Trump, la industria de la alimentación infantil y el cambio de EEUU sobre la lactancia materna ante la OMS
  • EEUU trató de boicotear en mayo la aprobación de una resolución de la OMS para promover la lactancia materna y limitar la publicidad engañosa de los productos de alimentación infantil, según ha revelado The New York Times
  • Lejos del interés de las mujeres, la decisión de EEUU estaba motivada por los intereses económicos y comerciales: el sector de la alimentación infantil genera unos 60.000 millones de euros al año
  • “La resolución persigue también ayudar a mejorar los ingredientes del producto y garantizar que los padres no sean engañados con los mensajes de marketing”, dice la portavoz de Baby Milk Action

 

Sucedió en mayo pero acaba de salir a la luz: la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenía previsto aprobar entonces, en su Asamblea celebrada ese mes, una resolución para “proteger, promover y apoyar la lactancia materna” y limitar la promoción de la leche de fórmula y la publicidad engañosa. A pesar del consenso internacional, basado en más de cuatro décadas de investigaciones, EEUU cambió repentinamente su postura y Ecuador, que era quien iba a presentar el proyecto, se echó atrás. Esta decisión in extremis se debió, según ha revelado The New York Times, al interés de la administración Trump por apoyar a la industria de la alimentación infantil, que mueve miles de millones de euros al año.


Finalmente, la resolución salió adelante gracias a Rusia y ante el desconcierto de los delegados internacionales presentes. El sector de la alimentación infantil genera unos 60.000 millones de euros al año y se espera que crezca un 4% en este ejercicio, según Euromonitor, principalmente a costa de los países más pobres, donde la implantación de este tipo de productos es menor, lo que dibuja un mercado por explotar.


Citando a diversas fuentes anónimas, el diario americano asegura que EEUU habría dejado entrever que podría retirar su apoyo económico a la OMS (es el país que más invierte en esta organización, un 15% del total) y habría amenazado a otros países para que no firmasen la resolución. Tal sería el caso de Ecuador, encargado de presentarla y que se habría echado atrás ante posibles sanciones comerciales y la retirada de la ayuda militar que le brinda Washington.


El presidente de EEUU, Donald Trump, respondía en Twitter al artículo asegurando que “EEUU. apoya firmemente la lactancia” pero defendiendo que “no creemos que a las mujeres se les deba negar el acceso a la fórmula” porque “muchas necesitan esta opción debido a la desnutrición y la pobreza” y calificaba la exclusiva de “fake news”. Las fuentes consultadas por The New York Times aseguraban, sin embargo, que lejos del interés de las mujeres que no quieren o no pueden amamantar, la decisión de EEUU estaba motivada por los intereses económicos y comerciales.


La respuesta de Trump provocó que la directora de políticas del grupo activista británico Baby Milk Action, Patti Rundall, publicara el pasado viernes en su blog una entrada en la que afirmaba que “no eran noticias falsas”. “Lo sé porque yo estuve allí”, afirma Rundall, quien ha estado presente en las reuniones de la Asamblea durante décadas. “No tiene nada que ver con presionar a las mujeres para amamantar”, destaca. De hecho, la resolución persigue también “ayudar a mejorar los ingredientes del producto (reducir el azúcar, controlar los aditivos en las leches de fórmula, etc.)” y “garantizar que los padres no sean engañados con los mensajes de marketing”.


Publicidad: 40 euros por bebé nacido


Precisamente, un informe elaborado por Save The Children a principios de año destaca que las seis principales compañías que comercializan leche de fórmula invierten 5.600 millones de euros al año en publicidad, unos 40 euros por bebé nacido. Las compañías son las europeas Nestlé, Danone, RB y FrieslandCampina y las americanas Kraft Heinz y Abbott. Esta última habría contribuido a la ceremonia inaugural de Trump, según The Guardian.


La organización denuncia que las prácticas publicitarias que se emplean, “en su mayoría, violan el código de la OMS, creado para frenar este tipo de promociones engañosas”, al equiparar las propiedades de la leche de fórmula con las de la lactancia, dando como resultado “que madres sin la información correcta limiten o abandonen por completo la lactancia materna” y que “millones de familias, muchas de ellas con bajos ingresos, están alimentando a sus bebés con leche de fórmula que no necesitan y a menudo no pueden pagar, poniendo en peligro la vida de innumerables niños”.


En el post, Rundall ejemplifica la defensa de los intereses comerciales de EEUU en la Asamblea con un discurso del subsecretario de Estado de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros, Ted McKinney, en el que “argumentaba que el Codex (cuyo objetivo es proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas leales en el comercio de alimentos) tiene que seguir siendo ‘relevante’ para sus ‘clientes’, es decir, las corporaciones multinacionales. Su temor era, claramente, que si era demasiado estricto, estos ‘clientes’ se alejarían”.


The New York Times explica que el de la lactancia materna no es el único caso en el que EEUU ha cambiado su postura para apoyar a la industria frente a la salud o el medioambiente. Citan, por ejemplo, su negativa a colocar etiquetas de advertencia en determinados productos y bebidas azucaradas durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, con Canadá y México; o que eliminase las declaraciones que respaldan los impuestos a las bebidas gaseosas en un documento que aconseja a los países en la lucha contra la obesidad.


Por eso, el cambio de postura de Trump respecto a su antecesor, Barack Obama, y contra el consenso general, tiene un efecto negativo en una resolución que afecta a todo el mundo y que tiene gran impacto en los países en vías de desarrollo, donde no toda la población cuenta con los recursos no solo para acceder, sino para preparar la fórmula, por ejemplo, por la falta de agua potable.


“Sabemos que EEUU no tiene intención de promulgar leyes para controlar elmarketing, por lo que esta amenaza a los países menos poderosos con términos comerciales menos favorables y la retirada de otro tipo de apoyo si se niegan a aceptarlos es simplemente inaceptable. No tiene nada que ver con si el presidente Donald Trump se preocupa por amamantar o no. Se trata de la necesidad de las empresas de comercializar productos altamente procesados a nivel mundial y persuadir a todos los países del mundo de abandonar los enfoques más saludables y sus culturas alimentarias tradicionales”, explica Rundall.


Por ahora, según un estudio de UNICEF, es en esos países donde menos leche de fórmula se consume. En concreto, en los países de ingresos medios y bajos tan solo un 4% de los bebés no han sido nunca amamantados. Un porcentaje que asciende al 21% en los países con ingresos altos. 

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El comportamiento animal, eje de estudio para pronosticar desastres

Sigue la movilidad de 13 mil ejemplares distintos mediante sensores remotos; se analiza la trasmisión de enfermedades, seguridad alimentaria e importancia de la biodiversidad

 
Bryson Voirin, integrante del Instituto de Ornitología del Instituto Max Planck, presentó el proyecto Cooperación Internacional para la Investigación Animal usando Sistemas de Información Geográfica (Icarus, por sus siglas en inglés) en el simposio Fronteras de la Ciencia, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Sociedad Max Planck.


Es una iniciativa de biólogos, ingenieros e innovadores que sigue el movimiento de 13 mil animales distintos en el planeta, por medio de sensores remotos, que registran las migraciones de aves, insectos y mamíferos.


Además de la movilidad típica de esta fauna, con los sensores remotos se busca otra información: “El principal propósito es enfocarnos en ciertas áreas, como el pronóstico de desastres.


“México es una zona volcánica y sísmica, una de las ideas con las que trabajamos es que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha creído que los animales actúan de forma extraña antes de que ocurra un sismo o una erupción volcánica. Tratamos de usarlos de guardianes para que nos alerten cuando algo vaya a ocurrir”, expuso Voirin.


Aunque todavía se trata de algo hipotético, al vigilar el comportamiento animal se ha buscado la posible relación entre las erupciones del Monte Etna –volcán activo en Italia– y el de cabras que habitan la zona. De acuerdo con el expositor, los resultados han hecho que el gobierno italiano apoye con mayor interés el proyecto Icarus.


“Normalmente estas cabras están en la montaña y sólo pastan sin hacer demasiado, pero cuando el Etna estalla actúan de manera extraña. Por lo regular están tranquilas, pero de repente una noche se alteran y enloquecen...; después de seis horas, el volcán hace erupción”, señaló Voirin.


Las investigaciones que conduce Icarus presentan una nueva visión en la movilidad del reino animal, estudiando temas como la trasmisión de enfermedades, seguridad alimentaria, el reconocimiento público acerca de la importancia de la biodiversidad, el clima y el tiempo.


El ingeniero Raúl Jiménez Rosenberg expuso el trabajo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) a lo largo de 25 años en lo que respecta a la recolección, análisis y registro de la biodiversidad mediante los Sistemas de Información Geográfica.


“Contamos con poco más de 13.2 millones de registros en nuestra base de datos de fauna y flora. De hecho, la Conabio dio fondos para la investigación de alrededor de 800 proyectos”.


El acervo de biodiversidad consiste en la distribución de peces, plantas, aves, mamíferos, anfibios, entre otras especies, las cuales usa Conabio para resolver los problemas que enfrenta México. “Una de las más grandes tareas es la de la valoración de los ecosistemas realizada por investigadores externos que analizan la información generada por la comisión”, explicó Jiménez.


Mostró las aplicaciones de los mapas de distribución de biodiversidad en México y explicó la importancia económica y social de este acervo para usos comerciales y de conservación.

 

El diario.es

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Biocombustibles, riesgo para la seguridad alimentaria: FAO

Aunque la demanda de maíz amarillo importado crece cada año, ya que uno de sus principales usos es la fabricación de biocombustibles, organismos internacionales han advertido en distintos análisis, emitidos de 2010 a 2017, de los efectos de destinar la producción agrícola a combustibles en lugar de alimentos.

En el reporte El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que en 2050 la agricultura tendrá que producir casi 50 por ciento más de alimentos y biocombustible de los que producía en 2012 para cubrir la demanda mundial.

Aunque el aumento de terrenos de producción agrícola significa mayor cantidad de alimentos, también tiene efectos negativos. El documento recalca que a mayor producción alimentaria, también hay un impacto directo en el medio ambiente.

En los pasados 20 años la expansión agrícola se mantuvo en promedio en 4 mil 900 millones de hectáreas en el mundo, con una pérdida de cubierta forestal que se ha ralentizado entre 2010 y 2015.

Sin embargo, la FAO señala que hay diferencias regionales significativas, ya que mientras en las regiones tropicales y subtropicales se perdieron 7 millones de hectáreas anuales de bosque en 20 años, la superficie agraria aumentó a un ritmo de 6 millones de hectáreas anuales.

"Los países de bajos ingresos sufrieron la mayor pérdida neta anual de área de bosque, y también la mayor ganancia neta anual de superficie agrícola."

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) advirtió desde 2013 que la producción de biocombustibles representa riesgos en los aspectos económicos, sociales y ambientales, ya que crea competencia entre los cultivos para este fin y los alimentarios.

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Jueves, 21 Diciembre 2017 16:48

Nuevo tatequieto para Cerrejón

Nuevo tatequieto para Cerrejón

Este 21 de diciembre, la Corte Constitucional ordenó proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones de los municipios de Barrancas, Fonseca, Albania y Hatonuevo, vecinas del arroyo Bruno, en el departamento de La Guajira. Como primera medida, la Corte ordenó a Cerrejón no realizar el desvío del arroyo, hasta que no se realice un estudio independiente que dé cuenta de cómo están actualmente las condiciones de vida en el departamento y los efectos que generaría la extracción de los 35 millones de toneladas de carbón que guardan los cauces de la fuente hídrica.


A 36 años de la llegada de Cerrejón, los daños en las fuentes hídricas, en la salud de las comunidades y en la alimentación que ha dejado la expansión minera en el territorio del pueblo Wayúu, se están haciendo cada vez más evidentes, sin dar espera. La Corte Constitucional reconoció que las comunidades indígenas están en un riesgo inminente de extinción, sin embargo, todo es justificado por las exportaciones y aportes a la macroeconomía que da la multinacional.


Aunque el pasado 29 de noviembre, la Corte ordenó a la minera frenar el proceso de desvío del arroyo Bruno, gracias a la tutela que las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero, presentaron en contra de este proyecto; ahora el llamado es a proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria del pueblo Wayúu y demás comunidades afectadas, a partir de los resultados que arroje el estudio independiente, -que no lo harán organizaciones aliadas a Cerrejón Limited y el Estado colombiano-, donde se mirarán aspectos como:

1. “las consecuencias de intervenir un bosque seco tropical, y en especial, en un zonobioma subxerofítico tropical;
2. el estado del ecosistema de bosque seco tropical en el país;
3. los efectos del cambio climático y del calentamiento global en el Departamento de La Guajira, así como las consecuencias de intervenir un escenario vulnerable a estos fenómenos;
4. el tipo y magnitud de las intervenciones que se han efectuado en el departamento de La Guajira con ocasión de las actividades extractivas que ahora dan lugar a la desviación del arroyo Bruno, y los efectos de las mismas en los ecosistemas;
5. las intervenciones que históricamente Cerrejón ha efectuado sobre los cuerpos de agua del departamento de la Guajira, así como las que tiene proyectadas actualmente, y sus efectos;
6. la garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple el arroyo Bruno, y el impacto que la desviación podría tener en cada una de estas;
7. el impacto aguas arriba que podría tener la desviación de arroyo Bruno;
8. el impacto a la oferta hídrica que generaría la remoción de los acuíferos en los que reposa y la realineación de las aguas superficiales en otro canal de condiciones geomorfológicas distintas, y que carece actualmente de un bosque de galería;
9. las proyecciones de Cerrejón para intervenir en el futuro otros tramos del arroyo Bruno y los efectos acumulativos de estas intervenciones progresivas en el mismo arroyo y, finalmente,
10. el valor biológico de la cuenca del arroyo Bruno en el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del Río Ranchería como del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Albania” (1) .


Aspectos que, de ser evaluados de manera transparente, indicarán que Cerrejón tiene que abandonar el territorio guajiro lo más rápido posible, porque más allá de que su actividad extractiva tenga como límite el 2034, las comunidades difícilmente aguantarán más años las condiciones de vida que ellos les han impuesto.


Las comunidades están a la espera de que la multinacional quite los bloqueos que ha puesto cerca del arroyo Bruno, impidiendo el paso a este y por consiguiente el acceso al agua, derecho fundamental. A su vez, también se exige el cierre de tajos en explotación que constantemente perturba el desarrollo socio-económico del pueblo Wayúu.

1. Corte Constitucional ordena proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno: https://www.colectivodeabogados.org/?Corte-Constitucional-ordena-proteger-el-agua-la-salud-y-la-seguridad 


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¡No Cerrejón!, No puede desviar el arroyo Bruno

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La ONU advierte que los plaguicidas pueden tener consecuencias muy perjudiciales sobre derecho a la alimentación

 

* "Sigue existiendo una falta general de conciencia sobre el peligro que suponen ciertos plaguicidas, la cual se ve exacerbada por los esfuerzos de la industria para restar importancia al daño provocado", asegura el informe

* Los principales productores mundiales defienden la necesidad de su producto y aseguran que el informe está plagado de afirmaciones "infundadas y sensacionalistas"

* "La afirmación de que los pesticidas son esenciales para alimentar al mundo no es más que un mito propagado por la industria", asegura una responsable de la Red de Acción en Plaguicidas

 

Un informe realizado por dos relatores de Naciones Unidas acusa a la agroindustria de utilizar "tácticas agresivas y poco éticas" a la hora de promover el uso de plaguicidas y de "negar sistemáticamente la magnitud de los daños provocados por estas sustancias químicas". Esta es una de las muchas conclusiones que se pueden leer en el documento presentado en la 34ª reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Suiza el pasado 7 de marzo.

Los autores reconocen que los plaguicidas han contribuido mantener la producción agrícola, pero aseguran que "ello se ha logrado a costa de la salud humana y el medio ambiente". Según el informe estos productos "se han promovido de manera agresiva" y "generan preocupación a nivel mundial en lo concerniente a los derechos humanos".

El documento califica "el modelo agrícola dominante", basado en el uso de plaguicidas, como "sumamente problemático", no solo por el daño que causan los productos utilizados, dado que según algunas estimaciones se producen hasta 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, sino también por "los efectos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria".

En este sentido, los relatores atacan "el argumento promovido por la industria agroquímica" que asegura que los plaguicidas son necesarios para mantener la seguridad alimentaria, afirmando que "no solo es inexacto, sino que además resulta peligrosamente engañoso".

El informe, realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver y el Relator Especial sobre productos tóxicos Baskut Tuncak, asegura que "hay suficientes alimentos para alimentar a la población mundial" y que el mayor obstáculo para el acceso a esos alimentos "son los sistemas no equitativos de producción y distribución".

Por último, el informe asegura que "el método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición a estos productos químicos tóxicos es abandonar la agricultura industrial", orientando la producción hacia la agroecología.

 

Un informe "sensacionalista" según la industria

 

La contundencia del informe ha provocado reacciones diversas desde distintos estamentos. Desde la asociación CropLife International, que reúne a los principales fabricantes de plaguicidas a nivel mundial, entre los que se encuentran los tres grandes conglomerados del sector: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont, han criticado el documento, asegurando que está plagado de afirmaciones "infundadas y sensacionalistas".

Will Surman, director de comunicación de esta organización, ha asegurado a eldiario.es que sin los actuales plaguicidas los agricultores podrían perder hasta el 80% de sus cosechas y que una limitación arbitraria de estos productos "repercutirá en el suministro de alimentos, aumentando sus precios y haciendo más difícil el derecho de todos los ciudadanos a acceder a alimentos asequibles".

Sin embargo, la Coordinadora Internacional de la a Red de Acción en Plaguicidas (PAN, por sus siglas en inglés), Medha Chandra, se mostrado en total desacuerdo con la posición de esta institución y ha asegurado a eldiario.es que "la afirmación de que los pesticidas son esenciales para alimentar al mundo no es más que un mito propagado por la industria". Según Chandra, "el análisis más completo de la agricultura mundial hasta la fecha nos dice que lo que está alimentando al mundo hoy en día es la agricultura a pequeña escala, que no depende de los pesticidas".

Desde esta ONG, cuyo objetivo es la reducción del uso de plaguicidas a nivel mundial, se han mostrado muy favorables al informe y a través de un comunicado han afirmado que apoyan "sin reservas" las recomendaciones de los relatores e "instan a la comunidad internacional a que comience rápidamente el proceso de negociación de un nuevo tratado", dado que los mecanismos que se encuentran actualmente en vigor "no han logrado una reducción significativa de los envenenamientos por plaguicidas".

Por su parte, Surman ha asegurado que si los plaguicidas "se usan de manera responsable y de acuerdo con las instrucciones de su etiqueta, no deben representar ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente" y ha insistido en que desde su institución "apoyan el trabajo de los reguladores gubernamentales para revisar y controlar el uso de plaguicidas, con el objetivo de identificar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y tomar medidas apropiadas para restringir o eliminar los productos que supongan algún riesgo".

 

Lagunas legales

 

Aún así, el informe señala la ausencia de mecanismos que permitan aplicar la actual legislación con más rigor y critica duramente "la autocomplacencia de los Gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente".

Según Elver y Tuncak, "no faltan leyes nacionales e internacionales", sin embargo, éstas "no están logrando proteger a los seres humanos y el medio ambiente", ya que "presentan lagunas en materia de aplicación, cumplimiento y cobertura", con lo que no logran aplicar de manera efectiva el principio de precaución, ni ponen freno a muchas prácticas comerciales a nivel internacional.

A pesar de la existencia de un Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas creado por la ONU, el informe hace especial hincapié en la falta de instrumentos eficaces para hacer frente al carácter transfronterizo del mercado mundial, criticando "la práctica generalizada, y a menudo permitida por ley, de exportar plaguicidas altamente peligrosos a terceros países".

Los relatores ponen como ejemplo el caso del paraquat, un plaguicida prohibido en muchos países europeos, pero que se sigue distribuyendo desde Suiza a países fuera de la UE. Igualmente, destacan también como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU "restringe, pero no prohíbe, la exportación a terceros países de plaguicidas no aprobados o no registrados".

Para intentar terminar con estas prácticas, los relatores aseguran que hay que establecer mecanismos que impidan este "doble rasero" que se aplica a distintos países y que "perjudica particularmente a los países con sistemas regulatorios más débiles".

 

 

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Seguridad alimentaria mundial depende de México: COP 13

Cancún, QR.

Con la advertencia de dirigentes de instituciones internacionales de que la pérdida de biodiversidad es alarmante, ya que se ha dado en forma acelerada, de tal forma que rebasa sus límites, comenzó este día la 13 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de Diversidad Biológica (CDB).

En la inauguración del segmento de alto nivel de la conferencia, a la que asisten ministros de medio ambiente, pesca, agricultura y forestales de alrededor de 190 naciones, se destacó que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han sido suficientes para frenar la pérdida de biodiversidad.

Helen Clark, administradora de la Organización de las Naciones Unidas, sostuvo que durante las tres décadas pasadas se perdió 10 por ciento del desierto del planeta, lo cual equivale a la mitad del Amazonas, y han declinado en 80 por ciento las pesquerías comerciales.

Naoko Ishii, titular del Global Enviromental Facility (Gef), que se encarga de financiar las iniciativas de conservación, sostuvo que la "pérdida de biodiversidad avanza a ritmo alarmante; hay quienes dicen que estamos en la sexta era de extinción. Estamos llevando a los sistemas terrestres al extremo, rebasan sus límites, por eso es importante lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable".

En la última conferencia a la que asiste como secretario ejecutivo de la CDB, el brasileño Braulio Ferreira de Souza advirtió que la seguridad alimentaria del mundo depende de la protección de especies en México, centro de origen de diversos alimentos.

En esta conferencia se buscó poner el acento de la diversidad biológica en los sectores productivos; "México es centro de origen de plantas de las que depende nuestro sustento, es importante que se celebre en la península de Yucatán, aquí fue donde por siglos estuvieron los mayas, civilización compleja en su día. En su complejidad se enfrentó a importantes desafíos, quizá por la sobrexplotación de sus recursos desapareció."

Hay muchos retos, pero la diversidad biológica es parte de la solución al problema "si no hay más atención a las cuestiones ambientales, si no hay planificación sostenible, fracasaremos, por eso esto es importante", señaló.

Aseveró que la biodiversidad se requiere para comer, tener acceso a medicina, agua y aire de buena calidad. Detalló que se ha perdido más de la mitad de bosques en el mundo, 90 por ciento de humedales, y la extinción de especies creció desde la revolución industrial, es más de mil veces más alto que lo que había antes de su inicio.

Por su parte, Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo que "estamos conscientes que los modelos actuales de desarrollo están acabando con el patrimonio natural, por eso estamos sumando otros actores, porque la agenda medioambiental no puede avanzar si no involucramos el trabajo de otros socios y si no se toman en cuenta los planteamientos de la sociedad civil, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, del sector privado y de los gobiernos locales y estatales".

A su vez, Erik Solheim, director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sostuvo que para conservar la biodiversidad se debe trabajar de manera conjunta, "así se puede avanzar, sólo si permanecemos juntos. Si las fuerzas políticas nos dividen no hay éxito, hay que restaurar la palabra: juntos".

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Marcelo Resende.

 

Caracas.

Venezuela no está en necesidad de "recibir ayuda humanitaria", declaró el representante en el país de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agriucultura (FAO, por su sigla en inglés), Marcelo Resende, al elogiar el programa del gobierno del presidente Nicolás Maduro para garantizar la entrega de alimentos a precios justos casa por casa.

 

Durante una reunión con el ministro venezolano de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y el jefe de control de los Comités Locales de Abastecimiento (Clap), Freddy Bernal, Resende calificó de extraordinaria la acción del gobierno venezolano de crear este mecanismo, y aseveró que en Venezuela "no están dadas las condiciones para recibir ayuda humanitaria", reportó Telesur en su portal.

 

Ambos funcionarios, indicó Torres, expusieron a Resende las acciones que se adoptarán para "proteger al pueblo".

 

Bernal tuitéo que la "#FAO asegura que Venezuela no está en condiciones de ayuda humanitaria", e informó en su página web que Resende aseguró que "los #Clap han tomado una dimensión estratégica para Venezuela", al reconocer además "el buen trabajo" que viene realizando el gobierno en el tema alimentario.

 

Venezuela redujo sus niveles de subnutrición, y en el nuevo mapa del hambre de 2014 es presentada como uno de los países que más han hecho para que su población coma bien y viva dignamente, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La FAO reconoció por primera vez al gobierno venezolano en 2012 por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más de 50 por ciento, resaltó Telesur.

 

Bernal y Torres también explicaron a Resende que los Clap son parte de la estrategia para combatir la guerra no convencional impulsada por la derecha venezolana y que se ha caracterizado por el saboteo económico con acaparamiento, boicot y usura de los productos de primera necesidad.

 

A todo esto, el vicepresidente y ministro venezolano de Planificación, Ricardo Menéndez, denunció en Nueva York ante la Organización de Naciones Unidas que Caracas sufre una guerra económica dirigida a la desestabilización interna y la búsqueda de una intervención extranjera.

 

En la jornada final del foro de alto nivel del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, centrado este año en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Menéndez advirtió que la intención es generar una fachada de "crisis humana" como nueva ruta para tratar de destruir a la revolución bolivariana.

 

En este contexto, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López informó que el joven mormón estadunidense Joshua Holt, fue detenido el 30 de junio por posesión ilícita de explosivos en su vivienda, y aseguró que estaría vinculado a "bandas criminales paramilitarizadas" que buscarían desestabilizar al gobierno.

 

Mientras, la oposición dijo que logró la validación de las firmas para activar la última fase de un eventual referendo revocatorio del mandato de Maduro.

 

 

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Entre mantas y llantos.

 

Eran las seis de la mañana del 11 de mayo cuando un grupo de personas, en su mayoría indígenas de los pueblos wayúu, nasa, sikuani, misak, arhuaco y muisca, entre otros, nos reunimos en el corazón de Bacatá, territorio de estos últimos, en un ritual de armonización que sanaba los corazones y abría el lugar para el duelo que en un par de horas daría inicio. El universo, la naturaleza y el territorio, como signo de aprobación y armonía, iluminaron el espacio con los rayos del sol que nos acompañarían durante el ritual de duelo de principio a fin.

 

Del departamento de La Guajira —ubicado en el extremo norte de Colombia— vinieron a llorar a sus niñas y niños muertos 60 mujeres y hombres wayúu acompañados por defensores de derechos humanos y étnicos, académicos, artistas, organizaciones sociales, movimientos de mujeres y ciudadanos en general. Todos nos unimos en el Movimiento de las Mantas Negras con un propósito: defender la vida de niños y niñas indígenas.

 

Un total de 4.151 niños de La Guajira murieron entre 2008 y 2013, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE): 278 por desnutrición, 2.671 por enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 porque no alcanzaron a nacer. En otros informes he comprobado que 37.000 padecen desnutrición y al menos cinco mil muertos por inanición. Sin embargo, las autoridades tradicionales wayúu nos dicen que el número de fallecimientos puede acercarse a los 14.000 menores, debido a que el sub-registro de nacimientos y muertes en ese departamento es muy alto.

 

Desde la Casa de Pensamiento Indígena, a las nueve de la mañana empezamos a salir por la calle novena un nutrido grupo de indígenas, no indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, católicos, cristianos, judíos, ateos, artistas; éramos un abanico de personas con diferencias raciales, sociales y políticas unidas por el mismo sentimiento de dolor.

 

Subimos por la calle décima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Mujeres con mantas negras y pañoletas y hombres con sombreros cargaban 500 ataúdes pequeños, símbolo de los miles de menores que no alcanzaron a cumplir su ciclo de vida y que murieron por causas prevenibles. Una espiral formada por docenas de personas y a la que llamamos El despertar de las semillas se movía al ritmo de sonidos andinos.

 

Cada uno de nosotros se manifestó frente al Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y el Palacio de Liévano, edificaciones en las que se concentra el poder político y judicial de la Nación. Allí, en donde se originan las leyes y se vela por el bienestar del pueblo colombiano, el Movimiento de las Mantas Negras nacía para la opinión pública en medio del llanto de mujeres y los hombres wayúu y arijuna (palabra empleada por los wayúu para referirse a una persona no indígena), abrazadas a un ataúd marcado con el nombre, la edad y el año de fallecimiento de la niña o niño que ese 11 de mayo fue reconocido y honrado.

 

Cada lamento que escuché fue una exigencia a las autoridades competentes para que tomen las acciones necesarias y duraderas porque, de acuerdo al auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional, los wayúu son uno de los 32 pueblos indígenas en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y porque no tienen sus necesidades básicas satisfechas: sufren la falta de agua, inseguridad alimentaria, un pésimo servicio de salud y la poca cobertura de los programas del Estado, desarticulados y sin pertinencia regional, cultural y lingüística.

 

Durante el ritual leímos los nombres escritos en cada ataúd, incluso los que tenían las frases “menor muerto antes de nacer” o “menor muerto sin registro”. Las autoridades tradicionales del pueblo wayúu expresaron su lamento; como el tío Jairo que interpretó una canción en medio de su tristeza: “Pensé que yo era mayor, pensé que yo era una autoridad, al venir a Bogotá pensé que la autoridad me iba a recibir, como es mi costumbre, pero resulta que el presidente Santos ni siquiera me ha mirado, ni siquiera me ha saludado. Yo vengo con mucha tristeza, con mucho dolor...”.

 

Espiritualidad y arte acompañaron el ritual de duelo. Representantes de distintos credos dimos nuestra bendición al ritual y reconocimos la barbarie que se vive en La Guajira. Por su parte, los artistas acompañaron el dolor con su música y con una actuación en la que se custodiaban simbólicamente los ataúdes, colocados en forma de flores que luego fueron rodeadas por un enorme cordón hecho con cientos de borlas de lana. Así honramos a cada uno de los muertos.

 

Sobre el mediodía escuchamos la lectura del comunicado oficial, donde se explicaba el origen del Movimiento de las Mantas Negras, los objetivos del ritual y las acciones exigidas a corto, mediano y largo plazo para terminar con las muertes de niñas y niños indígenas en el país.

 

Los portavoces oficiales del Movimiento de las Mantas Negras son Remedios Uriana, en representación del pueblo Wayúu, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y yo misma, como subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), organización con la que llevamos 25 cinco años trabajando con pueblos indígenas en cuatro áreas: gobierno comunitario, familia, niñez y juventud, soberanía alimentaria y educación. Actualmente, y gracias al apoyo de organizaciones internacionales como Manos Unidas, nuestra socia local en España, Fucai está presente en 22 comunidades wayúu formadas por 316 familias y 1.800 personas. Con ellos realizamos el seguimiento y la recuperación nutricional de 381 niños y niñas menores de cinco años, hemos capacitado a 66 líderes y autoridades tradicionales y hemos desarrollado actividades de articulación e incidencia interinstitucional para garantizar los derechos de los niños y sus comunidades.

 

El ritual de duelo Entre mantas y llantos fue una manifestación pacífica, multicultural y pluriétnica, con un impacto visual sin precedentes. Imposible que el transeúnte desprevenido no volteara sus ojos hacia las mujeres de manta negra que lloraban al pie de sus ataúdes, dentro de ese enorme cementerio en el que se convirtió la Plaza de Bolívar de Bogotá.

 

 

*Ruth Consuelo Chaparro es subdirectora de Fucai (Fundación Caminos de Identidad), socia local de Manos Unidas en Colombia y Premio Bartolomé de las Casas 2015.

 

 

 

 

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Seguridad alimentaria mundial, en manos de campesinos: Unctad

Los campesinos o pequeños productores agrícolas son los principales contribuyentes de la seguridad alimentaria en el mundo, así como actores fundamentales en la sostenibilidad social y ambiental. Sin embargo, por negligencia política de los gobiernos han resultado el sector más dañado por la pobreza y los efectos del cambio climático, advierte la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad ) en su informe 2015 sobre los pequeños agricultores y el desarrollo sostenible de productos básicos, que comenzó a difundir en la semana que concluyó.


En conjunto, los campesinos concentran apenas 12 por ciento de todas las tierras agrícolas pero generan 80 por ciento de los alimentos del planeta. Esos números, destaca el organismo, deberían haber justificado una asignación más alta de recursos públicos. Por las amenazas crecientes vinculadas al cambio climático, la creciente escasez de recursos naturales y la exigencia de competitividad en los mercados mundiales, los pequeños productores agrícolas merecen una atención política urgente, tanto a nivel nacional como mundial.


Añadió que la pobreza sigue siendo un fenómeno predominantemente rural y 70 por ciento de los mil 400 millones de personas en extrema pobreza de los países en desarrollo viven en zonas rurales.


Luego de la crisis alimentaria que estalló en 2008 por el encarecimiento de los productos básicos, los pequeños productores agrícolas, como llama la Unctad a quienes cuentan con tan sólo dos hectáreas para sembrar, cobraron mayor importancia en muchos países que reorientaron sus políticas en seguridad. Hasta antes de ese año, la producción nacional de alimentos era una preocupación menor para muchos países, salvo excepciones como Estados Unidos, debido a los excedentes en la producción agrícola a nivel mundial.


Para Estados Unidos la producción alimentaria es parte de su política de defensa nacional y en la mayoría de los países asiáticos la comida un asunto de seguridad nacional, por lo que maximizar la producción de alimentos es una estrategia prioritaria.


La mayoría de los campesinos sólo produce en pequeña escala o de plano únicamente para el autoconsumo con prácticas responsables con el medio ambiente. Tienen una débil vinculación con los mercados internacionales, pero pese a ello son los más vulnerables a las crisis y volatilidad de los precios de los productos básicos y los más afectados por el cambio climático.
Obstáculos, desequilibrios y deficiencias en el comercio internacional restringen su participación y, en cambio, favorecen a intermediarios y exportadores de alimentos. La falta de educación, inversión, acceso a las tecnologías de la información, créditos y formación empresarial abonan en la exclusión de los campesinos y la Unctad menciona incluso que con la liberación del comercio en muchos países en desarrollo se ha causado un daño duradero a la agricultura en pequeña escala.
El sector público ha reducido su participación en la agricultura y los apoyos a campesinos, además de abandonar políticas públicas agropecuarias que han dejado un vacío que no ha sido ocupado por el sector privado, como se esperaba.


Motor de crecimiento


El estudio puntualiza que, en general, los países de Asia, América y África sí incluyen a los pequeños agricultores en sus políticas de seguridad, pero en la realidad sólo algunos han tenido éxito y persisten diversos obstáculos para integrarlos a la economía, el comercio y el desarrollo.


Si bien la Unctad señala que el término de pequeños agricultores varía según la región, aclara que en el estudio lo utiliza para referirse a quienes realizan sus cultivos en propiedades (granjas o ranchos) que sólo tienen una extensión aproximada de dos hectáreas, utilizando fundamentalmente mano de obra familiar, y que tienen una limitada interacción con los mercados comerciales y el crédito.


Hasta principios de este siglo, 87 por ciento de este tipo de productores agrícolas se concentraba en países de Asia Pacífico, 8 por ciento en África y 4 por ciento en Europa. Menos de uno por ciento pertenecía a naciones de América Latina, debido a que en esta región el tamaño de una granja de explotación media es de alrededor de 20 hectáreas. Además, en el oeste de África y el sudeste de Asia, la mano de obra femenina representa 50.7 y 60.7 por ciento del total, en tanto en América Latina no llega ni a 10 por ciento.


Es un sector con un alto nivel de resistencia pero la Unctad destaca que cuentan con la capacidad de lograr mayor productividad y eficiencia para convertirse en un motor de crecimiento económico y reducción de la pobreza, ya que en la medida que transiten de la agricultura de subsistencia a la comercial pueden aumentar sus ingresos.

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La construcción alternativa de políticas populares

 

Edición 2015. Formato: 11,5 x 17,5 cm, 90 páginas.

P.V.P: $17.000    ISBN: 978-958-58826-9-0

 

Reseña:

Con un enfoque crítico, este libro presenta los componentes conceptuales y fácticos de una política de soberanía alimentaria para Colombia. Las ideas provienen, en parte, de las propuestas presentadas al país por los empeños populares y campesinos dentro de sus territorios, en las diversas geografías en que están instalados, tanto en lo productivo como en lo reproductivo. A lo largo de sus páginas, se sugieren conceptos centrados en la alimentación como derecho, pero también como práctica social efectiva, tales como el de Huella alimentaria urbana, o Sistemas Agroalimentarios Regionales, junto con elementos sobre las fortalezas, debilidades y amenazas de la alimentación, presentes en el modelo de desarrollo capitalista imperante y recreados por los intereses de grandes empresas multinacionales en la llamada "crisis alimentaria mundial". La reflexión culmina con unos lineamientos para avanzar en las propuestas populares y campesinas alternativas a dicho modelo, contenidas en muchos de esos procesos, y en la plataforma de lucha de la Cumbre Agraria.


Hernán Darío Correa es sociólogo, consultor social y ambiental; ha apoyado organizaciones populares, campesinas e indígenas durante los últimos treinta años, y publicado ensayos y artículos en revistas. Su libro más reciente, Como marcas en la brecha. Una historia de vida, El Peregrino Editores, 2015.


Juliana Millán Guzmán es antropóloga, ha desempeñado labores como consultora social y ambiental en procesos de apoyo a organizaciones campesinas y populares. Actualmente trabaja en la Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI. Ha escrito ensayos y artículos en libros y revistas nacionales e internacionales.


Ambos trabajaron durante casi dos lustros con el proyecto Planeta Paz.

 


 

Índice.

 

Introducción.

I. El enfoque básico y los criterios de construcción de la política.

II.El contexto: fortalezas y debilidades de la seguridad alimentaria en el país.

III.Hacia una red nacional por la soberanía alimentaria en el país.

Preguntas orientadoras de la lectura y la discusión crítica.

 

 

 
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