Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, PPK estuvo a punto de ser destituido por el Congreso.

 

El presidente peruano queda comprometido con la trama de corrupción de Odebrecht

Cuando era un poderoso ministro de Toledo, PPK favoreció a la constructora brasileña. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. Se acusa al actual mandatario de haber beneficiado al consorcio Camisea.

 

Desde Lima

Nuevas complicaciones para el agobiado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Recientes revelaciones comprometen más su situación en la trama de corrupción de Odebrecht. La prensa local ha denunciado que cuando era un poderoso ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) –hoy prófugo acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña– y el gobierno de entonces tomó una serie de decisiones que favorecieron a Odebrecht, Kuczynski se reunió varias veces con un alto ejecutivo de la compañía encargado de negociar y repartir los sobornos en el Perú. A esto se suma nueva información comprometedora sobre las consultorías de empresas ligadas a Kuczynski dadas a la cuestionada constructora brasileña cuando el actual mandatario era ministro. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. También se le acusa de haber beneficiado como ministro al consorcio Camisea, que explota y comercializa los principales yacimientos de gas del país. Estas nuevas acusaciones salen a la luz cuando el presidente camina tambaleante por la cornisa.

Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski no pudo dar explicaciones convincentes sobre esas relaciones de negocios y el claro conflicto de intereses que representan, pero se salvó de la destitución luego de negociar el apoyo de un sector disidente de la mayoritaria bancada fujimorista, a cambio de lo cual otorgó el indulto al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Este canje de impunidad ha gatillado una grave crisis política y social.

La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.

En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.

Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.

Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primera el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.

El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.

 

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Una multitud presenció la misa final del Papa en la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas.

 

Ante multitudes, Francisco defendió el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. No dijo nada de los abusos sexuales en el interior de la Iglesia. Tampoco del indulto a Fujimori.

 

Ayer terminó la visita del papa Francisco al Perú con una multitudinaria misa a la que se informó asistieron más de un millón y medio de personas, más de lo esperado. Ha sido una visita que movió multitudes, un entusiasmo popular que siguió al Papa a cada lugar que fue, a todas las rutas por las que pasó. Una visita que tuvo su punto más importante en el mensaje del Pontífice desde la Amazonia en defensa de los pueblos indígenas y el medioambiente,y de crítica a “los grandes intereses económicos” que explotan los recursos naturales sin tomar en cuenta los costos para el ambiente y la vida de los pueblos originarios. Y que también tuvo notorios y cuestionables silencios. Ni una palabra de Francisco sobre los abusos a menores al interior de la Iglesia y el encubrimiento de estos actos, a pesar de que el país enfrenta un escándalo de abusos en una organización católica. Ni siquiera hubo un pedido de perdón, como había hecho días antes en Chile. Otro tema silenciado por el Pontífice fue el de los derechos humanos y los reclamos de justicia de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción y recientemente indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En ambos casos, las víctimas habían pedido reunirse con Francisco, pero eso no ocurrió.

Una treintena de víctimas han denunciado que fueron abusados al interior de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, organización católica de extrema derecha fundada en 1971 por Luis Figari, hoy con pedido de detención por parte de la fiscalía y protegido en Roma por el Vaticano. Las víctimas han acusado al arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, de haber encubierto estos crímenes cuando recibió las denuncias de esos abusos. Cipriani tuvo lugar protagónico al lado del Papa en su paso por el Perú. Este caso, que afecta a víctimas de la clase alta del país, es el más notorio, pero no el único de abusos a menores al interior de la Iglesia peruana.

Pero Francisco no solamente eludió el tema, sino que el obispo José Antonio Eguren, miembro del cuestionado Sodalicio y muy cercano a Figari, dio el mensaje de bienvenida al Papa nada menos que en un encuentro con seminaristas. A diferencia de lo ocurrido en Chile con el obispo Juan Barros, en el Perú este hecho pasó desapercibido por los grandes medios, embargados en un fervor por el Papa que redujo a cero cualquier posibilidad de análisis crítico de esta visita.

“En la Iglesia se mantiene la misma estructura de encubrimiento institucional a estos abusos, se está comportando como una violadora sistemática de derechos humanos. Si Francisco quisiera tiene toda la potestad para hacer cambios”, le señaló a PáginaI12 el ex sacerdote mexicano Alberto Athié, que estos días estuvo en Lima con un grupo de activistas contra los abusos a menores en la Iglesia y que fue uno de los denunciantes de los abusos de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo.

Los familiares de los asesinados y desaparecidos por la dictadura del indultado Fujimori esperaban que el Papa diera un mensaje de respaldo a la necesidad de justicia y contra la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos que significa este indulto. Pero eso no sucedió.

La multitud que fue a la misa final del Papa en la base de la Fuerza Aérea de Las Palmas hizo largas colas para ingresar desde la noche anterior. Esperaron toda la noche y el día al Pontífice, que comenzó la misma a las 16:15 horas (18:15 hora de Argentina). Los bomberos debieron lanzar agua a la multitud que esperaba para bajar en algo el intenso calor. Alrededor de un millar de personas debieron recibir atención médica. Para facilitar la llegada de la gente, el gobierno, interesado en promover el fervor por el Papa y bajar la atención sobre la crisis que vive el país, ordenó que el transporte en el subte sea gratuito, para lo cual debió pagarle 700 mil soles (poco más de 200 mil dólares) al concesionario. La visita del Papa le costó al Estado peruano unos 15 millones de dólares.

Lo más relevante del mensaje de Francisco en la multitudinaria misa con la que cerró su paso por el país fue una breve referencia a las desigualdades económicas. “Mirando la ciudad podríamos comenzar a constatar que existen ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar, y eso nos alegra; el problema está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a medias o los sobrantes urbanos que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes, el rostro del futuro”, dijo Francisco.

Al mediodía de ayer, el Papa trasladó el tradicional Angelus, que suele dar todos los domingos desde un balcón de la Iglesia San Pedro, a un balcón de la Catedral de Lima, que da a la Plaza Mayor de la ciudad. Antes se había reunido en la Catedral con los 49 obispos peruanos. Fue un encuentro con una jerarquía eclesiástica atravesada por divisiones y enfrentamientos entre conservadores y progresistas.”Queridos hermanos obispos, trabajen por la unidad, no se queden presos de las divisiones”, fue el mensaje del Papa a los obispos peruanos. Minutos antes, en un encuentro con monjas de clausura en una Iglesia del centro de la ciudad les había pedido a las religiosas: “recen por la unidad de esta amada Iglesia peruana, que está tentada de divisiones”.

Sentado a la derecha de Francisco durante este encuentro con los obispos en el que el Papa habló de la unidad de la Iglesia, estaba el arzobispo Cipriani, considerado un factor central de división al interior de la Iglesia peruana. Miembro del ultraconservador Opus Dei y nombrado en el cargo por Juan Pablo II, La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló que el ex obispo de Ayacucho encubrió violaciones a los derechos humanos. Cipriani es un partidario de la dictadura de Fujimori y defensor de los represores acusados de violaciones a los derechos humanos, y no pierde oportunidad en utilizar el púlpito para lanzarse contra las libertades y derechos sociales e individuales y atacar a sus críticos. Su figura es cuestionada fuera y dentro de la Iglesia.

En su diálogo con los obispos, el Papa habló de “un capitalismo liberal inhumano que hace daño a la gente” y criticó con severidad la corrupción. Señaló que la política estaba “en crisis” y “muy enferma” por la corrupción y cuestionó “el fenómeno de los paraísos fiscales”. Aterrizó el tema de la corrupción a la actualidad peruana: “¿Qué le pasa al Perú que a cada presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entra o no entra”. Francisco olvidó en esa relación al actual presidente, también involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht y que hace un mes estuvo a punto de ser destituido por el Congreso por esa causa.

El cuestionado arzobispo Cipriani se ha esforzado durante esta visita del Papa en estar todo el tiempo posible a su lado, ocultando sus diferencias con Francisco y buscando aprovechar esa cercanía con el fervor que despierta Francisco para mejorar su muy deteriorada imagen. No ha sido el único.

El presidente Kuczynski, hundido en una alta impopularidad que bordea el 80 por ciento, aislado y en medio de una grave crisis social y política a raíz del indulto a Fujimori, también ha tratado de seguir al Papa todo lo posible en sus actividades públicas –incluso viajó a Madre de Dios y Trujillo para estar cerca del Pontífice– para tratar de sacarle algún provecho personal a esta visita pontificia que desató el entusiasmo popular. Los días que Francisco estuvo en el país le han dado un respiro al agobiado Kuczynski. Ayer, cuando el avión del Papa despegaba, volvía la dura realidad para el presidente peruano.

 

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AFP

El Papa bendijo a una mujer en la Catedral de Lima, donde dio su tradicional Angelus.

 

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Viernes, 12 Enero 2018 06:31

Víctimas peruanas alzan su voz

Manifestación en contra de la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, acusado de genocidio.

 

Denuncian ante el Papa abusos sexuales y violaciones de DD.HH.

Por los abusos y violaciones en una organización católica peruana y los asesinatos y torturas del gobierno del ex dictador Alberto Fujimori, familiares de víctimas pidieron hablar con Francisco durante su visita al Perú.

 

Desde Lima

Dos temas fuera de la agenda oficial serán el centro de atención sobre lo que el Papa Francisco diga, o calle, durante su visita al Perú, entre el 18 y el 21 de este mes: el escándalo de abusos y violaciones en una organización católica peruana y las demandas de justicia de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos ante el reciente indulto al ex dictador Alberto Fujimori. Las víctimas de la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana y de la dictadura de Fujimori han expresado su interés de reunirse con el Papa durante su visita al Perú para exponerle sus casos. No hay respuesta de la Iglesia de si Francisco los recibirá.

Una semana antes de la llegada del Papa al Perú, previa escala en Chile, el Vaticano decidió intervenir el Sodalicio y así intentar bajar el tono a las duras críticas a la Iglesia por su inacción, o acción encubridora, en este nuevo caso de abusos en su seno, y desactivar un potencial problema durante la visita de Francisco. La Santa Sede dispuso la intervención del Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en 1971 por Luis Figari como una sociedad de vida apostólica formada por laicos y sacerdotes que viven en comunidad, y nombró al obispo colombiano Noel Antonio Londoño como interventor de esa agrupación. Figari y otros miembros de la cúpula del Sodalicio han sido denunciados por violaciones sexuales, abusos físicos y maltrato psicológico. La fiscalía ha pedido prisión preventiva para Figari.

El Vaticano asegura en un comunicado que el Papa ha venido siguiendo “con preocupación” las informaciones sobre los abusos al interior del Sodalicio, que califica como de “notable gravedad”, y que ha pedido “con insistencia” una “particular atención” de los organismos competentes de la Iglesia a esa situación.

Luis Figari, un “laico consagrado” admirador del fascismo español, reclutó a sus seguidores entre adolescentes de la clase alta del país. Con mucho dinero a su disposición, esta organización religiosa de extrema derecha se ha ido extendiendo y ahora opera en nueve países, incluyendo Argentina. Las denuncias de abusos a sus integrantes eran un rumor extendido, pero el secretismo de la sociedad apostólica no permitía traspasar sus muros. Hasta que las víctimas de los abusos rompieron el silencio.

En 2015, el periodista Pedro Salinas, quien en su adolescencia y juventud formó parte del Sodalicio, publicó el libro “Mitad Monjes Mitad Soldados”, en el que narra las interioridades y abusos de la organización, con una treintena de testimonios de víctimas de violaciones sexuales, golpizas, humillaciones, que eran práctica común. Todos ellos fueron captados siendo adolescentes. Se rompió el dique del secreto, aparecieron más denuncias y se puso en evidencia el infierno que se vivía al interior de la organización religiosa.

Con las denuncias en su contra aumentando, Figari, que en 2010 había dejado la jefatura de la organización que fundó, se mudó a Italia. En diciembre pasado, la fiscalía peruana pidió su detención preventiva para procesarlo por los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado y lesiones físicas y psicológicas. No se han incluido en el proceso judicial los cargos de violaciones sexuales porque han prescrito. Figari, cuyo caso ha sido comparado a los del mexicano Marcial Masiel y el chileno Fernando Karadima, sigue en Italia, lejos de la Justicia peruana, bajo la protección del Vaticano, que lo ha enviado a un exilio dorado en una casa en las afueras de Roma pagada por la Iglesia y le ha ordenado no regresar al Perú. En junio pasado, las víctimas del Sodalicio anunciaron que pedirían una cita con el Papa para exponer sus denuncias y pedir sanción a los responsables.

También han pedido reunirse con el Papa los familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori, que quieren denunciar ante Francisco el indulto que el presidente Kuczynski le dio en la Nochebuena al ex dictador condenado por crímenes de lesa humanidad y pedir su respaldo en el rechazo a esa medida de impunidad y su solidaridad con su lucha en búsqueda de justicia.

“Argentina es un país que ha vivido las violaciones a los derechos humanos y todavía tiene pendientes temas de justicia, por eso creemos que el Papa, que es argentino, puede entender la magnitud de la decisión del presidente Kuczynski de indultar a Fujimori. Sería valioso que él pueda conocer el contexto de lo que estamos viviendo en el Perú y sepa que el término reconciliación está siendo muy manoseado por el gobierno para justificar un indulto ilegal que atropella nuestro derecho a la justicia y no se preste a sellar esa falsa reconciliación. Ojalá el Papa tenga expresiones de solidaridad con las víctimas que nos sentimos afectadas por este indulto”, señaló Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta secuestrados y asesinados en julio de 1992 por un grupo militar que operaba bajo las órdenes del gobierno de Fujimori. La Cantuta es uno de los casos por los cuales el ex dictador fue condenado a 25 años.

La visita del Papa al Perú se dará en un contexto de tensión política y social por el indulto dado a Fujimori. Ayer, miles de ciudadanos volvieron a movilizarse en rechazo al indulto.

 

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Sábado, 06 Enero 2018 08:04

Fujimori ya puede disfrutar su mansión

El indultado ex dictador posa junto a su familia.

 

El ex dictador fue liberado gracias a un pacto político con el presidente de Perú

Mientras tanto en las calles crece la indignación ciudadana y se anuncian nuevas protestas contra el indulto. El gobierno que lo liberó, encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, se hunde en una grave crisis política a causa de esa medida.

 

Desde Lima

Un ex dictador condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción está libre, suelto en la calle y con renovado poder político. Once días después de haber sido indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori, de 79 años, abandonó la clínica donde estaba internado por supuestos problemas estomacales y cardiacos. Hace veinte años tuvo un cáncer a la lengua que está controlado. Fue hospitalizado un día antes que se anuncie el indulto, lo que dejó muchas dudas sobre la veracidad de su supuesto mal estado de salud y abrió las especulaciones de un montaje para respaldar la cuestionada versión oficial de un indulto humanitario por razones médicas, versión que se ha derrumbado ante las contundentes evidencias de un pacto político bajo la mesa para sacar a Fujimori de prisión. El ex dictador, que gobernó entre 1990 y 2000, cumplió menos de la mitad de una condena de 25 años. Ahora disfruta su libertad en una lujosa residencia, mientras en las calles crece la indignación ciudadana y se anuncian nuevas protestas contra el indulto, y el gobierno que lo liberó se hunde en una grave crisis política a causa de esa medida.

El indultado ex dictador salió de la clínica cerca de las diez de la noche del jueves (medianoche hora de Argentina). Lo hizo en silla de ruedas, pero se le veía de buen semblante, sonriente y saludando con la mano a las cámaras, y se paró sin problemas para subir a la camioneta que lo llevó a la casa donde vivirá, una amplia residencia de unos dos mil metros cuadrados, de dos pisos, con amplios jardines y piscina, en una de las zonas más lujosas de la capital peruana, ubicada en un exclusivo barrio cerrado, al que solamente se puede ingresar después de pasar una tranquera con seguridad privada. La zona fue reforzada con vigilancia policial. La vivienda ha sido alquilada para recibir al ex mandatario. Ha trascendido que Fujimori, que no ha pagado un solo dólar de la reparación civil que se le impuso por los crímenes por los que fue condenado alegando falta de recursos, pagará cinco mil dólares mensuales de alquiler.

Fujimori dejó la clínica acompañado por el menor de sus cuatro hijos, el congresista Kenji Fujimori. Fue Kenji el que negoció con el gobierno el indulto, ofreciendo diez votos de un sector del fujimorismo en el Congreso para salvar al presidente de ser destituido del cargo por sus vínculos con la trama de corrupción de Odebrecht. A cambio recibió el indulto para su padre. El propio Fujimori habría intervenido en la negociación secreta. El pedido para que el Congreso destituya a Kuczynski había sido impulsado por el partido fujimorista Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, también hija del ex dictador y dos veces derrotada candidata presidencial. Yendo contra su hermana y su partido, Kenji, de la mano de su padre, selló con el presidente el pacto de impunidad que canjeó votos por el indulto. Keiko quedó descolocada. Y el fujimorismo que ella controla quedó con su bancada parlamentaria partida, al borde de la división.

Keiko no estuvo en la clínica para la salida de su padre. Recién lo vería después en la residencia a la que éste llegó junto con Kenji. Desde ahí publicó en sus redes sociales una foto en la que aparecía sonriente junto a su padre, a Kenji y a sus otros dos hermanos. Un intento de presentar una imagen de armonía familiar, muy alejada de la realidad de la guerra fratricida por el poder al interior del fujimorismo entre los hermanos Keiko y Kenji. La hija de Fujimori ha dicho estar feliz con la liberación de su padre, pero políticamente pierde con el indulto. Su poder absoluto en el fujimorismo entra en cuestión y ahora tendrá que negociar ese poder ya no solamente con su hermano Kenji –el gestor del indulto–, a quien tenía marginado, sino con su padre, ahora aliado de Kenji. Eso cambia radicalmente el escenario, y no para bien de Keiko. Un empoderado Kenji pide las cabezas de los principales aliados de su hermana en el partido. El jueves, horas antes que Alberto Fujimori deje la clínica, la dirigencia de Fuerza Popular emitió un comunicado cuestionando la forma como se le otorgó el indulto al ex dictador. Una inesperada, y reveladora, crítica. Un reflejo del malestar de Keiko –sin cuya aprobación ese comunicado no habría salido– con lo ocurrido. Algo que la foto familiar no puede ocultar.

“La farsa se termina de completar con esta salida (de Fujimori de la clínica). No es más que un teatro. Hoy el crimen y la impunidad salen a la calle, pero este once de enero la dignidad de los peruanos saldrá a las calles”, señaló Marisa Glave, congresista del izquierdista Movimiento Nuevo Perú, comentando la salida de Fujimori de la clínica y una nueva movilización de protesta contra el indulto convocada para el próximo jueves once.

Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas han denunciado la ilegalidad del indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que verá el caso en una sesión el próximo dos de febrero. Se alegan irregularidades en su trámite y que ha sido producto de un pacto político y no una medida humanitaria. Esperan que la Corte anule el indulto y Fujimori vuelva a la cárcel.

Por ahora, está por verse qué papel político cumplirá el ex dictador puesto en libertad. Lo primero debe ser buscar reunificar a sus hijos, enfrentados por el poder, y a su partido. Con un presidente como Kuczynski debilitado y aislado como consecuencia del indulto, lo que lo ha dejado como dependiente del apoyo de Fujimori, el autócrata se reestrena con un importante poder sobre el gobierno. Un peligroso escenario.

 

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Domingo, 17 Diciembre 2017 07:47

Cuenta regresiva para el gobierno de PPK

Kenyi Fujimori (centro), líder opositor en el Congreso, durante la sesión del viernes.

 

Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia por “por incapacidad moral permanente”.

 

Desde Lima

La permanencia del presidente Pedro Pablo Kuzcynski en Palacio de Gobierno ha ingresado en inevitable cuenta regresiva. “No voy a abdicar”, anunció el presidente, ante las exigencias de la oposición que controla el Congreso para que renuncie por las revelaciones de que recibió pagos de Odebrecht cuando hace una década fue ministro. Se ha negado a dimitir, pero la suerte de PPK, como se le conoce al veterano economista neoliberal de 79 años y gestor de grandes negocios privados que gobierna el Perú desde julio de 2016, parece estar echada. El presidente podría ser destituido la próxima semana. Todo apunta a que PPK pasará la Navidad como ex presidente. Si se confirma su destitución le espera un proceso judicial por sus nexos con Odebrecht cuando era ministro.

La oposición reaccionó a la negativa del presidente a renunciar presentando en el Congreso una moción para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia para que sea debatido y votado el próximo jueves 21. Con la única excepción del oficialismo, que es minoría, y de algunos pocos disidentes de distintos grupos, todas las bancadas parlamentarias respaldaron iniciar el proceso de vacancia. Todo parece estar dicho.

Desde el oficialismo se han quejado de que se haya dado trámite al pedido de vacancia presidencial sin antes haber escuchado los descargos de Kuczynski. PPK pidió declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú –comisión que la mayoría fujimorista utiliza para investigar a sus rivales y encubrir a su partido y a sus aliados–, pero esa comisión, que antes que estalle esta crisis lo había citado y el presidente se había negado a ir, no lo ha querido recibir. En lugar de ello se presentó el pedido de vacancia presidencial.

El presidente recién podrá ensayar una defensa ante el Congreso el mismo día que se vote el pedido de vacancia. Lo podrá hacer personalmente o a través de un abogado. Para salvar su cargo, Kuczynski tendría que convencer al menos a siete congresistas para que cambien de opinión. Tarea altamente improbable, especialmente después de escuchar los débiles argumentos de defensa del presidente durante un mensaje al país.

En un mensaje televisado, PPK trató de justificar los 4,8 millones de dólares de Odebrecht recibidos, entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado –782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, el caso que más lo compromete, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda y con la cual ha tenido una larga y estrecha relación– diciendo que él no tenía nada que ver con los contratos para las consultorías dadas por esas empresas a la constructora brasileña. Era el dueño único de una empresa, pero no sabía nada de lo que esta empresa hacía, no conocía de sus lucrativos contratos con una constructora mientras él era ministro y tomaba decisiones de gobierno para favorecer a esa constructora, puede resumirse su débil argumento de defensa.

Ayer Odebrecht intentó lanzarle un salvavidas a un PPK con el agua al cuello, con una carta en la que decía que los contratos que la constructora firmó con las empresas ligadas al presidente “son legales” y que no fueron gestionados directamente por Kuczynski. Pero la carta no aclara nada y ese salvavidas de último momento difícilmente ayude a un agonizante presidente.

El fujimorismo, dominante en el Congreso con 72 votos de 130, promueve con entusiasmo la vacancia presidencial y maniobra para sacar provecho de esta crisis que golpea al gobierno. Con encendidos discursos contra la corrupción para criticar a PPK, con más pose que sustancia, intentan reciclarse y lavarse la cara de la corrupción histórica y actual que los mancha. Los fujimoristas ven en la crisis del gobierno y una destitución del presidente la oportunidad para avanzar en el objetivo de acumular más poder y bloquear las investigaciones fiscales que comprometen seriamente a su partido y a su jefa Keiko Fujimori con millonarios aportes ocultos de Odebrecht para su campaña electoral y con lavado de dinero.

Otros sectores políticos, como la izquierda, también respaldan la vacancia presidencial ante la falta de respuestas de PPK a los cargos de corrupción en su contra, pero toman distancias del fujimorismo y advierten de sus intenciones de copar el poder y las instituciones públicas para asegurar su propia impunidad.

Mientras la atención está en la vacancia presidencial, el fujimorismo amenaza a sus investigadores, ante quienes exhibe la destitución del presidente como una muestra de su poder, y mueve sus fichas en el Congreso para destituir al fiscal de la nación y capturar la fiscalía que ahora los investiga, y para copar el Tribunal Constitucional.

Si se confirma la destitución de Kuczynski, como todo indica ocurrirá en unos días, debe sucederlo el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, que ya hace maletas. Vizcarra debería completar el mandato presidencial, que culmina en julio de 2021, pero no tiene una base política propia y es minoría en un Congreso dominado por una agresiva mayoría fujimorista. Su estabilidad en el cargo es puesta en duda por diversos analistas. En ese escenario se especula con un posible adelanto de elecciones.

 

 

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