Miércoles, 18 Octubre 2017 07:00

La democracia en las calles

 

La multitud enarbola pancartas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, y en una de ellas, donde figura su fotografía, han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante profesional de la televisión. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.


Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en la cárcel acusados de corrupción.


Se avecinaban entonces las elecciones presidenciales y la escogencia de los electores vino a ser limitada. Por eso votaron por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante ni corrupto ni ladrón, sólo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.


Su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados en enero de este año acusados de malversar fondos públicos: por medio de una empresa llamada Fulanos y Menganos SA, cobraron al Estado 564 desayunos que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes. Armado siempre de sus extraños dotes histriónicos, el presidente compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado como rehén por las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil española, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.


Las cosas se le complicaron de verdad hace poco, cuando, en defensa de la soberanía nacional decidió declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, afamado por su rectitud, en represalia porque la comisión decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña presidencial de 2015.


La Cicig, que depende directamente del secretario general de las Naciones Unidas, y actúa de manera independiente según lo garantiza una ley de la república, tiene el impresionante récord de haber llevado más de una docena de casos judiciales, con el apoyo del Ministerio Público, en los que se han visto involucrados funcionarios gubernamentales de diversas categorías, empezando por presidentes de la república, y ha logrado someter a juicios por corrupción a unos 300 implicados, entre políticos, ministros, empresarios, diputados y alcaldes.


El panorama se ha oscurecido para el antiguo cómico. La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez. El canciller Carlos Raúl Morales se negó a despachar la notificación y renunció, junto con otros miembros del gabinete, y por fin, la Corte Constitucional anuló la medida mediante un amparo presentado por Justicia Ya, una organización juvenil defensora de los derechos civiles.


En una maniobra notable por su descaro, Morales logró mayoría en el Congreso Nacional para pasar de emergencia una reforma a la ley electoral que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos!, librando de antemano de toda culpa a los dirigentes y a los candidatos. Además, mediante otra reforma en paralelo al código penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.


La prisa de los legisladores no los llevó a ver que bajo esta medida de convertir la prisión en multa, resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos tipificados, según declaró el Ministerio Público, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, diversas variantes de homicidas, estafadores, y culpables de peculado y cohecho, quienes sólo tendrían que pagar 2 mil 400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel. La impunidad repartida a manos llenas.


Ante la formidable presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales y la protesta de organizaciones cívicas y gremios, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Se trataba de un error, anunciaron, que sería enmendado mediante una nueva ley. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. La Corte Constitucional, sin darles tiempo a probar su arrepentimiento, anuló por unanimidad las dos reformas porque podían causar daños irreparables al sistema de justicia.


¿Faltaba algo más? La publicación electrónica Nómada descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un bono extraordinario de responsabilidad y riesgo de 7 mil dólares mensuales, adicional a su salario de 20 mil dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. De inmediato, la Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, colocado ya al borde del abismo, anunció que devolvería todos los sobresueldos.


La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción, y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo, y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.


La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial antes del arribo de Morales. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.


Otra buena noticia es que hay instituciones claves que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.


En un país tan asediado históricamente por la violencia y la descomposición como Guatemala, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.


La democracia, otra vez está en las calles.


Buenos Aires, septiembre de 2017
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Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada.

 

El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la Onu, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la Onu. Según ha trascendido, las pruebas de la Cicig eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.


Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de “aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (Fcn), debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.

IMPUNIDAD A TODA COSTA

En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de la Cicig en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).


El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército –fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la Cicig y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto, aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden fácilmente sufragar.


Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las medidas adoptadas por el Congreso.

RESPUESTA POPULAR


Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la noche y mediando la represión policial.


Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo, archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de 7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones, sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en su explicación el factor turístico.


EN LA ONU

El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso ante la Asamblea General de la Onu. Más allá de que el cónclave estaba prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17 minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los “recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”. Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica”.


Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para “fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de garantías” y“los continuos actos de violencia y persecución”.


Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus problemas con la justicia de su país, y en particular con la Cicig. Apeló en este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la Onu actuaba en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba sus raíces en una“polarización ideológica internacional” que a su vez era el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El mandatario envió un“mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”, advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la universidad pública.

MÁS ALLÁ DE JIMMY


Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales privados de televisión.


Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal, sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores,“maximizar ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular: esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata: las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del autoritarismo que permea toda la vida social”.


La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la de-saparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles representa por eso un divorcio histórico.


REBELDÍA HISTÓRICA


No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar: en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes políticos que eran sus interlocutores.


El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.


A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la Oea, las permanentes consignas del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la Cia en 1954 para devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su única experiencia democrática exitosa.


Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.

Por Roberto García, Doctor en historia. Profesor de la Udelar. Coeditor junto a Arturo Taracena de La Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica (Flacso, 2017).

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Las células malignas consumen más azúcar que las normales para seguir creciendo.


Científicos del Instituto Flamenco de Biotecnología y las universidades de Bruselas y Lovaina, en Bélgica, han aclarado por qué las células tumorales utilizan elevados niveles de azúcar para seguir creciendo, lo que se conoce como 'efecto Warburg', un hallazgo que puede tener un fuerte impacto en la dieta de los pacientes oncológicos.


Así se desprende de los resultados de un trabajo conjunto de investigación de más de 9 años que publica en su último número la revista 'Nature Communications', en el que vieron cómo los tumores convierten cantidades significativamente mayores de azúcar en alimento, en comparación con los tejidos sanos.


Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado e incluso utilizado para detectar tumores cerebrales, entre otras aplicaciones. Pero hasta ahora no estaba claro si su efecto era simplemente un síntoma del cáncer, o una causa.


Mientras que investigaciones previas sobre el metabolismo de las células tumorales se ha centrado en sus peculiaridades metabólicas, este estudio aclara el vínculo entre la desviación metabólica y el potencial oncogénico de estas células.


"Nuestra investigación revela cómo el consumo hiperactivo de azúcar de las células cancerosas lleva a un círculo vicioso de estimulación continua del desarrollo y crecimiento del cáncer. Así, es capaz de explicarse la correlación entre la fuerza del 'efecto Warburg' y la propia agresividad tumoral", ha señalado Johan Thevelein.


Además, este vínculo entre el azúcar y el cáncer tiene consecuencias ya que proporciona la base necesaria para investigaciones futuras, pero con un enfoque mucho más preciso, han celebrado.


En este caso la investigación de células de levadura fue esencial ya que estas contienen las mismas proteínas 'Ras' que se encuentran habitualmente en muchas células tumorales, que pueden causar cáncer cuando presentan alguna mutación.


Así, utilizando la levadura como un organismo modelo, el equipo de investigación examinó la conexión entre la actividad Ras y el metabolismo altamente activo del azúcar.


"Observamos en la levadura que la degradación del azúcar está ligada a través de la fructosa-1,6-bisfosfato a la activación de las proteínas Ras, que estimulan la multiplicación tanto de células de levadura como en el cáncer", ha señalado Thevelein.


Además, este experto señala que una de las principales ventajas de haber usado levadura en su estudio es que "no se vio afectada por otros mecanismos alternativos de regulación celular en mamíferos, que puede tapar otros procesos fundamentales subyacentes"

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Sábado, 14 Octubre 2017 08:07

Puigdemont, atrapado entre dos fuegos

 

Los grupos separatistas y el gobierno central presionan al catalán

Luego de declarar la independencia y suspenderla ocho segundos después, el presidente de la Generalitat recibe presiones de los independentistas y del Ejecutivo español, a horas del vencimiento del ultimátum de Mariano Rajoy.

 

La presión se elevó en las últimas horas sobre el jefe del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, ante la respuesta que debe dar al Ejecutivo español, que le pidió que aclare si el martes declaró o no la independencia de la región. Mientras partidos y organizaciones secesionistas reclaman al líder separatista que levante la suspensión de la declaración de independencia que hizo el martes y que proclame la república catalana, desde Madrid le advierten que está ante la última oportunidad para evitar la aplicación de medidas drásticas. El mandatario catalán tiene de plazo hasta el lunes a las 10 para responder al requerimiento de aclaración el Ejecutivo español.

El martes Puigdemont dijo que asumía el mandato para declarar la secesión de Cataluña, pero instantes después suspendió sus efectos con el propósito de abrir un período de diálogo y mediación internacional. Tras su intervención en el Parlament, los grupos independentistas representados en la Cámara firmaron una declaración de independencia que, según el propio Govern catalán, fue simbólica.

Ahora, ante el requerimiento de Rajoy, el partido antisistema CUP, que apoya al Ejecutivo catalán en sus planes secesionistas, pidió por escrito a Puigdemont que proclame “la República catalana” y consideró que el martes “se perdió una gran oportunidad”. “Si (el gobierno español) pretende seguir aplicando (...) las disposiciones del artículo 155 de la Constitución española y nos quieren seguir amenazando y amordazando, que lo hagan con la República ya proclamada”, expresó en su misiva la CUP, .

“No entendemos que la respuesta al requerimiento del presidente Rajoy no se sitúe en los términos del mandato popular que asumió el martes: el de respetar el ejercicio del derecho a la autodeterminación que se expresó en las urnas el 1º de octubre”, añadió en alusión al referéndum soberanista celebrado ese día en Cataluña, en el que el 90 por ciento de los votantes dijo sí a la secesión.

También la formación ERC, que está integrada en la coalición gobernante en Cataluña Junts pel Sí, reclamó a Puigdemont que deje “claro que la independencia está declarada y firmada” y que insista “en que la voluntad es dar una oportunidad al diálogo”, según indicó su portavoz, Sergi Sabrià, en una entrevista radiofónica.

Además, las entidades civiles separatistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, que están detrás de las grandes manifestaciones separatistas, pidieron al Parlament “levantar la suspensión de la declaración de independencia ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo”.

Puigdemont mantuvo ayer contactos para abordar su respuesta a Rajoy, que podría provocar una fractura dentro del independentismo catalán e incluso precipitar una crisis de gobierno en la región.

Mientras tanto, el gobierno de Rajoy instó al jefe del Ejecutivo catalán a dar marcha atrás en su desafío y a acudir al Congreso de los Diputados, en Madrid, para dialogar dentro de la ley. “Es la oportunidad más importante que tiene”, dijo ayer en rueda de prensa la “número dos” del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría. Tras la fuga de decenas de empresas y bancos de Cataluña a raíz del desafío independentista, la vicepresidenta española advirtió de un posible frenazo en el crecimiento económico de España e incluso de una eventual recesión en Cataluña, si no se resuelve la crisis. “El 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y para el empleo, pero los acontecimientos que estamos viviendo en Cataluña nos hacen ser más prudentes. Si no hay una pronta solución, nos vemos obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico”, dijo.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, descartó ayer una mediación de Bruselas en el conflicto. “Si permitimos que Cataluña se independice, también lo harán otros después y eso no me gustaría. No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países”, señaló en una conferencia con estudiantes en la Universidad de Luxemburgo.

 

 

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New Market, Tennessee.

 

La escuela de rebeldes en las montañas del sureste de Estados Unidos, que es un extraordinario eje de movimientos sociales de trabajadores, derechos civiles, ambientalistas, de defensa de migrantes y de cultura, festejó 85 años de vida con veteranos de mil luchas y nuevas generaciones que continúan con el mismo compromiso de que otro Estados Unidos es posible.

El Centro de Investigaciones y Educación Highlander festejó su aniversario recordando los sueños y luchas que se generaron o compartieron aquí, además, hubo diálogos sobre cómo rescatar el futuro, todo en medio de cantos, baile, poesía y solidaridad.

Con las montañas Great Smoky, parte de la cordillera de los Apalaches, como escenografía, se reveló en talleres y foros, seminarios e intercambios un mosaico de la rebeldía dentro de este país, y con ello la continuación de este centro como un punto de encuentro de luchadores sociales de todo tipo: de integrantes de Black Lives Matter a defensores de derechos de los migrantes, desde veteranos de las guerras de Irak y Afganistán contra las políticas bélicas de este país, hasta granjeros que buscan frenar la invasión de las trasnacionales y sus transgénicos en los cultivos de maíz, junto con participantes en innumerables esfuerzos de proyectos alternativos para crear una economía de solidaridad y soluciones bellas para graves problemas sociales.

Este centro fue uno de los muy pocos espacios en el sur donde se podían reunir blancos y negros, donde trabajadores de diversos sectores y activistas de todo tipo se podían encontrar con colegas, un lugar donde cualquiera que se conscientizaba en una lucha podía de repente darse cuenta que existían otros, y que sus experiencias eran parte de algo mucho más grande. Eso continúa hoy día.

Highlander se volvió bilingüe hace unos años, cuando de pronto migrantes latinoamericanos –sobre todo mexicanos y centroamericanos– empezaban a volverse protagonistas de las luchas por los derechos laborales, de vivienda, educación y salud en el sur de Estados Unidos. Aquí los recién llegados se encuentran con veteranos de luchas anteriores, y con otros sectores de trabajadores blancos y afroestadunidenses, de indígenas, de defensores de derechos civiles. No sólo ahí se comparten ideas y experiencias, sino surgen alianzas.

Por ejemplo, en un taller sobre migrantes se empezó a explorar el trabajo conjunto entre quienes se dedican a la reforma del sistema penal y la protección de comunidades afroestadunidenses, abusos policiacos y crímenes de odio racial con las redes de migrantes que ahora enfrentan persecución de las autoridades y por agresiones racistas. Mónica Hernández, coordinadora de la Red de Derechos Migrantes del Sureste, comentó que la raíz del sentimiento antimigrante aquí es la supremacia blanca, y por tanto está ligado a la la larga historia de racismo en este país. Ante ello, se deben superar las divisiones entre quienes padecen ese racismo para responder de manera conjunta a todo esto.

Aquí también se construye conciencia desde abajo sobre la agenda neoliberal, desde sus expresiones locales a las trasnacionales. Susan Williams, una de las coordinadoras del programa de educación, quien se dedica a la exploración de la relación entre la economía local y la global, impulsó un proyecto hace unos años, cuando una empresa trasladó sus operaciones de esta región a la frontera del lado mexicano, llevando a una caravana de trabajadoras estadunidenses desplazadas a visitar a las que nos robaron nuestras chambas, tal como políticos demagogos solían expresarlo. Cuando conocieron a sus colegas, se dieron cuenta de que eran igual que ellas, que éramos las mismas, y que la empresa y las políticas de libre comercio eran los verdaderos responsables de su situación, y de confrontarlas entre sí. De ahí, se empezaron a explorar formas de solidaridad mutua y a romper con las divisiones entre trabajadores de ambos lados de la frontera. Ese tipo de trabajo continúa hoy con nueva urgencia.

Pero aquí el punto no es nada más hacer un diagnóstico, sino definir cómo llegar de donde estamos a donde soñamos estar, como dijo una participante. El lema en el mural que decora parte del centro de reuniones aquí es: Sin acción no hay conocimiento.

Como granjeros, uno de nuestros principales desafíos es la erosión de las tierras. Pero creo que tal vez el problema mayor es la erosión social y económica. Y eso, creo, se tiene que enfrentar de la misma manera que se hace con la tierra: sembrar una pequeña plantita, al crecer y ampliar sus raíces puede revertir la erosión, tenemos que buscar a más gente que está sembrando esas plantas en esta sociedad.

Ante todo, tenemos que insistir en que la gente hable por sí misma, crear una cultura de que cada uno debe contar su cuento, y luego sumarlos, afirma un veterano de luchas sociales, en uno de los foros que se realizaron durante los tres días de festejo.

Participan jóvenes que trabajan en varias organizaciones sociales del sur, todos armados con las nuevas herramientas tecnológicas y su vocabulario, junto con veteranos de luchas sindicales, como Jim Sessions, reverendo y ex director de Highlander, quien en 1989 junto con 99 mineros del carbón realizaron la última ocupación de una planta industrial en Estados Unidos en la famosa huelga de Pittston, en Virginia, o con dos Freedom Singers, militantes del movimiento de derechos civiles de los años 50 y 60 que, entre otras armas de lucha, usaban el canto.

La seguridad para el festejo –este lugar ha sufrido constantes amenazas y ataques durante su historia– fue proporcionada por veteranos de guerra antes conocidos como Veteranos de Irak Contra la Guerra, y que cambiaron de nombre a About Face (media vuelta, en vocabulario militar), quienes se sumaron a los diálogos y los cantos.

Los nuevos codirectores de Highlander buscaron entretejer la historia del pasado de este centro con los desafíos a futuro, de cómo continuar construyendo una narrativa rebelde colectiva con todo eso.

Ash-Lee Woodard Henderson dijo en entrevista con La Jornada, al concluir el festejo de tres días, que la coyuntura en este país no es definida sólo por el fenómeno de Donald Trump. Aunque su llegada a la Casa Blanca es percibida como una derrota por muchos, dentro y fuera de este país, se debe recordar que la mayoría de los estadunidenses no votaron por él, y de hecho no querían a ninguno de los dos candidatos. Por tanto, cometeríamos un error considerar eso como una derrota para nosotros.

Explicó otra versión del momento: “Yo creo que lo que ocurrió es que estábamos empezando hacer algo que los asustó –a los capitalistas, a los supremacistas blancos, a los del 1 por ciento– creo que se asustaron de que negros y latinos pronto serán mayoría. Creo que los aterroriza que exista algo como Black Lives Matter, porque –cuando ellos decían que no teníamos un programa– logramos presentar 40 puntos con una visón muy clara; creo que se asustaron de que los dreamers no se quedaron conformes diciendo que el DACA es maravilloso, sino que lo calificaron de migajas y ahora exigen el respeto de los derechos de todo migrante (...) los asustó que los indígenas no se limitaron a pedir dinero y distancia gubernamental, sino que estaban exigiendo soberanía y que se cumplieron los tratados –con Standing Rock estaban aterrados cuando se sumó Black Lives y los veteranos, entre otros”.

Señaló que “el liderazgo de estos movimientos está en contacto –por medio de lugares como Highlander– y no sólo de manera circunstancial, sino para construir solidaridad a largo plazo, y eso los aterroriza. Entonces, creo que la respuesta de parte de la cúpula, sea por conducto de Trump o de Bannon, o cualquiera de esos ímbeciles, es en parte una respuesta a nuestro éxito”.

El reverendo Allyn Maxfield-Steele, el otro codirector ejecutivo de Highlander, subrayó en entrevista con La Jornada que sobre todo en tiempos postelectorales en este país, hay “la necesidad de construir bases, de hacerlo de una manera más profunda... la capacitación, desarrollo político y trabajo intergeneracional aquí –algo que se había perdido un poco– es más urgente que nunca. Lo que estamos observando desde que llegamos como directores hace nueve meses es que este lugar está repleto, porque la gente entiende que se debe reunir, y que no hacerlo marcaría el fin de nuestro futuro”.

Para Woodard Henderson es clave continuar alimentando las relaciones con colegas en el sur global, donde han tenido que enfrentar cosas muy parecidas. Lo que ellos cuentan, dice, “nos está dando la esperanza y la inspiración (...) tomar las lecciones de transformación que ellos tienen para logarlo aquí, dentro del ombligo de la bestia. Si lo podemos lograr en esta región sureña, eso salvaría a este país, y si podemos empezar a salvar este país de esa manera, finalmente podremos proceder a tener esa relación, construida sobre procesos centrados en la justicia que queremos y necesitamos con nuestros camaradas en el sur global”.

 

(Para mayor información: http://highlandercenter.org)

 

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Viernes, 13 Octubre 2017 08:42

El fin de las sociedades democráticas en AL

 

 

Escena 1: Semanas atrás en un centro cultural de la localidad de Munro, en la zona norte de Buenos Aires, se presentó la Orquesta Típica Fernández Fierro, una de las más potentes bandas de tango de la actualidad argentina. En cierto momento, cerca del final del recital, uno de los 13 músicos tomó el micrófono para decir: Queremos que aparezca Santiago Maldonado.

La mitad del público, de unas 500 personas, se retiró del local con gritos e insultos contra los músicos. Salieron de golpe, como si hubiera un resorte en las butacas, según uno de los miembros de la banda. Entre los improperios llegaron a escuchar algo que los dejó perplejos: Ustedes rompieron todo y nosotros tenemos que pagarlo (goo.gl/A1gu6b). Esa brutal reacción se produjo porque pidieron por la vida de un joven solidario con los mapuche desaparecido por la Gendarmería.

Escena 2: La exposición Queermuseu-Cartografías de la Diferencia en el Arte Brasileño, que llevaba un mes en cartelera en el centro Santander Cultural en Porto Alegre, fue cancelada por el banco que la auspiciaba por el vendaval de reproches que recibió en las redes sociales. Los críticos acusaban a la muestra artística de blasfemia y de apología de la zoofilia y la pedofilia (goo.gl/kDnZiq).

Se trataba de 270 obras de 85 artistas que defienden la diversidad sexual. Las críticas provinieron básicamente del Movimiento Brasil Libre (MBL) que jugó un papel destacado en la caída del gobierno de Dilma Rousseff, convocando manifestaciones con millones de participantes. Como señala la crónica, se trata de un grupo conservador nacido en 2014 que ha venido cobrando fuerza con el giro de la sociedad brasileña a la derecha.

En un comunicado, Santander llamó a reflexionar sobre los retos a los que nos debemos enfrentar en relación con las cuestiones de género, diversidad y violencia, entre otras cosas. Pero la amenaza de boicot por el MBL pudo más que cualquier razonamiento.

Puede imaginarse el nivel de agresividad que soportan los sectores populares, si un banco multinacional y una orquesta célebre son acosados de ese modo. En este punto quisiera reflexionar sobre lo que considero como la erosión de las bases culturales y políticas de las democracias, ante la brutal polarización social que se vive en los principales países de la región.

El primer punto consiste en observar la profunda grieta social existente, que se agrava con el modelo extractivo y la cuarta guerra mundial en curso. Una parte de las sociedades optó por atrincherarse en sus privilegios, de color y de clase, que se resumen en vivir en barrios consolidados donde no les falta el agua y las viviendas son seguras. Este sector abarca a la mitad de la población, la que tiene acceso a la educación y la salud porque puede pagarlas, los que tienen empleos medianamente bien remunerados pero sobre todo estables, los que pueden viajar incluso en aviones, dentro o fuera de sus países. Son las y los ciudadanos que tienen derechos y son respetados como seres humanos.

El segundo punto es que la democracia electoral tiene sentido sólo para ese sector, aunque no sean los únicos que acuden a las urnas. Pueden elegir a los candidatos que los representan, que suelen ser de su mismo color de piel (en general varones blancos), que tienen estudios universitarios, son reconocidos y estimados por los medios de comunicación, que les abren generosamente sus espacios.

No es cierto que no exista democracia en América Latina. Es una democracia a la medida de la parte integrada de la población. Estamos ante dos sociedades que no se reconocen. Los medios argentinos sostienen que quienes preguntan por el paradero de Santiago Maldonado nos han declarado la guerra. O peor, grandes medios que se dicen respetuosos de la democracia, asimilan a los mapuche con el Estado Islámico (goo.gl/t3GQRm).

El tercer punto es la retroalimentación entre poder político y sociedad. Se suele argumentar que esta parte derechista y conservadora de la sociedad toma la ofensiva cuando las derechas son gobierno. En parte, es cierto. Pero también es verdad que el activismo de ese sector es el que ha llevado a las derechas a los gobiernos, sobre todo en Brasil y Argentina.

Pienso que es necesario preguntarse porqué emergió una nueva derecha capilar tan reaccionaria, tan incapaz de dialogar, que ha desgarrado el tejido social, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Trump es la consecuencia, no la causa.

La causa está en el modelo extractivo y la cuarta guerra mundial. Cuando el modelo ha sido administrado por el progresismo, esa derecha emerge incluso con mayor intransigencia, porque detesta a los pobres con los que a menudo debe compartir sus espacios. Podemos decir que estamos ante unas clases medias funcionales a la cuarta guerra mundial, dispuestas a aplastar a los de abajo sin miramientos.

El cuarto punto, finalmente, somos nosotros, los que queremos derrotar al capitalismo pero no sabemos bien cómo hacerlo. Lo primero es tener claro que el sistema se está desintegrando y una de sus consecuencias es la ruptura de la sociedad.

Los de arriba y los del medio se protegen; los de abajo no tenemos lugar en sus escuelas ni en sus hospitales, ni en sus medios ni en sus urnas. Esto no quiere decir que no reclamemos, no exijamos, no negociemos.

Cuando reclamamos podemos hacerlo porque realmente esperamos que nos van a dar lo que nos corresponde, o como pedagogía política, para mostrarle a los nuestros los límites del sistema. Porque sí existe un nosotros y un ellos, como siempre lo tuvieron claro los obreros industriales hasta, digamos, el último tercio del siglo pasado.

Si llegamos a la conclusión que ya no existe una sociedad de derechos, nuestras estrategias deben adaptarse a esta nueva realidad. Debemos crear nuestra estrategia, con nuestras reglas de juego en nuestros territorios, porque las bases sociales y materiales de las democracias han sido erosionadas por este modelo de guerra y despojo.

 

 

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Miércoles, 11 Octubre 2017 06:43

Límites comunicacionales a la democracia

Washington Uranga señala las relaciones entre democracia y comunicación y advierte que menos comunicación democrática implica también menos democracia política.

 

Resulta impensable pensar la sociedad contemporánea al margen de la comunicación en su acepción más amplia, porque al esencial encuentro entre personas diversas en el ámbito público es necesario sumar todo la potencia y los alcances que los desarrollos tecnológicos han aportado para multiplicar el impacto de los procesos comunicacionales.
Nadie pondría en duda –aun al margen de las diferentes miradas que coexisten en la académico y en lo político– que la democracia política está íntimamente vinculada –cuando no supeditada– al sistema de medios de comunicación. Dicho de manera más contundente: democracia y comunicación son interdependientes y están mutuamente condicionados. Es inimaginable pensar en medios democráticos si no es en el marco de una democracia política. No menos cierto y comprobable es que sin comunicación democrática no existen tampoco posibilidades de una democracia que legítimamente lo sea.


En síntesis podría decirse que en una sociedad democrática entre las funciones esenciales del sistema de medios se incluye la de producir información, favorecer la educación, ser medio de visibilización de las culturas y fuente de entretenimiento. Debe agregarse la tarea de colaborar en la supervisión de la gestión del poder político, como parte de la responsabilidad y del servicio ciudadano. Al menos éstas son tareas insoslayables para los medios de comunicación en nuestras sociedades actuales.


Para que ello sea posible se necesita un sistema de medios que refleje también en la estructura de propiedad la diversidad de perspectivas políticas, sociales y culturales que existen en la sociedad. Pero, dada la lógica del capitalismo, la única manera de encuadrar esta realidad dentro de una perspectiva plural y diversa es mediante el establecimiento de normas surgidas de la democracia misma que garanticen la pluralidad y pongan límite a los abusos del poder económico.


Este fue, sin duda, uno de los propósitos fundamentales de la ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522) hoy prácticamente desguazada por decisión del Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri con inocultable propósito político y económico y para favorecer a quienes hoy son sus principales aliados.


Pero al margen del debate sobre la ley y de la incumplida promesa del oficialismo de discutir una nueva norma para regular las llamadas “comunicaciones convergentes” resulta preocupante para la democracia que la alianza gobernante, además de contar con la incondicionalidad, la complicidad y el blindaje informativo mediático de un sistema de medios altamente concentrado en su propiedad, continúe propiciando –por los medios a su alcance y usando el poder que le da el ejercicio del gobierno– la aniquilación de todas las manifestaciones disonantes del escenario comunicacional. No conforme con el coro de las voces amigas, el objetivo es acallar toda disidencia, controlar la información, invisibilizar a los actores que piensan diferente. Y para ello se usa el Poder Judicial, potestades discrecionales del Ejecutivo y, por supuesto, la capacidad de ahogo económico del Estado mediante el uso discriminatorio de la pauta oficial. Para destruir empresas, perseguir comunicadores y privar de posibilidades a la comunicación alternativa en general.


En este escenario el debate trasciende lo comunicacional. Si la ciudadanía no tiene la posibilidad de acceder a fuentes diversas y alternativas de información, si quienes piensan de manera distinta al oficialismo no encuentran medios para expresarse sin condicionamientos, lo que está en juego no es solamente el derecho a la comunicación, sino la democracia misma. Riesgo quizás no advertido por buena parte de la ciudadanía que, sin embargo, sufrirá las consecuencias con fuerte impacto en sus condiciones de vida.

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Desde Barcelona

 

La siguiente estación en la hoja de ruta independentista llega hoy. Tras el referéndum sin garantías legales que el domingo 1 de octubre obtuvo un 90 por ciento de votos en favor de la separación de España, el Govern catalán pautó para este martes la comparecencia de su presidente en el parlamento regional y con ella, teóricamente, la declaración de la independencia. Teóricamente, porque el procedimiento parte de lo estipulado por la Ley de Transitoriedad que aprobó la Cámara catalana el pasado 7 de septiembre- según la cual, a partir de la presentación oficial de los resultados del referéndum, se pondría en marcha la transición jurídica entre el régimen constitucional español y el de una Cataluña independiente- pero aún en la práctica no hay completa certeza de cómo se llevará a cabo, ni si se llevará a cabo finalmente.

Muchas preguntas y todavía muchas más respuestas es con lo que cuenta la ciudadanía en estas horas clave del devenir de España. Hasta mediados de la semana anterior, la dirección a la que se abocaba Cataluña parecía clara, la declaración unilateral de la independencia por parte del president Carles Puigdemont avanzaba firme, empujada por el rechazo masivo hacia la represión policial que acabó con casi 900 heridos. Sin embargo, ese ímpetu se volvió más difuso a partir de que, por un lado, la demanda de diálogo se fue intensificando tanto dentro como fuera de las fronteras españolas; por otro, las voces contrarias a la secesión también salieron a la calle, desbordando todas las previsiones; y, por sobre todas las cosas, los dos bancos más fuertes y una decena de empresas emblemáticas de Cataluña decidieron mudar su sede social a otras regiones.

En teoría, entonces, Puigdemont hoy anuncia los resultados oficiales y definitivos del referéndum del 1-O, que considera vinculante, y lleva al Parlament la puesta en marcha de la ley de ruptura con la legislación española, la Ley de transitoriedad, según la cual Cataluña pasa a ser una República y un proceso constituyente para su nueva Constitución inicia su recorrido. Pero fuentes de su equipo de gobierno, por el contrario, afirmaban ayer que lo que el presidente de la Generalitat haría hoy ante el Parlamento catalán sería “una declaración simbólica”, tal como lo explicaba la coordinadora general de su partido, Marta Pascal, a la cadena británica BBC.

La dirigente de la formación nacionalista dejó entrever que Puigdemont abordará la situación actual en Cataluña y recordará a la cámara en Barcelona que un alto porcentaje de catalanes votaron a favor de la independencia en el referéndum del 1 de octubre, para hablar luego sobre el camino que seguirá su Ejecutivo para lograr la secesión, sin lanzar una declaración unilateral de independencia. De la misma idea es otra persona del equipo más cercano del president, el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, quien reclamó en un programa de la emisora catalana RAC 1 una tregua, un “alto el fuego que frene decisiones unilaterales y que abra el paso a una fase de distensión y negociación”.

La visión conciliadora que empieza a abrirse paso dentro del partido de Puigdemont no es, de todos modos, unánime. “El resultado del referéndum es vinculante y tomará forma mañana”, afirmaba ayer el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Sergi Sabrià, reforzando la tesis original de que la secesión se plasmará este martes. Los republicanos, del mismo modo que sus socios en el gobierno, la fuerza soberanista y anticapitalista CUP, no son partidarios de “una declaración simbólica” o “en diferido”- como también se comentó durante los últimos días- según la cual se daría un tiempo entre el acto de hoy y la cristalización de la independencia para posibles acuerdos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero tampoco concretan si hoy en el hemiciclo regional se podrá votar o será Puigdemont quien declare la república catalana, sin participación del resto de los diputados.

En cualquier caso, desde las filas del Partido Popular (PP) ya están desplegando la retaguardia ante el que consideran “un gravísimo ataque constitucional y democrático”. Después de los diez mil efectivos de policía enviados para impedir el referéndum, las cargas policiales que acabaron con 894 heridos, las detenciones de altos cargos de la Generalitat y el requisamiento de numerosos medios de comunicación, la última ofensiva del gobierno de Rajoy se prepara para evitar que hoy Puigdemont declare unilateralmente la independencia. Ya lo intentó suspendiendo, a través del Tribunal Constitucional, la comparecencia que en principio estaba programada para el lunes, pero como quedó sin efecto porque el president logró saltarse la suspensión solicitando una nueva para este martes sin mencionar explícitamente el referéndum, ahora el Partido Popular (PP) ultima una respuesta mucho más contundente.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ayer manifestó en una entrevista radial que si el gobierno de Cataluña hace una declaración unilateral de la independencia,entonces sí que se podrá poner en marcha el artículo 155 de la Constitución que promulga la intervención de la autonomía de una región y la posterior convocatoria de elecciones. “Ese breve artículo, que dice muy poco, permite al Ejecutivo tomar las medidas necesarias para reponer en una comunidad el respeto al interés general de todos los españoles”, declaró la número dos de Mariano Rajoy.

Siguiendo la línea de “mano dura” que el gobierno del PP viene llevando a cabo y que el rey Felipe incentivó desde su mensaje televisivo de la semana pasada, las opciones que se barajan en la Moncloa van desde la actuación judicial- para evitar el cumplimiento de una ley suspendida- a la política- para intervenir en una comunidad autónoma cuyas autoridades declaran la secesión- bien a través del mentado artículo 155, de la declaración del estado de sitio o de la Ley de Seguridad Ciudadana- otra “famosa” norma del PP, la llamada “Ley Mordaza”- para poner bajo mando estatal a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra.

Sin tapujos, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, manifestó ayer en rueda de prensa, “lo que le podía pasar” a Carles Puigdemont si declaraba la independencia de Cataluña: terminar como Lluís Companys, el presidente de la Generalitat que el 6 de octubre de 1934 proclamó “el Estado catalán de la República Federal Espanyola” y acto seguido fue detenido junto con el resto de su gobierno, condenado a prisión y luego de exiliarse, tras la Guerra Civil, capturado, torturado y fusilado por la policía franquista. “A lo mejor Puigdemont acaba como el que la declaró hace 83 años”, soltó Casado, dando pie a que las redes sociales estallaran en repulsa de una amenaza que ya había llegado demasiado lejos.

 

 

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El profesor de la Universidad de Harvard y director del Centro Berkman para Internet y la Sociedad opina que las organizaciones que estimulan la generosidad y la cooperación son más eficientes

“En Internet han surgido nuevas formas de producción creativa que no están controladas por un mercado ni organizadas por el Estado”

 

Yochai Benkler, autor de La riqueza de las redes (Icaria), lleva más de dos décadas estudiando Internet e investigando el papel de la información en abierto y la producción colaborativa y descentralizada en una economía y una sociedad conectadas. Pronto se dio cuenta del potencial de la producción colaborativa online, de las que han surgido iniciativas como la Wikipedia o el sistema Linux, para generar una nueva lógica económica. Benkler, jurista experto en emprendimiento, trabaja en una visión económica que va más allá de la simple oposición entre Estado y mercado libre. El profesor de Harvard habla de una auténtica disrupción, de una revolución cultural global. “Al contrario de lo que nos quiere hacer creer, la ideología neoliberal, la propiedad privada, las patentes y el libre mercado no son los únicos pilares donde sostener con eficacia una sociedad. La producción entre iguales basada en el procomún nos ofrece hoy una alternativa económica coherente”, remarca.

 

Usted asegura que la crisis financiera demostró hasta qué punto la economía neoliberal no funciona. ¿Cuál es la alternativa?

En los dos países en el mundo donde la visión neoliberal de la economía y de la sociedad ha predominado más desde los ochenta, Estados Unidos y Reino Unido, vemos que la desigualdad ha aumentado enormemente. El resultado es conocido: Trump y el Brexit. Su nacionalismo económico viene a rechazar de plano el relato que tradicionalmente vendía el centro, tanto centroderecha como centroizquierda, sobre la organización de la economía. Defienden un orden económico basado en una liberalización sistemática que beneficia a una minoría muy pequeña y que pone el afán de beneficio como el principio fundamental. La visión de los dos candidatos de izquierda, Bernie Sanders en EEUU y Jeremy Corbyn en Reino Unido, retoma un papel más importante para el Estado... incluso abierta a nacionalizaciones en el caso de Corbyn. Por tanto, surge como rechazo al sistema existente quien propone soluciones desde un nacionalismo económico con odio hacia las minorías, como es el caso de Trump y el partido UKIP en el Reino Unido, hasta socialismo de la “vieja escuela”. Este contraste es muy fuerte en el mundo anglosajón, y en otros países, más matizado.

 

Es la eterna discusión sobre quién organiza mejor la economía: el estado o el mercado...

Ambas visiones sobre nuestro modelo económico se basan en la idea de que las personas son seres racionales que persiguen su propio interés. Esta idea se remonta a la filosofía política de Thomas Hobbes y Adam Smith. Es una idea antiguada y equivocada. Tenemos que revisar y reescribir todo nuestro sistema económico de acuerdo con nuevas reglas. La investigación de las últimas décadas en ciencias sociales, biología, antropología, genética y psicología muestra que la gente tiende a cooperar más de lo que pensábamos. Por lo tanto, es importante que diseñemos sistemas que impulsen valores como la colaboración. Muchos de los sistemas sociales y económicos existentes, desde las empresas jerárquicas hasta la escuela, usan mecanismos de control y se basan en sanciones o recompensas. Sin embargo, las personas se sienten mucho más motivadas cuando viven en un sistema comprometido, en el que existe una cultura de comunicación clara y donde comparten objetivos comunes. Las organizaciones que estimulan nuestros sentimientos de generosidad y cooperación son mucho más eficientes que las asumen que nos movemos sólo por interés propio.

 

¿Y esta idea cómo se puede aplicar a la macroeconomía?

A lo largo de la última década han surgido nuevas formas de producción creativa a través de Internet. Son formas que no están controladas ni por el mercado ni por el Estado. El software de código abierto como Linux, la Wikipedia, las licencias Creative Commons, diversos medios de comunicación social y numerosas asociaciones en la Red han creado una nueva cultura de cooperación que hace diez años nadie hubiera considerado posible. No son un fenómeno marginal, sino la vanguardia de las nuevas tendencias sociales y económicas. No se basan en la propiedad privada y las patentes, sino en la cooperación libre y voluntaria entre individuos interconectados por todo el mundo. Es una forma de bien común adaptada al siglo XXI: son bienes comunes digitales.

 

¿Por qué es eso tan revolucionario?

Basta con tomar el ejemplo de la licencia Creative Commons, que permite compartir el conocimiento y la información bajo ciertas condiciones. Es un sistema flexible que considera el conocimiento como un bien común al cual otros pueden contribuir. Es algo fundamentalmente diferente de la filosofía que hay detrás de los derechos de autor. Demuestra que la gestión colectiva del conocimiento y la información no sólo es posible, sino que también es más eficiente y conduce a mucha más creatividad que cuando está capturada en licencias privadas. Después de la caída del comunismo, muchos pensaron que los modelos que parten de una organización colectiva conducirían necesariamente a ineficiencia y tragedia. Este análisis explica la desregulación y privatización de la economía desde entonces, cuyos efectos hemos visto en la crisis de 2008. La nueva cultura de cooperación global abre una nueva gama de posibilidades. La economía del procomún nos ofrece hoy una alternativa coherente a la ideología neoliberal, que resulta ser un callejón sin salida.

 

¿Qué es este modelo de gestión procomún?

La producción y la gestión entre iguales tienen siglos de antigüedad, pero como tradición intelectual consistente nace con Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía. Ostrom demostró que cuando los ciudadanos gestionan infraestructuras y recursos compartidos como un espacio común, a menudo en consulta con las instituciones públicas, ello conduce a un modelo sostenible, tanto ecológico como económico. Igualmente, el modelo de gestión procomún es capaz de integrar la diversidad, el conocimiento y la riqueza de la comunidad local. Es capaz de tener en cuenta la complejidad de las motivaciones y compromisos humanos, mientras que la lógica del mercado reduce todo a un precio, y es insensible a los valores o las motivaciones que no son inspirados por las ganancias. En las últimas décadas, la gestión del procomún ha adquirido una nueva dimensión a través del movimiento del software de código abierto y toda la cultura de los bienes comunes digitales.

 

¿Cómo podemos aplicar este modelo a la economía moderna, extremadamente compleja? ¿Puede poner algunos ejemplos?

Ejemplos de bienes comunes en la economía moderna son, además de los bienes comunes digitales anteriormente mencionados, el modelo de gestión del espectro Wi-Fi. A diferencia de las frecuencias de radio FM-AM, que requieren licencias de usuario, todos son libres de usar el espectro Wi-Fi, teniendo en cuenta ciertas normas, y colocar un router en cualquier lugar. Esta apertura y esta flexibilidad son inusuales en el sector de las telecomunicaciones. Ha hecho de Wi-Fi una tecnología indispensable en los sectores más avanzados de la economía, como hospitales, centros logísticos o redes inteligentes. También en el mundo académico, cultural, musical y de la información, el conocimiento o la información se considera cada vez más como un bien común que se puede compartir de manera libre. Los músicos ya no sacan sus ingresos de las grabaciones, sino de los conciertos. Los académicos y los autores de no ficción publican su trabajo más a menudo bajo licencias de Creative Commons porque ganan su pan enseñando, haciendo consultoría o mediante fondos de investigación. Un cambio similar se produce en el periodismo.

 

¿El mercado y la economía del procomún son incompatibles?

El bien común es imprescindible para cualquier economía. Sin un acceso abierto al conocimiento y a la información, a las vías públicas, a los espacios públicos en las ciudades, a los servicios públicos y a la comunicación, no se puede organizar una sociedad. Los mercados también dependen del libre acceso a los bienes comunes para existir, aunque luego intenten privatizarlos una y otra vez. Pero los bienes comunes y los mercados pueden existir uno al lado del otro. Si la idea de que una empresa debe obtener el máximo beneficio para satisfacer a sus accionistas domina como corriente principal es porque la ideología neoliberal ha logrado marcar la agenda en los últimos 40 años, en la política y en la regulación. Pero no existe ninguna ley natural que diga que la economía debe organizarse así. Wikipedia muestra que las personas tienen motivaciones muy diversas para contribuir voluntariamente a esta comunidad global que crea valor para toda la comunidad. Los ejemplos de los bienes comunes digitales pueden inspirar a crear proyectos similares en la economía real. Cuando una sociedad pone los bienes comunes en el centro, los protege y contribuye a su crecimiento, entonces pueden convivir diversos modelos de organización económica, tanto proyectos del procomún como privados, públicos, y sin ánimo de lucro. Una economía basada en el bien común pone las personas en el centro, con sus distintas motivaciones.

 

Parece muy optimista sobre el futuro de la producción y la gestión compartidas...

Hay muchos ejemplos inspiradores de autoorganización según el modelo común, pero está claro que su expansión no ocurrirá de forma automática. Son necesarias decisiones políticas para transformar la economía y llevarla más allá de la lógica del mercado. Es necesario un gobierno que regule, que tenga una actitud resuelta contra la concentración económica, y que apoye con el marco legislativo tanto a modelos de procomún como distintos tipos de cooperativas. Al mismo tiempo, más persones deberían basar sus ingresos de empresas con un lógica procomún. En este sentido, el movimiento del cooperativismo de plataforma es una evolución muy interesante. Desarrolla nuevos modelos de cooperativas que operan a través de plataformas digitales y trabajan juntas en redes globales. Son un contrapeso a los modelos de negocios de Uber y Airbnb, que aplican la lógica del mercado a la economía digital.

 

Eso nos lleva a las transformaciones del trabajo...

La crisis económica actual y los recortes proporcionan las condiciones favorables para la experimentación con nuevas formas de organización. A la vez, y como resultado de la automatización creciente de la producción, se expande el debate sobre el futuro del trabajo que separa “trabajar” y “ganar dinero”. Una renta básica ofrecería la posibilidad de construir un sistema que permite tener diversas motivaciones para trabajar. Otra opción podría ser una semana de trabajo más corta. Nos enfrentamos a una tarea enorme y no tenemos un manual detallado que nos muestre el camino.

 

 

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María de Jesús Patricio, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, inicia su camino rumbo a las presidenciales de 2018

 

María de Jesús Patricio, portavoz del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), formalizó este sábado sus aspiraciones para convertirse en candidata independiente de las elecciones presidenciales de 2018. La indígena nahua de 53 años, conocida como Marichuy, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para inscribirse en el proceso. Patricio anunció, entre aplausos, que no utilizará “ningún peso” de los recursos públicos que suministra la autoridad electoral a los candidatos para su campaña.

Marichuy cuenta con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el grupo que protagonizó un levantamiento armado en Chiapas a inicios de 1994. En mayo pasado Patricio fue nombrada vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI), nacido tras los Acuerdos de San Andrés, una mesa de diálogo surgida de la negociación entre el Gobierno mexicano y los rebeldes. A más de 20 años de aquel hito, los zapatistas han apostado por la vía electoral para vertebrar un proyecto nacional. “La organización que se tiene en las comunidades ahora se quiere plantear para todos los mexicanos”.

“Esta es una propuesta colectiva, que no es como ellos (los políticos) lo tienen diseñado, en que es una persona la que dice, una persona la que decide y se hace lo que la persona dice. Aquí no. Somos un colectivo”, dijo la aspirante este sábado rodeada de sus simpatizantes.

La portavoz del movimiento indígena es originaria del estado de Jalisco. Se dedica a la herbolaria y medicina tradicional, además de ser activista por los derechos de los indígenas. Es una de las únicas aspirantes relevantes a la candidatura independiente que no ha estado vinculada a un partido. Esta mañana, criticó a los profesionales de la política. “En este tiempo que acabamos de pasar las catástrofes, se vio clarito que no les interesa la gente de abajo”, anunció.

Marichuy debe recabar 866.000 firmas de ciudadanos en 17 de 32 estados del país para conseguir el registro oficial como candidata sin partido a la presidencia. Tendrá 120 días para hacerlo y la autoridad electoral avalará los apoyos en marzo del próximo año. En un proceso electoral en el que la mayoría de instituciones sufre una crisis de credibilidad, la aspirante apeló a los ciudadanos. “Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, patriarcal, este sistema racista y clasista”.

Marichuy es la segunda mujer en registrarse ante el INE como aspirante ciudadana a la presidencia. La primera fue Wendolín Gutiérrez, una abogada de Ciudad de México que estuvo vinculada al Partido Acción Nacional (PAN). Margarita Zavala, otra mujer exmilitante de la organización conservadora, acudirá en los próximos días ante la autoridad electoral para iniciar el proceso.

 

 

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