USAID admite que desde 2017 ha entregado 467 millones de dólares a la oposición venezolana

Parte del dinero fue destinado al autoproclamado presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato, bajo el concepto de "ayuda humanitaria".

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de "ayuda humanitaria", según reconoce el organismo en su sitio web oficial.

Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para "ayudar" a Guaidó y la Asamblea Nacional en desacato "a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia".

En el documento, publicado en diciembre, la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para "compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia".

El informe, titulado "USAID en Venezuela", aclara que el organismo "no transfiere fondos" directamente a la "administración de Guaidó", sino que "se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación". No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.

Ya en septiembre del año pasado,  la agencia estadounidense informó que entregaría 52 millones de dólares para apoyar al líder opositor, con el fin de "restaurar la gobernanza democrática" en el país sudamericano. 

Los fondos no aparecen

El pasado 29 de noviembre, el exembajador designado por Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, acusó al "entorno" de Guaidó por irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la ayuda humanitaria. "Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor, mal manejo de recursos, doble facturación, facturación ficticia", afirmó.

Asimismo, en diciembre el portal Armando.info denunció la supuesta participación de once parlamentarios opositores en una "trama de corrupción para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos, entre los que se encuentran tres del partido político de Guaidó (Voluntad Popular).

Estas acusaciones mutuas de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos fue lo que contribuyó a acelerar la fractura a lo interno de las filas opositoras, que devino en el nuevo conflicto legislativo que se vive en Venezuela, donde dos sectores del antichavismo se atribuyen la presidencia del Parlamento.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que Guaidó "maneja millones de dólares" de los fondos bloqueados por EE.UU. a Venezuela, que son usados por el parlamentario opositor para impulsar sus planes "terroristas" en el país.

Publicado: 16 ene 2020 23:53 GMT

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Viernes, 10 Enero 2020 09:51

El contragolpe de Juan Guaidó

El contragolpe de Juan Guaidó

Juan Guaidó, cuyo liderazgo venía desfigurándose, ha logrado dar un vuelco a la situación coyuntural y revertir su desplazamiento, al menos temporalmente. Venezuela vuelve a la actualidad después de meses de permanecer en un segundo plano en una región convulsionada.

 

Este 7 de enero, Juan Guaidó ha retornado al palacio Legislativo y ha jurado como presidente [del Parlamento venezolano] para un nuevo período legislativo. Esto ocurre dos días después del nombramiento en el mismo cargo, del diputado Luis Parra, también opositor. ¿Qué pudo ocurrir para que llegara esta compleja situación, sobre todo cuando Venezuela llevaba meses alejada de la resonancia conflictiva mundial?

En medio de empujones con la Guardia Nacional y un performance agresivo, Guaidó logró penetrar las alcabalas militares que impedían su ingreso a la Asamblea Nacional, siendo juramentado por una plenaria de la cual no se conoce con exactitud el quórum. La sorpresiva acción puede implicar un reavivamiento de la política venezolana y genera nuevas expectativas en el campo opositor. Después de obtener un control casi total en las fuerzas armadas y en las calles de Venezuela, el Gobierno da un paso en falso en su afán de controlar el poder Legislativo, único poder dominado por la oposición.

La forma en la que intentó hacer a un lado a Guaidó y a la mayoría opositora —con la utilización de la fuerza militar para limitar el acceso al Parlamento a algunos diputados, con el incumplimiento de las reglas mínimas para sesionar y la censura de la información de medios públicos y privados— está provocando, hasta ahora, una derrota parcial para el chavismo en diversos campos. Guaidó, cuyo liderazgo venía desfigurándose, logró dar un vuelco a la situación coyuntural y revertir su desplazamiento, al menos temporalmente.

A pesar del acontecimiento del 7 de enero, una posibilidad real de cambio en las esferas políticas no parece estar planteada hoy, puesto que los factores de poder que sostenían el simulacro de presidencia de Guaidó parecen más debilitados. Estados Unidos ha privilegiado a Irán en la agenda geopolítica. La oposición confronta una división que parece ineludible. Los gobiernos de avanzada contra Venezuela, como Colombia y Chile, están envueltos en graves conflictos. Los organismos internacionales vieron en 2019 cómo el Gobierno peruano cerró el Congreso y cómo al presidente de Bolivia, Evo Morales, después de ganar elecciones, le dieron un golpe de Estado. Todo parece indicar que si no pudieron contra Maduro en 2019, en 2020 ya será tarde.

Pero la política es imprevisible y el contragolpe de Guaidó puede revivir la política en Venezuela. Para poder explicar la situación, narramos los acontecimientos de esta semana.

5 DE ENERO: OPOSITOR DISIDENTE SE JURAMENTA COMO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CON LOS VOTOS DEL OFICIALISMO

Para ese día, lo planificado por la “presidencia interina” era que Juan Guaidó dirigiera el debate parlamentario, llamara al pleno a votación de la nueva directiva y pudiera conseguir los 84 votos necesarios, que estaban en entredicho debido a las escisiones y rupturas internas que han acontecido en la oposición entre otras cosas por los escándalos de corrupción y, según los dirigentes de oposición, debido al soborno de diputados opositores por parte del oficialismo.

Un cordón de la Guardia Nacional permitió la entrada de todos los diputados menos Guaidó. Mientras los diputados opositores estaban esperándole en el hemiciclo, de manera intempestiva comenzó la sesión con los nuevos directivos ya posicionados y una elección relámpago convocada por un secretario legitimado desde el partido de Gobierno en la que se contaron 81 votos según diputados oficiales, y una juramentación en medio de empujones y desorden en la plenaria.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional electo en esta situación era el diputado Luis Parra, que viene de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles y Julio Borges, y su terna fue presentada por una articulación de diputados opositores disidentes que ha venido en crecimiento desde que se instaló, hace meses, una mesa de negociación entre el Gobierno y un ala moderada de la oposición confrontada con Guaidó.

Por su parte, Guaidó y el grueso de los diputados opositores se dirigieron esa tarde a un viejo edificio, sede de un conocido medio opositor, El Nacional, y desde allí eligieron a una nueva junta directiva del parlamento presidida por Guaidó. Según sus cuentas, fueron 100 diputados quienes lo reeligieron.

Hasta allí todo era previsible. El Gobierno de Maduro contaba con un nuevo panorama nacional e internacional que le permitía sacarle la silla a quien se autonombró presidente de la República con el aval de Estados Unidos y más de 50 países. Pero eso fue a comienzos de 2019. En 2020 hay cambios importantes. El conflicto con Irán tiene muy ocupado a Estados Unidos, muchos países de América Latina que impulsaron a Guaidó tienen crisis internas que le impiden generar acciones internacionales y las cartas que ha puesto sobre la mesa la coalición opositora y sobre todo Estados Unidos, han venido fracasando estruendosamente en su objetivo de sacar a Maduro del poder.

Parecía muy fácil sacarle la silla a Guaidó bajo estas nuevas condiciones pero la situación, dos días después, se complicó.

7 DE ENERO: GUAIDÓ RETOMA EL PALACIO LEGISLATIVO 

Juan Guaidó y los diputados opositores se presentaron en la entrada de la Asamblea Nacional. Después de forcejear con la Guardia Nacional que filtraba los accesos al Parlamento, pudieron entrar de forma inesperada para los diputados disidentes que sesionaban junto con los oficialistas, al parecer sin el quórum necesario.

Una vez dentro de la sede juramentaron nuevamente a la junta directiva presidida por Guaidó. Según algunas fotografías, tampoco parecían tener quórum. A los disidentes se les vio correr fuera del hemiciclo.

A pesar de que lo que sobresale es la incapacidad de ambos bandos de generar solidez a la institucionalidad parlamentaria, esta toma intempestiva revierte el momento de máxima debilidad de la oposición y especialmente de la figura de Guaidó y genera consecuencias adversas para el chavismo en varias esferas de interés.

CONSECUENCIAS DE LA PUGNA ENTRE PODERES

Por primera vez el chavismo acusa recibo de un contragolpe efectivo. De una manera inexplicable han quebrado sus defensas. ¿O ha habido negociación para permitir nuevamente la entrada de Guaidó? Se deja colar en el ambiente opositor la idea de que el Gobierno puede ceder y es derrotable, algo que nadie creía desde hace algunos meses. Y de que la misma toma que ocurrió en el palacio Legislativo podría pasar, a pocas cuadras, en el palacio de Miraflores, sede del ejecutivo. La oposición siempre peca de sobredimensionar sus triunfos parciales, aunque esta vez, ciertamente logró volcar la situación.

Dentro de la oposición, el contragolpe de Guaidó ha generado entusiasmo y ha unido sectores que, hasta hace horas, se enfrentaban agónicamente.

En las pocas horas de los acontecimientos, Guaidó alcanzó a pedir a Voluntad Popular, su partido, que lo liberara de la militancia como forma de responder a la presión de los sectores que vienen confrontando a su líder Leopoldo López. El partido accedió y esto permitió, en parte, recomponer la mayoría parlamentaria.

Guaidó es hasta los momentos el gran triunfador de las jornadas porque condujo la toma del palacio y agregó un performance agresivo que le permitió cautivar nuevamente a los más radicales. Sin duda ha tomado un nuevo aire con esta acción.

En el plano internacional, la acción del 5-E ha producido una ruptura profunda entre el gobierno de Maduro y los gobiernos progresistas que están tomando posiciones en América Latina. Especialmente agresivas han sido las palabras entre el canciller argentino y sectores del Gobierno venezolano. Pero México y España también han condenado la acción. El 5-E está produciendo un mayor aislamiento político en el gobierno de Maduro, quien ha expresado su deseo de establecer alianzas con el nuevo ciclo de gobiernos progresistas que apenas comienza.

La tardanza del Gobierno en calificar y explicar el hecho de la toma de la Asamblea por parte de Guaidó aumentó la incertidumbre. No hay claridad de cómo va a reaccionar ante el hecho y si va a seguir reconociendo a Luis Parra y la directiva escogida el 5 de enero.

Toda esta confusión puede tener un final feliz. Este año deben convocarse, por mandato constitucional, las nuevas elecciones legislativas. Al oficialismo podría interesarle incluso que ocurriera en el primer trimestre del año para fomentar la división opositora entre los abstencionistas y los que llaman a participar. Antes de terminar el año pasado, la oposición amagó con asistir a los comicios cuando formó, junto al oficialismo, un comité para preparar la nueva designación del Consejo Nacional Electoral. Los acontecimiento del 5 y 7 de enero pueden tender a acrecentar la tendencia radical y abstencionista de la oposición y en consecuencia y paradójicamente, a dejar el poder legislativo en manos del chavismo.

En todo caso, el intento de desplazar a Guaidó parece haber sido un error de cálculo de la dirigencia chavista, innecesario a todas luces debido a la proximidad de unas nuevas legislativas cuya convocatoria puede permitirle recuperar la iniciativa rápidamente.

Por OCIEL ALÍ LÓPEZ

SOCIÓLOGO, ANALISTA POLÍTICO Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CARACAS (VENEZUELA)


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2020-01-09 10:34

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Puigdemont huye de Finlandia para evitar que lo extraditen

Mientras en Barcelona el Parlamento catalán era un polvorín político, con el presidente de la Cámara haciendo un llamado público para hacer un "frente común" para combatir la "represión" del Estado español, en el norte de Europa –en concreto, en Finlandia– se ignoraba el paradero del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra quien hay una orden de búsqueda y captura internacional desde el viernes. Cuando el juez español del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llanera, reactivó la euro orden de detención en su contra, el ex mandatario catalán se encontraba en Helsinki dando una conferencia, pero al terminarla salió del país de forma furtiva para evitar la extradición. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, informó que su representado comparecerá ante la justicia de Bélgica "en los próximos días", y no dio más detalles.

El día después de una de las jornadas más duras para el independentismo catalán también estuvo marcado por la incertidumbre, el enfrentamiento y la indignación ante los hechos de las pasadas 48 horas.

El bloque soberanista, sólo un día después de no haber logrado alcanzar un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Turull, ex consejero de Puidgemont, se enfrentó a detenciones y órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

Actualmente la justicia española tiene abierta una causa general contra los impulsores del proceso de secesión unilateral del pasado 26 de octubre con una declaración "simbólica" que provocó, por un lado, la huida de Puigdemont a Bélgica por el temor a ser detenido y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la toma del control de las instituciones catalanas por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy.

Llarena inició una instrucción en la que actualmente tiene a nueve líderes independentistas en la cárcel, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el aspirante a presidir el gobierno tras los comicios del pasado 21 de diciembre, Jordi Turull, y a otras siete personas que participaron ya sea en el gobierno o en las plataformas civiles afines al proceso de separación del Estado español. Además, hay órdenes de detención internacional contra seis más, incluidos Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien huyó el viernes a Suiza.

Suspenden votación

El Parlamento catalán tenía previsto celebrar ayer el segundo debate de la investidura, pero al estar detenido el candidato Turull, además de otros diputados que tenían previsto participar en el mismo, finalmente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, suspendió la votación y el pleno, y a cambio propuso celebrar una sesión simbólica en la que cada grupo fijara su posición política ante una de las crisis más serias en las instituciones catalanas de las últimas décadas. Los diputados independentistas se mostraron tristes y abatidos, en lo que definieron como una de las “épocas más oscuras y "tristes" de la historia, en la que "el Estado español nos ha escupido a la cara".

Miles de personas denunciaron ante las oficinas públicas del gobierno español en la región la "represión" y la falta de garantías de una justicia transparente. Torrent explicó que es necesario "denunciar que los poderes del Estado impiden" la expresión de los diputados electos.

La primera en tomar la palabra fue Inés Arrimadas, como líder la primera fuerza del Parlamento, Ciudadanos. Lamentó que se haya llegado a una situación de enfrentamiento, en la que los propios diputados catalanes ni siquiera son capaces de saludarse en los pasillos del hemiciclo, y responsabilizó a los independentistas de la situación de incertidumbre de los catalanes.

Una vez fijada la posición de la fuerza hegemónica del unionismo tomó la palabra Sergi Sabriá, actual cabeza de ERC ante la huida de Rovira, quien llamó a los secesionistas a desvincularse de una vez por todas de "una España represiva y corrupta".

El grupo del derechista Partido Popular (PP) decidió abandonar el pleno y no participar de un acto que consideraron "de parte".

Una vez terminado el debate, el presidente del Parlamento realizó un acto público con las fuerzas independentistas, a la que se unió la marca electoral de Unidos Podemos en la región –Cataluña en Común– para hacer un llamamiento para que se forme un "frente democrático" para responder a las medidas "represivas" que está imponiendo el Estado español. Es una respuesta que, advirtió, "deber ser cívica, pacífica, pero sobre todo política".

 

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Hoy el Parlamento catalán se reúne para convocar el Pleno que solicitó Carles Puigdemont tras recibir la noticia de la intervención.

 

Puigdemont ultima la respuesta a la aplicación del artículo 155 que suspende el autogobierno de Cataluña. Antes del viernes podrá confirmar la declaración de la independencia o convocar a elecciones para evitar que Rajoy tome el control de la región.

 

Cómo evitar que Mariano Rajoy se haga, en menos de una semana, con el control de todo en Cataluña. Este es el reto que tiene el gobierno de Carles Puigdemont sobre la mesa desde que este sábado el Ejecutivo central decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de la región. El próximo viernes es la nueva fecha límite: ese día el Senado prevé aprobar las medidas con las cuales el Partido Popular (PP) pretende destituir al presidente, el vicepresidente y los consejeros de la Generalitat, recortar severamente las funciones del Parlamento catalán y asumir el control de la economía, la policía y los medios de comunicación públicos.

“El artículo 155 sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba”, sentenció Rajoy al anunciar la decisión más drástica de su mandato y, posiblemente, de los últimos 40 años de democracia en España. El presidente sabe que el Senado lo aprobará porque precisamente es el único espacio institucional en el que su partido goza todavía de mayoría absoluta, sin embargo, el propio documento que el Consejo de Ministros propuso este sábado especifica que “el gobierno de la Nación podrá anticipar el cese de estas medidas si cesasen las causas que lo motivan”. Esas “causas” son la declaración de la independencia en Cataluña y sus promotores, por lo cual aún queda la posibilidad de parar la maquinaria de disolución del autogobierno tanto si Carles Puigdemont se decide a convocar elecciones antes de que sea Mariano Rajoy en su rol de gobernador provisional quien lo haga, como si resuelve proclamar oficialmente la República catalana.

Hoy el Parlamento catalán se reúne para convocar el Pleno que solicitó Puigdemont tras recibir la noticia de la intervención de la autonomía con el objetivo de decidir la respuesta al 155 y “que se actúe en consecuencia”, tal como proclamó en su comparecencia oficial del sábado. Fuentes del govern apuntan a que esa sesión podría ser el viernes, en coincidencia con la votación en Madrid de las medidas de intervención. Pero lo único confirmado es que el líder independentista no piensa consentir lo que considera como “el mayor ataque al autogobierno desde los tiempos de Franco”, aunque nadie sepa exactamente cómo cristalizará esa resistencia.

Sólo dos voces del equipo de Puigdemont se hicieron públicas tras el anuncio de la aplicación del artículo 155, la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el mismo sábado precedió la declaración del presidente catalán calificando las medidas de Rajoy de “golpe de Estado de facto” y advirtiendo que “en ningún caso habrá un paso atrás”; y la del Consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, quien aseguró en una entrevista a la radio local RAC1 que la convocatoria de elecciones autonómicas por parte del president “no está sobre la mesa” y que “esta semana será de decisiones”.

El portavoz del gobierno catalán anticipó con estas declaraciones el descarte de una de las opciones que en las últimas horas fue ganando más adeptos, sobre todo entre la prensa local y de izquierdas y algunos partidos como el de Ada Colau o los socialistas de Cataluña (PSC). La alcaldesa de Barcelona afirmó ayer desde París que “unas elecciones convocadas por el Estado, bajo el manto de la intervención estatal de las instituciones catalanas, no serían una solución a la situación actual”. Para ella, los comicios deberían ser convocados en un clima de normalidad, sin la suspensión de la autonomía pero sin una declaración de independencia.

Contra la proclamación unilateral de la separación de España también están de acuerdo por unanimidad los socialistas de punta a punta del país, aunque con respecto a la decisión de intervenir Cataluña que su secretario general, Pedro Sánchez, tomó junto a Mariano Rajoy y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, el consenso ya no es el mismo. En el seno del PSC cuatro destacados alcaldes firmaron un comunicado para pedirle a la organización que no apoye la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque “la suspensión de la autonomía y del Parlament traerán consecuencias irreparables”. Una de ellos, Núria Parlon, intendente de Santa Coloma de Gramenet, dimitió incluso de su cargo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tras el respaldo de su partido a las medidas anunciadas por la Moncloa.

También se plantaron con determinación en contra de la toma de control por parte del gobierno central de los medios de comunicación públicos catalanes los consejos profesionales de TV3 y Catalunya Ràdio. En el caso de la radio local aseguraron que si el Ejecutivo de Rajoy nombra un nuevo director, “no tendrán más remedio que no reconocer su autoridad”. Desde los medios públicos catalanes se rechaza que se les advierta que, a partir de la intervención estatal, “la Generalitat garantizará la transmisión de información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, también el equilibrio territorial”, cuando los propios trabajadores de Televisión española (TVE) denuncian la manipulación de sus informativos.

La valoración de las medidas drásticas que Rajoy anunció este sábado para suspender la autonomía catalana y ser él mismo quien convoque a elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses escandalizó al gobierno de Puigdemont, a las organizaciones independentistas, a los partidos soberanistas como Podemos o BCNenComú –la formación de Ada Colau– y al conjunto de la prensa catalana –próxima o no a la Generalitat y la causa secesionista– pero generó aplausos entre PP, PSOE, Ciudadanos y los diarios de mayor tirada nacional. “El gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña”, es el titular que encabezó la tapa del domingo de El País, mientras que El Mundo se refirió a la aplicación del 155 como una “devolución de la legalidad”, en consonancia con las últimas palabras del rey Felipe VI que considera que “España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión y resolverlo por medio de sus legítimas instituciones democráticas”.

A lo largo de esta semana la pulseada entre ambas concepciones de la democracia seguirá jugándose, con resultados impredecibles. Por un lado, la Constitución y su defensa hasta las últimas consecuencias; por otro, el derecho inapelable de un pueblo a la soberanía.

 

 

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Luego de 12 años en el poder, Ángela Merkel seguirá siendo la canciller y cabeza política de Alemania.

 

Por primera vez desde la derrota del nazismo, la extrema derecha ingresa al Parlamento alemán

La canciller alemana se impuso con menos votos, los socialdemócratas quedaron en segundo lugar y los ultras como tercera fuerza.

 

Mientras miles de atletas corrían la 43ª edición de la Maratón de Berlín a pesar de la llovizna y el frío que marcan el fin del verano berlinés, otros tantos millones de alemanes que viven en la capital germana no se olvidaron de su compromiso democrático y fueron a votar definiendo así el parlamento que regirá durante el próximo período de 2017 a 2021. Los números, aunque provisorios, sorprendieron a todos: por primera vez desde la derrota del nazismo la ultraderecha ingresa al parlamento con un sorprendente 13%, restándole votos al partido de Ángela Merkel (CDU) que llegó a una victoria eclipsada del 32,9. Los socialdemócratas también bajaron quedando en un segundo lugar con el 20% y los liberales (FDP) en el cuarto con el 10,6. El único porcentaje que se mantuvo similar desde las últimas elecciones parlamentarias en el 2013 fue el de abstención al voto (un 30% de la población no se acercó a votar).

Pasadas las medianoche, con casi el 50% de los votos escrutados, el partido cristianodemócrata (CDU) logró un resultado menor al que anticipaban las encuestadoras y casi diez puntos por debajo del porcentaje obtenido en las últimas elecciones de 2013. Con el 20% el partido socialdemócrata (SPD), al mando de Martin Schulz, consistentemente con los pronósticos quedó en segundo lugar pero también con menos puntajes que la elección anterior. El tercer puesto, codiciado por todo el resto, lo obtuvo el partido populista de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) con un histórico 13%. Los liberales entraron cuartos con un poco más del 10%, la izquierda y el partido Verde se ubicaron en el quinto y sexto lugar con un 9% y 9,1% respectivamente. El parlamento alemán tendrá que enfrentarse a un colorido panorama, pues ninguna fuerza se quedó afuera y la CDU tendrá que lograr, en los próximos 30 días, una coalición que represente más del 50% de los votos para formar un gobierno.

Luego de 12 años en el poder, Ángela Merkel seguirá siendo la canciller y cabeza política de Alemania, pero sabe que los años que vienen no serán iguales a los pasados. En la sede de su partido federal (Bundesparteizentrale), la reelecta canciller recalcó enfrente de los integrantes de su partido la responsabilidad de haber estado en el gobierno ininterrumpidamente durante tantos años y reconoció la actual situación: “tenemos por delante un gran desafío: la AfD ha entrado en el parlamento alemán y debemos recuperar a quienes votaron esa fuerza para continuar siendo un país justo y social. Esta tarea nos pide que mantengamos la unión y trabajemos para tener una Europa fuerte. Para lograrlo, debemos combatir la inmigración ilegal, pero también las razones por las cuales está inmigración es creada en los países de donde provienen los inmigrantes. Debemos encontrar formas legales de ayudar y acoger a los refugiados para garantizar la seguridad y vivir en un país próspero y libre”.

A pesar de la victoria, nadie celebraba y la mandataria alemana sabe que el desafío de formar una coalición que eclipse el triunfo de la ultraderecha es fundamental. La estrategia favorita es la llamada “coalición Jamaica”, debido a los colores representativos de los partidos: negro (CDU), amarillo (FDP) y verde (Alianza 90/Los Verdes). Si se logran poner de acuerdo y formar un gobierno entre ellos, el SPD quedará como primera fuerza opositora dentro del parlamento.

Sin embargo, si se mantuviese la coalición actual de los dos partidos con mayor porcentaje “Negro (CDU)/Rojo (SPD)”, significará darle a la extrema derecha el privilegio de ser la primera fuerza opositora. Christian Lindner, cabeza del partido liberal sabe que esto no es bueno: “¿Un porcentaje más o menos para la Unión (CDU)? Eso no hace ninguna diferencia. Pero un punto porcentual más en la lucha por el tercer lugar entre el AfD y el FDP, ¡lo cambia todo!” A pesar de los desconcertantes resultados electorales todavía queda un mes de negociaciones que serán fundamentales.

 

 

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Domingo, 02 Julio 2017 05:47

La orquesta del Titanic

La orquesta del Titanic

Dice el reglamento de la Cámara de Diputados que para que se realice una sesión formal es necesario contar con la presencia de al menos 51 de sus 513 integrantes.
El pasado viernes se registró algo insólito: a la hora prevista, un único y solitario diputado firmó el registro de presencia. Y, más insólito aún, al no haber sesión el caballero tuvo que regresar a su actual domicilio, la cárcel Papuda, en los alrededores de Brasilia, donde se encuentra gracias a un juicio por corrupción. Ha sido la primera vez que Celso Jacob, del mismo PMDB del presidente Michel Temer, pudo disfrutar de su nueva condición, la de “detenido en domicilio”, autorizado por un tribunal a ausentarse del presidio para trabajar durante el día y regresar a la noche para dormir en su celda. El viernes, su paseíto en libertad terminó temprano.


Otra ironía más: de haberse realizado, sería la primera de las diez sesiones de la Cámara en que Michel Temer –el primer presidente de la historia de la República en ser denunciado por corrupción, obstrucción de la justicia y asociación ilícita en pleno ejercicio de sus funciones– podría presentar su defensa.


El grado de confusión en que está Brasil permite un sinfín de incidentes que serían cómicos en otra situación que la del descalabro total en que nos encontramos. Un día antes, se anunció formalmente que Michel Temer no participará de la reunión del G20, el grupo integrado por las veinte mayores economías del mundo. Luego del desastre que fue su viaje a Rusia y Noruega, es como si Temer hubiese preferido evitar nuevas sesiones de vejamen internacional.


Primero, Temer puso en su agenda oficial que iría de visita a la antigua Unión Soviética. Por si fuera poco, hizo alarde de los estupendos resultados de sus encuentros con empresarios soviéticos. Como no trajo ningún acuerdo concreto, se entenderá que si con los empresarios soviéticos las reuniones fueron exitosas, con los rusos han sido un desastre.


En Noruega, tuvo que poner cara de paisaje al escuchar la primera ministra Erna Solberg exteriorizar su preocupación personal por la corrupción en Brasil. En seguida supo que el país nórdico había recortado por la mitad su presupuesto destinado a ayudar a la preservación de la floresta Amazónica, frente al creciente avance de los destructores de la selva.


Para argumentar que no todo era un desastre, Michel Temer anunció en una rueda de prensa –en la cual había un único periodista noruego entre sus colegas brasileños– que sería recibido aquella noche por el rey de Suecia. Alguno de sus asesores podría haberle explicado en qué país se encontraba...


De regreso a Brasilia, fue recibido con la denuncia formal y arrasadora enviada por el fiscal-general de la Unión, Rodrigo Janot, al Supremo Tribunal Federal, que la aceptó. Mejor dicho, con la primera de tres denuncias: las otras dos serán presentadas en los próximos días.


Para que se abra el juicio a Temer será necesaria la autorización de la Cámara de Diputados, como establece la Constitución.


Temer tiene poquísimo tiempo para lograr el respaldo suficiente para que el pedido de apertura de juicio sea rechazado por la Cámara. Su única arma disponible es firmar nombramientos y liberar dinero para sus ínclitos aliados. Hay, sin embargo, obstáculos: el creciente rechazo de la opinión pública a un presidente cuya aprobación, siete por ciento, es la menor de los últimos 28 años. Como en 2018 se realizarán elecciones generales, el desgaste que los señores parlamentarios sufrirán al impedir que se enjuicie a un presidente que está metido hasta las narices en comprobados escándalos de corrupción, provoca dos efectos. Primero, elevar y mucho el precio de su lealtad. Y el segundo, más temido por Temer, es que alienta la posibilidad de una oleada de abandonos.


Frente a esa situación, lo que se observa es un gobierno rechazado por la aplastante mayoría de los brasileños, y cuya única función es la de intentar mantenerse aferrado en su palacio.


Temer sabe que si renuncia o es expelido del sillón presidencial su destino inmediato será la barra de los tribunales de primera instancia. No solo él: también muchísimos de sus ministros, en especial los de su círculo más íntimo.


Mientras se intensifican rumores de que el grupo de Temer estaría negociando intensamente una especie de “acuerdo de supervivencia” que resultaría en una especie de perdón judicial si renuncia de manera espontánea, el país está virtualmente paralizado.


Bueno, la verdad es que ni tan paralizado: los índices de la economía se mueven, pero para bajo. Ahora mismo, mientras Temer se retuerce para lograr una salida jurídica, su inefable e inevitable ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, admite que se revisó la previsión de crecimiento económico. Si antes era de 1% este año, ahora es de 0,5%.
Pero economistas y analistas, se trata de otra exageración de Meirelles: dicen que difícilmente se podrá evitar otro año de crecimiento negativo.


Cada vez más, el sonido de las palabras de Temer y compañía se parece a la música ejecutada por la orquestra del Titanic mientras el barco se hundía.

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El Parlamento de Venezuela acusa a Maduro de dar un "golpe de Estado" y pide la intervención del Ejército

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha asumido las "competencias parlamentarias" de la Asamblea Nacional al acusarla de desacato. La oposición anuncia movilizaciones y la OEA considera que es un "autogolpe de Estado".


El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un "golpe de Estado" por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que arrebata a la sede legislativa sus poderes y ha urgido a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a responder.


El TSJ ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional por considerar que sigue en "desacato" y lo ha hecho a través de un fallo en el que autoriza a Maduro a constituir empresas mixtas sin control parlamentario.


Borges ha calificado esta sentencia de "basura" y ha anunciado que el Parlamento la desoirá porque "los diputados están obligados a desconocer cualquier sentencia que viole la Constitución y las leyes". "Es nula", ha sostenido.


El líder opositor ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda "concentrar todo el poder en sus manos" para "hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana".


El objetivo inmediato, ha subrayado, es "evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras". "Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano", ha denunciado.


A este respecto, Borges ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se trata de negocios jurídicos "nulos" porque se basan en una sentencia "nula" y que serán "desconocidos" cuando, "más pronto que tarde", haya un cambio de Gobierno en Venezuela.


"Estamos ante un golpe de Estado con todas las letras", ha aseverado y ha advertido a los magistrados del TSJ de que "no van a salir impunes" porque la Asamblea Nacional "va a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela" y en "todas las instancias internacionales".


Convocan a acciones de calle


Borges ha criticado además que se trata de "una sentencia contra el pueblo venezolano" porque con ella las autoridades pretenden "pasar por encima" de la voluntad de cambio expresada en las elecciones parlamentarias de 2015, que dieron la mayoría a la oposición. "Creen que van a seguir negando la realidad de pobreza, de hambre, de violencia que tiene el país (...) Maduro cree que desconociendo la Constitución va a salvarse de la decisión de cambio del pueblo venezolano (...) pero el mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela", ha dicho.


"Lo único que le queda es el miedo" y por ello ha llamado a los venezolanos a "ponerse de pie". "Y así lo haremos, convocamos a acciones de calle y esperamos que el pueblo nos acompañe", ha pedido el jefe parlamentario.


"No podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada", ha añadido. Para Borges "no puede seguir silente, no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución", por lo que ha hecho un llamamiento a los militares "para que sean los primeros guardianes de la democracia y se conviertan en parte de la solución".


El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ha recordado en este sentido que los artículos 333 y 350 "facultan y ordenan a desconocer cualquier acción o régimen ilegítimo y arbitrario" y ha instado a los venezolanos a "organizarse" para que "no sea una mera declaración".


"Debemos articularnos --oposición, pueblo, diputados y sectores sociales-- a fin de hacer valer nuestra Carta Magna y hacer imposible de ejecutar y obedecer toda decisión inconstitucional que emane del TSJ en este momento en el que las acciones del Gobierno, junto a su brazo judicial, violan la Constitución de forma descarada", ha señalado.


La OEA lo tacha de "autogolpe de Estado"


El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tachó de "autogolpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado ahora por la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado.


"Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia", agregó el Almagro.


Capriles: "Se ha dado un 'Madurazo'"


El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles ha denunciado que en su país se ha dado un "Madurazo" y pidió a la OEA que convoque "de emergencia" a su Consejo Permanente. "Lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (...) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma", advirtió Capriles durante una rueda de prensa en Bogotá.


Por su parte, la también líder opositora María Corina Machado ha considerado que, ante este "golpe de Estado formal y declarado", la Organización de Estados Americanos (OEA) "debe hacerse respetar y actuar ya".


El Consejo Permanente de la OEA se reunió el pasado martes para discutir el informe sobre Venezuela del secretario general, Luis Almagro, que pide activar la Carta Democrática contra el país para suspenderle como miembro hasta que recupere la normalidad democrática.


"Los países de la OEA tienen la obligación de acompañarnos", ha sostenido y ha urgido a activar la Carta Democrática y a que los venezolanos, incluidos los militares, se unan en las calles hasta propiciar la caída del Gobierno de Maduro."


"Hoy, la aplicación de la Carta democrática se justifica plenamente. Hay una ruptura del orden constitucional ¡Estamos en dictadura!", ha defendido, por su parte, Lilian Tintori, mujer del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.


El gobierno niega el golpe de estado


El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, ha negado que se haya producido un golpe de estado y ha anunciado que se tomarán acciones diplomáticas ante las injerencias de los gobiernos regionales. "Venezuela repudia los gobiernos de derechas que atentan contra el estado de derecho y el orden constitucional" ha puntualizado la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.


En un comunicado, emitido desde la cancillería del gobierno, se ha querido explicar la situación política que el país vive, argumentando que las instituciones venezolanas "han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones".

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Viernes, 31 Marzo 2017 06:31

La primera condena al golpista Cunha

La primera condena al golpista Cunha

Eduardo Cunha sabe lo suficiente para diezmar prácticamente todo el sistema político brasileño, muy especialmente a los dos principales partidos responsables de la salida de Rousseff: el PSDB y el PMDB. Temen que hable.


Preso desde octubre del año pasado, reo en dos juicios e investigado en otras cinco causas, Eduardo Cunha, el ejecutor del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff cuando presidía la Cámara de Diputados, recibió ayer su primera sentencia: fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel.


Pocas horas después difundió, a través de sus abogados, duras críticas al juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la ‘Operación Lavado Rápido’ (Lava Jato), acusándolo de actuar como ‘justiciero político’. Sus abogados también criticaron la rapidez con que se firmó la sentencia: los alegatos finales de la defensa fueron presentados al anochecer del pasado lunes, y en menos de 72 horas el juez anunció su decisión.


Ahora se considera que, condenado, Cunha deberá decidirse por algo que es la pesadilla de los medios políticos brasileños: un acuerdo de ‘delación premiada’, cuando un investigado o denunciado cuenta lo que sabe a cambio de reducción o anulación de la sentencia.


Sin embargo, a estas alturas ejecutivos de grandes empresas de construcción ya contaron todo (o casi todo) lo que había para contar, y tanto el Ministerio Público como la Policía Federal están más exigentes en relación a lo que podrá o no interesarles.


Ocurre que, notorio corrupto y corruptor, Cunha sabe lo suficiente para diezmar prácticamente todo el sistema político brasileño, muy especialmente los dos principales partidos responsables por el golpe que él condujo contra Dilma Rousseff, su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el de los principales artífices del movimiento golpista, el senador Aécio Neves y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
El PMDB y algunos de los principales dirigentes del PSDB, a empezar por el mismo Aécio Neves, ya están bajo bombardeo implacable de otros que recorrieron a la ‘delación premiada’. La gran carta que Cunha puede sacar de la manga son denuncias contra Michel Temer, y eso parece no interesar a ninguno de los responsables a cargo de una investigación salpicada por irregularidades y gestos del más puro arbitrio. Hasta un juez inquisitorial como el provinciano Sergio Moro, que atropella nociones fundamentales del derecho día sí y el otro también, ha dado estridentes muestras de que alcanzar a Temer, ni pensar.


Pese a todo, el otrora todopoderoso diputado, que llegó a controlar una bancada de alrededor de 150 colegas, sigue siendo una bomba de poder destructivo devastador, y lo sabe muy bien. Dio robustas - y atrevidas - pruebas de hasta qué punto puede ser amenazador cuando eligió, como uno de los testigos de su defensa, al presidente Michel Temer, a quien presentó una lista de 41 preguntas, de las cuales el juez Moro, en otra de sus peculiares y raras interpretaciones de los limites existentes a un magistrado, censuró 20. Curiosamente, las preguntas censuradas fueron filtradas a la prensa. En ellas, lo que Cunha pedía a Temer era que aclarase movimientos de algunos de sus amigos más allegados y auxiliares más poderosos, dejando claro que el actual presidente estuvo metido hasta bastante más que el cuello en negociados y serias irregularidades, especialmente en la recepción y distribución de coimas, sobornos y toda la amplia gama de correlatos que permean el Congreso.


En la causa que resultó en su primera condena, Cunha fue considerado culpable por haber recibido un millón y medio de dólares para fraudar un contrato de la Petrobras en Benin, en el continente africano. Comparada a las demás causas, suena a centavos: Cunha movilizó, a lo largo de una impunidad de años, cantidades muchísimo más sonoras.


Además, explota con una claridad luminosa que el golpe que destituyó a la mandataria legítimamente electa abriga, en sus entrañas, un pantano de lodo: el ejecutor fue condenado, uno de los principales artífices, el mismo Aécio Neves derrotado por Dilma Rousseff en 2014, está denunciado un sinfín de veces, el grupo que se adueñó del poder parece más un amontonado de bandoleros - al menos los nombres de nueve de los 28 ministros fueron enviados al Supremo Tribunal Federal con un pedido de investigación, de la misma forma que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, además del líder del gobierno en el Congreso.


Los esfuerzos conjuntos de los medios hegemónicos de comunicación, especialmente las Organizaciones Globo, del Ministerio Público, de la Policía Federal, del juez Sergio Moro, todo bajo el beneplácito de la corte suprema, hasta ahora lograron pasar a la opinión pública la imagen de que la corrupción era patrimonio casi exclusivo del PT de Lula da Silva.
Ahora, todo parece haber escapado de su control. Concretamente, en ese ajedrez los movimientos dependen casi exclusivamente de un grupo de jóvenes fiscales y un juez de provincias que se consideran investidos en poderes divinos.
Lo más curioso de todo eso es que Cunha no será juzgado por el más graves de sus crímenes: haber ejecutado el golpe que destituyó a una presidenta legítima e impuso un gobierno que está destrozando derechos sociales, laborales, entregando patrimonio público, en fin, destrozando el país.

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Miércoles, 18 Enero 2017 06:20

La pulseada vuelve a las calles en Venezuela

La pulseada vuelve a las calles en Venezuela

El oficialismo convocó a una movilización el próximo lunes como respuesta a la marcha de la MUD. "Que la oposición diga que quiere elecciones es problema de ellos", dijo Diosdado Cabello.

 

El número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó a una movilización el lunes como respuesta a la marcha anunciada por la oposición para el mismo día en un intento de relanzar su reclamo de elecciones anticipadas. El 23 de enero es una fecha emblemática en Venezuela: en 1958 cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y nació la llamada Cuarta República que llevó a cuatro décadas de alternancia en el poder entre dos partidos.
"Aquí no va a haber elecciones generales ni renuncia del presidente ni abandono del cargo; aquí, lo que va a haber es revolución; tampoco vamos a permitir la conspiración ni la violencia", afirmó Cabello en conferencia de prensa.


"Que la oposición diga que quiere elecciones es problema de ellos; el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo el anuncio de un cronograma pero todo está retardado por la insistencia de la oposición en hacer un referendo que no hubo”, sostuvo el diputado oficialista en referencia a las elecciones a gobernadores que de acuerdo con la Constitución debieron efectuarse en diciembre pasado y se aplazaron hasta mediados de este año.


Cabello llamó al chavismo a realizar el lunes "una gran movilización nacional con epicentro en Caracas". Dijo que será una marcha "alegre" y "de combate" para defender la revolución y al presidente Nicolás Maduro. Durante la manifestación se trasladarán los restos de Fabricio Ojeda, un guerrillero muerto hace 51 años, al Panteón Nacional donde descansan los despojos del libertador Simón Bolívar.


"El 23 de enero estaremos en la calle defendiendo la revolución; hemos hecho esfuerzos para que la oposición venezolana, pseudodemocrática, entienda que no nos vamos a dejar tumbar", añadió el dirigente chavista y precisó que la manifestación pasará frente al edificio de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral que desde hace un año tiene holgada mayoría opositora.


Para el lunes próximo también está convocada una gran manifestación callejera por parte de la MUD, con el objeto de reclamar elecciones generales anticipadas. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús "Chúo" Torrealba, propuso que la coalición opositora anuncie ese mismo día una reestructuración interna.


El antichavismo debe reformular su estrategia tras un período marcado por fuertes disensos internos por el diálogo con el gobierno iniciado en octubre y por las distintas estrategias para provocar la salida anticipada del chavismo del poder.


El gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles; la exdiputada María Corina Machado, y el primer vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara -coordinador nacional del partido Voluntad Popular (VP), del opositor encarcelado Leopoldo López-, han llamado a sus simpatizantes a participar en las manifestaciones.


Mientras tanto, los facilitadores del diálogo en Venezuela retomaron los contactos con el gobierno para intentar reactivar el proceso, congelado por la oposición que exige concertar en la mesa un adelanto de las elecciones presidenciales.


El diputado Timoteo Zambrano, delegado de la oposición en las negociaciones, dijo que el expresidente panameño Martín Torrijos estuvo en Caracas entre el lunes y hoy como parte de esas gestiones. "Son reuniones previas con el gobierno para ver qué propuestas traen. Con la oposición no se han reunido", señaló el parlamentario.


Agregó que este martes arribará a Venezuela el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el miércoles lo harán monseñor Claudio María Celli, enviado del papa Francisco, y el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.

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Miércoles, 14 Diciembre 2016 06:49

Se agrava el conflicto de poderes en Venezuela

Se agrava el conflicto de poderes en Venezuela

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, reanudó este martes el debate sobre la responsabilidad política del presidente socialista Nicolás Maduro en la aguda crisis del país, una medida que busca declararle en “abandono del cargo’’ y reaviva la tensión entre el legislativo y el ejecutivo.


“Retomamos el juicio político que debe terminar declarando la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la crisis del país. Es justo, es necesario, Maduro es el responsable directo’’, dijo el diputado Juan Pablo Guanipa al inicio del debate. El parlamentario aseguró que una vez declarada la responsabilidad política, el Legislativo continuar la revisión de los mecanismos constitucionales “que permitan, en el menor plazo posible, que Nicolás Maduro, por una decisión constitucional, una decisión democrática, salga definitivamente de la Presidencia’’.


Poco después de empezar el debate, la bancada oficialista se retiró del hemiciclo al considerar la sesión como “un golpe de estado’’. Pero la salida de Maduro del cargo mediante este proceso no parece viable. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió en noviembre a la Asamblea Nacional seguir esa discusión, considerando que el ''juicio político’’ (impeachment) no está contemplado en la Constitución. El tribunal consideró además que la cámara -controlada por la oposición- est en “desacato’’ por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude del oficialismo, y que por tanto decisiones son consideradas nulas.


La oposición había suspendido el juicio parlamentario a Maduro para facilitar el inicio del diálogo con el gobierno, el pasado 30 de octubre, pero hace una semana congeló las conversaciones por considerar que el chavismo incumplió los primeros acuerdos. El principal objetivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) era una salida electoral a la crisis, con la reactivación del proceso de referendo revocatorio contra el presidente -paralizado por el poder electoral el 20 de octubre- o el adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.


Pero sin que ninguna de esas dos posibilidades haya avanzado, la MUD retoma su ofensiva contra Maduro después de críticas internas y de los electores por participar en el diálogo, que el Vaticano y la Unasur –los facilitadores– tratan de reflotar.


A diferencia de las reuniones con el gobierno, al que algunos partidos de la MUD no asistieron, este debate parlamentario cuenta con el consenso de la bancada opositora, que podría declarar el “abandono del cargo’’ del presidente y su “falta absoluta’’, lo que espera lleve a su destitución.


Abogados constitucionalistas descartan la viabilidad legal de la propuesta opositora de destituir al mandatario. “Es una determinación de responsabilidad, que se considera una simple sanción moral. Si se aprueba, es una bofetada del Legislativo, pero no conlleva a la destitución del presidente’’, dijo a la AFP el abogado Pedro Afonso Del Pino. El experto explicó que solo el TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, puede enjuiciar al presidente por un delito.


No obstante, la aprobación de la responsabilidad política del presidente por la situación del país ''crearía una crisis institucional’’, pues Maduro “desconocería abiertamente’’ al Parlamento, consideró el especialista Tulio Alvarez.
Maniatada por la suspensión del referendo revocatorio por supuestos fraudes en la recolección de firmas, la oposición enfrenta el desafío de reconstruir su credibilidad. Según una encuesta, el número de venezolanos que se identifica con la MUD bajó siete puntos porcentuales desde finales de octubre, cuando arrancó la mesa de diálogo.

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