Viernes, 30 Enero 2009 09:38

El EZLN y la política social

Escrito por La Jornada
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Las actividades realizadas por el EZLN para conmemorar los 15 años del levantamiento armado fueron al mismo tiempo un recuento de lo logrado y de lo que falta por hacer. Fue al mismo tiempo un espacio para abrir el debate sobre temas de alcance nacional.

Con precisión, el comandante David señaló: “El mal gobierno ha tratado de convencer y comprar la conciencia de nuestras bases de apoyo, prometiéndoles mejores condiciones de vida para olvidar a sus muertos y sus justas demandas. Desgraciadamente hay hermanos indígenas que han caído en las trampas del mal gobierno creyendo que con esto van a mejorar sus condiciones de vida sin luchar”.

La Sedeso respondió que “los programas para el combate a la pobreza no forman parte de planes de contrainsurgencia social” y que “desde el año 2000 ha habido empeño del gobierno federal por resarcir el daño derivado del olvido, marginación y exclusión en que se tenía a las comunidades indígenas de Chiapas”. Están documentados decenas de ejemplos donde dependencias federales han realizado acciones que ni han resuelto los problemas estructurales derivados de la pobreza pero sí han contribuido a la fractura del tejido social comunitario.

La utilización de los recursos gubernamentales para la cooptación y el clientelismo es la constante en la mayoría los gobiernos, de todos los niveles y de todos los partidos. La política social se ha reducido a formas silvestres de asistencialismo ramplón y son escasos los programas sociales que promueven la organización y el trabajo comunitario. Por ello la crítica del EZLN tiene una connotación que incluso trasciende al zapatismo, y la realidad está a la vista. Los índices de desarrollo humano en el país no han variado sustancialmente y cada día son más los mexicanos hundidos en la pobreza. Eso que dicen que es política social, no alcanza a atender a los pobres que la política económica genera.

Por desconocimiento o por convicción, existe un rechazo en los aparatos gubernamentales a empoderar a las comunidades. Se ha optado por la dávida en lugar de la organización, la capacitación, la productividad y el trabajo comunitario. La planeación regional o local es una entelequia. Se hace lo que a la autoridad en turno le parece mejor. En ocasiones le atinan, pero en la mayoría se diluye el impacto social o la efectividad del trabajo gubernamental.

Por ello la política social entendida como una política de Estado debe trascender el ámbito temporal y funcional de la administración pública, involucrando a los otros niveles de gobierno, a los partidos, a las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad.

Ante el reto de la pobreza, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía que amenazan nuestro futuro, es necesario plantear la elaboración de una política social de largo aliento.

La política social puede coadyuvar a lograr una nueva gobernabilidad que cierre el paso a la violencia como lenguaje político; al escepticismo como actitud de la sociedad frente a las instituciones; al rumor como agente corrosivo de la cohesión y el respeto social.

Ningún esfuerzo en materia de política social tiene futuro si no se encamina a modificar las tendencias actuales que asignan a un pequeño porcentaje de la población una gran cantidad de la riqueza, mientras una enorme masa de ciudadanos enfrenta pobreza, desempleo, malos ingresos, viviendas inadecuadas, insuficiente equipamiento urbano, bajos niveles de educación y crecientes deficiencias en materia de salud y alimentación.

En la medida enque la sociedad cuente con la debida atención a sus demandas y sus necesidades sean resueltas, la autoridad tendrá mayores márgenes de gobernabilidad para el cumplimiento de su misión.

La integralidad de la política social debe partir del hecho tangible de que el combate a la pobreza es sólo un aspecto de la acción del Estado, la cual debe incidir en la modificación de la actual distribución del ingreso y, en consecuencia, en aspectos tales como empleo, salario y desarrollo regional.

A este respecto, mayores niveles de participación y vigilancia social, en un ambiente de plena democracia, ayudarían a alcanzar una política social más eficiente. Los errores u omisiones en materia social, al igual que en lo político y económico, afectan a miles que esperan una respuesta a su situación.

Convertir la política social en una tarea de Estado requiere democratizar su concepción y aplicación, convocar a amplias y plurales fuerzas políticas y sociales a su discusión, a que coadyuven en su operación, evaluación y corrección. Lo anterior implica generar nuevas formas de articulación entre la sociedad y el gobierno, que impulsen la organización y participación comunitaria y generen mejores niveles de convivencia ciudadana.

Mucho de lo aquí expuesto tiene que ver con el rechazo del Estado mexicano a respetar lo acordado en San Andrés, en cuanto a “reconocer a las comunidades como entidades de interés público”, con lo cual los ciudadanos dejarían de ser “objeto” y se convertirían en sujetos de las políticas públicas.

Por ello el comandante David, desde la trinchera zapatista, abrió un tema que requiere un tratamiento estructural por parte del Estado mexicano, que trascienda la coyuntura y defina nuevos modos de relación entre el gobierno y la sociedad, incluyendo, por supuesto, al zapatismo.

Por, Jaime Martínez Veloz

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