Viernes, 09 Octubre 2020 05:40

Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Escrito por Alejandro Quryat / Elvira Blanco Santini
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Racismo y violencia de Estado en Venezuela. Entrevista a Keymer Ávila

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política. Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (ucv) y profesor de Criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Es uno de los principales estudiosos y críticos de la violencia institucional y del sistema penal de la Venezuela contemporánea.

 

¿Qué formas toma la opresión racial en Venezuela? ¿Qué grupos enfrentan discriminación sistemática racializada?

Lo primero que debo aclarar es que mi área de investigación no se concentra en el tema racial sino en la violencia institucional, específicamente la del sistema penal. Los sistemas penales se caracterizan por ser selectivos, clasistas, racistas y xenófobos. Es dentro de este marco que podría acercarme al tema racial. De una manera muy general, lo que les puedo comentar es que el racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, es casi un tema tabú. Se trataría más de un racismo simbólico, cultural, latente, que se presenta en ocasiones como algo simpático o humorístico, estético, junto a un cúmulo de prejuicios, así como sutiles e indirectas formas de opresión, discriminación, estigmatización y exclusión. Esto va desde el no reconocimiento u ocultamiento de la propia herencia africana o indígena hasta la autodiscriminación. Es lo que Esther Pineda ha definido como «endorracismo», que es básicamente el racismo ejercido por los propios discriminados1. Por ello también cuesta tanto asumirlo. No alcanza los niveles institucionalizados y extremos que tiene en Estados Unidos, pero sin duda alimenta un sustrato para legitimar posteriormente otras formas de violencia en contra de estos grupos.

¿Quiénes formarían estos grupos? Pobres, afrodescendientes e indígenas. Hasta hace pocos años, Venezuela era un país receptor de migrantes y en estos grupos también se encontraban haitianos, trinitarios, colombianos, ecuatorianos y peruanos. En contraste, a los migrantes provenientes de España, Italia y Portugal se les otorgaba un trato mucho más privilegiado. No se trataba entonces solo de xenofobia, había también implícitos racismo y clasismo en contra de estas personas. Ahora esa situación se revierte, ya que actualmente son los venezolanos quienes sirven de chivo expiatorio en muchos países, dado el enorme éxodo de al menos 13% de nuestra población.

¿Cómo se entrecruzan clase y raza en el caso de Venezuela?

Están íntimamente vinculadas, como lo están en la mayoría de los países coloniales que explotaron a los esclavos traídos de África entre los siglos xvi y xviii. En el caso de Venezuela, las clases altas y sus familias tradicionales –algunas que se remontan a la Colonia– son predominantemente blancas y endogámicas, no se mezclan2. En otro nivel podría considerarse también a los inmigrantes italianos, españoles y portugueses que vinieron a mitad del siglo pasado huyendo de las guerras y que llegaron como mano de obra calificada y luego lograron ascender en la escala social. Esta oleada migratoria europea fue promovida por el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país, «mejorar la raza». De este grupo algunos se mezclaron, aunque no la mayoría. Acá pueden verse, entonces, las capas más altas de la sociedad, que serían las minoritarias, con un importante poderío económico, pero actualmente venidas a menos en lo político.

Luego vendría la mayoría del país que es fundamentalmente mestiza: mezcla de indios, negros y blancos. Precisamente esta condición de asumirnos como producto de esta mezcla es lo que hace que nos cueste aceptar que tenemos problemas de racismo.

En las clases populares hay mayor cantidad de afrodescendientes e indígenas que en las clases medias. Podríamos afirmar que el mestizaje dentro de nuestra estructura social tiene la forma de un rombo o diamante: en la medida en que te acercas a la cúspide o a la base de la estructura social venezolana el mestizaje es menor, cuanto más arriba menor melanina, más abajo ocurre lo contrario y en las capas medias el mestizaje es mucho mayor.

Por lo tanto, en Venezuela, la segregación de clase suele estar muy vinculada a la segregación racial.

¿Hasta qué punto representó el chavismo un avance contra el racismo?

Algunos posiblemente podrían considerar la victoria de [Hugo] Chávez en 1998 como un éxito simbólico, al ser el primer presidente zambo y de extracción popular en el país. Sin embargo, esto tuvo más una impronta de clase que de raza. Por parte de la oposición tradicional, afloraron los discursos racistas y clasistas. Pero a dos décadas de este evento, no puede afirmarse que las clases más excluidas estén mejor que antes, ni que el chavismo haya significado un empoderamiento de estos sectores. Todo lo contrario, hoy en día hay mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

En el presente, bajo el régimen de Nicolás Maduro, ¿cómo interactúan las fuerzas policiales o de seguridad con grupos racializados u oprimidos por el racismo? ¿Cómo responden estas fuerzas cuando estos grupos se organizan por sus derechos?

Cuando denunciamos que en Venezuela la policía lleva una masacre por goteo en contra de jóvenes de los sectores populares, nos referimos a jóvenes pobres y racializados. En el país, el sistema penal es tan clasista y racista como en otros de la región; la diferencia podría estar en sus altos niveles de letalidad. Las llamadas fuerzas del orden, como en todas partes, están destinadas al disciplinamiento, control y represión de las clases populares, a las que las elites gobernantes siempre consideran peligrosas. Esa es la razón real de su existencia, que se encubre detrás de distintos tipos de discursos, predominantemente normativos, que invocan el interés general y la seguridad pública, pero que en esencia se reducen a la protección de los pocos que detentan el poder político y económico.

Todo esto se remonta a la historia colonial. La Colonia fue siempre un Estado policial. El advenimiento del llamado Estado de derecho, que ponía límites normativos al poder en los países centrales, no llega de la misma forma a sus periferias. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos, sino salvajes, privados de derechos y sujetos a un estado de excepción. Esa idea aún se encuentra muy arraigada en nuestros países. De allí algunas de las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, y especialmente la policial.

En el caso venezolano particular, los cuerpos de seguridad, desde sus orígenes, estuvieron signados por su militarización e instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada de las décadas de 1960 y 1970, que dejó un saldo de miles de casos de violaciones a los derechos humanos, se trasladará en los años siguientes a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» serán emblemáticas para las últimas décadas de nuestro siglo xx.

El siglo xxi en Venezuela venía acompañado de la promesa de un cambio radical, de una ruptura con todo lo anterior. Sin embargo, lo que sucedió fue la continuidad e incluso la profundización de todo lo que ya venía muy mal. Entre los años 2010 y 2018 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas3. 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios a manos de efectivos del Estado por cada 100.000 habitantes se sextuplicó entre 2010 y 2018, llegando a 16,6, un registro superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, la proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó, en ese mismo periodo, de 4% a 33%. Es decir, actualmente uno de cada tres homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto, en un país cuya tasa de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, puede considerarse como una masacre: durante 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas.

Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil este tipo de casos apenas ocupan 7% de los homicidios. En 2017, Venezuela tuvo más muertes por intervención de la fuerza pública que este país vecino, que tiene siete veces su población: Brasil, 4.670 muertes y Venezuela, 4.9984. Otro contraste que puede resultar de interés: Patrick Ball estima que entre 8% y 10% de los homicidios ocurridos en eeuu son consecuencia de la intervención de sus fuerzas de seguridad5. En Venezuela ese porcentaje es tres veces mayor.

Estos son algunos de los saldos que caracterizan al actual gobierno, que lejos de debilitarlo lo fortalecen, porque opera con una lógica necropolítica: en la medida en que se deterioran las condiciones materiales de vida, la vida misma parece también perder su valor. En ese proceso se ejercen mayores y más efectivos controles sobre la población. Mientras más se lo acusa de autoritario y dictatorial, de generador de terror, más se envilece. Allí yace su principal capital político. Su legitimidad no se encuentra ni en los votos ni en la voluntad popular, sino en el ejercicio ilimitado del poder y de la fuerza. El miedo es una de sus principales herramientas.

Con la pandemia, esta excepcionalidad solo ha seguido extendiéndose, otorgándoles más poder a quienes ya controlaban todo el aparato del Estado. Durante los primeros cinco meses de cuarentena –periodo en el que se esperaba que, al reducirse la movilidad social, se redujera también la violencia callejera–, murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado más de 1.171 personas. 125 de ellas eran privadas de libertad que huyeron, intentaban huir o manifestaban contra las precarias condiciones en que se encontraban en calabozos policiales o centros penitenciarios. Son ocho muertes diarias, que no escandalizan a nadie. En ese mismo lapso el covid-19, según cifras oficiales, había acabado con la vida de 259 personas, es decir, dos personas cada día. Para los venezolanos, las fuerzas de seguridad del Estado son cinco veces más letales que la pandemia que azota al mundo6.

Es importante distinguir algo que se manipula mucho en los medios de comunicación cuando se aborda el tema Venezuela, desde los prejuicios de clase y de raza: las cifras de miles de muertes que acabo de señalar se refieren a jóvenes de los sectores populares que son masacrados con el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana. No se trata de disidentes políticos ni de manifestantes. Es importante señalar estas diferencias. Esto no significa que en Venezuela la represión contra las manifestaciones no sea brutal, pero la violencia institucional de carácter letal no se expresa en estos contextos de manera tan masiva como la que se aplica de manera sistemática, permanente y cotidiana contra los jóvenes de los sectores populares.

La represión del Estado siempre es política, la seguridad ciudadana solo sirve como excusa para ello. Esta represión se distribuye socialmente de manera diferenciada: en los barrios pobres es ilimitada y letal, mientras que en las manifestaciones depende de quiénes protesten. Cuando los pobres son los que se movilizan la represión es mayor, como se pudo observar con las protestas de finales de enero del año pasado, con un saldo aproximado de 50 personas fallecidas en menos de dos semanas. En contraste, cuando son jóvenes de las capas medias o estudiantes universitarios quienes salen a la calle, la violencia institucional generalmente se expresa de formas menos letales, como detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos masivos ilegales, procesamientos de civiles en jurisdicción militar, etc.

Usted dice que hubo una profundización de lo que ya venía muy mal. ¿Qué políticas condujeron a esto? ¿Qué transformaciones se dieron en las instituciones policiales bajo el chavismo que explican este incremento de los homicidios a manos de las policías?

Como señalé, el periodo entre las décadas de 1960 y 1980 no era ni un cuento de hadas ni Disneyland en Venezuela. Desde 1998 hasta la muerte de Chávez, el discurso para abordar el problema de la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. A partir del año 2013 el discurso gubernamental cambió a uno más represivo, muy próximo ideológicamente al de sus supuestos adversarios ideológicos. De esta manera pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la política oficial respecto a la seguridad ciudadana en la Venezuela del siglo xxi. Una primera etapa puede ubicarse entre 1998 y 2013. Se inicia con el primer gobierno de Chávez, que logra capitalizar el descontento hacia un sistema político deslegitimado. Chávez transforma ese descontento en esperanza y en un proyecto político que prometía una transformación radical, de ruptura con el viejo orden. Eso pasaba por la refundación de la República, la nueva Constitución y una serie de reformas institucionales. Los grandes temas eran la política y lo social. La seguridad ciudadana no estaba en la agenda o se terminaba diluyendo en el discurso de las políticas sociales. La línea era el discurso mertoniano clásico: la falta de oportunidades crea condiciones para que los más pobres cometan delitos. ¿Qué receta exige esto? Mejorar entonces sus condiciones de vida. En consecuencia, el enfoque se concentró –en apariencia– en lo social, en el tema de la inclusión, y no se atendieron los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc), los fiscales, los tribunales y las cárceles. Estas instituciones permanecieron inmutables a los cambios. Venían ya muy mal y se fueron convirtiendo progresivamente en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no fue una novedad del gobierno de Chávez, solo se agudizó durante este periodo. Fue una especie de continuidad de un proceso de precarización y deterioro institucional.

En materia legislativa también se siguió con la misma racionalidad de los gobiernos anteriores: aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc. Lejos de contribuir al mejoramiento del sistema, todo esto lo colapsa y enlentece, haciéndolo también más arbitrario y violento. Desde lo ideológico, es importante destacar que la retórica de algunos formadores de opinión pretendidamente progresistas intenta trazar un vínculo causa-efecto entre pobreza y violencia. El enfoque en este vínculo inadvertidamente puede coincidir con el discurso clasista de la derecha más conservadora. Por otra parte, también puede sugerir de manera superficial que el Estado solo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto con la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica –en especial la inglesa– desde finales de la década de 1970, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta. Desde ese tiempo se tiene la conciencia de que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Sin embargo, Chávez mantuvo el discurso «social» respecto de esta problemática desde que tomó el poder hasta el día de su despedida. En él, las causas de la violencia se entendían entonces como factores asociados a la exclusión, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. En consecuencia, tendrían que reducirse de manera prioritaria estos factores. Más allá del tema de la seguridad, lo que habría que preguntarse en estos momentos es si hubo durante todos esos años una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural. Si ese pretendido Estado social llegó efectivamente a ser tal y si logró ser sostenible. O por el contrario, si solo se trató de otro reparto coyuntural de la renta petrolera en tiempos de abundancia.

En términos estrictamente discursivos, la política criminal durante este periodo parece haberse disuelto en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias del criminólogo crítico Alessandro Baratta: una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. Una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad; mucho menos debe «criminalizarse» la política social utilizando lógicas securitarias para elaborarla. Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano. La política concreta más emblemática en materia de seguridad ciudadana durante esta primera etapa fue el diseño en 2006 de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol). Esta fue creada en el contexto de un año electoral, que coincidió con un aumento de los homicidios en el país y con casos que impactaron a la opinión pública (Kennedy, Sindoni y Faddoul)7. Estos casos, instrumentalizados por la oposición con fines electorales, involucraban a funcionarios policiales y a víctimas con un alto poder de reclamo social.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno ante esta demanda? La Conarepol. La creación de este espacio fue una decisión política acertada por parte del gobierno, porque ante una crisis creó consensos, además ejerció de forma racional y seria la elaboración de políticas públicas. Se diseñó un nuevo modelo policial plasmado en una legislación y en decenas de resoluciones de avanzada entre los años 2006 y 2013.

Con este impulso se inicia una nueva institucionalidad en términos normativos-formales. Sin embargo, es importante advertir que un asunto es el diseño de la política y otro su implementación. Los aparatos policiales y militares llevan su propia agenda, tienen intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales e institucionales a sus actuaciones.

Así, mientras la reforma policial era objeto de la propaganda oficial, en la calle se llevaba realmente una «contrarreforma» por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Contrarreforma que, paradójicamente, se oculta detrás del nuevo modelo y de su bloque normativo que no se aplica. Ambos sirven para ser exhibidos en momentos de crisis de la policía, la maquillan, la relegitiman política, social y mediáticamente. Su uso meramente declarativo invisibilizó prácticas rutinarias de la policía que terminaron por ser cada vez más peligrosas y dañinas8. Podría decirse que todo el proceso de la reforma policial, usando términos de la sociología de Robert Merton, cumplió una función manifiesta de diseñar un nuevo modelo policial, dignificar el servicio, hacerlo congruente con la protección de derechos humanos y el discurso progresista. Pero también tuvo varias funciones latentes: encubrir lo que ocurría en la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, mientras se profundizaban su discrecionalidad y las lógicas militaristas. La idea de la «unión cívico-militar» nunca dejó de estar presente en la operatividad real de estas instituciones.

Con la muerte de Chávez se dejan de lado el enfoque y el discurso de corte social, así como las menciones al «nuevo modelo policial» de naturaleza civil y preventiva, para dar inicio a una nueva etapa que arranca en 2013 y se extiende hasta la actualidad. Se asume un discurso distinto y se deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo represivo. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, toma el tema de la seguridad como eje central de acción política.

El discurso oficial y la política criminal dan entonces un giro radical, acercándose ideológicamente al realismo de derecha. Ahora, el pobre pasa de víctima a victimario, a ser una especie de desagradecido que a pesar de las políticas sociales del gobierno insiste en seguir delinquiendo. Desde una visión de la izquierda más conservadora, sería el «lumpen» que obstaculiza el avance de la revolución. Estas serían las excusas ideológicas para darles un cheque en blanco a los militares y las policías para que realicen una especie de «profilaxis social», en la que todo el que cumpla con los rasgos que los estereotipos de clase y raza promocionan como la imagen de un delincuente debe ser sacado del juego, ya sea intimidándolo, privándolo de libertad o eliminándolo físicamente.

El gobierno redefine sus «enemigos». Antes, tenía a unos todopoderosos en el «Imperio», el «capitalismo», la «burguesía». Ahora suma al grupo de enemigos a los pobres de los barrios, los «lúmpenes» mal agradecidos. Se pasa así de la «lucha de clases» a una especie de «lucha intraclase» que criminaliza la pobreza. De esta manera el gobierno ha endurecido sus políticas de control policial y militar. Contra los marginados tiene operativos policiales militarizados con consecuencias cada vez más letales, tal como ya se los describí en la respuesta a la pregunta anterior. Sus ejemplos más recientes son las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Finalmente, el panorama de estas últimas dos décadas confirma la existencia de un problema estructural con la continuidad y el seguimiento de políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 ministros de Interior. Estos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política basada en acuerdos mínimos de institucionalidad y un seguimiento consistente que trascienda a los actores que detentan coyunturalmente el poder. La única continuidad que se puede observar es el deterioro y la corrupción de las instituciones, que ahora han alcanzado otros niveles y que incrementan la vulnerabilidad e indefensión de la ciudadanía frente a la violencia institucional y delictiva, que cada vez son más difíciles de distinguir entre sí.

¿De qué manera los indicadores sociales y económicos (como acceso a educación, salud, empleo, vivienda, entre otros) evidencian también formas de discriminación social?

Los datos y estadísticas sobre Venezuela actualmente son precarios. Como comenté, el tema del racismo no se ha asumido como problema, por lo tanto no se aborda ni se registra.

Según el Censo Nacional de 2011, en términos de autopercepción racial, solo 2% de la población se reconoció como «negra» o «afrodescendiente», mientras que 49% se identificó como «morena». No hay conciencia de la negritud. Esto dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza como ocurre en eeuu y Brasil. En consecuencia, los debates, movilizaciones y luchas en este sentido son escasos, de corto alcance y rigurosidad.

Además, en un contexto de crisis generalizada vinculada a la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, la agenda de prioridades es también de otra naturaleza. En Venezuela durante los últimos años los derechos sociales han retrocedido severamente, con una escasez general de alimentos y medicinas, que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, tales como malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. Durante los últimos 13 años, la moneda ha perdido más de 100 millones de veces su valor, alcanzando una tasa de inflación estimada en más de 1.000.000% según algunos cálculos, semejante a la de Zimbabwe de la década de 20009. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48% a 87%, mientras que la pobreza extrema creció de 23,6 % a 61%. En el último informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), solo Siria y Libia, dos países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el Índice de Desarrollo Humano que Venezuela, que retrocedió 25 puestos entre 2012 y 201810. El más reciente reporte del Programa Mundial de Alimentos [wfp, por sus siglas en inglés] ubica a Venezuela como el cuarto país en el mundo «necesitado de ayuda urgente», con 9,3 millones de personas, 32% de la población, sufriendo de inseguridad alimentaria11.

¿Qué conciencia hay en Venezuela sobre el racismo en eeuu, el movimiento Black Lives Matter y la rebelión antirracista en curso? ¿Y qué significado toman las discusiones sobre ello en el contexto político venezolano?

Agradezco esta pregunta porque permite decir varias cosas que considero importantes y que veo que no se abordan en el debate público. Venezuela es un territorio objeto de una disputa imperial entre eeuu, China y Rusia; lamentablemente la dirigencia nacional ha ido llevando a los venezolanos a una situación de mayor indefensión. Esto hace que el país se cosifique de distintas maneras: para las potencias somos una especie de laboratorio, donde los venezolanos no somos más que cobayos. Es a su vez, en términos foucaultianos, una enorme institución de secuestro.

En este contexto, no es solo inútil sino además inocente tratar de reducir esta complejidad a visiones dicotómicas entre gobierno/oposición, o aún de manera más absurda izquierda/derecha. En realidad –a pesar del enorme rechazo hacia el gobierno, que cada vez es mayor– la oposición es casi inexistente y el gobierno prácticamente juega solo en el tablero nacional. De izquierda tiene poco, más allá de la estética y la propaganda que consumen acríticamente –ya sea desde el desconocimiento o la complicidad– sectores de una izquierda conservadora, que, afortunadamente, son cada vez más reducidos.

Así, podemos ver sectores que condenan la violencia policial en eeuu pero legitiman y justifican la masacre que las fuerzas de seguridad llevan a cabo en Venezuela. Estos también tienen su reflejo inverso en el espejo: los que legitiman y justifican la violencia policial en eeuu pero condenan con vehemencia cuando esto ocurre en Venezuela. Al final los fans de Donald Trump y Maduro, respecto a estos temas, son bastante similares, porque siguen proyectos estructuralmente autoritarios, represivos y antidemocráticos. Aunque se autodefinan como antagónicos, son más bien complementarios y se legitiman recíprocamente. Usan los excesos del otro como propaganda oficial para así encubrir o justificar sus propios excesos.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno usa el terrible caso del asesinato de George Floyd para sus arengas y propagandas contra el gobierno de los eeuu, con la finalidad de engatusar a incautos de buena fe del progresismo internacional. Con ello distraen la atención para ocultar el desastre que han hecho en el país, así como las masacres que ejecutan sus propios cuerpos de seguridad. Por parte de los sectores de la oposición más tradicional, Black Lives Matter no va a encontrar mayor eco porque en el fondo esos sectores son conservadores, racistas y clasistas, y no les quita el sueño ese tipo de excesos en contra de sectores excluidos. Solo levantan la voz por esos casos cuando las víctimas son sus propios militantes, algún joven de clase media en el contexto de una manifestación política o cuando le conviene a su propia agenda mediática. Los miles de jóvenes pobres y racializados que mueren por intervención de la fuerza pública en el país les importan muy poco.

Como comenté, creo que la «conciencia de raza» en Venezuela está aún en estado de gestación. La izquierda en el país es predominante y mayoritariamente conservadora y eurocéntrica. No se plantea estos temas, y la cuestión del racismo no entra bien en su cartilla de la lucha de clases. Además, gran parte de ella está actualmente en un proceso de extinción autodestructiva al haber sido cooptada por los aparatos, las lógicas y las retóricas oficiales. De allí su oscilación entre las justificaciones, el negacionismo y el silencio cómplice con los excesos gubernamentales y las violaciones a los derechos humanos en el país. Solo sectores minoritarios y con poca incidencia se mantienen en pie de lucha. Afortunadamente la izquierda internacional y sectores progresistas se hacen cada vez más conscientes de lo que realmente sucede en Venezuela y poco a poco han dejado de lado las solidaridades automáticas con el gobierno.

La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser siempre condenadas de manera enérgica. No existen buenos violadores de derechos humanos y sus conductas no deben justificarse de ninguna manera. Ese doble rasero para condenar a unos y justificarles a otros los mismos excesos les hace un daño enorme a las sociedades, a los Estados y a la política misma.

Nota: una versión de esta entrevista se publicó en inglés en No Borders News, 6/7/2020, <https://nobordersnews.org/>.

 

 

Información adicional

  • Autor:Alejandro Quryat / Elvira Blanco Santini
  • País:Venezuela
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Nueva Sociedad
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