Sábado, 27 Febrero 2021 06:20

La ideología del miedo

Albert Bourla, CEO de Pfizer, en la bolsa de valores de Nueva York, en 2019 Afp, Drew Angerer

El control privado de las vacunas y la sindemia de covid-19

 

En un mundo aquejado por la búsqueda del beneficio, las pandemias amenazan con hacerse interminables. La incertidumbre dificulta pensar en salidas a la crisis global.

La historia la cuenta el diario italiano Il Manifesto en una muy breve crónica. Transcurre en el municipio de Ascoli Piceno, en la región italiana de Las Marcas. Allí, a las puertas de una planta del laboratorio Pfizer, representantes de centros sociales de la zona se plantaron con carteles reclamando la expropiación por el Estado de las vacunas contra el covid-19. Protestaban contra la mercantilización de la salud, contra la impunidad con que se mueven las transnacionales, en general, y las del sector farmacéutico, en particular, especialmente durante las crisis sanitarias, muy especialmente en esta crisis sanitaria. Un sindicato los apoyaba. No todos, sólo el de la sección de la Confederación General Italiana del Trabajo, la confederación obrera mayoritaria, que muchos años atrás era considerada la central «del Partido Comunista». El sindicato reclamaba, además, contra los despidos directos e indirectos en esa fábrica a pesar de que las ganancias globales de la Pfizer en estos meses han crecido a mayor ritmo que la propia pandemia, que Ascoli era considerado tradicionalmente por la propia megaempresa como uno de sus «polos más productivos» en Europa y que la producción en la usina de Las Marcas no había caído.

En Ascoli no se fabrican vacunas, pero sí antivirales que se utilizan en el tratamiento del covid-19. La planta italiana tuvo su mayor gloria cuando abastecía a casi toda Europa de Viagra y del antidepresivo Xanax. Una metáfora perfecta de Las Marcas, una provincia bipolar que se mueve alternativamente entre la euforia y la depre, apunta Il Manifesto. Hoy tira francamente a la depre, y también a la resignación, que domina hasta a los propios trabajadores de la fábrica de Pfizer. Perdieron 500 compañeros en poco tiempo, ellos deberán trabajar más para suplirlos y, mientras, los ingresos de sus patrones globales aumentaron. Pero las protestas vienen sobre todo de fuera, de unos grupos de jóvenes que plantean cosas medio locas, como que la salud no puede ser un territorio de lucro como cualquier otro. A Pfizer le resulta hoy mucho más rentable deslocalizar: le sobra gente. Algunos de los sindicatos lo entienden. «Son las reglas del mercado», dijeron los directivos de la empresa cuando algunos periodistas les preguntaron por qué despedían en Ascoli. Y lo mismo dijeron cuando les preguntaron por qué consideraban tan disparatado que esa gente de los centros sociales que manifestaba en las afueras de su fábrica planteara que en tiempos de pandemia una vacuna que podría curar debería ser considerada un bien social y que las patentes de Pfizer, de Astrazeneca, de Moderna, de las empresas todas, sobre esos productos, deberían ser suspendidas, expropiadas por los Estados. Que si es cuestión de leyes, las leyes se cambian.

Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo se puede pensar así?, razonaron los ejecutivos. ¿Qué empresa invertiría en innovación y en tecnología si no pudiera tener una buena y justa ganancia? Si ese es el motor que mueve el mundo. Los de los centros sociales planteaban, en cambio, que cómo era posible que se naturalizara a tal punto el descaro, decían que no se podía desligar los despidos en Ascoli de las ganancias exorbitantes de la Pfizer, que la lógica en un caso y en otro era la misma aunque a primera vista no lo pareciera: «Que las vacunas deben pagarse y que los trabajadores, si son inútiles, deben quedar por el camino», resumió Il Manifesto. Decían que se trata de cambiar esa lógica. Y escribían en un volante que las vacunas son hoy «un campo de batalla político», y que quienes las poseen «tienen una influencia directa sobre el conjunto de la producción económica y la reproducción social» y fijan reglas ante las cuales los Estados son impotentes, entre otras cosas, porque quienes los manejan, en casi todo el mundo, son quienes han creado las actuales reglas del juego y están muy lejos de querer modificarlas. Que es muy común que las mismas personas –o sus amigos, o sus parientes, o sus colegas, o sus socios en el país y en el exterior– estén de ambos lados del mostrador. El viejo sistema de las puertas giratorias.

Y decían también los de los centros sociales que cómo no va a influir la ideología en el manejo de las vacunas, y de la pandemia, y de las salidas a la pandemia, y de la entrada al nuevo mundo pospandémico. Que la naturalización de unas reglas del juego nada tiene de natural, y todo de construcción cultural, de construcción política. En fin, de ideología.

* * *

«Por ahora la vacuna no ha hecho mucho más que desnudarnos», escribe en su blog Cháchara el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. «Hacía mucho que nada mostraba con tanta claridad cómo está organizado –dividido– el mundo en que vivimos. Las cifras son brutales: al 7 de febrero se habían aplicado 131 millones de dosis: 113 millones en Estados Unidos, China, Europa, Inglaterra, Israel y los Emiratos Árabes; 18 millones en todos los demás. Unos países que reúnen 2.200 millones de habitantes, el 28 por ciento de la población del mundo, se habían dado el 86 por ciento de las vacunas. O, si descontamos a China y concentramos: el 10 por ciento de la población del mundo se aplicó el 60 por ciento de las vacunas.» Y, si hablamos de muertos por la pandemia, es América Latina la que los pone proporcionalmente mucho más que el resto: una cuarta parte del total de fallecidos, con 8 por ciento de la población del planeta.

El miércoles 24, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef informaban que Ghana estaba recibiendo las primeras dosis de vacunas gratuitas entregadas en el marco del programa multilateral Covax, previsto para los países de ingresos bajos y medios. Seguirán otros países africanos y latinoamericanos, incluido Uruguay. Pero en total este año Covax no podrá ir más allá de las 2.000 millones de dosis, que darán para unos 1.000 millones de personas. Una enormidad quedará sin vacunar. Hay países, sobre todo africanos, muchos asiáticos, algunos latinoamericanos, que no podrán pagar ni un centavo por hacerse de los frasquitos presentados como milagrosos. Si nada cambia, deberán esperar hasta 2022, tal vez hasta 2023 para que les lleguen las dosis vía Covax. Canadá, mientras tanto, reservó una canasta de vacunas que da para inocular a entre cinco y nueve veces a toda su población, según la fuente que se tome: la agencia Bloomberg habla de cinco, el inmunólogo irlandés Luke O’Neill, de nueve. Por los mismos andariveles juegan Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea.

En África no se sabe ni de cerca cuántos enfermos de covid-19 hay, como no se saben tantas otras cosas. Las cifras oficiales están absolutamente por debajo de la realidad, porque los test que se realizan son muy pocos. Pero sí se sabía que hasta mediados de enero sólo se había vacunado a 7.000 de sus más de 1.200 millones de habitantes. Organismos internacionales calcularon en 2017 que una cuarta parte de los enfermos por diversas dolencias en el planeta se concentran en ese continente, recordaron las periodistas Séverine Charon y Laurence Soustras en la edición de diciembre del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Son pacientes de enfermedades que en otros lares se curan más o menos fácilmente y de las que los ricos no mueren, tampoco en la propia África. De esas enfermedades seguirán muriendo probablemente los africanos pobres, es decir, buena parte de la población del continente, cuando el covid-19 pase, porque importa poco a los laboratorios destinar dinero a intentar curarlas. África representa apenas el 2 por ciento del gasto sanitario mundial, que en 2015 se estimaba en cerca de 10 billones de dólares anuales (El País de Madrid, 4-VI-19). En muchos de los países de lo que alguna vez se llamó tercer mundo, «las vacunas se devoran los presupuestos de salud para que, una vez que pase la tormenta, hospitales y quirófanos queden igual de maltrechos [que] como estaban antes», apunta en la revista argentina Mu la psicóloga y feminista boliviana María Galindo.

* * *

India, Sudáfrica, Pakistán, Mozambique y la ex-Suazilandia plantearon a fines del año pasado en la Organización Mundial del Comercio que los fabricantes de las vacunas renunciaran por un tiempo a sus patentes de propiedad intelectual. Por un tiempo –insistieron, remarcaron–, hasta que lo más grave de la pandemia pase. Después, podrán seguir haciendo sus negocios as usual. Pero no hubo caso (véase «Militar la patente», Brecha, 15-I-21). Se opusieron fundamentalmente los países centrales, que salieron en defensa de «sus» empresas a pesar de ser ellos mismos rehenes de esas transnacionales (ahí están los retrasos, las promesas incumplidas, los precios al alza), a las que además financiaron chichamente para que pudieran producir sus fármacos.

Un informe de BBCMundo, difundido el 15 de diciembre, a partir de un trabajo de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, señala que hasta esa fecha los gobiernos llevaban invertidos 8.600 millones de dólares en la búsqueda y el desarrollo de vacunas y que otros 1.900 millones habían provenido de organizaciones sin fines de lucro. La inversión propia de las empresas se había limitado a 3.400 millones, pero la plata de los Estados, en vez de ir prioritariamente hacia los laboratorios públicos, fue para los privados. «Sólo cuando los gobiernos y las agencias intervinieron con promesas de financiación [las grandes farmacéuticas] se pusieron a trabajar», señaló el medio británico. Hasta entonces no veían el negocio. Ahora sí lo ven, sobre todo a futuro: pocas inversiones propias y, cuando el covid-19 se cronifique y puedan volver al mercado normalmente, venderán sólo al que pague lo que ellas exijan.

Mientras tanto, alguna que otra condicioncita impusieron a sus compradores. Más aún a los que menos pueden pagar pero tienen menor capacidad de negociación y presión. Pfizer ha destacado por su voracidad. Brecha reveló el mes pasado que la transnacional estadounidense les reclamó a los países latinoamericanos con los que negoció que pusieran activos soberanos –sedes diplomáticas, bases militares y reservas en el exterior, entre otros– como garantía ante eventuales causas legales (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). A Perú le pidió renunciar a su inmunidad soberana en materia jurídica y eximir a la empresa de responsabilidad ante posibles efectos adversos y retrasos en las entregas. Argentina no aceptó las vacunas en esas condiciones. Tampoco Brasil (demasiado es demasiado hasta para Jair Bolsonaro). De acuerdo con un artículo publicado esta semana por el Bureau of Investigative Journalism y la asociación peruana Ojo Público, un cuarto país de la región, no mencionado «porque sigue negociando», manifestó, al parecer, reticencias a algunas cláusulas. Pfizer ya tiene acuerdos de suministro con nueve países de esta región: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú. Y Uruguay. Los términos de esos acuerdos son confidenciales. Así es con los acuerdos con las transnacionales. Llámense Pfizer o UPM. Y así es con muchos gobiernos.

* * *

El inmunólogo irlandés O’Neill les dijo a los países ricos que era de su propio interés donar sus sobrantes de vacunas a los más pobres. No acepten suspender ninguna patente. No. Hagan como Bill Gates, como Elon Musk: sean filántropos, donen algo de lo mucho que les sobre. Esa es la condición, afirmó, para que ustedes mismos, señores ricos de los países ricos, puedan en relativamente poco tiempo recuperar su libertad de viajar para hacer negocios o turistear, de volver a salir, de volver a vivir la vida, porque los pobres del mundo seguirán migrando aunque les pongan mil vallas, les levanten mil muros o los traten de aventar con cañoneras en el Mediterráneo o en otras aguas. Y si no se vacunan, los contaminarán. Y ustedes volverán a necesitar que los ciudadanos de los países «de afuera» de su cortina de dinero los visiten, que vayan a trabajar a sus países, que hagan hijos en sus países para que la población crezca. Cual José Mujica a los empresarios yoruguas (no sean nabos, mijos, denles algunas migajas a sus trabajadores, así pueden seguir ganando sin que los molesten), O’Neill les dijo a los países ricos: piensen en ustedes y verán que es buen negocio la filantropía.

Pero parece que ni con eso la gula vacunística encontrará un coto, porque no se avizora por el momento reacción alguna en esa dirección. En enero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue bastante más duro que su colega europeo (ambos son inmunólogos) al denunciar la voracidad de los países ricos. Habló de «nacionalismo de las vacunas» y lo calificó como «moralmente indefendible, epidemiológicamente negativo y clínicamente contraproducente». Y se metió un poquito más con el sistema que genera ese tipo peculiar de «nacionalismo». Se refirió, por ejemplo, explícitamente a los «mecanismos de mercado». Dijo que son «insuficientes para conseguir la meta de detener la pandemia logrando inmunidad de rebaño con vacunas» y defendió el papel de la sanidad pública, la necesidad de reforzarla, y se refirió a la decadencia en que se encontraba incluso en el primer mundo como consecuencia de recortes y ni que hablar en el resto del planeta. «Tengo que ser franco: el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres», clamó igualmente el jefe de la OMS.

* * *

Pero es de apostar que no habrá colas para seguir de manera estable los consejos del bueno de Tedros. Es cierto que en los primeros meses de la pandemia hubo amagos de que el Estado retornaba –buenamente– por sus fueros tras décadas de neoliberalismo. Se habló de neokeynesianismo y asomó alguna lucecita de que se pudiera estar pergeñando alguna salida que no nos retrotrajera a lo de antes. Y es cierto que muchos países –no Uruguay, precisamente– invirtieron lo que nunca en ayudas sociales. Estados Unidos se salió de las cuadraturas del credo y el muy liberal de Donald Trump hasta forzó a la General Motors a fabricar respiradores para los pacientes con covid-19 que comenzaban a morir por trojas en los CTI mientras la megaempresa retaceaba los aparatos. Pero sucede así en las crisis: parece que un cambio radical se dibuja casi que a la vuelta de la esquina, pero luego se vuelve al casillero de partida, porque «los reflejos de clase, los intereses de quienes detentan el poder en la mayoría de los países, en las transnacionales, pueden mucho más que los efímeros respingos de los momentos más duros», se dijo en Ascoli. Y aunque las «condiciones objetivas sobran» para un cambio radical, las subjetivas sufren una anemia profunda y porfiada.

* * *

Por el medio, además, pasó el miedo. Pasa el miedo. La contracara del retorno por sus fueros de la defensa de lo público es el reforzamiento de los controles, de los mecanismos de represión: que la urgencia securitaria se haya incluso adelantado a la urgencia sanitaria. «A primera vista hay como una paradoja: la primera respuesta de los Estados a la crisis sanitaria es securitaria», escribía allá por los primeros tiempos pandémicos, en la edición de mayo de Le Monde Diplomatique, el investigador francés Félix Tréguer. «Incapaces por el momento de oponer un tratamiento al virus, mal equipados en camas de reanimación, en test de rastreo y en mascarillas de protección, es a su propia población a la que los gobiernos erigen como una amenaza. Pero la paradoja es sólo aparente. A través de los siglos, las epidemias marcan episodios privilegiados en la transformación y la amplificación del poder del Estado y la generalización de nuevas prácticas policiales, como el fichaje de las poblaciones.» Y ahí vemos a las grandes tecnológicas como Google, como Facebook, como Amazon, como Tesla, estableciendo acuerdos con las farmacéuticas –ambos están entre los sectores más ganadores de esta crisis– y con los Estados, supuestamente por buenas causas. Da para temer en estos tiempos de exacerbación del «capitalismo de vigilancia» (véase «Orwellianas», Brecha, 16-I-21), pero eso también lo naturalizamos y ponemos el acento en lo bueno de los avances tecnológicos. «Preferimos no ver lo otro», escribía Caparrós en su columna. Cuando el terremoto de Haití de 2010, que mató a un cuarto de millón de personas, vimos con naturalidad desembarcar en la pobre isla a cientos y cientos de marines. En los informativos en bucle de los canales de televisión vimos decenas de veces la llegada de los aviones con sus soldados armados a guerra, sin preguntarnos qué iban a hacer, el porqué de una respuesta securitaria a una crisis sanitaria, humanitaria, social. Las brigadas de médicos cubanos pasaron, en cambio, desapercibidas. Cuestión de focos.

Hoy no se trata de decir que no hay que cuidarse. No es eso, escribe Galindo en Mu. No hacerlo no te hace más libre, sino menos empático. Pero estamos naturalizando todo un «léxico pandémico» que tiene una carga simbólica particularmente pesada. Y cita: Cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, aislamiento, toque de queda, bioseguridad. El encierro. Hasta el propio teletrabajo, que viene para quedarse y supone toda una revolución en las relaciones laborales. O la noción de actividades esenciales, que coloca a quienes las ejercen en los primeros planos, pero no les da más derechos (¿han aumentado sus ingresos las cajeras de los supermercados, los pibes de los deliveries? Acaso sí los trabajadores de los frigoríficos, porque en muchos lados tienen sindicatos fuertes, y ahí el acento acaso habría que ponerlo en eso: porque tienen sindicatos fuertes…).

«La pandemia es un hecho político no porque sea inventada, inexistente o haya sido producida artificialmente en un laboratorio. La pandemia es un hecho político porque está modificando todas las relaciones sociales a escala mundial y es por eso legítimo y urgente pensarla y debatirla políticamente», piensa la boliviana. Algo así decía también el filósofo español Santiago Alba Rico en una columna reciente en Rebelión. Partiendo de una idea de Richard Horton, un científico británico de alto nivel que es jefe de redacción de la revista The Lancet, hoy ya de moda, Alba Rico decía que el mundo no está hoy ante una pandemia, sino ante una sindemia, es decir «ante una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva. El problema no es, pues, el coronavirus. El problema es un capitalismo sindémico en el que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo tanto, entre muerte natural y muerte artificial».

* * *

Ante la magnitud de estos cambios, de la rapidez pandémica de estos cambios, estamos hoy inertes, desconcertados, a la intemperie. «Los sujetos sociales están siendo diluidos por fatiga, por falta de ideas, por luto, por incapacidad o imposibilidad de reacción», apuntaba Galindo. Decía también que «hay personas despojadas que se están reconstituyendo como sujetos sociales con capacidad interpeladora. Aquellas personas que se vuelcan sobre los animales para reintegrarse como animales, o las que producen salud, alimentos o justicia con sus colectividades son quienes no han sido paralizadas por el miedo». Cree que de ahí puede venir algo. Tal vez. Pero ella misma aclara desde el principio de su nota que no escribe «desde Bolivia, sino desde un territorio que se llama incertidumbre». Y ahí, en la incertidumbre, está otra de las claves. Cómo hacer para cambiar un mundo que se sabe que va al abismo cuando nos abruman las dudas. Una certeza, una grande, hay entre quienes en serio quieren salir de «esto»: «La pandemia es el capitalismo». Es el título de su nota, es la esencia de la de Alba Rico, acaso el pensamiento de Caparrós y el de muchos otros que andan por ahí, a menudo aislados, a veces juntos. «La velocidad de los cambios es la velocidad de una metamorfosis profunda. Interpretarla a riesgo de equivocarnos es nuestra apuesta», termina Galindo.

Daniel Gatti
26 febrero, 2021

Publicado enSociedad
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

 

 

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Publicado enEdición Nº276
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

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El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

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Bill Gates sugiere que podría necesitarse una tercera inyección de la vacuna para frenar nuevas variantes del coronavirus

Además, es probable que sea necesario modificar las vacunas para que protejan contra las nuevas cepas.

 

El multimillonario y filántropo estadounidense Bill Gates no descarta que pueda necesitarse una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para prevenir casos graves de nuevas variantes de la enfermedad, según lo señaló este martes durante una entrevista para el programa 'Evening News' de CBS.

"La discusión ahora es si solo necesitamos obtener una cobertura súper alta de la vacuna actual, o necesitamos una tercera dosis de la misma, o necesitamos una vacuna modificada", dijo el cofundador de Microsoft, en medio de las preocupaciones de que los antídotos actuales puedan ser menos eficaces contra las variantes sudafricana y brasileña de coronavirus.

De hecho, según Gates, las cinco compañías que tienen vacunas en EE.UU. "están considerando hacer esa modificación y agregarla", por si las personas que ya hayan recibido dos inyecciones "necesitan una tercera", explicó. 

"Creo que es razonablemente probable que tengamos una vacuna ajustada solo para asegurarnos absolutamente de que, cuando estas variantes lleguen a EE.UU., no escapen de la protección de la vacuna", indicó el filántropo, que está financiando estudios en Sudáfrica para determinar si las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax resultan igual de efectivas contra la variante más contagiosa.

En este sentido, el multimillonario detalló que "AstraZeneca, en particular, tiene un desafío con la variante", mientras que las otras dos vacunas, de Johnson & Johnson y de Novavax, "son un poco menos efectivas, pero aún lo suficientemente eficaces como para que debamos sacarlas lo más rápido posible mientras estudiamos esta idea de ajustar la vacuna".

Si el coronavirus no es erradicado, es posible que se necesiten inyecciones adicionales de la vacuna en el futuro, aunque "probablemente no anualmente", admitió Gates

Publicado: 18 feb 2021 01:40 GMT

Publicado enInternacional
El equipo de la OMS abandona China después de 27 días

Tras 27 días en Wuhan y 14 de ellos en un hotel, los expertos internacionales dan media vuelta con algunas pistas, sin saber cuándo podrán volver sobre el terreno y con Washington acusando a Pekín de ocultar información a la OMS

La misión que se anunció a bombo y platillo hace unos meses para rastrear el origen del coronavirus en China ha llegado a su fin. El panel de 17 expertos de la Organización Mundial de la Salud han puesto rumbo a sus países un mes después de aterrizar en Wuhan (la mitad del cual han guardado cuarentena en un hotel) y tras haber avanzado los resultados de su investigación el pasado martes junto a sus homólogos chinos. El informe completo será publicado por la OMS la próxima semana. 

Según los primeros resultados, la COVID-19 se trataría de una enfermedad de origen animal pero se desconoce aún qué especie contagió a un humano por primera vez. Descartan que fuese el murciélago o el pangolín, puesto que no había poblaciones de estos mamíferos cerca de Wuhan, y sus siguientes hipótesis son que otro animal actuase como intermediario o que llegase a través de los productos congelados que abastecen a los mercados de la región de Hubei. También han concluido que la lonja de Huanan no fue el origen de la transmisión comunitaria, como se creía en un inicio, y que el virus no se liberó a propósito de ningún laboratorio, hipótesis cargada de tintes racistas y extendida entre los críticos con el hermetismo de la República Popular China. No obstante, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que todas las teorías se siguen estudiando, incluida la del escape.

El país asiático ha sido acusado por el propio Ghebreyesus de torpedear la llegada del equipo extranjero y de dilatar la máximo la misión, que se ha llevado a cabo un año y dos meses después de haber registrado el primer caso. En la rueda de prensa, Liang Wannian, jefe de la delegación china, incidió en cambio en la estrecha colaboración que mantuvieron el gobierno de su país y sus científicos con los foráneos durante todo este mes. A su lado, Peter Ben Embarek y Marion Koopmans, cabecilla de la misión de la OMS y viróloga integrante de la misma, suscribieron sus palabras.

No fue hasta este fin de semana cuando otro de los miembros del equipo internacional, el australiano Dominic Dwyer, confesó a Reuters que China se había negado a compartir datos importantes durante la investigación. Un día antes, The Wall Street Journal había lanzado un reportaje acusando a Pekín de lo mismo según testimonios de investigadores anónimos de la OMS. 

La chispa de la polémica

El experto en infecciones contó a la agencia de noticias que cuando pidieron los perfiles en bruto de los primeros casos de COVID-19 las autoridades sanitarias chinas les entregaron un resumen. De los 174 primeros infectados en diciembre de 2019, solo la mitad había tenido relación de alguna manera con el mercado de Huanan, por lo que los investigadores internacionales necesitaban esos datos para llegar a otros posibles focos. "No sé si es por cuestiones políticas, de tiempo u otras dificultades (…) solo sería especular", añadió Dwyer. 

Inmediatamente después, el zoólogo Peter Daszak tuiteó que su experiencia había sido la opuesta: "Como líder del grupo de trabajo con animales y medioambiente, encontré confianza y aperturismo por parte de mis contrapartes en China". 

La epidemióloga danesa Thea K. Fischer se expresó en la misma línea, asegurando que su equipo también construyó una buena relación con los expertos chinos. "Nuestras palabras han sido retorcidas deliberadamente para lanzar sombras sobre una importante labor científica", escribió. Aún así, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo las de Estados Unidos, que exigió a China que entregaran el material sobre los primeros casos que les había requerido la OMS.

Fuego cruzado entre Washington y Pekín

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, manifestó el sábado en un comunicado la "profunda preocupación" de EEUU por la forma de presentar los hallazgos de la misión internacional y pidió un informe independiente "libre de alteraciones por parte del Gobierno chino". Cabe destacar que EE.UU se mantuvo al margen de esta misión por decisión de Donald Trump, que se apartó durante sus últimos meses de mandato de todo lo que tuviera que ver con la gestión de la COVID-19 por parte de la OMS. Joe Biden lo revocó durante sus primeros días en el Despacho Oval.

Aun así, los comentarios de Washington han ofendido sobremanera a Pekín, que no ha dudado en contraatacar y recriminar a EEUU de haber señalado “con el dedo a los países que han apoyado fielmente a la OMS y a la propia OMS". La embajada china en ese país les acusó de haber dañado gravemente la cooperación internacional y les pidió que mantuvieran "una actitud seria, transparente y responsable" y que asumieran "su responsabilidad legítima de apoyar a la OMS con acciones reales".

Es el primer enfrentamiento directo entre los dos países desde que Trump insinuase que el "virus chino" había sido propagado desde un laboratorio de Wuhan. También fue una de las hipótesis de las que partía la OMS (no como acción deliberada sino como accidente) y que han desechado tras semanas sobre el terreno, en las que el equipo dirigido por Peter Ben Embarek visitó el centro neurálgico de todas las conspiraciones.

Primeras conclusiones: mucho trabajo por delante

"¿Ha cambiado drásticamente la imagen de la que partíamos? Lo dudo. ¿Nos ha permitido conocer mejor como empezó todo? Absolutamente". Esta idea lanzada por Embarek en la rueda de prensa de hace una semana resume bien los resultados presentados. Quizá lo más novedoso fue desechar la posibilidad de que el murciélago o el pangolín hubiesen contagiado directamente a un humano y que todo ello ocurriese en el mercado de Wuhan, que fue uno de los principales focos de transmisión, pero no la raíz de la epidemia. 

No obstante, los portavoces de la OMS y de China pidieron seguir vigilando de cerca a las poblaciones de murciélagos y pangolines ya que, aunque "el tipo de coronavirus encontrado en esas especies no fue idéntico al SARS-CoV-2", se han demostrado como repositorios de virus parecidos como el MERS y no hay seguridad de que no infectasen a otro ser vivo intermedio que lo introdujese en Wuhan. El reto ahora está en encontrar qué animal del centenar que se vendían en diciembre de 2019 en Huanan fue el portador. Por lo pronto, se ha demostrado que los visones o los gatos muestran alta susceptibilidad al virus, pero ni siquiera eso sirve como una prueba del origen.

De hecho, pudo no haber sido una especie viva, sino congelada. Las cadenas de frío son otra de las actividades a perseguir según los investigadores de la OMS. Esto complica el trabajo puesto que China recibe diariamente importaciones de estos productos desde otros países, además de los producidos en el interior. "Sabemos que el virus persiste y sobrevive congelado, pero no sabemos si se puede transmitir a humanos y en qué condiciones puede producirse esa transmisión", reconoció Embarek.

Todas estas conclusiones han sido alcanzadas en un tiempo récord gracias también al avance de los estudios llevados a cabo en China desde verano, como desveló el equipo en la rueda de prensa. De hecho el portavoz chino lanzó la posibilidad de que el virus pudiese estar circulando fuera de Wuhan antes de diciembre de 2019. Sea como sea, quedan multitud de terrenos que abordar, por lo que sorprende la rápida vuelta a casa del equipo internacional, que ha dado por finalizada la "parte china" del proyecto origen de la OMS.

Lenta llegada y rápido regreso 

La prueba de que 27 días (14 de los cuales en cuarentena) sobre el terreno se han quedado cortos a los científicos de la OMS es que siguen llegando a conclusiones nuevas. Este domingo, Peter Ben Embarek declaró que el coronavirus estaba más extendido de lo que pensaban por Wuhan en diciembre de 2019. El virólogo hizo las declaraciones de regreso a Suiza, su país de origen, y lo definió como "un hallazgo nuevo". También han encontrado más de una docena de cepas del SARS-CoV-2 procedentes de finales de 2019. 

Aunque el responsable de la misión de la OMS ha declarado que espera volver a Wuhan en los próximos meses para continuar in situ, no hay fechas previstas. Poner un pie por primera vez en China no fue tarea fácil para los investigadores internacionales, que se enfrentaron a una compleja burocracia hasta los últimos momentos, a principios de enero de 2020. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se manifestó entonces "decepcionado" por el retraso de su esperada campaña. Todo esto se une a las críticas por que los científicos extranjeros hayan tenido capacidad limitada para interactuar con la población y el entorno y fueran guiados exclusivamente por las autoridades chinas.

El viernes pasado, en una rueda de prensa que puso el broche a la ofrecida desde Wuhan y a la salida de su equipo de Wuhan, Ghebreyesus incidió en que las cuatro hipótesis de las que partían los expertos se seguirán analizando, incluyendo la del escape del laboratorio: "Continuaremos trabajando para obtener la información que necesitamos para responder a las preguntas que aún deben responderse". Sin embargo, no especificó si esto sería en China o en cualquier otra parte del globo.

Por Mónica Zas Marcos

15 de febrero de 2021 22:20h

@MonicaZas

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Jueves, 11 Febrero 2021 06:16

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado

Con más de 95 millones de habitantes, Vietnam solo contabilizó algo más de 2.000 casos y 35 muertes con covid-19. ¿Qué nos dice la experiencia de este país del sudeste asiático donde la pandemia no es el principal factor político y que viene enfrentando diversos cambios y tensiones en su modelo político-social controlado aún por el Partido Comunista?

 

Corea del Sur y Taiwán han sido constantemente elogiados como modelos de combate contra el covid-19. Pero Vietnam, una nación mucho más pobre y con 97 millones de habitantes, lo ha hecho por lo menos igual de bien, a pesar de atraer mucha menos atención. Esto se debe, en parte, a que el estricto control del Partido Comunista sobre los datos oficiales genera dudas –comprensibles– sobre las cifras. Sin embargo, aunque no pueden hacerse predicciones sobre una tercera o una cuarta ola, Vietnam parece haber logrado hasta ahora un grado real de éxito. 

Mientras que en marzo pasado los gobernantes de Estados Unidos y del Reino Unido restaban importancia al virus, Vietnam destacó sus riesgos mediante una efectiva estrategia de comunicación, que incluía un video musical viral que obtuvo 67 millones de visitas. Se impusieron de inmediato restricciones a los viajes, rastreo de contactos y medidas de cuarentena. Las fronteras se cerraron a todos, excepto a los ciudadanos vietnamitas y a algunos expertos invitados el 24 de marzo, y siguen estando cerradas, mientras que las escuelas y las universidades cerraron de enero a mayo. ¿El efecto? Solo se necesitó un breve confinamiento, que duró dos semanas a escala nacional y tres en áreas de alto riesgo. La primera ola había sido eliminada a mediados de julio, y los brotes más pequeños desde entonces han sido aplastados rápida y eficazmente. En total, ha habido 35 muertos.

Algunos han argumentado que el autoritarismo de Vietnam le permitió erradicar el virus, y algo de ello seguramente hubo. Pero especialistas como Guy Thwaites, director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford en Vietnam, desestimaron esta sencilla explicación del éxito del país. De hecho, la respuesta ante el covid-19 se ha caracterizado por un inusual nivel de transparencia estatal, con lo que se ganó la confianza de una población que, contrariamente a lo que suele creerse, no confía mucho en las autoridades. Otros han afirmado que, mientras las naciones europeas pasaron décadas tercerizando funciones estatales, Vietnam mantuvo un aparato estatal unificado que ha apuntalado su exitoso programa de salud pública. Sin embargo, el Estado vietnamita no está tan cohesionado como podría suponerse. Entre 2006 y 2016, años entre los que gobernó Nguyễn Tấn Dũng –cuyo yerno es dueño de la franquicia McDonald’s en el país–, Vietnam experimentó lo que se ha descrito como un «giro hiperliberal». Aumentó la dependencia del capital extranjero, se extendió la privatización de empresas estatales y se alentó a las provincias a competir entre sí para crear el entorno más propicio para los negocios. El resultado fue una rápida fragmentación de su capacidad, lo cual despertó la preocupación nada menos que del Banco Mundial. A pesar de los crecientes niveles de inversión pública, el sistema nacional de salud de Vietnam ha sido remodelado por la mercantilización, y los particulares tienen que pagar cada vez más por la atención médica.

Cuando Dũng renunció en 2016, el secretario general Nguyễn Phú Trọng y sus aliados se impusieron en medio de una lucha entre facciones dentro del Partido Comunista. Trọng era percibido como un conservador de la vieja guardia, escéptico de la agenda de reformas de Dũng. Pero ya en el cargo, ha continuado en gran medida el legado de su predecesor: abandonó ciertas políticas industriales, monitorió una agresiva campaña contra la corrupción y reprimió a la disidencia para proteger a los principales conglomerados privados, cuya influencia ha crecido constantemente.

Por tanto, el éxito de Vietnam en la lucha contra el virus no puede atribuirse a la represión estatal o la centralización económica. Su rápida respuesta estuvo a la altura de lo que habrían podido hacer naciones democráticas liberales más ricas, si hubiesen tenido voluntad política. De hecho, en una entrevista reciente, Mai Tiến Dũng, jefe de la Oficina de Gobierno de Vietnam, no atribuyó el éxito del país a ninguna característica política ni económica, sino al hecho de que en enero de 2020 fueron mucho más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y armaron desde el principio una estrategia de contención completa. Tal como ha señalado Thwaites, el ingrediente clave de su éxito fue, lisa y llanamente, un «buen uso de la epidemiología».

Esto también fue acompañado por un plan económico, cuya nave insignia fue un paquete de ayuda de 62 billones de dongs (más de 2.600 millones de dólares) que brinda exenciones de impuestos y préstamos a baja tasa de interés para las empresas, junto con apoyo financiero a los hogares en aprietos. Los pagos fueron modestos, entre 250.000 y un millón de dongs por mes (11 y 43 dólares, respectivamente), y su distribución se vio obstaculizada por una serie de rígidas condiciones burocráticas. Se pedía a los trabajadores y trabajadoras migrantes informales que presentaran licencias comerciales inexistentes si querían calificar para el plan, mientras que otros grupos –como trabajadoras y trabajadores sexuales– fueron excluidos casi por completo. Aun así, las ayudas siguieron siendo un salvavidas crucial para gran parte de la población. 

Las transferencias de efectivo se complementaron con la asistencia de grupos de la sociedad civil dirigidos por el Estado: las organizaciones de masas del Frente Patriótico de Vietnam, alineado con el Partido Comunista. Si bien fueron bastante ineficaces en la campaña por el cambio social y político, estas instituciones paraestatales estaban bien equipadas para distribuir provisiones materiales al inicio de la crisis. La federación de sindicatos, por ejemplo, proporcionó equipamiento de protección personal, información y apoyo financiero a los trabajadores, mientras que el Sindicato de Mujeres ayudó a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres a acceder a préstamos y apoyó a las sobrevivientes de violencia doméstica en medio de un aumento en las agresiones.

Los mayores gastos relacionados con el coronavirus se financiaron principalmente con las reservas en efectivo y bonos del Tesoro, ahorrándose tener que pedir préstamos en el mercado internacional o solicitar asistencia presupuestaria. Combinado con la supresión del virus, esto convirtió a Vietnam en la economía de más rápido crecimiento del mundo en 2020 y en el único país del Sudeste asiático que registró tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, los sectores más pobres de la población aún enfrentaban serias dificultades. El cierre de las fronteras internacionales asestó un duro golpe a la industria del turismo y el sector perdió aproximadamente 23.000 millones de dólares en 2020. Un impulso al turismo interno bajo el lema «Los vietnamitas viajan en Vietnam» logró amortiguar el golpe, pero no pudo compensar los ingresos que generalmente aportan los arribos internacionales. Tanto las aerolíneas públicas como las privadas han solicitado rescates, mientras que las exportaciones de manufacturas disminuyeron –particularmente en los sectores claves del vestido, teléfonos inteligentes, y pescados y mariscos–, lo que provocó un aumento del desempleo. Otros que dependen de estas industrias, como quienes se dedican a la venta ambulante dirigida a los turistas o al personal de las fábricas, también sufrieron pérdidas sustanciales. Además, hubo una gran caída en la exportación de mano de obra; una fuente vital de ingresos para las comunidades que dependen de las remesas de los trabajadores expatriados.

A fines de 2020, 32,1 millones de vietnamitas se habían visto afectados por el impacto económico de la pandemia sufriendo desempleo, despidos o ingresos reducidos: 71,6% de los trabajadores del sector de servicios, 64,7% de la industria y la construcción y 26,4% de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Las «huelgas salvajes» se incrementaron por primera vez en años, ya que los trabajadores y las trabajadoras reclamaron por condiciones seguras en los primeros días de la pandemia, así como por salarios justos y una consecuente compensación. En una medida sin precedentes, el Consejo Nacional del Salario, que negocia incrementos anuales del salario mínimo, decidió no aumentarlo este año. La caída de los ingresos, a su vez, benefició a los usureros ilegales, que cobran tasas de interés exorbitantes y dejan a sus clientes sometidos a un sometimiento permanente por sus deudas. Como resultado, algunos vietnamitas se han suicidado.

Mientras tanto, una grave crisis de deuda ha afectado al fondo de seguridad social del país, responsable del seguro médico, las pensiones y las prestaciones por desempleo. En tiempos normales, la configuración de la seguridad social de Vietnam facilita el robo por parte de los empleadores. Las cuotas de los trabajadores son deducidas automáticamente de sus salarios, y se confía a los empleadores que las transfieran al fondo junto con sus propios pagos. Por lo tanto, los estos pueden retener sus contribuciones y quedarse con las de sus empleados, muchas veces sin consecuencias. Esta práctica se hizo aún más frecuente en 2020, ya que se aprovecharon las exenciones para las empresas afectadas por covid-19 para reducir los pagos de los empleadores. Como resultado, los niveles de deuda del fondo se dispararon a aproximadamente 20 billones de dongs (más de 800 millones de dólares). El déficit se agravó porque los trabajadores retiraron la totalidad de sus cotizaciones para su jubilación futura o empeñaron sus libretas de la seguridad social para conseguir dinero en efectivo y mantenerse a flote.

Sin embargo, hacia fines de 2020 había indicios de que la economía vietnamita se había estabilizado relativamente. El mercado laboral comenzó a recuperarse; el VN-Index, índice bursátil de Vietnam, alcanzó sus niveles más altos desde noviembre de 2019; y algunas corporaciones multinacionales comenzaron a trasladar la producción al país. Su balance económico es ahora, en términos generales, la envidia de sus vecinos. De hecho, que la pandemia no haya sido de ninguna manera el hecho dominante de la política nacional el año pasado es una clara señal del logro de Vietnam. En octubre y noviembre, las tormentas azotaron las regiones centrales del país, causando daños materiales generalizados y muchas más muertes que el coronavirus. Al mismo tiempo, Estados Unidos inició una investigación sobre las exportaciones de madera vietnamita y la presunta manipulación de su moneda, poniendo en peligro una de las relaciones bilaterales más importantes del país. El gobierno tendrá que negociar estos asuntos con la administración entrante de Joe Biden, además de animarlo a mantener la postura de línea dura de Donald Trump frente a China, que ha sido muy popular entre los vietnamitas.

Otros acontecimientos de este mes pueden eclipsar aún más al covid-19. El 1º de enero comenzó a regir un nuevo Código Laboral, que permite por primera vez la existencia de organizaciones representativas de los trabajadores independientes, no afiliadas a la Confederación General del Trabajo, controlada por el Estado. Esto podría marcar un cambio significativo en las relaciones laborales, liberando potencialmente a los trabajadores organizados del dominio del Partido Comunista. Pero esta victoria aún puede ser contrarrestada por la Asociación Económica Integral Regional, un acuerdo de libre comercio negociado en secreto durante los últimos siete años, que ha sido ampliamente condenado como un intento de erosionar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por lo tanto, está por verse si la tradición de décadas de militancia laboral autoorganizada de Vietnam subsistirá en 2021, o si las libertades consagradas en el Código Laboral se enfrentarán a mayores obstáculos.

Quizás lo más significativo sea que, entre el 25 de enero y el 2 de febrero, más de 1.500 delegados se reunirán en Hanoi para que el XIII Congreso del Partido decida sobre un nuevo liderazgo. Por lo general, la decisión se toma antes del Congreso y luego los delegados dan su acuerdo, pero esta vez no hay ninguna certeza. Se suponía que Trọng no volvería a postularse como secretario general. Según las reglas, no se le debería permitir un tercer mandato consecutivo. Además, ya tiene una edad muy avanzada y está bastante enfermo. Se esperaba que el nuevo Secretario General fuera el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc, un habitué del Foro Económico Mundial, descrito por un analista como un «pragmático conocedor de políticas», o Trần Quầc Vượng, que ha sido un actor importante en la reciente campaña anticorrupción del gobierno. Los procedimientos son poco transparentes, pero los últimos rumores sugieren que Trọng podría tener éxito en forzar al congreso –y el reglamento– para permanecer como secretario general [Esto, en efecto, es lo que ocurrió, ante la falta de consenso para encontrar un sucesor, pese a que las normas vigentes no le permitían un tercer mandato, N. del E.]. Si bien el lanzamiento de la vacuna puede dar los toques finales a la respuesta vietnamita ante el covid-19 –un caso de éxito que avergüenza a los países occidentales–, no determinará la manera en que estos cambios entrelazados reformularán la política y la economía del país.

Este artículo fue publicado originalmente en New Left Review, el 22 de enero de 2021, con el título «Vietnam's Pandemic». Puede leer el artículo original aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Miércoles, 10 Febrero 2021 05:21

Mutación del coronavirus: el nuevo enemigo

Ilustración: Mekakushi/ Fotos: Getty Images y GTRES

El coronavirus se está convirtiendo en todo un portento de la infección. Con las nuevas mutaciones se va perfeccionando y logra colarse con más facilidad en nuestro organismo. Y, por tanto, se vuelve más letal. ¿Estamos viendo la antesala del coronavirus del futuro? Hablamos con expertos de todo el mundo para buscar respuestas.

Tres nuevos mutantes se han lanzado al unísono a la conquista del mundo. Tienen dos cosas en común: comparten una misma mutación muy concreta, la N501Y, y las tres tienen la habilidad para propagarse de forma más efectiva que las versiones anteriores del virus –hasta un 56 por ciento más–, lo que les permite contagiar a muchas más personas y a más velocidad. Además, existe el temor de que debiliten el efecto de algunas de las vacunas. Y de que las personas que ya han pasado la COVID-19 puedan volver a contagiarse.

De momento, los casos identificados ya evidencian que algunas de estas mutaciones han llegado a España. El Ministerio de Sanidad, de hecho, admite que «el riesgo de nuevas introducciones y su diseminación se considera muy alto». Y esto implica que el virus podría cobrarse muchas más vidas. Veamos por qué.

Las mutaciones en sí no son nada extraño. Todos los virus mutan. Si resultan dañinas para el virus, acaban con él. Si le son útiles, se sigue multiplicando hasta consolidarse en una población. Y si lo ayudan a contagiar a muchas más personas de una forma mucho más fácil, el virus se propaga más allá de toda medida. Y eso es justo lo que ha pasado.

En Europa preocupa sobre todo la variante descubierta en Gran Bretaña, la B.1.1.7, tanto por su cercanía como por el elevado número de conexiones entre las islas y el continente. Pero ni la variante B.1.351, identificada en Sudáfrica, ni otra más, perteneciente al linaje B.1.1.248 y descubierta en Brasil y Japón, son menos inofensivas que su prima británica. Al contrario. Estas dos últimas portan una mutación más en su genoma, la E484K, que podría resultar endiabladamente peligrosa: se cree que puede debilitar el sistema inmunitario y, posiblemente, también el efecto de algunas vacunas. Los fabricantes de las vacunas hoy disponibles confían en que sus inmunizantes sigan siendo eficaces, aunque admiten que alguna podría precisar de una actualización.

El virus ha mejorado el acceso a nuestras células

La mutación N501Y que comparten estas tres nuevas variantes es clave y se sitúa en las espículas de la corona, esa especie de pinchos externos, que son un lugar estratégico del patógeno. Con las espículas es con lo que el Sars-CoV-2 se fija a la célula huésped y se introduce en ella. El cambio en su código genético le ha facilitado al virus ese anclaje, según barajan los científicos.

Es cierto que, una vez que han infectado al huésped, estas nuevas variantes no provocan cuadros más graves, pero el hecho de que puedan contagiar a más personas significa que al final pueda morir más gente. El matemático Adam Kucharski, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha calculado la cruel lógica del crecimiento exponencial: «Si un virus solo mata al 1 por ciento de los infectados, pero infecta a un número enorme de personas, llevará a un número mayor de muertes que otro que mate al 2 por ciento de los infectados, pero que infecte a pocas personas».

Y el médico Eric Topol, del Instituto Scripps, con sede en California, escribió recientemente en Twitter: «Si nos queremos tomar el B.1.1.7 (la mutación británica) en serio, deberíamos vacunar las 24 horas del día como si fuese una emergencia. Porque lo es».

Allí donde los mutantes llegan, en poco tiempo desplazan a sus parientes menos transmisibles. No hay más que ver la velocidad a la que se han propagado en Gran Bretaña, Sudáfrica o Brasil. «El año pasado veíamos que siempre había una docena de variantes distintas del Sars-CoV-2 circulando al mismo tiempo –cuenta Tulio de Oliveira, genetista al frente de uno de los mayores laboratorios de secuenciación de Sudáfrica en la Universidad de KwaZulu-Natal–. Pero ahora observamos que el 90 por ciento son solo de la nueva variante».

La pregunta clave es: ¿todavía podemos detener a los mutantes? Y, de ser así, ¿de qué manera?

En todos los lugares donde se secuencia el genoma del virus, los investigadores ya se topan con la presencia de la variante británica. Al mismo tiempo, la B.1.351 sudafricana ya se ha propagado por la vecina Botsuana y hasta se ha identificado en Gran Bretaña, como si fuese el comienzo de una pelea por la hegemonía de la isla entre ambos mutantes.

Por su parte, una versión brasileña del virus apareció en Japón a comienzos de enero. Y no dejan de acumularse evidencias que señalan su enorme peligro: esta variante y la sudafricana pueden reinfectar a quienes ya pasaron la COVID-19.

De ser así, esto significaría que no hay inmunidad, o solo una inmunidad parcial, contra estos mutantes. Las investigaciones tienen que decir la última palabra. De momento, nadie sabe exactamente qué implicaciones tendría esa hipótesis.

Sí hay una idea que va tomando forma: que la combinación entre esa mutación compartida por las distintas variantes y ciertas alteraciones en el genoma del virus ha producido verdaderos artistas de la infección. ¿Lo que estamos viendo es el coronavirus del futuro? ¿Todas las variantes mutarán hacia una transmisibilidad más rápida, a una perfección letal?

«Es posible que en estos momentos el virus esté buscando su configuración ideal, sí», dice Cillian de Gascun, director del Laboratorio Nacional del University College de Dublín. El hecho de que la misma mutación haya aparecido en las distintas variantes, de forma independiente entre sí, apunta a que «es una configuración que al virus le gusta –dice De Gascun–. Y no hay razón para creer que no se volverá más eficiente con el tiempo».

En los grandes laboratorios de alta seguridad de Sudáfrica, y en los de los fabricantes de vacunas, se trabaja bajo gran presión para dilucidar si está justificado el mayor de los temores: que las vacunas puedan ser menos eficaces contra las mutaciones. A grandes rasgos, en estas pruebas se expone el virus al suero de personas vacunadas. Si sobrevive, la humanidad tiene un grave problema.

El epidemiólogo Adam Kucharski aconseja tratar el asunto «como a una amenaza nueva y no pensar: ‘Bueno, ya tenemos un montón de casos de COVID, ahora nos vienen unos cuantos más, eso es todo’». Es posible, añade, que los conocimientos adquiridos hasta la fecha y los métodos con los que hemos combatido la epidemia ya no sirvan.

Pero ¿cómo es posible que hayan surgido casi de forma simultánea variantes tan malignas del virus?

Veamos qué ha pasado. En el año transcurrido desde el descubrimiento del virus ha tenido lugar una verdadera carrera entre el Sars-CoV-2 y el sistema inmunitario humano: el virus, que en un primer momento es un perfecto desconocido para las defensas del cuerpo, infecta a las células; el sistema inmune reacciona, aprende a reconocer al enemigo y desarrolla unos anticuerpos que hacen al virus inofensivo. Si el Sars-CoV-2 vuelve a atacar a esa misma persona, el virus no tiene ninguna posibilidad y es neutralizado.

Sin embargo, una alteración aleatoria en el código genético del intruso ha resultado serle de gran ayuda. Con esa carambola, el virus logra pasar inadvertido al sistema inmunitario. Es decir, el organismo se ve obligado a empezar a construir sus defensas de nuevo. Parece que lo que ha transformado realmente al virus y lo ha hecho más fácilmente transmisible es una combinación de otras mutaciones, sumada a la N501Y.

Sudáfrica, Brasil… las casualidades no existen

Lo que muchos virólogos no consideran fruto de la casualidad es que esas mutaciones se hayan originado en zonas del mundo donde la primera ola avanzó de forma casi imparable: en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y en Manaos, Brasil, regiones con precarios sistemas sanitarios y mucha pobreza. «Donde había un elevado número de personas infectadas, el virus ya no llegaba a tanta gente como antes –explica Emma Hodcroft, epidemióloga del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, en Suiza–. En esa situación tiene mucho que ganar con una mutación que le permite infectar otra vez a las mismas personas».

En Alemania, por ejemplo, donde la primera ola golpeó con relativa suavidad, sería más improbable que el Sars-CoV-2 mutase de esa manera. Pero en otros rincones del planeta la evolución del virus ha tenido lugar a cámara rápida. Por eso, el profesor de genética Tulio de Oliveira cree posible que se hayan desarrollado mutantes similares en otros lugares: «No me sorprendería que esta clase de variantes aparecieran en países que han tenido la pandemia fuera de control por mucho tiempo, como España, Italia, Estados Unidos o Rusia».

También puede surgir un mutante adaptado a su huésped en el caso de que un patógeno pueda vivir y multiplicarse durante mucho tiempo en el cuerpo de una persona cuyo sistema inmune se encuentra debilitado, como ocurre con los pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia. «En esos casos, el virus tiene mucho margen para descubrir cómo convivir con el sistema inmunitario –explica Hodcroft–. Se acaba aprendiendo todos los trucos».

Por lo tanto, los mutantes que sobreviven y se multiplican son aquellos especialmente hábiles a la hora de burlar al sistema inmune. Pero si alguien le hubiera preguntado a esta epidemióloga hace un par de meses por la probabilidad de que pudieran surgir de esta manera mutaciones peligrosas del Sars-CoV-2 habría respondido: «Esa no es una de nuestras principales preocupaciones en estos momentos». Ahora piensa diferente: «Si permitimos cifras de casos tan elevadas, aumentamos la probabilidad de que se produzcan esos escenarios tan especiales».

Burlando al sistema inmune

Tulio de Oliveira descubrió la mutación sudafricana gracias a los sanitarios de un hospital sudafricano. «Se dieron cuenta de que la segunda ola estaba siendo mucho más rápida que la primera y les pareció raro», cuenta el genetista. Le enviaron once muestras y él y su equipo las secuenciaron. Los resultados estuvieron listos el 1 de diciembre.

«En todas encontramos el mismo virus, algo ya de por sí extraño», cuenta el investigador. Pero lo más destacable fue que ese virus se diferenciaba mucho de otras variantes conocidas: hallaron 23 mutaciones, entre ellas, la N501Y y la E484K, capaces de burlar al sistema inmune. De Oliveira informó a su jefe y a la Organización Mundial de la Salud.

El genetista le preguntó a su colega Susan Engelbrecht, directora de un laboratorio en Stellenbosch, en el Cabo Occidental, si podría analizar sus muestras en busca del mutante. De Oliveira se apostó una botella de vino con ella a que lo encontraría en más de la mitad. «Imposible –dijo Susan–. Entre Stellenbosch y el foco del hospital hay 700 kilómetros». «Esa noche –cuenta De Oliveira– me mandó un mensaje: ‘Has ganado’».

También le pidió a Andrew Rambaut, colega en Edimburgo, que mirara esos resultados tan extraños. Un par de días más tarde recibió un mensaje de Rambaut para informar de un hallazgo igual de inquietante en Gran Bretaña: la misma mutación, N501Y, aunque en otro linaje del virus.

El ejemplo británico permite apreciar lo que puede hacer una variante más transmisible del virus, en este caso la B.1.1.7, y demuestra de forma muy clara que un confinamiento a medias no sirve contra ella: en noviembre, cuando ya había limitaciones pero las escuelas seguían abiertas y mucha gente iba al trabajo como si nada, el mutante siguió propagándose a toda velocidad. Solo ahora, con un confinamiento estricto, el número de casos apunta a un descenso, aunque más lento que con las variantes anteriores.

«Sé que la gente está agotada –dice Jeffrey Barrett, del Instituto Wellcome Sanger de Cambridge, donde secuencian el genoma de miles de muestras del virus–. Pero debemos adoptar y mantener las restricciones más severas posibles para reducir los contagios».

Para comprobar lo que ocurre si se relajan las medidas contra la nueva variante, lo mejor es fijarse en el ejemplo de Irlanda, donde los contagios aumentaron a velocidad de vértigo tras las Navidades. Las secuenciaciones muestran que la proporción de B.1.1.7 entre las muestras positivas ha pasado de menos del 10 por ciento en Navidad al 45 por ciento a mediados de enero.

Desde Dublin, Patrick Mallon –profesor de Microbiología en el University College e infectólogo en el St. Vincent’s University Hospital– piensa que fue un error dejar que el número de casos se mantuviera en niveles bajos en vez de intentar reducirlos a cero. «Lo que pasa en Irlanda –advierte– evidencia lo vulnerables que son los países que intentan convivir con el coronavirus, y los riesgos de mantener esa estrategia con las nuevas variantes».

Un posible modelo para el abordaje de la nueva amenaza mutante puede ser Dinamarca. El país se vio afectado hace meses por una variante del virus surgida en visones que podía infectar a seres humanos y a mediados de diciembre se identificaron los primeros casos provocados por la B.1.1.7. Pero el Gobierno reaccionó de forma rápida y decidida.

El país se encuentra sometido a confinamiento desde el 11 de diciembre. El número de casos está bajando. El índice de reproducción, que refleja a cuántas personas infecta de media cada contagiado, está en el 0,9, cifra que no tranquiliza a expertos como Tyra Grove Krause, del Statens Serum Institute de Copenhague. «Necesitamos bajar del 0,7 para evitar un crecimiento exponencial en febrero y marzo, cuando la nueva variante empiece a imponerse en el país», dice Krause.

No es fácil explicarle a la población por qué es tan importante seguir manteniendo el confinamiento en estos momentos, con el número de casos en descenso, reconoce Krause. «Pero no hay otro remedio, la amenaza está a la vuelta de la esquina».

© DER SPIEGEL / M. BARTSCH, F. BOHR, R. VON BREDOW, H. GUDE, V. HACKENBROCH, M. KNOBBE, K. KULLMANN, C. SCHMERGAL, T. SCHULZ, G. TRAUFETTER Y S. WINTER
Publicado enSociedad
Domingo, 07 Febrero 2021 05:51

Asaltantes con patente

Afp, Justin Tallis

Recorrida por las trampas del big pharma

Astrazeneca y Johnson & Johnson, que anunciaron la venta «al costo» de sus vacunas para la covid-19, no sólo mantienen sus precios en la oscuridad, sino que encabezan la lista de empresas que abusan de la normativa en materia de patentes.

 

Hace un año, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se quejaba de que ninguna gran compañía farmacéutica se hubiera comprometido aún a intensificar la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2. En 2019 sólo cuatro compañías estaban haciendo vacunas para el mercado estadounidense, cuando en la década del 70 eran 20 (Kaiser Health News, 25-VIII-20). Según estimaciones de Morgan Stanley y Credit Suisse (Financial Times, 4-IV-20), el mercado de vacunas de covid-19 podría crecer a 10.000 millones de dólares por año (en el supuesto de que la vacunación deba repetirse anualmente). Pero, antes de la millonaria inyección de recursos públicos para estimular la investigación y de la cobertura de riesgos garantizada por las compras públicas anticipadas del producto, las compañías mostraban un escaso interés en las vacunas, que suelen requerir más tiempo –excluyendo la excepción de la pandemia– para ser aprobadas y se administran en muchos casos una sola vez en la vida o una vez al año. En cambio, otros rubros, como la producción de medicamentos y tecnología médica, les proporcionaban mayores ganancias.

EL PRECIO DE LO PRIVADO

Esta semana, Newsweek y el boletín digital The Daily Poster informaron que en diciembre Pfizer y Johnson & Johnson habían presentado dos solicitudes («casi idénticas, preparadas por el mismo abogado») a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que esta las eximiera de presentar, ante sus respectivos accionistas, información sobre el modo en que fueron fijados los precios de sus vacunas. El pedido de Pfizer y Johnson & Johnson era en respuesta a una resolución presentada por miembros del Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés), una organización que incluye grupos religiosos, sindicatos, fondos de inversión y ONG que participan como accionistas en cientos de compañías, «en un esfuerzo por fomentar la responsabilidad empresarial». Las farmacéuticas adujeron que sus accionistas demuestran que quieren «microgestionar» las empresas al solicitar «un informe intrincadamente detallado». Pero, según retrucan desde el ICCR, la idea no es conocer algoritmos complejos de formación de precios, sino tener una respuesta a estas preguntas: al fijar los valores de venta de las vacunas, «¿han tenido en cuenta las empresas la financiación estatal recibida?, ¿y cómo la tuvieron en cuenta?».

La ONG Oxfam, que firma la resolución dirigida a Johnson & Johnson, afirmó que la farmacéutica no ha aclarado qué significa su anunciada distribución «sin fines de lucro» de la vacuna, cuando es el Estado el que ha financiado buena parte de su investigación. Sin transparencia en su proceso de establecimiento de precios, la ausencia de lucro es incomprobable también en el caso de Astrazeneca, que ya ha vendido su vacuna a Sudáfrica al doble del precio que a la Unión Europea (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). Pergeñada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la asociación entre Astrazeneca y la Universidad de Oxford cambió radicalmente el modelo de distribución que había anunciado previamente esa casa de estudios –financiada en buena medida por el Estado inglés–, que fue la que aportó el grueso de la investigación detrás de esa vacuna. Tras la intervención de la farmacéutica anglo-sueca, la vacuna de Oxford pasó de tener una licencia abierta, diseñada para estar disponible libremente para cualquier fabricante, a tener una licencia exclusiva controlada por Astrazeneca.

Además de la milmillonaria financiación pública directa recibida por las principales vacunas que hoy compiten en el mercado abierto por la covid-19 (Estados Unidos les ha otorgado unos 13.000 millones de dólares de fondos públicos a las empresas que desarrollan las vacunas, según cifras oficiales), ciertos aspectos fundamentales de al menos cinco de ellas dependen del conocimiento científico previo financiado mediante años de inversión pública. Las proteínas espiga que dan nombre al coronavirus, contra las cuales se desarrollan los anticuerpos de la mayoría de las vacunas, son muy inestables aisladas en su forma natural. De acuerdo a un reciente informe de la ONG Public Citizen, antes de la pandemia el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) había desarrollado una técnica inédita para estabilizar las proteínas del coronavirus que provoca la enfermedad del MERS. El NIH patentó el procedimiento y, cuando este año se reveló útil también para el SARS-CoV-2, patentó también este uso. La mayoría de las principales vacunas de primera generación contra la covid-19 –incluidas las de Pfizer-Biontech, Johnson & Johnson, Novavax, Curevac y Moderna– utilizan esa técnica desarrollada públicamente, tras adquirirla a un precio confidencial (Public Citizen, 10-XI-20). En agosto del año pasado, en conversación con Kaiser Health News, el diputado demócrata por Texas Lloyd Dogget resumió lo que significan los millonarios acuerdos de compras de vacunas que ya por entonces el gobierno federal había comenzado a firmar con las farmacéuticas: «Se trata de dar a los contribuyentes el privilegio de comprar una vacuna por la que ya han pagado».

SIEMPREVIVAS

En setiembre de 2020 el Centro de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) hizo pública una base de datos sobre patentes de fármacos basada en los registros del Orange Book, de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia que regula la propiedad intelectual de la industria farmacéutica. Esta base de datos –«la primera en hacer un seguimiento exhaustivo de las protecciones de patentes presentadas por las empresas farmacéuticas», según la web de la UC– se nutre de las investigaciones de la profesora de derecho Robin Feldman (véase entrevista) sobre la estrategia de evergreening (o de perennidad)1 en torno a las patentes. Según explica la autora, las patentes de medicamentos están pensadas como protecciones de mercado garantizadas por el Estado por tiempo limitado –unos 20 años–, para incentivar a las compañías farmacéuticas a que innoven con medicamentos nuevos que mejoren la salud de la población. Una vez vencido ese período monopólico en el que las compañías farmacéuticas pueden obtener ganancias en exclusividad, los competidores deberían poder entrar al ruedo y reducir así los precios de los medicamentos a niveles competitivos. Pero las farmacéuticas han perfeccionado más de diez mecanismos (minuciosamente detallados en el estudio de Feldman) para posponer reiteradamente la caída de sus patentes y poner barreras a la competencia, con la complicidad, por acción u omisión, de la FDA.

Uno de los métodos usados consiste en agregarle patentes «secundarias» a un medicamento antes de que caduque la patente original. Como cada droga puede tener asociadas varias patentes de distinto tipo, las compañías registran sucesivamente, sobre la propiedad intelectual del componente químico original, nuevas patentes de elementos auxiliares, como la formulación de la droga y el método de uso. Estas patentes se registran luego de la original; por tanto, sus 20 años de gracia empiezan a correr más tarde y caducan también más tarde. Muchos de esos nuevos elementos patentados son modificaciones insignificantes, pero, cuando un productor de genéricos quiere comenzar a producir un medicamento cuya patente ha sido extendida de esta manera, debe demostrar la invalidez de cada patente asociada, a través de un litigio largo y caro, que de por sí desestimula estos intentos. Estos procedimientos están regulados en Estados Unidos por un complejo sistema creado en 1984, llamado Hatch-Waxman. Entre otras cosas, este sistema estipula que el primer genérico que impugne con éxito una patente o su aplicación será el único permitido en el mercado por seis meses, durante los cuales queda establecido un duopolio entre la compañía que patentó el medicamento y la que producirá su primer genérico. La disposición ha devenido en permanentes arreglos, conocidos como pay-for-delay, en los que las primeras desarrolladoras pagan a las productoras de genéricos interesadas en sus fármacos para que retrasen sus solicitudes.

Otra trampa descrita por Feldman fuerza la disposición que protege a los «medicamentos huérfanos», diseñados y aprobados para tratar enfermedades que afecten a poblaciones de 200 mil personas o menos. Como estímulo a la inversión en campos desatendidos de investigación, asociados fundamentalmente a enfermedades raras, desde 1983 se concede a estos medicamentos una exclusividad por siete años. Al día de hoy, sin embargo, más del 40 por ciento de los medicamentos aprobados por la FDA son declarados huérfanos. Durante estos períodos de exclusividad las empresas han incrementado los precios hasta provocar un escándalo nacional. Una vez que lo hacen, entra en juego otro truco, conocido como spillover pricing, que consiste en estimular a los médicos a prescribir el medicamento para usos distintos a los aprobados por la agencia, extendiendo el número de personas que pagan los inflados precios muy por encima del blanco inicial de 200 mil.

Como resultado de estos y otros procedimientos, Robin identifica «un sorprendente alejamiento de la conceptualización clásica de la protección de la propiedad intelectual en los productos farmacéuticos». «En lugar de crear nuevas medicinas, las farmacéuticas están reciclando y reutilizando las viejas. […] El 78 por ciento de las drogas asociadas a nuevas patentes en los registros de la FDA no son nuevos medicamentos que llegan al mercado, sino medicamentos ya existentes», concluye el estudio para el período 2005-2015. El fenómeno es especialmente fuerte entre los medicamentos más vendidos. Entre los primeros 100, el 70 por ciento ha sido extendido al menos una vez y más de la mitad se ha extendido más de una vez. Entre los que han recibido extensiones se encuentran la insulina y medicamentos que tratan el VIH y la adicción a los opiáceos. La práctica, considerada endémica y creciente en la industria, supera, en el caso de algunas compañías, las 20 extensiones. Quienes encabezan –junto con Gilead, productora del medicamento contra la covid-19 Remdesivir– el ranking de las empresas que más practican el evergreening son Astrazeneca y Johnson & Johnson.

  1. Robin Feldman, «May your drug price be evergreen», Journal of Law and the Biosciences, volumen 5, número 3 (XII-18). Páginas 590-647.

Con Robin Feldman1

—En el rubro de las vacunas, ¿se producen las mismas prácticas anticompetitivas que en el de los medicamentos?

—Las vacunas contra la covid-19 son poco menos que milagrosas. Sin embargo, siempre está el riesgo de que el Estado gaste el dinero pero desperdicie la oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que las empresas farmacéuticas no se aprovechen de la crisis. Y hay algunas señales de alarma. Consideremos los siguientes ejemplos.

A principios de marzo, cuando la pandemia ya hacía estragos en todo el mundo, la empresa Gilead solicitó el estatus de medicamento huérfano para su fármaco Remdesivir como tratamiento para la covid-19. Gilead podría, entonces, bloquear durante siete años la posibilidad de que cualquier otra persona fabrique el medicamento.

Este estatus está pensado para medicamentos que sirven a poblaciones de pacientes muy pequeñas y funciona como una minipatente. Pero la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos] respondió afirmativamente al pedido de Gilead apenas unas semanas después. Bajo una intensa presión pública, finalmente Gilead renunció a sus derechos.

Hace tres años, en octubre de 2017, la compañía Sanofi pagó 61,5 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio relacionada con sus vacunas. La demanda alegaba que, cuando un competidor planeaba entrar en el mercado para competir con la vacuna contra la meningitis pediátrica de Sanofi (Menactra), la firma cobraba precios hasta un 34,5 por ciento más altos en sus vacunas, que aún tenían protección de patente, a menos que los compradores aceptaran adquirir exclusivamente las vacunas de Sanofi.

Además, durante esta pandemia, hemos visto cómo las empresas se han dedicado a bloquear la posibilidad de que otras compañías más pequeñas también hicieran pruebas.

—En vistas de la escasa información que ha sorteado las cláusulas de confidencialidad de los actuales contratos de compras de vacunas, ¿cómo evalúa lo relacionado a la propiedad intelectual?

—La transparencia es esencial tanto para la confianza del público como para el funcionamiento eficiente del mercado. Los contratos que he visto, incluso en sus versiones censuradas, ceden a las empresas todo tipo de derechos de propiedad intelectual en formas que uno no esperaría normalmente. Lo más preocupante es que los contratos especifican que la empresa puede mantener como secreto comercial cualquier tecnología que desarrolle a través del acuerdo. Con los secretos comerciales, a diferencia de las patentes, la información nunca entra en el dominio público.

—¿Los modelos dominantes de propiedad intelectual en el mundo están amenazando la salud de la población?

—La pandemia de covid-19 ha ejercido presión sobre muchos sistemas nacionales e internacionales, desde la propiedad intelectual hasta la distribución de suministros y la salud mundial. Pero esta no es la última pandemia a la que se enfrentará el mundo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para replantearnos cómo pueden funcionar mejor nuestros sistemas a la hora de enfrentarnos a futuros retos mundiales.

1. Profesora de derecho de la Universidad de California, especialista en propiedad intelectual e industria farmacéutica.
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La pugna inter-imperialista entre los EEUU vs. China, entre la Unión Europea –sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra– vs. Japón y Rusia, por lograr la vacuna y su aplicación está intensa, y resalta en escenarios diplomáticos, financieros (bolsas de valores), ciencia y tecnología (farmaceúticas), así como espionaje, además de la disputa por la importación y exportación de insumos sanitarios y medicamentos.

Esta disputa llevó a la investigación y desarrollo de 23 posibles vacunas en ensayos clínicos 1 y 2, y más de 100 en las primeras etapas. Y a fines de 2020 y comienzo de 2021 la aparición de las primeras vacunas: las de Pfizer-BioNtech, Astra-Zeneca. Moderna, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V.

En este escenario, encontramos a las empresas farmacéuticas más poderosas y que cotizan en las Bolsas:

Como es público, en este momento se están repartiendo y aplicando cuatro vacunas de EEUU: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, y Novanax, y una Inglesa –la de Astra Zeneca–, es decir las principales en las Bolsas. La rusa Sputnik V no cotiza en los templos de la especulación financiera de Europa o de EEUU.

Hay otras empresas farmacéuticas que no figuran en estos templos de la especulación porque se retiraron o no han estado allí antes, como Claver y SinoVac, el Instituto Nacional de Epidemiología de China, la farmacéutica CureVac de Alemania, el Instituto ruso Nikolai Gamdeya, Medicago de Canadá, Maxivax de Biotecnología de Suiza, y el Instituto Finlai de vacunas de Cuba.

Una vez lograda la vacuna, el derecho de compra prioritario es para los países que han efectuado las grandes inversiones en los laboratorios principales. Así, el gobierno de los EEUU de Donald Trump invirtió: 1.600 millones de dólares para Novarax; Inovio es financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU y la Coalición para las Innovaciones en preparación para epidemias (Cepi), y ellas entregarían 2.000 millones de dosis de la vacuna. El gobierno de Trump depositó 1.950 millones de dólares para el trabajo conjunto de Pfizer y BioNtech (Alemania y EEUU), con una compra de 300 millones de dosis. También invirtió 1.200 millones de dólares para comprar las primeras 300 millones de dosis de la llamada vacuna de Oxford –del Instituto Jenner y Astra Zeneca de Inglaterra–, además de comprar los primeras 1.000 millones de dosis de Moderna e invertir en ello 500 millones de dólares.

Invirtió, además, 456 millones para las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson en Japón. En total, los EEUU invirtieron más de 7.000 millones de dólares para la vacuna, de ahí la insistencia de Trump de que tendrían vacuna para final de 2020.

Por su parte, el gobierno alemán en cabeza de Ángela Merkel invirtió 300 millones de euros para hacerse con la mayoría de las acciones de CureVac y de esa manera asegurar la vacuna, mientras que la francesa Sanofi-Pasteur producirá para la UE 300 millones de dosis de su vacuna, recibiendo para ello financiación de la Agencia Federal de Instituciones médicas de EEUU (Barda) por 226 millones de dólares; Japón está en la carrera, en acuerdo con Johnson y Johnson. Rusia está aplicando la Sputnik V. Canadá prepara una vacuna de nano-partículas lipídicas de ARNm de los laboratorios Precision NanoSystems, junto con la china CanSino.

Ante esta carrera, pugnas y colusiones de los imperialistas por la vacuna contra el covid–19, la OMS no se quedó atrás y en alianza con la Cepi y la Alianza para la vacunación (Gavi, fundada por Bill Gates), se propone disponer de 2.000 millones de dosis para finales del 2021, con un costo de 18.000 millones de dólares, y las que repartirá entre 183 países hasta ahora (80 países “autofinanciados”, 92 “financiados” y otros más precarios), acuerdo global conocido como Covax, que según los proponentes pretende que estos países cuenten con alternativas o refuerzos en caso de fallas en la aplicación de las otras vacunas, así como evitar que el acceso a las mismas se limite a los países más ricos.

Además, Gavi y la Cepi invirtieron 750 millones de dólares en un acuerdo con Oxford para enviar al resto del mundo, a final de año 2020 o inicios del 2021, 300 millones de dosis, si la vacuna funcionaba.
Por su parte, Brasil invirtió 280 millones de dólares para la vacuna de Oxford-Astra Zeneca, para garantizar millones de dosis y la tecnología para producirla en el país. Chile, por medio de la U. Católica, firmó un convenio con la farmacéutica china Sinovac-Biotech para aplicar la vacuna “coronavac” en la fase tres y, además, experimenta con su propia vacuna. Tanto Brasil, como Australia y China participaron en la Fase tres de la vacuna. Argentina llegó a un acuerdo con Pfizer-BioNtech para probar su vacuna, así como otro acuerdo con el Fondo ruso de Inversión Directa.

En otro escenario de esta misma disputa, encontramos el precio de la vacuna, pues se producirán algunas como las de la farmacéutica Moderna solo para países que tengan capacidad de pagar la suma de 70 dólares por dosis. La de Pfizer posiblemente cueste 20 dólares, y se dice que la de Oxford será masiva, a 5 dólares la unidad. Lo que se presume es que la vacuna no será gratuita pues su producción cuesta 65.000 millones de euros, capital que las farmacéuticas ni los Estados inversionistas están dispuestos a perder, así amplios sectores de los pueblos estén subvencionados.

¿Y Colombia, qué?

En agosto 2020 el gobierno dijo que era mejor esperar la vacuna que verdaderamente funcionará y apuntarse a ella, sin saberse por tanto si habría vacuna para final del 2020 pues proseguía la fase experimental, entonces para qué apurar.

Pero tal actitud no dejó tranquilo a muchos sectores, cuya presión lo obligó a comprar vacunas de varios laboratorios: Pfizer-BioNtech (5 millones de dosis), Astra-Zeneca/U de Oxford (5 millones de dosis); y Johnson & Johnson (9 millones de dosis), además de 10 millones de dosis del acuerdo Covax. Y dice que está en procura de adquirir lotes de otras tres vacunas. Pero no se sabe nada de cuándo llegarán, cómo fueron las negociaciones con las farmacéuticas, cuánto invirtió. Las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas son muy peligrosas pues atentan con la soberanía del país.

Mientras ya se vacuna en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, aquí se especula sobre su llegada; lo que se prevé es un gran negocio de los privados con la vacuna contra el covid–19.

Como puede apreciarse, estamos ante una pugna mundial y nacional por el acceso a la vacuna que frene la pandemia del covid–19 desde dos aspectos: pugna con dosa inter-imperialista por producir, almacenar, distribuir y administrar la vacuna y sacar el máximo provecho económico y político de esta maniobra; y la lucha para que la vacuna sea universal y no usada primero por los países ricos, y que los pobres se queden esperando; todo esto con despliegue de mecanismos de exclusión social, racistas, xenófobos, patriarcales para dar la vacuna a las clases dominantes y sus amigos. Sin embargo, los empresarios necesitan tener en buenas condiciones a la fuerza de trabajo, de ahí que tengan que dar la vacuna, así no les guste.

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