Hallado muerto un testigo del ‘caso Odebrecht’ en Colombia



El ex secretario de Transparencia, Rafael Merchán, ha sido encontrado sin vida en su casa

 

Rafael Merchán, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia que estaba próximo a convertirse en testigo del caso Odebrecht, ha sido hallado muerto este jueves en su casa de Bogotá. Las autoridades están investigando las causas de su fallecimiento.

Tanto el presidente Iván Duque como su predecesor, Juan Manuel Santos, lamentaron la muerte de Merchán, de 43 años, y transmitieron sus condolencias a la familia. Duque lo calificó como “buen amigo y joven funcionario”, y Santos lo consideró una “gran persona y excelente funcionario”. A las condolencias se sumaron otras importantes figuras del mundo político colombiano.

Abogado y politólogo de la Universidad de Los Andes, Merchán fue secretario de Transparencia —una suerte de zar anticorrupción— y cónsul durante el Gobierno de Santos (2010-2018). El exfuncionario iba a rendir su testimonio en una de las investigaciones sobre los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia. En concreto, en el proceso penal contra el ex presidente de la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, en el que se anticipaba que iba a declarar en su favor.

Andrade, que también es ciudadano estadounidense y asegura ser víctima de una persecución, está acusado de los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor; y falso testimonio". A principios de este mes, un juez avaló el testimonio de Merchán en el caso Odebrecht a petición de la defensa de Andrade. El juzgado también aceptó acoger las versiones de otros funcionarios, como el propio Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el fiscal Néstor Humberto Martínez.

 

Un caso turbulento

Merchán es el segundo testigo del caso Odebrecht que aparece muerto, tras Jorge Enrique Pizano, interventor de una concesionaria de la constructora brasileña. La muerte repentina tras sufrir un infarto de Pizano, principal testigo del caso en Colombia, vino acompañada esa misma semana de noviembre del envenenamiento de su hijo Alejandro Ponce de León, que falleció tras beber de una botella que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.

Esas muertes ensombrecieron las pesquisas de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y sometieron a una enorme presión al fiscal Martínez, al que diversas voces han pedido su renuncia por los conflictos de interés que se le pueden presentar en el caso Odebrecht.

Tras la muerte de Pizano se conocieron grabaciones de 2015 en las que le transmitía al fiscal Martínez sus sospechas sobre posibles irregularidades. Martínez, para entonces abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que intervino en ese proyecto, se limitó a cumplir, según sus palabras, una función de "mensajería". Después, como fiscal, optó por inhibirse en algunas de las líneas de investigación del caso Odebrecht.

Varios desarrollos del caso Odebrecht se han precipitado en diciembre. La inhibición de Martínez llevó al nombramiento de un fiscal ad hoc para tres de las múltiples líneas de investigación. Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la universidad Sergio Arboleda de Bogotá, fue elegido hace dos semanas de una terna que el presidente Duque envió a la Corte Suprema de Justicia.

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Más de 30 mil colombianos fueron desplazados de sus sitios de residencia en 2018

El número acumulado de desplazados internos por el conflicto armado en Colombia es mayor que el de toda la población de Costa Rica, según informa la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Esa organización e instituciones del país sudamericano apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales.

De acuerdo con un reporte de ACNUR, más de 30 500 colombianos han tenido que desplazarse forzosamente entre enero y noviembre de este año. La cifra se suma a los 7.7 millones de desplazados internos que ha ocasionado el conflicto armado desde 1985.

El número es mayor que toda la población de Costa Rica y desde el sistema nacional de atención a las víctimas admiten que en algunas zonas del país no paran los desplazamientos forzados.

Desde 2018, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, junto con las instituciones colombianas, apoyan un proyecto para ayudar a las víctimas que ahora se encuentran en asentamientos informales. Actualmente, el programa opera en nueve comunidades en cinco municipios y beneficia a unas diez mil personas.

“Este programa realmente hace una gran diferencia en la vida de estas comunidades. Puede ser un proyecto modelo para que después sea replicado en otras comunidades”, afirmó Jozef Merkx, representante de ACNUR en Colombia.
Los datos de ACNUR confirmaron que en 2017 que Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos en el mundo. El informe Tendencias globales, presentado por esa agencia en junio de 2018, reveló que en 2017 un total de 91 431 colombianos fueron desplazados.

En julio pasado, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que al menos 17 825 personas fueron desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en once de los 32 departamentos que conforman el país.

El departamento más afectado es Norte de Santander, donde se registró el 54 por ciento de los desplazamientos, y también han sido afectados los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.

(Con información de Noticias ONU, ACNUR y EFE)

 

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Jueves, 27 Diciembre 2018 15:11

Las 30 mejores imágenes del año 2018

MAHMUD HAMS AFP

1. Un miembro de la defensa civil de Siria lleva en brazos a un niño herido tras un ataque aéreo del régimen de Al Asad sobre la ciudad de Hamoria, al este de Guta, el 6 de enero de 2018. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres que monitoriza el conflicto de aquel país, los ataques aéreos y el fuego de artillería del Ejército sirio dejaron un saldo de 24 personas fallecidas, incluidos 10 menores. Desde que se desataron las hostilidades en 2011, la guerra siria se ha cobrado la vida de más de 500.000 personas

 

.BASSAM KHABIEH REUTERS

2. Saleh Hassan Al-Faqeh toma la mano de su hija de cuatro meses, Hajar, quien murió de desnutrición en la sala del hospital Al-Sabeen en Sanaa (Yemen), el 15 de noviembre de 2018. Fouad Al-Reme, una enfermera del hospital, dijo que Hajar estaba consciente cuando llegó al hospital, pero sufrió bajos niveles de oxígeno. Según estimaciones de la ONG Save the Children, alrededor de 85.000 niños menores de cinco años han podido morir a causa de la desnutrición en Yemen durante los tres años de guerra.

MOHAMED AL-SAYAGHI REUTERS


3. Refugiados y migrantes esperan ser rescatados por los trabajadores de Proactiva Open Arms, a 90 kilómetros al norte de Al Khoms (Libia), el 18 de febrero de 2018. El equipo de la ONG española rescató solo en la primera semana de febrero a 236 personas en el Mediterráneo. "Como a tantos otros, las mafias lanzan a inmigrantes al mar sabiendo que no van a llegar a ningún sitio", comentó Laura Lanuza, portavoz de la organización.

OLMO CALVO AP


4. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong Un, estrechan sus manos en Panmunjom, dentro de la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, el 27 de abril de 2018. La tercera cumbre que se celebra entre los dos países estuvo cargada de simbolismo, incluyendo la mesa en la que se sentaron los líderes, de 2.018 milímetros de ancho, para marcar el año.

KOREA SUMMIT PRESS POOL REUTERS


5. Ilhan Omar, candidata demócrata electa al Congreso de Estados Unidos, saluda a su suegra durante la fiesta de las elecciones legistalivas en Minesota, el 6 de noviembre de 2018. La conducta de Trump en la presidencia llevó a las mujeres a romper nuevas barreras con al menos 95 representantes en el Congreso. Omar se convirtió en una de las primeras mujeres musulmanas en llegar a la Cámara de Representantes, siendo ya la primera legisladora por su Minesota de origen somalí. La demócrata de 33 años huyó junto a su familia de la guerra de Somalia, vivió cuatro años en un campo de refugiados en Kenia y llegó a Estados Unidos a los 12.

ERIC MILLER REUTERS


6. Un camión detenido ante al abismo que interrumpe el puente Morandi en Génova (Italia), el 14 de agosto de 2018. En el momento en el que ocurrió el derrumbe del puente, hacia el mediodía, había unos 30 coches y tres camiones en ese tramo de la autovía que cayeron al vacío, provocando la muerte de 39 personas y 16 heridos de gravedad. El Gobierno responsabilizó del siniestro a la concesionaria que administra ese tramo de carretera por no haber realizado el mantenimiento y anunció, en una decisión sin precedentes, que le retiraría la concesión.

VALERY HACHE AFP


7. En la foto, un guardia de seguridad pasa un documento a su colega en el consulado de Arabia Saudita en Estambul (Turquía), el 15 de octubre de 2018. Dos semanas antes, el periodista Jamal Khashoggi fue asesinado dentro de la misión diplomática, a la que había entrado para hacer un trámite, y de la que nunca salió. El periodista, de 59 años, había caído en desgracia en el Arabia Saudita tras criticar al régimen de Riad. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que se trató de un crimen planificado, contradiciendo así la versión saudí que sostuvo que se trató de un error y que ocurrió durante una pelea.

PETROS GIANNAKOURIS AP


8. Un gallo camina junto al cadáver de un joven, miembro de la pandilla Barrio-18 en San Pedro Sula (Honduras), el 28 de septiembre de 2018. San Pedro Sula es considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, controlada por las pandillas mediante las extorsiones y el tráfico de drogas, dejando a los jóvenes con pocas opciones aparte de unirse a las maras como la MS-13 y Barrio 18. Unos 600.000 hondureños han decidido buscar refugio en Estados Unidos, huyendo de la muerte y la miseria.

GORAN TOMASEVIC REUTERS


9. Un manifestante ondea la bandera de Francia mientras participa en la protesta de los 'chalecos amarillos' en París (Francia), el 24 de noviembre de 2018. Al fondo de la imagen, el Arco de Triunfo. Con una agenda inicial que buscaba la supresión del aumento de la tasa al diésel y la gasolina, prevista para el 1 de enero, la revuelta consiguió que el Gobierno francés anulase la subida de la tasa al carburante y aprobase ayudas de 10.000 millones de euros para reforzar el poder adquisitivo.

MICHEL EULER AP


10. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se suma a la foto familiar durante la Cumbre de líderes de la Unión Europea en Salzburgo (Austria), el 20 de septiembre de 2018. Posteriormente, Theresa May se enfrentó y sobrevivió a una moción de censura interna planteada por 48 parlamentarios euroescépticos, con un respaldo de su liderazgo por 200 diputados de mayoría conservadores.

LISI NIESNER REUTERS


11. Migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por la ONG Proactiva Open Arms esperan en el interior del bote de rescate su llegada al puerto de Algeciras en San Roque (España), el 9 de agosto de 2018. El operativo de salvamento, que navegaba con 87 migrantes rescatados en el Mediterráneo central, era el cuarto acogido por España en menos de dos meses, tras ser autorizado por el Gobierno español ante el rechazo de Italia.

JUAN MEDINA REUTERS


12. Manifestantes forman triángulos con sus manos, como símbolo feminista, durante una manifestación por los derechos de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, en Bilbao (España), el 8 de marzo de 2018. Según las cifras registradas hasta noviembre, 44 mujeres habían sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas; en total, 972 desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar.

VINCENT WEST REUTERS


13. La madre de Laila al-Ghandour se lamenta mientras toca el rostro de su cuerpo ya sin vida, durante su funeral en Gaza, el 15 de mayo de 2018. La niña, de ocho meses, murió después de inhalar gas lacrimógeno durante la jornada más sangrienta en la frontera entre Israel y Gaza desde que se inició la ola de protestas masivas, el 30 de marzo, en contra del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La marcha de decenas de miles de palestinos en el límite de la franja con Israel se cobró la vida de al menos 59 personas y causó más de un millar de heridos.

MOHAMMED SALEM REUTERS


14. Refugiados rohingya tripulan un bote de pesca en la bahía de Bengala cerca de Bazar de Cox (Bangladés), el 24 de marzo de 2018. En este asentamiento de Bangladés ya viven un millón de personas, después de que una minoría musulmana huyera de Myanmar —desde agosto de 2017— ante la brutal represión del Estado. La minoría étnica rohingya de Myanmar lleva décadas siendo perseguida por un Estado que no los reconoce, convirtiéndose en una población sin patria obligada a escapar ante lo que muchos definen como "limpieza étnica".

 

CLODAGH KILCOYNE REUTERS


15. Un hombre palestino discute con un soldado israelí durante los enfrentamientos que se produjeron tras una orden del Gobierno de Israel de cerrar una escuela palestina en la ciudad Zauiya (Gaza), el 15 de octubre de 2018. El ejército israelí indicó que la decisión era producto de los actos terroristas y la violencia que se originaban en las instalaciones y que ponían en riesgo la vida de palestinos e israelíes que hacen vida diariamente en esa ruta. Por su parte, los palestinos locales exigían que la escuela se mantuviera abierta para dar la oportunidad a los alumnos palestinos de los pueblos As Sawiya y Al Lubban de continuar su educación "como todos los niños del mundo".

JAAFAR ASHTIYEH AFP

 

16. Una mujer, con sus dos hijas, huye de los gases lacrimógenos lanzados por la patrulla fronteriza estadounidense en Tijuana (México), cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, el 25 de noviembre de 2018. Hasta el mes de noviembre, 5.000 migrantes centroamericanos habían llegado a la ciudad de Tijuana, en una caravana que inició desde San Pedro Sula (Honduras) con 800 personas, el 13 de octubre. Como parte del nuevo plan Marshall para Centroamérica, el Gobierno mexicano anunció que invertirá 25.000 millones de dólares (casi 22.000 millones de euros) en los próximos cinco años en el sur del país y EE UU destinará otros 5.800 millones de dólares (5.100 millones de euros) para la gobernanza de Centroamérica.

KIM KYUNG-HOON REUTERS


17. El ataúd de Aretha Franklin permanece abierto en el Museo Charles H. Wright de Historia Afroamericana por donde pasaron miles de estadounidenses a despedirse de la Reina del Soul, que falleció el 16 de agosto. Hija de un conocido reverendo, Franklin comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre y sacudió el panorama musical de los sesenta con éxitos hoy legendarios como 'Respect' o '(You make me feel) A natural woman'.

PAUL SANCYA AFP


18. Un niño duerme mientras es trasladado en una maleta en el pueblo de Beit Sawa (Siria), el 15 de marzo de 2018. Los 400.000 residentes del este de Guta han estado viviendo bajo el asedio del Gobierno desde 2013, sobreviviendo a una grave escasez de alimentos y medicamentos. Tras el inicio del ataque aéreo y terrestre de las fuerzas del régimen en febrero, 1.180 civiles murieron, 250 de ellos en tan solo 48 horas de bombardeos del régimen sirio.

OMAR SANADIKI REUTERS

 

19. Los bomberos intentan apagar el incendio forestal, bautizado como Holy Fire, tanto por tierra como por aire, el 8 de agosto de 2018. Las llamas comenzaron en el Bosque Nacional de Cleveland y se ordenaron las evacuaciones en las áreas cercanas, según la Autoridad de Bomberos del condado de Orange. Forrest Clark, de 51 años, fue detenido como principal sospechoso de provocar el fuego que arrasó más de 6.200 hectáreas.

MARK RIGHTMIRE AP


20. En la imagen, una mujer sostiene un peluche encontrado en los restos de la casa donde fallecieron sus tres hijos en Célebes (Indonesia), el 7 de octubre de 2018. Tras el impacto del terremoto y posterior tsunami el 28 de septiembre, las autoridades de Indonesia informaron que el número de víctimas había ascendido hasta 1.400 personas. La ciudad de Palu fue una de las más afectadas por un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter y el tsunami que llevó a la costa olas de hasta tres metros.

JORGE SILVA REUTERS


21. Los partidarios del Movimiento Nacional Socialista, un grupo político nacionalista blanco, realizan un saludo nazi acompañados de una esvástica en un lugar no revelado en Georgia (EE UU), el 21 de abril de 2018. Según la ONG Southern Poverty Law Center, en Estados Unidos hay 784 "grupos de odio" activos, siendo California el Estado con mayor número (54), seguido de Florida (50) y Nueva York (44). Cuatro presuntos neonazis fueron detenidos en octubre en el sur de California por los sucesos de Charlottesville del 11 y 12 de agosto de 2017, donde murió una mujer de 32 años.

GO NAKAMURA REUTERS


22. Un cazador de tormentas se sube a su coche para recuperar su equipo tras derrumbarse la fachada de un hotel, durante el paso del huracán Michael por la ciudad de Panamá, en Florida (EE UU), el 10 de octubre de 2018. Michael llegó a Florida considerado un huracán de categoría 4 dentro de una escala de 5, posteriormente, al disminuir la fuerza del viento, cayó a la categoría 3, según avanzaba hacia Alabama y Georgia. Al menos seis personas murieron por este huracán.

GERALD HERBERT AP


23. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, es apuñalado durante una jornada de su campaña electoral en el Estado de Minas Gerais (Brasil), el 6 de septiembre de 2018. El candidato ultraderechista ganó las elecciones de octubre tras lograr 55,13% de los votos frente al progresista Fernando Haddad (del PT) que acumuló un 44,87%. El exmilitar de 63 años logró capitalizar la indignación de buena parte de los brasileños, el desencanto con la clase política de toda la vida y la rabia ante una corrupción que carcome a todos los partidos, presentándose como un ejemplo de limpieza.

RAYSA CAMPOS LEITE REUTERS


24. Saber al-Ashkar, de 29 años, lanza rocas durante los enfrentamientos con las fuerzas israelíes a lo largo de la frontera con la franja de Gaza, el 11 de mayo de 2018. Más de cincuenta palestinos murieron a causa del fuego israelí desde que comenzaron las protestas y los enfrentamientos el 30 de marzo, con la intención de que refugiados palestinos pudieran ocupar nuevamente el territorio que hoy es Israel. Debido a la imposibilidad de obtener una derivación médica para ser operados fuera de la Franja, muchos palestinos sufren amputaciones de miembros. Desde diciembre de 2017, el funesto balance apunta a 142 fallecidos y 19.000 heridos, según el Ministerio de Salud palestino.

MAHMUD HAMS AFP


25. Miembros de la ONG española Proactiva Open Arms rescatan a Josefa en el Mediterráneo, a unas 85 millas de la costa libia, el 17 de julio de 2018. Josefa, camerunesa de 40 años de edad, huyó de su país por sufrir violencia de género: "Mi marido me pegaba. Me golpeaba porque no podía tener hijos". Cuando la encontraron, Josefa estaba boca abajo, aferrada a una tabla de madera en la que había luchado por mantenerse con vida durante dos días en el mar.

PAU BARRENA AFP


26. Los Mossos cargan contra los Comités de Defensa de la República (CDR) en Barcelona (España), el 10 de diciembre de 2018. Los CDR habían convocado la marcha para protestar por la manifestación organizada por la plataforma de policías nacionales y guardias civiles Jusapol, que se celebraba ese mismo día. Jusapol presentó a mediados de octubre una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el 'conseller' de Interior, Miquel Buch, por supuestamente hacer declaraciones en las que "incentivaban y jaleaban el odio y la violencia" hacia los policías.

MANU FERNANDEZ AP


27. Activistas a favor de la legalización del aborto se consuelan mutuamente fuera del Congreso Nacional en Buenos Aires (Argentina), el 9 de agosto de 2018. El Senado de Argentina rechazó el proyecto de ley para legalizar el aborto impidiendo que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres. En el recuento oficial, 38 senadores votaron en contra, 31 a favor, mientras que dos se abstuvieron. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina, en la clandestinidad. Las gestantes con menores recursos, recurren a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.

EITAN ABRAMOVICH AFP


28. Un pollo de 2,4 kilos frente a una montaña de billetes que suman su precio —un equivalente de 1,95 euros—, en un mercado de Caracas (Venezuela), el 16 de agosto de 2018. En julio, el FMI proyectó una inflación del 1.000.000% este año en Venezuela, comparando la situación con la Alemania de 1923 o Zimbabue de 2008. Antes de la reconversión monetaria promovida por el gobierno de Nicolás Maduro en agosto, que dio entrada al bolívar soberano, el billete de mayor denominación era el de 100.000 bolívares, cantidad que alcanzaba para pagar una fotocopia o comprar un huevo.

CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERS


29. Donald Trump y la primera dama Melania Trump llegan a Johnstown, Pensilvania (EE UU), antes del discurso de Trump durante el Servicio Memorial del Vuelo 93, el 11 de septiembre de 2018. "Estados Unidos no va a ceder nunca, jamás frente a la tiranía", dijo el presidente, quien reiteró su determinación para "hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de Estados Unidos". Cada 11-S el mundo entero recuerda a las víctimas del atentado al corazón de EE UU, que se cobró la vida de casi 3.000 personas en un ataque múltiple al World Trade Center, al Pentágono y Shanksville (Pensilvania).

EVAN VUCCI AP


30. Gabi y Jonah Frank caminan por la autopista de la costa del Pacífico mientras el incendio de Woolsey amenaza su hogar en Malibú, California (EE UU), el 9 de noviembre de 2018. El incendio de Paradise, al norte de Sacramento, ha sido el más mortal de la historia de California con al menos 48 muertos y 200 desaparecidos. El llamado Woolsey Fire consumió las montañas de Santa Mónica, obligando a evacuar por completo algunos de los pueblos más privilegiados de Estados Unidos, como Malibú y Calabasas.

ERIC THAYER REUTERS

 

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Rita Segato: "El feminismo punitivista puede hacer caer por tierra una gran cantidad de conquistas"

La antropóloga disertó en la cuarta edición del Encuentro Latinoamericano de Feminismos. "No hay una solución simple, pero es necesario pensar más y estar en un proceso constante", señaló.

 

En la Argentina, como lo demostró ayer Thelma Fardin, las mujeres ya no nos callamos más. Contra el acoso, la violencia y la justicia patriarcal, el escrache, ya sea anónimo o con nombre y apellido, se posicionó como un dispositivo para alertar de posibles violentos, pero también como una búsqueda de ajusticiamiento mediante la condena social. A través de este método, que virtualmente está en manos de todos y todas, hemos visto caer desde ídolos rockeros hasta actores -Juan Darthés, el último-, docentes prestigiosos, cuadros políticos de organizaciones y partidos, todo tipo de “ciudadanos de a pie”. Sin embargo, dispara interrogantes que todavía no parecen saldados: ¿Podemos ponerlo en duda? ¿Puede el punitivismo, frente a la impunidad, ser una forma de “justicia popular”?


Este fin de semana se celebró en La Plata la cuarta edición del Encuentro Latinoamericano de Feminismos, donde la antropóloga Rita Segato junto la periodista e integrante de HIJOS Lucía García Itzigsohn, entre otras invitadas, debatieron acerca de estas cuestiones en la rueda “Seguimos persiguiendo justicia —  Homenaje a Chicha Mariani”. En conjunto, abordaron cuestiones como la búsqueda de una reparación, el significado de la memoria, y repasaron la historia del escrache como método de lucha; sin embargo, la charla terminó con más interrogantes que respuestas.


Itzigsohn, que contó su experiencia como hija de detenidos desaparecidos, sostuvo que estas acciones surgieron “como una instancia de justicia en acto, perfomática”. “Hoy estoy en otra posición, la vía institucional es importante porque inscribe las cosas en otro nivel”, señala, y recuerda: “Nosotros hacíamos una investigación copiada de las Abuelas. Íbamos a las casas y hacíamos guardia, trabajábamos con los vecinos, les contábamos que íbamos a marcar ese domicilio”, previo al momento de la icónica bombita roja. “Era un momento festivo”, con murga incluida: “Bailábamos, porque podíamos transformar la impunidad en algo que poníamos en la discusión social. Era una catarsis colectiva”.


Si hay o no reparación, Itzigsohn define que la violencia es justamente “lo irreparable”; sin embargo, poder sanar colectivamente y vivir desde el cuerpo que lo que le había pasado a ella también lo atravesaron otros, le permitió “una línea de fuga del lugar de víctima”.


Para la antropóloga Rita Segato, el “bien colateral” de la dictadura fue justamente eso: escenas como la de los escraches, que promocionaron el debate para desarrollar así una inteligencia social “más sofisticada”, que permitió “salir de los lugares comunes”, y promovió que las mujeres profundicen “una nueva forma de hacer política”, que reafirma: “Surgió con las Madres”. Por eso, para ella, los homicidios de Berta Cáceres y de Azucena Villaflor fueron femicidios; aunque muchos hombres fueron asesinados por las mismas causas, señala que la diferencia radica en que lo que se quería matar “era un estilo de hacer política, una politicidad propia de las mujeres”.

 

Sin embargo, menciona que estos métodos usados en el período de post-dictadura “nunca fueron un linchamiento”, sino el fruto de “un convenio colectivo a través del cual concluyeron que había que llegar a un castigo”: aunque no hubo una instancia judicial, sí hubo una de “juicio justo”. Por eso reconoce que “desde el feminismo podría haber una instancia de juicio justo”, -en vez de las escraches como se los conoce ahora, -“como una asamblea, para que la situación no sea un linchamiento sin sumario”. “Si defendemos el derecho al proceso de justicia, nuestro movimiento no puede proceder de esa forma que ha condenado”.


Para ella, la impunidad radica en que ahora es exhibida como un show, como en el caso de Lucía Pérez, donde se le dijo a la gente que “el mundo tiene dueños”, y que ellos “no van a ceder ante ningún pedido de la sociedad”: hay un “mensaje de la dueñidad”, donde lo que queda en claro es que “la institucionalidad” es una ficción.


“Entonces, ¿qué es lo contrario a la impunidad? ¿El punitivismo?”, se pregunta Rita. Sabiendo que estaba entrando en un terreno complicado, invitó a salir “de los binomios mas paridos, como el abolicionismo o el regulacionismo, que simplifican la realidad”. Y agregó: “No quiero un feminismo del enemigo, porque la política del enemigo es lo que construye el fascismo. Para hacer política, tenemos que ser mayores que eso”. “Antes de ser feminista soy pluralista, quiero un mundo sin hegemonía. Lo no negociable es el aborto y la lucha contra los monopolios que consideran que hay una única forma del bien, de la justicia, de la verdad: eso es mi antagonista”, describió. Para la investigadora, “el feminismo punitivista puede hacer caer por tierra una gran cantidad de conquistas”, es “un mal sobre el que tenemos que reflexionar más”, y recuerda la violencia que se vive en las prisiones: “¿Puede un estado con las cárceles que tiene hacer justicia? Esa no puede ser la justicia; ser justo con una mano y ser cruel con la otra”.


Profundizando este concepto, la antropóloga expuso que hay que tener “cuidado con las formas que aprendimos de hacer justicia” desde lo punitivo, que están ligadas a la lógica patriarcal. El desarrollo del feminismo, recalca, no puede “pasar por la repetición de los modelos masculinos”. Frente a eso, sabe que la respuesta no es fácil: “No hay una solución simple, pero es necesario pensar más y estar en un proceso constante. Cuando el proceso se cierra, es decir, cuando la vida se cierra, se llega a lo inerte”, en cambio, “la política en clave femenina es otra cosa, es movimiento”.


Además, señaló que “la única forma de reparar las subjetividades dañadas de la víctima y el agresor es la política, porque la política es colectivizarte y vincular”, propuso Segato. “Cuando salimos de la subjetividad podemos ver un daño colectivo”, y eso no puede curarse “si no se ve el sufrimiento en el otro”. Por eso, considera clave el proceso de debate y búsqueda de justicia: “Fuimos capturadas por la idea mercantil de la justicia institucional como producto y eso hay que deshacerlo. Perseguimos la sentencia como una cosa, y no nos dimos cuenta que la gran cosa es el proceso de ampliación del debate”.

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Sábado, 22 Diciembre 2018 07:30

El paseíto

El paseíto

En un texto oscuro, entretejido como un bosque, más cercano a la prosa poética que a lo narrativo, Clarice Lispector describió el miedo de las mujeres. “A favor del miedo”, se llama, y fue escrito en l967. No es un texto a favor del miedo en general, sino el que nos hace percibir a las mujeres una amenaza. Es el miedo el que nos hizo astutas. No habla tampoco del miedo en general, sino del miedo a los hombres. “Estoy segura de que en la Edad de Piedra fui sin duda maltratada por el amor de algún hombre. De ese tiempo data cierto pavor que es secreto”.

 

Es un texto de género, porque no habla de ella, y sesentista, es decir recién nacido a la conciencia feminista ampliada aunque no masiva. Habla, como recién decía, sobre un miedo particular que se parece al pavor y que es secreto. Ese es el grito que se escucha hoy. Suena fuerte porque rompe el secreto. El núcleo del texto permite inferir que ese maltrato termina en femicidio.


“Cierta noche cálida, estaba conversando cortésmente con un caballero que era civilizado, de traje oscuro y uñas prolijas. Estaba a la sombra y comiendo unas frutas frescas. Y he aquí que el hombre dice: ´¿Vamos a dar un paseo’´? No. Voy a decir la verdad. Lo que él dijo fue ´paseíto´ (...) ¿Quién, en la Edad de Piedra, me llevó a un paseíto del que nunca volví porque me quedé viviendo allá?”.


En el texto Lispector imbrica la palabra “paseíto”, la invitación al “paseíto”, con la muerte. Es que siempre, desde la Edad de Piedra que metaforiza ella, millones de hombres han invitado a millones de niñas y mujeres a dar un “paseíto” y era esa forma diminutiva, desdramatizadora, seductora, la que daba indicios de que esos hombres tenían en sus mentes o en sus cuerpos la intensión de hacer algo en ese “paseíto”, algo atroz con esa mujer que estaba tranquila y comiendo frutas frescas cuando la conocieron.


Traigo ese hermoso texto aquí porque, efectivamente, la lluvia torrencial de denuncias sobre violaciones, abusos y malos tratos que hacen mujeres conocidas y mujeres anónimas en un crescendo que esta vez tuvo como nuevo punto de partida la denuncia de Thelma Fardin, expresa entre otras cosas el hartazgo existencial de la mitad del mundo, que somos las mujeres. Estamos hartas del pavor. Todas. Pero las que han liberado sus gargantas son las mujeres jóvenes y las adolescentes, han sido ellas las que fueron adelante con su defensa del deseo. Y fue posible, y ésa fue la palanca que puso todo a andar, gracias, como lúcidamente dijo Rita Segato hace unos días en una entrevista que Mariana Carbajal le hizo para este diario, gracias que el príncipe valiente fueron otras mujeres.


Cuando niñas, adolescentes y mujeres dicen que se quieren sacar de encima el miedo, cuando pelean para ir vestidas como se les antoje, cuando insisten en que no quieren ser piropeadas, cuando estallan en los colectivos, los trenes, los subtes si algún degenerado las manosea o se masturba, cuando gritan que son fuertes y están juntas, en un mismo movimiento están denunciando el pavor en el que vivieron sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas y todo su linaje, desde el principio de los tiempos, pero porque lo que quieren es desear. Ser libres del miedo para poder desear. Porque de eso hemos sido privadas por un sistema que si deseamos nos castiga.


Muchos varones que no son ni abusadores ni maltratadores se sienten molestos con las denuncias. Como si en el imaginario simbólico masculino latiera todavía el vago recuerdo de ese hombre que invitó a la niña a dar un “paseíto”. Es que a todos les ha llegado, desde la misma Edad de Piedra de la que habla Lispector, un mandato. Muchos se han rebelado y lo han roto, pero el sistema sigue funcionando con “paseítos”, es decir: con la atracción devenida y malograda y convertida en degradación. Cómo ser un hombre y qué es un hombre, incluía en una de sus páginas la posibilidad de ese tipo de invitación. Los hombres tienen pendientes sus propias luchas para sacarse de encima esas órdenes culturales que los obligan a demostrar todo el tiempo su potencia. Tienen que reflexionar cuándo y por qué se sienten hombres, eliminando esa violencia intrínseca de la cultura que ofrece resistencia. Tienen pendientes también su derecho a la dulzura y a la bondad, su derecho a no competir toda la vida con otros hombres para medir sus muestras de virilidad, vigor y éxito.


En la década del 60, cuando Lispector escribió ese texto, comenzaba a virar la idea de los atributos femeninos. Surgieron muchas psicoanalistas notables que discutieron a Freud, sobre todo su idea de la envidia del pene (del falo, que en realidad nunca fue el pene) como si el falo fuera el centro de un deseo no sólo masculino y las mujeres careciéramos de nuestras propias referencias corporales para instalar nuestra idea del placer.


La palabra “fálica” enchastraba el significado de lo que deseábamos. Queríamos el acceso al poder. Queríamos dejar de ser las niñas expuestas a la invitación al “paseíto” para entrar y salir y viajar y caminar tranquilas y sin miedo de parecerle indefensa y deseable a cualquiera que pasara, porque no era extraordinario sino frecuente que lo masculino se volviera amenazante. Hoy ese deseo de las mujeres está abierto y es la fuente en la que meten las patas las que se niegan terminantemente a seguir aceptando que por ser mujeres nosotras o nuestras hijas o las demás corremos el riesgo de no regresar a casa. Ese deseo no se agota en que dejen de abusar y violar mujeres, ni a que dejen de matarlas como a moscas. Es un deseo que recién podrá desplegarse y florecer cuando nuestras vidas dejen de estar interferidas por la violencia que otras generaciones de mujeres también aceptaron como “lo normal”, y podamos darle rienda suelta a lo que el patriarcado dejó obstruido y penalizado.


Esta desnaturalización global y vertiginosa de la violencia sobre los cuerpos y las psiquis de las mujeres hace temblar una estantería que está en pie desde hace siglos, porque el patriarcado ha sido, en todas las épocas y en todas las culturas, la primera cruzada colonizadora de la humanidad. Es tan antigua la dominación, es tan interna, que la Edad de Piedra de Lispector sirve de referencia. “Quien tiene razón es este corazón mío indirecto, aunque los hechos inmediatamente me desmientan. Paseíto suena a muerte segura, y la cara espantada está con un ojo sin brillo que mira a la luna llena de sí”.

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Gobierno de Nicaragua expulsa a misiones de la CIDH que investigaban la violencia en las protestas

Managua. Nicaragua expulsó este miércoles a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, dedicadas a investigar la violencia ocurrida durante los primeros días de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó la entidad.

La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), comunicó que el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron suspendidos por, supuestamente, no cumplir sus objetivos.

Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y los asuntos internos, se indica en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El gobierno no se pronunció sobre el tema, pero la coordinadora del Meseni, Ana María Tello, aseguró que el canciller Denis Moncada les notificó que tienen que abandonar el país inmediatamente.

El Estado de Nicaragua comunicó el día de hoy (miércoles) la decisión de suspender temporalmente la presencia del Meseni en el país y de visitas de la CIDH a Nicaragua a partir de esta fecha, indicó la CIDH en un comunicado. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI.

La CIDH lamenta la decisión de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington, agregó.

La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo prioridad y reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La suspensión de las misiones del GIEI y del Meseni se da un día antes de que el primero presentara su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua.

En octubre, el GIEI criticó la falta de transparencia, independencia y autonomía del Ministerio Público para encontrar a los responsables de las muertes violentas ocurridas durante la ola de manifestaciones antigubernamentales.

Nicaragua atraviesa una de las peores crisis políticas desde que Ortega retomó el poder en 2007. Desde abril, miles de personas, en su mayoría jóvenes, han salido a las calles del país centroamericano para exigir la renuncia del mandatario, a quien acusan de comandar una dictadura familiar al lado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

En los ocho meses de protestas antigubernamentales han muerto al menos 322 personas y más de 500 han sido encarceladas, según organizaciones de derechos humanos. En días recientes la situación se ha agravado con el cerco a periodistas y ONG críticas al gobierno.

 

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Domingo, 16 Diciembre 2018 05:56

Más de los chalecos amarillos

Más de los chalecos amarillos

Protestaron en contra del elevado costo de vida y exigieron la renuncia del presidente francés Emmanuel Macron, aunque esta vez con menos fuerza que en los sábados anteriores. La jornada terminó con un saldo de 168 detenidos y siete heridos.


Miles de manifestante vestidos con sus chalecos amarillos volvieron a tomar las calles de París. Por quinto sábado consecutivo el movimiento que se gestó en redes sociales protestó en contra del elevado costo de vida y exigió la renuncia del presidente francés, Emmanuel Macron, aunque esta vez con menos fuerza que en los sábados anteriores. La jornada terminó con un saldo de 168 detenidos y siete heridos.


Una de las imágenes que se viralizaron de la jornada de protesta estuvo protagonizada por un grupo de mujeres que posaron semidesnudas vestidas de Marianne -uno de los símbolos de la República francesa- frente a los agentes desplegados en los Campos Elíseos. Mientras que la otra imagen tuvo lugar frente a la ópera Garnier, en el centro de la ciudad. Allí, cientos de manifestantes se arrodillaron y cruzaron las manos detrás de la cabeza, en alusión a la detención masiva de estudiantes que protestaron contra las reformas educativas y bloquearon sus centros de enseñanza. Con esta nueva jornada de movilización, los denominados chalecos amarillos, un movimiento ciudadano nacido en rechazo al alza de los combustibles y que ahora aglutina el malestar general hacia las políticas de Macron, continúa su pulsada contra el gobierno. A diferencia de las movilizaciones precedentes, ayer abrieron muchas de las atracciones turísticas de la ciudad, entre ellas el museo del Louvre y la Torre Eiffel. “París no debería dar la impresión de ser una ciudad muerta”, declaró el jefe de la policía capitalina, Michel Delpuech. Para ello, el gobierno volvió a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad en la capital. En total, desplegaron 8.000 policías, movilizaron 14 vehículos blindados y reintrodujeron unidades de choque. Una vez más, la celebre avenida de los Campos Elíseos vivió momentos de tensión. Sin embargo esta vez hubo menos heridos y detenidos. El último balance del Ministerio del Interior destacó que en todo el país hubo 66.000 manifestantes y, solo en París, unos 4.000, frente a los 136.000 y 10.000, respectivamente, de hace siete días. También fueron menores los números de heridos y detenidos. La Prefectura de Policía de París indicó que en la capital hubo siete heridos y 168 arrestados, en comparación con los 96 heridos y 1.082 detenidos de la cuarta jornada. “Es un poco un fracaso, porque el Estado nos impide manifestar adecuadamente”, declaró a la prensa Marie, de 35 años, una empleada doméstica. “Estamos algo desmoralizados, pero el movimiento no acabará aquí”, aseguró, por su parte, Francis Nicolas, de 49 años, en la ciudad de Lyon (este). En Twitter, el ministro de Interior, Christophe Castaner, reclamó que se liberen las rotondas en el país. “Desde hace semanas están ocupadas día y noche por los chalecos amarillos. Ahora el diálogo debe ahora reunir al conjunto de los que quieren transformar Francia”, estimó.


Esta semana, varios miembros del Ejecutivo habían pedido la suspensión de las protestas después de que cuatro personas murieran en un atentado perpetrado el martes en el mercado navideño de la ciudad de Estrasburgo. El propio Macron llamó a la calma y la vuelta a la normalidad. Además pidió a los manifestantes que se sumen a un debate nacional en el que prometió que abarcará numerosas cuestiones políticas. Luego de desoír los reclamos durante semanas, el gobernante galo terminó cediendo el pasado lunes al anunciar un paquete de medidas que incluyen partidas extras para los trabajadores con menos ingresos, así como exenciones tributarias sobre las horas extras y algunas pensiones. Días antes, el gobierno ya había accedido a suspender durante un tiempo la prevista subida del impuesto a los carburantes, medida que motivó en origen las protestas.


Según el gobierno, los continuos bloqueos de carreteras y las protestas repercutieron negativamente en el crecimiento económico del país. El banco central de Francia redujo de hecho a la mitad, del 0,4 al 0,2%, su previsión de crecimiento para el último trimestre de 2018.

 

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La Colombia que continúa bajo el yugo de la violencia

Human Rights Watch denuncia la indefensión de la población de Tumaco, clave en el tráfico de droga, frente a las disidencias de las FARC

La violencia que aún golpea a Colombia tiene una cara visible y se llama Tumaco. Lo que sufre este municipio de la costa del Pacífico, próximo a la frontera con Ecuador, es un reflejo de las carencias de la aplicación de los acuerdos con las FARC firmados hace dos años por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Una población azotada por el conflicto armado, rodeada de hectáreas de cultivos de hojas de coca, que ha asistido a un recrudecimiento de los abusos. Una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) en junio y agosto de este año deja claro que allí la paz es todavía un espejismo.


"Concluimos que las deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a formar grupos disidentes de la guerrilla. Estos grupos han seguido cometiendo atrocidades similares a las que se atribuyeron a las FARC durante el conflicto. La proliferación del tráfico de drogas ha favorecido su crecimiento. Y los niveles de abusos graves nuevamente están aumentando en Tumaco", denuncia el informe de la organización, presentado este jueves en Bogotá.


Estas columnas armadas aterrorizan barrios y veredas, "matan y desaparecen a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse". A ellas se suman las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda que se formó tras la desmovilización paramilitar de principios de la pasada década que también cometió "graves abusos en Tumaco en 2016 y 2017, durante un intento mayormente infructuoso de tomar el control de partes de ese municipio".


“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Ese territorio encarna los peores males de Colombia, empezando por la violencia y los asesinatos. "Aunque no todos los homicidios en el municipio son atribuibles a grupos disidentes de las FARC, han aumentado los índices: en 2017, la tasa era cuatro veces mayor a la tasa nacional, y los datos hasta septiembre indican que en 2018 los asesinatos se incrementaron casi un 50%", continúa el informe. Es decir, el doble que una metrópoli como Cali.


Las víctimas incluyen a líderes comunitarios y golpean especialmente a las franjas más vulnerables de la población. En ningún otro lugar de Colombia, además, es tan extendida la violencia sexual perpetrada por grupos armados. Entre enero de 2017 y finales de septiembre de 2018, "74 personas en Tumaco fueron víctimas de delitos contra la integridad sexual -que incluyen la violación y otros delitos sexuales- relacionados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas de Colombia". Human Rights Watch relata el horror sufrido por una niña de 14 años, violada en una zona rural del municipio en octubre de 2017. "Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las once de la noche y dijeron a sus padres que el jefe del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La niña contó a sus padres que varios hombres la habían violado".


En los episodios de violencia de las disidencias de las FARC hay un nombre recurrente. Se trata de alias Guacho. cabecilla del llamado Frente Oliver Sinisterra, responsable del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio. Los dos informadores y su conductor desaparecieron a finales de marzo en la frontera y sus cuerpos fueron encontrados a mediados de junio en los alrededores de Tumaco. El presidente colombiano, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, fijó como prioridad la captura de ese criminal, aunque según HRW las actuaciones de las autoridades deben ir más allá.


“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, mantuvo Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”. La organización recomienda al Gobierno, además, que los desplazados en Tumaco reciban rápidamente la asistencia humanitaria que les corresponde, que las fuerzas de seguridad pongan en marcha un plan de protección de los residentes y que redoble los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en el municipio. Al mismo tiempo, solicita a la Fiscalía que aumente en Tumaco el número de investigadores y fiscales encargados de casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento ilícito y otros graves abusos.

Por F. MANETTO
Bogotá 14 DIC 2018 - 08:28 COT

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Jueves, 13 Diciembre 2018 09:08

Divide et impera

Rosenell Baud, detalle de la serie “Florilegio”, temple sobre papel hecho a mano, 10 x 15 cm (Cortesía de la autora)

El presidente Trump canceló una vez más su anunciada visita a su par colombiano, en esta ocasión prevista para diciembre con escala en Bogotá en su viaje para la reunión del G 20 en Argentina. Trump, pese a su reciente pérdida de las mayorías en la Cámara de Representantes, mantiene su decisión de imponer a Colombia la falsa guerra contra las drogas y usar al país en sus designios sobre Venezuela.

 

La agenda del gobierno de Donald Trump con Colombia puede ser comprendida como una guía tóxica envuelta en el celofán perfumado de nobles ideales patrióticos y loas a la amistad. La agenda real está perfilada por las líneas estratégicas regionales adoptadas por Trump conforme a los intereses que representa en un escenario global abordado con la divisa America First, consigna que se traduce para nuestra región en el conjunto de medidas desnudas y encubiertas dirigidas a profundizar el dominio territorial en el marco del enfrentamiento geoestratégico que sostiene con China por la supremacía planetaria.


Desde su posesión como Presidente de los Estados Unidos en enero de 2017, el gobierno de Trump desató un conjunto de acciones que varían cursos de política regional sostenidos por el establecimiento demócrata. En el caso de Colombia, los asuntos y los enfoques que privilegia la administración Trump afectan de manera grave diversos y vitales intereses nacionales, de un país considerado en la región como estrecho aliado y amigo de los Estados Unidos.


En la primera reunión que Trump sostuvo con el presidente Duque el 25 de septiembre de este año en Nueva York, la lucha contra los cultivos ilícitos y la situación con Venezuela fueron los ejes centrales del encuentro. Trece días antes de la reunión el presidente Maduro había viajado a China en busca de mayor soporte financiero para enfrentar las severas dificultades de su economía. En este momento Venezuela exporta hacia China el doble de la cantidad de petróleo que embarca hacia los Estados Unidos. En este siglo Venezuela se ha convertido en el receptor del 52 por ciento de la inversión del gigante asiático en la región latinoamericana. Y Venezuela es el país que posee las más grandes reservas de petróleo en el mundo.


Trump se dirigió a Duque en estos términos: “Su victoria fue monumental, lo cual quiere decir que el pueblo de Colombia está de acuerdo con lo que usted representa y usted ha librado una lucha y seguirá librando una lucha muy fuerte contra el narcotráfico. Y agregó: “Usted ha sido un gran amigo de Estados Unidos y estamos deseosos de seguir trabajando con usted”.


De la reunión de los dos mandatarios resultó revelador el hecho de que Trump llegase acompañado de algunos de los más destacados miembros de su gabinete y con mayor poder de decisión en asuntos militares. Con el mandatario estadounidense estuvo el vicepresidente Mike Pence, quizás el más notable cerebro republicano de una política exterior fundada en el uso sin restricciones del poderío militar y del despliegue de todo tipo de inteligencia para mantener la preeminencia planetaria de los Estados Unidos de América.


También fueron agendados el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien es el responsable de tomar cualquier decisión en cuestiones militares, y el general John Kelly, el jefe de su gabinete. Provienen del sector más ultraconservador del ala republicana y se han caracterizado por alentar el uso del poder militar estadounidense en diversos lugares del mundo, en aras de recuperar lo que consideran cómo una dramática pérdida de influencia. Pompeo viene de dirigir la CIA y se encarga ahora de la política exterior de los Estados Unidos. Kelly es un General del Cuerpo de Marines, con extraordinario conocimiento de América Latina; su dirección durante cuatro años (2012-2016) del Comando Sur da fe de ello.


Por su parte, Duque aprovechó la reunión para compartir con Trump la firma del decreto que le permite a la Policía confiscar la dosis mínima de marihuana en Colombia, dando de baja la despenalización que sobre el particular regía en el país desde 1974. Unos días antes, el miércoles 12 de septiembre, el presidente Duque señaló que no descartaba la posibilidad de que los cultivos de coca volviesen a ser fumigados con glifosato. El decreto y el anuncio eran las modestas señales de su disposición a cumplir con prontitud las directrices que le fueran trazadas en la reunión privada.


Justo un año antes, el 13 de septiembre de 2017, un memorando de la Casa Blanca había esgrimido la posibilidad de que Colombia fuese descertificada por no cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína durante los últimos tres años. En marzo de ese mismo año, en el informe anual que elabora el Departamento de Estado para que el poder Ejecutivo de la potencia del Norte decida si certifica o no a los países que decide examinar, señaló: “Colombia es el primer productor mundial de cocaína, así como un país fuente de heroína y marihuana. Aunque el Gobierno colombiano continúa contrarrestando la producción y el tráfico de drogas ilícitas a través de las operaciones de erradicación, la agresiva interdicción y la actividad policial, la producción potencial de cocaína en 2015 aumentó en un 60% a 495 toneladas métricas”.


Lo que no reveló el informe del Departamento de Estado fue el anunció que en julio del 2018 realizó el entonces del vicepresidente de la Republica Óscar Naranjo: entre 1999 y 2015 los gobiernos sucesivos fumigaron 1.800.000 hectáreas y esa acción sostenida no acabó con el arbusto, ni con la siembra. Generó más desplazamiento de comunidades y más talas de selva para nuevas siembras. Los campesinos también idearon formas de rociar con preparados de panela los cultivos, para impermeabilizarlos. Las fumigaciones elevaron los costes previsibles para la siembra industrial, pero también el precio de venta en las calles, y los márgenes de utilidad para los que lograban mantenerse o ingresar en el negocio.


La decisión sobre el uso del glifosato, compartida por el presidente Duque a Trump, tenía el antecente de lo decidido por Juan Manuel Santos, quien antes de entregar el poder ya había decidido el retorno del uso de tal agrotóxico, esta vez con drones. En el año 2015 se habían suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato, por conceptos del Ministerio de Salud y de Medio Ambiente por los daños ocasionados en el ecosistema y en la salud de las comunidades.


Menos de un mes después del anuncio de la Casa Blanca del 13 de septiembre sobre una posible descertificación, el cinco de octubre de 2017, en la vereda Tandil, cerca de Tumaco, más de dos mil quinientos campesinos cultivadores de coca, desarmados, se movilizaron para tratar de impedir la erradicación forzosa de los cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública. Muchos campesinos habían llegado de manera voluntaria a la protesta porque habían firmado acuerdos de erradicación voluntaria, otros habían recibido la orden de los propietarios de los cultivos de concurrir a la movilización. Estaban presentes quinientos soldados del Ejercito Nacional, doscientos policías, trescientos erradicadores e integrantes del Esmad. Se produjo un incidente y la Fuerza Pública disparó cegando la vida de siete campesinos. En ese tiempo, en menos de seis meses, se dieron más de ciento diez enfrentamientos violentos entre comunidades y grupos de erradicación forzada, con más de 20 civiles muertos.


Los erradicadores, unas veces son civiles protegidos por la policía, y otras veces son policías o soldados. Recuerdo la respuesta de los campesinos al preguntarles el año pasado cómo funcionaban las fumigaciones antes del cese de las mismas en el 2015: muy sencillo doctor –me respondieron– donde estábamos los pequeños cultivadors, indígenas o campesinos, nos fumigaban a todos. Y donde estaban los cultivos industriales inmensos, no fumigaban.


El retorno a la erradicación forzada violenta con fumigaciones significa que la política de erradicación se militariza de nuevo, en un país con más de quinientas mil personas que derivan su sustento de los cultivos de la hoja de coca. 77.000 familias habían firmado pactos de sustitución en el marco del punto cuarto de los Acuerdos de paz. Las familias se comprometían a tumbar la coca, a sustituir cultivos, y el Gobierno les pagaría unos auxilios económicos e implementaría unos proyectos productivos agrarios. Se trataba de privilegiar un enfoque de eliminación de los cultivos de coca fundado en el acuerdo, en la concertación con las comunidades. Existían también 90.000 familias que estaban a la espera de nuevos acuerdos de sustitución. Lo usual es que los pequeños cultivadores tengan entre una y cinco hectáreas. Retornar a la erradicación violenta significa abrir de nuevo un frente de guerra interno.


Después de la masacre del 5 de octubre de 2017, el gobierno de los Estados Unidos anunció que certificaba a Colombia, con el mensaje tácito, pero insoslayable, de que el nuevo Presidente colombiano tendría que cumplir las tareas que le asignaran.


El 24 de septiembre de 2018, tuvo lugar la reunión de delegados de 124 países organizada por el gobierno de Trump para definir acciones frente al problema global de las drogas. Al día siguiente, en el encuentro bilateral entre los presidentes Trump y Duque ya referenciado, el primero le señaló al segundo: si no logra resultados concretos en un asunto considerado de Seguridad Nacional, “será un presidente más para Colombia”.


Por supuesto, es claro que el gobierno de los Estados Unidos no ignora la inutilidad de las fumigaciones para eliminar, o al menos mitigar de manera severa, el problema del narcotráfico comprendido como el consumo que afecta a su población. Es necesario, entonces, preguntarse qué intereses y qué razones están detrás de sus decisiones en este campo. De la amenaza de descertificación y de la presión ejercida para que retornen las fumigaciones aéreas y se recrudezca una persecución con la Fuerza Pública que termina lucrando a quienes estan vinculados al comercio de narcóticos, y a algunos de los mandos encargados de la persecución. La militarización de la erradicación y la autorización al poder policial para perseguir las dosis mínimas, aumentan el control policial sobre la vida cotidiana de millones de personas. Eleva también de manera notoria el número de ciudadanos que no han delinquido y que son apresados por porte de pequeñas cantidades de una sustancia sicoactiva, arrojando a una parte de ellos a las fauces de un sistema penitenciario atiborrado, en el que las cárceles son todo lo contrario al eufeminista ideal de “centros de corrección”. (Ver recuadro)


El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2017, señaló que en Colombia se cultivaron 171.000 hectáreas de coca y se produjeron 1.379 toneladas de cocaína (1). En 1995 existían 50.000 hectáreas de coca, multiplicadas a 170.000 en 2001 (2), año en el que ya estaba en pleno vigor el mal llamado Plan Colombia, difundido y justificado ante la opinión pública con el mismo discurso de protección de la nación estadounidese con en el que ahora se exige al país retornar a la “guerra contra las drogas”. Como se recordará, con aquel Plan, diseñado y aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno colombiano los autorizaba a enviar cientos de asesores y contratistas militares para enfrentar a las Farc, catalogada como la más poderosa fuente de producción y tráfico de narcóticos del mundo.


Con el paso de los años el Plan fue catalogado como un notable éxito transformador de la diplomacia estadounidense y las políticas bipartidistas en asuntos exteriores por la Comisión presidida por los senadores Roy Blunt (republicano) y Bent Cardin (demócrata), que elaboraron el Informe A Roadmap for U.S. Engagement with Colombia. Una de las bondades del Plan Colombia, señala el Informe en cuestión, consistió en que más del 90 por ciento de sus costos fue sufragado por los colombianos. El Informe fue entregado de mano al presidente Santos el 17 de mayo de 2017. Es importante recordar que Roy Blunt, de acuerdo a medios de comunicación de su país es “El hombre de la Monsanto” en el Congreso norteamericano (3).


En el 2016 dejaron de existir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero la mediciones del 2017 mostraron que lejos de cesar o disminuir la producción y tráfico de cocaína, ambos niveles no sólo se mantuvieron sino que crecieron.


Si a la geopolítica del enfrentamiento de Estados Unidos con China, incorporamos la geopolítica del petróleo y de las drogas, y tenemos en cuenta que William Brownfield, embajador de Estados Unidos en Colombia hace algunos años, y actual Secretario de Estado Adjunto para asuntos de narcóticos, aseveró que en este momento –más de la mitad de la droga producida en Colombia sale por Venezuela (4), no es difícil comprender la presión del gobierno de Trump para encender de nuevo una guerra interna contra las drogas, librada entre colombianos.


Prender de nuevo esa guerra inocua contra el problema del consumo de cocaína de los estadounidenses significa seguir condenando a decenas de miles de niños y jóvenes estadounidenses a la adicción letal y al uso zafio de una planta milenaria que en muchas de nuestras comunidades indígenas cumple una función medicinal, de energía y claridad gracias a los sabedores que reciben sus conocimientos generación tras generación.


Pero también significa demoler la vía del acuerdo eficaz para reducir de modo real la extensión de los cultivos de coca para cocaína en Colombia. Un complejo consenso arduamente alcanzado en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Un logro histórico del gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc que permanece sin ser conocido y valorado en todas sus repercusiones posibles para superar la doble plaga que nos ha azotado, aquí y allá, durante casi siete décadas: la cocaína como producto de exportación y la falsa guerra contra las drogas.

 

1. https://www.semana.com/nacion/articulo/coca-aumento-en-17-y-la-produccion-de-cocaina-en-31-segun-naciones-unidas/583537
2. http://www.proyectohombre.es/archivos/2.pdf
3. Contra el Miedo
4. https://www.voanoticias.com/a/droga-colombia-pasa-por-venezuela/3034639.html

 


Recuadro

 

Acostumbrados a la unilateralidad

 

En este escenario es indispensable visibilizar, primero, la unilateralidad y la no reciprocidad del procedimiento de descertificación, y la naturalidad con la que la asume el poder hegemónico en Colombia gracias, en el mejor de los casos, a la labor no reflexiva de los medios oficiosos de comunicación.
Y es necesario también preguntarse por la historia del uso geopolítico de los mercados de producción y de tráfico de narcóticos*. Como señala el investigador Michel Fonte: El concepto de geopolítica de la droga nace del hecho de que el narcotráfico es muy importante no solo por el flujo de dinero que mueve (las ganancias anuales las estiman entre 426.000 y 652.000 millones de dólares, informe “Transnational Crime and the Developing World” elaborado por la la organización Global Financial Integrity en marzo de 2017 con actualización de los datos 2014 , sino también por ser el principal instrumento de aportación para las organizaciones criminales y rebeldes de diferente inspiración ideológica, étnica y religiosa. Ninguna nación que quiere conservar o conseguir una posición dominante en el escenario planetario puede desatender las implicaciones que este comercio conlleva a nivel global, eso EE. UU. lo sabe muy bien desde siempre, a tal punto que derrocha muchos recursos y energías en la que es impropiamente apodada como “Guerra contra las drogas ”, de hecho, al gobierno norteamericano no le importa y nunca le interesó acabar con el narcotráfico, sino controlarlo a su antojo y de manera conforme a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
La DEA es la agencia encargada, con la supervisión y colaboración de la CIA, de condicionar las dinámicas del mercado para determinar: 1) El sitio o los sitios de producción de la droga (países, regiones y departamentos) 2) La cantidad y la cualidad de las sustancias psicotrópicas elaboradas 3) Los sujetos que deben fabricar la droga y los que deben comercializarla 4) Los territorios de destinación de los narcóticos (continentes, naciones y macrorregiones) 5) Los beneficiarios de la venta 6) Los damnificados por el consumo 7) La logística del tráfico de los estupefacientes (por donde deben pasar y la cadena o cadenas de intermediación) 8) Los lugares, sectores y finalidades de la inversión de las ganancias originadas por el narcotráfico.

* Ver Politics of Heroine de Alfred Mc Coy, Cocaine Politics de Peter Dale Scott y Geopolítica de la droga de Michel Fonte.

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Daniel Prado: “Los paramilitares llegaron a tener un presidente”

Daniel Prado es abogado de la parte civil en el caso Los 12 Apóstoles y defensor de los Derechos Humanos en Colombia.

 Entre los días 3 y 7 de diciembre, se celebraron en Colombia las audiencias finales del caso de Los 12 Apóstoles. Si Daniel Prado obtiene el fallo favorable del juez, a principios de 2019 Santiago Uribe, el hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, podría pasar 40 años en prisión tras un juicio sin precedentes en la historia colombiana. Un proceso que se remonta a 1997 y a crímenes que tuvieron lugar en la década de los 80 que podría demostrar, por vez primera, las relaciones entre los grupos paramilitares con la alta clase política y con las fuerzas de seguridad en Colombia.

El grupo contrainsurgente Los 12 Apóstoles toma su nombre de uno de sus integrantes, que era u sacerdote. En el juicio, se le atribuye a Santiago Uribe, de manera directa, el asesinato del conducto de autobús Camilo Barrientos, aunque también se le acusa de estar al mando de este escuadrón de la muerte. Los 12 Apóstoles cometieron centenares de asesinatos contra todos aquellos que consideraron como delincuentes, cómplices de la guerrilla, agitadores sociales o consumidores de drogas. Fue la llamada limpieza social de las personas políticamente incómodas en Colombia.


Daniel Prado responde sin prisa en una cafetería del centro de Madrid. Llama la atención su lenguaje llano. Se aleja lo máximo posible de lo que se esperaría de un hombre “de derecho”: pocos tecnicismos, opiniones políticas y un lenguaje que se aleja de lo intrincado. Responde a todo, pero, cuando escucha la pregunta sobre las amenazas a defensores de los derechos humanos, le cambia la cara. Se deduce por su gesto que ha sufrido la pérdida de alguien cercano, y eso le invita a no responder. Hay un largo silencio. La pregunta cambia. Sigue contestando con total normalidad, como si no hubiera existido ese momento incómodo.


¿Cuál es la vinculación de Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles?


Se le vincula con la muerte de Carlos Barriento en 1994, un conductor de lo que en Colombia se conoce como una “chiva”, que es un transporte público que lleva personas por las veredas a los mercados. Y también se le acusa de la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De haberlo creado, de haberlo financiado y ser parte de la estructura del grupo. Es el delito de concierto para delinquir con fines para financiamiento de grupos paramilitares.


¿Está relacionado el presidente Álvaro Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles , al igual que su hermano?


Cuando Álvaro Uribe llega a la presidencia, legaliza estos grupos de vigilancia privada. Aunque pasan a ser legales, unos años después tiene que ilegalizarlos por la cantidad de abusos a los derechos humanos que cometen las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]. En el año 94 se eligió a Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y, para finales de los 80, en la región del sureste antioqueño, tienen gran presencia los grupos de vigilancia privada. Son los que comienzan a hacer las campañas de limpieza social en Colombia. Este es el proceso de cómo surge el paramilitarismo y de cómo el paramilitarismo llegó a tener una incidencia grande en la política colombiana.


Podemos plantear que Álvaro Uribe llegó a la presidencia gracias a toda la actividad del paramilitarismo que se origina a finales de los 80 y de los cuales su hermano hacía parte, como ha dado cuenta el proceso que adelantamos. Igualmente, los bienes donde se hicieron estas actividades son de propiedad tanto de Álvaro Uribe, como de su hermano.


¿Está diciendo que la casa donde se reunían Los Doce Apóstoles pertenece a los dos hermanos y no solo a Santiago?


Sí, son haciendas que son de propiedad de los dos, del grupo familiar. Hay otros procesos que hablan de paramilitares que prestaron seguridad a los hijos de Álvaro Uribe Vélez desde esta época. La incidencia del paramilitarismo en la política colombiana en los últimos años ha sido impresionante, llegaron a tener presidente.


La CIA archivó unos documentos que vinculan a Uribe con Pablo Escobar. ¿Cuál era esa relación?


Se habla de que hay una lista que dice que Uribe era del Cartel número 82. No sería rara esta relación con el mundo del narcotráfico porque la familia de Uribe está ligada por vínculos de sangre con los Ochoa. En esta familia hay una línea de descendencia que corresponde a los narcotraficantes integrados en el cartel de Medellín, liderados por Escobar. Era de público conocimiento la relación de su padre con el mundo del narco y específicamente con esa dinastía. Hay una foto en un libro escrito por Fabio Ochoa Vázquez en la que se ve al hermano de Álvaro Uribe en compañía de Fabio Ochoa Vázquez [Prado muestra en su teléfono móvil la portada]. Ambos tenían un primo en común: Mario Vélez Ochoa. Lamentablemente, el mundo económico de Colombia pasa por el narcotráfico. Es una actividad que es notoria.


¿Era estrecha la relación entre la policía, el ejército y los grupos paramilitares?


Las investigaciones que se han hecho sobre la permanencia de estos grupos en las haciendas de la familia Uribe Vélez establecen que contaban con la colaboración de las fuerzas públicas; es más, en la hacienda de la Carolina había una base de hombres del ejército colombiano que permaneció allí por más de 20 años. En 1989 la vendieron a la gobernación de Antioquia para hacer una base de entrenamiento. Eso implicó que el hermano y el presidente tuvieran guardia de la fuerza pública en su casa, lo que supone la utilización corrupta del ejercicio de la administración pública.


Eran soldados pagados por toda la ciudadanía colombiana. Eso es una forma soterrada de generar corrupción, donde el Estado presta seguridad a un político en sus propiedades particulares. Es comprensible que un expresidente tenga seguridad propia hacia su persona, pero no en otro ámbitos. Sin embargo, Álvaro Uribe presentaba la seguridad privada como la mejor arma contra los grupos insurgentes. Claro, contra los grupos insurgentes y contra la sociedad civil organizada. En la medida en que el paramilitarismo tuvo como estrategia, para ganarse el apoyo de la ciudadanía, las campañas de limpieza social. Eso generaba políticas criminales que buscaban eliminar a aquellas personas que, por su condición social, pudieran atentar contra la propiedad privada y la moralidad. Y así, las políticas de seguridad comienzan a eliminar a personas incómodas y se centran en el control social. En atemorizar a la sociedad.


¿Cuáles han sido las amenazas que ha sufrido usted por su trabajo como defensor de los derechos humanos en Colombia?


Se pueden dar circunstancias de amedrentamiento como son la presencia de hombres armados, algún tipo de acoso, seguimientos, llamadas, etcétera. En otro momento me aflojaron las cuatro llantas de mi vehículo particular, pero es algo a lo que los colombianos que hacemos este tipo de cosas estamos acostumbrados.


Para la comunidad internacional es difícil poder entenderlo, pero nosotros sabemos que si nos dejamos amedrentar por esto, nos toca salir al exilio. Es una forma de sacarlo a uno de su entorno, de su arraigo, y hay que luchar contra eso. Los pueblos tienen que tener la dignidad suficiente para denunciar este tipo de delitos independientemente del poder que tengan quienes los cometen. ES parte de la dignidad del ser humano.


¿Está usted acogido a algún servicio de seguridad o vigilancia por parte del Estado?


Tras unos estudios de riesgo, consideraron que mi nivel de riesgo era extraordinario. Como medidas de protección, me ofrecían un celular, un hombre a pie y un chaleco antibalas. Nunca las acepté. A raíz de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le ordenan al Estado colombiano blindarme unas condiciones de seguridad y, en este momento, tengo un esquema que consta de dos hombres y un vehículo blindado. Este tipo de medidas no te van a salvar la vida si quieren asesinarte. Lo que en algún momento puede ejercer es algún tipo de presión; es que la comunidad internacional le exija al Estado colombiano el respeto por la vida de los defensores de los derechos humanos, en este caso por la mía también.


¿El paramilitarismo sigue siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Colombia en nuestros días?


El paramilitarismo, que sigue existiendo en Colombia, ha mutado a pequeños actores. El problema para Colombia es la actitud que han asumido Uribe y su partido político frente a esos acuerdos. [El anterior Gobierno] tuvo como única finalidad ocultar las actuaciones que cometieron, específicamente su relación con el apoyo y financiación de grupos paramilitares.


En el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una de las campañas de limpieza social más conocidas bajo el nombre de los 'Falsos Positivos'. Se establecía un sistema de recogida de personas que estuvieran en situación de calle, jóvenes desempleados o incómodos por su participación política para confinarlos en camiones, vestirlos de guerrilleros y después ejecutarlos. Le vendían la idea a la sociedad colombiana de estar combatiendo a las FARC, cuando realmente ejecutaban civiles. Buscaban reforzar esa imagen del presidente como hombre fuerte que prometía seguridad al país mejorando las estadísticas del combate de los militares contra los grupos armados.


¿Iván Duque supone un cambio como sucesor del ahora senador Uribe respecto a estas políticas de seguridad nacional?


Duque es la representación de Álvaro Uribe Vélez. Podríamos decir que Álvaro Uribe gobierna el cuerpo de Iván Duque. Fue quien lo eligió, el que hizo la campaña electoral, es todo. Tú no puedes desligar a Iván Duque de Álvaro Uribe: hay una relación muy estrecha entre los dos. Duque hace lo que Uribe quiere que se haga en el país.

¿Cómo actúa la comunidad internacional ante eso?


Parte de la sociedad europea sigue recibiendo al expresidente como si fuera un hombre de mucho honor y eso, de una u otra forma, es olvidar estos delitos. Se privilegia la necesidad de comercializar con un país, se pierde la dignidad y se sienta uno en la mesa con un hombre que tiene sus manos untadas de sangre. Habría que plantearse si es válido que esa persona entre al territorio de otros países hasta que no se den los resultados de esas investigaciones. El mundo debe en algún momento cerrarle la puerta a todo aquel que tiene delitos de lesa humanidad hasta que se resuelva su situación judicial, hasta que las autoridades digan si fue o no responsable. Son miles los campesinos que han tenido que salir de Colombia, son miles los muertos a manos de paramilitares como en la masacre de La Granja. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en su gobierno? ¿Cuántos funcionarios de su gobierno no están en la cárcel por corrupción? El periodista colombiano Guillermo Cano decía: “Nadie puede estar en una piscina sin mojarse”.

Por OSEBA TORRONTERAS / ÁLVARO BRAVO

PUBLICADO
2018-12-12 06:06:00

Publicado enColombia