EEUU se asoció con milicias armadas en Afganistán impidiendo el éxito de un programa de la ONU que pretendía disolverlas

Tan solo dos meses después del inicio de la guerra en octubre de 2001, Afganistán y las milicias aliadas habían arrebatado a los talibanes el control de todo el país

La posterior lucha por el poder entre estos grupos constituyó "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán" y la ONU puso en marcha un programa para disolverlos

Aunque EEUU formaba parte de esta iniciativa internacional, al mismo tiempo seguía aliado y trabajando con las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar

 

En diciembre de 2001, tras dos meses de ofensiva militar en Afganistán, EEUU había arrebatado a los talibanes el control de todo el país gracias a la ayuda de las milicias afganas aliadas. Jalaluddin Haqqani, un destacado comandante militar talibán líder de la Red Haqqani intentó entonces llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno interino. El 20 de diciembre, como gesto simbólico, Haqqani envió a miembros de su grupo, amigos cercanos y aliados políticos a participar en una caravana que viajaba desde la región de Loya Paktia a Kabul para felicitar al nuevo presidente, Hamid Karzai, y prometerle lealtad.

Pacha Khan Zadran, un señor de la guerra autoproclamado gobernador de Loya Paktia y apoyado por EEUU, paró el convoy a su paso por el territorio bajo su control. Zadran y centenares de sus hombres armados intentaron supuestamente forzar que la caravana le jurase lealtad y le reconociese como gobernador de al región. La respuesta de los líderes tribales en caravana fue que discutirían el asunto después de la inauguración de Karzai y continuaron su ruta hacia la capital, Kabul. Como respuesta, Zadran informó a sus contactos estadounidenses que una caravana Haqqani-Al Qaeda se dirigía a Kabul. Lo siguiente fue un bombardeo aéreo de EEUU en el que murieron unas 50 personas de la caravana y los pueblos cercanos.

Este episodio aparece como uno de los ejemplos de la colaboración entre EEUU y las milicias afganas antitalibanes en el último informe de la Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), una agencia del Gobierno estadounidense que supervisa la acción de EEUU en la guerra de Afganistán, la más larga de la historia de EEUU, que el 7 de octubre cumple 18 años.

El documento narra que tras la derrota inicial de los talibanes, las milicias comenzaron una cruenta lucha de poder interna para transformar su victoria militar en influencia política y económica. En 2003, la ONU logró poner en marcha un programa para desmantelar a las milicias antitalibanes, que por aquel entonces constituían "la mayor amenaza a la estabilidad de Afganistán", según otro informe de SIGAR de 2017. Una de las causas principales del fracaso de esta iniciativa internacional fue que mientras EEUU participaba en el programa, al mismo tiempo seguía aliado, trabajando con y fortaleciendo a las mismas milicias que la ONU intentaba desmantelar, denuncia la investigación.

"Las fuerzas de EEUU estaban al mismo tiempo asociadas con las milicias por motivos de seguridad y otros servicios", denuncia el informe. "La dependencia de EEUU de los grupos armados empoderó a los comandantes y grupos que en teoría iban a ser desmantelados", afirmó John F. Sopko, responsable de la agencia, en la presentación del informe el pasado 19 de septiembre. "EEUU estableció nuevos sistemas de apoyo que reforzaron la misma dependencia económica y social entre los comandantes locales y excombatientes que el programa intentaba romper", explica el documento. De acuerdo con una estimación citada en la investigación, en los meses posteriores al 11S EEUU entregó tanto dinero a las milicias que el valor del dólar respecto a la moneda afgana se redujo a la mitad en tan solo tres meses.

¿Por qué necesitaba EEUU a los grupos armados para combatir a los talibanes? Antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Washington no tenía planeado invadir Afganistán. Esta falta de preparación hizo que la respuesta inicial estuviese liderada por la CIA, que optó por forjar alianzas con varias milicias, especialmente la Alianza del Norte.

Ni EEUU ni las milicias estuvieron especialmente comprometidas con el programa de la ONU de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, el cual estuvo en vigor entre 2003 y 2005. La ONU quiso incluir la iniciativa para disolver las milicias en el Acuerdo de Bonn –acuerdo aprobado en el marco de la ONU en diciembre de 2001 tras la derrota talibán para reconstruir las instituciones de Afganistán–, pero la Alianza del Norte se negó porque entendía que le haría perder poder. En Bonn, las diferentes facciones eligieron a Karzai como presidente interino. Karzai no tenía una fuerza de seguridad y dependía de EEUU, por lo que a cambio del apoyo político, nombro a líderes de la Alianza del Norte como ministros de Defensa, Interior y Exteriores, por lo que estos se hicieron con el control de todo el aparato de seguridad.

EEUU tampoco cumplió sus promesas económicas con el programa de la ONU de desmovilización de combatientes. Washington "prometió 10 millones de dólares, pero a finales de 2004 todavía no había entregado nada. Miembros del programa advirtieron a EEUU que si seguían reteniendo los fondos, el programa se quedaría sin recursos", señala el informe. Finalmente entregaron 9 millones de dólares.

EEUU no contemplaba la reconciliación, solo la victoria

Los talibanes no fueron invitados a Bonn aunque estaban dispuestos a reconocer su derrota. "A pesar de ser rechazados, los líderes talibanes no declinaron de inmediato el orden posterior a 2001. No hubo ninguna llamada a las armas. De hecho, lo contrario: un reconocimiento de derrota y un intento de llegar a un acuerdo", señala el informe. "En los primeros años de la intervención, varios líderes talibanes intentaron rendirse a cambio de amnistía y protección, pero EEUU rechazó estos esfuerzos de reconciliación". La guerra había empezado bien y EEUU solo contemplaba la derrota absoluta de los talibanes. La reconciliación no era necesaria y por eso tampoco se incluyó a los talibanes en el primer programa de desmovilización de combatientes. 18 años después, el Gobierno de Afganistán solo controla el 34% de los distritos y el 47% de la población. El resto está en disputa o controlado por los talibanes.

"A pesar del bombardeo de EEUU al convoy, Haqqani envió a su hermano Ibrahim Omari para jurar 'lealtad al nuevo gobierno' y emitir 'una petición a todos los seguidores de Haqqani para volver de Pakistán y trabajar con las autoridades'. Aunque la CIA al principio celebró la propuesta de Omari, poco después fue detenido por las fuerzas de operaciones especiales de EEUU", señala el informe. Días antes, un grupo de altos cargos talibanes escribieron una carta de rendición y entregaron sus territorios al Gobierno afgano. La Administración Bush, sin embargo, forzó a Karzai a abandonar el acuerdo y la mayoría de los líderes talibanes involucrados volvieron a la lucha armada.

Cuánto ha cambiado la situación que ahora EEUU busca llegar a un acuerdo con los talibanes, de los cuales se estima que hay unos 60.000 combatientes a tiempo completo. Tras acordar un borrador de pacto y lanzar una invitación a los insurgentes para Camp David en el 18 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 por los que empezó la guerra, Trump congeló todos los progresos por la presión interna y los continuos atentados de los talibanes. 760.000 millones de dólares después, EEUU sigue en guerra

29/09/2019 - 21:51h

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Maduro acusó a Bachelet de distorsionar la verdad

El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue rechazado por el gobierno bolivariano.

 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con lo que calificó de graves vulneraciones de derechos en el país caribeño. “Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, se lee en el informe elaborado tras la reciente visita a Venezuela de la alta comisionada de Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michele Bachelet. El documento, que será presentado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, fue sin embargo, rechazado por el gobierno de Venezuela, al afirmar que está lleno de errores y realizado bajo una visión distorsionada.

El informe destaca que se han documentado, en 2018, 5.287 ejecuciones extrajudiciales, por supuesta resistencia a la autoridad, cometidas en mayor parte, según estiman, por las Fuerzas Especiales (FAES). Además, entre enero y mayo de este año, se han producido otras 1.569. Estas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el gobierno venezolano. Por ello, la alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las FAES.

La ex presidenta de Chile resalta igualmente la responsabilidad de los llamados “colectivos” en el deterioro de la situación venezolana. “Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, afirma. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada, quien visitó el país sudamericano entre el 19 y el 21 de junio pasado.

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con la pulseada entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. El país vive además una severa crisis económica, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

"El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela" replicó ayer el gobierno de Maduro. Caracas estimó que la distorsión que denuncian en el informe es resultado de debilidades en la metodología. “Se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”. Los 70 comentarios publicados ayer por la cancillería venezolana son respuesta a una primera versión “avanzada no editada” que el órgano de la ONU había remitido a Caracas el 28 de junio.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019. El gobierno de Maduro, no obstante, apunta que el 82 por ciento de las entrevistas fueron realizadas en el exterior del país. “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”, se defendió Caracas.

El documento denuncia, asimismo que, especialmente desde 2016, el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno. Bachelet también lo acusa de una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, al tiempo que atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares. También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al gobierno. El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.

Ya a principios de esta semana, la alta comisionada había pedido una investigación independiente, imparcial y transparente de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

En uno de sus últimos comentarios, el gobierno venezolano le reprocha la Oficina de Derechos Humanos que no mencione el embargo y otras medidas contra el país caribeño que afectan a su economía. “El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice (…) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país. Esta omisión es grave e injustificada”, se lee.

De lo que se conoce sobre el documento, Bachelet no hace referencia a las medidas económicas contrarias a Caracas, pero sí hace un llamamiento a que todos los involucrados en la crisis, colaboren. "Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", sentencia la alta representante.

Bachelet, asimismo, afirma en su comunicado de ayer que el gobierno de Venezuela se había comprometido a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, como las calificó, tal como el uso de la tortura y el acceso a la justicia. "Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", expone. Además de la disolución de las FAES y de los colectivos, Bachelet recomienda la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

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Condena venezolana a las provocaciones de EE.UU.

Maduro repudió la agresión “económica, política, mediática y diplomática de EE.UU.”. Su par norteamericano había afirmado un día antes ante la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer a Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.

 

El gobierno de Venezuela calificó de belicistas e injerencistas las declaraciones hechas el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump. El magnate neoyorquino había afirmado en su discurso de la Asamblea General de la ONU que si el Ejército venezolano se decidiera a deponer al presidente Nicolás Maduro, tal rebelión podría triunfar rápidamente.


“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en el país”, dijo el comunicado de la Cancillería. “(Las declaraciones) evidencian la política de cambio de régimen (en Venezuela) que promueve su gobierno con la participación de algunos gobiernos latinoamericanos”, agrega el texto.


Asimismo, en el documento publicado en el sitio web de la Cancillería se consideró que las afirmaciones no se trataban de un elemento aislado, sino que aparecían en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Éstas, dice el texto, son tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas. La nota recalcó, además, que ante lo que calificó como las infames expresiones de Trump, el Gobierno rendía homenaje a, dice, la dignidad y honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).


Anoche en su discurso ante la ONU Maduro denunció la arremetida del país del Norte. “El presidente de EE.UU. arremetió contra el noble pueblo de Venezuela enarbolando la doctrina Monroe (...) Es un conflicto histórico entre esa doctrina imperial versus la doctrina independentista y republicana de Bolívar”. El mandatario venezolano dijo que su país era víctima de una “agresión económica, política, mediática y diplomática de Washington” y recordó la nota reciente publicada en el New York Times en la que se desvelaron reuniones de funcionarios de la Casa Blanca que querían favorecer un golpe de Estado en Venezuela. Además, Maduro llamó a las Naciones Unidas a investigar el intento de magnicidio del 4 de agosto.


Pese a los fuegos discursivos cruzados, el mandatario venezolano se mostró abierto a reunirse con Trump. “Yo estaría dispuesto a sentarme a dialogar con el presidente de EE.UU. si fuera necesario”. Sobre esto también se refirió ayer el líder republicano. “No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense, pero si puedo ayudar a la gente, para eso es para lo que estoy aquí”, dijo Trump a los periodistas sobre la posibilidad de hablar con su par venezolano. “Si está aquí, si quiere reunirse... No lo sé”, agregó dubitativo. Sin embargo, el magnate aseguró que todas las opciones seguían sobre la mesa respecto a Venezuela, lo que se traduce en que mantiene abierta la opción militar de la que habló hace un año.


“Todas las opciones están sobre la mesa. Todas ellas. Las fuertes y las menos fuertes. Todas las opciones, y ya saben lo que quiero decir con fuertes”, afirmó. “Sólo quiero ver que se resuelven las cosas en Venezuela. Quiero que la gente esté segura. Vamos a ocuparnos de Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza”, subrayó Trump. Insistió, asimismo, en que va a ocuparse de la gente de Venezuela y recordó que muchos venezolanos viven en Estados Unidos, muchos de ellos en el área de Doral, en Miami. “He llegado a conocerles realmente bien”, agregó.


La FANB, por su parte, ratificó ayer su absoluta lealtad al presidente de Venezuela. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la postura vil y grosera con que el presidente de Estados Unidos se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista”, dijo el cuerpo castrense en un comunicado.


Para la FANB es insólito que el presidente estadounidense promueva con descaro un golpe militar en contra del Gobierno de Maduro, y señaló que permanecerá alerta ante lo que llama las nefastas pretensiones imperiales.


Además, la FANB critica que Trump haga apología de un acto de terrorismo, como lo fue el atentado al presidente a Maduro el pasado agosto. “Banaliza este hecho como si se tratara de algo gracioso, cuando especialmente los líderes mundiales están llamados a mancomunar esfuerzos para acabar con este flagelo. Ojalá el Secretario General de la Organización de Estados Americanos tuviera un gesto de decencia política y repudiara esta bochornosa actitud”, agregó la fuerza militar.


El martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump había pedido ayuda para lo que considera la restauración de la democracia en Venezuela. “Todos los países del mundo deben oponer resistencia al socialismo y a la miseria que trae consigo”, proclamó tras responsabilizar a Maduro y a los que llamó los patrocinadores cubanos de la salida de más de dos millones de personas del país. Después de su discurso ante la Asamblea, el mandatario agregó: “El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo”.

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Miércoles, 26 Septiembre 2018 07:42

Afianza EU rechazo a la globalidad

Afianza EU rechazo a la globalidad

Fue tal vez la respuesta más efectiva jamás hecha a Donald Trump por la comunidad internacional: la risa.

Al iniciar su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Trump recurrió a su ya muy común autoelogio: "En menos de dos años mi gobierno ha logrado más que casi cualquier otro en la historia de nuestro país", declaró, ante lo cual se escuchó una cascada de risas en la gran sala. Trump, sorprendido, titubeó, insistió en que "es la verdad" y admitió que "no era la reacción que esperaba".

Lo demás fue un asalto contra lo que representa esta máxima institución multilateral mundial y la afirmación de que Estados Unidos rehusará ceder su "soberanía" ante el orden, leyes y agencias supranacionales, fue recibido en silencio por casi todos los 192 estados miembros de la ONU.

Trump destacó sus supuestos logros económicos, diplomáticos y de seguridad, indicando las negociaciones con Corea del Norte y la cooperación entre países del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudita, en la lucha "antiterrorista". En la casa mundial dedicada a la paz, el estadunidense celebró: "nuestra fuerza militar será más poderosa de lo que ha sido jamás".

Ignorando lo que minutos antes había exhortado desde ese mismo podio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la urgencia de fortalecer el multilateralismo para abordar los problemas más graves que enfrenta el mundo, Trump proclamó lo opuesto: "Rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo".

Indicó que ordenó el retiro de su país de varios acuerdos apoyados por la ONU, entre ellos el tratado nuclear con Irán, así como de algunas instancias, como el Consejo de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, al afirmar: "nunca rendiremos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa y que no rinde cuentas".

Señaló que su gobierno está haciendo lo mismo en el ámbito económico y comercial, donde las reglas y acuerdos son empleados para tomar ventaja de Estados Unidos, sobre todo por China. Como ejemplo de sus logros en este rubro, mencionó que acababa de concluir un acuerdo comercial con México (no mencionó a Canadá).

Al mismo tiempo que invitó a los otros gobiernos a sumarse a su mantra de la defensa de la "soberanía", procedió a amenazar la de varios países.

Anunció nuevas sanciones contra los colaboradores más cercanos del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, donde Trump declaró: "estamos atestiguando una tragedia humana", porque "el socialismo ha llevado a la bancarrota al país rico en petróleo y llevado a su pueblo a la pobreza abyecta", con la ayuda de "sus patrocinadores cubanos". Convocó a los presentes a un esfuerzo para "restaurar" la democracia en ese país.

En un curioso retorno a la guerra fría, en este contexto comentó que "virtualmente todo lugar en que se ha intentado el socialismo o comunismo, se ha producido sufrimiento, corrupción y degradación", por lo que aconsejó que "todas las naciones del mundo deberían resistir al socialismo y la miseria que lleva a todos".

Poco después de su discurso, continuó con su ataque a Venezuela en comentarios a medios, señalando que el gobierno de Maduro "es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares, si éstos deciden hacer eso".

Explícitamente, refrendó la Doctrina Monroe como política de su gobierno, al decir que en el hemisferio occidental "estamos comprometidos con mantener nuestra independencia de la intrusión de poderes extranjeros expansionistas".

En su discurso ante la Asamblea General, Trump también condenó al régimen de Irán, al cual acusó de ser una "dictadura corrupta" que "siembra caos, muerte y destrucción", y aseguró: "no podemos permitir que el principal patrocinador de terrorismo en el mundo posea las armas más peligrosas del planeta".

También advirtió que intervendrá en Siria si ese régimen emplea armas químicas.

Al ilustrar su defensa de la "soberanía", resaltó como ejemplo que ya está construyendo su muro fronterizo con México.

Notables por su ausencia en la ponencia de Trump: el cambio climático y Rusia.

En el transcurso del día, varios oradores rechazaron la visión de Trump y otros se defendieron de sus amenazas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, retomó el exhorto del secretario general ante la Asamblea General contra el aislacionismo y afirmó que el "nacionalismo siempre lleva a la derrota", y pidió a los estados miembros que "no acepten la erosión del multilateralismo", algo que recibió una ovación (Trump no se ganó ni una).

El presidente de Irán, Hassan Rouhani, señaló que el rechazo al multilateralismo es "un síntoma de la debilidad de intelecto; revela incapacidad para entender un mundo complejo e interconectado". Acusó a Trump y a sus aliados de querer derrocar a su gobierno y de violar el derecho internacional, así como sus obligaciones estatales por retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Argumentó que "el entendimiento de relaciones internacionales por Estados Unidos es autoritario", y advirtió contra gobiernos que fomentan "nacionalismo extremista y racismo", lo cual comparó con el nazismo.

Mientras tanto, varios líderes sudamericanos –entre ellos los presidentes de Ecuador, Brasil y Argentina–, parecieron responder al llamado de Trump contra Venezuela. En sus discursos criticaron al gobierno de Maduro por violaciones de derechos humanos, y el argentino, Mauricio Macri, anunció que su país presentará ante la Corte Penal Internacional (a pesar de que Trump la declaró "ilegítima") "los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana".

El secretario general Guterres, quien declaró que el mundo padece "un desorden de déficit de confianza" ante una ola populista y la fragmentación social, alertó de dos problemas cada vez más urgentes que definirán el futuro inmediato del planeta. "El cambio climático procede más rápidamente que nosotros y si no cambiamos curso en los próximos dos años, arriesgamos un cambio climático desatado", declaró, y advirtió que nuevos avances en tecnología representan tanto oportunidades como riesgos cada vez más peligrosos, sobre todo si se emplean para fines bélicos. Ante estos desafíos, afirmó, la cooperación internacional es más necesaria y urgente que nunca y señaló que "el multilateralismo está bajo fuego justo cuando más lo necesitamos".

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:55

Cerca del golpe

Marcha organizada por el Comité de Desarrollo Campesino en Ciudad de Guatemala el 12 de setiembre exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales y la renovación del mandato de la misión anticorrupción de la Onu

Cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que investiga la corrupción, persisitó en sus acusaciones contra el presidente Jimmy Morales, éste llenó las calles de militares, anunció la expulsión de la agencia de la ONU y le cerró las fronteras a su jefe. Morales ya anunció un posible quiebre institucional al declarar que no respetará una decisión de la Corte de Constitucionalidad que deje sin efecto su embestida contra el comisionado.

 

Seguramente no resulte sorprendente informar que en algún país centroamericano hay señales de que podría haber un nuevo golpe de Estado. En buena medida ello es el resultado de la forma rápida y habitual con la que se asocia el acontecer político de los países del istmo al vago concepto de “repúblicas bananeras”. El término, acuñado en 1904 en una novela ambientada en Honduras, describía a un pequeño país políticamente inestable cuya economía era dominada por intereses extranjeros. Aunque los historiadores renegamos de esas simplificaciones, la crisis institucional que atraviesa Guatemala actualmente habilita interpretaciones de ese tipo.


Los hechos se desencadenaron hace dos semanas, cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que investiga la corrupción en el país y que ha acusado a Morales, entre otros, de cometer ese delito.


Pero las tensiones y disputas tienen, por supuesto, una historia más larga, y en ese conflicto se enfrentan dos grandes frentes claramente divididos. De un lado están el presidente junto a sus ministros, la mayoría de los diputados del Congreso, las cámaras empresariales, los gobernadores departamentales, varios medios masivos de comunicación, buena parte del Poder Judicial, el Ejército, la Asociación de Militares en retiro y la peligrosa Fundación Contra el Terrorismo, una expresión radical del anticomunismo contrainsurgente centroamericano, que en Guatemala jugó un papel destacado durante la Guerra Fría. Del otro se encuentra la CICIG –presidida por Iván Velásquez, un abogado colombiano y duro opositor de Álvaro Uribe–, el procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, numerosos periodistas, activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, el Comité de Desarrollo Campesino y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

ABOGADO NO GRATO.

Un año atrás el presidente declaró persona non grata al comisionado de la CICIG y buscó su expulsión. La Corte de Constitucionalidad, la movilización popular y la embajada de Estados Unidos detuvieron en esa ocasión tal medida. Desde entonces se libra una lucha de poderes. El objetivo del gobierno y de quienes lo sostienen ha sido extremadamente claro: deshacerse de Iván Velásquez para impedir el avance de sus investigaciones. Esto forma parte de una estrategia más amplia de recomposición de la impunidad que ha sido seriamente erosionada por una CICIG que ha obligado a un sector importante del empresariado a reconocer y pedir disculpas públicas por financiar ilícitamente a los partidos políticos.


Uno de los partidos que recibieron dinero ilegalmente durante las últimas elecciones de 2015 fue el Frente de Convergencia Nacional, del actual presidente, quien como secretario general de ese frente ocultó tal información a los organismos de contralor correspondientes. Cuando se pidió una vez más su desafuero, a los efectos de continuar las investigaciones, el presidente Morales descargó una vez más su furia contra la comisión.

PUESTA EN ESCENA.


Fue el pasado viernes 31 de agosto que el presidente Morales anunció por televisión que había notificado al secretario general de la ONU que no renovaría el mandato de la CICIG en Guatemala. Sus argumentos no sorprendieron: acusó a la comisión de practicar una “persecución penal selectiva”con un “sesgo ideológico evidente” que la llevó a sembrar el “terror judicial en Guatemala”. De hecho, sostuvo que dicha “justicia selectiva” fue empleada para “intimidar y aterrorizar a la ciudadanía”. Lo que sí sorprendió fue la cuidada puesta en escena de la alocución: para su breve y por momentos mal leído discurso, el otrora actor de televisión decidió acompañarse de 60 militares y policías, además de autoridades de su gobierno. Y paralelamente, mientras el anuncio era trasmitido, tropas del Ejército guatemalteco, helicópteros y jeepsrodearon la sede de la CICIG y tomaron las calles. La detención de Velásquez parecía inminente, ya que su nombre, el del procurador de Derechos Humanos, y los de varios periodistas y profesores universitarios circularon profusamente como algunos de los instigadores del supuesto proceso de desestabilización nacional que denunciaba el gobierno. En respuesta al escenario que se instaló en las calles, comenzó a circular en las redes sociales una foto fechada en 1982, de cuando el general –y más tarde genocida– Efraín Ríos Montt se hizo con el poder en el país.


Los hechos no terminaron en eso: pocos días más tarde, aprovechando un viaje de trabajo ya planificado del jefe de la CICIG a Estados Unidos, el presidente Morales cursó una orden a los puestos fronterizos para impedir el regreso del colombiano a Guatemala.

CON EL APOYO DE WASHINGTON.

La historia de la región obliga a considerar el siempre activo y protagónico papel de Estados Unidos en Guatemala. Aquel país es uno de los garantes y promotores financieros de la labor de la CICIG, y en febrero de este año el embajador estadounidense se fotografió con Velásquez posando junto a un cartel de apoyo a la comisión. El espaldarazo era necesario y llegaba en un momento crucial: cuando Morales viajaba a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump. La agenda del encuentro fue secreta, aunque sí trascendió el agradecimiento del mandatario estadounidense por el traslado a Jerusalén de la embajada de Guatemala en Israel.


La reacción del secretario de Estado, Mike Pompeo, ante la decisión de Morales de poner fin al trabajo de la comisión de la ONU en Guatemala indicaría que en ese encuentro el mandatario guatemalteco habría obtenido luz verde de la Casa Blanca para quitarse de encima al jefe de la CICIG. Pompeo coincidió con la interpretación de Morales al expresar que es necesario respetar la soberanía guatemalteca y bregar de ahora en adelante por una CICIG “reformada”.


Morales agradeció públicamente las manifestaciones de Pompeo, pero aún está pendiente de la resolución de un fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre un recurso de amparo que busca dejar sin efecto la decisión de impedir el retorno de Velásquez al país. Y he aquí el riesgo de un inminente quiebre institucional, pues Morales ha adelantado que no respetará pronunciamientos de la Corte que él considere “ilegales”.

 

CRECIENTE HOSTILIDAD.


En Guatemala se vive un polarizado y creciente clima de hostilidad hacia el mandatario y sus funcionarios. Las movilizaciones se suceden y las expresiones de rechazo día a día se generalizan, trascendiendo ampliamente a la capital del país. Sostenidos cortes de rutas y movilizaciones de miles de personas, en su mayoría indígenas, confluyen en torno a dos objetivos: la renuncia del presidente y su gabinete; y evitar que se trabe la labor de la CICIG. En el horizonte de las reivindicaciones también aparece –aunque en un mediano plazo– la necesidad de un conjunto de reformas profundas en el sistema de partidos y una nueva Constitución en la que se vean expresados y garantizados los derechos de las grandes mayorías.


En el contexto de las movilizaciones que nutren desde hace tiempo las expresiones populares a favor de estos cambios políticos, merece destacarse la “recuperación”, el año pasado, por los jóvenes universitarios, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tras un largo período de cooptación estatal. Desde setiembre del año pasado la secretaria general de esa asociación es la estudiante Lenina García, la primera mujer en ocupar el cargo, un hecho particularmente relevante en una sociedad que presenta números alarmantes de violencia de género. Días atrás, una multitudinaria asamblea estudiantil presidida por García exigió que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala declarase no gratos al presidente y al vicepresidente de la república, Jafeth Cabrera Franco –este último ex rector de dicha casa de estudios superiores–. El martes pasado, pese a un amenazante despliegue militar, la universidad respaldó esa exigencia estudiantil.

 

Por Roberto García
14 septiembre,

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António Guterres, secretario general de la ONU, destacó que las remesas alcanzan un total mundial de 600 mil millones de dólares. En la imagen, migrantes mexicanos provenientes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán trabajan recolectando fresas en Oxnard, California

 

Durante 2017 los migrantes en todo el mundo enviaron a sus familias 600 mil millones de dólares, aproximadamente, lo que representa casi tres veces la asistencia oficial para el desarrollo.

Así lo asienta el informe Hacer que la migración funcione para todos, presentado ayer por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ante la Asamblea General.

El documento subraya los beneficios económicos de la migración: este sector gasta 85 por ciento de sus ganancias en sus comunidades de acogida y remite el 15 por ciento restante a sus países de origen.

En el mundo, dijo, hay 258 millones de migrantes internacionales, equivalente a 3.4 por ciento de la población mundial. Y la expectativa es que este sector siga creciendo. De ese total, 6 millones están atrapados en el trabajo forzoso.

Por ello, el secretario general de la ONU llamó a los líderes mundiales a trabajar juntos para forjar un sistema de migración ordenado que reduzca el riesgo y el sufrimiento para quienes abandonan sus naciones. La gestión de las migraciones es una de las pruebas más urgentes y profundas de la cooperación internacional de nuestro tiempo.

El informe apremia a los estados miembros de la ONU a promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, como un elemento central del Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular.

Las mujeres representan 48 por ciento de todos los migrantes del mundo, y envían a sus países de origen un porcentaje mayor de sus ganancias que los hombres. Sin embargo, lamentó, enfrentan políticas laborales y costumbres más restrictivas que los varones, lo que acota su ingreso económico y su contribución social.

Guterres convocó a los gobiernos a trabajar juntos para crear un sistema global de migración productivo y humano que mejoraría la soberanía de los estados en lugar de deteriorarla.

Las naciones deben tomar en consideración tres elementos en la definición de una estrategia para este tema: un enfoque humanitario basado en la defensa de los derechos humanos, recursos financieros para definir el estatus de migrantes una vez que la primera ayuda humanitaria sea aportada y encontrar opciones reales para quienes no pueden pretender un estatus de refugiados, pero les es imposible regresar a sus países de origen.

Si los gobiernos instauran más vías legales para la migración, basadas en análisis realistas de las necesidades del mercado laboral, es muy probable que disminuyan los cruces fronterizos, que haya menos trabajadores indocumentados y menos abusos, sostuvo.

Aseveró que este fenómeno social es un motor de crecimiento económico, innovación y desarrollo sostenible. Por lo que en el informe destacó que hay evidencias claras que prueban que, pese a los desafíos reales que el fenómeno genera, es beneficiosa para las comunidades de acogida, en términos sociales y económicos.

En ese sentido dijo que es necesario un nuevo enfoque. Es momento de dibujar todas las partes del Sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional para las Migraciones, para apoyar los esfuerzos de los estados miembros para abodar la situación.

 

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Protesta de activistas contra los combustibles fósiles en la cumbre de Bonn.

 

La financiación de los países ricos para los más pobres vuelve a atascar los avances en una cumbre del clima

 

El Acuerdo de París –que se empezará a aplicar en 2021– fue el marco general de la lucha contra el cambio climático. Pero falta desarrollarlo. Y los reglamentos para hacerlo tendrán que esperar a la cumbre de Polonia en 2018, la fecha tope que marca el propio acuerdo. Así lo han decidido los negociadores de los casi 200 países reunidos en la Cumbre del Clima de Bonn. En la recta final de esta cita la financiación que deben aportar los países ricos se ha vuelto a convertir en un escollo. Y lo volverá a ser en las próximas citas, adelantan los negociadores.

Los negociadores que se han reunido en la llamada COP23 de Bonn han esbozado los esqueletos de esos reglamentos de desarrollo del Acuerdo de París, pero los temas más polémicos sobre transparencia o contabilidad de las emisiones de cada país siguen abiertos y tendrán que cerrarse en Katowice, la ciudad polaca que acogerá a finales de 2018 la próxima cumbre. "Hubiera sido mejor avanzar más", reconoce Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales y experta en negociaciones climáticas. Pero lo más difícil se ha dejado para la siguiente cumbre, que se llevará a cabo en el bastión europeo del carbón, el combustible fósil que más gases de efecto invernadero emite.

Todo parecía indicar que esta cita de Bonn —que desde un principio se concibió como técnica— podía cerrarse, por primera vez en mucho tiempo, este viernes según el programa previsto. Pero las discusiones sobre la financiación han paralizado las negociaciones y mantuvieron abierta la cumbre durante buena parte de la noche. Finalmente, sobre las seis de la mañana, tras una larga noche de negociaciones, se desbloqueó la situación y se consiguió cerrar la cumbre.

La principal discusión se centró en los intentos de los países en desarrollo para conseguir asegurarse que los Gobiernos de los Estados más ricos y su sector privado pongan sobre la mesa los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática comprometidos con el Acuerdo de París a partir de 2020. Ese montante está pensado para que los países con menos recursos puedan poner en marcha estrategias de mitigación (recortes de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación a los efectos negativos del calentamiento.

Los Estados más pobres presionaron para que los desarrollados se comprometan a comunicar cuánto dinero pondrán sobre la mesa cada año con antelación. Y los desarrollados argumentaban que no pueden comprometerse a eso ya que sus aportaciones dependerán de su disponibilidad presupuestaria. Este asunto continúa abierto también tras la cumbre del Bonn. "La financiación es el último tema que siempre se cierra en las cumbres", explica Laura Juliana Arciniegas, jefa de la delegación de Colombia. "Y lo será en las siguientes".

 

Salida de EE UU

 

La salida anunciada por Donald Trump del Acuerdo de París —que no se podrá materializar hasta 2020 porque así lo establece el pacto— supuso un golpe moral a esta alianza contra el cambio climático, que por primera vez tras dos décadas de negociaciones logró cerrar en París en 2015 un acuerdo que comprometía a todos a recortar sus emisiones. Pero Trump no ha provocado un efecto contagio. Al contrario, Nicaragua y Siria, que se resistían a firmar el pacto, han anunciado que lo harán y EE UU se ha quedado aislado. Pero más allá de los recortes de los gases que no acometerá EE UU, Trump ha dejado claro que no tiene ninguna intención en cumplir los compromisos de financiación, con lo que se reduciría el número de Estados desarrollados que deben aportar esos 100.000 millones. Y esto inquieta a los países en desarrollo.

El Acuerdo de París tenía una brecha bien identificada que se debe cubrir desde que se firmó hace dos años en la capital francesa. Los recortes de gases de efecto invernadero comprometidos por todos los países firmantes del pacto no son suficientes para lograr el objetivo: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados a final de siglo respecto a los niveles preindustriales, e intentar que se quede en los 1,5. Pero el Acuerdo de París contiene mecanismos para superar superar ese problema: periódicamente se harán revisiones y los Estados presentarán nuevos compromisos, siempre al alza, de sus planes de recortes de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la salida de EE UU ha abierto otra brecha inesperada: la financiación. "Ahora existe una brecha de 2.300 millones de dólares en el Fondo Verde que EE UU ha dicho que no va a poner", señala el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. ¿Y quién va a cubrirla? Arias Cañete augura que el tema de la financiación volverá a centrar una parte importante de las negociaciones en Polonia. Las dudas sobre quién asumurá los esfuerzos financieros de EE UU es una de las razones que han empujado a los países en desarrollo a pedir que los Estados ricos anticipen cuánto dinero aportarán.

El otro punto sobre financiación que ha bloqueado las negociaciones ha sido el Fondo de Adaptación, que los países en desarrollo no quieren que se elimine cuando se aplique, a partir de 2021, el Acuerdo de París. Este fondo se creó con el Protocolo de Kioto, que estará en vigor hasta 2020, cuando el pacto de París tomará el relevo.

En el Acuerdo de París se abrió la posibilidad de que continuara el Fondo de Adaptación. En la Cumbre del Clima de Marrakech, de 2016, se reforzó esa idea. Y en la de Bonn los países en desarrollo querían atar definitivamente esta continuidad, lo que esta noche han logrado.

 

1,5 grados

 

En octubre de este año está previsto que el IPCC, el panel de expertos internacionales que bajo el paraguas de la ONU radiografían los efectos del cambio climático, difunda un informe sobre las posibilidades de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados y las medidas que se deberían tomar para lograrlo. El reto es complicado, el calentamiento está ya en un grado respecto al nivel preindustrial.

La asunción de esa meta del grado y medio también ha centrado parte de las discusiones finales de esta cumbre de Bonn. Varios Estados, fundamentalmente los más petroleros (como Arabia Saudí o Irán) pidieron que se retirara toda referencia a esos 1,5 grados en uno de los documentos que está previsto que se aprueben, señalan fuentes de la negociación. Pero esa referencia ya está en el Acuerdo de París, con lo que no se puede dar marcha atrás.

 


 

WASHINGTON QUIERE SALIR “LO ANTES POSIBLE” DEL PACTO


Fuentes de las negociaciones explican que la actitud estadounidense (que ha enviado una delegación mucho menor que en otras cumbres y de perfil técnico) no ha sido de bloqueo. La encargada de intervenir en nombre de EE UU en el plenario de Bonn ha sido Judith G. Garber, secretaria adjunta de la Oficina de Océanos y Asuntos Ambientales y Científicos Internacionales. No puso en duda el cambio climático, sacó pecho de los recortes de emisiones de su país en los últimos años y dijo que EE UU es consciente de que se necesita una transformación energética. Eso sí, reafirmó que su país saldrá del acuerdo "lo antes posible".

 

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Viernes, 17 Noviembre 2017 08:05

Cumbre del Cambio Climático

Una réplica de la estatua de la libertad emitiendo humo por la antorcha, creada por el artista danés Jens Galshiot y montada en el parque Rheinaue durante la COP 23.

 

La ONU pedirá mayor compromiso a los países industrilizados

 

La penúltima jornada de la Conferencia del Clima de la ONU (COP23) en Bonn estuvo marcada por discursos de gran parte de los representantes de los 195 países que negocian un manual de reglas para la puesta en práctica del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Grupo de los 77 y China realizaron un balance provisional positivo de las negociaciones de la conferencia del clima de la ONU (COP23) en Bonn, pero alertó que aún sigue esperando un mayor compromiso financiero por parte de los países industrializados. “Hay muchos resultados positivos, uno muy importante es la creación de la plataforma para pueblos indígenas y comunidades locales", señaló la canciller de Ecuador y portavoz del grupo, María Fernanda Espinosa.

"También tuvimos éxitos como grupo en la labor sobre el capítulo de pérdidas y daños, en cómo evaluar y cuantificar las pérdidas y daños de los efectos del cambio climático en el sur global", prosiguió Espinosa en rueda de prensa. La titular de la diplomacia ecuatoriana, sin embargo, identificó como uno de los principales problemas en las negociaciones el tema de la financiación climática.

"Siempre la pata débil de la convención son los medios de implementación. No sólo el acceso al financiamiento y recursos, sino también a la transferencia de tecnología y al desarrollo de capacidades" para mejorar la resiliencia de los Estados vulnerables. "Concretamente estamos pidiendo que llenen la caja del fondo de adaptación", en la que hasta ahora han ingresado 6000 millones de dólares, a los que además se tiene difícil acceso, dijo. La cifra es muy inferior a los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados se comprometieron a movilizar anualmente para ayudar a los más vulnerables a enfrentar el cambio climático. "Hay una gran brecha", se lamentó.

Espinosa se mostró optimista sobre los resultados que arrojará esta 23 conferencia, encargada de confeccionar el manual de reglas para la implementación de los compromisos del Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. "Creo que finalmente vamos a cerrar con un gran documento para un plan de acción para el Acuerdo de París. Las discusiones están un poco empantanadas por reparos del grupo africano, pero creo que hallaremos una solución", manifestó. "Tenemos un documento de gran volumen y la idea es condensarlo hasta la COP24 (de 2018 en Polonia) para que sea más fácil de implementar", concluyó.

 

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Jueves, 02 Noviembre 2017 07:09

Nueva condena de la ONU al bloqueo a Cuba

La isla denunció en la ONU que este año contabilizó pérdidas por 4305 millones de dólares.

 

El rechazo al embargo contó con 191 votos y su apoyo sólo con los votos de EE.UU. e Israel

La relación entre Washington y La Habana retrocedió y eso explica que el gobierno de Trump cambiara la forma en que había votado el de Obama en 2016 con una histórica abstención. El magnate tomó medidas que profundizan los problemas en la isla.

 

La ONU, por vigésima sexta vez consecutiva y abrumadora mayoría de 191 votos a favor y solo dos en contra, volvió a rechazar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba que se prolonga desde el 3 de febrero de 1962. El dato nuevo es que la relación bilateral retrocedió y eso explica que el gobierno de Donald Trump cambiara la forma en que había votado el de Barack Obama en 2016 con una histórica abstención. O sea, todo sigue igual a como era hasta 2015. EE.UU junto a su aliado incondicional Israel quedaron aislados por una decisión anacrónica, condenada por la comunidad internacional. En su informe de 65 páginas a la 72° Asamblea de Naciones Unidas que sesionó en Nueva York, la isla denunció que este año contabilizó pérdidas por 4.305 millones de dólares.

Bajo el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba”, el gobierno de Raúl Castro documentó una vez más los antecedentes de la medida unilateral que lleva casi 56 años. En el texto remarcó un hecho que sintetiza cómo EE.UU, en los nueve meses y medio que lleva Trump en la Casa Blanca, endureció su política contra la isla. El 16 de junio de 2017 el magnate firmó un memorando de seguridad nacional para fortalecer la instrumentación del bloqueo. En la introducción del informe se señala que el presidente estadounidense “anunció nuevas medidas coercitivas contra Cuba y dispuso la revocación de otras adoptadas por su antecesor que habían modificado la aplicación de algunos aspectos del bloqueo en la esfera de los viajes y el comercio”.

La decisión más representativa que había aportado Obama hacia el acercamiento entre los dos países fue su directiva presidencial para la “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba” del 14 de octubre de 2016. Trump la derogó.

Cuba sostiene en las conclusiones del informe que presentó su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la ONU un dato que a menudo pasa inadvertido. Que el bloqueo tiene “un carácter extraterritorial que se mantiene y se aplica con todo rigor, con total impunidad y en franca violación del derecho internacional”.

El ministro dio un discurso de 41 minutos que empezó con sus condolencias a los familiares de los muertos por el atentado terrorista de Nueva York. Mencionó incluso a la Argentina y Bélgica, que tuvieron víctimas en el ataque producido con una camioneta por un fundamentalista islámico de origen uzbeko. Después de ese breve comentario, expresó ante la asamblea su “más enérgica condena a las declaraciones irrespetuosas, ofensivas e injerencistas” de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU,Nikki Haley. Como la siguió en el uso de la palabra, le respondió que “los Estados Unidos, donde se cometen flagrantes violaciones de los derechos humanos que suscitan profunda preocupación de la comunidad internacional, no tienen ni la más mínima autoridad moral para criticar a Cuba”.

Haley es hija de padres indios de la comunidad sij y no contaba con experiencia previa en política exterior hasta que la designó Trump. Fue gobernadora de Carolina del Sur e integra el Tea Party, el ala ultraconservadora del partido Republicano. Durante la sesión calificó de “teatro político” la votación contra el embargo de EE.UU. a Cuba y sostuvo que al gobierno de Castro le sirve para “distraer al mundo de la destrucción que ha impuesto a su propio pueblo”. Además dijo que no le tiene “miedo al aislamiento”. Es evidente que no.Tampoco se desprendió de su discurso que conozca en detalle la carta de las Naciones Unidas. El embajador chino Liu Jieyi le recordó que el bloqueo “vulnera” aquel tratado fundacional de la organización de 1945.

Cuba pondera los daños acumulados a su economía por la política de Estados Unidos en algo más de 822 mil millones de dólares. Se profundizarán esos problemas con las medidas que adoptó el gobierno de Trump a partir de junio pasado. Son, entre otras, la eliminación de los viajes individuales; la vigilancia reforzada sobre los pocos motivos que permiten aciudadanos de EE.UU visitar la isla; su oposición a las acciones que promuevan el levantamiento del bloqueo y una lista negra de cubanos que no pueden recibir visas y remesas de dinero. En definitiva, un vuelco a los escasos pero sostenidos avances que se habían logrado hasta que el republicano asumió la presidencia el 20 de enero pasado.

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Exime la ONU a docentes por insuficientes resultados educativos

 

Deficiencias gubernamentales pueden llegar a deteriorar el aprendizaje, señala informe que hoy se presenta en París

En el mundo, menos de 20% de países asegura formación gratuita por 12 años

 

En el mundo, en cualquier nivel de educación, los docentes no son culpables de los resultados insuficientes o del ausentismo de los alumnos debido a las deficiencias básicas de los sistemas de enseñanza gubernamentales, que en algunas ocasiones pueden alcanzar un deterioro del aprendizaje, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Para su Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017-2018, que hoy presentará en París, la Unesco destacó en un comunicado, enviado a La Jornada, que dicho documento pone en relieve la responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades para garantizar una formación de calidad.

 
Más de 100 millones de analfabetos

 

Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. Si se precipitan en echar la culpa a otros, lo que hacen es desviar la atención de su obligación de dotar a esos programas con estructuras sólidas y solidarias, puntualizó el redactor del informe, Manos Antoninis, antes de la divulgación del documento.

La Unesco asegura que menos de 20 por ciento de los países garantiza en sus leyes 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita, cuando aún existen en el mundo 264 millones de niños y maestros sin escolarizar, y unos 100 millones de jóvenes analfabetos.

Ante ello subraya que es injusto y contraproducente culpar a los profesores de las fallas de los sistemas, porque no se puede imputar a una sola categoría de personas la responsabilidad de resultados insatisfactorios que dependen de la acción de otros individuos y factores.

Agrega que la transparencia de las instituciones locales contribuiría a determinar los problemas de los proyectos de enseñanza, pero sólo uno de cada seis países publica reportes anuales sobre el tema. Para solicitar este tipo de información se necesitaría que intervinieran organismos independientes, como oficinas defensoras del pueblo, parlamentos y organismos de auditoría.

El documento menciona ejemplos exitosos, como la campaña civil que llevó a las autoridades gubernamentales ante los tribunales para establecer la educación gratuita en Colombia o las presiones de grupos de padres de estudiantes y prensa en Estados Unidos para suprimir de libros de texto los capítulos que negaban la existencia del cambio climático.

Asimismo, aclara que algunas reglamentaciones gubernamentales sesgan el rápido crecimiento de las escuelas y universidades privadas, como en el caso de Kenya y Uganda, donde antes de ser acreditados se ponen en funcionamiento con infraestructuras inadecuadas y docentes no calificados, lo que lleva a su cierre.

Irina Bokova, directora general de la Unesco, consideró que los gobiernos, escuelas, docentes, padres de alumnos y organismos privados son todos ellos responsables de la educación. Rendir cuentas atañe tanto a la forma en que los profesores enseñan y los alumnos aprenden como al modo de actuar de los gobiernos.

El reporte hace una serie de llamados a las autoridades, como elaborar reglamentaciones fiables y eficaces para escuelas públicas y privadas, la participación democrática, respetar la libertad de análisis e investigación sobre las temas de educación, entre otros.

Además, el documento hace énfasis en la falta de responsabilidad de los donantes que no cumplen los compromisos contraídos con los países necesitados de ayuda, pues el porcentaje de apoyo multilateral o bilateral a la educación disminuye desde hace seis años.

 

 

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