se manifiesta. Sus responsabilidades tratan simplemente de eludirlas. De manera tajante, existe una complicidad entre el gobierno y estos grupos. Estos grupos no atacan a las fuerzas del gobierno porque no pueden atacarlas, la pregunta es ¿quién les provee la materia prima a estos grupos (las armas)? De acuerdo con los resultados de investigaciones que se han hecho en Colombia, las armas de los paramilitares daban cuenta de ser de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia (DAS). La policía, el ejército, los jueces, la misma Fiscalía, no nos protegen. Tenemos que acudir a otras instancias para protegernos, para que haya investigaciones eficaces sobre las violaciones contra nuestras comunidades.

 

Hace unos meses hubo un gran paro en Buenaventura en noviembre hubo un paro nacional. ¿Como evalúa este tipo de movilizaciones y como piensa que estas puedan evolucionar en el futuro, no solo como instrumento para defender vuestros derechos sino como instrumento para exigir de parte del gobierno una verdadera implementación de los acuerdos de paz?

Digamos que esta es la herramienta más positiva que hemos encontrado para exigir del gobierno su atención para resolver las necesidades básicas insatisfechas que tenemos, para disminuir la brecha de la desigualad. Nosotros nos caracterizamos por ser personas de paz. La movilización como medida de hecho, es la herramienta a la cual hemos acudido y a partir de ese escenario es que posibilitamos los diálogos, que son diálogos de sordos, en la medida que esas estrategias y situaciones sean conocidas en el contexto nacional y para tener el respaldo y la solidaridad internacional es que nos movilizamos.

 

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Acciones de protesta en Buenaventura (Foto: PopularResistance.org)

 

Nos manifestamos, sobre todo, contra la guerra económica que se está haciendo contra nuestros territorios, la cual está dirigida por el sistema de comercio internacional capitalista donde los agentes entran en una competencia para apoderarse de las riquezas naturales de nuestro país, a través de mega proyectos extractivos. Este hecho agrava la crisis política y social del país. Estos mega proyectos impactan en el comportamiento climático, devastan bosques, campos, fuentes de agua. Estos proyectos hacen parte del plan del gobierno Santos, parte de la “locomotora del desarrollo” que arrasa todo lo que se encuentre ante su paso. Nuestras comunidades se ven expulsadas de sus territorios ancestrales, hacia territorios urbanos donde encuentran mayor pobreza, delincuencia, prostitución. Espacios donde no existe la infraestructura necesaria para que una integración sea posible.

 

¿Qué tipo de convergencias y alianzas estratégicas existen entre el PCN y otros movimientos u organizaciones, o partidos políticos progresistas?

En los temas de movilización, por ejemplo, existen convergencias, por supuesto. Con partidos como el Polo Democrático, por ejemplo, quien nos apoyó en la lucha para la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades Afrocolombianas. Con las comunidades campesinas e indígenas también, por supuesto, en el marco de la Minga. Este fue un espacio donde todas las víctimas de este sistema, el pueblo pueblo, se reunieron para juntar las fuerzas y construir una unidad más fuerte, para contra atacar a partir de un ejercicio social las injusticias del sistema que nos oprime.

 

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Mural ilustrando los desplazamientos forzados de comunidades Afrocolombianas por acción de grupos paramilitares

 

 

Luis Armando Ortiz es el representante legal del consejo comunitario ACAPA (Tumaco, Nariño) y uno de los líderes del PCN, una organización nacional para la defensa de los derechos de las comunidades negras en Colombia.

 

Foto de portada: Marcha del PCN por ocasión de su Quinto Encuentro (Foto: Renacientes.net)

Fuente: Diario de Nuestra América, Investig’Action

 

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Lunes, 31 Diciembre 2018 07:45

Drones y censores, muro no

“Estoy en la Casa Blanca a la espera de que los demócratas vengan y hagan un trato”, exhortó Trump en Twitter.

“Lo que Donald Trump y los republicanos quieren hacer es gastar 5000 millones de dólares de los contribuyentes en una ineficiente muralla”, dijo el demócrata Jeffries. El gobierno se encuentra parcialmente cerrado.

La administración de Estados Unidos ingresa hoy en la segunda semana de cierre parcial de gobierno. Con cientos de miles de empleados públicos de licencia, aún no hay señales de que demócratas, republicanos y el presidente Donald Trump lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto. La manzana de la discordia es la exigencia del mandatario de destinar fondos públicos a la construcción de un muro en la frontera con México. Sin embargo, ayer, el jefe de gabinete saliente, John Kelly, dijo que en realidad no se trata de una pared de cemento, como da a entender el magnate neoyorquino.

 

“Por el momento, nuestras negociaciones encuentran un impasse”, dijo el senador republicano Richard Shelby, presidente del Comité de Asignaciones del Senado en la cadena CBS. “Desearía que no fuese así, pero seguimos echándonos la culpa unos a otros. Si seguimos así, esto va a durar mucho, mucho tiempo”, afirmó, citado por el diario estadounidense The Washington Post.

 

El pasado 21 de diciembre, se aprobó un proyecto de ley apoyado por los republicanos en la Cámara de Representantes que incluía un fondo de más de 5.000 millones de dólares para asegurar la frontera y permitía que parte de ese monto podía ser empleado para construir el famoso muro. Sin embargo, la medida no tuvo eco en el Senado. Allí, los representantes del Partido Demócrata se pusieron firmes al afirmar que el financiamiento de la valla debe atenerse a los 1.300 millones de dólares que se había acordado.

 

Al respecto, siguiendo al Washington Post, el senador demócrata Jon Tester, afirmó que el gobierno había gastado muy poco de esos 1.300 millones que el Congreso había aprobado para mejoras en las barreras físicas fronterizas. “(Trump) Dice que necesita más, pero a la vez no hay un plan que explique cómo se va a usar el dinero ni un análisis de cuál es la manera más efectiva de asegurar la frontera”, dijo el senador. “Creo que podemos hacerlo con tecnología y fuerza de trabajo, y será mucho más efectivo que con un muro”, agregó Tester.

 

Por su parte, el legislador Hakeem Jeffries afirmó que los demócratas estaban preparados para brindar más fondos para tecnología, drones, satélites, luminaria, censores, entre otras cosas que expertos han indicado que mejoraría la seguridad, pero se mantuvo firme en su postura anti-valla. “Lo que Donald Trump y los republicanos quieren hacer es gastar 5.000 millones de dólares de los contribuyentes en una ineficiente muralla medieval que es una solución del siglo 5 para un problema del siglo 21”, dijo el demócrata Jeffries a la cadena ABC.

 

La discusión se encuentra empantanada desde el 22 de diciembre. Tal es así que el fin de semana, el mandatario aseguró que estaba esperando a los congresistas demócratas en la Casa Blanca para hacer un trato sobre la seguridad fronteriza. “Estoy en la Casa Blanca a la espera de que los demócratas vengan y hagan un trato sobre la seguridad de la frontera. ¡Por lo que he oído, están dedicando tanto tiempo a acosarme que les queda poco tiempo para cosas como detener el crimen y (apoyar a) nuestras fuerzas armadas!”, escribió Trump en su cuenta oficial de la red social Twitter el sábado. Ese mismo día, el presidente culpó a los demócratas por la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de las autoridades fronterizas estadounidenses.

 

Ayer, en una entrevista a Los Angeles Times, en referencia al cierre parcial del gobierno y su relación con el muro que exige Trump, Kelly dijo: “Para ser honesto, no es un muro. El presidente todavía le llama ‘muro’. En algún momento dirá más francamente ‘barrera’ o ‘cerco’; ahora se inclina por los barrotes de acero”. El saliente jefe de gabinete afirmó, además, que ya no existía la idea de una pared de cemento. “Ya abandonamos la idea de un muro de concreto sólido hace tiempo en esta administración, cuando preguntamos a las personas qué necesitaban y dónde lo necesitaban”, indicó.

 

Kelly, exgeneral de la Marina que dirigió el comando militar responsable de América Latina, fue secretario de Seguridad Nacional de Trump antes de convertirse en jefe de gabinete de la Casa Blanca en julio de 2017. Sin embargo, su relación con el presidente se deterioró y será pronto reemplazado por Mick Mulvaney, actual director de presupuesto.

 

El aún funcionario, además, se despegó del discurso de Trump para el que la caravana de migrantes se trataba de una invasión de miembros de pandillas y de malas personas. “Los inmigrantes ilegales, en su mayoría, no son malas personas... No siento más que compasión por ellos, por los niños pequeños”, dijo también Kelly al diario, agregando que muchos son manipulados por traficantes de personas. Además, afirmó que la forma de superar el problema de la inmigración ilegal era terminar con la demanda de drogas en Estados Unidos y expandir las oportunidades económicas en Centroamérica.

 

En concreto, la parálisis parcial de gobierno afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia, así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística. El cierre también perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el gobierno y están a expensas de la aprobación de un presupuesto. Además, el “shutdown” puede embarrar las estadísticas económicas del país, al no poder divulgar datos claves en un momento en que los mercados son extremadamente sensibles a cualquier incertidumbre.

 

Tanto el gobierno como los congresistas dieron indicios de que el cese de actividades puede prolongarse hasta enero, cuando los demócratas, gracias a su nueva mayoría, tienen previsto asumir el control de la Cámara Baja y podrían aprobar una financiación de la Administración sin destinar fondos para el muro anhelado por Trump.

 

Este es el tercer cierre que afronta Trump desde que llegó al poder a principios de 2017: el primero se produjo en enero de este año, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa Blanca, y se alargó durante tres días, mientras que el segundo fue en febrero y duró apenas unas horas.

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“Nadie pensó que la implementación del acuerdo de paz iba a ser fácil”

El jefe de operaciones del CICR habla de los desafíos humanitarios que enfrenta Colombia

 

La firma de la paz con la exguerrilla de las FARC en Colombia cumple ya dos años, pero todavía afronta formidables desafíos humanitarios tras haber sufrido más de medio siglo de conflicto armado, agravados por la llegada masiva de migrantes venezolanos. La población civil en algunos de los territorios más remotos e históricamente marginados todavía no siente los beneficios de la paz, pues sufre la persistente presencia de grupos armados o el drama de sus familiares desaparecidos.


El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lleva cerca de 50 años trabajando en el país andino, uno de los lugares donde su presencia ha sido más prolongada y donde es más respetado. El organismo se prepara para aumentar en 20% su presupuesto en 2019 principalmente por dos razones. “Una es el resurgimiento del conflicto armado interno que hemos visto a lo largo de Colombia y la otra es el importante flujo de migración desde Venezuela”, explica Dominik Stillhart, director de actividades operacionales del CICR en el mundo.


La implementación del acuerdo de paz ha sido más lenta y dubitativa de lo anticipado. Aunque advierte de que en muchas zonas el conflicto está de regreso, e incluso se ha intensificado, Stillhart elogia en esta conversación con EL PAÍS el horizonte de esperanza que representa el pacto sellado entre el Gobierno y las FARC, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con representación en el Congreso.


“Si tomamos distancia y miramos lo que pasó en este país, todavía veo esto como un desarrollo extremadamente positivo. Porque una de las cosas que vemos alrededor del mundo es que lidiamos con conflictos cada vez más extendidos. Difícilmente tenemos acuerdos de paz a la vista”, subraya al final de una visita que lo llevó a la convulsa región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela. “Miren a Siria, que ha sido el peor conflicto en las últimas décadas, uno de los peores que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, y estamos lejos de cualquier tipo de acuerdo político, o de paz, simplemente porque la comunidad internacional está completamente dividida. Aquí los que lucharon por este acuerdo, y lo firmaron, necesitan ser elogiados. Visto desde la distancia esto es innovador, no estamos habituados a este tipo de procesos políticos que llevan a un acuerdo de paz, y nadie nunca pensó que la implementación iba a ser fácil”.


El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha surgido como un punto crítico en el tiempo transcurrido desde que se firmó el pacto en noviembre de 2016. “Por esto precisamente conversamos no solamente con el Gobierno, sino también con todos los grupos armados acerca del respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Una de nuestras actividades más importantes aquí es promover el respeto del DIH. Estamos lidiando con una situación que por un periodo muy largo ha visto mucha violencia, que ha sido endémica y que no va a detenerse de un día para otro. El acuerdo de paz también ha demostrado que incluso si la implementación se hubiera hecho al pie de la letra, hay otros actores armados que son responsables de una parte significativa de la violencia en este país, y tratamos de hablar con todos ellos”, apunta Stillhart.


Más de 80.000 desaparecidos


Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es desde hace unos 20 años una parte importante de la misión del CICR en Colombia, un país donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 desparecidos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. “Esta es un área en la que hemos visto un fortalecimiento significativo tras el acuerdo de paz”, destaca Stillhart sobre una labor que tomará años. El pacto contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas que apenas empieza su marcha.


“Hemos visto una y otra vez que tener desaparecido a un familiar es mucho peor a un familiar asesinado, porque el dolor simplemente no se va. En muchas situaciones, estas familias sencillamente no pueden seguir adelante con sus vidas, debido a que todos los días piensan que quizá tendrán noticias sobre su hija, su padre, su tío. Es también un asunto que, si permanece sin atender y sin resolver, va a ser un gran impedimento para implementar un acuerdo de paz. Porque ese dolor es tan grande que a menos que las familias obtengan respuestas, tan honestas como pueda ser posible, es muy difícil cerrar ese capitulo”, razona Stillhart. “De un lado estamos atendiendo el tremendo sufrimiento de estas familias, pero por otro lado, al trabajar en estos archivos hemos visto en diferentes países que frecuentemente también ayuda al proceso político hacía la paz o la estabilización”.


El éxodo venezolano

 

El CICR ha manifestado que considera que persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en el fronterizo departamento de Norte de Santander, en el nororiente del país.


“Esta confrontación en particular ha generado necesidades humanitarias importantes, y ahora con el resurgimiento de los frentes de las FARC que solían estar activos allí hay un tercer actor que se suma la mezcla. La población civil está pagando el precio. Adicionalmente está la llegada de miles de migrantes venezolanos que añaden presión extra. Estamos preocupados acerca de Catatumbo, pero de hecho estamos preocupados por toda la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde está esa mezcla y superposición entre conflicto y violencia que ha estado allí por bastante tiempo, más el tránsito y el arribo de migrantes venezolanos”, advierte.


– La llegada de venezolanos es un reto no solamente en Colombia. ¿Está Latinoamérica preparada?


“Si comparo la respuesta de los Estados en esta región ante los migrantes venezolanos con lo que Europa ha hecho con los refugiados sirios creo que pueden estar orgullosos con la respuesta que han dado. Está lejos de ser perfecta, hay historias horribles que hemos visto en nuestras conversaciones con los migrantes, pero en líneas generales ha sido una respuesta relativamente positiva para los que han llegado desde Venezuela. Ahora, la comunidad internacional ha incrementado su apoyo. La pregunta es cómo continuará esto, dado que el flujo continua y probablemente va a continuar por algún tiempo”.

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