Sábado, 16 Septiembre 2017 07:33

En el mismo lodo

Escrito por MARIO AUGUSTO JAKOBSKIND
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Luiz Inácio Lula da Silva llega a la oficina de la justicia federal para declarar ante el juez Sergio Moro, en Curitiba, el 13 de setiembre Luiz Inácio Lula da Silva llega a la oficina de la justicia federal para declarar ante el juez Sergio Moro, en Curitiba, el 13 de setiembre Foto: Afp, Heuler Andrey

 

Los brasileños siguen perplejos ante las acusaciones de corrupción que no cesan de formularse contra políticos de los partidos más variados y ante las revelaciones de los montos exorbitantes de dinero que mueven la corrupción en su país. El presidente Michel Temer es nuevamente acusado de corrupción, mientras la prensa le parece dar más importancia a los nuevos cargos presentados en la justicia contra su antecesor Lula.

Lula volvió a sentarse en el banquillo de acusados en Curitiba ante el juez Sergio Moro, este miércoles, en una causa por corrupción pasiva, en el marco de la Operación Lava Jato. El ex presidente de Brasil tuvo que responder a las acusaciones de su ex ministro de Finanzas, Antonio Palocci (que cumple una pena de 12 años de cárcel), que Lula hizo un “pacto de sangre” con la trasnacional constructora Odebrecht –hoy conocida en el continente americano por sus sistemáticos sobornos y esquema de lavado de dinero– para recibir de dicha empresa donaciones, obras de renovación en varios terrenos atribuidos a Lula y pagos por charlas (unos 60 mil dólares por exposición). Además, Odebrecht habría pagado un terreno para el Instituto Lula en San Pablo, dinero que, según la denuncia, fue retirado de una cuenta de 300 millones de reales (casi 100 millones de dólares) de sobornos a disposición del entonces oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

En la audiencia, el Ministerio Público Federal (fiscalía) presentó como prueba un orden del día de una reunión entre Lula y Emilio Odebrecht, patriarca de la empresa contratista. Esta reunión habría tenido lugar el 30 de diciembre de 2010, en el Palacio Planalto, algo que también fue afirmado por Palocci (y negado por Lula). Según el ex ministro, el objetivo del encuentro era poner fin a la desconfianza que tenían los empresarios de Odebrecht con respecto al gobierno de Dilma Rousseff, que sucedería al de Lula pocos días después.

Durante poco más de dos horas, Lula declaró ante el juez que en julio pasado lo condenó a nueve años y medio de prisión por obtener de Odebrecht el favor de renovar un tríplex en Guarujá. En su declaración, Luiz Inácio Lula da Silva dijo de su ex ministro que era “calculador, frío y simulador” y refutó con vehemencia su acusación de que hubiera hecho cualquier tipo de acuerdo ilícito con la constructora. Criticó severamente las acciones de la Policía Federal y del Ministerio Público, argumentando que algunas de sus operaciones, a sus ojos, son sospechosas, y cuestionó la neutralidad del proceso. Al final de la audiencia preguntó si el juez que lo juzgaría sería imparcial. Sergio Moro le aseguró que lo sería.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, argumentó que las acusaciones contra el ex presidente eran infundadas, que no existe ningún documento que las pruebe y que la fiscalía “nunca demostró que los recursos generados están relacionados con Lula”.

El empresario Marcelo Odebrecht había dicho que usó la cuenta de sobornos que la empresa tenía con el PT para adquirir un inmueble para la sede del Instituto Lula y también para financiar la vivienda de Lula en el municipio vecino de San Bernardo del Campo, algo que fue rechazado también por el ex mandatario.

Durante su presidencia, Lula vivió en ese apartamento vecino y alegó que lo hizo por motivos de seguridad. Cuando dejó su cargo, en 2011, siguió usando el apartamento, adquirido por Glaucos Costamarques, primo del ganadero José Carlos Bumlai, un amigo de Lula también acusado en la operación Lava Jato que investiga la gigante trama de corrupción asociada a Petrobras.

En Curitiba, Lula fue recibido por correligionarios que habían llegado en 50 ómnibus de varios estados brasileños acompañados de dirigentes del PT para mostrarle su apoyo. Para éstos, el ex presidente es víctima de una persecución de sectores políticos e incluso del Poder Judicial, que quieren impedir que sea candidato a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Una confirmación en segunda instancia de la condena de prisión que Lula recibió en julio pasado en primera le impedirá presentarse como candidato. Sus abogados ya pidieron la anulación de esa sentencia, alegando que hubo irregularidades en el proceso.

La semana pasada, Lula concluyó una gira por los estados del noreste y tiene planificadas varias movilizaciones en otras regiones del país. Las escasas coberturas mediáticas de estas actividades mostraron que el ex presidente todavía es bien recibido por la población.

 

EL PRESIDENTE.


Mientras detenían en Brasilia a los empresarios Joesley Batista y Ricardo Saud, de las empresas Jbs y J&F respectivamente, acusados de haber omitido informaciones en sus llamadas “delaciones premiadas” (en las que un condenado puede reducir su pena a cambio de entregar datos que puedan inculpar a otros involucrados en tramas de corrupción) que señalaban como corrupto al actual presidente, Michel Temer, un informe de la Policía Federal enviado al Supremo Tribunal Federal (Stf, la máxima instancia jurídica en Brasil) indicaba que el mandatario y sus ministros Moreira Franco y Eliseu Padilha cometieron delitos de corrupción. Gracias a este informe sobre el partido oficialista Pmdb, Temer es acusado de haber recibido 31,5 millones de reales (10 millones de dólares) de sobornos por participar de una organización criminal en la que también estaría implicado el ex presidente de la Cámara de Diputados y hoy preso Eduardo Cunha.

Tanto Temer como los dos ministros niegan las acusaciones. El procurador general de la república, Rodrigo Janot afirmó que ante las abundantes pruebas de corrupción recogidas por el Ministerio Público, la única herramienta que les queda a los investigados es intentar “desacreditar” a los investigadores. El mandato del fiscal general está por concluir. Janot será sustituido en los próximos días por Raquel Dodge, designada para ese puesto por Temer.

Los abogados de Temer intentan a toda costa anular en la justicia el juicio basado en las acusaciones de los empresarios Batista y Saud. El Stf decidirá en cualquier momento si rechaza como pruebas admisibles las grabaciones de Joesley Batista que incriminan a Temer y las valijas de dinero ofrecidas al ex diputado Rocha Loures.

Al presidente también le preocupa la encarcelación de su asistente y político del Pmdb Geddel Vieira Lima. En un apartamento cercano a donde Geddel Vieira Lima cumplía prisión domiciliaria, en Salvador de Bahía, fueron halladas varias valijas con dinero: 51 millones de reales, propiedad del político. Éste podría optar por aceptar un acuerdo de delación premiada, algo que podría eventualmente incriminar al jefe del Ejecutivo.


GRABADO.


Pero el presidente sigue acumulando acusaciones en su contra. El cambista Lúcio Funaro lo acusa de haber participado en actividades de corrupción antes de asumir la presidencia y que continuaron durante su ejercicio del cargo. La hermana de Funaro fue filmada recibiendo 400 mil reales en sobornos, supuestamente sólo una parte del dinero que sería entregado a Funaro para que no señalara al presidente en su delación premiada.

En las grabaciones de una conversación de Michel Temer, Joesley Batista dice que pagó sobornos a Eduardo Cunha y a Lúcio Funaro para que éstos mantuvieran el silencio y no acusaran al presidente. En esas grabaciones, que fueron ampliamente divulgadas por la prensa, Temer responde que “hay que seguir con eso”.

Lúcio Funaro afirmó, en su delación premiada, que presenció en 2012 una llamada telefónica en la que el entonces vicepresidente Temer avaló pagos electorales a cambio de la liberación de créditos de la institución financiera pública Caixa Econômica Federal.

Las declaraciones de Funaro –que se encuentra preso en Brasilia– están citadas en el informe de la Policía Federal de la investigación sobre una presunta pandilla del Pmdb en la Cámara de Diputados.

Otra acusación rechazada por Temer es que el ex diputado Rocha Loures actuó a favor de un decreto que interesa a empresas del sector portuario. Loures es señalado como el intermediario y acusado de recibir sobornos destinados al presidente.

El juez del Stf Luis Roberto Barroso autorizó la apertura de una nueva investigación contra Temer. Ésta se basa en la sospecha de que el presidente benefició a una empresa que opera en el puerto de Santos, adoptando decretos para regular el sector.

 

 

Información adicional

  • Autor:MARIO AUGUSTO JAKOBSKIND
  • País:Brasil
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Brecha
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