Y no se contuvo, se llegó al peor escenario de la pandemia

Sin duda, uno de los deseos más pedidos por la gente en todo el mundo para el 2021 fue que la pandemia terminara, que el coronavirus fuera cosa del pasado, que no tuviéramos más que estar aislados y que pudiéramos retornar a la “normalidad” de nuestras vidas.

Pero esto de las pandemias, que ya la especie humana ha vivido en varios periodos de su historia, no son procesos que finalicen de un momento a otro y para desfortuna para el querer de millones no desaparecen porque un calendario de paso a otro, muy a pesar de la esperanzadora noticia de final de año del inicio de la vacunación contra el Sars-CoV-2.

Y para aumentar el desánimo, vemos que el inicio del 2021 en muchos lugares del mundo está mostrando la cara más ruda de la pandemia, como no se había sucedido en meses anteriores. Este es el caso de Colombia, en donde cursamos por el escenario más dramático que se quiso contener desde el ingreso del virus al país, pero que hoy nos revela que lo hecho y más aún, lo que pudo hacerse y no se hizo, permitió configurar el escenario más difícil del transcurrir de estos más de 10 meses de la pandemia en el país.

 

Las cifras hablan

 

Por efecto del virus, globalmente nos acercando a la cifra de 90 millones de personas contagiadas y 2 millones de muertes. En Colombia estamos acercándonos a los 2 millones de contagios y a 50 mil muertes.

Si estos efectos se comparan con las de otras epidemias recientes también por virus, sus efectos son muy preocupantes. El Ébola, que ha tenido brotes desde 1973, siendo el más intenso el ocurrido entre 2014 y 2016, y con origen en África Occidental, según la OMS ocasionó 28.652 casos, con 11.325 muertes (una mortalidad del 40%). Por su parte, el Sars que apareció en el 2002 en China, según la OMS contagió alrededor de 8.000 personas con una mortalidad del 10 por ciento. Por su parte el Mers, surgido en el 2012 en Arabia Saudita, según la misma organización afectó alrededor de 2.519 personas y dejó 850 muertes en 27 países, con una mortalidad del 34 por ciento.

La diferencia afortunada es que el nivel de letalidad del actual virus es mucho más baja que la producida por estos otros parientes, un 2 por ciento, pero el asunto es su impacto global, como nunca antes había sucedido, de ahí el número neto de muertes tan alta.

Ahora, al discriminar las cifras, se observa que el impacto es muy diferente entre países. Por ejemplo, en la región de las Américas según la OMS, los países más impactados son Estados Unidos con cerca de 400.000 muertes; Brasil, sobrepasando las 200.000, México con más de 130.000, Colombia aproximándose a las 50.000, Argentina, bordeando las 45.000 y Perú, con 40.000. Esto se contrasta con la muy baja mortalidad en Cuba (cerca de 150 muertes) y Uruguay (250), Costa Rica (un poco más de 2.000) y Venezuela (un poco por encima de 1.000).

Y se constata que la pandemia no es democrática como se planteó en sus inicios, por que hoy se sabe que quienes más se contagian y mueren son las personas de los sectores empobrecidos, subalternos, como es el caso de la población inmigrante y afroamericana en Estados Unidos, o como el caso de la población de los más bajos estratos socioeconómicos en Colombia.


Lo hecho y lo dejado de hacer en el país

 

Desde el comienzo mismo de la crisis, el propósito del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, fue lograr rápidamente el “achatamiento”, el “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca se logró, y como tal no deberíamos hablar de picos, porque para que existan se necesitan declives ostensibles los cuales francamente no han ocurrido.

Ante esta realidad, la pregunta obligatoria es por qué no se logró un control, una disminución del número de casos de infecciones y si, por el contrario, lo presentado es un sostenido incremento del número de casos, llegando al mayor escenario de contagio por día en el mes de enero del año que comienza, con cifras diarias con más de 15.000 personas contagiadas, afectación que no se presentó en meses anteriores, y que ahora propicia la declaratoria de emergencia del sistema de salud por no tener la capacidad de atención a todo el conjunto de la población que lo requiere por situaciones tanto de la covid-19, como por otras patologías. Sin duda, la respuesta a esta pregunta implica diversos aspectos.

En relación a lo realizado por los gobiernos nacional y locales, en gran medida puede sintetizarse en la denominada estrategia Prass del Ministerio de Salud, referida a pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.

En cuanto a las pruebas y el rastreo, debe decirse que se parte de un problema de base relacionado con el modelo de atención que tiene el sistema de salud colombiano que no es territorializado, es decir la afiliación al sistema se hace sobre la base de un aseguramiento al cual no le interesa dónde, ni cómo vive y trabaja la persona. A su vez, el servicio tiene como prioridad la atención a la enfermedad, correspondiéndole a la persona acudir a los servicios de salud (IPS-ESE) cuando se enferma; no hay presencia del sistema de salud en los territorios donde la población tiene su dinámica de vida y laboral.

Otro en particular, es el número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 han sido francamente insuficientes, a lo que se suma el rol de las EPS con un compromiso con la implementación de pruebas, la entrega de pruebas y el rastreo que rayan en el desastre.

Hay que resaltar, además, que el aislamiento no es sostenible, de un lado por la situación de un sector amplio de la población que no tienen protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario; sin desconocer que algunos sectores de la población, asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que puede leerse como expresión del individualismo impuesto por el modelo de sociedad consumista en que vivimos.

En este sentido, a pesar del esfuerzo en algunos territorios del país por establecer una vigilancia en salud estrecha, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar a las personas positivas y sus contactos, predomina una débil intervención, muy enfatizada en la atención a los casos más dramáticos en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

Una débil acción territorial que reflejada, por ejemplo, en que los 10 meses que cumple la pandemia en el país fueron desaprovechados para implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, la que demanda la necesaria constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, tal como lo demuestran las exitosas experiencias de manejo de esta crisis en diversos países asiáticos y en Cuba, como experiencia particular en nuestra región; un éxito que refleja la importancia que estos gobiernos le dan a la vida y a la salud de sus poblaciones, contando para ello con sistemas de salud públicos de base territorial, sin subordinar la salud a la dinámica de la economía.

De igual manera, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco se ha dado, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni tampoco se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se estableció stocks suficientes con los insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad que demandas esta atención de alta complejidad.

Así mismo, con el paso de los meses, la muy precaria condición laboral de las y los trabajadores del sector salud no ha sido resuelta, solo se les dio una indemnización única para agradecerles su condición establecida como “héroes”, pero sin resolver lo estructural. Hoy el contexto es de gran agotamiento de este personal, con profundos impactos físicos y emocionales, que para nada han sido tenidos en cuenta, mucho menos atendidos; a lo que se suma la muerte de más de 150 de ellas y ellos por su exposición laboral al virus en los procesos de atención.

Esta confluencia de un sistema de salud que no impulsa procesos de promoción, prevención y atención territorializado, al igual que una limitada vigilancia en salud, sumado a unas condiciones laborales precarias, la falta de una protección social integral y universal para la población, en medio de una economía asentada en la informalidad, con sectores de la economía formal que impusieron la apertura para proteger sus intereses particulares y una falta de conciencia y cultura de cuidado por parte de sectores de la población que se exponen al virus y lo propagan, han llevado la pandemia a una situación en donde el sistema de salud colapsa y, por desafortuna, donde no existirán las condiciones adecuadas y suficientes para atender a toda la población que lo requerirá por el virus, en particular, así como por otras patologías y accidentes que no han parado con la pandemia.

 

Gráfica, casos nuevos de covid-19 en Colombia, marzo 2020 – enero 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Colombia

Hacia una resolución integral de la pandemia: la vacuna no es la panacea

 

Como otro hecho inédito, durante el 2020 se desarrollaron de forma acelerada procesos de biotecnología para la producción de vacunas contra el Sars-CoV-2, cuestionados por algunos sectores académicos y científicos al no cumplirse con suficiencia los pasos de investigación que demandan estas dinámicas de creación y aprobación para el uso de vacunas.

Sin duda, para el campo de la salud pública el descubrimiento y desarrollo de vacunas ha sido muy importante y ha contribuido a erradicar enfermedades infecciosas, letales como la viruela, por lo cual es un recurso muy potente, deseable de desarrollar y utilizar; pero esto desde luego no obvia una mirada critica sobre las formas biotecnológicas como se producen, los procesos que sigue la investigación para ver su eficacia y posibles efectos adversos, sobre las patentes que se establecen, sobre la posibilidad o no de acceso gratuito y universal, entre otros aspectos.

Hasta el momento se reconocen 9 procesos de elaboración de vacunas contra el Sars-CoV-2 como las más adelantadas, hechas en diversos países de Europa, Asia y en Estados Unidos, desarrolladas a partir de cuatro tipos de tecnologías**:

i) Virus inactivo o atenuado: implementada desde décadas atrás. Con ella el virus se inactiva con calor o compuestos químicos, con lo cual no tiene el potencial de daño al introducirse al cuerpo, pero sí la capacidad de generar la inmunidad específica contra él;
ii) Tecnología ARN (se utiliza por primera vez, constiuida por tanto en la inicial vacuna genética de la historia): para ella se crea en el laboratorio una pequeña secuencia genética del virus, que al ser introducido “enseña” a las células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del virus, a partir de lo cual el sistema inmunológico crea una respuesta frente al intruso;
iii) Vectores virales: tecnología también utilizada por primera vez. Consiste en un virus (no patógeno) modificado, que hace de vehículo para introducir material genético en el núcleo de una célula; en este caso se construyó a partir de un adenovirus, insertando en su interior algunos genes de Sars-CoV-2, para provocar la respuesta del sistema inmunológico; y
iv) Vacunas de subunidades de proteínas: aquí, en vez de utilizar todo el virus, se toma un pequeño fragmento del mismo, que al introducirse es capaz de activar una respuesta inmunitaria.

El desarrollo de estas vacunas ha corrido por cuenta de empresas farmacéuticas privadas multinacionales (caso de Pzifer, BioNtech, Moderna, AstraZeneca), y otras por institutos de investigación nacionales o de universidades (caso del Centro Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología de Rusia y la Universidad de Oxford).

La mayoría de estas vacunas requieren de dos dosis y aún no se conoce con certeza por cuánto tiempo inmunizan, teniendo como referencia las vacunas contra la gripe que deben aplicarse anualmente. A su vez, ya se han reportado casos de reacciones adversas con su aplicación, reacciones principalmente de carácter alérgico, que no son en un gran porcentaje, pero que es urgente precisar.

En el marco de esta dinámica de producción de vacunas, el gobierno nacional menciona que ha realizado gestión para su compra, principalmente con Pzifer, lo que implica una enorme inversión económica por parte del país para la inmunización completa de su población, porque aunque se inicie por grupos prioritarios –como es la población adulta y las y los trabajadores de la salud–, para que se tengan resultados adecuados de contención del virus, más del 90 de la población debe estar vacunada.

Así las cosas, hay que decir que seguimos en un escenario de mucha incertidumbre, característico en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes, como los que tienen que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario donde es claro que este desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, con la vacuna configurada como un bien de consumo particular y no como debería ser: un bien común de la humanidad.

Lo cierto, es que ni solo con contar con suficientes UCI, ni con contar con la vacuna para toda la población, va a ser suficiente para contener esta serie de pandemias emergidas en el curso del siglo XXI. Lo que esta real global epidemia está diciendo a la humanidad, es que debemos revisar a fondo la forma como nos relacionamos como especie humana con otras especies animales y con la naturaleza, y que de seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos actualmente, con uso intensificado de los recursos naturales, las mutaciones de virus, bacterias y otros microorganismos seguirán presentándose, con lo cual nos veremos muy seguramente abocados a pandemias con mayores niveles de contagio y letalidad.

Una gran enseñanza que nos deja esta pandemia, es que el control de la transmisión de infecciones, en este caso de virus, no se logra solo con medidas de higiene individual, ni con cuarentenas que se tornan insostenibles en el corto plazo. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial, que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas desarrolladas por el actual tipo de sociedad. Desarrollar este conjunto de políticas y medidas implica mucho menos de lo que hoy van a invertir el total de gobiernos con el pago de las vacunas; y su implementación tiene resultados más ciertos y contundentes.

 

* M.D. Salubrista Público, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia
** https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519

Publicado enColombia
Viernes, 29 Enero 2021 09:44

El fracaso de una estrategia

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El mundo ha comprobado que la estrategia de “echarle candado” a la gente no tuvo los resultados esperados mientras la pandemia sigue desbocada con graves consecuencias para los más vulnerables y para la sociedad en general.

Las medidas extremas de confinamiento vistas entre marzo y septiembre del año pasado no dieron resultado; lo estamos viendo al inicio del año con la llegada del segundo y tercer pico de la pandemia. Los clamores de los gobernantes que se salvaron muchas vidas es una afirmación disputable que busca justificar más las acciones que asumir las verdaderas responsabilidades políticas frente a la gestión de la pandemia. Ahora, al inicio del año, se persiste en repetir el error e ignorar las enseñanzas que dejó el 2020.

¿Qué sucedió? El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ficha política de Vargas Lleras en el gobierno Duque, ha revelado recientemente el trasfondo de la estrategia del gobierno durante la pandemia: “Yo, que había estudiado las cuarentenas en el Medioevo con una perspectiva tan distante que casi me parecían historias de ficción, terminé recomendando al Presidente el aislamiento preventivo más radical de la historia del país1”. La comparación no es fortuita. Durante la peste negra en Europa se llegó incluso a tapiar las viviendas con sus habitantes adentro, unos vivos y sanos, otros moribundos, y otros ya muertos, para intentar frenar el contagio de los demás habitantes. Las autoridades igualmente patrullaban las calles para asegurar que nadie saliera de sus viviendas.

 

Las epidemias: una presencia antigua

 

El aislamiento y el encierro han sido, desde antiguas épocas, la medida predilecta de los gobernantes para intentar contener las epidemias que sacuden de tanto a la humanidad. Tanto en La Ilíada, como en la Historia de Herodoto y en la Biblia se mencionan los estragos causados por las epidemias. En la novela La peste de Albert Camus, a la ciudad argelina de Orán llega una epidemia causada por la proliferación de ratas y la deficiente higiene pública. La medida principal aplicada allí es, como siempre se acostumbra, el confinamiento.

Encerrar a la gente es la medida más fácil de implantar (y la más autoritaria) pero por lo general, la menos efectiva. Las epidemias suelen ser rápidas, sagaces y hábiles para salir adelante a las medidas que el ser humano inventa para cortarles el paso. Por ello, la imposición aplicada en el 2020 por las autoridades nacionales y locales –al igual que por la mayoría de autoridades del mundo– no es ni sorpresiva ni excepcional. A pesar de todos los antecedentes que la humanidad tiene en el manejo de epidemias el ministro Ruiz admite que “ante un fenómeno tan desconocido, éramos conscientes de que navegábamos en un mar de incertidumbre”, una justificación que da al gobernante de turno licencia para experimentar diversas medidas y evaluar sobre la marcha los resultados.

 

Encerrar, guardar, prohibir

 

La estrategia consistió entonces, replicando el modelo usado por países donde la epidemia golpeó antes, en recurrir a lo más primitivo y radical: la prohibición a los ciudadanos (a veces presentada como “aislamiento preventivo obligatorio o también aislamiento voluntario”) de salir y circular por las calles. La expresión lockdown inglesa para el confinamiento es reveladora, quiere decir, literalmente, “echar candado”.

De lo anterior se deduce lo que siguió. Explica el ministro: “Con el aislamiento preventivo obligatorio que se comenzó en marzo buscamos eso que han llamado “aplanar la curva”, es decir, lentificar la propagación para ganar tiempo, porque suprimir el virus era una ilusión: tener población susceptible en altas proporciones es una bomba de tiempo. El reto era entonces que el ritmo de contagio fuera lento para que no se saturaran las capacidades de atención e iniciar, en un mercado supremamente competido, una carrera de compra de ventiladores y otros insumos vitales para ampliar el número de UCI”.

 

¿Cómo decidir qué hacer?

 

Hasta allí la estrategia. Aquí es pertinente analizar de dónde parten los gobernantes para aplicar medidas de autoridad que juzgan convenientes imponer. Esto requiere un doble enfoque. Un amplio y otro más restrictivo.

En primer lugar, es necesario entender de qué manera se ve a sí mismo el gobernante en la dinámica con sus gobernados. Esto determina igualmente la forma de plantear las preguntas ante los problemas que enfrenta. Pero antes de formular preguntas hay una postura política frente a la emergencia. Hemos visto en el curso de la crisis cómo cada gobernante interpreta y entiende su función. Existen desde los modelos más autoritarios, como el chino, en el que el gobernante se erige en poder absoluto, autárquico, donde la opinión del pueblo poco importa, las medidas son a rajatabla y cualquier violación a ellas es duramente castigada para ejemplarizar la obediencia total. Al otro extremo están los gobernantes más (neo)liberales del “laissez faire”, como los de Brasil y Estados Unidos donde los gobernantes desde el primer día dudaron de la existencia del virus, de su letalidad, de la amenaza que constituye y se negaron a imponer medidas protectoras, dejando en libertad a sus ciudadanos para actuar según su conciencia. En medio de los extremos aparece una gama de posturas, desde la de Amlo, en México, quien recomendó el uso de amuletos para enfrentar el mal hasta la de Duque de aprovechar la epidemia para apuntalar una campaña mediática de su imagen pública con apariciones diarias en la televisión como acostumbran los gobernantes más populistas.

Emerge entonces, por encima de muchas, la postura política del gobernante protector, paternalista, que se considera responsable de sus “pequeños” y los cuida firmemente y con mano dura como lo hace un padre de familia con sus chiquillos. En ese modelo encaja la alcaldesa de Bogotá. Un poco más hacia el extremo liberal, están los gobernantes, que se ven más como administradores de la cosa pública y se encargan de disponer recursos, asignar partidas y gestionar, de la manera más eficiente posible la situación de emergencia como a una gran empresa.

Por otra parte, y quizás solapado con el anterior, está el gobernante, tecnócrata y neoconservador, plegado a los intereses particulares de farmacéuticas y grandes empresarios y financieros que ponen todos los recursos del Estado para que estos hagan lo suyo en el río revuelto de la crisis.


El modelo de gobierno más escaso, paradójicamente, es el utilizado en naciones como Suecia, que se negó a todo tipo de confinamiento extremo u obligatorio. Un sistema basado en la responsabilidad individual acompañado de un gobierno atento a la emergencia y con un robusto sistema hospitalario.
Una vez el gobernante tiene clara su función, procede a formularse preguntas para determinar sus acciones.

 

¿Qué preguntas formular?

 

Determina el tipo de medidas tomadas, el lugar desde donde se para el gobernante para pensar –filosófica, política y sociológicamente–; de allí, por consiguiente se validará la efectividad de las medidas que tome. En un esquema de pensamiento crítico, antes de aventurar recomendaciones, se enfatiza que lo importante es formular preguntas correctas para encuadrar de manera acertada el problema. Dicho de otra manera, hay que meditar el problema, antes de apresurar soluciones sin caer en recomendaciones intuitivas o instintivas.

En el caso de la pandemia es evidente que la mayoría de los gobernantes formularon ab initio la pregunta obvia: ¿Cómo evitar o desacelerar la propagación del virus? En palabras del ministro Ruiz: ¿Cómo aplanar la curva? Expresado de una manera más elaborada, lo que se preguntó fue ¿cómo disminuir la velocidad de la ratia de contagio para evitar que las UCI y los recursos médicos y paramédicos que las atiendan, colapsen, y así evitar una gran mortandad? Las medidas vistas en todo el mundo evidencian que esa fue la pregunta usada como punto de partida.

Queda claro dónde fue puesto el énfasis: en la prevención. Es decir, el supuesto inicial fue, dada la letalidad del virus, que era imperativo frenar la ratia de contagio para asegurar cupos en las UCI y evitar que la gente muriera por falta de atención al llegar a una condición crítica de salud. Bajo ese supuesto los gobernantes empezaron a gestionar las medidas de confinamiento bien fuera relajándolas o apretándolas en virtud de la ratia de ocupación de la UCI: a mayor ocupación de las UCI más restrictivas se convirtieron.

 

Algo no funcionó; algo dejó de hacerse

 

Lo cierto es que casi un año después, la estrategia de aplanar la curva, y del confinamiento ha revelado su ineficiencia en Colombia, en Europa, y en muchos otros países. Haber puesto el énfasis en encerrar a la gente para prevenir la expansión del virus no dio resultados. Atribuir la segunda ola de la epidemia a que la gente se relajó durante la temporada navideña es un sofisma, pues se vio que en Europa la segunda ola llegó antes de la temporada de fin de año.

La estrategia generalizada –encerrar a la gente– que parece obvia, fue poco cuestionada. Al fin y al cabo provenía de los expertos epidemiólogos que asesoran a los gobernantes. A alguien hay que creerle en estos casos y fue la comunidad científica la que sentó el derrotero de la estrategia aplicada a pie juntillas por los gobernantes. En resumen, las medidas han sido prevalentemente de evitación. El énfasis no ha sido en aplicar medidas terapéuticas o de intervención médica ante los primeros síntomas. El hecho de que en últimas cada médico escoja entre distintas aproximaciones científicas para combatir el virus en sus pacientes demuestra lo poco que se ha avanzado en ese sentido.

Por otra parte, la paradoja que los medios se encargan de pasar por alto, es que la inmensa mayoría de contagiados salen adelante, unos más rápido que otros, unos con mayores secuelas que otros. Lo cierto es que cada vez hay más distancia entre las cifras de contagiados y fallecidos, la proporción de estos últimos relativa a la primera decae, no crece2.

En su afán por responder la pregunta de cómo desacelerar el contagio colectivo –ha quedado demostrado que fue una pregunta equivocada–, se omitieron otras perspectivas que hubieran llevado a medidas diferentes. Por ejemplo, entre las preguntas soslayadas o no enfatizadas: ¿qué es necesario hacer, ante la emergencia, para urgentemente multiplicar la capacidad de atención en las UCI?; ¿qué recursos hay que destinar prioritariamente para asegurar esa ampliación? Por otra parte, y ante la evidencia temprana de que no todo el mundo que contrajo el virus murió –como sucedió históricamente con otras epidemias como, por ejemplo, la peste negra–, sino que los fallecimientos eran un porcentaje relativamente pequeño de los contagiados, la pregunta que se ignoró fue ¿de qué manera se puede tratar, de manera rápida y oportuna, a las personas que acusan los primeros síntomas de la enfermedad, y así evitar que su condición evolucione y se deteriore hasta requerir ser recluida en una UCI?

Son muchas más las preguntas que no se hicieron y se siguen dejando de hacer. Otras: ¿cómo elevar los sistemas inmunológicos de la población para evitar que contraiga el virus o si lo contrae que pueda superarlo de la manera más rápida y efectiva posible? O la pregunta que ahora comienza a hacerse de manera más persistente ¿cómo generar una cultura ciudadana de autocuidado, de responsabilidad personal y social, para que el contagio se mantenga reducido a niveles que no lleven a situaciones de alerta roja como las que se vive hoy en el país, y en muchos lugares del mundo?

Es evidente que la repetición mecánica de mensajes como quédate en casa, usa tapabocas y lávate las manos, no alcanzan, por sí solas, a generar una cultura ciudadana. Pero, volviendo al punto anterior, es evidente que cada pregunta diferente a la primera opera como vector para ofrecer diversas medidas que apuntan el meollo del problema (el contagio de la población) pero no necesariamente conducen al confinamiento y a todas sus consecuencias.

Para justificar su estrategia el ministro Ruiz –no se trata de una postura personal sino generalizada entre los gobernantes– alega que: “Desde entonces hasta hoy, la ciencia y la medicina no han encontrado un tratamiento efectivo contra el covid-19. La ventilación mecánica, que no elimina el virus, pero sí mantiene la respiración mientras el sistema inmune se ocupa de combatir al intruso, es lo único que tenemos”. Lo anterior induce al error de tomar la parte por el todo. Apenas una fracción de los contagiados llega a cuidados intensivos y a requerir ventilación mecánica. Lo cierto es que muchos de los afectados son tratados de manera temprana y efectiva con una combinación de analgésicos, antiparasitarios –que para sorpresa de los médicos combaten bien el virus–, y antibióticos, sin descartar otro tipo de medicamentos naturales que elevan las defensas del cuerpo y fortalecen el sistema inmune.

Otras perspectivas

Desde otro ángulo, muchas personas logran evitar o mantener a raya el virus con medidas profilácticas basadas en un intenso y profundo trabajo personal energético consistente en la relajación, la meditación, el yoga y otras medidas de carácter alternativo. Lo anterior funciona, aducen, a partir de erradicar al miedo al contagio que es lo que más vulnera las defensas del ser humano. La coach y sanadora energética Patricia Afanador afirma: “Para ser menos vulnerable a cualquier embate del entorno, la persona debe fortalecer sus sistemas inmunes, tanto físico, emocional, mental, psíquico y espiritual; esos sistemas están reflejados en el campo electromagnético personal que sirve como escudo para repeler las enfermedades”.
La eficacia del miedo

Bajo la perspectiva prevalente de contención y prevención, lo visto en el 2020 –y lo que va del 2021– es un cúmulo de medidas represivas: una campaña mediática de diseminar el miedo al contagio, en hacer parecer a cualquier persona como sospechosa de ser agente de contagio, en crear la figura de dudosa validez científica de los “asintomáticos”, en erigir al tapabocas como el gran salvavidas, en estigmatizar a quien se niegue a usarlo o lo usa incorrectamente, y, principalmente en las medidas que ya son de referencia diaria: confinamiento, aislamiento, distanciamiento social, toques de queda. Todo esto conlleva al cierre de grandes, medianos y pequeños negocios, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes, a la cancelación de viajes terrestres, marítimos y aéreos, al cierre de fronteras, a restricciones a la movilidad, al uso de la prueba PCR como medio para detectar el virus a pesar de los reparos que existen sobre su efectividad para aislar y medir el virus específico del Sars 2, covid 194.

 

La narrativa en torno a la vacuna

 

Finalmente, por otra parte, una narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por gobiernos, medios y farmacéuticas, centrada en la expectativa de una vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados a pesar de los precarios estudios sobre su efectividad. Lo anterior envuelve la claudicación de los Estados ante las pretensiones de las farmacéuticas de vender su producto hasta cubrir casi que la totalidad de la población global: casi quince mil millones de dosis sobre el supuesto de requerirse al menos de un refuerzo para su supuesta efectividad. Los gobiernos a partir de diciembre aprobaron provisionalmente la vacuna y empezaron sus planes de vacunación masiva para la población de acuerdo con diversos criterios de prioridad. Lo importante, darle tranquilidad a la gente; así la efectividad sea cuestionable pues, tratándose de un virus, se sabe que por su capacidad de mutar rápidamente –como se ha visto con las nuevas cepas detectadas– es reflectivo a una vacuna.

 

Resultados a la vista

 

Los efectos de las medidas mencionadas son desastrosos: recesión, desempleo, incremento en la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas como el día sin IVA benefician a empresarios y endeudan más a ciudadanos); colapso del modelo urbanístico diseñado en torno a lugares de encuentro, de congregación, de ejercicio al aire libre, de escenarios colectivos para esparcimiento; el deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas; el trastorno ocasionado por la decisión de enviar a millones de personas a trabajar desde su casa; el confinar a los niños a sus casas para seguir una educación virtual con la deprivación de todo el componente de convivencia y alternancia social; una inflación desbocada en el rubro de alimentos que llega al 4.6 por ciento; la alteración profunda de los patrones de vida, convivencia, socialización, congregación familiar; la imposibilidad de asistir a templos, a sitios de encuentro, de celebración, de duelo, de acompañamiento; el aumento de enfermedades de carácter mental, sobre todo en niños y adolescentes; el incremento de la violencia intrafamiliar y, como resultado del acoso y presión continua sobre las libertades individuales y sociales, la explosión social, manifestaciones, protesta social y movimientos populares de ciudadanos que no aguantan más la represión continua con el fin de “aplanar la curva”.

 

Gobernantes en su incapacidad

 

Los gobernantes han desnudado su inhabilidad para gestionar la pandemia. La lista de lo que no ha funcionado es larga. En primer lugar, la desarticulación entre gobierno local y nacional ha quedado al descubierto. Segundo, y más importante que lo anterior, el énfasis en la prevención más que en el tratamiento del virus ha demostrado su ineficacia. La lentitud para fortalecer la infraestructura médica es significativa: En Bogotá escasamente, en un año de pandemia se pasó de 900 camas UCI a poco más de 2100 cuando lo esperado era que esta cifra se hubiera multiplicado tres o cuatro veces más. La consecuencia es que ante cualquier rebrote, como sucede ahora y en cualquier pandemia, el sistema de salud queda en riesgo de colapsar. En tercer lugar, la ausencia de un sistema amplio y profundo de educación, concientización y responsabilización del ciudadano por su propia salud. Lo esfuerzos quedan reducidos a mensajes mecánicos y repetitivos que no van a la conciencia profunda de cada cual y suenan más a reconvenciones de autoridad paternal que a llevar al individuo a asumir plenamente la responsabilidad por su salud y la de sus semejantes. En resumen, el modelo represivo ha demostrado su fracaso para el manejo de la crisis.

Los gobernantes no pueden eludir la responsabilidad histórica de su gestión de la pandemia, son finalmente solidarios ante los ciudadanos y ante los distintos sectores, instituciones, grupos y estamentos de la sociedad que ha confiado en ellos la administración y gobierno de una ciudad, de un departamento, de un país. Puede asumirse que cada gobernante hace lo mejor que puede con lo que tiene, si se parte de su buena fe, pero eso igualmente los hace enteramente responsables por sus acciones,

Es claro que la pandemia tomó al mundo y a sus gobernantes por sorpresa. Sin embargo, la forma como estos últimos han enfrentado la crisis habla, no sólo de ellos como líderes, sino también de los ciudadanos que los han elegido. Otros podrán exigir su cuota de responsabilidad a los ciudadanos indisciplinados, pero estos finalmente son responsables de sus conductas individuales, mientras que cada gobernante, toca, con sus medidas, a miles o millones de personas.

 

* Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.
1 Ministro de salud reflexiona sobre el año de la pandemia, en https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ministro-de-salud-fernando-ruiz-gomez-reflexiona-sobre-pandemia-del-coronavirus-en-colombia-5479163.
2 https://www.portafolio.co/economia/casos-contagios-coronavirus-en-colombia-
3 Planetlockdown, en https://www.bitchute.com/video/RVY9i77FHNYk/. El abogado norteamericano-alemán Reiner Fullmich está emprendiendo, junto con otros abogados, una serie de acciones legales para demostrar que la prueba PCR es de dudosa validez y así conseguir la prohibición de su uso para detectar la presencia del virus del covid 19.

Publicado enColombia
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

Publicado enColombia
Fotografía: Hernán Ayala / Noname, 9 de septiembre /2020.

Aunque las restricciones impuestas con la pandemia limitaron la movilización social, esta se abrió camino en distintos momentos de 2020. Sin embargo, no se consiguió articular un movimiento social como el perfilado a finales del año anterior. Existe una dificultad para articular el descontento social expresado en las protestas, que se explica por factores como el incremento de la represión y por ciertas disonancias entre lo social y lo político.

El paro nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 produjo un fenómeno inédito de movilización social en la historia reciente del país, solo comparable con el paro cívico del 14 de septiembre de 1977. Las grandes manifestaciones tuvieron una naturaleza interclasista, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

Como consecuencia, las demandas iniciales, en contra del “paquetazo” neoliberal –las reformas tributaria, laboral y pensional del gobierno Duque– se enriquecieron con diversidad de reclamos transversales y no solo sectoriales, convergentes en la implementación del Acuerdo de paz. Así mismo, las organizaciones convocantes, principalmente las centrales obreras en el Comité de Paro, resultaron desbordadas, de manera que muchas de las acciones de protesta fueron descentralizadas y “auto convocadas”, esparciéndose por las ciudades, rompiendo con la tradición de protestar en las plazas centrales y acogiendo repertorios de acción como el cacerolazo.

Sin embargo, en 2020 el ímpetu de las movilizaciones se moderó considerablemente. Tras los frustrados diálogos entre el gobierno y el Comité de Paro hubo varios intentos de reactivar la protesta, con jornadas de paro nacional el 21 de enero y el 21 de febrero que no alcanzaron el carácter masivo ni la intensidad de las protestas del año anterior. La jornada programada para el 25 de marzo finalmente no contó con ninguna posibilidad por el comienzo de la emergencia sanitaria producto del arribo del covid-19 al país.

Así pues, la dinámica de movilización fue interrumpida por las restricciones de la pandemia y el miedo al contagio. No obstante, la protesta social se abrió camino aún en estas circunstancias, incluso en denuncia/rechazo de las medidas autoritarias de los gobiernos nacional y locales en demanda de asistencia para enfrentar las cuarentenas. Informes de observatorios como el Cinep señalan que no hubo una disminución drástica de la protesta. Esto quiere decir que el descontento se mantiene constante, expresándose en un número importante de protestas aunque sin lograr articularse en un movimiento social como el del año anterior. ¿Por qué se produce este fenómeno?

Las limitaciones del movimiento que emergió a finales de 2019, más que por las restricciones de la pandemia se explican por problemas a la hora de enfrentar el contexto político, especialmente la represión, la cooptación y la imposibilidad de enfrentar los discursos criminalizantes, y de su dinámica endógena, particularmente la incapacidad para articular el descontento social a causa de las divisiones que produce el desencuentro entre lo social y lo político.

 

El panorama

 

Ciertamente, las restricciones a la vida diaria causadas por la pandemia y las medidas autoritarias del gobierno limitaron seriamente las posibilidades de movilización y protesta. Los movimientos sociales tienen como base el tejido social de la cotidianidad y las organizaciones especializadas en promover la acción colectiva en favor de una causa determinada, de manera que la limitación de las relaciones y la movilidad de la población reducen las posibilidades de agenciar acciones colectivas. Por eso se promovieron repertorios de acción alternativos a la protesta callejera, como el cacerolazo, implementado con éxito a finales de 2019, aunque sin resultados similares.

Sin embargo, la afectación de las movilizaciones producto de la pandemia fue relativa. En enero y febrero se presentaron varios intentos de retomar su impulso siempre con la vista puesta en el memorable 21 de noviembre de 2019. Las restricciones operaron sobre todo durante los meses de confinamiento obligatorio, entre marzo y agosto. Pero incluso en este período se registraron protestas como las de abril en Bogotá, en demanda al gobierno Distrital de auxilios económicos para enfrentar la cuarentena.


El 7 de septiembre se trató nuevamente de retomar el hilo de las protestas de 2019 con una caravana contra las políticas del gobierno nacional. Esa misma semana se presentaron las protestas contra el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la Policía, que arrojaron un saldo de 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, en Bogotá. Desde el 10 de octubre se manifestó la Minga del pueblo Nasa que, ante la negativa del presidente Duque a dialogar en Cali, marcha hacia Bogotá para unirse al paro nacional previsto para los días 19 y 21 del mismo mes.

En suma, si bien la pandemia generó grandes restricciones, sobre todo mientras estuvo vigente el confinamiento, no se cerraron por completo las posibilidades de la movilización social. Sin embargo, la fortaleza o debilidad del movimiento social no solo debe ponderarse en función del número de protestas sino también en términos de su capacidad para articular y generar discursos o marcos de sentido alternativos. El que existieran grandes manifestaciones, como la Minga, indica que el problema de articulación del descontento no se explica por la pandemia.

Precisamente, la desarticulación práctica y discursiva se expresó en la incapacidad de los actores sociales para romper con la representación oficial de la crisis sanitaria, que ofrece como “soluciones” al problema el desarrollo científico y tecnológico en el campo de la medicina, en particular las vacunas, omitiendo el hecho innegable de que la magnitud de la crisis tiene fundamentalmente una explicación política, pues desnuda la precariedad del derecho a la salud bajo el modelo de desarrollo neoliberal, que lo ha subordinado por completo al negocio privado y, particularmente en nuestro caso, a la especulación financiera. Así, la falta de articulación imposibilitó disputar la transformación del modelo de desarrollo, punto en que convergen las demandas de diversas protestas, en la coyuntura en que se mostró su faceta más perversa.

 

Las constantes: represión y criminalización

 

En parte, las dificultades para articular el descontento ciudadano en una propuesta alternativa se explican por las constantes de la criminalización y la represión, agudizadas bajo el gobierno de Duque al menos por tres grandes razones.

Primero, porque Duque sigue el libreto de Uribe: tanto antes como durante la pandemia ha basado su legitimidad en la construcción de un enemigo interno que juegue el mismo papel que en los gobiernos de la “seguridad democrática” jugaron las Farc. De ahí su apuesta por una política antidrogas represiva, un marcado antagonismo con el gobierno de Venezuela y la criminalización de toda protesta, mediante el mote de “vandalismo”, que despolitiza los reclamos colectivos, o tratando de asociar las manifestaciones con la guerrilla y las “disidencias” en un reencauche de la doctrina contrainsurgente de la seguridad nacional.

En segundo lugar, porque en buena medida el descontento social sintetiza las demandas de cambio estructural insertas en el Acuerdo de paz, cuya implementación ha sido escamoteada por este gobierno, sin ahorrar esfuerzos para “hacerlo trizas” por distintas vías y cuya política ha beneficiado sistemáticamente a las clases cuyos privilegios se verían afectados de implementarse el mismo: piénsese, por ejemplo, en la reforma rural integral.

Y, finalmente, porque ante el lento pero persistente declive político del uribismo, expresado en el constante “abandono del barco” por muchos de sus adeptos en el escenario político y, sobre todo, por el vistoso descenso en la popularidad tanto del expresidente Uribe como del mismo Duque, su gobierno depende cada vez más de la “mermelada”, esto es, de la distribución de recursos entre los integrantes de su coalición de gobierno y los sectores sociales que aún lo respaldan. Aprovechando la situación excepcional de la emergencia sanitaria, Duque desplegó iniciativas para solidificar vía recursos públicos esos respaldos, de manera que la única amenaza seria a la legitimidad de su gobierno fue la protesta social. Eso explica no solo la criminalización y la represión sino así mismo las constantes iniciativas del gobierno para “regular” ese derecho ciudadano.

La reducción de la protesta social a “vandalismo” fue la estrategia privilegiada contra las protestas desde finales de 2019, incluso se llegó a afirmar que se trataba de un “complot” internacional y en días previos al 21 de noviembre se desplegaron allanamientos y detenciones de activistas. Los abusos en que incurrió la fuerza pública en esta coyuntura, uno de cuyos desenlaces fue el asesinato el sábado 23 de noviembre en Bogotá del estudiante Dilan Cruz, mientras participaba de una movilización no violenta, motivaron incluso un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de septiembre de 2020, en el que condenó las agresiones sistemáticas de la fuerza pública contra los ciudadanos y el uso desproporcionado de la fuerza, ordenándole al gobierno disculparse públicamente, proteger el derecho a la protesta y reestructurar el ejercicio de la fuerza, prohibiendo además el uso del tipo de arma con que el joven fue asesinado.

Sin embargo, la criminalización y la represión no son únicamente agenciadas por el gobierno de Duque. Se trata de un marco discursivo mucho más amplio, compartido incluso por quienes protestaron a finales de 2019. Incluso una de las consignas del concierto que cerró las protestas el 8 de diciembre de ese año fue el rechazo del “vandalismo”. Ese hecho evidenció los límites intrínsecos de una convocatoria hecha por una ciudadanía cuya cultura política está hegemonizada por el discurso político dominante, hasta el punto de adoptar parte de la estrategia de contención de la protesta desplegada por el propio Estado.

Igualmente, la alcaldía de Claudia López adoptó el mismo marco discursivo contra la protesta en las jornadas del 16 y el 21 de enero, así como del 21 de febrero, en las cuales la represión corrió por cuenta del Esmad, pese al protocolo que por entonces ensayaba la administración distrital.

 

El desencuentro entre lo social y lo político

 

El otro factor que explica la dificultad para articular el descontento es el desencuentro entre lo social y lo político, particularmente entre los sectores críticos y de izquierda que animan en parte los movimientos sociales. La persistencia de las protestas a pesar de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia y de un contexto adverso de intensa represión, permite apreciarla pervivencia de un gran descontento social que no está debidamente representado en el escenario político.

La gran mayoría de las demandas, expresadas mediante protestas, hacen referencia a problemas estructurales cuya resolución ha sido aplazada o reprimida por la guerra, como la redistribución de la propiedad de la tierra, la disminución de la pobreza y la desigualdad social, el fin de la exclusión política vía genocidio o el abandono del modelo económico neoliberal, e irrumpieron en el ámbito político gracias al proceso de paz. Sin embargo, hoy por hoy en el escenario político institucional tales demandas están infrarrepresentadas.

De hecho, en buena medida la retórica contra la “polarización”, que caracteriza la discusión pública en el país desde las elecciones de 2018, ha estado orientada a proscribir del escenario político las mencionadas demandas, concebidas por la derecha y el autodenominado “centro” como transformaciones muy radicales y generadoras de “odio de clases”. Así, la denuncia de la “polarización” evidencia un intento de acotar la construcción de paz a la implementación del Acuerdo, garantía de que los privilegios sociales no serán tocados.

Este desencuentro entre lo social y lo político también se expresa entre los actores que agencian y que potencialmente podrían articular el descontento social. En el ámbito político no existe un proyecto alternativo, más allá de la oposición abstracta al uribismo, capaz de aglutinar ese descontento. Los frecuentemente llamados sectores “alternativos” se dividen entre las variopintas facciones de la izquierda y los actores emergentes que se auto identifican como “centro” político, muchos de ellos provenientes de los antiguos partidos tradicionales y del mismo uribismo.

Ese desencuentro también se puso en evidencia en las elecciones de alcaldes y gobernadores, pues mientras las demandas de las grandes protestas plantean un rechazo decidido al modelo neoliberal, en varias ciudades principales como Bogotá y Medellín, el electorado se decantó por opciones que no se apartan en lo fundamental de dichas políticas. Aún más, la cooptación de buena parte de sus críticos potenciales por la alcaldía de Claudia López ha significado un freno importante a la hora de generar protestas en Bogotá, desalentando las acciones colectivas para no perjudicar su gobernabilidad, sin mencionar el silencio cuando se trata de denunciar la represión y el discurso criminalizante en que la alcaldesa ha incurrido al replicar el anatema de “vandalismo” y la asociación de las protestas con la insurgencia armada y las “disidencias”.

Por esa razón, nadie exigió que la mandataria local asumiera una responsabilidad política por la masacre ocurrida el 9 y 10 de septiembre, sino que se terminó por responsabilizar únicamente a la Policía y al gobierno nacional, aunque López no explicara con suficiencia quién dio las órdenes de abrir fuego contra civiles en el puesto de mando unificado o si se desobedecieron sus órdenes expresas. Nunca se aclararon las razones de su tardía reacción, mucho después de que en las redes sociales se vertieran denuncias sobre las conductas de la Policía.

La llegada de la Minga a Bogotá el 18 octubre es otro ejemplo de la misma problemática. La participación de la Alcaldesa en los actos de bienvenida, incluso arengando la movilización desde una tarima, ubicó la manifestación en un marco de sentido de corrección política análogo al concierto realizado contra el “vandalismo” en diciembre de 2019. De esa manera se desplegó todo un dispositivo simbólico para impedir que la protesta se desbordara. La alcaldía de Bogotá adoptó así el rol de “policía bueno” y terminó siendo funcional a la indolencia de Duque, pues le restó radicalidad y potencial de afectación a la Minga. Así, aunque el objetivo de la gran movilización era hacer que el presidente accediera a negociar, al final los mingueros tuvieron que retornar al Cauca sin ser atendidos por el gobierno nacional.

El mismo desencuentro entre lo social y lo político resalta, finalmente, en la enorme división de la izquierda, cuya consecuencia es la imposibilidad de articular el descontento social. Un ejemplo anecdótico basta para comprender el problema. Tras la masacre, el 10 de septiembre, el senador Gustavo Petro hizo un llamado a las centrales obreras, vía redes sociales, a convocar un paro nacional. La respuesta de Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, e integrante del Moir y del Comité de Paro, fue “cada loro en su estaca”, paradójicamente afirmando que las centrales eran “organizaciones autónomas” y no se subordinarían a ningún movimiento político.

 

¿Qué podemos esperar?

 

Más que las restricciones impuestas con ocasión de la crisis sanitaria, los problemas de los movimientos sociales provienen de factores contextuales, como la represión y criminalización agudizadas bajo el gobierno Duque, y endógenos, como la incapacidad de articular el descontento social expresado en un número importante y creciente de protestas que, sin embargo, se suceden de manera fragmentada.

Una clave explicativa de tal situación es el desencuentro entre lo social y lo político, especialmente la manera como la división de las fuerzas “alternativas” y de izquierda se refleja en el terreno de los movimientos sociales. Si este diagnóstico es correcto, en el corto plazo será muy difícil resolver el problema de la desarticulación, puesto que esas divisiones se expresarán con mayor ahínco en un año pre-electoral.

Por lo tanto, lo que cabe esperar es la expresión fragmentada, sin un norte, una identidad y unos antagonismos políticos claramente definidos, del descontento ciudadano, el cual no solo será una constante sino que incluso se incrementará por cuenta de la creciente pobreza, injusticia y desigualdad que está dejando la pandemia.

Una de las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria son los jóvenes, que constituyen cerca del 70 por ciento de la población del país (aquella comprendida entre 15 y 64 años), dejándolos sin empleo, haciéndolos responsables por otros miembros de sus familias o sin posibilidad de acceder a canales de autorrealización como la educación superior. Esta población es la que más hace presencia en las protestas, porque dispone del tiempo necesario para invertir en ese tipo de apuestas colectivas, experimenta con mayor intensidad las formas de opresión y explotación del mundo contemporáneo, por ejemplo mediante la precarización laboral, pero también la necesidad de establecer vínculos sociales fuertes y realizar experiencias que excedan el mundo virtual que subsume sus vidas.

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Y no se contuvo, se llegó al peor escenario de la pandemia

Sin duda, uno de los deseos más pedidos por la gente en todo el mundo para el 2021 fue que la pandemia terminara, que el coronavirus fuera cosa del pasado, que no tuviéramos más que estar aislados y que pudiéramos retornar a la “normalidad” de nuestras vidas.

Pero esto de las pandemias, que ya la especie humana ha vivido en varios periodos de su historia, no son procesos que finalicen de un momento a otro y para desfortuna para el querer de millones no desaparecen porque un calendario de paso a otro, muy a pesar de la esperanzadora noticia de final de año del inicio de la vacunación contra el Sars-CoV-2.

Y para aumentar el desánimo, vemos que el inicio del 2021 en muchos lugares del mundo está mostrando la cara más ruda de la pandemia, como no se había sucedido en meses anteriores. Este es el caso de Colombia, en donde cursamos por el escenario más dramático que se quiso contener desde el ingreso del virus al país, pero que hoy nos revela que lo hecho y más aún, lo que pudo hacerse y no se hizo, permitió configurar el escenario más difícil del transcurrir de estos más de 10 meses de la pandemia en el país.

 

Las cifras hablan

 

Por efecto del virus, globalmente nos acercando a la cifra de 90 millones de personas contagiadas y 2 millones de muertes. En Colombia estamos acercándonos a los 2 millones de contagios y a 50 mil muertes.

Si estos efectos se comparan con las de otras epidemias recientes también por virus, sus efectos son muy preocupantes. El Ébola, que ha tenido brotes desde 1973, siendo el más intenso el ocurrido entre 2014 y 2016, y con origen en África Occidental, según la OMS ocasionó 28.652 casos, con 11.325 muertes (una mortalidad del 40%). Por su parte, el Sars que apareció en el 2002 en China, según la OMS contagió alrededor de 8.000 personas con una mortalidad del 10 por ciento. Por su parte el Mers, surgido en el 2012 en Arabia Saudita, según la misma organización afectó alrededor de 2.519 personas y dejó 850 muertes en 27 países, con una mortalidad del 34 por ciento.

La diferencia afortunada es que el nivel de letalidad del actual virus es mucho más baja que la producida por estos otros parientes, un 2 por ciento, pero el asunto es su impacto global, como nunca antes había sucedido, de ahí el número neto de muertes tan alta.

Ahora, al discriminar las cifras, se observa que el impacto es muy diferente entre países. Por ejemplo, en la región de las Américas según la OMS, los países más impactados son Estados Unidos con cerca de 400.000 muertes; Brasil, sobrepasando las 200.000, México con más de 130.000, Colombia aproximándose a las 50.000, Argentina, bordeando las 45.000 y Perú, con 40.000. Esto se contrasta con la muy baja mortalidad en Cuba (cerca de 150 muertes) y Uruguay (250), Costa Rica (un poco más de 2.000) y Venezuela (un poco por encima de 1.000).

Y se constata que la pandemia no es democrática como se planteó en sus inicios, por que hoy se sabe que quienes más se contagian y mueren son las personas de los sectores empobrecidos, subalternos, como es el caso de la población inmigrante y afroamericana en Estados Unidos, o como el caso de la población de los más bajos estratos socioeconómicos en Colombia.


Lo hecho y lo dejado de hacer en el país

 

Desde el comienzo mismo de la crisis, el propósito del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Salud, fue lograr rápidamente el “achatamiento”, el “aplanamiento” de la curva epidemiológica de los casos por covid-19, asunto que nunca se logró, y como tal no deberíamos hablar de picos, porque para que existan se necesitan declives ostensibles los cuales francamente no han ocurrido.

Ante esta realidad, la pregunta obligatoria es por qué no se logró un control, una disminución del número de casos de infecciones y si, por el contrario, lo presentado es un sostenido incremento del número de casos, llegando al mayor escenario de contagio por día en el mes de enero del año que comienza, con cifras diarias con más de 15.000 personas contagiadas, afectación que no se presentó en meses anteriores, y que ahora propicia la declaratoria de emergencia del sistema de salud por no tener la capacidad de atención a todo el conjunto de la población que lo requiere por situaciones tanto de la covid-19, como por otras patologías. Sin duda, la respuesta a esta pregunta implica diversos aspectos.

En relación a lo realizado por los gobiernos nacional y locales, en gran medida puede sintetizarse en la denominada estrategia Prass del Ministerio de Salud, referida a pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible.

En cuanto a las pruebas y el rastreo, debe decirse que se parte de un problema de base relacionado con el modelo de atención que tiene el sistema de salud colombiano que no es territorializado, es decir la afiliación al sistema se hace sobre la base de un aseguramiento al cual no le interesa dónde, ni cómo vive y trabaja la persona. A su vez, el servicio tiene como prioridad la atención a la enfermedad, correspondiéndole a la persona acudir a los servicios de salud (IPS-ESE) cuando se enferma; no hay presencia del sistema de salud en los territorios donde la población tiene su dinámica de vida y laboral.

Otro en particular, es el número de pruebas de detección del Sars-CoV-2 han sido francamente insuficientes, a lo que se suma el rol de las EPS con un compromiso con la implementación de pruebas, la entrega de pruebas y el rastreo que rayan en el desastre.

Hay que resaltar, además, que el aislamiento no es sostenible, de un lado por la situación de un sector amplio de la población que no tienen protecciones económicas y está obligado a salir de sus casas para el rebusque diario; sin desconocer que algunos sectores de la población, asumen un comportamiento de riesgo, desestiman el peligro, se exponen y exponen a otros, asunto que puede leerse como expresión del individualismo impuesto por el modelo de sociedad consumista en que vivimos.

En este sentido, a pesar del esfuerzo en algunos territorios del país por establecer una vigilancia en salud estrecha, realizar los denominados cercos epidemiológicos para identificar y aislar a las personas positivas y sus contactos, predomina una débil intervención, muy enfatizada en la atención a los casos más dramáticos en las unidades de cuidado intensivo (UCI).

Una débil acción territorial que reflejada, por ejemplo, en que los 10 meses que cumple la pandemia en el país fueron desaprovechados para implementar una real estrategia de pruebas, rastreos, cercos y aislamientos, la que demanda la necesaria constitución de equipos básicos de salud en cada uno de los territorios del país, tal como lo demuestran las exitosas experiencias de manejo de esta crisis en diversos países asiáticos y en Cuba, como experiencia particular en nuestra región; un éxito que refleja la importancia que estos gobiernos le dan a la vida y a la salud de sus poblaciones, contando para ello con sistemas de salud públicos de base territorial, sin subordinar la salud a la dinámica de la economía.

De igual manera, y a pesar de colocar el énfasis en lo hospitalario, el mejoramiento de la atención para los casos moderados y graves de covid-19 tampoco se ha dado, porque ni se dotaron las suficientes camas de UCI, ni tampoco se formó el personal especializado necesario que requieren estos servicios, ni se estableció stocks suficientes con los insumos, medicamentos y elementos de bioseguridad que demandas esta atención de alta complejidad.

Así mismo, con el paso de los meses, la muy precaria condición laboral de las y los trabajadores del sector salud no ha sido resuelta, solo se les dio una indemnización única para agradecerles su condición establecida como “héroes”, pero sin resolver lo estructural. Hoy el contexto es de gran agotamiento de este personal, con profundos impactos físicos y emocionales, que para nada han sido tenidos en cuenta, mucho menos atendidos; a lo que se suma la muerte de más de 150 de ellas y ellos por su exposición laboral al virus en los procesos de atención.

Esta confluencia de un sistema de salud que no impulsa procesos de promoción, prevención y atención territorializado, al igual que una limitada vigilancia en salud, sumado a unas condiciones laborales precarias, la falta de una protección social integral y universal para la población, en medio de una economía asentada en la informalidad, con sectores de la economía formal que impusieron la apertura para proteger sus intereses particulares y una falta de conciencia y cultura de cuidado por parte de sectores de la población que se exponen al virus y lo propagan, han llevado la pandemia a una situación en donde el sistema de salud colapsa y, por desafortuna, donde no existirán las condiciones adecuadas y suficientes para atender a toda la población que lo requerirá por el virus, en particular, así como por otras patologías y accidentes que no han parado con la pandemia.

 

Gráfica, casos nuevos de covid-19 en Colombia, marzo 2020 – enero 2021

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Colombia

Hacia una resolución integral de la pandemia: la vacuna no es la panacea

 

Como otro hecho inédito, durante el 2020 se desarrollaron de forma acelerada procesos de biotecnología para la producción de vacunas contra el Sars-CoV-2, cuestionados por algunos sectores académicos y científicos al no cumplirse con suficiencia los pasos de investigación que demandan estas dinámicas de creación y aprobación para el uso de vacunas.

Sin duda, para el campo de la salud pública el descubrimiento y desarrollo de vacunas ha sido muy importante y ha contribuido a erradicar enfermedades infecciosas, letales como la viruela, por lo cual es un recurso muy potente, deseable de desarrollar y utilizar; pero esto desde luego no obvia una mirada critica sobre las formas biotecnológicas como se producen, los procesos que sigue la investigación para ver su eficacia y posibles efectos adversos, sobre las patentes que se establecen, sobre la posibilidad o no de acceso gratuito y universal, entre otros aspectos.

Hasta el momento se reconocen 9 procesos de elaboración de vacunas contra el Sars-CoV-2 como las más adelantadas, hechas en diversos países de Europa, Asia y en Estados Unidos, desarrolladas a partir de cuatro tipos de tecnologías**:

i) Virus inactivo o atenuado: implementada desde décadas atrás. Con ella el virus se inactiva con calor o compuestos químicos, con lo cual no tiene el potencial de daño al introducirse al cuerpo, pero sí la capacidad de generar la inmunidad específica contra él;
ii) Tecnología ARN (se utiliza por primera vez, constiuida por tanto en la inicial vacuna genética de la historia): para ella se crea en el laboratorio una pequeña secuencia genética del virus, que al ser introducido “enseña” a las células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del virus, a partir de lo cual el sistema inmunológico crea una respuesta frente al intruso;
iii) Vectores virales: tecnología también utilizada por primera vez. Consiste en un virus (no patógeno) modificado, que hace de vehículo para introducir material genético en el núcleo de una célula; en este caso se construyó a partir de un adenovirus, insertando en su interior algunos genes de Sars-CoV-2, para provocar la respuesta del sistema inmunológico; y
iv) Vacunas de subunidades de proteínas: aquí, en vez de utilizar todo el virus, se toma un pequeño fragmento del mismo, que al introducirse es capaz de activar una respuesta inmunitaria.

El desarrollo de estas vacunas ha corrido por cuenta de empresas farmacéuticas privadas multinacionales (caso de Pzifer, BioNtech, Moderna, AstraZeneca), y otras por institutos de investigación nacionales o de universidades (caso del Centro Gamaleya de Investigación en Epidemiología y Microbiología de Rusia y la Universidad de Oxford).

La mayoría de estas vacunas requieren de dos dosis y aún no se conoce con certeza por cuánto tiempo inmunizan, teniendo como referencia las vacunas contra la gripe que deben aplicarse anualmente. A su vez, ya se han reportado casos de reacciones adversas con su aplicación, reacciones principalmente de carácter alérgico, que no son en un gran porcentaje, pero que es urgente precisar.

En el marco de esta dinámica de producción de vacunas, el gobierno nacional menciona que ha realizado gestión para su compra, principalmente con Pzifer, lo que implica una enorme inversión económica por parte del país para la inmunización completa de su población, porque aunque se inicie por grupos prioritarios –como es la población adulta y las y los trabajadores de la salud–, para que se tengan resultados adecuados de contención del virus, más del 90 de la población debe estar vacunada.

Así las cosas, hay que decir que seguimos en un escenario de mucha incertidumbre, característico en este tiempo pandémico, desconociendo aspectos relevantes, como los que tienen que ver con la efectividad de la vacuna, sus efectos adversos, los costos y la capacidad de vacunar al conjunto de la población, más aún en un escenario donde es claro que este desarrollo tecnológico lucra a las multinacionales farmacéuticas, con la vacuna configurada como un bien de consumo particular y no como debería ser: un bien común de la humanidad.

Lo cierto, es que ni solo con contar con suficientes UCI, ni con contar con la vacuna para toda la población, va a ser suficiente para contener esta serie de pandemias emergidas en el curso del siglo XXI. Lo que esta real global epidemia está diciendo a la humanidad, es que debemos revisar a fondo la forma como nos relacionamos como especie humana con otras especies animales y con la naturaleza, y que de seguir produciendo y consumiendo como lo hacemos actualmente, con uso intensificado de los recursos naturales, las mutaciones de virus, bacterias y otros microorganismos seguirán presentándose, con lo cual nos veremos muy seguramente abocados a pandemias con mayores niveles de contagio y letalidad.

Una gran enseñanza que nos deja esta pandemia, es que el control de la transmisión de infecciones, en este caso de virus, no se logra solo con medidas de higiene individual, ni con cuarentenas que se tornan insostenibles en el corto plazo. Se requiere mejorar la calidad de vida de toda la población, en especial las condiciones de saneamiento básico y de alimentación; establecer protecciones sociales universales; desarrollar un sistema de salud público de base territorial, que genere potentes procesos de promoción y prevención, de atención primaria y de solida vigilancia en salud; configurar una cultura de cuidado, conteniendo las posiciones altamente individualistas desarrolladas por el actual tipo de sociedad. Desarrollar este conjunto de políticas y medidas implica mucho menos de lo que hoy van a invertir el total de gobiernos con el pago de las vacunas; y su implementación tiene resultados más ciertos y contundentes.

 

* M.D. Salubrista Público, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia
** https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519

 

 

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El covid-19 es una infección que pudo haberse prevenido. Claro, si los políticos hubieran escuchado a los científicos1; los políticos, los economistas, los financieros y los militares, también. Esos que eufemísticamente se llaman “los tomadores de decisión”.

La crisis del covid-19 no fue ni es la crisis generada por un virus de origen zoonótico, muy posiblemente, a partir de los murciélagos. (El tema del origen del virus aún está por ser esclarecido a plenitud). Por el contrario, fue y es la crisis de un sistema social, político y económico que sólo sabe de crecimiento, desarrollo, consumo y productividad y para nada de salud y de vida. Un hecho es incontestable: en la inmensa mayoría de los países, el primer renglón de inversión pública es en seguridad y defensa. Las políticas sociales –en este caso, específicamente de salud–, se encuentran muy por debajo. El complejo industrial-militar lleva la delantera en los presupuestos de Estados y Gobiernos. Es decir, el negocio de la guerra.

Ahora bien, lo más grave es que la primera ola de contagio no se vio venir, y que la segunda tampoco, ni la tercera… (En Suráfrica ya se habla de la cuarta ola de contagios). La lógica del sistema de libre mercado es la de la reacción, no la de la anticipación. Y ciertamente no la anticipación de posibilidades de salud y de vida. La prospectiva es una herramienta del pensamiento estratégico, pero prioritariamente para temas de mercado, gobierno y asuntos militares. Se trata de anticipar las jugadas de otros, y los escenarios posibles, pero no de las opciones propias y manifiestamente jamás las de la naturaleza. (La prospectiva de nada ha servido frente a la crisis climática en curso; otras herramientas sí han sido de mayor utilidad).

Colombia afronta la segunda ola –el segundo pico– de contagios. Y muchos países del mundo, la tercera. Sin pesimismos, ya los científicos han anunciado que son posibles otras pandemias, por definición más graves que la del covid-19. Los gobernantes y las cajas de resonancia que son los grandes medios de comunicación apenas sí han reparado en esta advertencia. El capitalismo se caracteriza por una estructura mental de corto plazo.


Improvisación y reacción

 

La reacción de los Estados y gobiernos ante la crisis del coronavirus fue de tipo militar: confinamiento, toque de queda, ley seca, aislamiento, y control. Las calles se vaciaron y se llenaron las redes sociales e internet. Nuevas posibilidades emergieron, apasionantes, que son, sin embargo, el tema de un artículo aparte. Lo cierto es que se crearon redes, se fortalecieron las comunicaciones, se incrementaron los aprendizajes, todo desde abajo; literalmente. En pleno siglo XXI los cordones sanitarios inventados durante el siglo XIX prevalecen. No hay aprendizajes de parte de los tomadores de decisiones. La biología le enseña a la cultura que una especie que no aprende se vuelve endémica y termina entrando en peligro de extinción. El neoliberalismo tiene los días contados, y sin embargo, se requieren acciones sociales y movimientos políticos de corte histórico que contribuyan activamente a potenciar el final del sistema de libre mercado.

Los cordones sanitarios son medidas policivas y militares. Como en una guerra. Pues bien, si de guerra se trata, las cifras son claras. El país más golpeado por la crisis del covid-19 son los Estados Unidos. A la fecha, casi un cuarto de la población mundial afectada son estadounidenses, y de los fallecidos una quinta parte suceden asimismo en los E.U. En una palabra: el gran derrotado por la pandemia son los E.U.A. Y en contraste, el gran ganador es China. Esto es cuando la salud y la enfermedad se convierten en factores de la geopolítica y de la biopolítica; sin más ni más.

Y un segundo elemento: la demografía. Si ésta constituye un factor clave en el desarrollo de los mercados energéticos y de consumo, esta fortaleza se transforma en debilidad en condiciones de pandemia, crisis y penurias. Los diez países más golpeados por la crisis son, significativamente, aquellos con mayor población en el mundo. Claro, con la excepción, una vez más, de la potencia asiática. (Algo importante tiene que estar sucediendo allí para que sea la excepción, en muchos aspectos, en el estudio de las crisis).

Los comportamientos, planes, acciones, y políticas en la mayoría de países es la improvisación y la reacción. Y claro, el manejo de la estadística. En casi todos los países en las cifras de fallecidos se incluyen como víctimas de covid-19 a personas que fallecieron por otros motivos. Así, los hospitales y las empresas prestadoras de servicios de salud pueden cobrar un dinero extra a los gobiernos. El caso colombiano es muy conocido. La ética queda como algo menos que como un canto a la bandera. La industria farmacéutica y la industria de la salud sólo se interesan por sí misma, no por la sociedad, el público o los pacientes2.

En cualquier caso, es claro que la primera oleada de la infección no pudo ser anticipada por los tomadores de decisión. Y tampoco la segunda, o la tercera… Tanto menos en el caso de Colombia, que es el onceavo país más contagiado, y el noveno con más víctimas fatales al día de hoy. Vale recordar que el sistema mundial está conformado por 195 países, lo que arroja un muy pobre resultado para el gobierno y el Estado colombianos.


Qué significa la segunda ola, y la tercera

 

Los picos de las pandemias indican diversas cosas: de un lado, la incapacidad de los gobiernos y del sector privado para resolver las necesidades sanitarias y cuidar la vida. Recuérdese que son instituciones, y estas, por definición, sólo saben de sí mismas y sólo se interesan por sí mismas; por nada más.

De igual manera, los picos u oleadas ponen de manifiesto si los gobiernos han aprendido, y los aprendizajes en condiciones de crisis deben ser por naturaleza rápidos; tienen que serlo. Un aprendizaje lento en condiciones de crisis se traduce en sufrimiento, dolor y muerte. Pues bien, la segunda ola tuvo lugar sin haber resuelto efectivamente la primera. Y en muchas ocasiones, la tercera tuvo lugar sin haber resuelto la segunda… Es evidente que el viejo dilema tuvo una solución: “o salud o economía”; la ecuación se resolvió a favor de la economía. Y entonces, claro, precisamente por ello se dispararon los contagios. En el caso colombiano, el gobierno no aprendió nada, y privilegió a sus aliados y soporte antes que a la sociedad.

El gobierno de Duque, en lugar de aprender, invierte enormes sumas de dinero en más materiales de seguridad y defensa: para el Esmad, para el ejército, en materia de inteligencia tecnológica, y demás. Pero Duque es tan sólo la cara más externa de un sistema de gobierno, de una clase social y de un Estado históricamente indolentes.

En verdad, en medio de la pandemia, los asesinatos de líderes, excombatientes, jóvenes e indígenas continuaron y no disminuyeron para nada. Esto se corresponde con la indiferencia del gobierno, su falta de aprendizaje, la corrupción e inequidad. En una palabra, el descuido de la vida y la salud, entregado como está a los violentos y corruptos.

Los datos del Dane así lo resaltan: la pobreza ha aumentado en los diez meses de confinamiento, contagio e inoperancia del gobierno.Los ricos son ahora más ricos, la clase media ha empobrecido, y los pobres se acercan a la línea de miseria. A escala mundial e incluso en el espectro de América Latina, Colombia muestra un pésimo comportamiento. Los contagios y fallecimientos están entre los peores, se mire por donde se mire.

Mientras tanto, las vacunas se acercan. Mientras que en Argentina, Chile, Costa Rica, México, Cuba y Venezuela la vacunación de la población ya ha comenzado, en Colombia todo permanece en suspenso, en el aire, con imprecisiones. Se habla de febrero, pero no hay nada claro. Se supone que este país, ahora parte de la Ocde, integra parte de los gobiernos, economías y sociedades más promisorios. El papel lo aguanta todo.

 

* * *

 

Coda: En Colombia el 100 por ciento de los servicios de salud son privados; son las EPS (Entidades o Empresas, Promotoras de Salud). La seguridad social en acá es totalmente inexistente. En esto consiste la ley 100. El creador y promotor de esta ley y de este sistema de seguridad social tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez; y su partido, claro.

1 Quammen, D., Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, New York, W. W. Norton & Company, 2013.
2 Cfr: https://www.ara.cat/es/internacional/German-Velasquez-vacunas-covid-19-farmaceuticas-salud-publica-entrevista_0_2592340794.html

 

 

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Publicado enEdición Nº275
Martes, 26 Enero 2021 10:40

El fracaso de una estrategia

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El mundo ha comprobado que la estrategia de “echarle candado” a la gente no tuvo los resultados esperados mientras la pandemia sigue desbocada con graves consecuencias para los más vulnerables y para la sociedad en general.

Las medidas extremas de confinamiento vistas entre marzo y septiembre del año pasado no dieron resultado; lo estamos viendo al inicio del año con la llegada del segundo y tercer pico de la pandemia. Los clamores de los gobernantes que se salvaron muchas vidas es una afirmación disputable que busca justificar más las acciones que asumir las verdaderas responsabilidades políticas frente a la gestión de la pandemia. Ahora, al inicio del año, se persiste en repetir el error e ignorar las enseñanzas que dejó el 2020.

¿Qué sucedió? El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, ficha política de Vargas Lleras en el gobierno Duque, ha revelado recientemente el trasfondo de la estrategia del gobierno durante la pandemia: “Yo, que había estudiado las cuarentenas en el Medioevo con una perspectiva tan distante que casi me parecían historias de ficción, terminé recomendando al Presidente el aislamiento preventivo más radical de la historia del país1”. La comparación no es fortuita. Durante la peste negra en Europa se llegó incluso a tapiar las viviendas con sus habitantes adentro, unos vivos y sanos, otros moribundos, y otros ya muertos, para intentar frenar el contagio de los demás habitantes. Las autoridades igualmente patrullaban las calles para asegurar que nadie saliera de sus viviendas.

 

Las epidemias: una presencia antigua

 

El aislamiento y el encierro han sido, desde antiguas épocas, la medida predilecta de los gobernantes para intentar contener las epidemias que sacuden de tanto a la humanidad. Tanto en La Ilíada, como en la Historia de Herodoto y en la Biblia se mencionan los estragos causados por las epidemias. En la novela La peste de Albert Camus, a la ciudad argelina de Orán llega una epidemia causada por la proliferación de ratas y la deficiente higiene pública. La medida principal aplicada allí es, como siempre se acostumbra, el confinamiento.

Encerrar a la gente es la medida más fácil de implantar (y la más autoritaria) pero por lo general, la menos efectiva. Las epidemias suelen ser rápidas, sagaces y hábiles para salir adelante a las medidas que el ser humano inventa para cortarles el paso. Por ello, la imposición aplicada en el 2020 por las autoridades nacionales y locales –al igual que por la mayoría de autoridades del mundo– no es ni sorpresiva ni excepcional. A pesar de todos los antecedentes que la humanidad tiene en el manejo de epidemias el ministro Ruiz admite que “ante un fenómeno tan desconocido, éramos conscientes de que navegábamos en un mar de incertidumbre”, una justificación que da al gobernante de turno licencia para experimentar diversas medidas y evaluar sobre la marcha los resultados.

 

Encerrar, guardar, prohibir

 

La estrategia consistió entonces, replicando el modelo usado por países donde la epidemia golpeó antes, en recurrir a lo más primitivo y radical: la prohibición a los ciudadanos (a veces presentada como “aislamiento preventivo obligatorio o también aislamiento voluntario”) de salir y circular por las calles. La expresión lockdown inglesa para el confinamiento es reveladora, quiere decir, literalmente, “echar candado”.

De lo anterior se deduce lo que siguió. Explica el ministro: “Con el aislamiento preventivo obligatorio que se comenzó en marzo buscamos eso que han llamado “aplanar la curva”, es decir, lentificar la propagación para ganar tiempo, porque suprimir el virus era una ilusión: tener población susceptible en altas proporciones es una bomba de tiempo. El reto era entonces que el ritmo de contagio fuera lento para que no se saturaran las capacidades de atención e iniciar, en un mercado supremamente competido, una carrera de compra de ventiladores y otros insumos vitales para ampliar el número de UCI”.

 

¿Cómo decidir qué hacer?

 

Hasta allí la estrategia. Aquí es pertinente analizar de dónde parten los gobernantes para aplicar medidas de autoridad que juzgan convenientes imponer. Esto requiere un doble enfoque. Un amplio y otro más restrictivo.

En primer lugar, es necesario entender de qué manera se ve a sí mismo el gobernante en la dinámica con sus gobernados. Esto determina igualmente la forma de plantear las preguntas ante los problemas que enfrenta. Pero antes de formular preguntas hay una postura política frente a la emergencia. Hemos visto en el curso de la crisis cómo cada gobernante interpreta y entiende su función. Existen desde los modelos más autoritarios, como el chino, en el que el gobernante se erige en poder absoluto, autárquico, donde la opinión del pueblo poco importa, las medidas son a rajatabla y cualquier violación a ellas es duramente castigada para ejemplarizar la obediencia total. Al otro extremo están los gobernantes más (neo)liberales del “laissez faire”, como los de Brasil y Estados Unidos donde los gobernantes desde el primer día dudaron de la existencia del virus, de su letalidad, de la amenaza que constituye y se negaron a imponer medidas protectoras, dejando en libertad a sus ciudadanos para actuar según su conciencia. En medio de los extremos aparece una gama de posturas, desde la de Amlo, en México, quien recomendó el uso de amuletos para enfrentar el mal hasta la de Duque de aprovechar la epidemia para apuntalar una campaña mediática de su imagen pública con apariciones diarias en la televisión como acostumbran los gobernantes más populistas.

Emerge entonces, por encima de muchas, la postura política del gobernante protector, paternalista, que se considera responsable de sus “pequeños” y los cuida firmemente y con mano dura como lo hace un padre de familia con sus chiquillos. En ese modelo encaja la alcaldesa de Bogotá. Un poco más hacia el extremo liberal, están los gobernantes, que se ven más como administradores de la cosa pública y se encargan de disponer recursos, asignar partidas y gestionar, de la manera más eficiente posible la situación de emergencia como a una gran empresa.

Por otra parte, y quizás solapado con el anterior, está el gobernante, tecnócrata y neoconservador, plegado a los intereses particulares de farmacéuticas y grandes empresarios y financieros que ponen todos los recursos del Estado para que estos hagan lo suyo en el río revuelto de la crisis.


El modelo de gobierno más escaso, paradójicamente, es el utilizado en naciones como Suecia, que se negó a todo tipo de confinamiento extremo u obligatorio. Un sistema basado en la responsabilidad individual acompañado de un gobierno atento a la emergencia y con un robusto sistema hospitalario.
Una vez el gobernante tiene clara su función, procede a formularse preguntas para determinar sus acciones.

 

¿Qué preguntas formular?

 

Determina el tipo de medidas tomadas, el lugar desde donde se para el gobernante para pensar –filosófica, política y sociológicamente–; de allí, por consiguiente se validará la efectividad de las medidas que tome. En un esquema de pensamiento crítico, antes de aventurar recomendaciones, se enfatiza que lo importante es formular preguntas correctas para encuadrar de manera acertada el problema. Dicho de otra manera, hay que meditar el problema, antes de apresurar soluciones sin caer en recomendaciones intuitivas o instintivas.

En el caso de la pandemia es evidente que la mayoría de los gobernantes formularon ab initio la pregunta obvia: ¿Cómo evitar o desacelerar la propagación del virus? En palabras del ministro Ruiz: ¿Cómo aplanar la curva? Expresado de una manera más elaborada, lo que se preguntó fue ¿cómo disminuir la velocidad de la ratia de contagio para evitar que las UCI y los recursos médicos y paramédicos que las atiendan, colapsen, y así evitar una gran mortandad? Las medidas vistas en todo el mundo evidencian que esa fue la pregunta usada como punto de partida.

Queda claro dónde fue puesto el énfasis: en la prevención. Es decir, el supuesto inicial fue, dada la letalidad del virus, que era imperativo frenar la ratia de contagio para asegurar cupos en las UCI y evitar que la gente muriera por falta de atención al llegar a una condición crítica de salud. Bajo ese supuesto los gobernantes empezaron a gestionar las medidas de confinamiento bien fuera relajándolas o apretándolas en virtud de la ratia de ocupación de la UCI: a mayor ocupación de las UCI más restrictivas se convirtieron.

 

Algo no funcionó; algo dejó de hacerse

 

Lo cierto es que casi un año después, la estrategia de aplanar la curva, y del confinamiento ha revelado su ineficiencia en Colombia, en Europa, y en muchos otros países. Haber puesto el énfasis en encerrar a la gente para prevenir la expansión del virus no dio resultados. Atribuir la segunda ola de la epidemia a que la gente se relajó durante la temporada navideña es un sofisma, pues se vio que en Europa la segunda ola llegó antes de la temporada de fin de año.

La estrategia generalizada –encerrar a la gente– que parece obvia, fue poco cuestionada. Al fin y al cabo provenía de los expertos epidemiólogos que asesoran a los gobernantes. A alguien hay que creerle en estos casos y fue la comunidad científica la que sentó el derrotero de la estrategia aplicada a pie juntillas por los gobernantes. En resumen, las medidas han sido prevalentemente de evitación. El énfasis no ha sido en aplicar medidas terapéuticas o de intervención médica ante los primeros síntomas. El hecho de que en últimas cada médico escoja entre distintas aproximaciones científicas para combatir el virus en sus pacientes demuestra lo poco que se ha avanzado en ese sentido.

Por otra parte, la paradoja que los medios se encargan de pasar por alto, es que la inmensa mayoría de contagiados salen adelante, unos más rápido que otros, unos con mayores secuelas que otros. Lo cierto es que cada vez hay más distancia entre las cifras de contagiados y fallecidos, la proporción de estos últimos relativa a la primera decae, no crece2.

En su afán por responder la pregunta de cómo desacelerar el contagio colectivo –ha quedado demostrado que fue una pregunta equivocada–, se omitieron otras perspectivas que hubieran llevado a medidas diferentes. Por ejemplo, entre las preguntas soslayadas o no enfatizadas: ¿qué es necesario hacer, ante la emergencia, para urgentemente multiplicar la capacidad de atención en las UCI?; ¿qué recursos hay que destinar prioritariamente para asegurar esa ampliación? Por otra parte, y ante la evidencia temprana de que no todo el mundo que contrajo el virus murió –como sucedió históricamente con otras epidemias como, por ejemplo, la peste negra–, sino que los fallecimientos eran un porcentaje relativamente pequeño de los contagiados, la pregunta que se ignoró fue ¿de qué manera se puede tratar, de manera rápida y oportuna, a las personas que acusan los primeros síntomas de la enfermedad, y así evitar que su condición evolucione y se deteriore hasta requerir ser recluida en una UCI?

Son muchas más las preguntas que no se hicieron y se siguen dejando de hacer. Otras: ¿cómo elevar los sistemas inmunológicos de la población para evitar que contraiga el virus o si lo contrae que pueda superarlo de la manera más rápida y efectiva posible? O la pregunta que ahora comienza a hacerse de manera más persistente ¿cómo generar una cultura ciudadana de autocuidado, de responsabilidad personal y social, para que el contagio se mantenga reducido a niveles que no lleven a situaciones de alerta roja como las que se vive hoy en el país, y en muchos lugares del mundo?

Es evidente que la repetición mecánica de mensajes como quédate en casa, usa tapabocas y lávate las manos, no alcanzan, por sí solas, a generar una cultura ciudadana. Pero, volviendo al punto anterior, es evidente que cada pregunta diferente a la primera opera como vector para ofrecer diversas medidas que apuntan el meollo del problema (el contagio de la población) pero no necesariamente conducen al confinamiento y a todas sus consecuencias.

Para justificar su estrategia el ministro Ruiz –no se trata de una postura personal sino generalizada entre los gobernantes– alega que: “Desde entonces hasta hoy, la ciencia y la medicina no han encontrado un tratamiento efectivo contra el covid-19. La ventilación mecánica, que no elimina el virus, pero sí mantiene la respiración mientras el sistema inmune se ocupa de combatir al intruso, es lo único que tenemos”. Lo anterior induce al error de tomar la parte por el todo. Apenas una fracción de los contagiados llega a cuidados intensivos y a requerir ventilación mecánica. Lo cierto es que muchos de los afectados son tratados de manera temprana y efectiva con una combinación de analgésicos, antiparasitarios –que para sorpresa de los médicos combaten bien el virus–, y antibióticos, sin descartar otro tipo de medicamentos naturales que elevan las defensas del cuerpo y fortalecen el sistema inmune.

Otras perspectivas

Desde otro ángulo, muchas personas logran evitar o mantener a raya el virus con medidas profilácticas basadas en un intenso y profundo trabajo personal energético consistente en la relajación, la meditación, el yoga y otras medidas de carácter alternativo. Lo anterior funciona, aducen, a partir de erradicar al miedo al contagio que es lo que más vulnera las defensas del ser humano. La coach y sanadora energética Patricia Afanador afirma: “Para ser menos vulnerable a cualquier embate del entorno, la persona debe fortalecer sus sistemas inmunes, tanto físico, emocional, mental, psíquico y espiritual; esos sistemas están reflejados en el campo electromagnético personal que sirve como escudo para repeler las enfermedades”.
La eficacia del miedo

Bajo la perspectiva prevalente de contención y prevención, lo visto en el 2020 –y lo que va del 2021– es un cúmulo de medidas represivas: una campaña mediática de diseminar el miedo al contagio, en hacer parecer a cualquier persona como sospechosa de ser agente de contagio, en crear la figura de dudosa validez científica de los “asintomáticos”, en erigir al tapabocas como el gran salvavidas, en estigmatizar a quien se niegue a usarlo o lo usa incorrectamente, y, principalmente en las medidas que ya son de referencia diaria: confinamiento, aislamiento, distanciamiento social, toques de queda. Todo esto conlleva al cierre de grandes, medianos y pequeños negocios, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes, a la cancelación de viajes terrestres, marítimos y aéreos, al cierre de fronteras, a restricciones a la movilidad, al uso de la prueba PCR como medio para detectar el virus a pesar de los reparos que existen sobre su efectividad para aislar y medir el virus específico del Sars 2, covid 194.

 

La narrativa en torno a la vacuna

 

Finalmente, por otra parte, una narrativa de esperanza, tranquilidad y salvación, orquestada por gobiernos, medios y farmacéuticas, centrada en la expectativa de una vacuna aprobada apresuradamente por la mayoría de los Estados a pesar de los precarios estudios sobre su efectividad. Lo anterior envuelve la claudicación de los Estados ante las pretensiones de las farmacéuticas de vender su producto hasta cubrir casi que la totalidad de la población global: casi quince mil millones de dosis sobre el supuesto de requerirse al menos de un refuerzo para su supuesta efectividad. Los gobiernos a partir de diciembre aprobaron provisionalmente la vacuna y empezaron sus planes de vacunación masiva para la población de acuerdo con diversos criterios de prioridad. Lo importante, darle tranquilidad a la gente; así la efectividad sea cuestionable pues, tratándose de un virus, se sabe que por su capacidad de mutar rápidamente –como se ha visto con las nuevas cepas detectadas– es reflectivo a una vacuna.

 

Resultados a la vista

 

Los efectos de las medidas mencionadas son desastrosos: recesión, desempleo, incremento en la desigualdad, mayor endeudamiento de la clase media (medidas como el día sin IVA benefician a empresarios y endeudan más a ciudadanos); colapso del modelo urbanístico diseñado en torno a lugares de encuentro, de congregación, de ejercicio al aire libre, de escenarios colectivos para esparcimiento; el deterioro de las ciudades por locales y oficinas desocupadas; el trastorno ocasionado por la decisión de enviar a millones de personas a trabajar desde su casa; el confinar a los niños a sus casas para seguir una educación virtual con la deprivación de todo el componente de convivencia y alternancia social; una inflación desbocada en el rubro de alimentos que llega al 4.6 por ciento; la alteración profunda de los patrones de vida, convivencia, socialización, congregación familiar; la imposibilidad de asistir a templos, a sitios de encuentro, de celebración, de duelo, de acompañamiento; el aumento de enfermedades de carácter mental, sobre todo en niños y adolescentes; el incremento de la violencia intrafamiliar y, como resultado del acoso y presión continua sobre las libertades individuales y sociales, la explosión social, manifestaciones, protesta social y movimientos populares de ciudadanos que no aguantan más la represión continua con el fin de “aplanar la curva”.

 

Gobernantes en su incapacidad

 

Los gobernantes han desnudado su inhabilidad para gestionar la pandemia. La lista de lo que no ha funcionado es larga. En primer lugar, la desarticulación entre gobierno local y nacional ha quedado al descubierto. Segundo, y más importante que lo anterior, el énfasis en la prevención más que en el tratamiento del virus ha demostrado su ineficacia. La lentitud para fortalecer la infraestructura médica es significativa: En Bogotá escasamente, en un año de pandemia se pasó de 900 camas UCI a poco más de 2100 cuando lo esperado era que esta cifra se hubiera multiplicado tres o cuatro veces más. La consecuencia es que ante cualquier rebrote, como sucede ahora y en cualquier pandemia, el sistema de salud queda en riesgo de colapsar. En tercer lugar, la ausencia de un sistema amplio y profundo de educación, concientización y responsabilización del ciudadano por su propia salud. Lo esfuerzos quedan reducidos a mensajes mecánicos y repetitivos que no van a la conciencia profunda de cada cual y suenan más a reconvenciones de autoridad paternal que a llevar al individuo a asumir plenamente la responsabilidad por su salud y la de sus semejantes. En resumen, el modelo represivo ha demostrado su fracaso para el manejo de la crisis.

Los gobernantes no pueden eludir la responsabilidad histórica de su gestión de la pandemia, son finalmente solidarios ante los ciudadanos y ante los distintos sectores, instituciones, grupos y estamentos de la sociedad que ha confiado en ellos la administración y gobierno de una ciudad, de un departamento, de un país. Puede asumirse que cada gobernante hace lo mejor que puede con lo que tiene, si se parte de su buena fe, pero eso igualmente los hace enteramente responsables por sus acciones,

Es claro que la pandemia tomó al mundo y a sus gobernantes por sorpresa. Sin embargo, la forma como estos últimos han enfrentado la crisis habla, no sólo de ellos como líderes, sino también de los ciudadanos que los han elegido. Otros podrán exigir su cuota de responsabilidad a los ciudadanos indisciplinados, pero estos finalmente son responsables de sus conductas individuales, mientras que cada gobernante, toca, con sus medidas, a miles o millones de personas.

 

* Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.
1 Ministro de salud reflexiona sobre el año de la pandemia, en https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ministro-de-salud-fernando-ruiz-gomez-reflexiona-sobre-pandemia-del-coronavirus-en-colombia-5479163.
2 https://www.portafolio.co/economia/casos-contagios-coronavirus-en-colombia-
3 Planetlockdown, en https://www.bitchute.com/video/RVY9i77FHNYk/. El abogado norteamericano-alemán Reiner Fullmich está emprendiendo, junto con otros abogados, una serie de acciones legales para demostrar que la prueba PCR es de dudosa validez y así conseguir la prohibición de su uso para detectar la presencia del virus del covid 19.

 

 

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La pugna inter-imperialista entre los EEUU vs. China, entre la Unión Europea –sobre todo Alemania, Francia e Inglaterra– vs. Japón y Rusia, por lograr la vacuna y su aplicación está intensa, y resalta en escenarios diplomáticos, financieros (bolsas de valores), ciencia y tecnología (farmaceúticas), así como espionaje, además de la disputa por la importación y exportación de insumos sanitarios y medicamentos.

Esta disputa llevó a la investigación y desarrollo de 23 posibles vacunas en ensayos clínicos 1 y 2, y más de 100 en las primeras etapas. Y a fines de 2020 y comienzo de 2021 la aparición de las primeras vacunas: las de Pfizer-BioNtech, Astra-Zeneca. Moderna, Johnson & Johnson y la rusa Sputnik V.

En este escenario, encontramos a las empresas farmacéuticas más poderosas y que cotizan en las Bolsas:

Como es público, en este momento se están repartiendo y aplicando cuatro vacunas de EEUU: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, y Novanax, y una Inglesa –la de Astra Zeneca–, es decir las principales en las Bolsas. La rusa Sputnik V no cotiza en los templos de la especulación financiera de Europa o de EEUU.

Hay otras empresas farmacéuticas que no figuran en estos templos de la especulación porque se retiraron o no han estado allí antes, como Claver y SinoVac, el Instituto Nacional de Epidemiología de China, la farmacéutica CureVac de Alemania, el Instituto ruso Nikolai Gamdeya, Medicago de Canadá, Maxivax de Biotecnología de Suiza, y el Instituto Finlai de vacunas de Cuba.

Una vez lograda la vacuna, el derecho de compra prioritario es para los países que han efectuado las grandes inversiones en los laboratorios principales. Así, el gobierno de los EEUU de Donald Trump invirtió: 1.600 millones de dólares para Novarax; Inovio es financiado por el Departamento de Defensa de los EEUU y la Coalición para las Innovaciones en preparación para epidemias (Cepi), y ellas entregarían 2.000 millones de dosis de la vacuna. El gobierno de Trump depositó 1.950 millones de dólares para el trabajo conjunto de Pfizer y BioNtech (Alemania y EEUU), con una compra de 300 millones de dosis. También invirtió 1.200 millones de dólares para comprar las primeras 300 millones de dosis de la llamada vacuna de Oxford –del Instituto Jenner y Astra Zeneca de Inglaterra–, además de comprar los primeras 1.000 millones de dosis de Moderna e invertir en ello 500 millones de dólares.

Invirtió, además, 456 millones para las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson en Japón. En total, los EEUU invirtieron más de 7.000 millones de dólares para la vacuna, de ahí la insistencia de Trump de que tendrían vacuna para final de 2020.

Por su parte, el gobierno alemán en cabeza de Ángela Merkel invirtió 300 millones de euros para hacerse con la mayoría de las acciones de CureVac y de esa manera asegurar la vacuna, mientras que la francesa Sanofi-Pasteur producirá para la UE 300 millones de dosis de su vacuna, recibiendo para ello financiación de la Agencia Federal de Instituciones médicas de EEUU (Barda) por 226 millones de dólares; Japón está en la carrera, en acuerdo con Johnson y Johnson. Rusia está aplicando la Sputnik V. Canadá prepara una vacuna de nano-partículas lipídicas de ARNm de los laboratorios Precision NanoSystems, junto con la china CanSino.

Ante esta carrera, pugnas y colusiones de los imperialistas por la vacuna contra el covid–19, la OMS no se quedó atrás y en alianza con la Cepi y la Alianza para la vacunación (Gavi, fundada por Bill Gates), se propone disponer de 2.000 millones de dosis para finales del 2021, con un costo de 18.000 millones de dólares, y las que repartirá entre 183 países hasta ahora (80 países “autofinanciados”, 92 “financiados” y otros más precarios), acuerdo global conocido como Covax, que según los proponentes pretende que estos países cuenten con alternativas o refuerzos en caso de fallas en la aplicación de las otras vacunas, así como evitar que el acceso a las mismas se limite a los países más ricos.

Además, Gavi y la Cepi invirtieron 750 millones de dólares en un acuerdo con Oxford para enviar al resto del mundo, a final de año 2020 o inicios del 2021, 300 millones de dosis, si la vacuna funcionaba.
Por su parte, Brasil invirtió 280 millones de dólares para la vacuna de Oxford-Astra Zeneca, para garantizar millones de dosis y la tecnología para producirla en el país. Chile, por medio de la U. Católica, firmó un convenio con la farmacéutica china Sinovac-Biotech para aplicar la vacuna “coronavac” en la fase tres y, además, experimenta con su propia vacuna. Tanto Brasil, como Australia y China participaron en la Fase tres de la vacuna. Argentina llegó a un acuerdo con Pfizer-BioNtech para probar su vacuna, así como otro acuerdo con el Fondo ruso de Inversión Directa.

En otro escenario de esta misma disputa, encontramos el precio de la vacuna, pues se producirán algunas como las de la farmacéutica Moderna solo para países que tengan capacidad de pagar la suma de 70 dólares por dosis. La de Pfizer posiblemente cueste 20 dólares, y se dice que la de Oxford será masiva, a 5 dólares la unidad. Lo que se presume es que la vacuna no será gratuita pues su producción cuesta 65.000 millones de euros, capital que las farmacéuticas ni los Estados inversionistas están dispuestos a perder, así amplios sectores de los pueblos estén subvencionados.

¿Y Colombia, qué?

En agosto 2020 el gobierno dijo que era mejor esperar la vacuna que verdaderamente funcionará y apuntarse a ella, sin saberse por tanto si habría vacuna para final del 2020 pues proseguía la fase experimental, entonces para qué apurar.

Pero tal actitud no dejó tranquilo a muchos sectores, cuya presión lo obligó a comprar vacunas de varios laboratorios: Pfizer-BioNtech (5 millones de dosis), Astra-Zeneca/U de Oxford (5 millones de dosis); y Johnson & Johnson (9 millones de dosis), además de 10 millones de dosis del acuerdo Covax. Y dice que está en procura de adquirir lotes de otras tres vacunas. Pero no se sabe nada de cuándo llegarán, cómo fueron las negociaciones con las farmacéuticas, cuánto invirtió. Las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas son muy peligrosas pues atentan con la soberanía del país.

Mientras ya se vacuna en Brasil, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, aquí se especula sobre su llegada; lo que se prevé es un gran negocio de los privados con la vacuna contra el covid–19.

Como puede apreciarse, estamos ante una pugna mundial y nacional por el acceso a la vacuna que frene la pandemia del covid–19 desde dos aspectos: pugna con dosa inter-imperialista por producir, almacenar, distribuir y administrar la vacuna y sacar el máximo provecho económico y político de esta maniobra; y la lucha para que la vacuna sea universal y no usada primero por los países ricos, y que los pobres se queden esperando; todo esto con despliegue de mecanismos de exclusión social, racistas, xenófobos, patriarcales para dar la vacuna a las clases dominantes y sus amigos. Sin embargo, los empresarios necesitan tener en buenas condiciones a la fuerza de trabajo, de ahí que tengan que dar la vacuna, así no les guste.

 

 

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Martes, 26 Enero 2021 09:39

Negligencia asintomática

Día sin IVA, foto twitter, @luisa_lopera07.

Lo dice la sabiduría popular, “Tanto va el cántaro a la fuente hasta que al final se rompe”. Y así sucedió en Colombia y otros muchos países en medio de la pandemia propiciada por el covid-19 con la prioridad otorgada a la economía.

Es evidente. Desde mucho antes de navidad, con los llamados días sin IVA, con los recurrentes llamados para salir a consumir, para viajar y turistiar, pero con mayor evidencia durante los días previos a la navidad, y al inicio de la misma, con adelanto de la prima para los pocos cientos de miles que aún cuentan con ella y la insistencia para que no ahorraran sino, y por el contrario, “salieran a comprar ayudando así a recuperar al empresariado nacional”.

Las fotos lo dicen todo: los comercios concurridos por miles, los restaurantes copados según los estándares predefinidos, las playas visitadas por infinidad de gentes. ¿Y la salud? Primero el mercado, lo piensan, lo propician y aunque no lo dicen de manera abierta, es la prioridad. Según ellos todo se resuelve con “autocuidado y bioseguridad”.

Los resultados están a la vista: las estadísticas hospitalarias arrojan contagios en creciente, al igual que centenares de fallecidos. Sin embargo y pese a lo evidente de la realidad la justificación oficial de esta realidad, tanto de parte del gobierno nacional como del Distrital, en el caso de Bogotá, es que todo responde a la irresponsabilidad de quienes no guardan la distancia ni aseguran autocuidado, concurren a fiestas, no se colocan el tapabocas o se reunieron con sus familias con asistencia de un número mayor de personas al debido.

Podrán decir lo que quieran, pero la realidad es tozuda: su afán económico propició, y así lo seguirá haciendo, una constante de contagios y muertes, responsabilidad que ocultarán con simples palabras. Un afán económico acompañado de la inexistencia de una política social a la altura de las circunstancias y por la cual cientos de miles sin empleo y/o sin ingresos seguros (Colombia cerró el año 2019 con una tasa de informalidad del 47 por ciento según el Dane) están obligados a no quedarse confinados, así pasen por los medios de comunicación esos mensajes de mamá de quien se dice gobernante pero no logra superar una frustración no oculta.

La mediocridad de las EPS

En medio de estas circunstancias muchas personas aceptaron viajar, una de ellas fue Adriana Quevedo de 54 años, quien contrajo covid-19 durante el mes de diciembre, según ella debido a un viaje, no obstante, manifestó síntomas leves y puedo manejar sus situaciones desde casa. –“Tuve que enviar el resultado de mi prueba un día antes de regresar a trabajar y aún no he recibido respuesta”, explica Adriana quien venía teletrabajando desde hace meses y a pesar de no padecer síntomas fuertes recibió once días de incapacidad. 


La obtención de resultados para Adriana tardó una semana, tiempo durante el cual pudo contagiar a alguien, situación que deja muchas dudas en cuanto al manejo y prioridad por parte de las EPS en relación con el virus. “Es extraño que para el procedimiento de esta pandemia utilicen una grabación y no a un asesor en línea como sí sucede en otras terminales”, afirma Adriana con indignación. 

Siendo el covid-19 un virus con una tasa de contagio en Colombia del 1.2, a partir de las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, la identificación de una persona contagiada tras una semana de laboratorio es un hecho lamentable pues no aporta celeridad para prevenir contagios y menos para obtener un tratamiento a tiempo.

Voces

Néstor de 22 años de edad asegura que en su familia varios han padecido el virus, pero debido a que entre ellos algunos están bajo la condición de asintomáticos sus dinámicas familiares no cambiaron mucho. En un principio Néstor le reprochaba a su padre el hecho de no respetar a cabalidad la cuarentena ya que este, debido a su trabajo, debía estar constantemente desplazándose a plazas de mercado y tiendas –“Cuando mi papá se hizo la prueba salió positivo asintomático”, afirma Néstor, “Lo curioso del hecho –complementa– es que no se tiene certeza que haya contagiado a alguna persona durante el tiempo que estuvo como portador del virus”. 

Asegura que en su casa el uso de moringa resultó beneficioso, pues por cuestiones de trabajo sus rutinas no pueden cambiar drásticamente. La única integrante de su familia que tuvo que ser remitida a una UCI fue la hermana de su padre, Aura Rico. –“La experiencia que tuvimos con ella fue fatal, ya que la atención recibida por medio de la EPS fue deficiente, pues tras horas de espera luego de la valoración la remitieron a su domicilio por falta de camas”. 
De acuerdo con su testimonio, el estado de salud de su tía daba para ser internada en una UCI, no obstante lo mejor fue cuidarla en casa, ya que con los cuidados pertinentes en cuatro días Aura logró recuperarse de los síntomas más graves, –“A ella lo que la levantó fue la moringa y el reposo en casa, tal vez quedarse en una UCI la hubiera terminado enfermando más”, concluye.

Teniendo en cuenta estos testimonios, con respecto al covid-19, es claro que no hay una manera exacta de tratarlo y existen múltiples alternativas con resultados ampliamente heterogéneos, no obstante existen medidas para reducir tanto la probabilidad de contagio como aumentar la expectativa de recuperación total de la enfermedad.

Pese a ello, a la imaginación y capacidad de resistir de los sectores populares, desde siempre negados de muchos de sus derechos, una obligación tal vez no cumplida en Bogotá a plenitud por parte de la Secretaría Distrital de Salud es obligar a las EPS a cumplir con sus obligaciones, cerrando así un vector de multiplicación del virus.

Mientras esto se hace realidad, y se implementa una política social que haga sentir a millones parte activa y efectiva de la sociedad, pese a los confinamientos zonales ahora implementados los vendedores ambulantes, parte de los millones que viven al día,ven con preocupación lo que va a ser un año más de constante incertidumbre. Carlos Sanabria, que vende en un carrito arroz con leche y demás postres en la localidad de Teusaquillo, asegura que la alcaldía no cuenta con medidas suficientes para ofrecer ayudas a los trabajadores del sector informal.
 
–“Yo me puedo cambiar de sector sí, pero eso no garantiza que la gente me vaya a comprar”, asegura Carlos quien lleva más de cinco años rebuscándose en el sector del CAN en Bogotá y tiene a muchos de sus clientes ya asegurados allí. –“Yo tengo un carrito pa’ moverme, pero los que están en las esquinas ¿quién los reubica?”, plantea frustrado por la situación que atraviesan los trabajadores informales en Bogotá. 

Además, lo peor para el vendedor ambulante está por venir ya que la alcaldesa Claudia López anunció que desde finales del 2021 todo aquel que venda en la calle tendrá que pagar el derecho al uso del espacio público.

Derechos en el limbo

Con testimonios como el de Adriana, quien, a pesar de gozar de un empleo estable evidenció a través de su experiencia las inconsistencias de su EPS con respecto a la pandemia, o la experiencia de la familia de Néstor que ha bandeado los contagios por medios diferentes a los ofrecidos por el Estado, es posible aproximarnos a un sistema de salud con deficiencias en el manejo de la crisis, que terminan impactando en las fracciones más desfavorecidas de la población. 

La experiencia nos coloca ante el interrogante, ¿Reactivación económica? ¿Autocuidado? ¿Cómo lograr que esta frágil medida ciertamente actúe conteniendo el virus cuando el afán de los gobernantes es que la economía salga a flote?

Es claro que el discurso es, cuando menos, manipulador. Con un panorama nebuloso para los sectores más vulnerables de la economía, el autocuidado parece ser la doctrina oficial para individualizar la responsabilidad frente al covid-19, y zafarse de la obligación de quienes detentan el poder, o lo administran de diversa manera.

Pero, además, ¿cómo lograr que esto funcione cuando la fragilidad del sistema de salud ha quedado al desnudo, al tiempo que la inexistencia de una política de justicia social que ponga en marcha la redistribución de las rentas que reúnen gobierno central, departamental y municipales? Estamos, es una de las lecciones de la pandemia, ante gobiernos que no tienen como prioridad a las mayorías sino a sectores minoritarios de la sociedad, precisamente los empresarios, los banqueros, los industriales, y todos aquellos que se benefician de la prioridad brindada a la recuperación de la economía. Ellos y otros más que rondan a su alrededor. Estamos, es otra lección de la pandemia, ante el reto de cuestionar esta forma de gobernar y buscar el conducto para transformarla. Un reto que es colectivo, nunca individual, como quienes mal gobiernan pretenden contener la pandemia.

 

Fuentes
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-Colombia-actualmente-tenemos-una-tasa-de-contagio-de-1.2-Minsalud.aspx
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.semana.com/nacion/articulo/claudia-lopez-dice-que-vendedores-ambulantes-deberan-pagar-por-vender-en-la-calle/202004/ 
https://www.rcnradio.com/economia/colombia-cerro-el-2019-con-una-tasa-de-informalidad-del-47#:~:text=Vendedores%20informales%20en%20Bogot%C3%A1.&text=El%20Departamento%20Administrativo%20Nacional%20de,al%20desarrollar%20alguna%20actividad%20informal. 

 

 

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Publicado enEdición Nº275
El extraño caso de la posible curación de un linfoma de Hodgkin por la COVID-19

Se acaba de publicar en el British Journal of Haemathology el siguiente caso clínico: varón de 61 años con inflamación de los ganglios y pérdida de peso, recibía hemodiálisis por insuficiencia renal terminal después de un trasplante renal fallido.

Se le diagnostica un linfoma de Hodgkin clásico en estadio III (el linfoma afecta a áreas ganglionares localizadas a ambos lados del diafragma o por encima del diafragma y en el bazo).

Poco después del diagnóstico, ingresó con dificultad para respirar y se le diagnosticó neumonía por SARS-CoV-2 [COVID-19] positivo por PCR.
Después de once días, fue dado de alta para convalecer en su casa. No se administró corticosteroides ni inmunoquimioterapia.

Cuatro meses después, la inflamación de los ganglios se había reducido y una exploración PET reveló una remisión generalizada del linfoma.

Según los autores, la hipótesis es que la infección por SARS-CoV-2 desencadenó una respuesta inmunitaria antitumoral: las citocinas inflamatorias producidas en respuesta a la infección podrían haber activando células T específicas con antígenos tumorales y células asesinas naturales contra el tumor. El SARS-CoV-2 le había curado el linfoma.

¿Magia?

Por lo visto antes ya se había descrito algún caso similar en otro tipo de linfomas que habían remitido espontáneamente antes de tratamiento debido al efecto antitumoral de una neumonía infecciosa y de una colitis por Clostridium difficile.

En el fondo esto no es tan sorprendente. Los microorganismos no solo pueden causar cáncer, sino que también pueden ayudar a curarlo.

A finales del siglo XIX un médico de Nueva York llamado William B. Coley desarrolló un tratamiento contra el cáncer con un preparado de bacterias llamado las toxinas de Coley.

Este médico se dio cuenta de que los pacientes con cáncer que además sufrían una infección respondían mejor que los pacientes sin infección. Coley pensaba que la infección estimulaba el sistema inmune para luchar contra el cáncer y por eso desarrolló un cóctel de bacterias Streptococcus pyogenes y Serratia marcescens, que inyectaba directamente en el tumor.

Durante años en EE. UU. se trató a pacientes de algunos tipos de cáncer incurables con preparados de bacterias y toxinas, en muchos casos de forma exitosa.

Sin embargo, las críticas y sobre todo el éxito de los nuevos tratamientos de quimio y radioterapia hizo que las toxinas de Coley cayeran en el olvido.
No obstante, actualmente se ha comprobado que el principio básico del tratamiento de Coley era correcto y que algunos tipos de cáncer son sensibles a una estimulación del sistema inmune.

En el fondo todo está relacionado: los microbios, el sistema inmune, la respuesta inflamatoria y el cáncer, pero todavía no sabemos muy bien cómo.

En las últimas décadas se ha empleado el bacilo Calmette-Guerin, más conocido por sus siglas BCG, como tratamiento contra el cáncer de vejiga. El BCG es en realidad un extracto atenuado de la bacteria Mycobacterium bovis que se emplea como vacuna contra la tuberculosis.

El BCG estimula una respuesta inmune y causa la inflamación de la pared de la vejiga que acaba destruyendo las células de cáncer dentro de la vejiga, al menos en los primeros estadios del tumor.

En realidad en esto se basa la inmunoterapia, que está tan de moda actualmente. La intuición de Coley era correcta: estimular el sistema inmune puede ser efectivo para tratar el cáncer. Por eso a William B. Coley se le llama el padre de la inmunoterapia.

 

25 enero 2021

(Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido por BBC Mundo)