Viernes, 06 Diciembre 2019 06:15

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Incluye el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú

Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el Presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

 

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro privatiza tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

El Parque de los Lençois Maranhenses tiene unas 160.000 hectáreas. Se caracteriza por las interminables dunas que a mediados de año, en la transición de las lluvias a la temporada seca, se llenan de agua dulce formando unas piscinas naturales. Es visitado por más de 100.000 visitantes al año. El Parque de Jericoacoara, de 8.850 hectáreas, tiene unas inmensas playas de aguas cálidas que cada año reciben a miles de turistas extranjeros. Se encuentra rodeado por extensas dunas de arena fina y blanca. Recibe cerca de 150 mil visitantes anualmente.

El Gobierno de Brasil lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones. Con estas medidas busca generar ingresos para las arcas del estado y reequilibrar las cuentas públicas del país. Brasil intentará "vender todo" para lograr este objetivo, expresó el Ministro de Economía, Paulo Guedes. No obstante, admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de llevar a cabo que lo previsto. Hasta ahora lograron ingresos por unos 100.000 millones de reales (23.810 millones de dólares), según informó Guedes. El Ministro señaló que están estudiando un proyecto de privatización para generar otros 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares), aunque evitó dar detalles del mismo. En la actualidad Brasil recibe un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y espera poder duplicar esa cifra en 2022.

Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Durante los incendios en la Amazonia culpó a grupos ecologistas de haberlos incitado. En otras oportunidades se expresó a favor de la explotación comercial de tierras indígenas y áreas protegidas.


Opinión

 

Así es la política ambiental de Bolsonaro

 Por Eric Nepomuceno

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles – quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia – determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

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Bolsonaro fue denunciado por "crímenes contra la humanidad"

Lo acusan de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica. Mientras tanto, el mandatario exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina que provocó el gran incendio de este año.

 

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

Desde Brasilia

Jair Bolsonaro fue denunciado formalmente ante el Tribunal Penal Internacional por "crímenes contra la humanidad". La Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos lo acusaron de "incitar al genocidio de los pueblos indígenas", especialmente los originarios de la región amazónica.

La denuncia fue presentada este miércoles en La Haya ante la corte creada en 2002 por donde ya pasaron varios criminales de guerra como los de la ex Yugoslavia.

Las entidades huanitarias le imputan haber sido por lo menos omiso frente a los "crímenes ambientales en la Amazonia", donde hubo un crecimiento del 29,5 por ciento de la deforestación debido a incendios y tala de bosques atribuida a grupos que actuaron de forma organizada, en presunta complicidad con "milicias" ligadas al bolsonarismo.

La Comisión Arns lleva el nombre del fallecido cardenal paulista Paulo Evaristo Arns, que en los años 70 acogió a centenas de militantes argentinos, uruguayos y chilenos. Y entregó un informe sobre los crímenes de la dictadura brasileña al presidente norteamericano James Carter.

En Brasil "no encontramos un camino eficiente" para procesar a Bolsonaro, explicó José Carlos Dias, titular de esa entidad y ex miembro de la Comisión de la Verdad , creada durante el gobierno de Dilma Rousseff. "Esperamos que la presentación ante el Tribunal estimule a las fuerzas internas de Brasil para que se investiguen estos temas", planteó Dias.

Bolsonaro visitó la Amazonia y atacó a los ambientalistas

En la mañana de este jueves Bolsonaro no respondió a un periodista que indagó en Brasilia sobre su eventual procesamiento internacional. Regresó a la capital federal tras una gira de dos días en la Amazonia donde exaltó a los madereros y hacendados sospechados de pagar la gasolina con que fueron devastados más de 9.700 kilómetros cuadrados en los últimos doce meses.

Uno de los blancos preferidos de los piromaníacos son las reservas indígenas. El gobierno envió al Congreso un proyecto para la instalar mineras en las tierras de los pueblos originarios. Donald Trump manifestó a su colega, durante la reunión que fuvieron en Washington, el interés de radicar mineras norteamericanas en la floresta.

"El estado de Amazonas está tomado por reservas indígenas y áreas de protección ambiental que perjudican el desarrollo de Brasil(..) si los ambientalistas quieren mascrarme eso es señal de que estoy en el camino correcto", dijo ayer Bolsonaro en Manaus después de participar en un culto evangélico.

Ecocidio y retrocesos democráticos

El Tribunal Penal Internacional analizará la documentación presentada por los organismos humanitrarios antes de determinar si recibe o no la denuncia contra uno de los líderes ultraderechistas más repudiados del mundo.

Indígenas brasileños responsabilizaron a Bolsonaro de "genocidio" durante el Sínodo de la Amazonia convocado el mes pasado por el papa Francisco. El jefe de estado vaticano propuso que el "ecocidio" sea un pecado y que los hombres casados puedan actuar como curas en las comunidades remotas donde sólo llegan las avionetas con pastores evangélicos (generalmente bolsonaristas).

En septiembre la Orden de Abogados de Brasil envió una delegación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, donde solicitó un "monitoreo" del gobierno brasileño culpable de un "grave retroceso institucional" y amenazar las "conquistas democráticas" logradas trabajosamente desde el fin del régimen de facto en 1985.

El grupo de abogados citó la conmemoración oficial del aniversario del golpe militar del 31 de marzo de 1964 y la defensa de otros regímenes de facto sudamericanos.

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La polución dispara patologías como infecciones o fallos renales

Un estudio encuentra por primera vez una sólida relación entre el incremento de la contaminación y enfermedades más allá de las respiratorias y cardiacas

 

Las partículas finas que hay en suspensión en el aire de las ciudades, causadas sobre todo por la combustión del diésel, afectan directa y rápidamente a la salud. Cada vez más estudios muestran que cuando sus concentraciones suben, se incrementan casi automáticamente los ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias y cardíacas. Lo que no se sabía hasta ahora es que también repercuten en otras patologías, como septicemia, obstrucción intestinal o fallo renal.

Esta nueva evidencia proviene de un artículo publicado la madrugada del jueves en British Medical Journal (BMJ), que ha analizado durante 12 años más de 95 millones de hospitalizaciones de mayores de 65 años en el servicio gratuito Medicare de Estados Unidos. Al cruzar estos datos con las tasas de partículas PM2,5 en el aire (aquellas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros) corroboraron que cada incremento se traducía en una subida de los ingresos al día siguiente. Sus datos también muestran que no hay nivel seguro de partículas en el aire. Si bien la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que no se supere una exposición diaria de más de 25 microgramos de PM2,5 por cada metro cúbico de aire, el estudio indica que incluso por debajo de estos niveles se mantenía una correlación casi lineal: a más partículas, más hospitalizaciones.

En la población del estudio, cada nuevo microgramo de partículas está asociado a un incremento de 3.642 hospitalizaciones anuales por enfermedades cuya relación con esta contaminación ya se conocía: cardiovasculares, respiratorias, diabetes, neurológicas o trombosis, sobre todo; y 2.050 nuevos ingresos por culpa de otras cuya asociación con las partículas casi no se había estudiado, entre las que destacan desórdenes de fluidos y electrolitos, septicemia, infecciones del tracto urinario, cutáneas, fallos renales, y obstrucción intestinal

El estudio tiene algunas limitaciones, pero varios expertos señalan que abre un interesante camino y que hace evidente que la morbilidad asociada a este tipo de contaminación atmosférica estaba “infravalorado”. Es la opinión de un equipo de la Escuela de Ciencias Experimentales de la Universidad de Southampton, que escribe un editorial en el mismo número del BMJ. “Desde un punto de vista optimista, incluso una pequeña reducción en la concentración de PM2,5 podría tener beneficios sustanciales, aunque una extrapolación a una población global requiere precaución, puesto que los seguros financiados de salud de EE UU, incluido Medicare, están destinados a personas mayores de 65 años, ciertos grupos étnicos y con bajos ingresos”, argumentan.

Xavier Bagasaña, investigador del instituto de salud ISGlobal, y especialista en contaminación, lo explica así: “Lo que estudian en este artículo son los efectos a corto plazo, inmediatos: si hoy hay más contaminación, mañana habrá más ingresos. Estos afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a gente que ya tiene algún problema de salud, y por tanto es lógico que se encuentren más en personas mayores, que suelen tener una salud más delicada o enfermedades crónicas”. Con respecto a las nuevas enfermedades en las que se ha hallado relación con la polución de las ciudades, ve probable que se pueda replicar en otros contextos, como las urbes españolas. “Es posible que veamos nuevos estudios en todo el mundo que intenten confirmarlo”, añade.

Los hallazgos son un paso más en la evolución de lo que sabemos de la relación con la contaminación y la salud. Los primeros efectos detectados fueron los respiratorios, los más intuitivos, puesto que este sistema es el primero que entra en contacto con el aire donde flotan las partículas nocivas. Después se fueron descubriendo afecciones cardiovasculares y cada vez se van viendo en más dolencias. Basagaña explica que es el proceso tiene una lógica biológica: “Las partículas son tan finas que pueden atravesar los pulmones, llegar a la circulación y, a partir de ahí, a cualquier parte del cuerpo”.

Otra explicación puede ser la hipoxemia (disminución de la concentración de oxígeno en sangre) que se produce cuando aumenta la contaminación. Es la opinión de Marciano Sánchez Bayle, pediatra que publicó a principios de este año un estudio que mostraba la relación de los aumentos de polución con la hospitalización de niños por asma. “Esta falta de oxígeno hace que puedan empeorar los síntomas de muchas enfermedades, lo que hace más probable el ingreso”, asegura. En su investigación también comprobaron que las atenciones hospitalarias subían para un buen número de dolencias en la población pediátrica, pero se centraron en el asma por ser la más destacada.

Sin embargo, no se puede determinar en cada individuo si la hospitalización ha sido desencadenada por estas partículas. “No existen biomarcadores con los que medirlos, pero incluso si los hubiera, sería muy complicado establecer esa causalidad”, resalta el Basagaña.

Estudios como los mencionados se basan, por este motivo, en grandes masas de población, de la que se sacan evidencias estadísticas. En el análisis de cada una de las enfermedades que han estudiado, los incrementos relativos de hospitalizaciones por cada aumento de un microgramo de PM2,5 son pequeños, siempre menores del 1%, incluso en las que tienen más incidencia. Es un riesgo mínimo individualmente, pero epidemiológicamente muy significativo, puesto que supone miles de nuevos ingresos, con un enorme coste. En el caso de estudio, calculan 93 millones de euros anuales de coste directo para Medicare.

 

EXPERTOS PIDEN MÁS SEVERIDAD A LA OMS

Las partículas PM2,5 se han convertido en uno de los mejores medidores de la contaminación antropogénica en las ciudades. Son 100 veces más delgadas que un cabello humano, compuestas principalmente por partículas secundarias de precursores gaseosos, la mayoría de los cuales proceden de la combustión de los motores diésel. Aunque también se miden partículas más grandes (PM10) las pequeñas parecen ser más peligrosas por su capacidad para penetrar en el organismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una recomendación en 2005: que no se superasen los 10 microgramos por metro cúbico de media anual o 25 en 24 horas. Un estudio de 500 ciudades, tres de ellas españolas, demostró que en estas (Madrid, Barcelona y Sevilla), rondaban una media anual de 11. Pero la investigación que publica ahora BMJ alerta de que el peligro viene incluso con concentraciones menores. La OMS ha de revisar sus recomendaciones el año que viene y los autores del estudio piden que tengan en cuenta estas evidencias para ser más restrictivos.

Madrid 28 NOV 2019 - 02:04 COT

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Sábado, 16 Noviembre 2019 07:39

Un largo proceso de degradación

Un largo proceso de degradación

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía


Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.


Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.


Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.


Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.


Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.


Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.


Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

 


Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.


A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.


Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.


En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.


Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus* y la defensa de las mujeres.

*Comunidades tradicionales de los pueblos originarios de la región andina (N de E).Silvia Rivera Cusicanqui 15 noviembre, 2019

Por Silvia Rivera Cusicanqui, historiadora y socióloga boliviana, especializada en las cosmologías quechua 

15 noviembre, 2019

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Los ecologistas rechazan la ‘gasolina verde’ de las petroleras: "Su producción necesita un volumen de energía de locos"

El sector de los combustibles fósiles han presentado los carburantes sintéticos como una alternativa al coche eléctrico, ya que podrían ser usados por los vehículos actuales y distribuirse en las gasolineras existentes 

"El debate en Bruselas es que eso jamás se podrá producir en Europa, se necesitarían unos volúmenes de energías de locos", comentan desde la ONG Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente

Los ecologistas solo creen que los ecocombustibles serán una solución para la aviación: "No tienen un cambio tecnológico a la vuelta de la esquina, tampoco habrá avión eléctrico en 30 años, ni una alternativa modal para determinados trayectos" 

 

A finales de octubre la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) presentó una hoja de ruta para apostar por los ecocombustibles como alternativa al coche eléctrico. En ella, contemplaba la creación de varios carburantes verdes que sustituyan a la gasolina y el gasoil actuales. Una de las apuestas es la producción de combustibles sintéticos a partir del uso de hidrógeno verde (H2) y C02 capturado, que permitiría convertir a los motores de combustión en emisores neutros. Sin embargo, desde ONG ecologistas consideran que es una alternativa irreal y la califican "de locos".

"Tecnológicamente es posible, pero no significa que se esté haciendo. Nadie en el mundo está produciendo esos combustibles", comenta Carlos Calvo, director de tendencias de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, una coordinadora de asociaciones y ONG que promueve el transporte de una manera ambientalmente responsable, económicamente sólida y socialmente justa. "El debate en Bruselas es que eso jamás se podrá producir en Europa, son unos volúmenes de energías de locos", comenta Calvo, quién apunta que para producir todo el combustible necesario para el parque automovilístico de Europa se necesitaría el doble de toda la energía del viejo continente.

Una estimación que también comparte Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. "Los combustibles sintéticos no son una alternativa para el transporte por carretera debido a la magnitud de energía necesaria y porque la transición no debe de quedarse solamente en un cambio de combustible", comenta. Para Fernández, la industria fósil va a intentar estirar todo lo que pueda sus combustibles actuales, y cuando no sea así, fomentarán alternativas como los biocombustibles o los combustibles sintéticos. "No se puede afirmar que como se van a emplear combustibles sintéticos los vehículos tienen que seguir siendo de combustión", sentencia.

¿Cómo se producen los combustibles sintéticos?

Esta ‘gasolina verde’ se produce a partir de C02 capturado e hidrógeno verde, que se obtiene de las energías renovables y la electrólisis del agua. En una primera etapa el C02 y el H2 se hacen reaccionar para formar el denominado gas de síntesis, que en una segunda etapa se puede convertir en hidrocarburos mediante el proceso Fischer-Tropsch (FT). Según la AOP, la integración de la producción de estos combustibles en las refinerías se puede concebir en diferentes vías: desde el procesamiento del producto obtenido en la reacción de FT en las unidades actualmente existentes para producir gasolina, diésel y queroseno, hasta el uso de las propias emisiones de C02 de la refinería como alimentación al proceso FT.

Un proceso que desde la federación europea califican de "despilfarro energético". "Hay pérdidas en la producción del hidrógeno, en la transformación del combustible y en la fabricación del carbono", comenta Calvo. "O usamos la electricidad para mover directamente un motor eléctrico o para capturar el C02, producir el H2, luego hacerlo líquido, sintetizarlo y acabar quemándolo en un motor de combustión", se pregunta el directivo, que no le encuentra sentido a producir un combustible altamente sofisticado para luego quemarlo en un motor simple.

¿Solución para un parque automovilístico envejecido?

En España, según los datos de la Dirección General de Tráfico, hay 33,7 millones de vehículos. Más de la mitad (21,3 millones), tienen una antigüedad superior a 10 años y 6,3 millones tienen más de 20 años. Para caminar hacía una transición al coche eléctrico se debería acometer una fuerte renovación en un parque automovilístico claramente envejecido.

"Los ecocombustibles pueden sustituir la gasolina y el gasoil de manera inmediata, y podemos producir el combustible necesario para garantizar el transporte", explicaba Luis Aires, presidente de AOP, el pasado octubre durante la presentación a los medios de la apuesta por los ecocombustibles por parte de la industria petrolífera. Actualmente, los combustibles fósiles suministran al 90% de los vehículos. Según las estimaciones de AOP, en 2030 entre un 50-60% se suministrarán por los ecocombustibles y un 30% por electricidad. "No se necesita ninguna infraestructura adicional a la ya existente. Sirven las mismas gasolineras y los mismos vehículos". explicaba el presidente de AOP.

Para Greenpeace esto una ventaja cogida con pinzas. "El coche tarde o temprano habrá que cambiarlo. Nosotros queremos que cuando acabe su vida útil se remplace por un modelo de cero emisiones". Calvo va más allá y lo califica de "señuelo" de la industria para transmitir la imagen de que no hace falta cambiar nada. "Tendríamos que esperar 20 años para que se pudiera atender la demanda. ¿El parque automovilístico en 20 años será el mismo? Quieren transmitir que nada tiene que cambiar gracias a los combustibles que van a venir", comenta el director de tendencias de la federación europea.

Útiles para la aviación

"Harán falta en el medio largo plazo para la aviación, ya que no tiene otra opción", comenta Calvo. En la misma línea se muestra Fernández: "No tienen un cambio tecnológico a la vuelta de la esquina. Ni hay un avión eléctrico de aquí a 30 años (cuando finalizan los objetivos del acuerdo de París), ni hay una alternativa modal para determinados trayectos".

"O se para de volar o se tienen que usar esos combustibles. Si queremos reducir las emisiones no hay otra opción", comentan desde la federación europea de transporte y medio ambiente. Para llevarlo a cabo, estiman que se necesitaría usar el 28% de toda la energía de Europa. Aún así, según Fernández, habría que invertir bastante más en investigación y desarrollo para disminuir los costes energéticos y que se garantizará que las energías usadas proceden de fuentes 100% renovables, para que la captación de C02 sea limpia.

 

Por Iván Fernández

09/11/2019 - 20:55h

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 07:01

El capital natural: metáfora peligrosa

El capital natural: metáfora peligrosa

Desde hace tiempo se ha difundido la idea de que estamos destruyendo la naturaleza porque no le hemos puesto un precio a sus diferentes componentes. Según ese razonamiento, el que la naturaleza no tenga precio conduce a la idea de que su destrucción no tiene, por tanto, costo. Y esto es lo que explica el terrible proceso de destrucción ambiental. Si sólo pudiéramos atribuir un precio para todo lo que está en la naturaleza podríamos tener una idea clara del costo económico en el que estamos incurriendo y se evitaría así la destrucción del medio ambiente.

Esta es una idea enraizada en el pensamiento económico tradicional. No sólo está profundamente equivocada. También entraña una amenazadora visión sobre las relaciones entre las fuerzas de mercado y la naturaleza en una economía de producción monetaria.

Vinculada con esta supuesta lógica económica se encuentra la noción de "capital natural", producto de una de las más insensatas y peligrosas metáforas que se han introducido en la economía ambiental (neoclásica) y en la economía ecológica (que nunca pudo hacer una crítica seria de la teoría neoclásica). Según esta idea, los componentes de la naturaleza pueden ser concebidos como un capital o un acervo que produce "servicios". Los abogados de esta visión del capital natural proponen utilizar diversas técnicas de "valuación de la naturaleza" para poder asignar a esos servicios ambientales y así tener una medición rigurosa sobre el costo de la destrucción ambiental.

Los defensores de esta metáfora del "capital natural" insisten en que así como se puede apreciar el valor de un acervo de capital en la esfera económica, es posible proyectar el "rigor de la teoría económica" para poder apreciar el valor del capital natural que estamos destruyendo. Lástima que no están familiarizados con la teoría económica. Si lo estuvieran no habrían escogido este camino para tratar de imprimirle "rigor científico" al tema de la valuación de la destrucción ambiental.

De todas las metáforas derivadas de la teoría económica, la más desafortunada es la del capital natural. Entre 1955 y 1970 se llevó a cabo una de las controversias más importantes de teoría económica y fue precisamente sobre la teoría del capital. El resultado de este debate fue contundente: en una economía en la que los medios de producción son mercancías producidas, los precios dependen no sólo de la tecnología de producción, sino también del estado que guarda la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas. Este resultado fue terrible para la teoría económica que pretendía determinar la tasa de ganancia en la productividad marginal del "capital". Para determinar la productividad marginal del capital es necesario medir el capital en términos de valor (o precios), pues los componentes del capital son entidades físicas heterogéneas (máquinas, camiones, tractores, edificios) que no pueden ser sumados. Pero si los precios dependen también de la tasa de ganancia, tenemos una circularidad desastrosa: la tasa de ganancia depende de los precios y éstos de la tasa de ganancia. La idea de que se puede medir el capital independientemente de las condiciones de la distribución tuvo que ser abandonada.

Los promotores de la metáfora del capital natural ignoran todo lo que esto implica y con sus "técnicas de valuación de la naturaleza" pretenden medir con precisión económica los componentes de la naturaleza. Desgraciadamente, muchos biólogos y ecólogos profesionales han sucumbido frente al engaño de un supuesto rigor en el pensamiento económico y han terminado por abrazar con gran fervor esta noción de capital natural. Ya podrían mostrar un poco más de precaución al aproximarse a una disciplina de la que no conocen ni la historia ni los conceptos fundamentales, ni los debates teóricos que han marcado su desarrollo.

La noción de capital natural es promovida hoy por poderosos organismos internacionales. El gobierno británico acaba de lanzar una iniciativa sobre la "economía de la diversidad biológica". Se trata de un informe que estaría destinado a tener la misma resonancia que el Informe Stern, sobre economía del cambio climático, dado a conocer en 2006. Esta vez el estudio será dirigido por Partha Dasgupta, economista de Cambridge que ha sido gran promotor de las ideas de capital natural y de la valuación de los componentes de la naturaleza. El "Informe Dasgupta", que desde ahora se está promoviendo como documento clave para frenar el deterioro ambiental, será dado a conocer en octubre 2020, justo antes de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica.

La metáfora de capital natural no conduce a una mayor precisión en la medición del deterioro ambiental. Además, no permite analizar los verdaderos motores económicos de la destrucción ambiental. Los que proponen poner precio a todo lo que hay en la naturaleza son como el cínico que nos describe Oscar Wilde, uno que conoce el precio de todo pero el valor de nada.

Twitter: @anadaloficial

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Boris Johnson se compromete a prohibir indefinidamente el ‘fracking’ en todo el Reino Unido

Los conservadores abandonan su política energética de los últimos 10 años

La medida ha sido criticada como electoralista, pero no ha dejado de sonar como una victoria a los oídos de los grupos medioambientales del Reino Unido. El Gobierno de Boris Johnson se ha comprometido este sábado, a pocos días de que comience la campaña electoral, a prohibir de modo indefinido el fracking en todo el país, "hasta que no se aporten pruebas definitivas" de su seguridad. Esta técnica de extracción de gas del subsuelo mediante la inyección a presión de agua, arena o sustancias químicas se había convertido en la última década en la esperanza de los gobiernos conservadores de dotar al Reino Unido de mayor autonomía energética.

George Osborne, el ministro de Economía del Ejecutivo de David Cameron, llegó a asegurar que su propósito era convertirse en "líderes mundiales de la extracción de petróleo de esquisto". Y el propio Boris Johnson consideró que el potencial energético de esta práctica era una "respuesta a las plegarias de la nación". Cerca de 600 millones de euros se han invertido en lo que va de década en proyectos de investigación y prospección, a través de compañías como Cuadrilla, Centrica, Ineos, Total e Igas. Ya hay pozos exploratorios en localidades como Lancashire, Cheshire, North Yorkshire o Nottinghamshire. En todos los casos, los movimientos de la población local en contra de los proyectos habían adquirido mucha fortaleza. Los propios sondeos encargados por el Gobierno el pasado junio indicaban que solo un 15% de la ciudadanía respaldaba esta nueva técnica frente a un 35% que se oponía a ella.

El pasado agosto, un terremoto de magnitud 2.9 en la escala Richter provocado por el fracking sacudió los hogares de Blackpool. La Autoridad de Gas y Petróleo del Reino Unido (OGA, en sus siglas en inglés) concluyó, en un informe posterior, que "actualmente no era posible predecir con exactitud la probabilidad o magnitud de los terremotos asociados a las operaciones de fracking".

Presionado por las promesas de la oposición laborista, que había anunciado ya en su manifiesto electoral la prohibición total de esta práctica de extracción de gas, y por el rechazo popular, Boris Johnson ha anunciado por sorpresa, a través de su ministra de Energía, Andrea Leadsom, una moratoria inmediata fracking. "Aunque reconocemos el enorme potencial de extracción de petróleo de esquisto en el Reino Unido, que ayudaría a perfilar un futuro libre del consumo de carbón, siempre he establecido con claridad que esta práctica debe llevarse a cabo de un modo seguro. Después de revisar la investigación llevada a cabo por la OGA respecto a la reciente actividad sísmica en Preston New Road (Lancashire), ha quedado claro que no podemos descartar impactos futuros inaceptables en la comunidad local", ha dicho Leadsom al anunciar la suspensión indefinida del fracking.

Se añade a las inquietudes científicas el potencial daño electoral que supone el hecho de que Rachel Wolf, del grupo de asesores de Johnson que ha contribuido a redactar su programa electoral hubiera trabajado en un grupo de presión favorable a Cuadrilla, una de las empresas afectadas por la medida. La oposición laborista ya había sacado los colores al Gobierno al señalar la presencia en el equipo de campaña del primer ministro de Wolf, que calificaron de "escándalo democrático".

Las organizaciones de defensa del medio ambiente han celebrado el giro en la política conservadora, a pesar de que las razones que lo hayan impulsado no hayan sido de pura conciencia ecologista. "Esta moratoria es una victoria espectacular para las comunidades locales y para nuestro medio ambiente. Durante diez años la gente de todo el país ha llevado a cabo una batalla de David y Goliat contra esta poderosa industria. Nos enorgullece haber formado parte de esa batalla", ha dicho Craig Bennete, el director de la asociación Friends of The Earth (Amigos de la Tierra).

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha denunciado la medida como un "lavado de cara" que responde únicamente a la presión electoral. "Creo que suena a que el fracking volverá a ser una realidad el 13 de diciembre [el 12 de diciembre están previstas las nuevas elecciones generales en el Reino Unido], si los conservadores acaban reteniendo el Gobierno", ha dicho Corbyn este sábado

Por Rafa de Miguel

Londres 3 NOV 2019 - 15:44 COT

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Sábado, 02 Noviembre 2019 07:54

Graves problemas para el fracking en Colombia

Graves problemas para el fracking en Colombia

Como si se tratara de un escenario apocalíptico, digno de las películas sobre el fin del mundo, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró que la decisión del Consejo de Estado de prohibir el fracking en Colombia es caótica: lo más grave que le pudo haber sucedido al país. En un tono muy cerca a la manipulación alarmista, la Ministra se atrevió a decir que el rechazo del alto tribunal llevaría a la devaluación del peso e incluso un dólar podría cotizarse en 5.000 pesos en los próximos años. De acuerdo con datos suministrados por Ecopetrol, las reservas de crudo en Colombia son para máximo siete años y los cerca de 400.000 barriles de consumo interno, tendrían que importarse. Una calamidad absoluta, según la Ministra. En esta misma línea, siguiendo algunos medios de comunicación, la seguridad energética en el país está comprometida y el fracking parece constituir la única salvación posible. Los conceptoa anteriores son un completo absurdo si se toma en consideración los daños absolutos que la técnica de fracturamiento hidráulico podría causar. Sin embargo, vamos por partes.

El primer elemento que debe ponerse en el debate es que la ministra Suárez como todo el gabinete del (pseudo)presidente Duque sigue unos intereses específicos, relacionados con los grandes poderes de multinacionales del petróleo. De manera que le queda muy mal a la Ministra posar como “preocupada” por la seguridad energética, si todos saben que son los negocios los que motivan sus “reflexiones”. Si en verdad la cartera de Minas y Energía, y por extensión todo el Gobierno Nacional estuvieran preocupados por la situación del país, entonces dirían algo en torno a que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, sólo por debajo de Sudáfrica, Haití y Honduras. Lo más grave es que, según la OCDE, una familia de bajos recursos tardaría 11 generaciones (¡once!) en alcanzar el ingreso promedio en el país. Pero hay datos más preocupantes: “el 10% de la población más rica gana cuatro veces lo que gana el 40% más pobre. El 20% de los ingresos totales están concentrados en sólo el 1% de la población, y la mitad total de los ingresos está en las manos del 10% de ella”. Por si fuera poco, el 1% de la población más rica, junto con algunas compañías transnacionales, poseen alrededor del 81% de las tierras en Colombia. Y todavía hay algunos que se atreven a decir que la concentración del territorio y la desigualdad económica no son los problemas más graves que aquejan al país.

Por esa simple razón, las declaraciones de la ministra Suárez son pura demagogia y oportunismo apocalíptico. ¿A quién quiere manipular la funcionaria con datos que sólo afectan a las empresas más ricas del país y a las compañías explotadoras en su mayoría norteamericanas? El día que ministros como María Fernanda Suárez denuncien la desigualdad en el país, que hablen con preocupación sobre los niños que mueren de inanición o las familias que viven por debajo de la línea de pobreza, ese día sí se les podrá llenar la boca al hablar de “crisis energética”. ¿Quiere hacer la Ministra, la “gran Juan Manuel Corzo” y decir que ya no habrá gasolina para los tres y cuatro carros de los altos funcionarios del gobierno?. Señora ministra: hay gente que muere de hambre y que ni toda la gasolina del mundo o incluso los billetes que usted tanto parece proteger, les darían lo que más necesitan. Por el contrario, el fracking representa un peligro definitivo para miles de comunidades cuyas únicas fuentes de agua potable estarían amenazadas.

En efecto, ya habíamos denunciado las graves afectaciones en temas de salud, cultura, política y economía que el fracking traería consigo. Sólo por recordar algunas de ellas, están: los riesgos de sismicidad que podrían ocasionarse con el ingreso de poderosas máquinas que arrasan todo a su paso; los grandes desperdicios de agua, pues justamente para la fracturación de las rocas se utilizan miles de litros del líquido a presión (mezclado con sustancias tóxicas); y la contaminación de acuíferos y otros cuerpos de agua a causa de las rupturas de las tuberías y que han producido los fenómenos de "ríos de fuego". De esta manera, no hay que ser ingeniero de petróleos ni experto en perforación para darse cuenta que el fracking es una industria dañina y peligrosa. Lo anterior se menciona debido al debate que se ha generado por “las voces no autorizadas” que han denunciado esta técnica. Pues bien, tampoco son expertos los miembros de las comunidades que tienen que padecer las consecuencias de unos pocos que se lucran a partir de la explotación de la tierra y viven en carne propia las decisiones que tecnócratas toman desde sus oficinas.

En consecuencia, la problemática es mucho más profunda que simplemente “la crisis energética” o “la ausencia de reservas petroleras”. El fracking como fenómeno productivo incluye una serie de elementos que superan el ámbito económico y que podrían incluso relacionarse con lo que los sociólogos llaman la interseccionalidad. Este término hace referencia a los elementos de género, etnia, clase o incluso de orientación sexual que también influyen sobre las relaciones de explotación y dominación. Dicho de otro modo, el impacto sobre las mujeres afrodescendientes en Tumaco (donde las necesidades básicas insatisfechas son cercanas al 50%) es distinto a las relaciones de dominación y explotación en otras regiones del país para un hombre blanco. Estos elementos deben incluirse a la hora de entender un fenómeno como el fracking que no sólo debe reducirse a las reservas energéticas del país, de hecho, hay detrás una serie variopinta de temas como: el reconocimiento de las comunidades ancestrales, la protección del medio ambiente, la búsqueda de modos de producción alternativos, la inclusión de la población en la toma de decisiones, entre otros.

Ahora bien, la decisión del Consejo de Estado se basó en ratificar la suspensión del fracking en el país, ignorando la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Minas y Energía que pedía al menos mantener las pruebas piloto en Magdalena y Cesar. La decisión del alto tribunal se suma a la suspensión parcial de las normas que regulan la explotación de los yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014) y contribuyó a poner un alto en las pretensiones de las empresas petroleras en el país. Con todo, la determinación del Consejo de Estado es un respiro para las comunidades, como lo dejó ver Carlos Andrés Santiago, miembro de la Alianza Colombia Libre Contra el Fracking para quien "lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica". Esta perspectiva se conecta con el fenómeno de interseccionalidad pues deja ver el problema en su justa dimensión y no sólo como un dilema entre la seguridad energética y la “lucha de unos cuantos ambientalistas”. Por el contrario, el fracking es un asunto que le compete a todos los colombianos y debe tomarse con toda la seriedad antes que derive en un problema mayor.

No obstante, la reacción por parte de la Ministra de Minas y algunos sectores de la ultraderecha en el país fue la de rasgarse las vestiduras y asegurar que el Consejo de Estado incurría en un grave error pues prácticamente condenaba al país a la recesión energética. La ministra Suárez instó a “dejar la decisión sobre fracking en manos de la ciencia y no de Twitter”, como si el fallo de la alta Corte no tuviera relevancia por sí mismo. ¿Qué dirá la Ministra cuando los estudios científicos sean concluyentes en torno a los graves daños que el fracking causa a la salud y el medio ambiente? ¿Tendrá la misma postura o dirá que son estudios pagados o invenciones de Twitter? Lo grave de este caso es que ella, haciendo gala de su más vil politiquería, la ministra Suárez busca manipular a diversos sectores diciendo boca en jarro que las tarifas de energía y gas se pueden duplicar si no se acepta el fracking en el país. En otras palabras, o se acepta el fracking o el país tendrá que lamentar las consecuencias. ¡Qué bajeza, señora ministra!

A pesar de lo anterior, hay que ser sumamente prudentes con la decisión del alto tribunal pues es una medida provisional. De hecho, de acuerdo con una investigación de Nohora Celedón para el portal de la Silla Vacía, una sentencia de fondo de las altas Cortes puede demorar entre cinco y siete años, con lo cual, a pesar de que los sectores que se oponen al fracking han ganado algunas batallas, no se han hecho con la victoria definitiva. Debe considerarse una serie de variables como el término del periodo de algunos magistrados que, como Ramiro Pazos Guerrero, se han mostrado en contra de la implementación del fracking. Esto quiere decir que en cualquier momento se puede reactivar la normatividad que rige la explotación de yacimientos no convencionales y, con ello, el fracking podría convertirse en una alternativa de explotación de hidrocarburos.

Por lo expuesto hasta aquí, es necesario que los sectores sociales y movimientos ambientalistas no den su brazo a torcer y mucho menos se confíen frente a lo que está por venir. Si bien la ratificación del Consejo de Estado podría parecer esperanzadora, todavía no es una sentencia definitiva y en la cambiante política colombiana, todo puede suceder. Sin embargo, esto tampoco resta importancia a la decisión, de hecho, es un gran triunfo para aquellos sectores que han luchado con valentía para evitar la contaminación de sus entornos y debe tomarse en su justa proporción. Lo que debe rechazarse con vehemencia son las posturas alarmistas y manipuladoras de personas como la ministra María Fernanda Suárez que quieren reducir el debate de vida o muerte. Si ese fuera el caso, el fracking simboliza la muerte del medio ambiente, de los ecosistemas y del agua potable. Y no sólo eso, pues está en juego la independencia de las comunidades, su autodeterminación y la oportunidad de decidir su destino político. Retomando las palabras del novelista Edward Morgan Forster: “retengamos la idea de lucha: toda acción es una batalla; la única felicidad es la paz”.

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El Sínodo, iniciado el pasado 6 de octubre, tiene por tema “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Foto: ACI Prensa

Los 184 obispos reunidos en el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, convocado por el papa Francisco, prevén aprobar este sábado en Roma un documento final entre cuyos puntos están la introducción del “pecado ecológico” y la posibilidad de ordenar curas casados y contar con mujeres diácono, a lo que se oponen sectores católicos conservadores.

Los “padres sinodales”, entre obispos y cardenales, la mayoría latinoamericanos, en representación de la Iglesia católica de los nueve países de la cuenca amazónica, deberán votar un documento final con casi 200 puntos.

Cada punto será sometido a voto y deberá superar los dos tercios de los 184 votos para ser aprobado.

La lista de los miembros con derecho al voto está compuesta por los 113 obispos procedentes de las diócesis de la región Panamazónica, los 13 jefes de los dicasterios de la Curia romana, los miembros del Consejo presinodal y los miembros nombrados por el papa Francisco.

No tienen derecho al voto los expertos, los auditores y auditoras, los delegados fraternos que representan otras iglesias y confesiones religiosas y los miembros de la comisión para la información.

El papa Francisco tampoco vota, ya que el documento final contiene las propuestas que se le entregan a él.

El documento final -con el resultado de las votaciones- se entrega el sumo pontífice, quien decide si hacerlo público o no. En las recientes asambleas sinodales, Francisco siempre ha hecho público este texto final.

El pecado contra la naturaleza

Después de tres semanas de reuniones a puerta cerrada en el Vaticano, en las que se ha hablado de los grandes males de la Amazonía, los obispos consideran que ha llegado el momento de darle un carácter propio a la Iglesia de esa inmensa región amenazada por incendios, devastación y miseria.

Además de un “rito amazónico” para las comunidades del Amazonas, con más de 400 pueblos indígenas, han propuesto la introducción del “pecado ecológico”.

Con ello se pide impulsar una “conversión ecológica” de los católicos, al considerar como un pecado la destrucción del medio ambiente, ya que consideran que devastar la naturaleza es pecar contra Dios, contra los demás y contra el futuro.

“Los pecados ecológicos son algo nuevo para la Iglesia. Debemos comenzar a confesarlos”, afirmó monseñor Pedro Brito Guimaraes, arzobispo de Palmas (Brasil) ante los religiosos.

Los obispos escucharon el testimonio de indígenas, expertos, misioneros y monjas, quienes denunciaron la destrucción de la selva, y reconocieron su preocupación por la contaminación del agua con mercurio y por la violencia contra las mujeres indígenas.

“La Iglesia se ha puesto en una lucha que no tiene retorno por la defensa de la tierra, del agua y del aire; y a la vanguardia de la defensa del clima”, dijo a la prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea.

Un rito amazónico

Junto al pecado se introduciría el rito amazónico. “No podemos seguir comunicando con esquemas ajenos”, explicó a la prensa el sacerdote mexicano Eleazar López, experto en teología indígena.

La idea de emplear estatuas y símbolos de las poblaciones amazónicas en los ritos litúrgicos ya generó reacciones, sobre todo por parte de los sectores más conservadores.

Varias estatuas sagradas para los indígenas y usados durante algunas celebraciones en el Vaticano fueron robadas la semana pasada de una iglesia y arrojadas al río Tíber, en un gesto de provocación que fue condenado por el papa, quien además pidió perdón.

Todo parece indicar que el papa argentino está de acuerdo con un rito amazónico, ya que al abrir el sínodo al que asisten varios representantes de comunidades indígenas defendió que usen sus trajes tradicionales tanto en las reuniones como en las ceremonias.

“No hay ninguna diferencia entre las plumas en la cabeza de un indígena de la Amazonía y el sombrero que llevan los jerarcas de la Iglesia”, comentó Francisco.

Hombres casados, como sacerdotes

Uno de los temas que generan críticas entre los conservadores y ha sido abordado ampliamente en el sínodo es el de la posibilidad histórica de ordenar como sacerdotes a hombres casados, los llamados “viri probati”, muchos de ellos indígenas, para hacer frente a la escasez de curas.

Se haría con base en dispensas otorgadas por el papa, similares a las dadas a los pastores anglicanos casados que luego se convirtieron al catolicismo, indicó un obispo.

Mujeres diácono

Otro tema que genera controversia es el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia del papel clave que desempeñan las mujeres laicas para difundir la fe católica en la Amazonía.

Parte de los obispos de la región amazónica desean la creación de “ministerios laicos” para las mujeres, o mujeres diácono en la práctica, que viven en la selva debido a la escasez de sacerdotes.

Se trataría de reconocer oficialmente lo que ya sucede en muchas comunidades de la Amazonía.

En una carta dirigida al papa, las 35 mujeres invitadas al sínodo pidieron poder votar el documento final. En caso de autorización, sería un hecho histórico para la Iglesia.

Desde que fue elegido pontífice en el 2013, Francisco se ha propuesto abrir las puertas a las mujeres en la Iglesia, ha designado a algunas en puntos relevantes y les ha dado la palabra en el sínodo, pero sin conceder el voto.

Muchas de las participantes viven en la selva, recorren trochas, bautizan, celebran bodas, escuchan confesiones y conviven con la violencia, el narcotráfico, la prostitución y la explotación de la tierra, tal como han narrado algunas de ellas en Roma y el Vaticano.

El sínodo concluye este domingo con una Santa Misa en la Basílica de San Pedro.

26 octubre 2019  

(Con información de AFP y ACI Prensa)

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Así "satura" Volkswagen la justicia alemana para evitar pagar más por el dieselgate

La compañía automovilística solo indemniza a los ciudadanos si denuncian. Cuando llega la demanda, la empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia

 

"Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones que es lo que correspondería por los dos millones de coches afectados", explica un abogado

 

Aldo Mas

 

El último coche que se ha comprado Christoph Lütgert es un híbrido. No es del fabricante alemán Volkswagen. Su anterior vehículo, sin embargo, sí que era de los que fabrica el consorcio germano con sede en Wolfsburgo. Era, de hecho, uno de los afectados por el dieselgate, en el que el fabricante alemán trucó los motores de sus vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes.

Lütgert es de los clientes que han conseguido recibir una compensación en Alemania tras adquirir un coche con el motor trucado. Sin embargo, solo lo logró después de casi dos años y medio de batalla judicial. Su caso, que tuvo que pasar por dos instancias y una apelación antes de que Volkswagen tirara la toalla, es uno entre decenas de miles que hay en curso en Alemania.

Ante el juez, a Lütgert lo representó con éxito Lars Murken-Flato, letrado del gabinete de abogados Hahn, en Hamburgo. "En Alemania, Volkswagen está viéndose obligado a pagar a los consumidores pero solo cuando estos denuncian ante la justicia. Es decir, que tienen que denunciar y estar dispuestos a llevar un proceso judicial contra Volkswagen, algo que suele alargarse en el tiempo", dice Murken-Flato a eldiario.es. "Ahora mismo hay miles de denuncias que tienen que ser procesadas por la justicia, una justicia que ya de por sí está sobrecargada", explica el abogado de Lütgert.

La estrategia de Volkswagen, según señala este letrado, nada tiene que ver con cómo la firma alemana lidió con el dieselgate en Estados Unidos. "En Estados Unidos hubo mucha presión de los políticos a la empresa, y entonces la empresa diseñó un sistema para recomprar los vehículos o pagar un dinero por cada coche", indica Murken-Flato. Esa "solución" americana al ' que evitaba los tribunales tuvo, junto a multas compensaciones y acuerdos con autoridades estadounidenses, un coste estimado en unos 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros).

"En Estados Unidos las autoridades han sido más duras con Volkswagen que en Europa, allí la situación es mucho mejor que aquí para este tipo de actuaciones. En Europa apenas ha habido presión de las autoridades como en Estados Unidos. La presión aquí se ha ejercido desde las asociaciones de consumidores", dice a eldiario.es Axel Friedrich, experto en cuestiones de movilidad con años de experiencia en la Agencia Federal para el Medioambiente de Alemania (UBA).

Estimaciones recientes apuntan a que se han procesado unas 61.000 denuncias contra Volkswagen relacionadas con los motores diésel trucados. Según afirmaban recientemente fuentes del consorcio germano al diario generalista berlinés Der Tagesspiegel, unos 33.000 casos ya han sido resueltos. La gran mayoría han acabado con el final deseado por la compañía, según han apuntado desde Volkswagen.

Esto se explica por la estrategia adoptada por la firma una vez que hay proceso judicial. La empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia. A Christoph Lütgert, por ejemplo, la empresa le ofreció en su momento 17.000 euros por su Volkswagen Golf. Pero Lütgert y Murken-Flato, su abogado, no dieron su brazo a torcer. Continuaron la pelea en los tribunales. Y ganaron, obligando al consorcio ha pagar algo más de 20.000 euros, después de más de casi 30 meses de batalla judicial.

En vista de casos como el de Lütgert y cómo se están eternizando los procesos judiciales, Friedrich considera responsable a Volkswagen de plantear "una enorme carga sobre los jueces". Así lo afirmaba hace unos días al Der Tagesspiegel Murken-Flato: "Como Volkswagen evita una solución similar a la de Estados Unidos, los afectados germanos tienen que denunciar, y esto es una sobrecarga para la justicia". "Todo el proceso va muy lento", constata Friedrich a este periódico.

 

Evitar una solución como en EEUU

 

Aun así, la actitud de Lütgert y Murken-Flato no está al alcance de todos. En los tribunales, el tiempo también es oro. Porque para acudir frente al juez hay que estar dispuesto a pagar abogados y costes judiciales. "Muchos deciden no pagar y no denunciar", comenta Murken-Flato. Para él, la estrategia de Volkswagen está clara. "Ellos dicen: 'sin jueces de por medio, no pagamos nada, pagamos solo cuando nos denuncian'", abunda el letrado.

En Estados Unidos, el número de coches afectados por el escándalo rondaba el medio millón. Sin embargo, solo en Alemania se estima que hay unos dos millones de vehículos afectados. "La estrategia en Alemania de Volkswagen funciona así: si en Alemania se decidieran a tomar una salida como en Estados Unidos, tendrían que pagar a todos los afectados. Pero en Alemania hay más de dos millones de coches afectados. Si Volkswagen tuviera que pagar a todos, pongamos 5.000 euros de media, eso ya significaría una suma por encima de los 10.000 millones de euros", comenta Murken-Flato. "Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones", abunda.

A Volkswagen incluso le viene mejor, antes que encontrar una solución a la americana, hacer frente a la denuncia en grupo que reúne a cerca de medio millón de usuarios afectados que estos días se dirime en el Tribunal Regional Superior de Braunschweig.

De aquí a que ese tribunal de Braunschweig acabe resolviendo esa denuncia pueden acabar pasando años, según los expertos. Hasta que eso no ocurra, Volkswagen no podrá olvidar del todo el dieselgate en Alemania.

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