Sábado, 12 Mayo 2018 09:12

Permite a los militares ser juzgados en foros propios. Denuncian la “ley Temer”

Escrito por Página12
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Permite a los militares ser juzgados en foros propios. Denuncian la “ley Temer”

La denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro.

 

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó ayer que le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que revocase la ley que transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil. “En su denuncia, la Defensoría relató que la legislación establece un foro especial para los militares y dificulta la responsabilización de los agentes estatales mediante investigaciones imparciales e independientes”, informó la Defensoría en un comunicado.


De acuerdo con la nota, la denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro, Daniel Lozoya. El organismo alegó en su recurso que la ley viola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como las normas internacionales de protección de los derechos humanos. “Ese hecho fue incluso alertado por el representante Regional del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada al Senado brasileño cuando el proyecto aún era discutido en el Congreso”,explicó la nota.


La ley en cuestión fue sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, pese a que fue blanco de intensas críticas de los organismos de defensa de los derechos humanos, así como de la ONU y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). La norma garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa. La Defensoría destacó que la ley entró en vigencia tan sólo cuatro meses antes de que, en febrero pasado, el Gobierno brasileño decretara una intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro, que puso en manos del Ejército el control del orden público en el estado más emblemático de Brasil. La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado.


En su recurso ante la CIDH, la Defensoría citó específicamente una matanza ocurrida en noviembre pasado en la favela de Salgueiro, que dejó ocho muertes y en la que se investiga la participación de militares. Según el organismo, el caso no ha sido debidamente investigado hasta hoy ni se han señalado a sus responsables pese a, según alegó, los fuertes indicios de que se trató de una ejecución, ya que las víctimas fueron tiroteadas en la nuca, y a que testigos acusan a hombres que usaban armas con miras láser y cascos con visión nocturna como los utilizados por las Fuerzas Especiales del Ejército. “Con el uso cada vez más frecuente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad y de policía en Brasil, como las previstas en la intervención federal en Río de Janeiro, es muy probable que los casos involucrando a militares sean llevados a la Justicia Militar”, indicó la Defensoría.


Por ello, agregó: “es necesario que esa ley sea revocada lo más rápido posible, ya que la Justicia Militar no es competente para juzgar violaciones de los derechos humanos practicadas contra civiles, de acuerdo con las normas internacionales de independencia e imparcialidad judicial de las investigaciones”, aseguró Lozoya. La ley ya había sido criticada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado conjunto divulgado en octubre, ambos organismos argumentaron que la iniciativa impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad.


Ayer, siguiendo con la política de militarización, el ministro de Seguridad Pública de Brasil anunció la conformación de un grupo especial compuesto por autoridades de la justicia, el Ejército y la Policía destinado a identificar milicianos para, según dijo, reducir y minimizar su influencia durante las campañas electorales de este año en Río de Janeiro.

Información adicional

  • Autor:Página12
  • País:Brasil
  • Región:Suramérica
Visto 251 vecesModificado por última vez en Sábado, 12 Mayo 2018 09:49

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