La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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Se llama "Gota a gota" el violento método de los usureros colombianos en Argentina

La modalidad de usura "gota a gota" , que selecciona a sus víctimas entre los más vulnerables, aquellos que no puede acceder a un crédito bancario porque no califican por los requisitos usualmente solicitados como un recibo de sueldo formal crece cada vez más en la Argentina, operada por prestamistas oriundos de Colombia.

Pero, ocasionalmente, algunas de estas redes mafiosas cae.

El lunes pasado, once integrantes de una de esas organizaciones fueron detenidos por Gendarmería Nacional. La fuerza federal actuó bajo la instrucción del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el apoyo y coordinación de la Dirección Nacional de Investigaciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad.

Diez de los apresados son de nacionalidad colombiana, el resto argentinos. La banda era básicamente un negocio familiar. Su presunto líder es David Fernando Salazar Herrera, de 30 años de edad, colombiano, con DNI argentino, número 95 millones, su hermano Carlos Alberto junto a los hermanos José y Jhon Kenedy Quincena , también con direcciones en Hurlingham.

La mayoría de los extranjeros ingresaron de manera irregular al país, con documentación falsa, bajo otra identidad o por pasos fronterizos clandestinos y luego obtuvieron sus documentos. En su país varios de ellos tienen antecedentes penales. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Migraciones, y a instancias del juez, solicitará en los próximos días la expulsión de los delincuentes.

La banda operaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero había extendido su telaraña en los partidos bonaerenses de Zárate y San Miguel. En los allanamientos se secuestraron 215.955 pesos, 3000 pesos colombianos, 5000 guaraníes y 107 dólares. Pero lo más importantes está en otros papeles.

Por primera vez la Justicia incautó miles de documentos sobre supuestas transacciones y comprobante s –algunos de ellos que datan desde el año 2012- utilizados por la banda para cobrar los préstamos usurarios. En la parte superior de los rústicos talonarios donde asentaban los importes abonados por los clientes, y con un sello de color rojo se destacaba la fecha del pago. Se pueden leer rubros insólitos, por ejemplo "artesanías colombianas".

El esquema cambiaba rápidamente: los cobros se volvían semanales con sicarios que amenazaban a deudores.

Los préstamos siempre eran en efectivo, rápidos, se otorgaban en menos de dos horas, sin requisitos. Se aclaraba la tasa de interés a abonar, que comenzaba de forma mensual, para convertirse rápidamente en pagos hechos cada semana. Había varias formas de encontrar a los usureros: se promocionaban a través de volanteros en la calle, en el mercado de Pompeya, en Barracas, Constitución , en la estación de San Miguel o la de Liniers, atendían en pequeños locales que no duraban mucho, tiendas transitorias, como una mueblería en San Miguel a tres cuadras de la plaza principal del municipio. Detrás de la carnada de las mesas y sillas de pino, aparecerá el ofrecimiento de los supuestos préstamos acomodados a las necesidades de cada cliente.

Así, comenzaba un espiral descendente, de la usura a la golpiza, de la violencia económica al puño en la cara.

Ante el apuro y la necesidad, las víctimas no advertían que terminarían devolviendo a los prestamistas hasta quinientas veces más que el dinero solicitado. Cuando no podían seguir pagando, ya ahogados económicamente, los "rompehuesos", sicarios y golpeadores contratados por las redes corruptas, los visitaban en sus hogares o en los pequeños comercios que armaron con los préstamos. Las visitas no eran precisamente para tomar café. Los mafiosos amenazaban, incluso con asesinar a sus hijos o padres.

Si la coacción no resultaba, la segunda tertulia era menos amena aún. En este caso, eran dos los amedrentadores. Uno, el que conduce la moto, se queda en la vereda; el cómplice ahorra palabras, golpea a la víctima. Se registraron casos en que el agredido perdió dientes, sufrió la fractura de costillas o la quebradura de un brazo.

En algunos casos no llegan a cruzar palabras. Las fachadas de las casas o los comercios de las víctimas eran baleadas desde motos.

El salvajismo era tal que en Tartagal, en la provincia de Salta, Dalma, una joven de apenas 20 años, se ahorcó en su domicilio porque estaba amenazada por los prestamistas: su muerte dejó huérfanos a dos niños.

Catalina, su madre, denunció públicamente el 29 de mayo pasado que usureros colombianos le habían prestado 15 mil pesos bajo condiciones que Dalma podía afrontar. Sin embargo, de repente, los prestamistas cambiaron las condiciones, el interés de la tasa se quintuplicó y los pagos ya no serían cada treinta días, sino cada siete.

La abuela de los dos niños le dijo al diario El Tribuno , que Dalma tomó la dramática decisión porque "estaba desesperada por las constantes amenazas de los colombianos que amenazaron con matar a sus hijos si no pagaba".

"Gota a gota" en Latinoamérica

Después de la desarticulación de la banda de usureros, la ministra Bullrich rememoró en diálogo con Infobae la razón por el Ministerio de Seguridad, con funcionarios como Martín Laborde, coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos, hizo foco en este modus operandi que se expandió desde Colombia a países como México, Venezuela, Uruguay, Panamá y Brasil.

Bullrich precisó que al año de asumir su cargo, un grupo de investigadores de la Policía Nacional de Colombia llego a nuestro país para entrevistarse con ella y su equipo. Sin rodeos, los detectives detallaron con gráficos y fotos que el narcotráfico y el lavado de activos había cambiado en su país y que los grandes carteles, que habían dejado de funcionar en la década de los 90, dejaron una fuerza laboral vacante.

Los criminales, claro está, no buscaron trabajo formal a través de los clasificados de los diarios, sino que habían tomado rumbo hacia un sistema nuevo, que trabajaba con el micro lavado y el micro tráfico de dinero negro a partir de una modalidad, hasta ese momento desconocida, o no investigada en el país, llamada "gota a gota" , una forma feroz de estafa.

"En conjunto con Colombia, Argentina se ha puesto a la vanguardia en la lucha contra el gota a gota , que tiene como objetivo atacar a personas vulnerables y blanquea el dinero para el narcotráfico", interpreta la ministra y agrega: "Después de entender el modus operandi, llegamos a la desarticulación total de la banda criminal integrada por estos diez colombianos".

Según pudo saber Infobae , a través de Eugenio Burzaco, el Secretario de Seguridad de la Nación, estos préstamos de altísimas tasas generan un sistema de lavado de activos que se envía hacia Colombia mediante correos privados en la zona de frontera. El dinero no solo circula: también vuelve.

Así funciona el negocio

Los trabajos de inteligencia tanto en Argentina, como en México y Colombia establecieron que el "negocio", que muy posiblemente termina en el tributo a alguna banda narco, comienza con los 'volanteros', que se encargan de repartir las tarjetas, ofreciendo los créditos sin garantías. De la red también forma parte el denominado "administrador", que se encarga de recibir las llamadas y por lo general atiende personalmente al cliente. Los sicarios que recolectan el dinero adeudado más intereses se desplazan en moto.

Los "jefes de seguridad", por su parte, están a cargo del sistema de cobranzas bajo presión cuando alguna de las víctimas no puede pagar la deuda contraída. Su especialidad, las amenazas y la violencia armada.

En los últimos allanamientos, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Sam Miguel u Zárate, Gendarmería también secuestró municiones para armas .9mm y marihuana y siete motos similares a las que las víctimas describieron como las utilizadas por los "rompehuesos" para trasladarse y amedrentarlos.

Por: Agencias | Sábado, 13/04/2019 02:54 PM |

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Domingo, 14 Abril 2019 05:48

Una clase magistral de cinismo

Una clase magistral de cinismo

Hace una semana, al promediar la tarde del domingo 8 de abril, el músico Evaldo dos Santos Rosa conducía su auto por la avenida Brasil, principal vía de acceso entre la zona norte y el centro de Río de Janeiro.


En el coche estaban su suegro, su mujer, el hijo de la pareja, de siete años, y una amiga. Iban a una fiesta infantil.


Cerca de la Villa Militar, al borde de la avenida Brasil, había una patrulla del Ejército. Cuando el coche se acercó, empezaron los disparos. Fueron 80 tiros, casi todos de fusil.
Evaldo murió en el acto. Sergio, su suegro, fue herido. Un hombre que pasaba por el lugar fue herido de gravedad. Pese a que Luciana, mujer de Evaldo, haya salido del coche con el hijo en brazos gritando que no dispararan más, los tiros siguieron.


Sería una muerte violenta más en el país en que a cada año ocurren 64 mil muertes violentas, pero Evaldo fue muerto por una patrulla del Ejército. No se ha dado ninguna justificación para la presencia de los uniformados en la escena del asesinato.


Le toca al presidente brasileño, o sea, a Jair Bolsonaro, el puesto de comandante máximo de las Fuerzas Armadas. Es lo que establece la Constitución. Por lo tanto, sería su función elemental ordenar al comandante del Ejército que se pronuncie sobre el fusilamiento.


Bueno: Bolsonaro es Bolsonaro. Y, pasados algunos días, se manifestó con su manera peculiar: “El Ejército no mató a nadie. El Ejército es del pueblo, y el pueblo no mata. Lo que hubo fue un incidente”.


Es decir: hombres vestidos con el uniforme del Ejército, portando fusiles del Ejército, comandados por un integrante del Ejército, ejecutan a alguien indefenso a sangre fría, pero el Ejército no tiene nada que ver.


El ministro de Justicia y Seguridad Pública se llama Sergio Moro. Es el mismo que cuando era juez de primera instancia condenó Lula da Silva a la cárcel por “actos indeterminados” y basado solamente en “convicciones”. Pues ese paradigma de una ética única ahora defiende cambios radicales en la legislación: quiere asegurar la impunidad de los miembros de las fuerzas de seguridad que al pasar por una situación de “miedo, sorpresa o violenta emoción” ejecuten a alguien. Licencia para matar, pues.


¿Qué les habrá pasado a los soldados del Ejército que fusilaron Evaldo? ¿Un brote colectivo de miedo, sorpresa o violenta emoción? Para Moro, el fusilamiento no ha sido más que “un accidente lamentable”.


El general Augusto Heleno es jefe del Gabinete de Seguridad Institucional. Considerado el más poderoso integrante del gobierno de Bolsonaro, dijo que las averiguaciones están en curso y que habrá castigo “si el caso lo requiere”. Lamentó lo ocurrido y dijo que por suerte los que dispararon tienen muy mala puntería: al fin y al cabo, tiraron ochenta tiros con un saldo de solamente un muerto y dos heridos.


Un retrato perfecto de lo que están haciendo con mi país.

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Sábado, 13 Abril 2019 16:07

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

 

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Serge Halimi

 

 ▲ Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, informó que Assange pasó su primera noche en la prisión de Belmarsh.Foto Ap

Nueva York. El arresto y pedido de extradición de Julian Assange detonó, una vez más, un intenso debate sobre la libertad de la prensa en Estados Unidos y en torno al controvertido fundador de Wikileaks, lo cual definirá el futuro de una de las supuestas libertades civiles sagradas en el orden democrático de este país.

Tal vez lo más sorprendente es que algunos grandes medios –incluyendo el New York Times y el Washington Post (el cual argumentó que Assange no es un "héroe de la libertad de prensa" y que merece enfrentar la justicia estadunidense sin necesariamente impactar las libertades civiles)– periodistas y columnistas influyentes y hasta algunas organizaciones de defensa de libertades de expresión dieron el beneficio de la duda al Departamento de Justicia de que su acusación no era un ataque inmediato a la libertad de prensa. Expresaron "alivio" de que el cargo criminal formulado contra Assange se centra sólo en una "conspiración" para lograr una "intrusión" ilícita a computadoras del Pentágono para obtener información clasificada. O sea, no es un cargo que criminaliza las actividades periodísticas tradicionales como algunos temían.

Pero para otros, el cargo formulado de esa manera es una envoltura justo para evitar denuncias del atropello de la libertad de expresión, pero que su objetivo obviamente es nada menos que castigar a alguien que se atrevió a obtener, publicar y difundir documentos oficiales secretos que implicaron al gobierno estadunidense en violaciones de derechos humanos, maniobras diplomáticas intervencionistas, y hasta posibles crímenes de guerra.

El régimen de Donald Trump, quien repetidamente declara que los medios son "enemigos del pueblo", no ocultó su deseo de perseguir a Assange. En abril de 2017, cuando el actual secretario de Estado Mike Pompeo era el jefe de la CIA, afirmó: “Tenemos que reconocer que ya no podemos permitir más a Assange y a sus colegas la actitud de usar los valores de la libre expresión en contra de nosotros… Eso se acaba ahora”, recuerda The Intercept.

Por su parte, la cúpula demócrata, en un ejemplo inusual de bipartidismo, también festejó el arresto de Assange junto con los republicanos ya que aún no le perdona al fundadsor de Wikileaks la divulgación de correos electrónicos jaqueados del Comité Demócrata Nacional durante la contienda de 2016. Hillary Clinton expresó que Assange ahora "tiene que responder por lo que ha hecho" y afirmó que los cargos no estaban relacionados con la libertad de prensa, mientras el líder de la fracción demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que espera que Assange "pronto rendirá cuentas por su intromisión en nuevas elecciones a nombre de Putin y el gobierno ruso".

Sin embargo, varios periodistas y defensores de libertades civiles denunciaron que obviamente el objetivo del arresto y extradición es castigar no sólo a los filtradores de información secreta –lo cual hizo el gobierno de Barack Obama a escala sin precedente–, sino ahora con Assange, a los periodistas que difunden y publican la información.

Daniel Ellsberg, el famoso filtrador de los Papeles del Pentágono, consideró que el arresto de Assange es "un intento claro para rescindir la libertad de la prensa". Señalo que este es el primer caso de una acusación contra un periodista y editor, y "si es exitosa, no será la última", comentó en entrevista con The Real News Network. Advirtió que si esto avanza “la libertad de la prensa no está a salvo, se acaba, y nuestra república está en sus últimos días….”.

La acusación contra Assange implica "amenazas graves a las libertades de prensa, no sólo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo", escribe el periodista Glenn Greenwald de The Intercept –uno de los reporteros que colaboró con Edward Snowden– y advirtió que con ello se "busca criminalizar varias actividades al centro del periodismo de investigación". [https://theintercept.com/2019/04/11/the-u-s-governments-indictment-of-julian-assange-poses-grave-threats-to-press-freedoms/

Concluye que en el caso de Assange, figura controvertida en Estados Unidos ya que hay un consenso bipartidista en su contra, "más importante que los sentimientos personales sobre Assange es el enorme paso que esta acusación representa para la meta explícitamente declarada del gobierno de Trump de criminalizar el periodismo que incluye reportar sobre información clasificada. Oponerse a esa meta amenazante no requiere de admiración o afecto para Assange. Sencillamente requiere creer en la importancia crítica de una prensa libre en una democracia".

Matt Taibbi, el gran reportero político de Rolling Stone, coincide con Greenwald en ese punto, y escribió: "la acusación actual es la extension de un esfuerzo de años, antes de Trump, de construir un argumento legal contra alguien que divulgó secretos vergonzosos".

Bruce Shapiro, director del Dart Center for Journalism, escribió en The Nation que en la acusación se afirma que hubo una "conspiración para filtrar información filtrada", y subraya que eso es algo que hacen los reporteros constantemente. Afirma que esta acusación en este contexto es "una persecución políticamente motivada", que tiene serias implicaciones sobre la libertad de expresión constitucional.

"Este es un caso de libertad de prensa. Punto. Assange está siendo castigado por hacer valientemente su trabajo como un periodista, ahora sujeto de una de las cacerías de brujas más peligrosas en la historia de Estados Unidos, justo porque reveló información que el público estadunidense tenía un derecho de conocer sobre crímenes de guerra del gobierno estadunidense", declaró el veterano periodista Robert Scheer, ahora director de Truthdig.

Varios activistas y comentaristas resaltaron que Assange, Chelsea Manning, y Edward Snowden –como Ellsberg hace medio siglo– revelaron al público mundial crímenes de guerra y violaciones a derechos civiles y humanos por las autoridades, pero ellos son los acusados de ser criminales.

 

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Martes, 09 Abril 2019 09:57

Un espíritu fétido

Marluz Navarro

No pasa un día sin que se conozca de alguna arbitrariedad policial, creciente desde hace algunos meses, cuando el Código de Policía dejó su etapa pedagógica, para dejar escapar con su explayada y arbitraria aplicación el espíritu autoritario que lo insufla.


El primer asombro ciudadano llegó al conocerse la famosa multa sufrida por un transeúnte común y corriente, de más de 800 mil pesos –multa tipo 4*– por estar comprando una empanada en espacio público.
La respuesta en diversidad de sectores sociales fue de estupor, en algunos de rabia y en otros de incredulidad. ¡No puede ser!, decían unos y otros, pero así era, y así continúa siendo: día tras día, multas de tal estilo y cantidad de dinero son aplicadas por los más risibles comportamientos: por correr en una terminal de transporte y así “alterar el espacio público”; por ocupar y vender de manera ilegal en espacio público; por reírse e irrespetar a la “autoridad”; por actuar de manera solidaria con alguien que estaban multando e interponerse ante la “ley y la autoridad”.


Usted puede imaginar otro diez, cien, mil o más inculpaciones, creíbles e increíbles, argumentadas por el agente policivo de turno, pues la norma pretende reglar todo, disciplinar, encauzar el ‘buen’ comportamiento, garantizando así que algún día en este tipo de sociedad –del trópico– se deje la chabacanería y se atienda la ley –la legalidad, diría Duque–, única manera de ser productivos y pasar del “subdesarrollo” al “desarrollo”, como lo promete la reciente inclusión de Colombia entre los países de la Ocde, precisamente los de las “buenas prácticas”, entre las cuales demandan que el espacio público debe estar libre, facilitando así la efectiva circulación de mercancías. Además de garantizar la seguridad jurídica, pudieran decir otros –léase el monopolio del negocio–, para quienes están formalizados y cancelan los cada vez más onerosos tributos a las arcas municipales, además de sostener a la Cámara de Comercio, ese negocio de pocos que debiera ser público pero es privado.


Téngase en cuenta el momento en que fue tramitado el Código y el afán con que se aprobó –a pupitrazo limpio–, y no es extraño que hasta este tipo de Código, que todo lo incluye y lo pretende –Código de códigos–, haga parte de las exigencias de la Ocde para ganar la membresía al mismo.


De estupor. Según cifras conocidas, son más de 400 mil las multas impartidas en lo que tiene de vida este Código, lo cual se constituye en todo un récord, como también lo son las decenas de demandas interpuestas contra el mismo.
Supuestamente encaminado a favorecer la convivencia ciudadana, se trata de un código expedido para reglar los comportamientos cotidianos en un país cada vez más urbanizado, donde las mayorías no cuentan con trabajo formalizado o reglado por un contrato laboral. Es decir, el Código fue expedido para ayudar a la vida en común en un país donde las mayorías viven del esfuerzo individual y a riesgo propio de no menos de 13 millones de personas que cada día se levantan o trasnochan con la preocupación por reunir unos pesos con los cuales llevar algo a casa.


A todas luces, por las multas o las sanciones interpuestas, se puede deducir que quienes redactaron este Código de códigos no repararon en la vida real de nuestra sociedad sino que se pararon sobre ella, mirando desde el ideal inexistente de una economía que brinda miel y leche para el conjunto social, con hogares sin afanes, con ingresos regulares y capacidad de ahorro. De ahí el significativo monto de la multa tipo 4, similar a un salario mínimo que, como es conocido, no se alcanza a reunir en muchos hogares luego de un mes de intensa labor.


Exabruptos, estos y otros, como limitar la protesta social, autorizar el allanamiento de viviendas sin orden de autoridad judicial, etcétera, que le inyectan un aliento autoritario a esta norma y llenan de falsa autoridad a quienes la aplican, pavoneados por aquí y por allá como los que pueden hacer y deshacer, sin capacidad alguna de ponderación ante cada circunstancia, sin disposición a conciliar, sin sentido de justicia ni de realismo alguno. “La ley es la ley”, pensarán en su malformado fuero interno los llamados agentes de la (in)seguridad pública.


Este comportamiento policivo-represivo (no educativo ni para la convivencia) está ampliando aún más la histórica brecha entre policía y comunidad, la que, como es sabido, realza desde siempre, tal vez desde el tiempo en que los chulavitas –esa policía o paramilitarismo al servicio de terratenientes y jefes políticos godos– sembraron el terror por todo el territorio nacional.


No se olvida la acción de chulavitas: masacres, desplazamiento, robo de la tierra de miles de miles. Es un recuerdo transmitido por los genes de la sociedad colombiana, reproducido por la recurrente violencia con que actúan los integrantes de una institución que debiera estar al servicio de la comunidad pero en realidad le da la espalda. La misma que, en el caso de las unidades denominadas Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), actúa como conjunto de verdaderos enfermos de la violencia. Numerosos casos así lo certifican.


¿Cómo están instruyendo al personal policivo para que cumpla con su misión, para que, en vez de lograr cercanía con aquellos a quienes dicen proteger, se merezcan cada vez más su animadversión?
¿Tiene algo que ver este Código con la recién expedida “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”? ¿Acaso el reclamado enfoque multidimensional, multisectorial e interagencial de la misma nada tiene que ver con la vida cotidiana de nuestra sociedad? ¿Por qué ensañarse con los excluidos de siempre, para quienes democracia y justicia son palabras que no trascienden el papel y el discurso del gobernante o del político de turno?


Todo lo fétido, si no queremos su transformación en foco de infecciones, requiere limpieza…

* Las multas tipo 3 y 4 contemplan medidas por arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las línea de emergencia 123, vender celulares con reporte de hurto y realizar necesidades fisiológicas en espacio público, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

C.G.

Publicado enColombia
Lunes, 08 Abril 2019 06:33

Inaguantable

Inaguantable

La noticia empezó a circular la noche del viernes, cuando el régimen de Trump presentó ante un tribunal en San Diego su propuesta para cumplir con una orden judicial donde indica que calcula tardar entre uno y dos años para encontrar y empezar a reunificar a miles de niños que el gobierno separó por la fuerza de sus padres y familiares. Tardará todo ese tiempo porque ahorita no sabe dónde están miles de esos menores.

Fue hace justo un año cuando oficialmente se implementó la política de "cero tolerancia", anunciada por el entonces procurador general Jeff Sessions. El régimen de Trump argumentó que la ley los obligaba a separar familias. Pero no existe tal ley. Fue una decisión política de impulsar una medida para arrestar a casi todo inmigrante indocumentado capturado cruzando la frontera, acompañado o no por niños. Como el Departamento de Justicia no puede procesar penalmente a menores de edad junto con sus padres, éstos fueron separados; así, los adultos fueron internados en centros de detención y los niños clasificados como menores no acompañados colocados en centros y albergues operados por contrato con el Departamento de Salud y posteriormente muchos fueron entregados a familiares o, bueno, no se sabe exactamente. Casi 2 mil menores de edad fueron separados en sólo un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 2018, según cifras oficiales.

Ante una ola de protesta cada vez mayor de diversos sectores, incluidos algunos conservadores, junto con asociaciones nacionales de pediatras y sicólogos, entre otros, Trump y su gente buscaron distanciarse de la política que ellos mismos impulsaron; primero, el presidente insiste en que sólo estaba cumpliendo con leyes "horribles" promulgadas por demócratas (falso) y segundo, asegura: "odio que los niños sean llevados a otro lugar". Su secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen (quien este domingo presentó su renuncia después de múltiples críticas del presidente de ser demasiado "débil" para controlar la migración), declaró sin ninguna vergüenza: "no tenemos una política de separar familias en la frontera. Punto". Pocos días después su jefe se vio obligado, ante la ola de condenas, a suspender esa misma política que supuestamente no existía; cinco días más tarde un juez federal ordenó el fin de esa política.

Una demanda legal presentada por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) culminó con una orden judicial federal para que el régimen reunificara a los 2 mil 737 niños que fueron separados de sus padres.

Pero resulta que son muchos, potencialmente miles, de niños más. Con la propuesta presentada ante el tribunal el pasado viernes, el régimen, en efecto, confesó que no sabe cuántas familias separó, y agregó que por ello podría necesitar entre 12 y 24 meses para identificar a "todos", al revisar unos 47 mil casos de "menores no acompañados" que estaban bajo custodia del gobierno en algún momento entre julio de 2017 y junio de 2018. El mes pasado, el inspector general del Departamento de Salud informó que hay muchos más casos de niños separados de los que anteriormente se han registrado, y que no tenían ni un cálculo sobre cuántos son.

Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU encargado del caso, criticó la propuesta al afirmar que "el gobierno fue capaz de juntar rápidamente los recursos para arrancar a estos niños de sus padres y ahora necesitan reunir los recursos para reparar el daño".

Ni un solo gobierno de los países donde nacen, crecen y viajan estos niños se ha atrevido a denunciar todo esto, mucho menos a pedir que el régimen estadunidense rinda cuentas. Todos vieron las imágenes de pequeños en jaulas, todos pudieron escuchar los gritos y el llanto de los menores arrancados de los brazos de sus padres, todos podían leer los testimonios de víctimas, de madres y padres enloquecidos por saber dónde estaban sus hijos, de reportes sobre el trauma tal vez permanente que esto les ha ocasionado.

Es inaguantable, ¿no? ¿Entonces? ¿Qué nos pasa?

"El carácter verdadero de una sociedad es revelado en cómo trata a sus niños": Nelson Mandela, 1997.

 

Publicado enInternacional
Letros construidos por participantes en mitin contra el Código de policía, Bogotá, marzo 5 de 2019.

Cada día que pasa el país mira con estupor la violencia desatada por la Policía. Las denuncias se multiplican, aquí y allá agrede y sanciona: a ciudadanos desprevenidos que compran y consumen en expendios callejeros; alguno que corre en una terminal de transporte; a otros por cuestionar un procedimiento policial… El temor crece en amplios sectores sociales ante un autoritarismo que cada día muestra un rostro más tenebroso. Es urgente una acción social que confronte esta realidad.

 

 

Son conocidas las historia padecidas en distintos países donde la “disciplina” y el “orden”, donde el acatamiento de la ley a cualquier precio, han terminado en sometimiento y silenciamiento social. En nuestro país tuvimos una vivencia de ese tipo con el mal recordado Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), pensado y dirigido contra la desobediencia social y fruto del cual las cárceles quedaron repletas de luchadores populares.

Ahora tenemos el tenebroso Código de Policía, un engendro del orden inspirado por una doble realidad: 1) El afán del gobierno Santos por preparar y darle herramientas legales a los cuerpos represivos para la etapa imaginada por ellos de postacuerdo de paz (ante un escenario de mayor protesta social); 2) Responder, por parte de igual gobierno a las demandas de la Ocde para ingresar al “Club de países de las buenas prácticas”, entre ellas, una sociedad que controle la informalidad, que reprima la indisciplina, que despeje el espacio público, es decir, que disponga todo “para el óptimo desarrollo del capital”. Ideal de orden que no repara en las condiciones específicas de cada país, por lo que la realidad debe apretarse hasta que quepa en la ley.

Es una irrealidad que coloca en el centro de su disciplinamiento a los miles/millones que en el país sobreviven del rebusque y, por obvias razones, al espacio público mismo –que es el territorio por ellos ocupado para levantar el pan diario.

Acción de persecución y criminalización potenciada desde la cabeza misma del Ministerio de Defensa, ahora ocupada por quien fuera por años el director y vocero de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), permanentes instigadores de la acción represiva de la Policía en contra de quienes con sus cachivaches ocupan y tratan de sacarle algún peso a la calle.

La lógica del absurdo

El Código de Policía actual no fue pensado y redactado por civiles, fue propuesto por policías. Esta ley, conocida como la 1801, que en realidad parece ley de leyes, fue aprobada el 29 de julio de 2016, y entró en vigencia en el 2017. Curiosamente su tramite en el Senado no generó ningún ruido y pasó a “pupitrazo”, sin ningún análisis ni objeción por parte de partido alguno, cosa diferente a lo sucedido en la Cámara de Representantes, donde los partidos alternativos la confrontaron y obligaron a su revisión.

Según Alirio Uribe, en la Cámara fueron derogados y modificados 160 artículos del Código, cada uno de los cuales debió ser argumentado a los abogados y generales de la policía. Pudieron ser muchos más los artículos derogados, según Alirio Uribe, pero la presión de Juan Manuel Santos obligó a que se aprobara de una manera más rápida y simplemente se pusieron en votación de sí o no.

Como se sintió en tales trámites, y ahora es sufrido y comprobado con su imposición cotidiana, el espíritu del Código es el del autoritarismo que desea moldear y disciplinar la sociedad mediante el castigo, pretendiendo regular hasta lo más mínimo de la vida de nuestro país. Un autoritarismo piso para encausar la propagandeada “legalidad” del actual gobierno, es decir, el imperio de la norma por sobre la realidad misma. Todo un exabrupto.

Dicen en los barrios populares, donde infinidad de personas se han visto asaltados por los ahora disciplinadores, que este Código parece la caja menor de la policía, y la realidad refuerza su sentir: según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el año y medio de implementación de esta “norma de normas”, van dos millones de “medidas correctivas”, el 40 por ciento de ellas multas y apenas el 17 por ciento medidas educativas. Multas que en no pocos casos ascienden a 883 mil pesos y en otros a 282 mil. Miles de los afectados por los disciplinadores son jóvenes que estaban consumiendo alcohol o psicoactivos en espacio público. Estos, así como quienes han sufrido el látigo del establecimiento por consumir empanadas, correr en una terminal de transporte, o tratar de reírse de la “autoridad” al invitarlos a comer empanadas, así como quienes han sido reprimidos por estar vendiendo en el espacio público, han perdido en pocos segundos mucho más de lo que logran reunir en un mes de trabajo.

Hay que llamar la atención sobre esto, pues el monto del “disciplinamiento” no se compadece de lo que un trabajador sin contrato alguno reúne en un mes de trabajo. Esta desproporción evidencia que quienes redactaron la norma, los llamados “padres de la patria”, con su desproporcionado sueldo de más de 32 millones al mes, ni conocen ni se imaginan las afugias con que viven la mayoría de familias colombianas; quitarles a estas cientos de miles de pesos es condenarlas al hambre y al ahondamiento de sus sufrimientos cotidianos.

Un modelo autoritario

Desde el 2017, cuando empezó a regir el Código, se han interpuesto 144 demandas en contra de sus artículos, pues muchos de estos son verdaderos exabruptos, como el artículo 33 que autoriza a la policía para allanar viviendas sin orden de autoridad judicial, y como el capítulo de regulación a la movilización social, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.

Pese a esta decisión, en octubre de 2018 el actual gobierno, en cabeza de Guillermo Botero, Ministro de Defensa, estigmatizó la protesta social y exigió que fuera regulada, atreviéndose a decir, además, que las movilizaciones sociales son producto de la financiación de organizaciones armadas; es decir, las criminalizó. Acción que no pasa sin consecuencias, en un país el solo año 2018 fueron asesinados no menos de 226 líderes sociales según el reporte de Indepaz, desangre que no para en el 2019, con el asesinato registrado, en escasos dos meses, de más de 29 líderes.
La actuación de este Código de Policía desprende algunos interrogantes: ¿Nos encontramos con una institución de policiva regida por una doctrina militarista? ¿Se diferencia en algo el actuar de esta policía con el actuar de los militares? ¿Acaso debemos hablar de un cuerpo de ocupación militar en vez de policía nacional? ¿Cuál es el modelo de sociedad que pretenden y que está detrás de este Código? ¿Quiénes se benefician con el mismo? ¿Para quién está pensado realmente el espacio público en el país?

Un reto para el conjunto social
Queda claro que este Código de Policía desprende desde el interior de cada uno de sus artículos un tufillo autoritario que atenta contra las libertades a que tenemos derecho como parte del conjunto global; una acción policiva llevada a cabo, además, en una sociedad que ha sufrido por décadas la violencia y el control directo por parte de bandas paramilitares y de sus protectores en el Estado producto de lo cual el tejido social está desecho. Sumarle a esta realidad el control social y el disciplinamiento que ahora pretenden, no ayuda a sanar ese tejido desecho por décadas de violencia. Lo que requerimos en esa vía, es más libertad, más derechos cumplidos –y no en simple norma–, más diálogo, más espacios para el goce y el placer, más espacios públicos para el rebusque y para el ocio, más fraternidad, más justicia.

Como de esto no conoce el establecimiento ni sus agentes, le corresponde al movimiento social tomar cartas en el asunto, denunciar este esperpento y lograr su rechazo por el conjunto social. Un ordenamiento social alterno debe tomar cuerpo, pero el mismo debe ser diseñado, definido y controlado en su implementación por la sociedad misma, nunca por sus órganos represivos.

 

Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/nacional/estos-son-los-impactos-de-la-aplicacion-del-codigo-de-policia-en-colombia-articulo-842547
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-codigo-de-policia-blanco-de-la-demanditis
https://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-de-policia-tiene-30-demandas/513411
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html 
https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/al-menos-113-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-2018-onu.html

 

Video relacionado

https://youtu.be/OL75InlcqKk

Publicado enEdición Nº255
Lunes, 01 Abril 2019 08:40

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

Publicado enEdición Nº255
Domingo, 31 Marzo 2019 11:34

Insaciables

Insaciables

Existe consenso en amplios sectores sociales acerca de que la negociación de paz firmada entre las Farc y el Estado colombiano –así el actual gobierno asegure en algún momento que eso le corresponde y obliga al que le antecedió, como dice de todo acuerdo heredado– es lo más contradictorio que un sector de izquierda pueda mostrar en este país. Mucho más uno que optó por las armas como método supremo para confrontar el orden de cosas existente.

Contradictorio, pues el acuerdo, tras años de negociación, fue firmado no una sino dos veces, y la segunda (en el Colón) implicó cambios notorios con respecto a lo firmado en una primera ocasión y protocolizado en Cartagena. Luego de ello, el mismo acuerdo fue sometido a un conjunto de reformas en el Congreso de la República, lo cual debió de ruborizar, por lo menos, a la dirigencia de la extinta guerrilla.

Contradictorio, toda vez que los otrora insurgentes firmaron a riesgo de que el Estado colombiano no cumpliera, como lo sospechaba el fundador y máximo líder de este ejército insurgente, Manuel Marulanda, por lo cual en alguna ocasión recomendaba postergar diez años la entrega de armas, como prenda de garantía para el cumplimiento de lo acordado. Olvidando el consejo del “viejo zorro”, además de cerrar los ojos ante las lecciones de la historia, las entregaron y Clío, aquella musa griega, volvió por sus fueros.
Contradictorio, ya que, a pesar de más de cinco décadas de discursos radicales y prácticas persistentes en pos de la toma del poder, terminaron rindiéndose, pues lo que recibieron a cambio le salió barato al establecimiento, tanto que nada tuvo que reformar de su estructura estatal en lo económico, lo político, lo militar, etcétera, y en cambio la contraparte aceptó la Constitución de su otrora enemigo, así como la estructura estatal por éste organizada.

Contradictorio, en tanto que los insurgentes aceptaron someter a un plebiscito lo negociado y acordado en La Habana, borrando, tras el resultado obtenido, cinco años de diálogo y negociación.

Contradictorio, además, pues tras la primera y la segunda firmas se han encontrado con una clase política que se apoya en sectores del poder económico, así como con ‘aliados’ internacionales que no renuncian a tratar a la fuerza política surgida de los acuerdos como la peor de las pestes conocidas y, sin embargo, y a pesar de los recursos dialécticos que se supone que debieran utilizar sus voceros, no atinan a adelantar una contraofensiva que recupere la dignidad que, igualmente se supone, les corresponde.
En fin, son tantos los sinsentidos y las anomalías de lo que adelantaron y ahora esperan que el establecimiento cumpla, que una parte de ellos –sin saberse con exactitud cuántos– terminó regresando al monte. Es decir, es tan contradictorio lo firmado, que la paz se esfumó y la guerra continúa. Es un grave suceso del que tal vez una parte significativa del país nacional no se ha enterado o sobre lo cual no ha meditado en sus implicaciones, suceso que se torna en uno de los mejores resultados obtenidos por quienes se han valido de las Farc para consolidar su dominio social, a la par de justificar el paramilitarismo y el terrorismo de Estado. Así es porque prolongar la existencia de ese “enemigo interno” les permite mantener su dominio entre amplios sectores sociales que sindican a las Farc de procederes, prácticas y crímenes que nada tienen que ver con un proyecto sustentado éticamente, en pos de otra sociedad, una diferente de la conocida durante dos siglos de existencia nacional.
Conscientes de ello, el sector que hoy controla el gobierno nacional prosigue en su afán liquidador de los acuerdos, en esta ocasión mediante la desestructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se valen para ello de la esperanza y el dolor de las víctimas, así como del odio que un amplio sector de nuestra sociedad profesa contra la guerrilla en general y la fariana en particular.

Por tanto, alegar la ‘necesaria’ reforma de la JEP, como lo hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, no es más que continuar por la senda de manipular a la sociedad colombiana, al tiempo que atizar las brasas aún no apagadas de la guerra que por décadas ha cubierto al país.

Se trata de un alegato servido de las palabras políticamente correctas: “[Estamos ante] “una oportunidad –dijo el Presidente– que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide” […] Los colombianos queremos y necesitamos una paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo”, para luego decir que esta Justicia “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar íntegramente a las víctimas”.

Pero, además, se expresa la falsa preocupación por la impunidad que pueda cubrir los crímenes de lesa humanidad en relación con quienes no son máximos responsables, al igual que la manera como se llevaría a cabo la suspensión de posibles extraditables porque “esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”, y otras supuestas inquietudes a través de las cuales lo que se pretende es tergiversar y manipular lo ya estipulado en los acuerdos de La Habana, con su firma de Cartagena y del Teatro Colón, que precisaron con claridad –o en reglamentaciones derivadas del mismo– lo ahora esgrimido por Duque. De ahí que la ‘preocupación’ por estos y otros motivos expresados en aquella alocución nacional no sea más que la pretensión de seguir peluqueando lo firmado, hasta barrer el piso de este extenso país con los exguerrilleros.

Tras estos despropósitos, “llenos de buenas intenciones”, dos objetivos alcanzan a sobresalir en la maniobra oficial: 1. Lograr que el ambiente nacional, en año de comicios, quede centrado en el tema Farc, comodín para continuar explotando la animadversión ya anotada que siente una parte de la sociedad contra los desmovilizados guerrilleros, en esta ocasión para obtener un resultado electoral que le permita a lo más retardatario del país político mantener su poder territorial, incluso ampliándolo. 2. Impedir que los militares –la oficialidad– paguen extensas condenas, y lo poco que tenga que resarcir con encierro sea en sitios ‘seguros’, así como impedir que sus declaraciones se den en espacios no controlados por los adeptos de estas maniobras, impidiendo así que el dedo índice de muchos de ellos señale a quien desde hace décadas carga con el inri de inspirador, promotor y protector de las fuerzas que ocasionaron centenares de crímenes a lo largo y ancho del país, entre ellos los más abyectos de que tengan memoria los colombianos: los mal llamados falsos positivos, masacres de decenas en diversidad de veredas y corrregimientos, el despojo del pedazo de tierra de la que vivían los pobres del campo y su desplazamiento hacia las ciudades del interior del país, etcétera.

En el curso de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia del país, Duque anunció que, si salía elegido, haría trizas los acuerdos de paz, declaración que luego matizó, no así el partido al cual pertenece. Es esa una de las pocas promesas que ha cumplido. Pero no solo la paz firmada sino también la posible con el Eln, llevado a la imposibilidad de una negociación que no lo es, pues, para encadenarla, tiene que renunciar a todo, además de concentrarse en un sitio preestablecido. Paz marchita y guerra en curso que en días recientes estuvo propiciando con el hermano siamés, arriesgando con sus maniobras, estimuladas desde Washington, la vida de miles de miles de connacionales, así como la posible destrucción de nuestro país.

Dice una máxima que el buen gobernante es aquel que procura y logra la felicidad de sus gobernados. Todo parece indicar que con Duque estamos lejos de ella.

 

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