MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Miércoles, 04 Febrero 2009 05:25

Bajar la persiana frente a la crisis

Escrito por Página12
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La polémica cláusula de “compre nacional”, que forma parte del paquete de reactivación impulsado por el presidente Barack Obama, motivó ayer nuevas críticas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. “El proteccionismo es una mala respuesta a la crisis internacional”, sostuvo la canciller alemana, Angela Merkel. La Comisión Europea advirtió que no se quedará con “los brazos cruzados” si la cláusula permanece en el texto final. Canadá, Francia e Italia también protestaron. Obama respondió anoche que Estados Unidos podría revisar esa medida y sostuvo que su país “no puede enviar un mensaje proteccionista”. Pese a las quejas, en Europa también está habiendo reacciones nacionalistas, como lo demuestran las “huelgas xenófobas” inglesas.

 

Uno de los artículos del plan estadounidense propone prohibir la compra de hierro o acero extranjeros para los proyectos de infraestructura financiados por el plan de estímulo, a menos que la oferta de acero estadounidense sea insuficiente o que su precio aumente la factura final en más de 25 por ciento. Esa disposición no pasó desapercibida en el extranjero, donde muchos la ven como una violación de las reglas de libre comercio. La cuestión es especialmente sensible en Alemania, primer exportador mundial, que cuenta con varios pesos pesado de la siderurgia mundial.

 

El proyecto se encuentra ahora en el Senado estadounidense, donde se enfrenta a la fuerte oposición de la minoría republicana. El líder de los demócratas en la Cámara baja, Steny Hoyer, justificó la preocupación de sus socios comerciales al reconocer que la versión que actualmente se revisa en el Senado fue más lejos que el proyecto de la Cámara baja, pero dijo que estaba seguro de que sería “tema de discusión” entre las dos cámaras después de que el proyecto del Senado sea aprobado.

 

Los europeos cuestionan el “proteccionismo” de Obama, pero la crisis está generando reacciones nacionalistas. En Inglaterra se están llevando adelante huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros. Unas 600 personas realizaron ayer un paro en la central eléctrica de Langage, cerca de Plymouth (sur de Inglaterra), al tiempo que se emprendieron acciones similares en otras cuatro plantas energéticas del país. Las movilizaciones, que ya han afectado a una veintena de instalaciones, estallaron después de que Total anunciase que la empresa italiana IREM se adjudicaba el contrato para construir una nueva unidad de procesado en Lindsey. Un centenar de italianos y portugueses trabajan actualmente en la planta, pero se espera que el próximo mes lleguen 300 obreros más, pues IREM quiere su propia fuerza laboral, integrada principalmente por mano de obra de esas dos nacionalidades.

 

Los trabajadores británicos han tildado de “escandalosa” la elección de empleados foráneos y han exigido al primer ministro británico, Gordon Brown, que cumpla su promesa hecha el pasado año de garantizar “empleos británicos para los trabajadores británicos”.

 

Desde el Ejecutivo, el ministro de Empresa, Peter Mandelson, abogó por no gastar energías en “la política de la xenofobia” para aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión económica. Ante las acusaciones de xenofobia, Derek Dimpson, líder del sindicato Unite, el más grande del país, respondió que “las acciones no oficiales que están teniendo lugar en todo el país no tienen que ver con raza o inmigración, sino con clase social”. Las huelgas, explicó Dimpson, giran en torno de “empleadores que explotan a los trabajadores independientemente de su nacionalidad recortando los sueldos y condiciones que, con dificultades, se han ganado”.

 

Entretanto, el diputado laborista John Mann echó más leña al fuego al proponer una moción parlamentaria “deplorando” la utilización de trabajadores foráneos en la refinería de Lindsey. La moción felicita a los sindicatos por “exponer esta explotación y la falta de igualdad de oportunidades para solicitar todos los trabajos”. Tanto el gobierno, opuesto a cualquier medida de tinte proteccionista en estos tiempos de desaceleración económica, como Total rechazan las acusaciones de discriminación e insisten en que no se ha incumplido la ley vigente.

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