Viernes, 09 Septiembre 2016 07:57

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Escrito por Raúl Zibechi
Valora este artículo
(0 votos)
Menos el extractivismo, todo es ilusión

Los cooperativistas mineros han sido aliados incondicionales de los gobiernos de Evo Morales, ya que forman una burguesía emergente con la que el nuevo poder contaba para controlar un sector estratégico como la minería. Pero la caída de los precios de los commodities dejó al desnudo una alianza de conveniencias.

 

La muerte del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, precedida por la de tres cooperativistas mineros, elevó la tensión política hasta extremos que hacía tiempo no se vivían en Bolivia. En rigor, el modo en que fue asesinado Illanes, secuestrado, torturado y golpeado, fue lo que crispó los ánimos de las autoridades. El viceministro se había trasladado hasta el principal punto de bloqueo, la localidad de Panduro, para negociar en un conflicto que provocó la interrupción del tránsito en la importante autovía La Paz-Oruro y duros enfrentamientos con la policía.
El motivo de la protesta de los cooperativistas mineros es la oposición a que sus empleados puedan formar sindicatos, lo que limitaría seriamente el poder de los grupos dirigentes de ese sector económico que controla casi un tercio de la producción de minerales en un país minero. Se trata de una disputa por el poder en el núcleo del modelo extractivo. Hasta ahora los mineros había sido aliados fieles del gobierno de Evo Morales, incluso se movilizaron en la última convocatoria electoral –en febrero de este año– para promover el Sí en el plebiscito que habría permitido una nueva reelección del presidente.


Pero esta vez Morales denunció que en la movilización minera anidó un intento de golpe de Estado impulsado por la derecha y Estados Unidos. Morales explicó que lo sucedido es parte de una “conspiración permanente” en la cual sus opositores están “usando a los cooperativistas” para desestabilizar a su gobierno. Un argumento pobre, que busca eludir el eje de un conflicto entre dos actores situados del mismo lado de la barricada extractiva.


El encarcelamiento de la cúpula de los cooperativistas mineros deja al gobierno ante la necesidad de definir los próximos pasos sobre la modificación de la ley de cooperativas, que al habilitar la organización de los trabajadores está en la base del conflicto en curso. Hasta ahora la alianza con el gobierno les ha permitido a los mineros (como señala un trabajo del Centro de Documentación e Información, Cedib) la sobreexplotación de trabajadores que “no pueden organizarse autónomamente para defender sus derechos”.


Aliado conflictivo


Los cooperativistas mineros son un poder al que nadie puede ignorar. Controlan el 27 por ciento de la explotación minera (frente a sólo el 3 por ciento del Estado y el 70 por ciento de las multinacionales); tienen unos 120 mil trabajadores y una bancada de siete diputados y senadores elegidos en las listas del Movimiento al Socialismo (Mas), el partido de Morales. Tienen poder económico, poder político y capacidad de influir sobre una porción nada desdeñable de la población. Están agrupados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que en los últimos años contaba con dos viceministros en el gobierno.


Las cooperativas mineras nacieron con la crisis de 1929, pero se expandieron con la privatización neoliberal de 1985, que desmanteló la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y “relocalizó” a los trabajadores. Desde 2006, año en que el Mas llegó al Palacio Quemado, las cooperativas mineras comenzaron a ser respaldadas con el objetivo de contar con un sector productivo cercano a los objetivos políticos y estratégicos del nuevo gobierno. Con los altos precios internacionales, las exportaciones mineras pasaron de 500 millones de dólares en 2006 a más de 3.000 millones en 2013. El sector cooperativo representa el 30 por ciento de las exportaciones mineras totales, y el 37 por ciento de las exportaciones de plata, el 41 por ciento de las de estaño y el 71 por ciento de las de oro.


Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008 a 1.400 en 2013). Hoy emplean de forma directa a 120 mil personas, el 90 por ciento de los trabajadores del sector. Sin embargo, aportan muy poco al Estado, un 4 por ciento de impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol. En total, dejaban apenas 44 millones por regalías de los 1.059 millones de dólares exportados en 2012.


La estratificación económica y social dentro de las cooperativas es importante y está relacionada no sólo con la cantidad de socios, sino con la distribución interna del poder. Una pequeña cantidad de socios controla a las cooperativas, que emplean una enorme masa de trabajadores carentes de derechos y remunerados con muy bajos salarios, cobrando a destajo.


La ley de minería de 2014, pactada entre el gobierno y la dirigencia de Fencomin, prohíbe y penaliza la huelga y cualquier acción que impida la actividad minera. Ha servido también para consolidar un régimen de excepción en materia de impuestos y acceso a áreas fiscales para explotar nuevas minas.


En 2006 hubo un fuerte choque entre los cooperativistas y los mineros asalariados por el control de una mina estatal en Huanuni (Oruro). Un enfrentamiento con dinamita se cobró 16 muertos. En aquella ocasión el presidente le pidió la renuncia al ministro de Minería, el cooperativista Walter Villarroel, por haber jugado a favor de los suyos. Los cooperativistas azuzaron otros conflictos, sobre todo en Potosí. Hasta que llegó la crisis económica, con la caída de los precios de los minerales.


En opinión del filósofo Raúl Prada, ex viceministro de Planificación Estratégica del primer gobierno de Morales, lo que explica el pasaje de los cooperativistas mineros de aliados a enemigos es el cambio en la coyuntura económica, que en este sector se concreta con la caída de los precios de los minerales exportados. Ahora las cooperativas quieren avanzar sobre los derechos ambientales. El Estado, a su vez, necesita afirmar su control sobre toda la cadena de la minería.


“En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de supervivencia el control monopólico del Estado, no sólo de los recursos naturales, sino sobre la explotación y mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivas trasnacionales”, señala Prada. Estas empresas son la manzana de la discordia, aunque sobre la mesa aparezcan los derechos de sindicación de los trabajadores de las cooperativas, porque son las que pueden aportar el capital que Bolivia necesita para incrementar la extracción de minerales.


El pliego minero actual busca modificar la ley de minería, con el fin de permitir que las cooperativas puedan suscribir contratos con las multinacionales, algo que en realidad debe ser aprobado por el parlamento. En suma, las cooperativas quieren capitalizarse entrando en relación con las grandes empresas del sector. Para éstas, firmar contratos con cooperativas y no con el Estado sería muy ventajoso, ya que “adquirirían derechos, mas no obligaciones. Lo más importante es que los grupos trasnacionales se beneficiarán, indirectamente, de los derechos y privilegios de que gozan las cooperativas”, tanto en materia laboral como impositiva, según un análisis del Cedib titulado “Tomar el Estado por asalto”.
Por eso Prada insiste en que se trata de un conflicto “entre partes que conforman el modelo extractivista”, un modelo al que considera limitado y que, lejos de la propaganda oficial, mantiene “una economía primario-exportadora y un Estado rentista”.


La solución no será sencilla. Según el investigador Carlos Arce, el gobierno “apoya a los cooperativizados como parte de la nueva burguesía emergente que fortalecerá al nuevo Estado Plurinacional”. Se trata de un tipo de conflicto en el que no puede haber un ganador absoluto y que se está resolviendo a través de una negociación. De hecho, Morales pidió, presionado por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, que no sólo se resuelva el asesinato de Illanes sino de los cuatro cooperativistas muertos por disparos policiales.

Información adicional

  • Autor:Raúl Zibechi
  • País:Bolivia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Brecha
Visto 569 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.