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Sábado, 04 Febrero 2017 07:12

La resistencia indígena contra la megaminería en la Amazonía ecuatoriana

Escrito por alba crespo rubio
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La resistencia indígena contra la megaminería en la Amazonía ecuatoriana

La retención de dos militares por parte de los miembros de una comunidad shuar en Morona Santiago visibiliza las demandas de los pueblos indígenas que se oponen a la minería a gran escala en su territorio, amparada por el Gobierno


Pasar el control militar hacia la vía Macuma-Taisha, en la Amazonía ecuatoriana, es relativamente fácil. Hay decenas de efectivos parando el tráfico en la “ye” -el desvío en forma de Y de la carretera principal desde Macas-, pero se puede cruzar la barrera andando sin que apenas se fijen en nosotros. Es la tercera vez que los dos periodistas (los únicos) accedemos al territorio del cantón Taisha, en la provincia de Morona Santiago, por ese lugar.


La última semana ha habido mucha tensión, y un control muy estricto sobre qué o quién accedía; solo se permitía el acceso a vehículos y personas autorizadas por el Ejército; era muy difícil introducir alimentos u otros bienes de primera necesidad, y hasta con carnet de prensa había problemas para pasar. Pero estos días, todo empieza aparentemente a volver a la normalidad.


Dos militares retenidos por una comunidad shuar


El motivo para que se instalara el control militar que prohíbe la entrada de vehículos y personas no autorizadas a la vía, y se haya multiplicado a circulación de efectivos armados por la zona es que el 21 de enero, en el centro shuar de Yunkuapais, dos militares, los suboficiales Luis Rodríguez y Raúl Pazmiño, fueron detenidos por las personas que viven allí.


Ambos llegaron a las tres de la madrugada al centro, equipados con armamento pesado (pistolas, metralletas y cápsulas de gas), tal como cuentan las y los moradores del lugar, a buscar a dos compañeros suyos que viajaban desde el cuartel militar de Taisha en un vehículo entre civiles. Los shuar, el pueblo indígena que vivie allí, los retuvo tras identificarlos identificarlos como militares. “¿Cómo vamos a dejar que entren como entraron? Presentarse armados así es una amenaza, y es peligroso para los niños y niñas, y para todos nosotros”, explicaba un miembro de la comunidad mientras mostraba toda la munición requisada.


Les retiraron las armas y les hicieron quedarse a dos de ellos en la comunidad. “Ellos llegaron a nuestra casa, no fuimos a capturarlos allá. Con su irrupción en nuestro pueblo, ¿dónde quedan nuestros derechos como personas?”, se indignaba una de las mujeres. Se queja, porque “no es justo”; porque “no estamos en la guerra”, y “no hay motivo para actuar así”. Los dos militares estarían retenidos y escondidos durante ocho días, hasta que, tras la puesta en común de la situación con el resto de comunidades del Cantón Taisha, y con los líderes de las federaciones Shuar y Ashuar, se decidió entregarlos.


Un líder indígena encarcelado


La retención de los militares ha servido en gran parte para hacer visibles las demandas del pueblo shuar, sobre todo de las comunidades que forman parte de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH): su presidente, Agustín Wachapá, fue detenido el 21 de diciembre del año pasado por unas declaraciones en las redes sociales, que según una demanda presentada por el viceministro de Interior, Diego Torres, “instigaban a la comunidad shuar a levantarse en armas”. Cuenta la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que cien policías allanaron a medianoche la sede de la Federación, llevándose ordenadores y documentos, y lo capturaron. Desde entonces sigue en prisión, habiéndosele denegado el 18 de enero de 2017 el recurso de apelación que presentó a la Audiencia.


El aislamiento del líder de la federación en la cárcel de alta seguridad de Latacunga ha sido duro para las comunidades shuar de la Federación, que se han quedado sin el líder fuerte que Wachapá representaba. Por eso, a partir de la retención en Yunkuapais, la comunidad ha posicionado su puesta en libertad como una de las exigencias a cambio de retornar a los militares. “Nosotros no los hemos secuestrado, solamente los hemos retenido porque se presentaron armados”, explican.

Afirman que “los dos están bien cuidados y bien alimentados”, y de hecho así lo confirman ellos mismos en declaraciones tomadas durante y después de la retención. En cambio, “a nuestro presidente lo han maltratado”, argumentan, y piden algo que les parece justo: “que nos lo devuelvan”. La retención, pues, les sirvió para enfatizar esa demanda.
Presión y represión militar


Durante esta semana, la vida en las comunidades se ha visto afectada por el incremento de la presión y represión militar. En las asambleas celebradas en los distintos centros ha habido posturas encontradas acerca de cómo avanzar, y eso ha creado divisiones entre ellos. Además, hay un ambiente de inquietud y temor: “los niños y niñas tienen miedo, no están yendo a la escuela; se piensan que nos van a bombardear”, explica una mujer. Helicópteros han sobrevolado las poblaciones, y la presencia de militares es mucho más visible.


Los Ministros de Seguridad, de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto, en sus declaraciones a medios de los últimos días han tratado a la gente de Yunkuapais de “grupos armados ilegales”, y les acusan de “secuestro extorsivo” y “robo de bienes públicos”, provocando el rechazo y el temor de los habitantes de los asentamientos mestizos que se encuentran más cerca de Macas, que en realidad nunca han visitado las comunidades shuar.


Sí tienen armas: las carabinas que usan para cazar en el monte, pero no para enfrentarse con el Ejército. Un ex líder de la organización Nación Shuar del Ecuador (NASHE) reivindica que “el Gobierno está mintiendo, los shuar no somos guerrilleros, ni secuestradores; somos un pueblo pacífico”. Para demostrar que esa criminalización no es acertada, los shuar se han mostrado abiertos al diálogo, y finalmente han accedido a la entrega de los dos subtenientes sin negociación alguna.


La tensión que provocó la detención de dos soldados por parte de las personas moradoras de Yunkuapais no se entiende sin un contexto de militarización y agresiones hacia las comunidades shuar, que están teniendo lugar desde agosto del 2016, cuando se desalojó por vía militar a la comunidad de Nankintz, al sur de la provincia de Morona-Santiago, para construir el campamento minero de Panantza-San Carlos. El 14 de diciembre del 2016 se decretó el estado de excepción en esta región, que implica la “suspensión de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión, tránsito e inviolabilidad de domicilio”.


Minas a cielo abierto y conflicto


Fue a raíz de la muerte de un policía en esa fecha, durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y las comunidades shuar en, cuando los indígenas intentaron retomar el territorio de Nankintz, y el Ejército lo impidió, causando no solo la muerte del policía, sino también decenas de heridos.

Información adicional

  • Antetítulo:SHUAR
  • Autor:alba crespo rubio
  • País:Ecuador
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Público.es
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