Miércoles, 07 Marzo 2018 06:39

La insurgencia que bloqueó la privatización del agua en Irlanda

Escrito por Andrea Muehlebach
Valora este artículo
(0 votos)
La insurgencia que bloqueó la privatización del agua en Irlanda

En 2014, las movilizaciones masivas en Irlanda bloquearon una de las medidas impuestas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional: la financiarización del agua

Después de que el gobierno intentara privatizar y aumentar el coste del agua, los irlandeses marcaron un límite: “No van a sacar más sangre de esas piedras” [expresión inglesa que en castellano se podría traducir como “no van a conseguir más peras del olmo”] .


A Cobh, la “gran isla” situada en la costa sur de Irlanda, solo se puede llegar a través del puente Belvelly, que tuvo una importancia estratégica en 2014, cuando fue central en algunas de las movilizaciones más masivas que la isla había visto en mucho tiempo. Cuando quedó claro que la empresa público privada de agua Irish Water iba a instalar contadores de agua domésticos en Cobh, como ya había hecho en todas partes —lo que significaba que Irish Water vendría con camiones, levantaría aceras, conectaría viviendas con contadores de agua y empezaría a cobrar a la gente por el agua—, la gente se rebeló.


Haciendo guardia en la parte del puente Belvelly por la que se llega a Cobh, los activistas mandaban mensajes a los que hacían guardia al otro lado del puente, alertándoles de los camiones que se acercaban y rastreando la dirección que éstos tomaban. Muchas de las personas organizadoras eran mujeres, mayores y desempleados —losque estaban en casa durante el día—. Cuando los camiones llegaban a su destino, la gente a menudo ya los esperaba en grupos, bloqueando la entrada a los vecindarios o aglomerándose a su alrededor y rodeando a los trabajadores.


La gente simplemente no cedía. Mujeres, hombres y niños se enganchaban de los brazos y cantaban. Los bloqueos duraban horas, a veces incluso días, organizándose por turnos y celebrando reuniones nocturnas sobre cualquier cosa, desde qué vestir hasta quién recogería a los niños del colegio y haría la comida.
La gente instaló tiendas de campaña y los vecindarios empezaron a competir en cuanto a cuáles hacían los mejores guisos y sándwiches para alimentar a los manifestantes. En las ventanas se veían llamativos posters en rojo y blanco que decían: “No al consentimiento. No al contrato. No a la privatización del agua. No a los contadores de agua aquí”.


“Las personas se apoyaban entre sí. Muchos de los vecindarios de clase trabajadora, no solo en Cobh sino por todo el país, estaban en un completo bloqueo. Simplemente no dejaríamos entrar a Irish Water. Las comunidades, tan alienadas entre sí y rotas por la pobreza, los desahucios y el desempleo, se unieron. Fue mágico”, explicó uno de los activistas.


Movilizaciones de masas contra la austeridad


Cobh es sólo un ejemplo de las movilizaciones masivas sostenidas que la Irlanda de la austeridad vio en los años 2014 y 2015. La instalación de contadores de agua y la perspectiva de que se endosara a los hogares islandeses con otra factura más llevó a protestas intentas y todavía en marcha, con la gente de Irlanda diciendo a los políticos y a Irish Water que podían “meterse sus contadores de agua por el culo”.


Cientos de comunidades principalmente de clase obrera participaron en actos coordinados de desobediencia civil masiva, bloqueando camiones y marchando en varias manifestaciones enormes a nivel nacional. La insurgencia del agua ganó impulso tan rápido que pronto fue rutina que los trabajadores de Irish Water acudieran flanqueados por la policía policial para repeler, y a veces también golpear, a las multitudes que se sentaban, se tumbaban o se mantenía de pie, muchas veces durante horas, en las aceras y calles mientras bloqueaban los contadores. Las señoras mayores llevaban sus sillas plegables y bebían sus tazas de té sentadas en las aceras, mientras hombres jóvenes bloqueaban los agujeros que la empresa ya había excavado.


Los activistas argumentaban que el agua era considerada, hasta ese momento, un bien público por el cual ellos pagaban a través de los impuestos progresivos generales, lo que significaba que los trabajadores con bajos salarios, los desempleados y los más vulnerables no pagaban tanto como los muy acomodados. Añadir una factura adicional a lo que la gente ya estaba pagando significaba pagar dos veces por el agua.


Los activistas también atacaron las argumentaciones ecológicas que hacía Irish Water. De hecho, la medición no supondría automáticamente el ahorro de agua ya que los irlandeses usan, de media, de un 15% a un 25% menos agua que la media del Reino Unido, donde las tasas del agua han existido desde 1989. Las tasas del agua eran, de lejos, la medida de austeridad más polémica impuesta sobre los ciudadanos irlandeses desde el desplome económico de Irlanda en 2008.


Tras un rescate bancario de 70.000 millones, que fue denominado como “la crisis bancaria más costosa en economías avanzadas al menos desde la Gran Depresión”, pagado con el dinero de los contribuyentes y que dio lugar a grandes recortes salariales en el sector público, la reducción del gasto social y un aumento de los impuestos regresivos y las tasas para usuarios, la tasa del agua fueron consideradas por la gente como la gota que colmó el vaso”.


La privatización del agua


Irish Water se fundó en 2013 en respuesta a la masiva crisis fiscal irlandesa posterior al rescate bancario. La creación de esta sociedad nominalmente pública pero, en la práctica, público-privada —PPP por sus siglas en inglés o, como se llama en Irlanda, DBO (Design-Build-Operate, traducido como diseñar-construir-gestionar)—, es parte de una tendencia global en la que los gobiernos devorados por la austeridad buscan invertir en infraestructura debilitada mediante el acceso directo a créditos a través de inversores globales, incluyendo bancos, gestores de fondos de pensiones y empresas de capital privado.


El diseño de esta forma estatal-corporativa permite que la nueva deuda salga del balance general público y que el gasto gubernamental sea aplazado porque los pagos se posponen. Como explicó un informe canadiense, los gobiernos “esencialmente están ‘alquilando dinero’ que podrían tomar prestado de forma más barata por sí mismos porque es políticamente conveniente aplazar los gastos y evitar la deuda”.


Investigaciones en Canadá han mostrado con más detalle que las PPP cuestan de medida un 16% más que el aprovisionamiento público convencional, no solo porque los prestamistas privados necesitan conseguir un beneficio sino también porque normalmente pagan tasas de interés más altas que los gobiernos. Los costes de transacción para abogados y consultores también se añaden a la factura final, como ya saben demasiado bien los irlandeses. El coste de estos caros proyectos es, en Irlanda como en cualquier otro sitio, descargado sobre “los usuarios finales” —la gente que menos se lo puede permitir—.


En estos días es fácil que llegue dinero para inversión en infraestructura hídrica. Una enorme burbuja global de liquidez se está entrelazando con la creciente previsión de que el agua se está convirtiendo en una de las mercancías más lucrativas del planeta. Proyectos de agua pública como Irish Water son así objetivos primordiales para los “nuevos barones del agua”, que se han apresurado a invertir en agua no sólo porque sea lucrativa, sino también porque el agua es considerada como una inversión de bajo riesgo. Como servicio básico no opcional para la vida humana, el agua está, como señaló un analista de HSBC Securities en Londres, “protegida contra la inflación y no hay amenaza para los beneficios, en realidad. Es muy estable y la puedes vender cuando quieras”.


Esta íntima relación que ha surgido entre los flujos de agua en los grifos irlandeses y los flujos de dinero en los mercados financieros globales ha significado, por lo tanto, que el agua que no se mide debe ser transformada en un activo predecible y eficiente que circule en los mercados financieros secundarios. Lo que sale de los grifos tiene que convertirse en algo contable y medible para que pueda ser sujeto a especulación. De ahí la instalación de contadores de agua y de ahí la ira que los irlandeses reservaban para este dispositivo técnico pequeño y aparentemente inocuo.


Hasta hoy, uno puede ser lo suficientemente afortunado como para encontrarse con un hada del contador de agua: fontaneros de guerrilla clandestina que en los últimos años han desinstalado cientos de contadores en todo el país; contadores que son símbolos del expolio pero también objetos de los que reírse, fotografiados en sitios improbables como playas y publicados en Facebook o exhibidos públicamente en pequeños jardines delanteros.


Las protestas locales contra los contadores de agua en 2014 se propagaron como el fuego desde lugares como Dublín, Cork, Cobh, Ballyphehane y Bray, y fueron apoyadas por grupos anti austeridad ya existentes como Dublin Says No (Dublín dice no). Los primeros arrestos fueron de ciudadanos que habían impedido el paso a trabajadores de Irish Water bloqueando carreteras con sus coches.


A finales de 2014, se fundó Right2Water (Derecho al agua) , una organización paraguas nacional apoyada por sindicatos, partidos políticos de izquierda y diversos grupos comunitarios y activistas. Lo que siguió fueron varios fascinantes días de acción nacionales que vieron a decenas de miles de personas manifestarse en las calles de Dublín —el último de ellos fue el 17 de septiembre de 2016 y reunió a aproximadamente 80.000 personas—.


A día de hoy, muchos vecindarios irlandeses de clase trabajadora apenas tienen medidores. Otros solo a medias, con pequeños grupos de activistas, como uno de Ballyphehane, aún patrullando las calles con chaquetas reflectantes de color amarillo brillante que indican su continua vigilancia. Dos terceras partes de los miembros del Parlamento elegidos para el cargo en marzo de 2016 hicieron campaña contra los cobros del agua. Aproximadamente la mitad de estos políticos no están pagando sus tasas de agua e insisten, en cambio, en la fiscalidad progresiva general.


Las tasas del agua fueron suspendidas durante nueve meses y una comisión independiente sobre el agua puesta en marcha por el gobierno irlandés concluyó recientemente que las tasas del agua deberían ser desechadas en su totalidad, que el agua debería pagarse a través de la fiscalidad general, y que los irlandeses insisten abrumadoramente en que el agua es un bien público —de propiedad y gestión pública—. Es una gran victoria para los manifestantes irlandeses por el agua que la comisión nombrada por el gobierno confirmara en todos sus aspectos lo que ellos habían estado diciendo todo el tiempo.


Contrato social frente a contractualización doméstica


Desde la crisis financiera global de 2008, los hogares de ingresos medios y especialmente los de ingresos bajos han sufrido cada vez más lo que algunos han llamado contractualización doméstica, lo que significa que cada vez más han tenido que entrar en contratos con empresas privadas o parcialmente privatizadas y, por lo tanto, pagar más por la reproducción social básica del hogar (gas, electricidad, agua).


Estos pagos domésticos de servicios como energía, agua y teléfonos (pero también seguros, alquiler, atención sanitaria y créditos para vivienda, educación y vehículos) están cada vez más englobados y comercializados en los mercados globales. Se han hecho así centrales para una creciente frontera de la acumulación de capital y para los “pilares” a los que está unido el sistema financiero global.


La financiarización de los bienes domésticos se siente de manera particularmente fuerte en países como Irlanda, que ya estaba cargado con el rescate bancario que vino con toda una plétora de nuevos impuestos y cobros a los ciudadanos. Por lo tanto, había habido ya una serie de insinuaciones previas en Irlanda en 2012 sobre la incapacidad de los hogares de nuevos ingresos en cuanto a pagar una nueva tasa doméstica que se suponía que iba a ser una medida provisional para futuros impuestos sobre la propiedad, una medida que Dublín había aceptado bajo su programa de rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.


Pero fue en las amenazadoras tasas del agua donde los irlandeses marcaron el límite. Al rechazar el contrato e insistir en pagar por el agua mediante la fiscalidad progresiva general, los irlandeses hicieron algo increíblemente radical para nuestros tiempos: rechazaron el mecanismo mismo —el contrato y la factura— a través del cual se somete a los hogares a la lógica de la financiarización. “No al consentimiento. No al contrato. No a la privatización del agua. No a los contadores de agua Aquí”, se leía en los posters de las ventanas.


En cambio, el pueblo de Irlanda insistió en un contrato totalmente diferente —un contrato social en el que el Estado se comprometería a una fiscalidad justa y progresiva. Ésta era una demanda de que el Estado se apartara de su actual modelo de tratar con la agobiante deuda soberana mediante la venta, corta de miras, de sus servicios vitales y, en cambio, repensar el acuerdo fiscal colectivo y su futuro: ¿Quién paga qué tipos de impuestos? ¿y qué ocurre con estos impuestos?
No era una visión nostálgica del modelo de gestión estatal del pasado, sino una demanda de nuevas y progresivas formas de financiación pública. No es de extrañar que la insurgencia del agua irlandesa se haya comparado repetidamente a las famosas guerras del agua en Cochabamba (Bolivia). Los irlandeses marcaron una línea y estaban listos para poner sus cuerpos. Irish Water no va a sacar más sangre de esas piedras.


Texto original publicado en Roar mag
Andrea Muehlebach es profesora de Antropología en la Universidad de Toronto, investigando actualmente las luchas por el agua en Europa.

Información adicional

  • Antetítulo:Derecho al agua
  • Autor:Andrea Muehlebach
  • País:Irlanda
  • Región:Europa
  • Fuente:El Salto
Visto 366 veces

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.