Piñera anunció un paquete de leyes de mano dura

El presidente chileno los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas" para reforzar el orden y la seguridad pública.

El presidente de Chile Sebastián Piñera decidió endurecer su agenda frente a las manifestaciones y protestas que atraviesan todo el territorio chileno desde el pasado 18 de octubre. Acompañado por miembros de su nuevo gabinete, Piñera presentó un paquete de medidas tendientes a reforzar el orden y la seguridad pública. Los nombres elegidos por Piñera para sus proyectos de ley no dejaron dudas respecto a su contenido: los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas", entre otros. Al igual que el miércoles, las movilizaciones del día se multiplicaron en zonas acomodadas del país, como el barrio Las Condes. También se repitieron movilizaciones con epicentro en Santiago, a las que se plegaron entre otros sectores camioneros, trabajadores de la salud y estudiantes.

Respecto al proyecto antisaqueos, Piñera dijo que castigará severamente a los autores de robos a supermercados y locales comerciales. “Este proyecto de ley va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud en ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público”, destacó.

El proyecto antiencapuchados, por su parte, buscará sancionar a quienes ocultan su rostro durante los “desordenes públicos". “Esta medida busca sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quién lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad”, expresó Piñera.

En tercer lugar, Piñera se refirió particularmente a las barricadas que "entorpecen la libre circulación". En la misma tónica de los anteriores proyectos, éste permitirá “combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas (...) que entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país”, expresó.

Como cierre de su paquete de mano dura, también decidió darle relevancia al proyecto de modernización de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El mandatario realizó estos anuncios en La Moneda, acompañado por el flamante ministro del Interior Gonzalo Blumel y dos subsecretarios de la cartera. En los últimos días, Blumel se reunió con parlamentarios de Chile Vamos (coalición de derecha compuesta por la Unión Demócrata Independiente, el Partido Regionalista Independiente Demócrata, Renovación Nacional, y Evópoli) para recibir propuestas en la materia.

Luego de presentar las nuevas medidas, Piñera anunció la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a partir de las 19 horas, para analizar la crisis social que atraviesa el país. El Cosena es un organismo propuesto y avalado por la Constitución de 1980. 

El Consejo estará “encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”, explica el Artículo 106 de la Carta Magna. El texto también establece que “Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República”.

Chile amaneció el jueves con rutas bloqueadas por camioneros y manifestaciones en distintos sectores de Santiago y otras ciudades, incluidos los barrios más acomodados. Una convocatoria por redes sociales llamaba a hacer un "gran tour al oasis" y llegar hasta la rica comuna de Las Condes, una zona de Santiago con los metros cuadrados más costosos de todo Chile.

Empleados de los servicios públicos de salud, que reclaman desde hace años mejoras salariales y más recursos para la atención primaria, llegaron temprano hasta la sede de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por la tarde, una columna de manifestantes avanzó sobre la avenida Vitacura, sector exclusivo de residencias y sede de organismos internacionales, embajadas y comercios de lujo. Mientras tanto, otros centenares de personas, en su mayoría estudiantes, protestaban en el centro de Santiago, escenario habitual de las manifestaciones.

Desde las masivas jornadas de protesta que iniciaron el 18 de octubre, se contabilizan hasta el momento 23 muertos, de acuerdo a la Fiscalía de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este jueves que ya recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras tanto, espera la autorización para ingresar al país.

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 06:11

Haití: Ocho semanas en las calles

Haití: Ocho semanas en las calles

Este 4 de noviembre inició la octava semana de protestas en Haití en contra de la administración de Jovenel Moïse. Según datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se contabilizaban la semana pasada 42 muertos y 86 heridos.

La misma ONU da cuenta de la represión gubernamental ante las masivas movilizaciones que han desencadenado una importante crisis política. La mayoría de los fallecidos son por herida de bala y entre ellos se encuentra un periodista que cubría las movilizaciones. Impotente, la normalmente intervencionista Organización de las Naciones Unidas (ONU) se limitó a denunciar su preocupación y a pedir a las partes encontrar una solución.

Las protestas iniciaron a mediados de septiembre debido a una fuerte escasez de combustible que rápidamente se convirtió en una oleada de reclamos sociales en contra del gobierno que mantiene a la población con 60% bajo la línea de pobreza y sin un plan real que resuelva la crisis estructural que se profundizó tras el terremoto de 2010, el cual fue aprovechado por el imperialismo estadounidense para militarizar el aeropuerto internacional desplegando marines para así ser el regulador de esta posición estratégica.

Las protestas mantienen bajo múltiples barricadas ciudades principales como Puerto Príncipe, Pétion Ville y Delmas. Al contrario de la ONU, que busca una salida negociada con sectores de oposición, el movimiento popular en las calles exige la dimisión de Moise y sus parlamentarios, castigo a corruptos, plan contra la crisis y menos intervención neoliberal.

La crisis socio política que se desató en el país ha llevado a miles a tomar las calles y enfrentar la represión del gobierno, el cual se niega a dimitir y que también se ha aislado políticamente al buscar pretender acordar con la oposición una salida que mantenga al Estado junto a sus instituciones intactos, pero sin cederle espacios de interlocución.

Para ello nombró una Comisión de Diálogo con siete de sus funcionarios gubernamentales la cual entró rápidamente en crisis al dimitir cuatro de ellos ante la insistencia pública de que no va a dimitir.

La oposición "democrática" se endurece ante las masas

"La lucha se realizará con disciplina, orden y convicción. No será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo", anunció la bancada opositora de Haití.

Con este discurso que hizo el lunes 4 la organización Alternativa Consensual para la Refundación de Haití respondió ante la posibilidad de la caída del gobierno mediante la protesta y el creciente riesgo de que los partidos de oposición se vean rebasados por la revuelta popular. Así fue como disfrazaron su llamado a un toque de queda a partir de las 19:00; escudándose en evitar mayor número de muertos, pero que en realidad tiene como finalidad paralizar, atemorizar y reprimir a los manifestantes que desacaten y así mostrarse como una mediación susceptible de entrar en negociaciones con el gobierno.

A este esfuerzo por mantener el régimen y desarticular las movilizaciones en las calles se sumó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que pidió qué las dirigencias llamaran a protestar de manera pacífica respetando la propiedad privada.

Estos nuevos discursos de la oposición demuestran que los dirigentes están buscando desviar las protestas hacía sus propios intereses de poder, pactando con el gobierno afín al imperialismo yanqui, tratando de acallar con un bozal las demandas urgentes de la población y buscando una salida auspiciada por las mismas instituciones que hoy mantienen al país en crisis.

Es por eso que está semana será importante para tener una idea de hacía a donde van las movilizaciones y su capacidad para rebasar a los esfuerzos de las dirigencias "opositoras" que pretenden frenarlas. En estos momentos críticos, los haitianos podrían sorprender con organismos de auto organización que busquen romper con la respuesta represiva del gobierno avalada por el toque de queda opositor.

Lo que sucede en Haití, no es caso aislado, forma parte de un segundo ciclo de revueltas y jornadas revolucionarias traídas por la crisis del 2008, que hoy tiene como uno de sus epicentros a varios países de América Latina.

Al igual que esos países, el proceso de lucha que viven las masas empobrecidas haitianas debe reflejarse en un desarrollo de la organización independiente de las mismas, empezando por impulsar asambleas y organizaciones propias, para la discusión de los verdaderos problemas que pasan por detener inmediatamente la relación de subordinación del país a los intereses extranjeros, echando abajo al gobierno lacayo del imperialismo y el FMI sin ninguna confianza en los "opositores" del toque de queda.

Por Alejandro Razett

Miércoles 6 de noviembre

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Súper represión para el Súper lunes en Chile 

Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar Plaza Italia en la tercera movilización masiva de la sociedad. 

Mientras estas líneas se escriben, Plaza Italia y sus alrededores, epicentro de las numerosas y esencialmente pacíficas protestas chilenas, es caos. Humo y fuego, personas corriendo, policías atropellando civiles, vidrios rotos, barricadas. Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar la Plaza en la tercera movilización masiva de la sociedad, llamada “Súper Lunes”. La versión oficial de los hechos la acaba de pronunciar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: el argumento para la represión es que hubo dos ataques con bombas molotov a la Policía.

A las 21. 30, el funcionario repudió “el cobarde ataque” a dos carabineras que se encuentran con lesiones de gravedad. “Llamamos a condenar la violencia, que no tiene nada que ver con el legítimo planteamiento de la ciudadanía. Ha sido un día complejo. Vamos a seguir investigando para sancionar estos hechos”. Dio cifras de detenidos en todo el conflicto (9 mil, 500 en prisión preventiva). Una periodista le consultó por las patrullas que se vieron atropellando civiles, como circuló en un video subido a Twitter (https://twitter.com/i/status/1191497132735451136). En principio la evadió. Luego dijo que todos los hechos, incluso los que tuvieran “efectos en civiles” debían ser investigados. “El mensaje a la ciudadanía es que nos abramos al diálogo. Estamos haciendo un esfuerzo para escuchar humildemente todos sus planteamientos”, afirmó.

En cuestión de minutos, una manifestación pacífica que reunía a estudiantes, trabajadores de todos los sectores, jubilados, militantes y familias enteras se volvió un infierno. Los gases se habían sentido desde temprano, ingresando por la Alameda, a una larga distancia de la Plaza Baquedano con su monumento parcialmente destruido en la revuelta, con su caballo a casi toda hora ocupado por alguien que flamea la bandera nacional o mapuche. Por la tarde, mientras terminaba una ronda de organizaciones sindicales y sociales alrededor del Congreso para pedir a los legisladores que no abordaran la agenda social de Piñera, en Plaza Italia ya se veían hidrantes y explotaban las lacrimógenas. En ese entonces había poca gente. Horas más tarde, varios manifestantes admitían sentir miedo cuando iban llegando con sus barbijos, sus máscaras, antiparras limones y agua con bicarbonato, pero a la vez con sus carteles, silbatos, cornetas, cualquier objeto metálico para golpear, pañuelos verdes y hasta sus danzas en plena calle, con un deseo encendido, profundo, al parecer inclaudicable, de que Chile cambie para siempre.

Esta tarde, la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que solicitó la rectificación de declaraciones de su director, Sergio Micco. Ayer, Micco afirmó a un canal de televisión que la violación a los derechos humanos “no es sistemática” en Chile. “Consideramos que demuestra un profundo desconocimiento de la normativa nacional e internacional sobre la materia. Algunos vivimos en comunas donde han ocurrido situaciones de represión”, afirma la Asociación.

El desgaste en cuerpos y rostros se hacía evidente. El pueblo --la parte de él que no ha sufrido lo peor-- acumula días marchando, debatiendo, sin dormir o durmiendo poco, con estrés, largas caminatas por el funcionamiento parcial del metro y adicción a un sistema de información que se teje por redes sociales. Pero “no nos cansamos”, repetían los chilenos, que también coreaban: “Ya van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver”.

Lo que se veía esta tarde no era distinto a lo que se viene viendo en Chile hace ya más de dos semanas. Un movimiento transversal, vivo, potente, rabioso, esperanzado, autoconvocado, sin líder, que no sólo no confía sino que repudia partidos políticos e instituciones. Que une al feminismo, la lucha mapuche, los estudiantes, los trabajadores, jubilados, los hombres de traje y que hasta movilizó a los ricos. En él hay también profesionales que aportan sus saberes --como arquitectos que denunciaron con una instalación la precariedad de las viviendas sociales o geógrafos que elaboraron mapas de registro de los cabildos--. Los jóvenes que en la marcha decían que no les interesaba cuando volverá a haber clases en la Universidad de Chile –se encuentra cerrada-- o que flameaban banderas mapuches porque hay que “representar a las raíces” fueron los que prendieron la mecha. “Violan a alguien y el Carabinero sigue libre. En cambio, un profesor puede quedar preso diez años por romper los torniquetes del metro”, contrastaba Mireya, 18 años, un limón en la mano, respecto del caso de Roberto Campos Weiss.

El INDH acumula cifras de querellas por violencia sexual, de niños y adolescentes detenidos (en lo que va del conflicto 479), heridos, torturas. Hubo detenciones a periodistas y en las calles se dice que hay infiltrados amenazándolos. Cientos de heridos que pueden perder un ojo. Presuntos montajes de muertes. Calcinados en los que se sospechan balas, suicidios que nadie cree que sean tal cosa. Chile arde, y el presidente es en esta marcha una marioneta que danza salida de un carro alegórico por una lateral de la Alameda, secundada por máscaras de Pinochet y Jaime Guzmán. “Cuando el año pasado participé de una masiva marcha feminista, creí que podía morirme, pero ahora puedo ver esto”, festejaba Isabel, de 70 años, antes del caos. Por su tendencia de izquierda debió exiliarse en la dictadura. Esta tarde ya percibía que algo andaba mal. “No sé por qué tenía miedo de venir. Creo que tiene que ver con el golpe, pues.”

No solamente los cabildos de los que participaron 10 mil ciudadanos arrojaron que la principal demanda chilena es una asamblea constituyente, con fuerte participación popular, que dé origen a una nueva constitución para desterrar a la de la dictadura, que les privatiza la vida. Incluso una encuesta de CADEM, medición financiada por la derecha según uno de los manifestantes entrevistados, difundió que el 87 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor de esos dos objetivos.

¿Hacia dónde va este Chile herido y despierto, ese que hasta hace poco parecía un oasis? Mejor que hable un chileno. Un camarógrafo que se estaba manifestando, antes de dejar la Plaza, hizo su análisis: “El periodismo no rescata la belleza, la parte humana de todo esto. Esta wea’ está peluda. Estiremos esta wea (huevada)’. No va a parar. La gente está indignada. Esto lo encabezaron los jóvenes por sus abuelitos. Les daba lástima ver cómo mendigaban salud. Y también las mujeres, que son bravísimas. Estamos mal pero a la vez bien. Antes estábamos bien pero estábamos mal. Es una verdad incómoda, pero es nuestra verdad”, reflexionó. “Tal vez cualquier weón de la milicia se vuelva loco y pase armas para el otro lado. El neoliberalismo se va a caer. Que Chile sea el puntal de esa manera de vivir.”

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Lunes, 04 Noviembre 2019 06:44

5 mil 460

Migrantes celebraron el fin de semana el Día de Muertos con una protesta afuera de un supermercado Whole Food en Brooklyn, Nueva York, para exigir que Amazon (propietaria de la cadena de tiendas) corte los lazos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional.Foto Afp

El régimen de Trump –según cifras oficiales– ordenó y realizó el secuestro de más de 5 mil niños migrantes. El presidente y los encargados de implementar esa medida, desde su gabinete hasta los jefes de agencias migratorias, y los oficiales que físicamente cumplieron las órdenes de arrancar a los niños de los brazos de sus padres, todos siguen impunes ante el mundo.

Los niños fueron separados cuando sus familias intentaban ingresar a Estados Unidos sin documentos y desaparecieron durante días, semanas y meses con la llamada política de "cero tolerancia" diseñada e implementada por este régimen.

Fue por una demanda legal de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que resultó en una orden judicial del juez federal Dana Sabraw, hace 16 meses, lo que obligó al gobierno a identificar el número de niños afectados para que fueran reunificados con sus familias.

El régimen de Trump primero reveló hace meses que eran 2 mil 814 niños los afectados por estas medidas. Hace una semana, casi año y medio después de la orden judicial para contabilizar a todos, resulta que detectaron otros mil 556 niños que habían separado de sus familias. La mayoría tenían 12 años o menos; unos 300 de ellos tenían sólo cinco años o menos. De los mil 556 recién revelados que fueron separados entre julio de 2017 y junio de 2018, cinco de ellos no habían cumplido un año de edad, 26 tenían un año, 40 tenían dos años, 76 tenían tres y 60 tenían cuatro.

Más aún, el gobierno informó que había separado a otros mil 90 menores supuestamente por protegerlos de padres abusivos, algo que disputan abogados.

O sea, en total, por lo menos 5 mil 460 niños fueron separados de sus familias por el régimen de Trump. Estas son las dimensiones de esta crueldad.

¿Como es posible justificar tal barbaridad?

El régimen de Trump se atrevió a decir que era para proteger el bienestar de los niños al disuadir a sus familias de intentar hacer ese peligroso viaje, al mostrar que sólo les esperaba la separación y detención de sus hijos (el gobierno de Obama justificó medidas –aunque menos extremas– contra el flujo de menores con un argumento parecido).

Otros son más sinceros: la razón por la crueldad es aterrorizar. Hasta cristianos conservadores cercanos a Trump afirman que las separaciones familiares son "un castigo apropiado" para los que deciden ser "inmigrantes ilegales" según Ralph Drollinger, pastor que se encarga de enseñanza de la Biblia al gabinete de Trump.

¿Pero cuál es la justificación de los gobiernos, partidos, organizaciones del mundo de no presentar cargos contra Washington por abuso, secuestros, tortura y tráfico de los hijos del mundo, incluyendo sus propios ciudadanos –en su mayoría latinoamericanos– que han tenido que padecer este tratamiento inhumano?

Todos han visto a sus niños en jaulas y los reportajes –algunos extraordinarios– en los medios, los reportes de organizaciones de derechos humanos y los informes de los pediatras que han denunciado el trauma y daño permanente que esto ha causado en miles de niños.

¿Y ese silencio de todos aquellos que se congratulan de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (por cierto, el único país que no ha ratificado la convención es Estados Unidos) y otras relevantes de las cuales les encanta hablar en instancias multilaterales como la ONU y esa OEA tan preocupada por los derechos, aunque sólo en ciertos países?

Seguramente algunos explicarán, como siempre, que es más importante la diplomacia pragmática y no entorpecer otras prioridades como acuerdos de libre comercio, inversión e iniciativas de "cooperación" y evitar provocar problemas con este régimen. A ver quién le explica eso a los niños que todos dejamos abandonados.

A pesar del ruido de algunas condenas y reprobación de diversos sectores y organizaciones civiles dentro y fuera del país, no hay consecuencias para los responsables.

Eso no es culpa de ellos, es culpa de todos nosotros aquí y en el mundo. ¿No es hora de aplicar la cero tolerancia a Washington en nombre de estos 5 mil 460 niños?

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:43

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

La rutina de lo inesperado se apodera de Chile

 Las marchas autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante.

 

La teoría de que Chile está normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña la cordillera y los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona, cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban más dispersos.


Las marchas autoconvocadas en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre, son habituales los cabildos, espacios en que los chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol. Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los brazos. El momento es ahora.


A quince días del estallido no se cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de 120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a por lo menos 157 personas.


“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco. Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros “una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal menor.


Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica, ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación del Gobierno. En su momento agrupaciones feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos, a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH. En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras, Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como la acusación constitucional contra Piñera y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos humanos. En las últimas horas también se conoció la primera acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.


El lunes o martes ingresará a la Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la crisis de modo democrático. Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca. Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del mandatario. “La única salida institucional a la crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25 muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras, acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en movilizaciones como en la virtualidad.


El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude (Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del Gobierno: “El cambio que la ciudadanía pide hoy es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es un problema de cantidad?”. Para el funcionario, los montajes --se habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los incendios-- y la clandestinidad de la tortura no pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de gritar y de arder.

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Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

 

Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG [lanzagranadas] y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear ‘nadie nos representa’ y ‘fuera, fuera, Irán’, en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todos las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

"Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa"

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra ISIS, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chanclas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. En la parte de atrás de uno amarillo, un hombre despatarrado con dificultades para respirar.

Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra ISIS, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde [el área más segura y fortificada de Bagdad] impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimidaciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de mes, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam.

Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara este fin de semana que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi.

Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes pasado comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

El domingo, el servicio antiterrorista de élite de Irak comunicó que había desplegado sus efectivos en Bagdad para proteger los edificios estatales importantes de "elementos indisciplinados".

Los manifestantes que durante el fin de semana pasado se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron este lunes a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

El lunes también hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes. Entre la noche del lunes y la mañana del martes, mató a 18 personas y dejó heridas a cientos. Hasta la fecha, ha sido uno de los ataques más letales.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes [a principios de octubre] formaba parte de las milicias Khorasani y Badr [de mucho poder, tienen el apoyo de Irán]. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas. Según esa interpretación, la embajada estadounidense y los Estados del Golfo están alentando las protestas para derrocar al Gobierno chií de Irak.

"Mira a la gente que te rodea", señala un abogado de 23 años en la ciudad de Sadr, a las afueras de Bagdad. Es una noche de principios de octubre y las balas silban sobre su cabeza mientras decenas de niños se agachan para esconderse en un pequeño callejón. "¿Crees que la embajada americana sabe que ese callejón existe? Todos estamos sin trabajo, yo terminé la carrera de Derecho hace tres años y aún no he encontrado empleo".

Desde el frente traen a un joven con la pierna empapada en sangre. Un montón de neumáticos incendiados lanza grandes llamas hacia al cielo. "Estas son las mejores manifestaciones desde 2003", señala el abogado. "Todas las manifestaciones anteriores fueron organizadas por Moqtada al-Sadr o por los secularistas, pero este es un auténtico levantamiento popular y sin líderes".

Ghaith Abdul-Ahad - Baghdad

01/11/2019 - 21:03h

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Viernes, 01 Noviembre 2019 15:16

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

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Viernes, 01 Noviembre 2019 05:51

La represión recrudece a la noche en Chile

La represión continuó en las calles de la capital chilena. Imagen: EFE

Las manifestaciones espontáneas se sucedieron en Palza Italia, tradicional epicentro de las marchas masivas en contra del gobierno.

Las leyendas en aerosol en las fachadas de los edificios, bombas textuales para el presidente, los pacos, algunos deseos. Los trajes impermeables cubriendo de pies a cabeza. Máscaras, maquillaje. Sombreros de bruja. Cascos, antiparras, pañuelos, barbijos. El sonido constante de cacerolas y silbatos, algún cántico. La interrupción repentina del estruendo del gas lacrimógeno o la dispersión a la que obliga el camión hidrante. La represión recrudece a medida que avanza la noche. Los carabineros se ubican en la boca de la estación de metro Baquedano, donde funcionó un centro de tortura. Los de veintitantos, los que no tienen en el cuerpo la memoria de la dictadura --tal vez los que menos miedo tengan-- son mayoría esta tarde en la zona conocida como Plaza Italia. Es una manifestación espontánea, algo de lo más habitual por estos días, que suele iniciarse a las 17.


En la escena se mezclan vendedores de comidas varias y cervezas, jóvenes de cabellos de colores que circulan en rollers y bicis, la épica imagen de un chico trepado al caballo del monumento que homenajea al general Baquedano. Desde lo alto flamea la bandera nacional. Hay muchas mapuches, también. Un muchacho toma un megáfono para dedicar un poema al “Negro matapacos”, un perro fallecido, ligado al movimiento estudiantil. No hay un único reclamo: patriarcado, bajos salarios, dificultades para estudiar, el monocultivo, la falta de camillas para enfermos son apenas algunos de los blancos. Cientos de motos irrumpen de pronto en la Alameda; ruidoso ritual contra el negocio de TAG en las autopistas. Un vendedor de empanadas y masas rellenas dice que trabaja y de paso apoya “a los chiquillos”. “Tuvo que llegar el caos para que nos tomaran en cuenta”, sentencia el asfalto, también copado por mensajes de aerosol.


Varios de los presentes marcharon más temprano hacia el Palacio de la Moneda. Constanza, 23 años, estudiante, tiene las manos manchadas de rosa. Acaba de dedicar lo opuesto a un piropo a la Policía. Aunque ya no hay militares en las calles la violencia continúa. Hay quienes postulan que los gases contienen sustancias más dañinas. “Nos manifestamos pacíficamente. Tengo muchos amigos a los que les han llegado perdigones, que han perdido ojos. Nuestro único derecho en Chile es poder elegir, pero teniendo plata”, expresa. No es la única que piensa que los jóvenes tienen un “deber” en estos tiempos. Invitar a “que esto se siga moviendo”. “Nos obligan a regresar con piedras. No es lo que queremos”, asegura Lucas.


Para Javiera es todo muy fuerte “emocionalmente”. El primo de una amiga suya ha desaparecido en Puente Alto. “Nadie esperaba un estallido social. Pero tenemos que decantarlo bien”, se esperanzan Constanza y Jorge. Lo que aparece en el horizonte como deseo –además de la renuncia de Piñera-- es una asamblea constituyente que engendre una nueva constitución, para desplazar a la heredada de la dictadura y que “las necesidades básicas de la población” queden garantizadas desde el Estado.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 05:56

Chile: denuncian la desaparición de 13 mujeres

Familiares de las mujeres desaparecidas durante la represión de Piñera a la rebelión popular están organizadas y exigen su aparición con vida Imagen: Facebook Feministas Autónomas

 Colectivos feministas consignaron que permanecen desaparecidas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. También fueron denunciados casos de violencia sexual y ataques lesbofóbicos.

 

Algunas se pusieron anteojos de sol, otras se tapan la cara con el cartel, todas gritan "dónde están, vivas las queremos".

Mientras desembarca la misión de Naciones Unidas en Chile, que permanecerá hasta el 22 de noviembre, la Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció la desaparición de 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre, cuando empezaron las protestas en todo Santiago y cuando se vivió la primera noche en Estado de Emergencia. En tanto, ABOFEM (Abogadas Feministas) recibió 13 denuncias de índole sexual, de las cuales 3 incluyen ataques lesbofóbicos.

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile hizo un balance e informó que recibió en total 505 denuncias, que se distribuyen en: 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de ABOFEM, denunció que han sido informadas de humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, incomunicaciones, desnudamientos forzosos de algunas manifestantes y que el número de estas vulneraciones han ido en aumento a nivel nacional. Hizo un llamado a denunciar el actuar ilegítimo por parte de los agentes del Estado. "El estado de emergencia que estamos viviendo hoy no es en ningún caso, la disminución de los derechos garantías de la ciudadanía", aseveró. En ese resumen, la Defensoría y ABOFEM consideraron que hubo una “avalancha de denuncias” concernientes a violaciones de derechos humanos en las manifestaciones del último fin de semana.

Desde el 18 de octubre, ambas organizaciones han trabajado en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, y suman un aproximado de 150 observadores a nivel nacional. Sin embargo, según indicaron en una declaración pública, no se dan abasto para procesar la cantidad de denuncias recibidas en total.

Bravo, agregó que en el caso de mujeres esta situación también se ha agravado y ha incluido también a miembros de la comunidad LGTBIQ+.

“Hacemos un llamado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a que haga un llamado al cese de estos comportamientos, debido a que el estado en el que estamos viviendo hoy, no significa en ningún caso la disminución de los derechos y garantías de nuestra ciudadanía”, enfatizó. Esa funcionaria declaró que hasta el momento, en su cartera no se ha recibido ningún tipo de denuncia formal por casos como los que han explicitado las organizaciones mencionadas.

La Defensoría Jurídica se creó a instancias del Centro de Estudiantes de Derecho, el apoyo de abogadas/os, profesoras/es, el Centro de Derechos Humanos y diferentes departamentos de la Facultad, junto organizaciones de la sociedad civil, como la ABOFEM, Londres 38, la Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estas instancias coordinan acciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, con la finalidad de apoyar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante los estados de emergencia.

Las denuncias por personas desaparecidas

El registro de los casos de personas desaparecidas asciende a 20 en el país, de acuerdo al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) que envió ya los datos a la justicia. Así, la Fiscalía analiza los recursos de amparo a favor de estas personas, en los que se solicita su búsqueda, tras una semana de intensas movilizaciones convocadas bajo el Estado de Emergencia declarado por el gobierno, y ya derogado. 

Los amparos se presentaron el 24 de octubre en contra del Ministerio del Interior, de Carabineros de Chile y del jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, y a favor de las personas desaparecidas. Fueron nueve, aunque tres de las personas fueron encontradas, una sin vida. Según informó El Desconcierto.cl, se trata de Manuel Jesús Muga, de 59 años e insulinodependiente, quien fue visto por última vez saliendo de su casa rumbo al supermercado Líder ubicado en calle Miraflores, en Santiago, alrededor de las 15 del 20 de octubre. Su nombre apareció en la lista de los 17 fallecidos que este viernes dio a conocer el Ministerio Público. Según la información entregada por la Fiscalía, Muga fue una de las cinco víctimas del incendio ocurrido el domingo pasado en la bodega de la empresa de ropa interior Kayser, ubicada en Renca.

Respecto a los seis casos consultados, se trata de tres mujeres y tres hombres que aún no han sido encontrados y están siendo buscados por sus amigos y familiares.

El domingo 20 de octubre, en la segunda jornada que Chile vivía bajo estado de Emergencia y toque de queda, Victoria Campos fue vista por última vez antes de ser detenida en San Bernardo en el contexto de las manifestaciones desarrolladas en la Región Metropolitana. Según el recurso de amparo, tras su detención fue trasladada “a un recinto desconocido”. 

El mismo día domingo desaparecieron al menos otras dos mujeres. Lorena Antonieta Espinoza, de 56 años, fue vista por última vez en las cercanías de Plaza Ñuñoa. Según indica el recurso, en ese lugar “se encontraba presente personal de orden y seguridad efectuando detenciones”. El texto prosigue: “Atendidos los acontecimientos sucedidos en el centro de Santiago, con énfasis en el día que doña Lorena fue vista por última vez, resulta altamente probable que doña Lorena haya sido abordada por fuerzas de orden y seguridad o por los militares”.

Tampoco se supo nada más de Ignacia Miranda Álvarez. La mujer fue vista por última vez cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa. En ese sector había contingente policial y militar desplegado para contener las protestas. Esa escueta información es todo lo que por ahora se conoce de su desaparición.

A Francisco Sebastián Silva Peñaloza lo vieron por última vez cerca de las 17:00 horas del domingo 20 de octubre, en el Mall Plaza Sur, en San Bernardo. En los alrededores había contingentes de militares y carabineros. Por eso, creen que pudo haber sido detenido por alguno de estos funcionarios. Desde aquella misma tarde, sus familiares lo han buscado en comisarías y otros recintos cercanos a su casa, y han vuelto varias veces al lugar en que fue visto por última vez. Sin embargo, permanece inubicable.

Ese mismo día hubo otra desaparición. Kristopher Mario Pardo González, de 35 años, fue visto por última vez a eso de las 15 en la comuna de Santiago. Ese día salió de su casa, ubicada en Avenida La Marina, en San Miguel, alrededor de las 14.30 horas vestido de buzo negro y polera verde con gorro. Desde ese momento, no se volvió a comunicar con su mamá, quien lo fue a buscar por las plazas y alrededores. Kristopher se encuentra en tratamiento psiquiátrico por posible esquizofrenia. La denuncia por su presunta desaparición fue entregada a organizaciones de Defensoría y Derechos Humanos y ha sido buscado en comisarías y en juzgados de garantía. Se ha requerido información por distintos medios de comunicación y por redes sociales. Pero los esfuerzos no han tenido resultados positivos por el momento.

El 22 de octubre B. C. P., de 17 años y vecino del sector norponiente de Santiago, fue visto por última vez. La única información que manejan sus familiares es que iba de regreso a su casa, en Renca, y que estaba en un lugar donde se produjeron varias protestas con gran cantidad de carros de policías. La familia lo ha buscado intensamente durante esta semana. Sin embargo, no tienen información sobre su paradero.

El abogado de la Comisión Chilena de Derecho Humanos, Yuri Vásquez, que inició estas acciones junto a otros letrados, explica que se amparan en el artículo 21 de la Constitución para proteger las garantías fundamentales de las personas, en especial, el derecho a la libertad individual y de seguridad personal. Vásquez plantea: “Si bien no estamos aduciendo que sean desapariciones forzadas en el mismo contexto de lo que ocurrió en la dictadura, sí estamos en un estado de excepción constitucional donde el jefe de zona es un general del Ejército y la libertad ambulatoria está en manos de efectivos policiales y militares”.

En la Comisión manejan otras denuncias por desaparición, pero en algunos casos no cuentan con mayores datos que el nombre y apellido de la persona desaparecida, ni las circunstancias en las que fue vista por última vez, lo que dificulta la interposición de los recursos. Según el medio chileno, el jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga, ha solicitado ampliar el plazo para informar sobre la situación de estas personas, lo que para el abogado es “un tanto absurdo” porque, considerando la gravedad de los acontecimientos, en su opinión, urge que se haga un recorrido por todas las comisarías y unidades policiales y militares para que dispongan de toda la información disponible y sea traspasada a los familiares cuanto antes.

Vicente Bustos, presidente del CED, destacó la labor de la Defensoría, de visibilizar lo que está ocurriendo en comisarías, hospitales y lugares detención e informó que a la fecha, han recibido 505 denuncias, que se distribuyen en 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Tomás Ramírez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que las dinámicas de represión policial y de trato a los observadores de Derechos Humanos se han mantenido y en algunos casos ha empeorado. “Aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarse con ellas, para conocer las condiciones concretas de su detención”, dijo.

Informó que se han encontrado con una gran cantidad de personas lesionadas, dado que Carabineros realiza disparos a la parte superior del cuerpo y cabeza de las personas.

Así, Ramírez, miembro de la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, se refirió primero a lo que ha sido el actuar policial y el trato para con los observadores de dichas instituciones.

“Respecto de los observadores, hemos podido notar que aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarlos para conocer el estado en que se encuentran y las condiciones de su detención. Las dinámicas de la represión policial y militar se mantienen e incluso empeoran”, precisó.

Según Ramírez, en el caso de los disparos efectuados por miembros de Carabineros, estos se han producido apuntando directamente a la parte superior del cuerpo, lo que ha conllevado a una alza en el número de víctimas que resultan muertos o con visión afectada.

Por Adriana Meyer

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Independencia de Cataluña. No hay solución

Vamos hacia una nueva fase del conflicto; será mucho más dolorosa. Decenas de presos políticos, recorte de libertades en toda España, frustración y miedo serán la tónica cotidiana, con momentos puntuales de seminsurrección.

Seis de diciembre de 2018. Décimo aniversario del asesinato de Alexis Grigoropoulos a manos de un policía. Como cada año, miles de jóvenes se manifiestan y protagonizan durísimos disturbios contra la policía en Exarjia, el barrio ateniense donde mataron a Alexis. Cuando la marcha entra en el barrio prenden las barricadas. Las han erigido varias horas antes de que empiece la manifestación. Todos los accesos a Exarjia están bloqueados menos uno, para que la manifestación pueda entrar. Se bloquea después. En la calle Andrea Metaxa hay un coche volcado ardiendo; estaba abandonado y lo habían aparcado allí días antes. En Trikoupi han montado un andamio de dos pisos que tiene sacos de cemento en la base. En Ikonomou hay decenas de neumáticos atravesados por dos cables de acero fijados a los edificios. Parece que cada calle compite por la mejor decoración, como en Fiesta Mayor. No son barricadas hechas con lo primero que encuentran a mano.

Aunque desde fuera los encapuchados parecen una masa, la multitud está formada por grupos de diez o quince personas. Cada grupo tiene un nombre en clave, lo gritan continuamente cada vez que se mueven para no perderse. Aunque la mayoría van de negro de los pies a la cabeza, muchos grupos llevan distintivos en el brazo para identificarse entre sí. Pasamontañas, cascos y máscaras antigás. Cada grupo tiene varias cajas con decenas de molotovs cerca de su barricada. Dos chavales con barras de acero custodian cada punto de abastecimiento. Los encapuchados cogen un molotov en cada mano, se acercan a la barricada, los lanzan por turnos y el grupo entero retrocede unos metros. Siempre hay dos o tres vigilando los laterales. Tiran piedras o botellas de plástico rellenas de gasolina y pequeños Campingaz a los que han fijado petardos con cinta americana.

El follón dura horas, pero todo el mundo sabe que, tarde o temprano, la policía logrará entrar al barrio. Lo hace a base de lacrimógenos, granadas flash, cañones de agua. Cuando consiguen romper las barricadas, entran en tromba por todas las calles a la vez. Da miedo. Aunque parezca increíble, cuando la policía accede al centro del barrio, miles de encapuchados se han esfumado. Los policías miran con desconfianza hacia los portales. Saben que están allí, pero ¿dónde? Desde algunas azoteas caen los últimos molotov, la policía realiza un par de detenciones a chavales despistados que no han sabido dónde meterse.

Lo que acabo de describir es un disturbio organizado. Lo de Catalunya estos días es un estallido de rabia. Muy duro, como se vio en Urquinaona el viernes 18 de octubre, pero completamente diferente a una estrategia decidida y planificada por colectivos bien organizados. Llevo una semana preguntándome si los periodistas y los policías que aseguran circunspectos que en Catalunya nos hallamos ante “el estallido de violencia más grave protagonizado por profesionales de la violencia” se lo creen. Me pregunto si lo dicen porque nunca han visto ni han investigado lo que pasa en otros lugares o si quieren engañar para justificar la brutalidad policial.

La diferencia entre lo que ves en la calle y lo que dicen por la tele es uno de los factores que ha azuzado el fuego esta semana. Miles de personas han grabado con el móvil lo que les pasaba a sus amigas; no tenían nada que ver con lo que luego les contaban los medios.

PARADOJAS IRRESOLUBLES

Esa distancia con el relato mediático ahonda la brecha. Una brecha que ya no se puede coser. Catalunya y España se han separado. Son países diferentes. Da igual si te sientes español, catalán, catalán y español o mediopensionista: las realidades políticas de ambos territorios son completamente diferentes y negarlo no sirve de nada. Yo no soy independentista, nunca lo he sido. Pero eso no me impide ver la realidad. España y Catalunya piensan diferente respecto a la autodeterminación, la sentencia del Procés, las medidas políticas necesarias, las soluciones posibles, la represión y la representación política. Son escenarios construidos por oposición que no dialogan entre sí porque son incompatibles. La mitad de Catalunya no es independentista, me dirán. Pero incluso esa mitad contempla como posibles propuestas que en España son marginales. Catalunya y España no se han separado porque en Catalunya todo el mundo sea ‘indepe’ y en España todos sean fachas, sino porque lo que en Catalunya podría ser un consenso de mínimos —referéndum de autodeterminación, proceso constituyente, federalismo— en España no es ni planteable.

Constatar esto no implica vislumbrar una solución. Es más, probablemente ha llegado el momento de reconocer que no hay solución. En Catalunya hay un amplio consenso a favor del derecho a decidir, pero eso da igual: el Estado no lo va a permitir. Punto. No es porque lo diga la ley, eso es completamente secundario. Es porque la correlación de fuerzas es claramente favorable al Estado, que puede permitirse manifestaciones gigantescas, huelgas generales, disturbios y tsunamis sin que ello suponga la quiebra del contrato social fuera de Catalunya. Es más, cuanto más dura sea la represión contra el independentismo, mayor cohesión política suscitará el gobierno de turno.

Aquí radica la paradoja irresoluble: la única forma de ejercer la autodeterminación sería cambiando España. Y esto nos plantea a su vez otras dos paradojas irresolubles. Una: si Podemos, IU y Más País ponen ahí el acento, si de verdad prometen lo que querrían prometer, nunca ganarán las elecciones. Sería un gesto inútil. Dos: pedir a los independentistas que se centren en cambiar España antes de cambiar Catalunya es pedirles que dejen de ser independentistas. No va a pasar.

Vamos hacia una nueva fase del conflicto; será mucho más dolorosa. Decenas de presos políticos, recorte de libertades en toda España, frustración y miedo serán la tónica cotidiana, con momentos puntuales de seminsurrección. Influjo, reflujo y pocos cambios reales. Me gustaría ser más optimista, pero el mundo es una mierda. España y Catalunya también.

Por Hibai Arbide Aza

2019-10-29 10:02

Publicado enInternacional