Declarados culpables siete de los ocho acusados del asesinato de Berta Cáceres

Entre los condenados por el crimen de la activista se encuentra un ejecutivo de la empresa DESA, que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.

Un Tribunal de Honduras ha declarado culpables este jueves a siete de los ocho acusados por el asesinato en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, que lideraba la oposición contra la construcción de una presa hidroeléctrica en territorio indígena.


Organismos humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen.

Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30 años de prisión por el ataque contra la ambientalista. Cuatro de ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, tras ser hallados culpables también del intento de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante la agresión.


Otro de los implicados fue absuelto de todos los cargos, según ha señalado a Reuters el portavoz del Tribunal Supremo de justicia, Melvin Duarte.


Cáceres, una maestra de 43 años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia medioambiental, fue asesinada a tiros en su residencia la noche del 2 de marzo de 2016 en un crimen en el que participaron empleados de la empresa, sicarios y miembros del ejército, según las autoridades.


El Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de 2019.


La dirigente de la etnia Lenca libraba una fuerte oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por considerarla destructiva para el medioambiente y que acarrearía el desplazamiento de la comunidad indígena de la zona.


Entre los condenados por el crimen de Cáceres se encuentra un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsa la construcción de la hidroeléctrica, además de un oficial activo del Ejército y otro retirado, que fue empleado de la compañía.


Honduras es escenario de habituales confrontaciones entre poblaciones indígenas y campesinas con emprendimientos mineros o hidroeléctricos, sectores donde el Gobierno del presidente del país, Juan Orlando Hernández, alienta la inversión.


"La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes", ha señalado a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres.


La empresa ha rechazado las acusaciones de responsabilidad en el crimen de la ambientalista, al igual que contra el ejecutivo de la compañía enjuiciado.


Roberto David Castillo, otro ejecutivo de DESA que se desempeñaba como presidente ejecutivo y quien ha sido señalado por el Ministerio Público como autor intelectual del crimen, está siendo juzgado separadamente.

TEGUCIGALPA
30/11/2018 09:44 Actualizado: 30/11/2018 09:44

Publicado enInternacional
Venezuela y Rusia evalúan nuevos proyectos de inversión en el Arco Minero del Orinoco

En una reunión en Caracas, autoridades de ambas naciones revisaron contratos de exploración y explotación en las reservas auríferas en el país suramericano

Venezuela y Rusia evalúan la viabilidad de proyectos de exploración y explotación en el Arco Minero del Orinoco, una zona de 114.000 kilómetros cuadrados con riquezas minerales, situada al sureste del estado de Bolívar.


El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Víctor Cano, y el embajador de Rusia en el país suramericano, Vladimir Zaemskiy, se reunieron esta semana en Caracas y revisaron "condiciones, indicadores, ejes de negociación y garantías de la actividad productiva minera", dijo Cano, vía telefónica, a este medio.


El ministro Cano informó que en la reunión se expusieron las capacidades de Venezuela en el área minera, "con el objetivo de atraer la inversión extranjera e impulsar el apoyo tecnológico" en ese ámbito.


El titular de la cartera destacó que la discusión de los nuevos proyectos planteados sirve de antesala a la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela, prevista a efectuarse en el primer trimestre del 2019.


La CIAN es una instancia intergubernamental, creada desde 2004, donde ambos países abordan proyectos en las áreas de energía, agroindustria, minería, técnico-militar y comercialización.


Acuerdos previos


Uno de los acuerdos discutidos en la reunión contempla la posibilidad de que profesionales venezolanos viajen a Rusia para un intercambio científico-técnico. Otro de los convenios incluye el fortalecimiento de los laboratorios del Instituto Nacional de Geología y Minería en Venezuela para avanzar hacia una actividad "menos invasiva" con el ambiente.
El Ministro expresó que los acuerdos, además, implican la dotación de insumos para potenciar el área geocientífica en el país suramericano: "Es parte del apoyo que nos brindan instituciones rusas para adquirir partes y piezas. La idea es que estén a la disposición para nuestros proyectos mineros", agregó.
Diamantes y basalto


En el encuentro, Venezuela y Rusia analizaron el potencial diamantífero correspondiente al área 1 del Arco Minero del Orinoco, específicamente en la población de Cuchivero, en Guaniamo. Allí, de acuerdo con estudios preliminares del ministerio venezolano, se calcula la existencia de 40 millones de toneladas de depósitos de diamantes.


Según el Ministro Cano, el objetivo es evaluar los bloques potenciales para la explotación y los términos de negociación.


Otra área en estudio es la propuesta de una empresa rusa para la producción de fibra a partir del basalto, una roca volcánica de color oscuro con grandes reservas en territorio venezolano.


Cano detalló que con el basalto se puede crear, por ejemplo, "una fibra resistente y menos pesada que el acero y el hierro, que sirve para fabricar cabillas y mallas, como refuerzo de estructuras de concreto".

Publicado: 30 nov 2018 03:15 GMT 

Publicado enInternacional
De la “guerra comercial” a la guerra económica global

Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente), pero la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la humanidad y el propio planeta.

El capitalismo nos conduce de manera acelerada al colapso ecológico y a un abismo de mayor violencia, autoritarismo y desigualdad. Para desmantelarlo, se hacen necesarios diagnósticos certeros sobre su dinámica interna (principales apuestas, límites, conflictos), que nos permitan poner palos en la rueda capitalista a la vez que impulsamos alternativas que pongan la vida, el trabajo y el bien común en el centro.


Pero no es un ejercicio sencillo. Vivimos en un sistema incierto y sobrecomplejizado, en el que la velocidad, la escala y la interdependencia en la que se desarrollan relatos, procesos y acciones dificultan la elaboración de radiografías atinadas de lo que nos ocurre.


En el ámbito económico, hasta el estallido financiero de 2008, imperaba un consenso multilateralista en la agenda hegemónica, que apostaba por acumular tratados comerciales, megaproyectos y organismos internacionales en favor del mercado global. Hoy, en cambio, son de actualidad conceptos como guerra comercial, proteccionismo, aranceles, complejo industrial-militar, disputa energética, cuarta revolución industrial (4RI), etc. Y estos definen la actual coyuntura, en el marco de una guerra económica a escala global.


¿Asistimos a un giro en la agenda hegemónica? ¿Han perdido los tratados su rol estratégico tras el congelamiento del TTIP y el avance de gobiernos como el de Trump? ¿Se consolida un escenario des-globalizador en el que prima el proteccionismo estatal? ¿Son los aranceles el centro de la disputa entre bloques corporativo-regionales?


Para responder a estos interrogantes parece necesario discernir lo relevante de lo mediático, complejizar el análisis de la realidad. Con ese ánimo abordamos el reto de definir guerra económica como un fenómeno innegable, pero que debemos situar dentro de las señas de identidad del capitalismo actual.


Cuando hablamos de guerra económica, lo primero que se nos viene a la cabeza es una disputa entre bloques (EEUU, China y Unión Europea, principalmente, de la mano de sus transnacionales), atravesada además por conflictos entre diferentes tipologías de capital (financiero, industrial-militar, digital, extractivo, etc.). Siendo esta la acepción comúnmente aceptada, es solamente una parte de algo más amplio: la verdadera guerra económica vigente es la que el capitalismo en su conjunto está librando contra la clase trabajadora, la humanidad y el propio planeta.


El capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico, en el que a las escasas expectativas de reproducción de un enorme excedente financiero se le une la incuestionable merma de la base física en la que opera el sistema. Cómo sostener la acumulación de capital en un contexto de bajo crecimiento, cómo hacerlo con menos recursos materiales y energéticos, y además en un contexto de crisis climática, define su gran paradoja presente.


Para tratar de salir de esta, lanza una virulenta ofensiva en forma de capitalismo del siglo XXI. Su principal objetivo es derribar cualquier barrera (geográfica, política, sectorial) a la mercantilización capitalista a escala global. Todo, de este modo, debe convertirse en espacio de acumulación capitalista. Nada, en sentido contrario, puede impedir el flujo natural del comercio y la seguridad de las inversiones. Y como esta apuesta tiene un alcance limitado, se pretende iniciar una nueva onda económica expansiva de la mano de la 4RI (inteligencia artificial, robotización, automatización, etc.), que permita ampliar exponencialmente la productividad y los sectores de reproducción del capital de la mano de las megaempresas digitales.


Este y no otro es el principal exponente de la guerra económica en ciernes: el conflicto entre un capitalismo caníbal —que exacerba su matriz dictatorial, desigual e insostenible— y la propia vida.


No obstante, la actual coyuntura también exacerba los conflictos intracapitalistas. Quienes detentan el poder compiten por el menguante pastel del crecimiento económico. Se trata de conflictos que no ponen en cuestión la ofensiva capitalista —al menos por el momento, sin descartar hipotéticas escaladas bélicas—, delimitando su disputa dentro del marco de ciertos patrones estructurales vigentes. Destacamos tres, que definen el marco de lo posible para la guerra económica intracapitalista.


En primer lugar, las finanzas son el gran hegemón, imponiendo al sistema en su conjunto su naturaleza cortoplacista, inestable y auto-ultrarregulada en su favor a escala mundial. No hay agenda capitalista que no se adapte a este patrón, en mayor o menor medida.


En segundo término, las cadenas económicas se estructuran en lógicas globales, a partir del control que ejercen las empresas transnacionales. La interdependencia de agentes es muy significativa; toda medida en un territorio (aranceles, intereses, tipos de cambio, etc.) tiene una respuesta global y efectos secundarios cual boomerang, lo que dificulta una guerra abierta y total donde todas las partes tienen mucho que perder.


Y tercero: los capitales en su conjunto son conscientes de la crisis ecológica y de acumulación, por lo que la verdadera confrontación se centra en los materiales y fuentes de energía, por un lado, así como en tratar de tomar la delantera en sectores avanzados de la 4RI (datos, inteligencia artificial, comercio digital), por otro.
Por tanto, la guerra intracapitalista se inserta en los límites de una economía globalizada y financiarizada, que centra sus esfuerzos en superar la grave crisis de acumulación y el colapso ecológico, aunque ello conlleve una guerra abierta entre capital y vida.


Esta es la clave para caracterizar la actual guerra económica. Si analizamos la agenda de EEUU, principal percutor del estallido del consenso multilateralista, veremos cómo lo mediático no corresponde con lo estratégico. Así, frente a la supuesta primacía de la guerra arancelaria con China y la UE, y frente a la pretendida apuesta proteccionista sustentada en el America First y el congelamiento del TTIP, EEUU asume la guerra económica en su integridad. Pero siempre dentro de los tres patrones estructurales señalados, ofreciendo así una mirada diferente del concepto.


De esta manera, Wall Street es “quien manda aquí”, no la industria clásica y agroexportadora. La globalización se sigue imponiendo, por tanto, a la necesidad de protección. Las finanzas han conseguido hacer saltar por los aires todo intento de regulación financiera, rebajar los impuestos, elevar los tipos de interés y mantener un dólar fuerte, generar ofensivas contra monedas más débiles y sostener la firma de tratados comerciales como herramienta de blindaje corporativo (como evidencia la actualización del TLCAN), aunque aceptando la necesidad de negociar en mejores condiciones los acuerdos multilaterales como el TTIP.


Esta es la base de la agenda real, que se completa con la competencia salvaje con China por el control de los datos como materia prima —Europa se muestra bastante ausente en este sector—, así como por el desarrollo de nuevos servicios digitales como espacio de acumulación. Esta disputa, junto a la constatación del enorme superávit comercial chino y su control sobre la deuda pública estadounidense, convierten al gigante asiático y a su soberanía en el verdadero objetivo de la guerra intracapitalista, con Europa como convidado de piedra y escenario vulnerable por influenciar. El cuadro de la agenda mainstream concluye con el sostenimiento —también militar, si es necesario— del complejo extractivo de energía y materiales, ante el agotamiento global.


A partir de ahí se desarrollan otras medidas de rango menor, que tratan de contentar al resto de capitales: escaladas verbales belicistas (Rusia, Venezuela, acuerdo atómico, etc.) para favorecer al complejo industrial-militar e incremento limitado de aranceles para la industria doméstica y agroexportadora, que al menos compense el dólar fuerte y sostenga apoyos electorales. Pero todo ello sin la relevancia que le otorgan los medios, dada la interdependencia global que impide una guerra abierta.


En definitiva, EEUU como adalid de la guerra económica muestra que esta se libra fundamentalmente en el ámbito financiero, energético-material y en torno a la 4RI, cuestiones que no parecen estar en el foco mediático. Las finanzas son el eje sobre el que pivota el marco de lo posible, por lo que la apuesta globalizadora y en favor de los tratados se mantiene, con matices. Los aranceles y el proteccionismo estatal, en cambio, tienen un alcance limitado y con un fuerte componente retórico; solo hay verdaderas restricciones al flujo de personas, desde lógicas racistas. Mientras tanto, la guerra económica en sentido amplio se silencia, siendo la mayor amenaza.


En este contexto, ¿cómo enfrentar la guerra económica? En primer lugar, asumiendo la acepción amplia de confrontación con el capital. El cambio en la matriz económica desde claves ecológicas, feministas y de clase, la defensa de los bienes comunes y la disputa en torno a la 4RI —rompiendo el falso relato de la «economía colaborativa»— aparecen como prioridades estratégicas.


En segundo término, no teniendo que elegir entre un capitalismo u otro, uno multilateralista u otro más unilateralista. Ambos nos conducen al abismo social y al colapso ecológico. Por supuesto, se trata de frenar sin ambages el fascismo social y político, pero la alternativa nunca habrá de pasar por un universalismo abstracto y mercantilizado que también nos condena.


Romper esta dicotomía a la que nos empujan los mass media es un tercer eje prioritario, creando una agenda económica y comercial ajena por completo a los relatos y prácticas excluyentes y reaccionarias. Sin por ello denostar la disputa por las soberanías, no solo la estatal sino también la local, regional y global. Y la energética, alimentaria, feminista y popular, redefiniendo conceptos y perspectivas desde una mirada radical e inclusiva. Pese al ruido mediático, el antagonista es claro; el desafío es cómo hacerlo descarrilar.

 

Por Gonzalo Fernández
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

publicado
2018-11-23 11:15:00

 

Publicado enEconomía
EEUU y los grandes mercados emergentes frenan la lucha contra el cambio climático


Los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- y la mayor economía mundial son las grandes rémoras al control de emisiones de CO2. Y, por ende, los principales causantes de que la temperatura del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados en 2050. Un estudio de la consultora BCG compara sus políticas, sus inversiones y su tecnología junto a las de Alemania, adalid del cumplimiento de los Acuerdos de París.


Los gobiernos están aún muy lejos de adquirir conciencia plena de los efectos del calentamiento del planeta. Sus políticas son inadecuadas y abocan al desastre. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) lo advertía a comienzos del pasado mes de octubre. Persiste la idea de que las consecuencias del efecto invernadero son inevitables, fruto de la normal evolución de la Tierra y que la acción del hombre no resulta determinante.


Un cóctel explosivo que convierte en distopía la declaración de intenciones de los Acuerdos de París, de 2015, de lograr que el globo terráqueo no supere un calentamiento superior a los dos grados centígrados respecto a los niveles de la era pre-industrial a partir de 2020.


Superado el ecuador de esta primera fase de actuación, el IPCC no sólo alertan del freno que, para la consecución del tratado, supone la salida del pacto de la primera potencia mundial, por decisión expresa de la Administración Trump. También del riesgo aparejado de que, probablemente, no habrá más oportunidades de revertir la situación. Y de que los grandes mercados emergentes -China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica- tampoco están haciendo esfuerzos de la suficiente intensidad como para contribuir decididamente a la causa. Priman entre sus dirigentes el deseo de seguir con su ritmo de desarrollo, con medidas anacrónicas, propias de la revolución industrial, en la que los límites a las emisiones de CO2 nunca fueron un obstáculo.


Los expertos independientes del IPCC, además, han empezado a clamar contra el propio acuerdo. Lo consideran poco ambicioso. Aconsejan a la comunidad internacional que, si de verdad desean paliar los desastres que provocará el calentamiento global en el futuro, deberían tratar de lograr un repunte de temperatura más ambicioso, de 1,5 grados.


En juego está la brusca extensión de amplias franjas del territorio planetario que pasarán a registrar súbitos episodios de calentamiento extremo, de desabastecimiento de agua, de sequías y de miles de islas, primero, y zonas costeras, después, que quedarán irremediablemente sumergidas bajo el nivel de mares y océanos. Todos estos fenómenos afectarán a la vida diaria de cientos de millones de habitantes, provocarán flujos de migraciones, acabarán con la producción y la rentabilidad de vastas áreas agrícolas, destruirán los arrecifes de coral, imprescindibles para la subsistencia de millones de especies de la fauna y flora marinas y precipitará la extinción de especies terrestres. Y lo más irónico de todo -enfatiza el IPCC- es que se está en disposición de lograr contener el calentamiento a sólo 1,5 grados en sólo 22 años. De lo contrario, perdurará más de lo recomendable el uso de combustibles fósiles, desde el carbón hasta el gas o el petróleo, los mayores detonantes del cambio climático.


Reconversión de los mix energéticos


Hay estados, ciudades, empresas, inversores y asociaciones filantrópicas que han iniciado acciones en la dirección adecuada. Pero sin la involucración de las grandes potencias, los esfuerzos serán demasiado dispersos y vanos. De ahí que los investigadores carguen contra la permisividad en esta materia de EEUU y los mercados emergentes. A ellos les encomiendan especialmente que pongan en marcha medidas para corregir sus mix energéticos. Para reducir las emisiones de los combustibles fósiles. Y que apuesten todo a las energías renovables.


Incluso no dudan en hacer un llamamiento abierto a los ciudadanos de los países incumplidores para que castiguen en las urnas a los candidatos que no revelen un compromiso expreso en este desafío. Más allá de los partidos a los que representen. Su juicio es premonitorio. Con un control exigente -el reto de aumentar 1,5 grados la temperatura global para 2050- el nivel promedio del mar sería aproximadamente 17,7 centímetros menos que bajo un incremento de 2 grados. Mientras que, si se alcanzase esta cota, algo difícil de cumplir con los parámetros de actuación actuales, el derretimiento de las barreras de hielo de la Antártida será ineludible y propiciará catástrofes por todas las latitudes con subidas de los niveles de agua de los océanos. Sin contar con esta negra predicción sobre el continente del sur, el mar subiría diez centímetros más que si se limitara a 1,5 grados, con el consiguiente daño o desaparición de numerosos ecosistemas y, probablemente, transformaciones irreversibles, más a largo plazo, para frenar el cambio climático.


Pero, ¿cuál es el escenario actual en el que se mueven los grandes países contaminantes? Un reciente informe realizado por Boston Consulting Group (BCG) pasa revista a las iniciativas que se siguen en seis países -Alemania, EEUU y los BRICS que, juntos, son responsables de casi el 60% de las emisiones de CO2-, arroja luz sobre sus diferentes estrategias y añade argumentos sólidos al mensaje de Naciones Unidas de que el mundo aún dispone de doce años para tratar de evitar la catástrofe climática.


l estudio, dirigido por Jens Burchardt y Philipp Gerbert hacen hincapié en que la ausencia de la prioridad esencial para este cometido, una acción concertada global, implica para las naciones que se han enfrascado en la reducción de emisiones “se enfrenten a significativas desventajas”, porque sus iniciativas “les pasarán factura” en el orden macroeconómico. Incluso si programas ambiciosos como los que han empezado a implantar los líderes en el cambio climático, logran suprimir entre el 75% y el 95% del CO2, a través los avances tecnológicos implantados para tal misión, para 2050. Contribución que dejaría el alza de temperatura en 1,5 grados. Pero este escenario sombrío sólo se produciría a corto plazo.Porque, a la larga, “los obstáculos al crecimiento se convertirán en un motor indiscutible de prosperidad”. En línea con el tenor de otros informes como el de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, según sus siglas en inglés) que pronostica un aumento del PIB mundial de 26 billones de dólares (equivalente a la suma de las economías de EEUU, Japón e Italia) si los gobiernos y las empresas focalizaran sus políticas y sus negocios al reto del cambio climático. A razón de 2 billones de dólares anuales en el próximo decenio. Aunque sus científicos advierten que, para ello, “hay que erradicar la idea de que suprimir la combustión de carbón y de otros combustibles fósiles es demasiado costoso”, dice Helen Mountford, directora del estudio.


El diagnóstico de BCG, que lleva la firma de su think-tank corporativo, el Instituto Henderson, pasa revista a tres escenarios: las políticas ecológicas en vigor en cada país; la aplicación de tecnología para la contención de emisiones científicamente probada y sus agendas reformistas encaminadas a la consecución del objetivo de limitar el calentamiento a los 2 grados que estipula el Acuerdo de París. Su conclusión es clara: “subyacen sobradas razones económicas y medioambientales para que los estados aceleren sus esfuerzos para mitigar el cambio climático” sin que haya motivos que impidan que “no empiecen ya” a paliar los efectos de las energías contaminantes.


El espejo alemán


Alemania surge como modelo a seguir. Para alcanzar tal aseveración se basan en otro estudio, en esta ocasión, realizado en colaboración con la empresa de investigación Prognos, que revela que el Gobierno germano está en la senda de reducir las emisiones de CO2 entre un 72% y un 93% de los niveles de polución de 2015, para el ecuador de este siglo. Lo que equivale -dice el informe- a unos recortes de entre el 80% y el 95% en relación a la cota de gases de efecto invernadero de 1990.


Un esfuerzo de reconversión energética que sitúa a Berlín ante un horizonte considerado ya como “económicamente viable”; incluso si siguiera su protocolo de actuación de manera unilateral; es decir, sin un conveniente consenso internacional, que impulsaría los distintos proyectos nacionales en todo el planeta. Si se diera este caso, Alemania lograría, sin problemas, la cota de recorte de emisiones de las bandas más anchas de su doble horquilla mencionada -la que se compara con las cotas de contaminación de 2015 y 1990- y añadiría más crecimiento a su economía; tan sólo con una mayor apuesta -e inversión- en tecnología. Cuantitativamente, exige un recorte de 62 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y la eliminación de ciertos sectores industriales, que serían suplidos por segmentos de actividad. Y constantes inversiones. Toda reducción superior al 77%, además, requiere nuevos instrumentos tecnológicos para llevarla a cabo. Pero Alemania, uno de los líderes indiscutibles de la Revolución 4.0, la digitalización industrial, está en ello.


Según datos de la BDI, la patronal industrial alemana, el sector energético está en condiciones de abastecer con energías renovables -solar y eólica- el 80% de la demanda del país y de sustituir la generación eléctrica de carbón y lignito por gas. En paralelo, el resto de segmentos productivos se adaptarían con bastante diligencia a las nuevas pautas de consumo; desde la construcción hasta el transporte. Sin problemas de que se produzca caso de sobredimensionamiento del potencial energético renovable. También el escenario tecnológico resulta idóneo para que la biomasa supla, en el sector industrial, a los combustibles fósiles en los procesos de generación calorífica. Aunque los avances futuros deben concentrarse en ampliar la red de suministro energético, conseguir una mayor capacidad de almacenamiento, especialmente de baterías limpias, en crear un sistema de integración energética más flexible y en apostar por inversiones que ayudan a cambiar el parque automovilístico hacia los vehículos eléctricos o las sustituciones de caladeras y bombas de calor en hogares e industrias. Algo factible, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la construcción, más del 80% de los edificios del país deben acometer obras de rehabilitación antes de 2050, lo que adelantaría la renovación hacia las energías de bajas emisiones contaminantes. O que, en el sector del transporte, los vehículos eléctricos hayan empezado a sustituir, no sin controversias sociales, aunque mínimas, las flotas de furgonetas comerciales, autobuses y otros servicios públicos o la red de camiones que circulan por las grandes autovías del país.
El coste de las inversiones necesarias para que Alemania alcance el objetivo de la reducción de dos grados es substancial: 1,6 billones de dólares hasta 2050. Casi el PIB español. Pero asumible, si se tiene en cuenta que esta cifra supondría apenas un 1,1% de su economía cada año. Además, si se descuentan el ahorro de los costes operativos, la cantidad se reduciría a menos de 20.000 millones anuales.


Europa y EEUU, en distinta dimensión


Las potencias industrializadas, incluidas mayoritariamente en el espacio europeo, y EEUU registran aún altas emisiones per cápita. A pesar de sus agendas industriales de bajas emisiones y la notable eficiencia de sus adelantos tecnológicos. Todos ellos, han aumentado su porción de suministros de electricidad en detrimento de los combustibles fósiles. Al igual que Alemania, gran parte de sus socios de la UE han minimizado su crudo-dependencia. Sin embargo, Europa, con perspectivas de pérdida demográfica en los próximos decenios, pese a los flujos de inmigración que recibe, no está ante el mismo escenario futuro que EEUU que, donde se espera un incremento de población de 67 millones de personas. Las necesidades de transporte en la primera potencia mundial serán una fuente mayor de emisiones. Aunque también hay otro notable hecho diferencial. EEUU tiene sobradas fuentes de energía en su territorio, fósiles y de otros orígenes, con las que puede jugar a la hora de modificar su mix energético.


En cualquier caso, el parón en la atención al cambio climático de la Administración Trump, que ha dado manga ancha a la contaminación industrial para espolear su producción y generar puestos de trabajo inmediatos -dentro de su política proteccionista- deja una brecha substancial entre ambas orillas del Atlántico. El impacto mínimo de las actuales políticas medioambientales entre Alemania, prototipo europeo, y EEUU arroja unas predicciones muy distintas. Así -señala el informe de BCG-, mientras la locomotora europea rebajaría su huella de emisiones en un 45% el mayor mercado del mundo lo haría en apenas un 11%. En 2050. De forma que el esfuerzo ecológico de la Casa Blanca debería ser mucho mayor en las próximas décadas.


El resto del mundo, a remolque


La mayoría de las economías emergentes anda en el furgón de cola. Aunque en longitudes de onda distintas. Todos siguen empleando tecnologías de bajo coste e intensivas en carbón. Causa de que sus emisiones per cápita “no sean sostenibles”, según BCG. Aun así, sus trayectorias son también ambivalentes. China espera un crecimiento de más del 300% de su PIB para 2050. Es, sin embargo, del grupo BRICS, el que más ha impulsado la agenda ecológica. Para ese año, con una población en descenso y con aumentos de la eficiencia energética y tecnológica, la gran factoría mundial aumentará un 6% sus emisiones. India, por su parte, tiene una proyección de incremento de su PIB del 700%, con fuerte expansión demográfica (un 26% más) y una apuesta decidida por el carbón, principal fuente de su tejido industrial. Doblará sus emisiones en 2050, lo que le convertirá en el segundo país más contaminante del planeta. Escenario similar al de los tigres asiáticos.


En Brasil, tanto la economía como su población crecerán a ritmos que harán ineludibles las subidas de las emisiones. En todos los sectores productivos. Por si fuera poco, la victoria de Jair Bolsonaro no invita al optimismo. En una nación en la que más del 40% de sus emisiones de gases de efecto invernadero procede de la agricultura, unos de sus motores exportadores. Sudáfrica, en cambio, es el que mejores perspectivas obtiene. Hasta el punto que reduciría sus emisiones, pese al fuerte repunte económico y demográfico, ya que se espera que su población crezca más del 40%. El país africano ha empezado a reemplazar centrales de generación eléctrica de carbón. El éxito de Rusia depende, en gran medida, de la demanda global de combustibles fósiles y de que transforme su agenda de reformas con mayores medidas de mitigación de la polución.


Ante esta tesitura, las voces internacionales en favor de acciones concertadas se dejan sentir cada vez con más fuerza. JP Morgan cree que, si EEUU no contribuye a parar el cambio climático, el 40% de su población, la que vive en zonas costeras, estará amenazada. Al Gore asegura seguir siendo optimista de que estalle una revolución sostenible. Y el presidente de la Cruz Roja, Peter Maurer, piensa que el cambio climático promoverá la conflictividad mundial y tendrá un impacto decidido sobre las crisis humanitarias y, en consecuencia, sobre los flujos de inmigración globales.

madrid
21/11/2018 11:37 Actualizado: 21/11/2018 11:37
DIEGO HERRANZ

Publicado enMedio Ambiente
Quemar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para abonar una nueva agenda común global

Una minoría creciente de los movimientos sociales creemos que estamos frente a una auténtica crisis sistémica y global o, para ser más exactos, ante una civilización fallida en fase de colapso. ¿Cómo debe ser la agenda para afrontar el futuro?

En octubre se celebró el Encuentro Islas Encendidas, un evento impulsado por la iniciativa Quórum Global con el objetivo de impulsar un proceso de confluencia desde abajo frente a la crisis democrática y ecosocial. Allí nos reunimos cerca de tres centenares de personas procedentes en su mayoría de ONG, pero también del movimiento feminista, antirracista, ecologista, vecinal, etc.


El Encuentro transcurrió en un clima de gran afinidad entre las personas y organizaciones participantes en torno a una idea central que fue repetida a lo largo de los tres días, “la necesidad de poner la vida en el centro frente a la lógica neoliberal y la emergencia de los fascismos”. Sin embargo, bajo este aparente consenso emergió una cuestión que resultó polémica, la relativa a si la nueva Agenda Internacional 2030 marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es un buen marco de referencia desde el que trabajar juntas para lograr ese objetivo común.


Una controversia que refleja, en esencia, la existencia de al menos dos interpretaciones radicalmente distintas de la crisis que estamos viviendo y que, en consecuencia, plantea hojas de ruta también diferentes que, lejos de poder confluir, comienzan a ser divergentes desde el mismo punto de partida: el diagnóstico. Mientras una mayoría de las organizaciones y los movimientos sociales aún consideran que lo que enfrentamos es básicamente una estafa económica, una minoría creciente entendemos que estamos frente a una auténtica crisis sistémica y global o, para ser más exactos, ante una civilización fallida en fase de colapso.
Los ODS un documento sin diagnóstico


Lo primero que llama la atención cuando se analizan los ODS es que carecen de un diagnóstico acerca de las realidades sobre las que se quiere actuar, proponiendo 17 objetivos y 169 metas, sin el más mínimo argumento que los justifique y permita comprender su razón de ser. No hay nada, ni siquiera un somero diagnóstico que nos ayude a comprender cuáles son las causas que hay detrás de fenómenos como la pobreza, el hambre, las enfermedades, las desigualdades entre géneros o económicas, la degradación del medioambiente o el cambio climático. Y, ¿cómo no tener en cuenta las causas de esos problemas? ¿Acaso se quiere dar respuesta sólo a los síntomas?


Los ODS trazan el camino: más crecimiento e industrialización


Por otra parte, como bien argumenta Manuel Casal en “La Agenda 2030, misión imposible” existe una “preocupante mezcla entre fines y medios”. Mientras que “lo adecuado hubiera sido establecer unos fines, permitiendo flexibilidad en los medios”, se opta por “poner determinados medios a la misma altura que los fines, lo que genera confusión, contradicciones y rigidez”. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el “crecimiento económico” (O8) y “la industrialización” (O9) que son instrumentos convertidos en objetivos, marcando así el camino a seguir para alcanzar los verdaderos fines, como son “poner fin a la pobreza (O1) y al hambre (O2)” o “lograr la igualdad entre los géneros (O5)”.


Esta imposición de medios para la consecución de fines resulta especialmente alarmante cuando la Agenda se presenta además en ausencia de un diagnóstico. ¿Cómo justificar más crecimiento e industrialización? ¿Aceptaríamos un tratamiento médico sin antes conocer sus posibles riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios? ¿Cómo valorar la idoneidad de este tratamiento? ¿Qué hace la diferencia? Ahí van algunas suposiciones: 1) Predomina una fe ciega bienintencionada sobre el documento al que no se le pide justificación; 2) Esta falta de justificación pasa desapercibida, pues los medios que se proponen como objetivos (O8 y O9) son mitos de nuestras sociedades modernas y 3) Los agentes sociales dependen económicamente de que los gobiernos destinen anualmente fondos renovados en el desarrollo de esta agenda, por lo que ¿quién se atreve a morder la mano que le da de comer?


La falacia “sostenible” e “inclusiva”


Habrá quien argumente que lo que la Agenda 2030 propone no es cualquier tipo de crecimiento económico e industrialización, sino sólo de aquellos que resultan ser “sostenibles” e “inclusivos”. Sin embargo, la tozuda realidad demuestra que ambos conceptos son auténticos oximorones en el contexto actual.


En el caso del crecimiento económico, su sostenibilidad no es realista por múltiples razones, siendo la principal que nos encontramos ya en un momento en el que hemos superado el cénit mundial de extracción del petróleo convencional siendo lo que tenemos por delante un descenso energético que hará imposible nuevos crecimientos económicos globales, teniendo en cuenta que las energías renovables presentan grandes limitaciones incluso para poder mantener el sistema económico en un estado estacionario.


Pero es que además el crecimiento económico es siempre insostenible. De hecho, los crecimientos “verdes” no llegan siquiera a producir una disminución total del consumo material y energético, ya que las mejoras en eficiencia sólo se traducen en una disminución relativa, es decir, en una reducción del consumo material y energético por unidad producida. Por ejemplo, los coches modernos consumen menos materia y energía que los más antiguos.


Sin embargo, en una economía adicta al crecimiento, el imperativo del crecimiento económico obliga al aumento de las ventas de coches y de sus desplazamientos, de modo que no es posible un crecimiento económico desacoplado de la degradación del medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero, porque sencillamente cuanto más crecen la producción y el consumo, más materia y energía se necesitan extraer de nuestra corteza terrestre y más emisiones se generan.


En cuanto a la inclusividad social del crecimiento, resulta ingenuo pensar que, ahora que nos adentramos en un escenario global de creciente escasez, se vaya a producir la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad que no se logró cuando el crecimiento gozaba de buena salud y existía mayor abundancia.


Por otro lado, en el caso de la industrialización, no se entiende muy bien a qué se refiere cuando se la apellida de “inclusiva” y “sostenible”, en un contexto en el que los gobiernos y las corporaciones transnacionales están trabajando juntos en el desarrollo de la cuarta revolución industrial (4RI). Una disrupción tecnológica que, incluso según sus propios promotores, amenaza con incrementar las desigualdades y los procesos de exclusión, bajo el riesgo de crear una desigualdad masiva entre una clase tecnológica rica y una inmensa clase marginal, tanto en el interior de los países como entre ellos, mediante una robotización en clara competencia con las generaciones presentes y futuras.


Pero es que, además, la 4RI tampoco es sostenible tal y como analiza detalladamente José Halloy: “En términos de energía y materiales, las tecnologías informáticas actuales no son sostenibles a largo plazo”. De modo que podemos afirmar que la cacareada industrialización 4.0 sólo puede presentarse como una oportunidad si se invisibiliza su insostenibilidad ecológica e indeseabilidad social.


Perseguir el crecimiento y la industrialización abona el fascismo


Insistir entonces en el crecimiento y la industrialización en este contexto global de creciente escasez energética y material es una vía genocida y ecosuicida que nos conduce directamente a la guerra por los recursos y al caos climático a través del desarrollo de agendas fascistas.


Un fascismo que ya estamos viendo emerger en las grandes potencias económicas y que se expresa en dos estrategias narrativas complementarias: Por un lado, mediante la idea de “Mi país primero” que busca sostener el crecimiento económico permitiendo la entrada de ingentes cantidades de energía y materiales procedentes en su mayoría de la expoliación neocolonial, mientras se impide la entrada —cuando no se expulsa— a las poblaciones inmigrantes y refugiadas, en su mayoría huérfanas de una vida digna en sus territorios, ocupados y degradados por las guerras, el extractivismo y el cambio climático.


Y, por otro lado, mediante el discurso que da centralidad al “Hombre Blanco Heterosexual y Nacional” con la que se busca fortalecer el orden heteropatriarcal y colonial, devolviéndole un cierto protagonismo a la vieja clase trabajadora industrial nacional, empobrecida y precarizada, y desplazar su ira contra otros colectivos sociales (pobres, inmigrantes, mujeres, homosexuales, etc.).


En resumen, como bien argumenta Luis I. Prádanos, “la crisis ecosocial no requiere ni del catastrofismo apocalíptico (al que nos conduce el imperativo del crecimiento económico), ni del tecno-optimismo (fomentado desde la cuarta revolución industrial)”, sino de nuevos ecosistemas culturales y socio-económicos capaces de prosperar sin crecimiento, poniendo la defensa y el cuidado de la vida en el centro.


Por una nueva Agenda Común Global


A estas alturas del Siglo XXI no habrá gobierno, organización o movimiento social que pueda argumentar que el actual proceso de colapso de nuestras sociedades modernas les pilló por sorpresa, pues hace más de 45 años que nuestra civilización industrial lleva recibiendo avisos sobre el abismo al que nos conduce el imperativo del crecimiento ilimitado.
Sin embargo, a pesar de dichos avisos, nada significativo se ha hecho hasta la fecha para cambiar de rumbo. El proyecto civilizatorio impulsado por la globalización de la Modernidad Capitalista está llegando a su fin y la lucha por todo aquello que amamos depende, ahora más que nunca, de que las grandes mayorías sociales seamos capaces de presionar a nuestros gobiernos para que abandonen el objetivo del crecimiento económico e impulsar medidas de emergencia social y ecológica capaces de favorecer nuevas formas de organización ecosocial que permitan adaptarnos de forma rápida y justa a un escenario de creciente escasez energética y material.


Muchas personas, grupos y comunidades locales de todo el mundo ya han comenzado a organizarse con el fin de satisfacer sus necesidades de un modo más justo y resiliente fuera de la lógica industrial y la búsqueda del beneficio económico: la agroecología, la permacultura, los sistemas de movilidad sostenible, la bioconstrucción, los sistemas de trueque en comunidad, los mercados sociales, la economía social y solidaria, los barrios y municipios en transición… son modelos que ya han demostrado su capacidad de satisfacer las necesidades de las personas en equilibrio con los límites de los ecosistemas. Sin embargo, para que dejen de ser marginales y se conviertan en verdaderas alternativas necesitan de un apoyo social masivo y de políticas activas de los gobiernos.


Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible disfrutan todavía de legitimidad es porque aún la mayoría de los Agentes Sociales siguen sin cuestionar en profundidad las bases de la civilización industrial y su lógica de crecimiento ilimitado. Mientras los ricos traman cómo abandonar el barco, nosotros parecemos empeñados en seguir remando y mantener a toda la tripulación abordo, con esperanzas de mejorar nuestras condiciones como tripulantes.


Por ello, antes de que naufraguemos y los ODS sean papel mojado, quemémoslos y con sus cenizas abonemos el desarrollo de una nueva agenda común global. Una nueva hoja de ruta feminista, antihomófoba, queer, antirracista, decolonial, antimilitarista, municipalista y ecologista que, con un diagnóstico comprensivo de las complejas realidades que enfrentamos, nos permita una salida justa y ordenada ante el hundimiento de este Titanic, evitando así la catástrofe del fascismo, las guerras por los recursos y el caos climático. Nos jugamos la vida en ello.

Por Marcos Rivero Cuadrado 

Solidaridad Internacional Andalucía

Publicado enPolítica
Martes, 13 Noviembre 2018 08:58

La dura pelea contra el fracking en Colombia

La dura pelea contra el fracking en Colombia

Desde su época como candidato a ocupar la primera magistratura, el hoy presidente de Colombia, Iván Duque, nunca asumió una actitud crítica al uso del fracking en el país como una alternativa para la ampliación de las reservas de hidrocarburos. Todo lo contario. Duque se ha mostrado dispuesto a considerar esta técnica como parte del desarrollo de lo que ha denominado la “economía naranja”. Este eufemismo ha sido útil para ocultar el verdadero plan de su gobierno: la producción y explotación de recursos naturales y la reducción de impuestos a las clases privilegiadas en detrimento de las clases medias.

 

En efecto, la nueva ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que uno de sus principales propósitos será “convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura” (https://www.elespectador.com/noticias/nacional/es-posible-hacer-fracking-de-manera-responsable-ministra-de-minas-articulo-805901). Mediante esta técnica según la ministra, Colombia podría aumentar sus reservas de gas y petróleo en 19 y 8 años respectivamente. La pregunta central es ¿qué consecuencias traería la ampliación de las reservas de estos recursos? Pues el gobierno actual quiere vender el fracking como la nueva panacea en la reactivación de la economía de los hidrocarburos pero ignora, al mismo tiempo, las nefastas secuelas de esta técnica que han sido referenciadas en otros artículos de este portal (http://laotraopinion.net/recursos-naturales/petroleoygas/el-gran-dano-del-fracking-a-colombia/). Los costos naturales y humanos de esta forma de explotación no se justifican para que unos pocos empresarios foráneos obtengan las ganancias y el gobierno pueda llenarse diciendo que “aumentó la inversión extranjera”. No puede una administración hablar de beneficiar a sus habitantes con proyectos que a todas luces dejarán grandes daños medioambientales.

 

El debate más reciente en la materia lo ha ocupado la instalación de maquinaria pesada en tres provincias de Boyacá por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en junio de 2108. Los rumores de la llegada del fracking a este departamento despertó la alarma de sus habitantes que pronto iniciaron las protestas para combatir toda acción no consultada, por lo que la gobernación pidió suspender las actividades de la agencia petrolera (https://www.dinero.com/pais/articulo/boyaca-debate-la-llegada-del-fracking-a-su-territorio/259594).

 

A pesar de que la empresa negó el desarrollo de fracking en la región argumentando que sólo se utilizará la maquinaria para “obtener información del subsuelo”, las sospechas están fundamentadas pues los intereses de la empresa polaca Geofizyka Torún están involucrados. Según la información recabada, la empresa extranjera fue contratada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para realizar estudios de sísmica en la región y no para la explotación de petróleo. Sin embargo, ¿para qué se realizan estos estudios sísmicos? La respuesta salta a la vista: para determinar la viabilidad y potencial que un territorio tiene en materia de hidrocarburos. En otras palabras, están en una fase exploratoria que tiene como fin último -si todas las condiciones técnicas lo permiten– explotar el petróleo y gas mediante el fracking.

 

A esto se suma el hecho de que en Colombia existen 48 bloques de yacimientos no convencionales, 9 de los cuales se ubican en el departamento de Boyacá (https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/hay-o-no-hay-fracking-en-boyaca-crece-la polemica-articulo-795479). Por esa razón, la presencia de las compañías petroleras ha despertado las sospechas de los habitantes de 14 municipios del departamento, quienes a través del gobernador Carlos Amaya han manifestado que “nunca permitirán el fracking en el departamento pues parte de la columna vertebral de su política es el cuidado del ambiente y los recursos naturales”. De hecho, la polémica reside en que las exploraciones se hicieron en inmediaciones de la laguna de Tota por lo que las implicaciones socio-ambientales y arqueológicas podrían ser adversas. Al margen de las consideraciones de las empresas y su aparente intención de “conocer las condiciones del subsuelo”, es claro que el propósito fundamental es analizar la viabilidad para iniciar cuanto antes la implementación de la fractura hidráulica. Dicho de otro modo, los estudios sísmicos sólo conducen a establecer las condiciones para comenzar con el fracking que desde el alto gobierno ya ha recibido la aprobación, de ahí la importancia de la resistencia ciudadana.

 

El conflicto social en Boyacá por la explotación del petróleo puede adquirir nuevas dimensiones pues el caso de la provincia de Sugamuxi en el oriente del departamento ha comenzado a cobrar importancia en los medios de comunicación. En este lugar desde 2012 se viene explorando petróleo a manos de la empresa Maurel & Prom. Ya son dos pozos en los municipios de Tota y Pesca dentro de un proyecto llamado área de interés exploratorio muisca (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/sogamoso-y-el-proyecto-petrolero-que-incendiaria-a-boyaca/36724). A pesar de la rotunda oposición de sus habitantes, la compañía francesa continúa con las exploraciones y solicitó al gobierno la modificación de su licencia ambiental para aumentar su influencia en la región. El problema fundamental es que en esta zona se encuentran 410 nacederos, de los cuales se extrae agua potable para cerca de los 7.000 habitantes de la provincia. En caso de otorgarse la licencia las consecuencias serían catastróficas para una población que ya ha comenzado a evidenciar las secuelas producto de los estudios sísmicos y la deforestación.

 

 

En contravía de las manifestaciones populares, Ecopetrol ha pretendido negociar con los campesinos y habitantes de Boyacá mecanismos conjuntos que permitan la exploración de recursos sin generar afectación socio-ambiental. No obstante, esta propuesta es una contradicción en los términos pues toda forma de explotación de hidrocarburos genera secuelas medioambientales que terminan por convertirse en problemas de salud pública. La única alternativa viable para los campesinos es que las empresas abandonen sus territorios para poder iniciar un proceso de recuperación. Desde luego, debido a los mezquinos intereses económicos, las empresas extranjeras con el consentimiento y apoyo de Ecopetrol no dejaran abandonada una actividad rentable que, bajo la nueva administración, encontrará vientos a favor. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estos planes que no es mencionada con mucha regularidad por los medios oficiales por lo que es necesario presentar algunas de las denuncias de los habitantes de la región.

En primera instancia, de acuerdo con Patricia Corredor, vocera del colectivo de la defensa de la provincia de Sugamuxi, el proceso de sísmica genera secuelas irreversibles en los territorios. Por ejemplo, por acción de esta técnica se secaron más de 210 nacimientos de agua y 70 familias perdieron sus hogares a causa de los agrietamientos. Además de lo anterior, los campesinos han perdido su forma de sustento pues sin cuerpos de agua para regar los campos, la agricultura que es un eje fundamental en la economía de Boyacá ha perdido paulatinamente su impulso (https://www.elcampesino.co/los-mas-afectados-con-la-sismica-y-el-fracking-son-los-campesinos/). La consecuencia natural ha sido la profunda protesta social que ha desencadenado en represión por parte de la fuerza pública.

 

La problemática es aún más compleja si se toma en cuenta la directriz del nuevo ministro de defensa que busca “regular la protesta social” lo que en plata blanca significa reprender cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno de turno. Este escenario resulta preocupante toda vez que las comunidades sólo cuentan con las manifestaciones como el mecanismo más efectivo para visibilizar sus problemas. Pero si el gobierno insiste en constreñir cualquier movimiento anti-fracking, el panorama para los defensores de los derechos humanos es inviable.

 

Como lo ha manifestado la organización No al fracking en Colombia, esta técnica ha generado afectaciones a los ecosistemas, evidenciado esto en la reducción de los cuerpos hídricos que pueden generar el aumento en los conflictos socio-ambientales, pues existen sectores que buscan un acceso equitativo y sostenible que permita una adecuada distribución del agua en el país (https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2017/03/2017-03-14-carta-presidente santosfinalconlogos.pdf). Por eso las posturas enfrentadas son muy claras: una defiende la explotación de recursos a toda costa, en beneficio de los negocios privados y cuyas retribuciones en materia de regalías no son suficientes para cubrir los daños causados, y otra que respalda el uso responsable del agua y el medioambiente como centro de una relación equilibrada con la naturaleza.


Las protestas no sólo se dan en Boyacá sino en varios de los 100 municipios donde potencialmente se podrá realizar fracking. Uno de los casos más emblemáticos es la puja entre la comunidad indígena U’wa que quiere por fuera de sus territorios ancestrales a Ecopetrol. Este resguardo, ubicado en Norte de Santander, busca que la empresa de hidrocarburos no intervenga con sus proyectos en zonas protegidas (https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-uwas-no-quieren-ecopetrol-sus-territorios-ancestral-articulo-644102). Como este podrían reproducirse miles de ejemplos de colectivos de ciudadanos que se oponen a la explotación de hidrocarburos y que progresivamente han recibido atención por parte de los medios de comunicación.

 

El reconocimiento a los opositores al fracking es tal que actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir esta técnica en el país. El propósito es impedir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y pretende que el país inicie un proceso de transición para que dejen de usarse combustibles fósiles. El proyecto cuenta con el respaldo de la lista de los Decentes, el Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos cuadros del partido de la U, el Liberal y el Conservador. La propuesta espera hacerle frente a una de las banderas del gobierno Duque por lo que se convertirá en un auténtico conflicto político (https://www.elespectador.com/noticias/politica/radican-proyecto-de-ley-para-prohibir-fracking-en-colombia-articulo-803549). La situación es compleja debido a las mayorías que ostenta el Centro Democrático, el partido pro-fracking en el Congreso, razón por la cual la lucha en contra de esta técnica deberá continuar a través de diversos medios y mecanismos. Con todo, el caso de Boyacá abre una esperanza para que el foco de atención se centre en la ciudadanía y en las demandas que pretenden acabar con el fracking en Colombia.

Publicado enColombia
Costa Rica cancela la construcción de la mayor hidroeléctrica de Centroamérica

El Instituto Costarricense de Electricidad de Costa Rica (ICE) ha echado este viernes el candado a un añejo proyecto que planteaba la construcción, en el sur del país, la mayor planta hidroeléctrica de Centroamérica. Los planes, nacidos en la década de los setenta y actualizados en 2006, quedan ahora descartados por su elevado coste y por razones de mercado, asociadas con el bajo crecimiento del consumo de energía eléctrica en el país centroamericano. El 99% de la electricidad que se genera en Costa Rica proviene de fuentes renovables, una de las tasas más altas del planeta.


El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), con un potencial de capacidad instalada de 650 megavatios, quedó fuera de los planes del ICE después de cuatro décadas de intentos para construir el megaproyecto sobre la cuenca del río Térraba, junto a tierras indígenas en el cantón Buenos Aires (provincia de Puntarenas, 150 kilómetros al sureste de la capital, San José). Su costo rondaba los 3.700 millones de dólares y consideraba un embalse de 6.815 hectáreas (el 0,13% del territorio nacional) que afectaba a poblados y sitios sagrados de comunidades de la etnia teribe. Los planes apuntaban a su entrada en operación después de 2025, como eje de una estrategia energética renovable a largo plazo. Pero las nuevas autoridades del ICE consideran que las circunstancias cambiaron.


La presidenta del Instituto, Irene Cañas, anunció este viernes la cancelación del proyecto y la anulación del proceso de consultas a los pueblos indígenas, requerido después las advertencias del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anay, en 2011. También se archiva el expediente de verificación ambiental, que consideraba observaciones sobre el impacto del megaproyecto en la riqueza natural de la zona, incluido el humedal Sierpe-Osa, protegido por convenciones internacionales. El actual ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, presente este viernes en la rueda de prensa, ya se había manifestado en contra.


Pero las razones del ICE para abortar el proyecto son, sobre todo, económicas: casi toda la electricidad que consume Costa Rica ya procede de fuentes renovables y la demanda ha dejado de crecer por el cambio de modelo industrial, el ahorro y la eficiencia energética, y la generación privada a pequeña escala. En 2017 el crecimiento del consumo fue inferior al 1%, según cifras oficiales recogidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región.


Tampoco hay una estructura suficiente para exportar electricidad a los vecinos centroamericanos y la posibilidad de electrificar la creciente flota de autos está aún en fase incipiente. Es decir, la actual Costa Rica no necesita el megaproyecto hidroeléctrico y la inversión financiera en el escenario actual parece más bien un desperdicio. La entidad estatal ya gastó 146 millones de dólares que deberán sumarse al rubro de pérdidas en este año, proyectadas en 523 millones (22%). “Para Costa Rica, el gran desafío ya no es aspirar a un modelo eléctrico renovable. Hoy nos corresponde innovar para consolidar este modelo, frente a los retos de la demanda eléctrica, la llegada de nuevas tecnologías en la industria eléctrica y condiciones como el cambio climático”, dijo Cañas.


La noticia alivia las preocupaciones de comunidades de Térraba, que temían perder más de 900 hectáreas de su territorio por la construcción de la presa y el embalse. La dirigente Elides Rivera celebraba el fin de “una lucha constante” que se prolongó por más de una década, dijo al semanario Universidad. Enfrentaron “diferentes escenarios que se dieron a nivel político, institucional, regional y a escala local. Siempre hubo muchos frentes en los que tuvimos que mantenernos con mucha fe de que realmente teníamos una razón en el derecho a la vida y a la permanencia del pueblo de los Bröran”, apuntó en referencia a su comunidad.

 

Publicado enSociedad
China, Rusia y Noruega vetan la creación de una gran reserva en la Antártida

La aprobación del proyecto hubiera supuesto la protección de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y su conversión en el área marina protegida más grande del planeta

 

El Santuario de la Antártida tendrá que esperar. Tras dos semanas de reuniones en Hobart (Tasmania, Australia) los 25 Gobiernos que integran la Comisión del Océano Antártico (CCAMLR, según sus siglas en inglés) no han logrado llegar a un acuerdo para su creación. El proyecto preveía la protección de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y su conversión en el área marina protegida más grande del planeta. Han votado a favor de la propuesta 22 de los 25 países presentes, incluido Estados Unidos, lo que para Frida Bengtsson, delegada de Greenpeace en la cumbre anual, es "la buena noticia". El problema es "que lograr que todos los países implicados lleguen a un acuerdo es muy complicado", añade la ecologista.

La masa de tierra de la Antártida está protegida, pero el océano que la rodea no. En una zona solo habitada por los científicos de las bases, la mayor amenaza que existe es la pesca industrial del kril, un pequeño camarón cuya captura se ha incrementado debido a su uso en la farmacología y como complemento nutricional, al ser muy rico en omega 3 y vitaminas, explica Pilar Marcos, de Greenpeace España. El kril es básico en la dieta de muchas especies que viven en esta zona de la tierra, como pingüinos, focas o ballenas.

"La pesquería está bien regulada, pero la creación del santuario hubiese supuesto acotar este tipo de actividades", añade Marcos. La ecologista sostiene que "se ha perdido una oportunidad histórica para crear el área protegida más grande de la Tierra y salvaguardar la biodiversidad".

Sí ha habido un acuerdo en la protección de los ecosistemas de fondo marino descubiertos por Greenpeace. "De hecho, es uno de los únicos resultados tangibles de esta reunión de la Comisión del Océano Antártico. Este resultado es una contribución enorme para salvaguardar el medioambiente marino antártico y debemos estar muy orgullosos de ello", afirma la representante de la organización ecologista.

Pero el rechazo al santuario es difícilmente entendible, dado que el 85% de la industria pesquera se había mostrado a favor del proyecto, recuerda la ONG. Frida Bengtsson rechaza especular sobre si las razones económicas son las que han llevado a China, Rusia y Noruega a vetar el acuerdo, solo indica que, "por alguna razón, la naturaleza no tiene prioridad". Greenpeace aclara que los dos primeros Estados han utilizado tácticas dilatorias para desmantelar y destruir las enmiendas, de tal forma que se han obstruido todas las oportunidades para cooperar y crear el espacio protegido.

Estos países no han actuado de "buena fe", asegura la organización. Recuerdan que cuando Rusia presidió la Comisión del Océano Antártico en 2016 acordó proteger el mar de Ross, "pero, desde entonces, solo persigue intereses de pesca industrial".

Noruega, en cambio, estaba de acuerdo con la propuesta, pero presentó su propio proyecto, que incluía partir el área en dos. Greenpeace ha reclamado a ese país "que establezca un plan de trabajo con un calendario claro".

Pilar Marcos recuerda que "la protección marina sigue siendo un reto pendiente", porque solo un 6,9% de los mares y océanos están protegidos, incluyendo las aguas nacionales dentro de las zonas económicas exclusivas. "Y de ese casi 7%, apenas un 2% se refiere a espacios bien vigilados y donde la actividad humana industrial queda prohibida", puntualiza.

Publicado enMedio Ambiente
EPM, Gobernación y Estado son responsables por los severos daños ocasionados por Hidroituango

Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la Gobernación de Antioquia y al Estado colombiano por severos daños ocasionados por Hidroituango y recomienda de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la hidroeléctrica.


Durante la XII Audiencia pública de juzgamiento del Tribunal Latinoamericano del Agua, realizada en Guadalajara –Jalisco– México entre los días 22-26 de octubre de 2018, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Hidroituango articuladas en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, presentaron el caso: violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia Colombia, en contra de los accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P; la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los honorables jurados, cuyo presidente fue el doctor Philippe Texier , escucharon el caso, recibieron pruebas y peritajes de expertos durante la sesión del día martes 23 de agosto en las instalaciones del Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. El día viernes 26 de octubre el Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez realizó lectura del veredicto oficial.


El tribunal se adhiere a la jurisprudencia nacional e internacional y con base en ella desarrolla su ejercicio de justicia alternativa ante la comunidad académica, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. En vista de los hechos y declaraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve:


“Responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. E.S.P; a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la Gobernación de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnicas y de construcción de la obra”.


“Deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango”; por lo que recomienda que:

“El Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables de la obra realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada.


Cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas.
Que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones forzosas en la zona.


Que la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas.


Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas”. Dado en el Auditorio D2 del Iteso, el 26 de octubre de 2018.

Pese al evidente impacto social y medioambiental que origina la demanda de los habitantes del cañón del bajo Cauca Antioqueño, articulados al Movimiento Ríos Vivos, y el consecuente fallo del Tribunal, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enfatizó en que lo dicho por este tribunal no tiene ninguna injerencia legal sobre el proyecto.

"En este planeta hay entidades para todo. Tenemos que acostumbrarnos a ser tolerantes con la crítica. Hay entidades sin ánimo de lucro que desde otros países tratan de hacer juicios, pero no tienen ningún impacto legal, solo de opinión y es respetable", dijo el gobernador, desconociendo la trayectoria de 20 años del Tribunal y la experiencia de las personas que lo integran.

 

Publicado enColombia
Los niños wayuu, poema sobre la problemática de su pueblo

El impacto del cambio climático afecta en gran manera a diversos pueblos indígenas como es el caso de los Wayuu en Colombia. La falta de agua potable, la interminable sequía y la escasez de alimentos son uno de los factores que má afecta a sus niños.


La desnutrición infantil en La Guajira colombiana es una de las principales razones detrás de las 45 muertes de niños wayuu en 2016, episodio que evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales como la salud y la seguridad alimentaria.


A continuación, un poema de Estercilia Simanca Pushaina, escritora que proviene de la comunidad indígena El Paraíso, del resguardo Caicemapa, al sur de La Guajira, que expresa su sentir a través de este poema.


Los niños Wayuu


Los niños Wayuu se queman con fogones.
Los niños Wayuu no comen lo que quisieran comerse y cuando quisieran.
Los niños Wayuu buscan el agua descendiendo en pozos en cuyas profundidades hay agua verdosa y un sapo viejo.
Los niños Wayuu cargan a sus hermanos menores.


Los niños Wayuu los registran cada cuanto hay brigadas, por eso nacen muchas veces.

Los niños Wayuu van a la escuela por la galletita y el guineo maduro que dan en la jornada única escolar.

Los niños Wayuu son buenos haciendo oficios en las casas de los arijunas.
Los niños Wayuu casi nunca lloran, por eso nunca se sabe cuando tienen hambre.


Los niños Wayuu no saben que mis personajes siempre serán niños.
Los niños Wayuu no saben que ellos son causas sociales en las ciudades grises y frías.
Los niños Wayuu no saben que son estándares en estadísticas de analfabetismo.
Los niños Wayuu no saben que son imágenes en campañas de seguridad alimentaria.


Los niños Wayuu no saben que fueron y son tendencia.
Los niños Wayuu no saben que son niños fantasmas que reciben la alimentación adecuada.
Los niños Wayuu ya no nacen los 31 de diciembre.
Los niños Wayuu ahora escriben con las palabras que aprendieron en su breve paso por la educación contratada: “Mi ermano nacio oi 7 de setiembre, llovía y se yamara Rapayet”


Los niños Wayuu no quieren que sus hermanas se vayan con ese señor tan viejo que se parece al sapo de la cacimba.
Las niñas tampoco quieren irse.
Los niños Wayuu no saben que hay organizaciones peleando por sus derechos.
Los niños Wayuu no saben de Cortes Interamericanas de derechos humanos.


Los niños Wayuu no saben de derechos humanos.
Los niños Wayuu no saben dar gracias.
Los niños Wayuu no saben que ellos son “Nuestros niños Wayuu” porque nunca se han sentido propiedad de nadie.
Los niños Wayuu no saben que aparecen en fotografías y los ven en Madagascar, Singapur y en las frías montañas de Alberta mientras un abuelo blanco hace de caballo y pasea a su nieto Wayuu.


Los niños Wayuu no saben que otros niños Wayuu, han nacido en muchas partes.
Los niños Wayuu no saben que el agua es un derecho fundamental.
Los niños Wayuu no saben porque los políticos en Ayotzinapa llevan mercado a sus familias en campaña.
Los niños Wayuu no saben que es una campaña.


Los niños Wayuu no saben que le compran la conciencia a sus padres con frijol, maíz y panela.
Los niños Wayuu no saben que la gasolina explota.
Los niños Wayuu no saben que el tren genera progreso.
Los niños Wayuu no conocen el progreso aunque les pase cerca y devore sus ovejas.
Los niños Wayuu no saben que un judío murió injustamente porque Poncio Pilato se lavó las manos.
Los niños Wayuu no se lavan las manos.


Los niños Wayuu no saben que ese judío era el cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Los niños Wayuu no saben que a ese judío le pusieron cordero para disimular que perdieron el juicio contra Barrabás.
Los niños Wayuu no saben que Barrabás sólo fue una excusa para crucificar a otro.
Los niños Wayuu no saben que generan honorarios y que los están cobrando.
Hay muchas cosas que los niños Wayuu ignoran.
Por eso sonríen.

 

Servindi
29 octubre 2018 0

*Estercilia Simanca Pushaina es escritora del pueblo Wayuu.

 

Publicado enColombia
Página 1 de 50