Miércoles, 19 Octubre 2016 06:57

En el redil

Escrito por Amélie Poinsot
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En el redil

El 5 de octubre de 2015, Alexis Tsipras accedía por segunda vez al gobierno en Grecia con la promesa de moderar las exigencias de los acreedores del país e iniciar una serie de reformas “sociales”. Un año después, tanto en lo que concierne a la deuda como a las políticas sociales, las órdenes dictadas por Europa y los mercados se imponen.

 

“Dejemos atrás el pasado, conquistemos el futuro.” Ése era el eslogan de Syriza en la campaña electoral de setiembre de 2015. La Coalición de la Izquierda Radical (significado de Syriza en griego), que llegó a ocupar las más altas funciones del Estado nueve meses antes, dejaba atrás un verano agotador. Tras no haber conseguido negociar un acuerdo favorable en Bruselas y aceptar un tercer memorando de austeridad a cambio de nuevos préstamos europeos, el partido de Alexis Tsipras se escindía: el ala izquierda se separaba para formar Unidad Popular.


Sin embargo, el 20 de setiembre Syriza ganaba la partida y se imponía en las legislativas anticipadas convocadas por Tsipras. Otra vez como primer ministro, volvía a formar una coalición de gobierno con la derecha de los Griegos Independientes. Y, hace ahora un año, en su discurso de política general del 5 de octubre de 2015, se comprometía a luchar contra el desastre económico y social en el que se encuentra sumido el país.


¿Ha existido un verdadero punto de inflexión? ¿Syriza se diferencia de los partidos socialdemócratas europeos?


REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA.


“¿Queremos que los que negocian la deuda sean los mismos que durante todos estos años han defendido que era viable o los que han reclamado a los acreedores la necesidad de su reducción?”, escribía Syriza en un panfleto electoral de setiembre de 2015. En su discurso sobre política general pronunciado el 5 de octubre, Tsipras prometía un “alivio sustancial de la deuda” y anunciaba las propuestas que trasladaría a los acreedores: “ampliación de los vencimientos, baja de los tipos de interés y breve período de gracia”.


Un año después, las negociaciones sobre la reducción de la deuda pública siguen en punto muerto y las finanzas bajo la lupa de las instituciones europeas.


REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA.


Se trata de uno de los primeros objetivos anunciados en el discurso sobre política general de Tsipras. El jefe del gobierno propuso entonces un “refuerzo de la tecnología y de la innovación” y se fijó como prioridad incentivar “las inversiones privadas” y crear un nuevo banco que financie el desarrollo productivo.


Nada de esto se ha materializado.


DERECHOS LABORALES.


“¿Queremos que sea Syriza quien negocie los derechos laborales, la protección y las libertades de los trabajadores, así como los convenios colectivos, o que se encarguen los que han provocado el retorno a un mundo laboral del medioevo?”, finge preguntarse el partido de Tsipras en setiembre de 2015. En su discurso sobre política general, el primer ministro griego se mostró partidario, frente “al fracaso de la receta neoliberal”, de introducir un “nuevo modelo” basado en “el refuerzo y la protección del salario y del empleo”. Prometió un “aumento progresivo del salario mínimo” y “el fin de las discriminaciones que padecen los jóvenes trabajadores”.


El salario mensual mínimo sigue igual: 586 euros brutos y 510 euros brutos para los más jóvenes, hasta los 25 años. Los convenios colectivos, cuestionados durante los gobiernos precedentes, que los relegaron por detrás de los acuerdos de empresa, siguen existiendo sobre el papel, pero no son obligatorios o quedan al libre albedrío de los empleadores.


LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN.


“¿Queremos que sea la izquierda de la sociedad o la derecha de los ladrones quien negocie los préstamos en rojo (no reembolsados) de las viviendas embargadas por los bancos?”, decía Syriza en su folleto electoral. En su discurso sobre política general, Tsipras precisaba que su objetivo pasaba por acabar con los desahucios por impagos de hipoteca.


El primer ministro se comprometió también a facilitar un abono de transporte para minusválidos, familias numerosas, desempleados y jubilados mayores de 65 con las pensiones más bajas. También prometió cobertura sanitaria para todos los excluidos del sistema público de salud, la contratación de 1.093 empleados y de 2.500 médicos y enfermeras, así como la evaluación del funcionamiento de los hospitales. En resumen, un “nuevo modelo de atención primaria”.


De momento, no se ha votado ley alguna que impida el embargo de las primeras residencias. Se han puesto en marcha abonos para el transporte en Atenas y en Tesalónica, dirigidos a desocupados registrados en las oficinas de empleo y para personas discapacitadas –griegas y refugiadas– que no ganan más de 23 mil euros anuales. En el resto del país, estas personas pueden beneficiarse de una reducción del 50 por ciento en el precio del billete de autobús. Los jubilados con ingresos bajos no tienen ventaja alguna.


Ahora todo el mundo puede acceder a las urgencias de los hospitales públicos, pero el problema del acceso a la atención sanitaria sigue existiendo en caso de que el paciente necesite ser hospitalizado o deba seguir un tratamiento de larga duración. Las contrataciones en el sector sanitario no se han materializado.


El proyecto presupuestario para 2017 presentado el lunes 3 en el Parlamento prevé un subsidio de solidaridad del que se beneficiarán 270 mil hogares sin recursos. Pero también nuevos recortes en las pensiones complementarias así como una reducción del subsidio para las pensiones más modestas, al tiempo que la edad legal de jubilación pasará de 65 a 67 años y se introducirán nuevas cotizaciones en las pensiones.


PRIVATIZACIONES.


En su discurso sobre política general, Tsipras se mostró partidario de que las empresas de electricidad sean públicas y prometió “un plan realista, alternativo, que garantice la apertura del mercado de la energía sin poner en peligro el carácter público de las redes de energía eléctrica”. Anunció igualmente la creación de una nueva “agencia de valorización del patrimonio público” para definir las condiciones de las privatizaciones y valorar el patrimonio del Estado “conforme al principio de interés público”.


Las privatizaciones puestas en marcha con el memorando de 2012 siguen sin embargo adelante. Jacques Le Pape, número dos de Christine Lagarde cuando la actual directora del Fmi era ministra de Finanzas de Francia, está al frente de la agencia que administra las privatizaciones. A finales de setiembre de 2015, el parlamento griego transfirió a esta agencia las compañías nacionales de agua y de electricidad, dando con ello el primer paso hacia su privatización. Meses después, se vendieron el puerto de El Pireo –que pasó a estar en manos del gigante chino Cosco–y los 14 aeropuertos regionales, que compró el alemán Fraport. Finalmente se materializó la venta de la autopista Egnatia, en el norte del país, así como la de un distribuidor de gas.


A imagen y semejanza de los gobiernos anteriores, Tsipras anunció una reforma fiscal. Un año después, el sistema fiscal sigue siendo el mismo, pero la presión fiscal ha aumentado. En el proyecto presupuestario de 2017, presentado el lunes 3, se prevén nuevas subidas de impuestos por 2.500 millones de euros.


REFUGIADOS.


El 5 de octubre de 2015, Tsipras declaraba: “frente a la lógica de las fortalezas y de las alambradas, frente a la lógica que quiere transformar las fronteras europeas en campo de batalla, tenemos que trabajar duro para demostrar que la humanidad, la solidaridad, la fraternidad no son utopías, pueden convertirse en una acción política”. El gobernante griego se comprometía a crear cinco hotspots (centros de registro de demandantes de asilo) en las islas donde llegan la mayoría de migrantes y a continuar las negociaciones con los socios del país y las instituciones europeas para reforzar la solidaridad en el continente y establecer nuevas reglas para sustituir el acuerdo de Dublín, que implica la devolución de los demandantes de asilo al primer país europeo en el que han sido registrados.


Los cinco hotspots se han instalado, pero la solidaridad europea que deseaba Tsipras no se ha concretado. Al contrario, ningún estado miembro de la Unión ha respetado los compromisos alcanzados en lo que a las cuotas de refugiados respecta. Más de 60 mil exiliados en tránsito permanecen atrapados en Grecia. El gobierno de Tsipras sigue reclamando apoyo a Europa, pero la ayuda reclamada no se ha materializado y Dublín II continúa vigente.


1. Esta nota fue publicada en la versión española del portal francés Médiapart. Brecha recoge fragmentos.

Información adicional

  • Autor:Amélie Poinsot
  • País:Grecia
  • Región:Europa
  • Fuente:Brecha
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