Sábado, 05 Junio 2021 06:43

Negocios contra la naturaleza

Negocios contra la naturaleza

A casi medio siglo de que Naciones Unidas declarara el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente –en su primera conferencia sobre Medio Humano en 1972, en Estocolmo– el panorama ambiental global es mucho peor que entonces.

La ONU ya advertía que la devastación del medio ambiente debido a la sobreexplotación y contaminación de ecosistemas en tierra, mar y aire, así como el avance del cambio climático tendría serios impactos sociales y económicos. En décadas posteriores se multiplicó la institucionalidad ambiental a nivel internacional, con más de 500 instancias oficiales, pero no cambió el rumbo.

Al contrario, aparecieron nuevos impactos, como el surgimiento cada vez más frecuente de epidemias y pandemias de origen zoonótico, como la de Covid-19, relacionados a la devastación de ecosistemas, como reconoce la ONU (https://tinyurl.com/vzcsxt8a).

Desde 2009, el Stockholm Resilience Center planteó que existen nueve grandes "límites ecológicos planetarios", cuya transgresión pone en peligro nuestra sobrevivencia. Se refieren al cambio climático, la erosión de la biodiversidad, la acidificación de los mares, el uso de agua dulce, la destrucción de la capa de ozono, la erosión de suelos, la disrupción de los ciclos de fósforo y nitrógeno, la contaminación atmosférica y la contaminación química y por "entidades nuevas", como compuestos de nanotecnología, plásticos, transgénicos y agrotóxicos.

Todos esos límites se han transgredido o están muy cerca de traspasar un umbral mínimo de seguridad. Una revisión de 2015 mostró que en cambio climático, erosión de la biodiversidad, erosión de suelos y alteración de los ciclos de fósforo y nitrógeno la situación es realmente muy grave, pero podría serlo también en otros sobre los que no hay suficientes datos.

Esto no sucedió por falta de conocimiento sobre su impacto, sino pese a ello. Por ejemplo, más de las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático fueron emitidas después de 1972. Décadas antes se sabía que los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) son el mayor factor de esas emisiones. Cien empresas ligadas a la extracción y producción de esos combustibles (empresas de energía y construcción), la mayoría trasnacionales, son causa de las dos terceras partes de emisiones globales de GEI. Gases que también son causa de la acidificación de los mares.

El sistema alimentario agroindustrial (desde semillas industriales a supermercados) basado en extensos monocultivos, con uso intensivo de maquinaria, semillas híbridas y transgénicas, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos, está directamente ligado a la transgresión de límites planetarios: por uso y contaminación de agua dulce (la agricultura industrial usa y contamina 70 por ciento del agua dulce disponible), por disrupción de los ciclos naturales de nitrógeno y fósforo (ambos componentes de los fertilizantes sintéticos), por erosión y pérdida de suelos, por erosión de la biodiversidad agrícola y forestal, por deforestación (más de 70 por ciento de la deforestación global es a causa de la expansión de la frontera agropecuaria industrial), por contaminación con agrotóxicos, plásticos, transgénicos y otras sustancias químicas.

La destrucción de bosques, manglares, humedales y praderas naturales, debida a esas industrias (agropecuaria-alimentaria industrial y de extracción y producción de energía fósil) junto a mineras, megaproyectos viales y urbanización descontrolada, producen una devastación de la biodiversidad sin precedente, que también es origen de enfermedades zoonóticas. Esos ecosistemas son además fundamentales para absorber el exceso de carbono en la atmósfera.

Por ello, Naciones Unidas declaró una Década de la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), comenzando este 5 de junio. El reconocimiento de la importancia de ecosistemas como bosques, manglares y humedales, así como la urgencia de su restauración es fundamental. No obstante, las industrias que han provocado su destrucción están en una carrera para hacer nuevos negocios, lo cual aumentará la devastación. La receta se llama ahora "soluciones basadas en la naturaleza". Es una nueva ola de venta de servicios ambientales, de expropiación y privatización de bosques, tierras y territorios, inventando áreas para "secuestrar" carbono, para imponer desde transgénicos a monocultivos y plantaciones de árboles. Intentan acceder a nuevas áreas naturales y territorios, para generar bonos transables en mercados de carbono o "compensaciones por biodiversidad", lo cual también podría conllevar la expulsión de las comunidades que allí viven. Como señala el Movimiento Mundial por los Bosques en su boletín 255 sobre este tema, no son "soluciones", sino despojos basados en la naturaleza (https://tinyurl.com/2wum6kxw).

Los principales actores para la restauración de ecosistemas son las comunidades rurales campesinas e indígenas, que con sus formas de vida los han cuidado e impedido que haya una destrucción aún mayor. Por ello es imprescindible que se respeten todos sus derechos y se les apoye a partir de sus propias formas de organización y de sus decisiones, no de programas externos o para integrarlos a esos negocios que destruirán aún más la naturaleza y a las propias comunidades.

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

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“El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”

La encargada de la CIDH sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales afirma que la pandemia es una oportunidad histórica para impulsar sociedades más justas

 

A más de un año del inicio de la pandemia, al menos 60 millones de personas se han contagiado en América y casi 1,5 millones han muerto de covid-19, según cifras oficiales. El virus no ha distinguido fronteras, desde los países ricos del norte global hasta los gigantes emergentes y los territorios insulares más pobres y rezagados. Pero la vacunación sí. Mientras Estados Unidos se afianza por mucho como el país más con más inmunizaciones, Latinoamérica concentra alrededor del 30% de las defunciones mundiales, pero menos del 10% de las dosis aplicadas. “El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma Soledad García Muñoz (Arenas de San Pedro, 1969), al frente de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).

La oficina, abierta apenas en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha tenido que asumir con la llegada del virus el diagnóstico de un continente que parece haberlo visto todo en poco más de 12 meses: el desabasto de medicamentos e insumos cruciales, la corrupción en el reparto de inyecciones, el aumento de la pobreza y la vulneración recurrente de las garantías fundamentales. “La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes y es sanitaria, económica y social”, señala García Muñoz en entrevista telefónica.

A principios de abril, la Redesca y la CIDH emitieron una resolución para impulsar el reparto equitativo de vacunas en 35 países del continente y que insta a sus Gobiernos a reconocer la vacunación como un derecho humano básico. Un documento que atañe, por los compromisos internacionales de cada Estado, tanto a Paraguay que ha aplicado menos de 100.000 dosis como a Chile, el país latinoamericano más avanzado respecto del tamaño de su población. En el mapa de la desigualdad, países caribeños como San Cristóbal y Nieves han aplicado poco menos de 11.500 vacunas; Dominica, 18.400, y Santa Lucía, alrededor de 24.000 dosis.

Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en una imagen de archivo.Montserrat Boix / CREATIVE COMMONS

García Muñoz cita las desigualdades de origen como uno de los principales factores para explicar las diferencias entre países y dentro de ellos en la vacunación, pero en el medio hay variables como la geopolítica, la corrupción y las posiciones aislacionistas y nacionalistas. “Las personas con más necesidad son a menudo también las últimas en la fila”, lamenta la abogada hispanoargentina. Para muestra, nueve de cada diez personas en países pobres no tendrán a acceso a ninguna vacuna contra la covid en 2021, advierte la Organización de Estados Americanos.

Ese mapa de la desigualdad tiene varios focos rojos identificados por la CIDH, marcada por una gama de claroscuros en la respuesta a la pandemia. “Por ejemplo, la politización y opacidad de los procesos de vacunación, como ocurre en Venezuela, donde el acceso a las vacunas está determinado por la pertenencia política”, alerta la relatora. En Nicaragua y Venezuela, comenta, “la situación de las personas que trabajan en el sector salud es crítica”, por el desabasto de dosis y de equipos de protección personal. “En la mayor parte de la región, el ritmo de vacunación es demasiado lento, lo que resulta especialmente preocupante en un país de dimensiones continentales como Brasil, con el mayor número de contagios y muertes tras Estados Unidos”, agrega García Muñoz.

El impacto de la pandemia en el continente también ha dado la vuelta al mundo por las gestiones y declaraciones públicas de varios gobernantes, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés Manuel López Obrador en México. Y cada vez más voces abogan por que tribunales internacionales se pronuncien sobre las respuestas y el negacionismo de la crisis sanitaria de varios Gobiernos. “Es un debate que está muy en la agenda de la sociedad civil y la academia”, cuenta. ¿Cómo se vería esto? Al menos en el sistema interamericano, no se podría hablar de “delitos” con “nombre y apellido”, sino de “responsabilidades internacionales” con llamamientos a los Estados. Se hablaría de cambios y revisiones que tendría que impulsar Brasil, con todas sus instituciones, por ejemplo.

Los señalados no son solo políticos, también el sector privado. “Este momento es histórico para el rol de las empresas, principalmente las farmacéuticas”, dice García Muñoz, “cada vez se hace más urgente que las empresas tomen el tema de los derechos humanos en serio”. La opacidad en los contratos firmados y los precios pactados para enviar antígenos, la reticencia a no compartir las patentes y los problemas de abasto que han provocado demoras siguen poniendo en la mira a los principales laboratorios.

En un horizonte que ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de los valores humanos, García Muñoz se confiesa optimista. “Estamos ante una tesitura histórica y crítica para cambiar las cosas en favor de la humanidad del planeta”, afirma. Las vacunas se perfilan como la salida más viable, pero si la aplicación sigue siendo desigual, los problemas serán cada vez más graves. “Si no lo hacemos juntos, no vamos a salir”, insiste. Desde su perspectiva, la variable determinante será poner los derechos humanos en el centro de la respuesta. “Se necesita un replanteamiento profundo en la manera que vivimos como sociedades”, plantea, “en la medida que nuestra región sea capaz de desarrollar una actitud más empática, más solidaria, más de aprecio a la dignidad humana, hay esperanza”.

Por Elías Camhaji

México - 24 abr 2021 - 0:33 CEST

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La privatización y los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 21 de octubre, Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que rompe con la pretendida equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión púbica y la privatización, que defiende que lo que importa son los resultados de la prestación de los servicios, independientemente del modelo de gestión.

En el informe, Heller pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que son la consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. La consecución del máximo beneficio en la prestación de los servicios lo relaciona con la disminución de los costos -los laborales o las inversiones, entre otros-, el aumento de los ingresos -por ejemplo, mediante el aumento de las tarifas-, o, lo que es normal, con ambos a la vez. Por su parte, el hecho de que los servicios de abastecimiento y saneamiento, tal y como están configurados, constituyen un monopolio natural en el que no es posible la competencia -algunas autoras lo califican como un fallo del mercado-, y que, en el caso de privatizarlos, se configura una situación de captura de los servicios por un único operador en condiciones, en general, de una clara asimetría de poder, al enfrentar administraciones locales con potentes empresas, en muchos casos multinacionales.

Los riesgos de la privatización derivados de la combinación de los tres factores se concretan, según el informe, en la no utilización del máximo de los recursos disponibles, poniendo en cuestión la asequibilidad, el estado de funcionamiento de los servicios y su propia sostenibilidad, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad sintetizados en la determinación de no dejar a nadie atrás.

La asimetría de poder se manifiesta también en la influencia que el lobby de empresas privadas tiene en los foros de decisión, lo que le permite acceder directamente a las autoridades decisorias a todos los niveles, ejerciendo así presión sobre ellas en defensa de sus intereses empresariales y de sus planteamientos ideológicos, estrechamente alineados con las políticas neoliberales. De esta forma, la privatización fue impulsada desde finales del siglo pasado y primeros de éste por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de condicionalidades incorporadas a los créditos que concedían a los países en desarrollo; fue tal la presión que en 2002 y 2003, el 100% de los créditos concedidos por el BM llevaban incorporadas condicionalidades de privatización. Más recientemente, y en plena crisis financiera de 2008, el FMI y la Unión Europea condicionaron la financiación del rescate financiero de Portugal y Grecia a la ejecución de sendos programas de privatización.

Las presiones de los lobbies del agua privada no solo se han dirigido a favorecer las privatizaciones, sino también a impedir las remunicipalizaciones, incluso en los casos en los que las concesiones hubieran finalizado; entre los 311 casos de remunicipalización que se han identificado a nivel mundial entre 2000 y 2019, son significativos los de Paris, Valladolid y Terrassa, en los que se ejercieron presiones de todo tipo, incluso legales, para obstaculizarlos.

La asimetría de poder se ha puesto en evidencia recientemente con la agresiva e ignominiosa campaña realizada por AquaFed -el lobby internacional privado del agua-, que ha intentado desacreditar personalmente a Leo Heller y al propio informe, a través de sendas cartas dirigidas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hayan tenido resultados apreciables. Esta campaña ha tenido la puntual contestación de seis relatores especiales y expertos independientes actuales y anteriores de Naciones Unidas en un artículo de opinión en el que manifiestan su posición crítica ante la mercantilización de los servicios públicos relacionados con los derechos humanos, como son los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Estos posicionamientos reflejan que el informe de Leo Heller ha puesto en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y que se ha abierto un debate que ha llegado para quedarse.

Por su parte, los movimientos sociales, que han protagonizado durante décadas la oposición a la privatización del agua e impulsado los procesos de remunicipalización, reconocen en el informe de Heller una buena parte de sus análisis y diagnósticos; en este sentido, más de cien organizaciones sociales internacionales han apoyado a Leo Heller y puesto en valor la seriedad y validez de su informe en un manifiesto específico que responde frontalmente a  las descalificaciones de AquaFed y denuncia sus intentos de injerencia en los procesos de toma de decisiones en Naciones Unidas.

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos basados en sus principios definitorios de acceso consecuente a la información, la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Por Miriam Planas, Gonzalo Marín y Luis Babiano

Miriam Planas y Gonzalo Marín son miembros de la Red Agua Pública (RAP). Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

05/11/2020

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Paul Seils

 

 

El experto es uno de los tres autores del informe de la misión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos que acusa al presidente Maduro y a sus ministros de planificar y ejecutar operaciones de represión política y "limpieza social"

 

Hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una misión internacional de investigación para estudiar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2014. Paul Seils es uno de los tres miembros de ese equipo, que presentó este miércoles su informe final de más de 400 páginas. En este documento –elaborado a partir de 274 entrevistas, documentos confidenciales y fuentes públicas– los autores acusan directamente al Gobierno de Maduro de contribuir a la comisión de crímenes contra la humanidad, en concreto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.

Seils es miembro del European Institute of Peace y lleva años especializado en casos de derechos humanos. Ha sido jefe de análisis de situación en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, jefe de análisis en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, director de la unidad de Estado de derecho en la Oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos y vicepresidente del International Center for Transitional Justice.

El Gobierno de Venezuela rechazó desde el primer momento la configuración del equipo de investigación diciendo que era un ejemplo del uso político del Consejo de Derechos Humanos. Ahora que el informe está publicado, el Ejecutivo denuncia que no es riguroso y que está plagado de falsedades. ¿Cuál es su reacción a estas acusaciones?

Primero, lamentamos totalmente la falta de cooperación por parte del Estado de Venezuela durante el trabajo de la misión, pero siempre han tenido la oportunidad de hacerlo. Al inicio del trabajo les invitamos a colaborar, a hablar sobre la misión, sobre el mandato… y nunca respondieron. Durante el trabajo también enviamos varias cartas que quedaron sin respuesta. También les dimos la oportunidad de contestar y responder a las conclusiones, pero nunca respondieron. 

Es bastante común que los gobiernos de estados donde hay misiones de determinación de hechos o comisiones de investigación no cooperen. Yo he trabajado en otras antes y he visto la misma historia. He trabajado gran parte de mi vida profesional investigando y llevando casos en Guatemala contra el Ejército en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo indígena durante la guerra civil. Durante todo ese tiempo, por supuesto, el Gobierno y el Ejército nos acusaban de ser comunistas. 

Hay que tomarlo en serio, pero uno tiene que entender lo que es; y es una crítica bastante común y sin fundamento. Realmente es un refugio y no es un análisis serio del trabajo.

¿Esta falta de cooperación ha influido en los resultados de la investigación?

Bueno, uno tiene que decir honestamente que por supuesto que cualquier investigación va a ser más rica si tiene información de la gente que parece ser la responsable de las violaciones y los crímenes que estamos investigando. Claro que ayudaría, pero eso no implica que dañe las conclusiones.

Nosotros teníamos que llegar a lo que llamamos un estándar de prueba, un umbral. Ese umbral es que tenemos que establecer motivos razonables para concluir algo. Esto, obviamente, no es el mismo nivel de una condena ante un tribunal penal. No es el mismo grado de certeza porque no tenemos que comprobar de la misma forma. Estamos estableciendo algo a otro nivel. En este sentido, las conclusiones son absolutamente estables y firmes y tenemos un alto nivel de confianza en ellas. 

Volviendo al tema de la responsabilidad penal que mencionaba antes, ¿cree que hay alguna posibilidad de que estas acusaciones lleguen a algún tipo de tribunal nacional o internacional?

Bueno, en términos ideales, lo que en mi opinión debe pasar son dos cosas. Primero, que el Gobierno cese las violaciones. Este es un mensaje fundamental. Uno puede acusar a la misión de ser un abuso político del Consejo de Derechos Humanos y muchas otras cosas, pero nadie en su sano juicio va a dudar por ejemplo de que hay abusos y torturas ocurriendo de forma común en las instalaciones de los servicios de inteligencia.

Segundo: investigar e iniciar casos contra los responsables a nivel nacional. Ese sería el mensaje más fuerte y más honesto de que el Estado se está tomando en serio sus obligaciones. 

Esto sería lo ideal, pero en términos del mundo real, hasta ahora no hay indicios muy positivos de que el sistema de justicia vaya a cumplir con sus responsabilidades. Si eso no ocurre y si no llevan a cabo las investigaciones, por supuesto que otras instituciones que tienen el mandato de hacerlo pueden hacerlo y esperamos que lo hagan. Eso incluye, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional que está obviamente examinando esa posibilidad ahora mismo.

El informe apunta a lo más alto del Gobierno. ¿Qué les hace pensar como investigadores que el presidente y los ministros de Defensa e Interior contribuyeron a la comisión de esos crímenes?

Básicamente lo que dice el informe es que identificamos dos planes o dos políticas a nivel del Gobierno. Un plan tiene que ver con la represión de la oposición política y la otra política tiene que ver con lo que llamaríamos, en términos vulgares, limpieza social, es decir, una política donde hubo ejecuciones extrajudiciales de gente identificada por agencias del Estado como criminales o vinculados con criminales. Es decir, es una manifestación de lo que hemos visto varias veces en América Latina, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado. 

Gran cantidad de personas han sido asesinadas en el marco de esta limpieza social en situaciones donde era obvio e imprescindible que existiera un alto nivel de planificación, de logística, de comunicación y de recursos humanos. Toda la información que tenemos es que durante los años que estamos investigando, es decir, desde 2014, funcionaba totalmente la cadena de mando, los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas. Esto lo sabemos no solo de inferencias objetivas, sino también de gente que trabajaba dentro de estos sistemas. En términos concretos, tenemos algunos indicios específicos donde el presidente o el ministro estaban presentes durante las discusiones de varias operaciones específicas. 

A ello se suman declaraciones públicas donde el mismo presidente y los ministros indicados admiten que aprobaban y apoyaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, si tomamos la declaración del presidente muy poco después de una petición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde pedía básicamente el desmantelamiento de FAES (Fuerzas de Acción Especial), al día siguiente el presidente dijo ‘¡viva las FAES!’. Es decir, hubo una intención de apoyar y él sabía lo que estaba pasando. 

En primer lugar, las autoridades políticas conocieron, apoyaron, dirigieron y planificaron. En segundo lugar: nunca hicieron nada para prevenirlo. Esa es la responsabilidad del presidente y de los ministros indicados.

El informe habla de patrones de comportamiento que les hacen pensar que hay un plan coordinado en cuanto a estos crímenes. ¿Podría especificar o detallar alguno de esos patrones? 

La forma en que la misión ha investigado se divide en la identificación de tres contextos: el primero es la represión de la oposición política, otro tiene que ver con las operaciones de seguridad, que es básicamente la limpieza social, y el tercero hace referencia a las protestas políticas. En cada uno de esos contextos investigamos patrones de conducta.

Por ejemplo, en la represión política, vemos primero la práctica de detención arbitraria. Gente arrestada sin orden judicial, gente mantenida incomunicada, pero más preocupante todavía es un patrón de tortura más o menos sistemático, especialmente desde 2018.

En cuanto a la limpieza social, el patrón de conducta tiene que ver con la sistemática ejecución extrajudicial de personas. Lo que vemos en varias operaciones es más o menos el mismo modus operandi –lo hemos visto en muchos otros países de América Latina–: el grupo entra, normalmente a las primera horas de la mañana, cierra la entrada y la salida de la comunidad y dividen a la gente, por ejemplo mandan a otro lugar a las mujeres y niños. Dentro de la casa, en muchos de los casos que investigamos, hubo un montaje de pruebas. Por ejemplo, antes de matar a la persona que habían detenido, dispararon contra la pared para que pareciese que hubo un intercambio de fuego o que el detenido intentaba salir. Y esto no ocurre una o dos veces, sino muchas.

Lo mismo pasa con las protestas. Es cierto que hubo matanzas y posiblemente ejecuciones arbitrarias en el contexto de las protestas, pero tal vez lo más sistemático y más planificado fue la tortura de personas detenidas. Lo que hay que recordar aquí es que estamos hablando de gente ejerciendo sus derechos democráticos, no importa si estamos de acuerdo con el Gobierno o contra el Gobierno, esto no tiene nada que ver. Puede ser que estén violando el derecho nacional en cuanto a asamblea y en cuanto a no tener la autorización necesaria para manifestarse, pero tenemos información absolutamente clara de un patrón de tortura. Estamos hablando de cosas serias como descargas eléctricas, violación sexual… que ocurren en los edificios centrales de instituciones de inteligencia y policía. No está ocurriendo en algún rincón secreto y desconocido. 

Asociaciones de víctimas de la violencia cometida por fuerzas de la oposición han afirmado en el pasado que sus voces no han sido escuchadas ¿Es consciente de estas demandas? 

Suena como una respuesta muy elegante, pero uno debe tomar seriamente el mandato que tenemos, y ese mandato es investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

En términos normales, si no estamos hablando de una guerra civil o un conflicto donde combatientes han tomado control de un territorio donde pueden ejercer funciones del Estado, no pueden asumir responsabilidades como si fuera el Estado, es decir, deberes como garantes de derechos humanos. En Venezuela hasta la fecha no estamos en esas condiciones. Es cierto que lo que tenemos en algunos casos son asaltos o ataques por parte de gente de la oposición, pero este no es el mandato de la misión. El mandato es investigar las violaciones de ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Todo eso tiene que ver con los deberes del Estado. 

¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a estos crímenes sistemáticos?

Las dos políticas nos parecen bastante claras. La primera es reprimir o callar a la oposición política y la segunda es reducir el problema grave de criminalidad de manera que, en nuestra opinión, viola totalmente sus deberes internos de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso.

¿Cree que los indultos políticos como los que vimos el 31 de agosto son una forma de desescalar el conflicto social en Venezuela?

Bueno, hay varias interpretaciones posibles. Lo que yo diría es que tiene que ser bienvenido cualquier paso positivo. Aunque la misión no debe meterse en asuntos políticos, si las condiciones de derechos humanos de algunas personas mejoran, lo celebramos. Y esperamos además que se amplíe rápidamente esta práctica hasta que todos sean liberados. Si es posible para un grupo limitado, debe ser posible para un grupo mucho más amplio.

Segundo, en cuanto a los motivos detrás de ello, uno puede pensar en varias cosas, pero no podemos decir mucho. Lo que digo es que demuestra que el Estado tiene un control de los hechos, sabe lo que está haciendo y no está sorprendido. Por eso espero que amplíe esa medida. Pero sobre todo, espero que también demuestre un cambio de actitud y la decisión fundamental de parar las violaciones.

¿Hay algo que le haya impresionado o afectado especialmente durante la investigación?

Es difícil, pero para mí, que he trabajado varios años en Guatemala, lamento que décadas después de lo que ocurrió en América Latina durante los 70 y 80 –especialmente a manos de dictaduras derechistas, aunque no me importa si son de izquierdas o de derechas– estemos viendo algo tan grave en términos de violaciones sistemáticas de derechos humanos por un Gobierno en la región. No digo que sea igual o parecido. Es triste que no hayamos logrado llegar a una etapa donde se enfrenten problemas políticos sin esta clase de violaciones.

Por Javier Biosca Azcoiti

17 de septiembre de 2020 23:04h

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Parcial y manipulado, responde Venezuela a informe de Bachelet   

 

El presidente bolivariano, Nicolás Maduro, acusó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de ceder a las presiones de Estados Unidos, al convertir su informe sobre la situación política y económica en Venezuela en "un peligroso eslabón para la intervención" en el país.

 

El canciller Jorge Arreaza publicó ayer una misiva que responde al informe que la alta comisionada difundió el 5 de julio sobre Venezuela, en el que acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir la obligación del Estado de garantizar los derechos a la alimentación y a la salud.

 

En la misiva, fechada el 11 de julio, Maduro señala que el informe es “profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela: Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela.

 

"Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Wa-shington al repetir el guion acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificadora de una intervención para quienes anhelan hacerse rapazmente con nuestros inmensos recursos naturales", criticó.

 

El mandatario rebatió que el país sufra una crisis humanitaria y reiteró que Estados Unidos "ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero". Denunció que Washington también "ha bloqueado y confiscado más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas", y prohibió negociar la deuda venezolana.

 

Para Maduro el informe está "plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes", y sostuvo que se trata de "un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos".

 

En Nueva York, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, acusó a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de intentar sabotear el diálogo entre el gobierno de Maduro con la oposición, llevados a cabo en Noruega y Barbados los cuales, aseguró "están funcionando. Ambos países impulsan diferentes acciones de desestabilización y así lo hicieron también en el pasado, bajo el pretexto de una supuesta ayuda humanitaria, mientras apoyaban un intento de golpe de Estado", subrayó Moncada en conferencia de prensa.

 

También rechazó las críticas del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quienes pidieron en ese foro mayor presión y agresión contra Venezuela.

 

En entrevista con la agencia de noticias Sputnik, Abrams dijo que actualmente no está en los planes de su país hablar con Rusia sobre Venezuela.

 

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Las incesantes fábricas del odio, del miedo y la mentira

Cuando el respetado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, renunció al cargo en 2018, la opinión pública mundial fue manipulada para no prestar atención al hecho y mucho menos evaluar su verdadero significado. Su nombramiento para el cargo en 2014 fue un hito en las relaciones internacionales. Era el primer asiático, árabe y musulmán que ocupaba el cargo y lo desempeñó de manera brillante hasta el momento en que decidió dar un portazo por no querer ceder a las presiones que desfiguraban su cargo, desviándolo de su misión de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos para volverlo cómplice de tales violaciones perpetradas por Estados con peso en el sistema mundial. En su discurso y entrevistas de despedida se mostraba indignado con el modo en que los derechos humanos se venían transformando en parias de las relaciones internacionales, obstaculizados por las estrategias autoritarias y unilaterales de dominio geoestratégico. Reconocía que el ejercicio de su cargo le obligaba a oponerse a la mayoría de los países que habían aprobado su nombramiento bajo pena de traicionar su misión. También llamaba la atención sobre el hecho de que el perfil de la ONU reflejaba fielmente el tipo dominante de relaciones internacionales y que, por ello, tanto podía ser una organización brillante como una organización patética, dando a entender que este último perfil era el que empezaba a regir. Era un grito de alerta sobre los peligros que el mundo corría con el avance de populismos nacionalistas de derecha y de extrema derecha que hace mucho venía señalando. Al denunciar la creciente vulnerabilidad de una buena parte de la población mundial sujeta a graves violaciones de derechos humanos, él mismo se volvió vulnerable y tuvo que abandonar el cargo. El grito de alerta cayó en el silencio de la diplomacia, de los alineamientos y de las conveniencias típicas del internacionalismo patético que había denunciado.

Todo esto ocurrió en el año en que se celebraban los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el que muchos, incluido yo mismo, defendían la necesidad de una nueva declaración, más sólida y más verdaderamente universal. Esta necesidad se mantiene, pero en este momento lo más importante es identificar las fuerzas y los procesos que están bloqueando la declaración actual y la convierten en un documento tan desechable como las poblaciones vulnerables sometidas a las violaciones de los derechos humanos que la declaración pretendía defender. Cabe recordar que esta declaración pretendía mostrar la superioridad moral del capitalismo frente al comunismo. El capitalismo prometía, al igual que el comunismo, el creciente bienestar de poblaciones cada vez mayores, pero lo hacía con respeto a los principios de la Revolución francesa: igualdad, libertad y fraternidad.
Era el único sistema compatible con la democracia y los derechos humanos.


Sin embargo, la ola conservadora y reaccionaria que asola al mundo es totalmente opuesta a la filosofía que presidió la elaboración de la Declaración Universal y constituye una seria amenaza para la democracia. Se basa en la exigencia de una doble disciplina autoritaria y radical que no se puede imponer por procesos democráticos dignos del nombre. Se trata de la disciplina económica y de la disciplina ideológica. La disciplina económica consiste en la imposición de un capitalismo autorregulado, movido exclusivamente por su lógica de incesante acumulación y concentración de la riqueza, libre de restricciones políticas o éticas; en síntesis, el capitalismo que suele designarse como capitalismo salvaje. La disciplina ideológica consiste en la inculcación de una percepción o mentalidad colectiva dominada por la existencia de peligros inminentes e imprevisibles que alcanzan a todos por igual y particularmente a los colectivos más cercanos, ya sean la familia, la comunidad o la nación. Tales peligros crean un miedo inquebrantable del extraño y del futuro, una inseguridad total ante un desconocido avasallador. En tales condiciones, no resta más seguridad que la de regresar al pasado glorioso, el refugio en la abundancia de lo que supuestamente fuimos y tuvimos.

Ambas disciplinas son tan autoritarias que configuran dos guerras no declaradas contra la gran mayoría de la población mundial, las clases populares miserabilizadas y las clases medias empobrecidas. Esta doble guerra exige un vastísimo complejo ideológico-mental propagado por todo el mundo, incluyendo nuestros barrios, nuestras casas y nuestra intimidad. Son tres las fábricas principales de este complejo: la fábrica del odio, la fábrica del miedo y la fábrica de la mentira.

En la fábrica del odio se produce la necesidad de crear enemigos y de producir las armas que los eliminen eficazmente. Los enemigos no son aquellos poderes que el pensamiento crítico izquierdista satanizó: el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Los verdaderos enemigos son aquellos que hasta ahora se disfrazaron de amigos, todos aquellos que inventaron la idea de opresión y movilizaron a los ingenuos (por desgracia, una buena parte de la población mundial) para la lucha contra esa opresión. Se disfrazaron de demócratas, de defensores de los derechos humanos, del Estado de derecho, de acceso al derecho, de diversidad cultural, de igualdad racial y sexual. Por eso son tan peligrosos. El odio implica el rechazo a discutir con los enemigos. A los enemigos se los elimina.

En la fábrica del miedo se produce la inseguridad y los artefactos ideológico-mentales que producen seguridad, la cual, para ser infalible, necesita de vigilancia permanente y de constante renovación de las tecnologías de la seguridad. El objetivo de la fábrica del miedo es erradicar la esperanza. Busca convertir el actual estado de cosas en el único posible y legítimo, contra el cual solo por locura o utopía disparatada se puede luchar. No se trata de validar todo lo que existe. Se trata de limpiar, de lo que existe, todo lo que impidió la perpetuación del pasado glorioso.

Por su parte, en la fábrica de la mentira se producen los hechos y las ideas alternativas a todo lo que pasó por verdad o búsqueda de verdad, como las ideas de igualdad, de libertad negativa (libertad de coerciones) y positiva (libertad para realizar objetivos propios, no impuestos ni teledirigidos), de Estado social de derecho, de violencia como negación de la democracia, de diálogo yreconocimiento del otro como alternativa a la guerra, de los bienes comunes como el agua, la educación, la salud, el medio ambiente saludable. Esta fábrica es la más estratégica de todas, porque es aquella en la cual los artefactos ideológico-mentales tienen que empaquetarse y disfrazarse de no ideológicos. Su mayor eficacia reside en no decir la verdad respecto a sí misma.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Caos climático, capitalismo y geoingeniería

Se acaba de hacer público un nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, referencia científica de Naciones Unidas en el tema) que alerta sobre la necesidad urgente de cambios y reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para detener el calentamiento global y que no sobrepase 1.5º C respecto de niveles preindustriales. El informe es una advertencia importante e insoslayable en cuanto a la gravedad del cambio climático y las reducciones que son necesarias. Ya con el aumento de 1º C sufrimos extremos climáticos devastadores en muchas regiones del mundo. Cada décima de grado implica nuevos riesgos, amenazando de extinción ecosistemas enteros.

El IPCC señala claramente las causas del cambio climático a escala global: la emisión de GEI debido principalmente a que energía, industria y agricultura industrial se basan en combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón.

Sin embargo, el informe falla en las propuestas sobre los caminos a tomar, ya que no cuestiona el statu quo económico ni la inequidad global sobre quienes han provocado y deben hacer inmediatamente una fuerte reducción de emisiones. Por evitar cuestionar los temas de fondo, incluye en sus propuestas tecnologías de alto riesgo, como las de geoingeniería, que no son ninguna solución e incluso podrían empeorar el desequilibrio climático.

Se evidencia así la relación entre la geoingeniería y la preservación del capitalismo: para poder seguir con el modelo de desarrollo y producción industrial que ha provocado el desastre climático, se plantea usar tecnologías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevivir conservando sus privilegios, aunque implique toda una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales para millones de otras personas.

Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC, 110 organizaciones internacionales y nacionales y seis premios nobel alternativos publicaron un Manifiesto contra la geoingeniería, en el que grandes redes, como Amigos de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingeniería y a los experimentos propuestos, varios de ellos sobre territorios indígenas, tanto por los impactos en la biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por la desviación que significa de la atención hacia soluciones verdaderas. (https://tinyurl.com/yakb6ghb)

Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contempladas en tres de los cuatro escenarios planteados por el IPCC, el panel también reconoce en su primer escenario que es posible limitar la temperatura sin usar esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y pueden absorber y retener los gases de efecto invernadero. En ese escenario ¬¬–el único justo– el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de Co2 en 45 por ciento hasta 2030.

Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175.

Es una imagen clara de injusticia climática global, pero es preciso agregar también la inequidad dentro de los países. Según Kevin Anderson, experto en cambio climático de la Universidad de Manchester, 50 por ciento de las emisiones de carbono provienen de las actividades del 10 por ciento más rico de la población mundial, y si consideramos el 70 por ciento de las emisiones son provocadas por solamente 20 por ciento de la población. Anderson explica que si se estableciera un límite a la "huella de carbono" (consumo y producción) de 10 por ciento de los individuos que son los mayores emisores, para que ésta sea equivalente a la huella de carbono de un ciudadano europeo medio (considerablemente alta para la gran mayoría de países), las emisiones globales de carbono se reducirían en un tercio en uno o dos años. (https://tinyurl.com/yalat5wg)

En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC plantea el concepto falto de lógica de "emisiones negativas". Significa que se pueden seguir emitiendo gases si se contrarrestan con tecnologías de geoingeniería, entre las que incluye bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, captura directa de aire, cambio de la química de los oceános y otras, aunque reconoce que no está probada su viabilidad económica, técnica ni ecológica y que tendrían fuertes impactos negativos sobre la biodiversidad y seguridad alimentaria, entre otros.

Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene representantes de empresas petroleras entre los autores del informe, explican esta enorme contradicción entre alertar sobre la realidad climática e incluir propuestas que la empeorarán.

Las organizaciones que firman el Manifiesto contra la geoingeniería seguirán en el camino de la resistencia y las alternativas reales.

Por 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

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El Banco Mundial alteró la calificación de Chile durante el Gobierno de Bachelet

El economista jefe del organismo, Paul Romer, pide disculpas al país sudamericano por las manipulaciones que habrían respondido a objetivos políticos
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Un profundo impacto en el mundo de la política y la economía chilena ha causado la publicación de Wall Street Journal (WSJ) de este sábado, en la que el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, reconoce que la organización financiera dependiente de Naciones Unidas alteró su ranking de competitividad empresarial en desmedro de Chile y, específicamente, de Michelle Bachelet. Se trata de la medición Doing Business, donde Chile bajó constantemente en el mandato de la socialista (2006-2010), subió en el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2010-2014) y volvió a bajar cuando la médico volvió al poder (2014-2018). En estos 12 años, Chile ha fluctuado entre el puesto 25 y el 57.


Las variaciones se habrían producido “debido a motivos políticos", según las palabras de Romer al WSJ. “Quiero disculparme personalmente con Chile y cualquier otro país donde hayamos transmitido una mala impresión”, indicó el economista.


La presidenta Bachelet, que en marzo próximo termina su segundo mandato, reaccionó de inmediato a través de Twitter. “Muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional”, escribió la socialista.


“Dada la gravedad de lo sucedido, como Gobierno solicitaremos formalmente al Banco Mundial una completa investigación. Los rankings que administran las instituciones internacionales deben ser confiables, ya que impactan en la inversión y el desarrollo de los países”, indicó Bachelet, que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Entre 2010 y 2013 lideró ONU Mujeres desde Nueva York y a partir de junio liderará el programa Alianza para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño de la Organización Mundial de la Salud, en reemplazo de Graca Machel, viuda de Nelson Mandela. Además, desde hace unos meses se conoce que participará en un nuevo organismo mediador de conflictos internacionales de la ONU, para la que fue convocada por su presidente, António Guterres.


El economista jefe del Banco Mundial indicó que se corregirán y recalcularán los índices chilenos de competitividad empresarial. En los últimos cuatro años, por ejemplo, la caída de Chile fue provocada casi en su totalidad porque se cambió la metodología de análisis y no por cambios en las medidas permanentes del entorno comercial del país. “Sobre la base en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones comerciales no empeoraron en Chile bajo la Administración de Bachelet”, agregó Romer.


El ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez, indicó que la alternación del ranking “es de una inmoralidad pocas veces vista”. “Es un escándalo de proporciones, porque lo que señala es que habría sido manipulada por el economista a cargo de su construcción (Augusto López-Claros), para hacer ver un deterioro económico durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con intenciones básicamente políticas”.


Después de la entrevista de Romer en el WSJ, el Banco Mundial anunció a través de un comunicado que realizará una investigación para aclarar los hechos. “En vista de las preocupaciones expresadas por nuestro economista jefe Paul Romer en los medios y nuestro compromiso con la integridad y la transparencia, llevaremos a cabo una revisión externa de los indicadores correspondientes a Chile en el informe Doing Business”. El organismo, sin embargo, defendió la imparcialidad de esta medición en sus 15 años de existencia y la calificó como “una herramienta invaluable para los países que buscan mejorar su clima de negocios, dando seguimiento a miles de reformas”.


López-Claros, el experto del Banco Mundial acusado de manipular el ranking de Chile, respondió a través de un correo electrónico a Bloomberg y señaló que las acusaciones de manipulación política “no tienen mérito alguno” y que el cambio de metodología fue “totalmente justificado y transparente”.


El segundo Gobierno de Bachelet, que finaliza en marzo próximo, estuvo marcado por las transformaciones estructurales y, a su vez, por un crecimiento económico discreto, de 1,8% en promedio. Sus críticos acusan a la socialista de haber generado inestabilidad con reformas mal implementadas, como la tributaria, y de haber dejado de lado el crecimiento económico, una de las banderas con la que fue electo Piñera para el período 2018-2022.

Por Rocío Montes

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EEUU abandona el Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados

Estados Unidos ha anunciado esta madrugada su retirada del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, una decisión tomada en último término por el presidente, Donald Trump, alentado por uno de sus más próximos asesores, el ultranacionalista Stephen Miller, frente al escepticismo del Departamento de Estado y la única oposición de la persona que finalmente tuvo que declarar la salida de la organización: la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley.

 

"Estamos orgullosos de nuestra herencia de inmigrantes y nuestro liderazgo moral al brindar apoyo a las poblaciones de migrantes y refugiados en todo el mundo", según declaró ayer Haley. "Pero nuestras decisiones sobre las políticas de inmigración deben ser tomados por los estadounidenses y solo por los estadounidenses. Nosotros decidiremos la mejor forma de controlar nuestras fronteras y quien recibirá autorización para entrar en nuestro país", remachó.


Estados Unidos termina así su vinculación con un pacto basado en la declaración de Nueva York de 2016, al que se unió el entonces presidente Barack Obama, y por la que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), debía proponer a la Asamblea General en 2018 un plan de acción para movimientos de inmigrantes y refugiados.


La declaración incluía también un conjunto de compromisos diseñados para garantizar la protección de los Derechos Humanos de los migrantes, mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad fronteriza y disuadir a los gobiernos de detener a niños inmigrantes. El pacto también delineó un plan para un tratado internacional, o "compacto", que sería rematado por la Asamblea General de la ONU a finales de 2018.
"Muchas disposiciones de la Declaración son incompatibles con la política de EEUU sobre inmigración y refugiados, así como con los principios de la administración Trump", según el documento de retirada, confirmado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.


Trump tomó la decisión el viernes


Trump se decantó por la retirada hace dos días, convencido por Miller, por su jefe de Gabinete y punta de lanza del Departamento de Seguridad Interior en materia de inmigración durante los primeros meses de su adminstración, John Kelly, así como por el fiscal general, Jeff Sessions.


El Departamento de Estado se opuso en principio a la decisión pero acabó cambiando de opinión, según fuentes de 'Foreign Policy' próximas al desarrollo de las conversaciones.
La de Haley fue la única voz abiertamente disidente hasta el final, argumentando que Estados Unidos tendría una mejor oportunidad de influir en el resultado de las conversaciones a este respecto que comenzarán mañana en Puerto Vallarta (México), si participaba en el proceso. El presidente acabó desautorizándola.


Así las cosas, la Administración Trump prosigue con su política de desvinculación de organizaciones y pactos de Naciones Unidas, así como de acuerdos firmados en su día por su predecesor, Barack Obama, entre ellos del Acuerdo de París sobre el clima y, en octubre, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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