Domingo, 20 Junio 2021 05:22

¿Unidos contra China?

Escrito por Tom Kucharz
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¿Unidos contra China?

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

 

Entre la cumbre del G7 en Cornualles (Reino Unido), la OTAN en Bruselas (Bélgica) y la reunión entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Ginebra (Suiza), ha tenido lugar la cumbre entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE UU) con el fin de “renovar” la asociación transatlántica. La última tuvo lugar en 2017 con Donald Trump. En esta ocasión, Biden ha pretendido con su gira europea reclutar aliados para su política exterior y el enfrentamiento geopolítico con China y Rusia.

Al gobierno alemán le pareció tan relevante la visita que la canciller Angela Merkel envió a principios de junio un equipo negociador de alto nivel a Washington para preparar algunos de los asuntos más sensibles como la relación con China o la construcción del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. En mayo, Biden había retirado las sanciones a las empresa constructora, la suiza “Nord Stream 2 AG”, por colaborar con Putin, para tender la mano a Alemania. Para desactivar el conflicto, Merkel visitará a Biden en julio.

La cumbre UE-EE UU rebajó el tono en la disputa entre ambas potencias sobre las subvenciones que dan a los dos mayores fabricantes de aviones del mundo Boeing y Airbus.

El contencioso comercial de mayor duración en la historia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha estado en la mesa de tres presidentes estadounidenses, cinco representantes comerciales de EE UU y seis comisarios de comercio de la UE. Después de 17 años, miles de millones de euros en aranceles y otros tantos millones gastados en honorarios judiciales, ambas partes anunciaron la suspensión de los aranceles de represalia.

En 2004, la administración estadounidense inició un procedimiento en la OMC contra la UE, alegando que subvencionaba ilegalmente al fabricante de grandes aeronaves Airbus. La UE también presentó una denuncia contra los Estados Unidos en mayo de 2005 por sus ayudas ilegales a Boeing.

La OMC autorizó tanto los Estados Unidos —en octubre de 2019— así como la Unión —en noviembre de 2020— que impusieran aranceles punitivos a las exportaciones respectivas, afectando un valor total de 11.500 millones de dólares de intercambios comerciales entre ambas partes. Como consecuencia de ello, las empresas de la UE y de los EE UU han tenido que pagar aranceles por más de 3 300 millones de dólares, incluyendo los productos alimentarios europeos como quesos, aceite de oliva y aceitunas, carne de cerdo y licores.

Tregua de cinco años

En la mayoría de los medios de comunicación se ha celebrado la cumbre con titulares como “La UE y EE UU pactan el fin del conflicto Airbus-Boeing tras 17 años de disputa” (El País) o “Biden da una tregua a la UE en la guerra de aranceles a cambio de apoyo ante China” (Noticias de Navarra).

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se felicitó por un “acuerdo histórico en política arancelaria” y un “buen resultado para la UE y para España”. “Bien hecho”, escribió la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, al comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovskis a través Twitter. “El acuerdo para acabar con el conflicto entre Airbus y Boeing abre una nueva etapa en las relaciones transatlánticas”, según el grupo socialista en el Parlamento Europeo.

Pero detrás de las palmaditas en la espalda entre jefes de Estado y ministros y las declaraciones triunfalistas de un supuesto cambio de paradigma de “litigio a colaboración”, la verdad es que todavía no se ha concluido nada que ponga fin a la disputa de forma permanente.

En lo que Biden calificó de “gran avance”, la UE y los EE UU sólo han acordado aparcar los aranceles de represalia, dejando sin resolver por ahora las causas fundamentales de sus desacuerdos, y darse cinco años para resolver el lenguaje jurídico y llegar a un marco mutuamente aceptable sobre las subvenciones a los oligopolios aeronáuticos.

Se creará un “Grupo de Trabajo” cuyo objetivo será “analizar y superar los desacuerdos que puedan surgir entre las partes” en materia de aeronaves civiles. Este grupo se reunirá cada seis meses.

Las dos partes no cuestionan la legitimidad del apoyo gubernamental a sus empresas aeroespaciales sino el “entendimiento sobre un marco de cooperación para grandes aeronaves civiles” busca definir cuál es el nivel aceptable de subvención y las formas permitidas tales como ciertas medidas de investigación y desarrollo y préstamos en “condiciones de mercado”. Pero las dos partes no han llegado a un acuerdo sobre los subsidios al lanzamiento de aviones Airbus, que la OMC ha declarado ilegales y que EE UU reclama que se supriman por completo. Boeing dice que la UE se ha comprometido a abordar el asunto, pero no es verdad.

Gran parte de las negociaciones frenéticas y secretas en las últimas semanas se ha centrado en la transparencia de las subvenciones y en si los Estados sigan concediendo a Airbus créditos para desarrollar nuevos modelos de avión, en virtud de los cuales la aeronáutica devuelve más o menos dinero, dependiendo del éxito que haya tenido el prototipo.

Hasta ahora, los gobiernos de Francia, Alemania, el Reino Unido y España no han publicado los detalles de los contratos por los que conceden a Airbus estas ayudas. Algo que, por cierto, no es un tema de debate en España.

La UE, por su parte, quiere que el gobierno de EE UU deje de financiar el desarrollo de aviones civiles de Boeing en virtud de contratos secretos pagados con el presupuesto de defensa, una cuestión sobre la que Bruselas no consiguió pruebas suficientes para defender su causa en los muchos años de litigio que llevó contra Washington en la OMC.

30 años de subvenciones a la industria aeroespacial

El asunto se remonta a 1992, cuando se firmó el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación del Acuerdo GATT sobre el comercio de aeronaves civiles al comercio de grandes aeronaves civiles que reconocía los subsidios a Airbus y Boeing. Nunca debería haber sido aprobado.

Desde entonces ningún gobierno ha tenido voluntad para cortar el grifo de dinero que las dos multinacionales llevan décadas cobrando ilegalmente. Es humillante que se ensalcen ahora los resultados de la cumbre UE-EE. UU. cuando se haya malversado miles de millones de euros y dólares para subvencionar un oligopolio responsable del cambio climático y el comercio de armas.

A fin de cuentas, la disputa sobre las subvenciones a la industria aeroespacial es un paradigma de cómo el capital transnacional ha puesto a su servicio las políticas económicas de los Estados. A su vez representa uno de estos “proyectos de progreso” que los gobiernos nos han vendido con el pleno condicionamiento de los principales grupos de poder económico. Se identifica como intereses generales lo que sólo son los intereses de una minoría. También desenmascara el argumento que el “libre comercio” nos ayudará “salir de la crisis” porque el dopaje de estas empresas privadas se ha pagado del bolsillo de los contribuyentes.

Recientemente, el gobierno de España ratificó su compromiso de apoyar al sector aeronáutico con más de 300 millones de euros a cargo principalmente de los fondos “Next Generation” de la UE y comprar aviones y helicópteros para el ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pedro Sánchez se ha comprometido a lanzar un Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), dotado con un total de 185 millones de euros, y la constitución de un Fondo de Apoyo a la cadena de suministro dotado con un mínimo de 100 millones con la cooperación de Airbus y la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Y a pesar de esta enorme sangría de recursos públicos, Airbus, en la que el Estado español mantiene una participación del 4,12% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha anunciado el recorte de 1.611 puestos de trabajo en España y 15.000 en el mundo.

Cuando un escaso número de firmas se va apoderando del mercado mundial, la cooperación entre Boeing y Airbus les permite reforzar su influencia en los gobiernos y una estrategia común de la UE y EE UU “contra China” es parte de la planificación privada para blindar sus beneficios.

¿En tiempos de emergencia climática y necesidad para reforzar la salud pública, ¿no deberían suprimirse estas subvenciones a la industria aeroespacial? ¿No debería el Gobierno español dejar de financiar los programas militares de Airbus? ¿Alguien con responsabilidad institucional reclamará que se devuelvan íntegramente estas ayudas?

El objetivo era... China

Aunque la cumbre no pusiera fin a la disputa comercial, sí era una señal de que los aliados transatlánticos estaban dispuestos a apartar los litigios bilaterales para centrarse en lo que han calificado como “amenaza económica común”: China.

Es lo que realmente perseguía el gobierno estadounidense con la jugada: “EE UU y la UE suspenderán los aranceles durante cinco años y trabajarán juntos para desafiar y contrarrestar las prácticas no comerciales de China en este sector de manera específica que refleje nuestros estándares de competencia leal. Esto incluye la colaboración en la inversión interna y externa y la transferencia de tecnología”, dijo Biden.

Bruselas y Washington colaborarán para ”abordar las prácticas contrarias a la competencia por parte de terceros que puedan perjudicar a sus respectivas industrias de grandes aeronaves civiles“ en clara referencia a China. No han sido capaces de resolver su propia disputa en 17 años, pero quieren dar lecciones a los demás. Es un cinismo supremo.

El comunicado de la cumbre recoge así las mismas advertencias a China que el texto final de la reciente cumbre del G7: “Tenemos la intención de consultar y cooperar estrechamente en toda la gama de cuestiones (…) hacia China, que incluyen elementos de cooperación, competencia y rivalidad sistémica”. Se mencionan las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y el Tíbet; la erosión de la autonomía y los procesos democráticos en Hong Kong; la coerción económica; las campañas de desinformación; la situación en los mares de China Oriental y Meridional. También tienen la intención de coordinar con China cuestiones como el cambio climático y la no proliferación de armas.

Por supuesto, ni la UE ni los EE UU asumen compromisos para hacer frente a sus propios abusos de los derechos humanos.

Aun no hay unanimidad sobre China

Las posiciones de la UE y los EE.UU. sobre las relaciones con China han ido convergiendo desde su difícil comienzo en los primeros días de la administración Biden, provocado por la conclusión del Acuerdo General de Inversiones de la UE con China en diciembre de 2020. La imposición de sanciones por parte de China a personas europeas, entre ellas eurodiputados, en respuesta a las sanciones impuestas por la UE por el trato a los musulmanes uigures puso fin a cualquier perspectiva inmediata de ratificación del acuerdo, y endureció las relaciones entre la UE y China.

En la rueda de prensa posterior a la reunión con Biden ni la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ni el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hicieron mención alguna a China.

Por ahora, los poderes comunitarios siguen caminando por una línea muy fina en lo que respecta a la potencia oriental y siguen siendo cautelosos a considerar a China como su mayor rival geopolítico, como hace Estados Unidos.

En particular la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron advirtieron que no se debía aislar a China en un momento en que se necesita su ayuda para hacer frente al cambio climático y la salida de la pandemia.

Una razón de fondo de los desacuerdos es que la mayor parte de la industria europea depende profundamente de la producción china, especialmente los sectores automovilístico, tecnológico (informática y telecomunicación) y energético, como muestra la crisis de desabastecimiento de semiconductores (microchips), pero también de sus recursos naturales —como las Tierras Raras para las instalaciones de energías renovables—, y de su mercado para vender productos. En una reciente encuesta de confianza empresarial, el 91% de las empresas extranjeras con negocios en China afirmó que mantendría sus inversiones en el país.

Por mucho que Biden intentara unir a sus aliados en el G7, la OTAN y la UE contra China, ha sido precisamente Alemania el estado de la UE más favorable a Pekín y está aplicando su propia estrategia. Tras doce viajes a la superpotencia asiática en dieciséis años como canciller, Merkel siempre ha intentado calmar las aguas con China y fue la líder europea que más ha presionando para cerrar el acuerdo de inversiones actuando de embajadora de la poderosa industria alemana. Eso se debe, entre otros, a su gran dependencia del mercado chino, tanto para exportar como para producir. En 2020, Alemania ha exportado a China mercancías por 96.000 millones de euros y China ha exportado bienes a Alemania por 117.000 millones de euros.

Después de la era Merkel puede que el tono con China será más duro

Paralelamente, la Comisión Europea quiere frenar la creciente influencia de China en el continente con nuevas regulaciones dirigidas a las empresas estatales extranjeras. Las medidas previstas buscan blindar a las empresas europeas ante su posible compra por compañías que reciban ayudas públicas de países de fuera de la UE y las empresas extranjeras podrían ser multadas si se han beneficiado injustamente de las subvenciones públicas. Pero aunque la UE intente bloquear algunas inversiones, está tratando de atraer otras aunque sin saber cómo impulsar la producción de semiconductores en Europa. Para fabricar chips de última generación, la UE probablemente tendrá que asociarse con empresas estadounidenses o taiwanesas como Intel o TSMC. Pero Intel ya ha dejado clara una condición que necesita para invertir en Europa: importantes subvenciones públicas.

El grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo indica que Bruselas y Washington deberían “cooperar estrechamente siempre que sea posible, para un enfoque estratégico conjunto hacia China, incluyendo una discusión sobre la fase estadounidense del acuerdo y el Acuerdo de Inversiones de la UE con China”, según un documento interno. El documento sugiere una “agenda comercial transatlántica progresiva”, con prioridades multilaterales y bilaterales y cooperar más con China.

En junio de 2020, la eurodiputada del PSOE, Isabel Rodríguez-Piñero se quejó, en una entrevista en Radio Nacional, de que China podría sacar tajada de la vulnerabilidad europea por la pandemia y quedarse con las empresas estratégicas europeas, al tiempo que reconoció que es un “socio comercial esencial para la UE”.

Volviendo a las subvenciones a la aeronáutica, también esta pugna hace ver las diferentes estrategias corporativas. Mientras Airbus teme la creciente competitividad de China, el desarrollo del avión chino C919 se ha visto facilitado por las ayudas estatales de entre 49.000 y 72.000 millones de dólares al fabricante público Comac, el fabricante de vehículos Volkswagen apuesta por la colaboración con China. De hecho fue una de las principales compañías detrás del lobby alemán para cerrar el acuerdo de inversión con China.

Pero, como se ha visto en las últimas semanas, no es imposible que Biden consiga mayor apoyo de la UE para enfrentarse a Pekín, concretamente en materia de disputas comerciales, reforma de la Organización Mundial de Salud (OMS) y cooperación tecnológica.

Sin avances en el acero y el aluminio ni en la OMC

En víspera de la cumbre bilateral, Valdis Dombrovskis intentó ser tajante al exigirle a Biden que “cumpla” y tome medidas concretas para deshacer los aranceles que envenenaron las relaciones transatlánticas bajo el mandato de Trump. “Queremos avanzar de forma decisiva para resolver nuestras disputas bilaterales sobre los aviones y las medidas de la Sección 232 de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio”, dijo el comisario de Comercio en el Parlamento Europeo.

A mediados de mayo, Bruselas envió una señal al no aumentar los aranceles de represalia contra los aranceles sobre la importación de acero y aluminio.

Sin embargo, la UE no consiguió que EE UU eliminara los aranceles sobre el acero y el aluminio. Estos aranceles se introdujeron en 2018 por motivos de seguridad nacional bajo la administración Trump. El comunicado final es vago y sin compromiso.

La contienda sobre estos aranceles será aún más difícil de resolver que la cuestión de las subvenciones a los aviones y Biden no tiene prisa por derogarlos si no quiere enfadar a los sindicatos del metal en su país.

La UE se siente discriminada frente a los socios estadounidenses como Canadá o México que están exentos de esos aranceles aunque tuvieron que aceptar todas las condiciones de Trump en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas en inglés). Pero ninguna parte tiene voluntad de resolver el problema de la sobreproducción en la industria metalúrgica y la necesidad de pactar otro modelo de producción que no esté dominado por las empresas transnacionales como han demostrado los casos Alcoa o Nissan en España.

También el lenguaje del comunicado sobre la reforma de la OMC es muy impreciso y comparable a lo acordado en el G7. Bruselas quiere que Washington entre a negociar cambios en el Órgano de Apelación de la OMC pero no ha logrado un compromiso de Biden.

Otros resultados de la cumbre

Además del “marco de cooperación” sobre el conflicto Boeing-Airbus, uno de los principales resultados de la reunión es crear dos nuevos espacios de cooperación: un Consejo de Comercio y Tecnología y un Diálogo Conjunto sobre Competencia Tecnológica. La UE propuso la iniciativa en diciembre, aunque los funcionarios estadounidenses son escépticos sobre cómo funcionará realmente una vez que se establezcan.

El Consejo de Comercio y Tecnología estará formado por diez grupos de trabajo, cuya composición está aún por determinar en un momento en que no se han cubierto todos los puestos relevantes por Washington. Abordarán normas tecnológicas, clima y “tecnología limpia”, “cadenas de suministro seguras”, seguridad y competitividad de las tecnologías de la información y la comunicación, gobernanza de los datos y plataformas tecnológicas, “uso indebido de la tecnología que amenaza la seguridad y los derechos humanos”, cooperación en materia de control de las exportaciones, cooperación en materia de control de las inversiones, acceso y uso de la tecnología por parte de las PYME y, por último, “retos del comercio mundial”.

Según la Comisión Europea, el nuevo diálogo sobre competencia tecnológica se centrará en “desarrollar enfoques comunes y reforzar la cooperación en materia de política de competencia y aplicación de la ley en los sectores tecnológicos.” Si estos comités de cooperación reguladora están compuestos como en el Reino Unido, que ha publicado la composición de los grupos consultivos sobre comercio, copados por las grandes empresas, entonces es de temer que las regulaciones de las grandes plataformas de internet, que afectarían a muchas empresas estadounidenses, no se harán de forma transparente ni justa.

Asimismo habrá diálogos entre Estados Unidos y la UE sobre Rusia, las ciberamenazas y la migración, otro consejo sobre competencia, un grupo de trabajo sobre las cadenas de suministro de materiales sanitarios para combatir la covid-19, un grupo de trabajo sobre los aranceles del acero y aluminio y una alianza sobre “tecnología verde”. A la UE le encantan este tipo de cosas, pero es probable no se avanzará en resolver los grandes problemas porque necesitan soluciones políticas debatidas y decididas democráticamente.

¿Qué pasa con el TTIP?

¿Habrá una resurrección del Tratado Comercial Transatlántico (TTIP por sus siglas en inglés) que la movilización social logró parar? Al menos no durante los próximos dos años y puede que tampoco hasta el final del primer mandato de Biden. Por una parte, porque la UE quiere abrir los mercados de contratación pública en EE UU y Biden no parece dispuesto a ceder en esta ámbito. Estados Unidos, por otra parte, quiere incluir el sector agrícola en un acuerdo y la UE no se atreve hacerlo, por la oposiciones de países como Francia o Bélgica.

Lo que puede haber son acuerdos parciales en materia comercial como se ha visto con la cooperación en tecnología o la pesca. Todos estas “colaboraciones” son aun menos transparentes que la negociación de un gran acuerdo comercial.

Así ocurre por ejemplo con las importaciones de gas de esquisto de EE UU que han aumentado en los últimos años, siendo España particularmente irresponsable —desde un punto de vista acumulativo es el importador número uno de la UE—. Los informes trimestrales de la Comisión Europea dan cuenta que las importaciones de gas fósil han sido extremadamente altas en la mayor parte de 2019 y partes de 2020, incluso durante algunos meses los EE UU fueron el proveedor de gas Nº 1 a Europa. Tanto la UE como los Estados miembros, como España, están vulnerando sus propias legislaciones climáticas. No sirve de mucho prohibir los sondeos y prospecciones de gas con fracturación hidráulica (fracking) en España y permitir su comercialización.

La gira europea de Biden

Su gira comenzó en Cornualles (en inglés Cornwall, en córnico Kernow) donde se entrevistó con Boris Johnson del que le separan diferencias políticas. En una ocasión llamó al primer ministro británico un “clon físico y emocional” de Donald Trump. Biden le trajo un mensaje incómodo: evitar que los desacuerdos comerciales posbrexit entre la UE y el Reino Unido socaven el acuerdo de paz del Viernes Santo. El Acuerdo de Belfast de 1998 fue negociado por EE UU, entre otros, y puso fin a décadas de derramamiento de sangre entre los unionistas de Irlanda del Norte —de religión protestante y ultranacionalistas leales a la Corona británica— y los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y partidarios de la independencia o bien la reunificación irlandesa. La línea roja para la Administración de Biden es no imponer una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.


Antes de la cumbre del G7, Biden y Johnson acordaron revitalizar la Carta del Atlántico, suscrita en 1941 por Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill y que estableció sus objetivos de cooperación después de la Segunda Guerra Mundial, para adaptarla a los compromisos de ambas Estados con la alianza militar de la OTAN y los nuevos desafíos, como el cambio climático, los ciberataques o la pandemia.

EE UU marcó la agenda comercial del G7

La reunión del G7, el club de los estados más enriquecidos del mundo, igualmente reflejó la apuesta del actual gobierno de EE UU en relaciones internacionales: China, impuesto de sociedades, COVID-19 y cambio climático.

Por su parte, los gobiernos europeos del G7 querían tratar asuntos como la reactivación de la OMC, la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido o la disputa sobre las subvenciones a Airbus y Boeing y los aranceles sobre el acero y el aluminio.

El G7 culminó sin sorpresas y la “Declaración de Carbis Bay” insiste en recetas fallidas de la globalización neoliberal como si no hubieran existido las recientes crisis globales: “prosperidad mediante el comercio y la inversión”, “poner fin a las innecesarias medidas comerciales restrictivas”, “apoyar cadenas de suministro abiertas”, reforzar las “normas de protección contra las prácticas desleales, como la transferencia forzada de tecnología” o “el robo de la propiedad intelectual” y el “desarrollo de infraestructuras”.

“Estamos unidos en nuestro compromiso con el comercio libre (…) Estamos de acuerdo en la necesidad de que el sistema comercial multilateral se reforme, con un reglamento modernizado y una Organización Mundial del Comercio (OMC) reformada en su centro”, reza la declaración.

De cara a la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en noviembre, pretenden concluir la negociación multilateral sobre las subvenciones a la pesca y avanzar en las negociaciones sobre el comercio electrónico.

Con la necesidad de reforzar la alianza transatlántica una vez fuera del club comunitario, parece que el gobierno del Reino Unido elaboró unas conclusiones de la cumbre deliberadamente favorables a EE UU, y que la UE estuviera dispuesta a aceptarlas aunque no reflejaran plenamente las diferencias políticas.

“En lo que respecta a China, y a la competencia en la economía mundial, seguiremos consultando sobre los enfoques colectivos para desafiar las políticas y prácticas no comerciales que socavan el funcionamiento justo y transparente de la economía mundial”.

Aunque la Administración Biden logró incluir en el comunicado del G7 su demanda de un estudio sobre el origen de covid-19, “incluyendo China”, no alcanzó un consenso general sobre la potencia asiática, sino que emitió una declaración separada sobre el uso de trabajos forzados en Xinjiang. El comunicado final sí hizo referencia a la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, las libertades y la autonomía en Hong Kong y “pidió a China que respetara los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente en relación con Xinjiang”.

El G7 también busca impulsar otro plan desmesurado en infraestructuras “Reconstruir mejor para el mundo” con el apoyo del Fondo Monetario Internacional que generaría nuevos endeudamientos de los países bajos y medios, sobre todo de África, por mas de 100.000 millones de dólares.

El plan “Build back better for the world” pretende contrarrestar la iniciativa china “La Franja y la Ruta” (“One Belt, One Road”), una estrategia para dominar gran parte de las infraestructuras, recursos y rutas comerciales que ha sido interpretado por algunos como la táctica más audaz de Pekín en su afán de poder mundial. La iniciativa china, para la cual Xi Jinping ha comprometido más de 1 billón de dólares, es un ejemplo de gigantismo geopolítico que agravará la emergencia ecológica y social mundial. El impulso clave detrás de “La Franja y la Ruta” consiste en utilizar la capacidad excedente de China para producir para los mercados extranjeros con el fin de hacer que sus industrias sean rentables. De hecho este proceso de externalización de la capacidad de construcción excedente que ha estado ocurriendo durante bastante más de una década.

En relación a Rusia, el G7 planteó que “ponga fin a su comportamiento desestabilizador y a sus actividades malignas, incluida su injerencia en los sistemas democráticos de otros países”, que “investigue urgentemente y explique de forma creíble el uso de un arma química en su territorio, que ponga fin a su represión sistemática de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”, y que “desbarate” los ciberdelitos.

La lectura de un comunicado de una cumbre suele ser un ejercicio aburrido en el que pesa mas lo que se ha excluido. Por ejemplo, en el comunicado de los ministerios de comercio del G7, del 28 de mayo, no se dan detalles ni plazos sobre la renovación del órgano para la solución de diferencias en la OMC ni se mencionan iniciativas más polémicas, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera de emisiones de Carbono de productos importados propuesto por la UE.

Las organizaciones sociales y ecologistas afirmaron que el G7 no ha estado a la altura de los retos a los que se enfrenta el mundo. El comunicado no contenía ningún calendario para poner fin a la quema del carbón o las subvenciones a los combustibles fósiles, sólo ofrecía ayudas económicas equivalentes a 613 millones de dosis contra el coronavirus para los países más vulnerables del mundo en los próximos 12 meses, cuando se necesitan 11.000 millones según la OMS.

La gente está cansada de tanta retórica y caridad colonialista. Hay que acabar con los monopolios de las grandes farmacéuticas.

20 jun 2021 05:32

Información adicional

  • Antetítulo:Análisis
  • Autor:Tom Kucharz
  • Fuente:El SAlto
Visto 189 vecesModificado por última vez en Domingo, 20 Junio 2021 05:31

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