Sábado, 08 Septiembre 2012 07:08

Comida que calienta

Comida que calienta
Dos de las mayores crisis planetarias que vivimos, la crisis alimentaria y la crisis climática, tienen como causa principal el sistema alimentario agroindustrial: desde la agricultura y pecuaria industrial a los supermercados forman una cadena que oprime a la gente y exprime al planeta, con Monsanto firmemente tirando de un extremo y Walmart del otro. México es un triste ejemplo de ello (Ver Comer o no comer ¿quién decide? La Jornada, 25/8/12)


El papel de esta cadena en provocar el caos climático es fundamental, pero como esta realidad es muy diferente de lo que nos dice la propaganda empresarial, muchos se preguntan en qué se basan estas afirmaciones. Una referencia obligada es el documento de Grain Alimentos y cambio climático, el eslabón olvidado (www.grain.org), que da cuenta de las principales entre más de 350 fuentes de las que parten.


La mayoría de los estudios oficiales –desde el Informe Stern del Reino Unido al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y otras instituciones– ubican a la agricultura industrial –a gran escala, en monocultivo, con alto uso de insumos (fertilizantes, agrotóxicos, semillas híbridas o transgénicas)– como causante de 11 a 15 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), dándole el tercer o cuarto lugar entre los factores causantes del cambio climático.


Sin embargo, esto no refleja la totalidad del problema, porque el sistema alimentario agroindustrial está directamente relacionado a porcentajes importantes de otros grandes factores identificados como causantes del cambio climático (transportes, producción de energía, deforestación).


La deforestación y cambio de uso de suelo, a lo que se atribuye hasta 20 por ciento de la emisiones de GEI globales, se debe entre 70 y 90 por ciento a la expansión de la frontera agrícola, que invade sabanas, cerrados, bosques y humedales para instalar monocultivos industriales de commodities controladas por trasnacionales, como soya, caña de azúcar, palma aceitera, maíz industrial y canola. Por tanto, entre 15 y 18 por ciento de las emisiones adjudicadas a deforestación son en realidad parte del sistema agroindustrial.

Otro factor es la gran cantidad de transportes que exige ese sistema alimentario, desde el traslado de cosechas a depósitos centralizados, a centros de procesamiento, puntos de distribución, venta y además una enorme cantidad de desplazamientos internacionales de alimentos que en su mayoría son innecesarios, pero se hacen por el lucro que obtienen las corporaciones comprando barato en un país y vendiendo caro en otros, o vendiéndonos caro el lujo de comer cualquier producto fuera de temporada en cualquier parte del mundo. Grain calcula que 5-6 por ciento de los gases debidos a transportes se deben al sistema alimentario.

Otro 8-10 por ciento lo atribuyen, basados en numerosos datos, a la industria de procesamiento y empacado de alimentos, 1-2 por ciento a la energía para refrigeración y otro 1-2 por ciento a la venta en almacenes. Por tanto, el procesamiento, empacado y venta al menudeo de alimentos es responsable de entre 15 a 20 por ciento adicionales de emisiones de gases de efecto invernadero.


Esta forma de producción, distribución y consumo industrializado produce un desperdicio de comida gigantesco: desde los establecimientos agrícolas a los procesadores, distribuidores y comerciantes, se estima que ¡la mitad de la comida se desecha! Esto, muestra Grain, sería suficiente para alimentar seis veces a todos los hambrientos del mundo. La mayor parte de esa comida desperdiciada se descompone en basureros. Según informes oficiales, de 3 a 5 por ciento de las emisiones de gases proviene de grandes basureros urbanos. El 90 por ciento de esos gases se debe a descomposición de alimentos.


Resumiendo, el sistema alimentario agroindustrial es responsable de emisión de gases de efecto invernadero de entre 11-15 por ciento por agricultura industrial, 15-18 por ciento por deforestación, 15-20 por ciento por transportes, procesamiento, empacado, refrigeración y venta en supermercados y 3-4 por ciento por descomposición de alimentos que van a parar a los basureros. En suma es responsable por entre 44 y 57 por ciento de las emisiones que provocan el cambio climático. Otros estudios sobre las emisiones de la cría intensiva de animales –no desglosados en los datos anteriores– sitúan los porcentajes en la franja superior.


Además, la agricultura industrial usa (y contamina con agrotóxicos) 70 por ciento del agua potable global. De lo que queda, entre sólo cinco corporaciones del sistema alimentario global –Danone, Nestlé, Unilever, Anheuser-Bush y Coca Cola– consumen, privatizando de facto, suficiente agua para satisfacer los requerimientos domésticos diarios de agua de cada persona en el planeta.


Paradójicamente, esta cadena agroindustrial ni siquiera da de comer a la mayoría: el 70 por ciento de la población del mundo se alimenta gracias a lo producido por campesinos y agricultores familiares, indígenas, recolectores, pescadores artesanales, huertas urbanas. (Ver “Quién nos alimentará?”, Grupo ETC, www.etcgroup.org ).


Las alternativas existen y están a la mano: salir de la cadena agroindustrial, apoyando y fortaleciendo la red alimentaria campesina, la producción culturalmente diversa y descentralizada, sin tóxicos, los mercados locales. Así además se pueden reconstituir los suelos, el mayor factor de absorción y retención de carbono del planeta.

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Miércoles, 22 Agosto 2012 09:52

Cambio climático*

Cambio climático*
Epigramas. Aplicaciones de polvos paramagnéticos de rocas y materiales orgánicos mejoran el suelo, aumentan las cosechas, capturan carbono y mejoran el ciclo de nutrientes.

Scotish SEER Research Project. Cameron and Maira Thompson, 2012.

Introducción. Tratamientos que ha estado trabajando el SEER:

–Suelo testigo
–Suelo con composto
–Suelo con estiércol vacuno
–Suelo con fertilizantes N-P-K
–Suelo + polvo de roca paramagnética
–Suelo + composto + polvo de roca paramagnética
–Suelo + estiércol + polvo de roca paramagnética
–Suelo + NPK + polvo de roca paramagnética.

El doctor Donald Supkow, 1995, afirma que, cuando el polvo de roca se aplica a la tierra, el calcio y el magnesio reaccionan con el CO2, fijándose como carbonatos. Recomienda aplicar de 2 a 6 toneladas de polvo por hectárea-año para mantener estable el CO2 de la atmósfera. Finura del polvo: malla 300.

Para reducir el efecto de invernadero, se han estado considerando medidas como las siguientes:

–Reducir las emisiones de CO2.
–Secuestrar carbono en los océanos, fomentando algas.
–Recobrar carbono mecánicamente (propuesta del profesor Wally Broker, Ohio University).
–Secuestrar carbón en vegetación y suelos.

El SEER, tras 20 años de experimentos, habla de aplicar dos toneladas de polvo de roca por año y por hectárea para secuestrar “altas” cantidades de carbono.

El doctor Steve Diver, 2012, recomienda no usar polvo de granito por su alto contenido de cuarzo. En cambio, enfatiza usar polvos de rocas volcánicas y polvos de alto valor paramagnético.

1. Cambio climático y glaciación. De acuerdo con los doctores daneses Iversen y Anderson, el presente interglacial (unos 10.800 años) transcurrió así:

–Fase protocrática, 2.800 años, en que la vegetación pionera empezó a formar suelo.
–Fase mesocrática, 3.000 años, óptimo climático y óptima formación de suelo.
–Fase oligocrática, 5.000 años, transformación de minerales por acidificación, desmineralización del suelo.
–Fase telocrática, más o menos 200 años, Revolución Industrial, erosión, envenenamiento del suelo y la comida, fase del cambio climático precursor de la próxima glaciación. Extracción de minerales del suelo por megaproyectos. Los minerales extraídos del suelo por la agricultura se pueden recuperar de las aguas cloacales: constituyen del 4 al 6 por ciento del peso de las cosechas. La megaminería es otro asunto que no trataremos aquí.

En los últimos dos y medio millones de años han ocurrido 25 glaciaciones de aproximadamente 90.000 años de duración cada una, con 25 interglaciales de más o menos 10.000 años cada uno. Si este ciclo se repite, el cambio climático, acelerado por la cultura industrial, nos precipita hacia la próxima glaciación, como los extremos climáticos de la actualidad lo indican. La transición es catastrófica.

2. Qué hacer. Sólo las agriculturas alternativas, no la agricultura convencional (que consiste en transformar petróleo en comida), pueden responder en la ruralidad al cambio climático. Sólo un cambio personal en lo patrones de conducta (otros creen en los decretos del gobierno y en los programas de partido) puede responder al cambio climático en todos los órdenes sociales: la unidad ecología-espiritualidad.

3. Los no creyentes (al estilo Bush and company) respecto del cambio climático confían en que la solución vendrá, como siempre, de la combinación tecnología-voluntad política. Un descreído del cambio climático es como quien se cae del piso 100 pero, cuando va viene en el piso 4, todavía puede decir que todo va bien y que un vientecillo fresco (tecnología) lo acompaña.

4. Conclusión: sea el esquema siguiente, según un estudioso norteamericano cuyo nombre olvido.

¿En qué cuadrante te sitúas?

Si te sitúas en los cuadrantes de “hago algo”, tal vez te decidas por alguna orientación. En la escogencia de esa ruta, podrían ser útiles algunos autores:

Haeckel, 1864, Ecología como biología. Además, Odum y afines.
René Durmont, 1904-2001, Ecología transdisciplinar, la transversalidad de la ecología.
Ivan Ilich, 1926-2002, Ecología radical.
Murray Broockhim, 1926-2006, Ecología social.
André Gorz, 1923-2007, Ecología política.

Este abrebocas de autores no agota la disponibilidad de puntos de vista. Hay muchos más. Estos son sólo ejemplos paradigmáticos.

*Artículo redactado con base en documentos obtenidos por el ingeniero Miguel Vera. Junio de 2012, desde Escocia y Estados Unidos.
Situaciones Opción A Opción B
No hay cambio climático No hago nada Hago algo
Sí hay cambio climático No hago nada Hago algo

Publicado enEdición 183
En dos meses, alza de casi 50% a costo de maíz y trigo
El precio del maíz y del trigo, dos de los granos que junto con el arroz constituyen la base de la alimentación de la mayoría de los habitantes, aumentó casi 50 por ciento desde junio pasado. Un reporte del Banco Mundial (BM) da cuenta de que los incrementos continúan, mientras la sequía mina las cosechas en Estados Unidos, principal productor de maíz del orbe.

“El repunte de los precios no sólo afectará el del pan y los alimentos elaborados, sino también el del forraje y, en última instancia, de la carne”, apuntó el organismo. “La inestabilidad del costo de los alimentos genera una preocupación creciente”, añadió.

En 2012 se han elevado los precios de todos los cereales, salvo el del arroz, expuso. En el caso del maíz, el incremento ha sido de 45 por ciento desde mediados de junio, mientras el trigo subió 50 por ciento, también desde mediados de ese mes, abundó. La soya acumula un alza de 30 por ciento desde junio, y de casi 60 por ciento en comparación con finales del año.

La tonelada de maíz subió en julio pasado a 333.1 dólares, según un seguimiento de precios del BM. En 2010 el costo promedio fue de 186 dólares por tonelada, mientras en 2011 se situó en 291.

En comparación con el precio reportado por el BM en julio de 2011, que fue de 300.77 dólares por tonelada, la cotización del maíz acumula en los últimos 12 meses un incremento de 11 por ciento.

El BM advirtió en su más reciente reporte sobre la evolución del mercado de alimentos que los precios de los cereales serán inestables y superiores a la media al menos hasta 2015. En los países más pobres, donde las personas gastan hasta dos tercios de sus ingresos en alimentos, el alza representa “una amenaza para el crecimiento mundial y la estabilidad social”.

Sin embargo, consideró el organismo, el repunte reciente puede aportar a los agricultores pobres los ingresos que tan desesperadamente necesitan, lo cual les permitiría invertir, elevar su producción y, de ese modo, formar parte de la solución global para la seguridad alimentaria.

Hay casi 1000 millones de personas en el mundo que padecen hambre. Más de 60 por ciento son mujeres, apuntó. La malnutrición contribuye a las enfermedades entre niños y madres, a la disminución de la capacidad de aprendizaje, a la reducción de la productividad y al aumento de la mortalidad. Un tercio de todos los decesos de infantes se atribuye a la desnutrición; 80 por ciento de la estructura cerebral de una persona se desarrolla durante los primeros mil días de vida, por lo cual el acceso a alimentos nutritivos es esencial, en particular en el caso de los niños, agregó.

En meses recientes ha habido incrementos a los precios de los alimentos por la prolongada sequía que afecta las regiones productoras de Estados Unidos, país donde más se cultiva ese grano en el mundo. La menor oferta del grano, que es empleado para producir combustible para vehículos, ha contribuido a elevar también el precio internacional del petróleo.

La mayor cotización del crudo se ha expresado, a su vez, en alzas a los precios de los fertilizantes –elaborados principalmente a partir de derivados del petróleo–, lo cual ha añadido presión adicional a los agricultores del mundo.
En el segundo trimestre de este año la tonelada de urea se cotizó en 470 dólares, cantidad superior en 49 dólares al promedio para 2011, que fue de 421 dólares por tonelada, incremento de 11.6 por ciento, según los datos del BM.

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Chicago, 13 de agosto. Durante una visita al estado de Iowa, golpeado por la sequía, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lunes una compra de emergencia hasta de 170 millones de dólares de carne y pescado para ayudar a los ganaderos y pequeños productores y controlar así los precios de los alimentos. Al tiempo, acusó al candidato republicano a vicepresidente, Paul Ryan, de bloquear ayuda para los agricultores y se refirió a él como “uno de aquellos líderes del Congreso que impiden el Proyecto de Ley Agrícola”.


En tanto, la Reserva Federal de Kansas City divulgó en un informe la previsión de que el próximo año los estadunidenses enfrentarán precios más altos de los alimentos en el supermercado, debido al impacto de la peor sequía en medio siglo, pero estimó que el efecto sobre la inflación general será moderado. Según estimaciones de la institución, la sequía, que ha golpeado los rendimientos del maíz y de la soya además de disparar sus precios en el mercado de futuros, podría sumar 4 por ciento más a los precios anuales de los alimentos durante el próximo año.


Con el plan anunciado por Obama, el Departamento de Agricultura comprará cerdo, cordero, pollo y bagre (pez) con dinero de un fondo de emergencia para responder a desastres naturales. Los alimentos serán enviados a programas de ayuda, como bancos de alimentos. Se estima que la cosecha de maíz será 25 por ciento menor que la de 2011, debido a la peor sequía que ha afectado la zona en medio siglo.


El mandatario estadunidense también ordenó al Departamento de Defensa a que “aliente” a sus proveedores a acelerar las compras de esos productos y congelarlos para su uso posterior.


El proyecto de ley 2012, que incluye programas de ayuda en caso de desastre, está estancado en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. “Entonces, si ven al congresista Ryan díganle lo importante que es este proyecto de ley agrícola para Iowa y nuestras comunidades rurales”, reclamó Obama en comentarios preparados para un discurso en Council Bluffs, en Río Misuri, en el borde occidental de Iowa. “Es hora de dejar a un lado la política y aprobarlo de inmediato (el proyecto de ley)”, instó.


Como presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Ryan ha exigido grandes recortes al gasto en el Proyecto de Ley Agrícola. Ryan votó a favor de un proyecto de ley de ayuda de emergencia para ganado por 383 millones de dólares, que fue aprobado por esa cámara el 2 de agosto, antes de un receso de cinco semanas.


Los agricultores estadunidenses están sufriendo la peor sequía en medio siglo, mientras aumenta la preocupación de que los productores de ganado no puedan costear los crecientes precios del maíz, producto básico para alimentar a los animales.


En lo que va del año fiscal, el Departamento de Agricultura ha gastado 941 millones de dólares para comprar más de 453.6 millones de kilos de comida, desde albaricoques y frijoles a papas y nueces, así como también carne, huevos y pescado, para los programas de almuerzo escolar y donación de alimentos.


“Basados en las relaciones entre el índice de precios al consumidor (IPC) para los alimentos y los precios de las granjas para los cultivos y el ganado, los incrementos en el precio de los cultivos y la baja en el precio del ganado durante julio podrían generar un alza de 4 por ciento en el índice de precios de los alimentos entre septiembre de 2011 e igual mes de 2012”, dijo la Fed de Kansas.

Reuters

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Martes, 14 Agosto 2012 06:46

El referéndum da vuelta el conflicto

Veinticinco comunidades originarias del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuere (Tipnis), en Bolivia, que participan en un referéndum apoyaron la construcción de una ruta que lo atraviesa. Sólo una, la de San Miguelito, pidió que la carretera no transite el núcleo de la reserva, sino que tenga un trazado alternativo por su periferia.


De un total de 69 comunidades del Tipnis, 25 que fueron consultadas hasta el domingo aprobaron la construcción de una ruta entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), afirmó el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Asimismo, estos grupos rechazaron la “intangibilidad” de esa reserva. El ministro calificó este resultado como significativo porque evidencia que la VIII Marcha Indígena que llegó a La Paz el año pasado y “arrancó” del gobierno la ley 180 de intangibilidad, nunca consultó a estas comunidades para plantear ese reclamo. Sánchez reflexionó sobre la importancia que tiene este proceso, que se realiza por primera vez en el país, pues se trata, dijo, del ejercicio de la democracia comunal, con su principal soporte en el diálogo intercultural. “La participación de mujeres y ancianos es destacable en las comunidades pobres; las mujeres se preocupan por el día a día, porque son quienes deben dar de comer a sus hijos, entonces plantean con fuerza demandas de salud, educación, seguridad, soberanía alimentaria”, señaló. En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, citado por el diario paceño La Razón, enfatizó que “no hay comunidades que estén en contra de la carretera, son sólo pequeños grupos de activistas que se han movilizado para hacer creer que hay oposición a la vía”.


Por otra parte, el ministro de la Presidencia (jefe de Gabinete), Juan Ramón Quintana, reveló ayer que la construcción de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por el Tipnis, fue una propuesta electoral del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) en la campaña para alcanzar la gobernación de Cochabamba. En conferencia de prensa en el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo, mostró a la prensa el Plan de Gobierno del MSM estipulado para el período 2010-2015 de cara a las elecciones departamentales de Cochabamba, en el que proponía la construcción de esa obra. “Queremos ser responsables de lo que decimos y queremos que el MSM le diga al país si está a favor o en contra de la carretera que une San Ignacio de Moxos con Villa Tunari. Nos han dicho que se oponen, pero por qué se oponen cuando en su programa de Gobierno Autónomo de Cochabamba se comprometen a construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, dijo. El MSM se convirtió en uno de los principales defensores del Tipnis y opositores a la construcción de la vía, incluso financió la IX Marcha de indígenas que llegó en junio de 2012 a La Paz.


Cabe destacar que, como detalló Prensa Latina, además de la construcción de una carretera interdepartamental en la reserva, la inédita consulta en esa región del nordeste amazónico boliviano trata, además, sobre la denominada intangibilidad de la reserva, categoría establecida por una ley que se promulgó tras una controvertida marcha indígena que arribó a La Paz en 2011 en protesta contra la ruta entre Cochabamba y San Ignacio de Moxos. A la manifestación inicial se han ido sumando otras muchas a lo largo de estos meses, que desembocaron en la plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y las sedes de varios ministerios e instituciones, dando lugar a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno del presidente Evo Morales consideró que la consulta, una figura enmarcada en la Constitución del país y en los convenios internacionales, es la única solución al conflicto. Desde la región amazónica viajaron a la capital 56 de 63 corregidores originarios y otra marcha indígena en apoyo a la carretera para reafirmar el apoyo mayoritario a la consulta y entablaron un diálogo con el gobierno para evaluar la problemática y las demandas de sus habitantes. El proceso de la consulta, que durará cuatro semanas bajo la mira de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), comenzó el domingo 29 de julio y debe terminar el 25 de agosto, tras la realización de 69 asambleas indígenas, en cada una de las comunidades del Tipnis.

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Lunes, 30 Julio 2012 07:10

Una consulta sobre la ruta

Una consulta sobre la ruta
El gobierno de Evo Morales inició ayer una consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para construir una carretera que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni. En varias comunidades anunciaron que no permitirán la entrada de la comisión encargada de preguntarles, porque consideran que avalar el tendido de la vía implicaría la destrucción de su territorio y forma de vida. Indicaron que el presidente tampoco está cumpliendo con una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que lo manda a “concertar” con los originarios que se oponen a esta obra caminera. Si no obedece la medida judicial, todo el procedimiento podría invalidarse.

La consulta del gobierno empezó ayer en Oromomo, del lado de Beni, y en San Miguelito, del lado de Cochabamba. Hasta el 25 de agosto, los ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente desplegarán 15 brigadas para visitar las 69 comunidades del Tipnis, de 1.200.000 hectáreas. Los resultados definitivos estarían a principios de septiembre.

La consulta se realizará de acuerdo con la ley 222, cuya constitucionalidad está “condicionada”, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la concertación entre el gobierno nacional con los indígenas del Tipnis, pertenecientes a los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré. Según miembros de este tribunal, no sería una consulta transparente si la efectúa el mismo gobierno que quiere construir la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

“El fallo ya debería de cumplirse, tal como dispone la sentencia, pero vemos que hay dificultades. Parece que la sentencia fuera un mero adorno y eso es lamentable”, dijo Gualberto Cusi Mamani, magistrado del TCP.

“Hasta el último día pueden estar concertando, definiendo puntos sobre cómo va a ser la consulta. Pero vemos que hay una polarización, y yo, la verdad, dudo de que la consulta se lleve a cabo”, dijo Cusi. Hay un problema semántico. Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), “concertar” significa “hacer lo que la mayoría manda”.

“El Ministerio de Obras Públicas tiene la obligación de concertar con las comunidades. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de ‘concertar’ hablamos de mayorías y minorías. Consensuar significa ‘cien por ciento’ (de aprobación) y si hay una sola persona que no está de acuerdo, no se puede hacer. Pero ese concepto no está en la Constitución”, dijo Vladimir Sánchez, ministro del área.

“El gobierno no debe estar interpretando el fallo constitucional, tiene que cumplir con la concertación, involucrando a todas las comunidades y habitantes del Tipnis. Tiene que buscar ese objetivo y llegar a un consenso, porque hay jurisprudencia internacional en ese aspecto. Pero el gobierno quiere interpretar a su manera. Estamos como antes, en un estado colonial”, dijo Cusi a la red Erbol.

“Las partes afectadas podrían acudir tranquilamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían apelar y eso sería catastrófico para Bolivia”, razonó el magistrado.

De la consulta participan veedores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unasur. Para los indígenas que rechazan la construcción de una ruta por dentro del Tipnis, la presencia de la OEA garantizará la nulidad del procedimiento, porque verán las resistencias dentro del territorio al proyecto de Morales.

“No es una consulta previa, porque el proyecto carretero y la plata para construirlo están desde 2008. No es una consulta de buena fe, porque desde hace meses la gente del gobierno va a las comunidades con motores fuera de borda, generadores de electricidad y otros regalos para comprar conciencias y dividir a las organizaciones indígenas. Además se está vulnerando la sentencia del TCP, que es vinculante y de obligatorio cumplimiento. Así, todos los actos serán declarados nulos de pleno derecho, algunos funcionarios del gobierno serán procesados por incumplimiento de deberes y desacato a la ley”, dijo Rafael Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

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La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales
Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de "promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.


- Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO
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Falso dilema: ambientalismo versus extractivismo
En el debate actual en Bolivia y en América Latina se ha posicionado intencionadamente el dilema entre ambientalismo versus extractivismo, orientado especialmente a valorar y criticar los procesos políticos y económicos de algunos países, en particular los casos de Perú, Bolivia y Ecuador, dejando de lado otras contradicciones que son fundamentales en relación a las condiciones históricas y sociales de nuestros países y a los desafíos para enfrentar los graves problemas de atraso, dependencia y pobreza.

Estos problemas no son solamente del presente, sino que provienen de causas que se han establecido estructuralmente tanto por la opresión colonial e imperialista más que centenaria, como por las relaciones internas marcadas por grandes desigualdades sociales y económicas. Los pueblos y países oprimidos, como los de nuestra región, han sido y son víctimas del capitalismo internacional que ha impuesto una división internacional del trabajo en la que las potencias consiguen grandes riquezas y recursos a costa de la pobreza, expoliación y marginalidad de millones de seres humanos, en el contexto de la relación centro-periferia del sistema mundo.

Por eso, en el fondo de la confrontación entre la defensa medioambiental y la economía de explotación primaria de recursos naturales se encuentra la misma pista: es decir ambos polos son parte de la estrategia imperialista de controlar los medios de vida más importantes del planeta.

La defensa medioambiental, en los términos del interés de las potencias industriales, significa impedir el uso interno endógeno de esos recursos para impulsar procesos de desarrollo e industrialización independiente en las semicolonias y países del Tercer Mundo e inclusive impulsar la creación de “reservas naturales de la humanidad”, como es el caso de la región amazónica, rechazadas por Brasil y otros países de la región. Por otra parte, la postura de economía extractivista de materias primarias en el viejo modelo primario-exportador es también parte de las políticas transnacionales para mantener su hegemonía y control sobre los recursos estratégicos frente a intentos de desarrollar políticas independientes y de potenciamiento interno hacia la integración regional.

La alianza entre las transnacionales con las oligarquías y burguesías dependientes ha generado un patrón de dominación política que, en algunos casos, está siendo cuestionado por las fuerzas populares emergentes bajo una bandera del nacionalismo defensivo con proyecciones de fortalecer la economía estatal y social que permite una mejor redistribución de las riquezas y los excedentes.

El mayor temor de las transnacionales y de las potencias capitalistas es que en nuestros países se consigan mayores márgenes de independencia economía, soberanía política y participación de las masas, junto al avance de procesos de integración y complementación regional que conviertan nuestra región en un espacio geográfico, geopolítico y económico con poder propio y autosuficiencia ante los desafíos que se presentan en el mapa internacional.

El uso interno de los recursos naturales en procesos de industrialización avanzada, la incorporación de valor agregado, el incremento de posibilidades de trabajo, la complementación económica y comercial entre los países vecinos y la capacidad de enfrentar la crisis capitalista europea y norteamericana pasan por emprender a profundidad los procesos integracionistas que se perfilan. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que impulsan la integración política, militar, energética, bancario-financiera, comercial, cultural y social son expresiones valiosas en la perspectiva de conseguir la unidad de la Patria Grande.

Las mayores expectativas desde inicios del siglo se produjeron en los casos de Venezuela con Chávez, Bolivia con Morales, Ecuador con Correa y Brasil con Lula, sin embargo los pasos se fueron desviando peligrosamente en distintos caminos. Las iniciativas de Chávez no tuvieron la repercusión y el acompañamiento de los otros líderes y tampoco sus funcionarios fueron eficientes en la perspectiva trazada; Brasil emprendió una estrategia aislacionista o, en su caso, avanzó en relaciones de dominación política y económica hacia los otros países de la región y Correa y Morales tuvieron que negociar y aceptar imposiciones en distintos campos.

En el caso boliviano el problema es mayor porque el gobierno Evo Morales no solamente cedió ante las transnacionales petroleras, mineras y financieras, sino que ha impulsado la aprobación de una Constitución y políticas que tienden a impulsar la división geográfica, la fragmentación nacional y la aparición de innumerables conflictos entre comunidades, regiones, departamentos, sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sobre la base del reconocimiento de inexistentes 36 naciones y de un estado plurinacional que genera expectativas de autodeterminación y derechos por encima de la unidad del país.

De esta manera, con la división interna, se hace imposible pensar en aportar efectivamente en procesos de unidad e integración regional, sudamericana y latinoamericana y, por el contrario, se abren opciones de maniobra para quienes, desde el extractivismo o desde el medioambientalismo, pretender hacer abortar definitivamente los procesos de avance social y económico que se consiguieron en la última década.

El contexto mundial en esta hora clave de la historia de los pueblos, por la crisis del capitalismo central y la ausencia de alternativas dentro del mismo, abre posibilidades para una propuesta democrática más intensa y comprometida con el desarrollo integral de los sectores y clases populares, hacia la integración basada en la liberación nacional y la construcción de un socialismo nacional latinoamericano.

Eduardo Paz Rada, sociólogo, académico de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia


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Cambio climático: ‘esto recién comienza’
Las pruebas que demuestran la existencia del cambio climático están golpeando fuertemente a Estados Unidos este verano: de los incendios forestales en las montañas de Colorado a la reciente tormenta “Derecho”, que dejó un saldo de al menos 23 muertos y 1,4 millones de personas sin electricidad de Illinois a Virginia. La frase “eventos climáticos extremos” aparece en las pantallas de televisión a lo ancho del país. Sin embargo, su vínculo con el cambio climático es omitido sistemáticamente, cuando no es objeto de burla. Si nuestros medios de comunicación y, en especial, los meteorólogos que trabajan en ellos, continúan omitiendo el vínculo esencial entre los eventos climáticos extremos y el cambio climático, entonces nosotros, como país, los mayores contaminadores per cápita del planeta, quizá no actuemos a tiempo para evitar una catástrofe aún peor.

 
La semana pasada se batieron más de 2.000 récords de temperaturas máximas en todo Estados Unidos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el organismo gubernamental que realiza un seguimiento de estos datos, informó que la primavera de 2012 “registró el mayor alejamiento de la temperatura promedio que cualquier otra estación de la que se tenga registro en la zona continental de Estados Unidos”. La NOAA afirma que las temperaturas récord registradas en mayo “han sido tan extremadamente diferentes que establecen un nuevo “parámetro” aparte con respecto a las temperaturas históricas registradas hasta la fecha”.

 
En Colorado, siete grandes incendios están ardiendo en este momento. Dos personas murieron y 347 hogares fueron destruidos como consecuencia del incendio del Cañón Waldo en Colorado Springs, mientras que el incendio de High Park dejó un saldo de un muerto y 259 hogares destruidos. Si bien los incendios están oficialmente “controlados”, la Oficina de Manejo de Emergencias de Colorado afirma que el incendio no se apagará hasta que se produzca un “evento de la naturaleza como lluvia o nieve durante un período de tiempo prolongado”. La tormenta “Derecho” es otro ejemplo de esto. Como lo indica su nombre, justamente lo que hizo la tormenta fue seguir un camino recto de destrucción imparable: se formó cerca de Chicago y azotó el este del país, dejando a su paso varios muertos, además de derribar varias redes de tendido eléctrico.

 
A los incendios y las tormentas se suma la sequía. Según el Dr. Jeff Masters, uno de los pocos meteorólogos que vincula a menudo el clima extremo con el cambio climático, “en la zona continental de Estados Unidos, un 72% del área terrestre fue clasificada como seca o en condiciones de sequía” la semana pasada. “Se registrarán eventos climáticos de este tipo cada vez con mayor frecuencia, habrá más impactos como los que hemos visto a raíz de las olas de calor, los incendios y las tormentas. …Esto recién comienza”.

 
Por suerte también veremos con más frecuencia a Jeff Masters. En 1995 co-fundó el conocido sitio web sobre clima Weather Underground. Esta semana anunció que el sitio fue adquirido por The Weather Channel, quizá el mayor proveedor de informes sobre los eventos climáticos extremos. Masters promete que su blog tendrá el mismo enfoque que antes y que espera llegar al gran público que sigue día a día a The Weather Channel. Se necesitan muchos meteorólogos como Masters para contrarrestar a quienes niegan la importancia del cambio climático provocado por el hombre, como lo hace el carismático Rob Marciano, que brinda el informe del tiempo en CNN. En 2007, un juez británico estaba considerando prohibir la película de Al Gore “Una verdad incómoda” en las escuelas de Inglaterra. Luego de la noticia, Marciano dijo en CNN: “Por fin. Por fin. Ya saben, los premios Oscar son premios a las películas de ficción también. Como hemos visto, no está demostrado que el calentamiento global provoque huracanes más intensos”. En respuesta a ese clip característico, Masters me dijo: “Los meteorólogos de la televisión se están perdiendo una gran oportunidad de educar y decirle a la población lo que probablemente sucederá”.

 
Más allá de las fronteras de los países ricos como Estados Unidos, en los países en desarrollo, donde vive la mayoría de la población mundial, los impactos del cambio climático son mucho más letales y abarcan desde la creciente desertificación de África hasta la amenaza del aumento del nivel del mar y la desaparición de pequeños Estados insulares.

 
Los medios estadounidenses pueden desempeñar un papel fundamental en la educación de la población sobre el cambio climático. Imaginen si la mitad de las veces que se habla de ‘clima extremo’ en las pantallas de televisión se mencionara ‘calentamiento global’. Esta semana en que se conmemora el Día de la Independencia, los estadounidenses podrían comenzar a ejercer presión para poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles y seguir un camino saludable hacia la independencia que brinda la energía sustentable.

 
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.


Publicado el 6 de julio de 2012
 
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Las protestas detienen la construcción de una fábrica de aleación de cobre en China
Internet y una mayor conciencia ciudadana se han convertido en el motor de las cada vez más frecuentes protestas en China para luchar contra la degradación ambiental y las injusticias sociales. El último episodio que refleja esta situación se ha producido en la ciudad de Shifang (provincia suroccidental de Sichuan), donde el Gobierno se ha visto obligado a suspender la construcción de una fábrica de aleación de cobre, después de que miles de vecinos –incluidos colegiales- tomaran las calles para rechazar la planta, preocupados por su impacto contaminante. Lo que el domingo comenzó como una manifestación pacífica, el lunes degeneró en violentos enfrentamientos con la policía.


Las autoridades de Shifang han publicado este martes un anuncio en su página web en el que aseguran que la construcción ha sido detenida temporalmente mientras son enviados equipos a educar a los ciudadanos sobre el proyecto. El aviso afirma que seguir adelante sin haber logrado la comprensión y el apoyo públicos supone una amenaza para la estabilidad social. Pero al mismo tiempo han amenazado con “castigar duramente” a quienes continúen las movilizaciones.


“Cualquiera que haya incitado, planeado u organizado concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones y aquellos que han participado en destrozos o saqueos (…) serán duramente castigados”, ha afirmado la policía. “Cualquiera que utilice Internet, mensajes de telefonía móvil y otros medios para incitar, planear u organizar concentraciones ilegales, marchas de protesta o manifestaciones debe cesar inmediatamente sus actividades ilegales”. Las autoridades aseguran que los cabecillas serán castigados, especialmente aquellos que no se entreguen a la policía en un plazo de tres días.


Las movilizaciones se volvieron violentas el lunes, cuando miles de residentes arremetieron contra la sede del gobierno local, dañaron coches de la policía y se enfrentaron con los antidisturbios, según la prensa de Hong Kong. La ira creció entre los vecinos cuando comenzaron a circular en Internet fotos y vídeos de la policía utilizando gases lacrimógenos y golpeando a la gente con palos. Al menos 13 personas -según ha comunicado el Gobierno local en su cuenta en Weibo, el Twitter chino- resultaron heridas después de que los agentes se emplearan a fondo para dispersar a la muchedumbre. Las autoridades han negado que haya muerto una persona, en contra de lo que afirman algunos internautas.


Las fotos que han circulado ampliamente en foros y mircoblogs muestran las calles con nubes de gases lacrimógenos y personas heridas. En ellas, se ve también a gente caminando con pancartas en las que piden la paralización del proyecto y la protección del medioambiente. En otras, se ve a manifestantes arrojando botellas de agua de plástico a las fuerzas de seguridad. La fábrica procesaría un metal pesado y los vecinos temen que contamine la ciudad. Shifang está situada a unos 50 kilómetros de Chengdu, capital de Sichuan, y tiene 220.000 habitantes.


En un comunicado anterior, el Gobierno de Shifang ha culpado a “gente con motivos ocultos” de estar detrás de la participación de los estudiantes para llevar a cabo la protesta coincidiendo con el aniversario, el 1 de julio, del nacimiento del Partido Comunista Chino. Las autoridades han citado directamente al movimiento de inspiración budista Falun Gong –ilegal en China continental, que lo considera un “culto diabólico”- y a los “separatistas” del Dalai Lama, líder espiritual de los tibetanos, que vive en el exilio en India.


El grupo Hongda, propietario de la fábrica, que cotiza en la Bolsa de Shanghái, es uno de los mayores productores de zinc y plomo de China. Su objetivo inicial era que la instalación, destinada a refinar molibdeno de cobre, estuviera finalizada para 2015.


La contaminación se ha convertido en una de las principales causas de protestas en China. En agosto del año pasado, miles de personas forzaron el cierre de una planta química en la ciudad portuaria de Dalian (noreste de China). En aquel caso, sin embargo, las protestas fueron mayormente pacíficas.


Las disturbios sociales son uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno chino, que tiene que hacer frente cada año a miles por un amplio abanico de motivos, que van desde la contaminación a las expropiaciones ilegales de suelo, la corrupción, los abusos laborales o las disputas étnicas.


Las autoridades suelen responder vetando la información, pero los ciudadanos acuden a Internet y a microblogs como Weibo para organizarse, y difunden las noticias con tal rapidez que los censores no pueden impedirlo. Shifang es este martes el tema más solicitado en Weibo con más de 10 millones de búsquedas.


Por Jose Reinoso Pekín 3 JUL 2012 - 13:12 CET


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