MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sábado, 14 Noviembre 2020 05:52

Polonia. La revolución de las mujeres

Polonia. Cinco noches de protestas

El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Polonia sentenció que la ley sobre el aborto vigente desde 1993 era parcialmente inconstitucional. Dicha ley autorizaba el aborto en función de tres causas: amenaza para la salud y la vida de la mujer, constatación de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible ¡y la sospecha de que el embarazo era fruto de un delito: es decir, violación o incesto. El Tribunal consideró que dos últimas causas contradicen las disposiciones constitucionales sobre la protección de la vida. De ese modo, una institución que teóricamente garantiza el orden jurídico atenta contra los derechos de las mujeres, incrementando su sufrimiento. Tanto de las mujeres que portan un organismo muerto o un feto con malformaciones o enfermedades irreversibles como de las que desean procrear en el futuro. En el primer caso, tener que parir una criatura que nace muerta o que se sabe de antemano que no sobrevivirá constituye todo un infierno para la madre.

Un régimen propio de la inquisición

Este tipo de heroísmo se inscribe en la visión de Jaroslaw Kaczyński, presidente del partido gubernamental PiS (Ley, Derecho y Justicia), quien declaró que merecía la pena parir un niño muerto, aunque no fuese más que para bautizarlo y enterrarlo. Sin embargo, el carácter bárbaro de este criterio no es nuevo en la política polaca. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo es una de las luchas más encarnizadas en Polonia desde hace años. Una lucha que la derecha polaca, que depende del apoyo de la Iglesia católica, ha venido ganando hasta la resolución del Tribunal Constitucional.

En Polonia no se puede decir que “nadie esperaba la Inquisición española”, pronunciada en el célebre sketch Flying Circus de los Monty Python. El fanatismo clerical forma parte de la vida cotidiana y no debería sorprender a nadie. Sin embargo, si puede resultar sorprendente la triple alianza que se ha materializado en torno a ese ataque vergonzoso contra las mujeres.

Si no hubiera existido la pandemia y los límites para el normal funcionamiento de la vida pública que ha conllevado, el tribunal encargado de ejecutar las órdenes del PiS se lo hubiera pensado dos veces antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los pocos derechos que gozan las mujeres en torno a sus derechos reproductivos.

A fin de cuentas, quienes detentan el poder no han olvidado el gran choque que supuso el lunes negro: la enorme resistencia social contra los intentos anti-abortistas que en 2016 puso en jaque la ofensiva ultraconservadora.

El número de casos provocados por la covid-19 en Polonia aumenta rápido. A la hora de escribir este artículo, Polonia se sitúa en el 8º lugar de la tristemente célebre lista de países con mayor incidencia cotidiana de infecciones. Igualmente, el número de muertes aumenta de forma alarmante y la capacidad de atención sanitaria está al borde del colapso. Todo el mundo se pregunta si los hospitales disponen de suficientes camas y equipos de respiración asistida. Las ambulancias se ven obligadas a largas esperas antes de depositar los pacientes en el hospital…

Por ello, se podía esperar que una sociedad aterrorizada por esta situación no respondiera a un ataque institucional contra los derechos de las mujeres. Pero, una vez más, las autoridades se equivocaron.

A pesar de estar prohibidas las reuniones de más de cinco personas, los últimos días de octubre Polonia conoció lo que puede ser la ola más grande de manifestaciones en la calle desde la restauración del capitalismo. Y lo que es más importante aún, las movilizaciones no solo se desarrollaron en las ciudades más importantes, sino también en las ciudades medias y en los pueblos. Incluso en aquellos que no hace mucho tiempo se hicieron famosos en el mundo entero por las terribles decisiones adoptadas por responsables locales estableciendo “zonas libres de ideología LGBT”. No se sabe con exactitud lo que significaba el establecimiento de dichas zonas, pero esas decisiones de las autoridades locales, aún cuando no iban más allá de la esfera simbólica, suponían un despiadado y repugnante ataque a las personas con identidades sexuales o de género fuera de la norma. En cualquier caso, algunos municipios revocaron estas escandalosas resoluciones. Lo que no sorprende, porque según leyendo los registros y las transcripciones de las reuniones de sus dirigentes se vio que quienes votaron a favor de esas zonas ni siquiera eran capaces de descifrar el acrónimo LGBT. Cuando se demostró que determinados responsables locales hablaban de zonas sin LPG, la mofa en las redes sociales fue monumental. El acrónimo LPG se refiere al término inglés “gas de petróleo licuado”. Seguro que ninguno de esos responsables políticos estaba por prohibir un carburante tan popular en Polonia…

Una revuelta popular…

Las ciudades pequeñas, incluso aquellas de las regiones que normalmente son bastiones del PiS, reaccionaron ante la decisión del Tribunal Constitucional de forma completamente diferente a la que probablemente imaginaron quienes conforman el gobierno en Varsovia. En lugar de callarse, miles de personas se pusieron a gritar en las calles y en las plazas, sin el menor recato, dos lemas bien claros y muy vulgares: wypierdalać (¡iros a la mierda!) y jebać PiS (¡que le den por el culo al PiS)

Las primeras protestas –populares y espontáneas- comenzaron en el momento en que Przyłębska1/, del Tribunal Constitucional, anunció la decisión. Cientos de personas estupefactas y aterrorizadas por la crudeza del veredicto salieron a la calle la noche del jueves 22 de octubre. Las masas comenzaron a concentrarse ante el edificio que alberga al Tribunal Constitucional y luego se trasladaron ante la sede central del PiS. Desde el principio, el movimiento social de base Ogólnopolski Strajk Kobie (Huelga General de mujeres), que emergió en 2016 al calor de los lunes negros, llamó a movilizarse. En 2016, una enorme movilización obligó al partido en el poder a retirar su apoyo a la ley que se estaba debatiendo en el parlamento para prohibir el aborto.

Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), la organización feminista cuya militante más conocida es Marta Lempart2/, ha sido una fuerza determinante para la organización de la protesta en todo el país: gracias a los contactos con las y los militantes de base, fue posible organizar marchas y manifestaciones en los días posteriores al anuncio. En muchas ciudades y pueblos, las protestas estallaron espontáneamente, fundamentalmente, gracias al trabajo de grupos informales.

 El 23 de octubre, miles de manifestantes se concentraron ante la villa de Jaroslaw Kaczynski en el barrio Żoliborz de Varsovia, también la plaza de la Libertad de Poznan se llenó de manifestantes y en Lodz se alumbraron cientos de velas fúnebres frente a la sede de PiS.

Las primeras movilizaciones fueron relativamente tranquilas; había más mujeres atemorizadas y llorando que gritando consignas vulgares. A pesar de ello, el periodista de derechas Rafał Ziemkiewicz les llamó putas vulgares a través de Twitter y los media gubernamentales ocultaron de forma permanente el carácter masivo de las protestas, subestimando el número de participantes. El punto de inflexión a todo ello se dio en las misas dominicales en las iglesias.

… que no perdona a la Iglesia

El domingo 27, como parte de la liturgia dominical, las manifestantes interrumpieron las misas al grito de consignas pro-aborto (“Recemos por el derecho al aborto”), con aplausos estridentes en las catedrales, distribuyendo panfletos y con pintadas al respecto, así como haciendo público el número de teléfono del Abortion Dream Team, un colectivo que facilita el aborto en el extranjero para las mujeres polacas. A la noche, en Varsovia, hubo manifestaciones frente a la sede de la Curia, al mismo tiempo que en el resto del país las protestas frente a las iglesias se hacían cada vez más intensas.

Todo ello provocó la ira de los nacionalistas y de los editorialistas de los medios de comunicación próximos a ellos, que realizaron llamamientos fervientes a “defender los santuarios”. Ante la iglesia de la Santa-Cruz, (calle Nowy Świat en Varsovie) las manifestantes tuvieron que hacer frente a la Guardia Nacional, una organización paramilitar dirigida por Robert Bąkiewicz, uno de los organizadores de la Marcha anual por la independencia. Los nacionalistas Defensores de la Iglesia agredieron a una anciana y tiraron a una joven por las escaleras abajo, teniendo que ser hospitalizada. Estas agresiones se desarrollaron bajo la atenta mirada de la policía que se abstuvo de defender a las mujeres frente a la agresión de los nacionalistas.

La nueva generación se rebela

Las movilizaciones de Varsovia dieron aliento a la combatividad social. Fruto de ello, las protestas espontáneas tomaron otro cariz: bloqueo de calles en cientos de ciudades el lunes 28, con miles de personas en cada una de ellas; huelga de mujeres el miércoles, en la que las mujeres y los hombres que les apoyaban dejaron de trabajar; y enormes manifestaciones de estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria en todo el país.

Fue en ese momento que Jarosław Kaczyński llamó a hacer frente a las mujeres que no aceptaban someterse [a la decisión del Tribunal], siendo abiertamente criticado por haber incitado a la sociedad a la guerra civil. Su discurso se convirtió en una bomba incendiaria que radicalizó el discurso de las manifestantes.

Mientras grababa su discurso Kaczyński puso en la solapa de su chaqueta el pin de la Polonia combatiente que utilizaron los insurgentes de Varsovia en 1944. Cinco supervivientes de esa insurrección criticaron duramente la utilización de este símbolo, declarando al periódico Gazeta Wyborcza que Kaczyński no tenía derecho a utilizarlo y que su acto era inaceptable. Los veteranos de la insurrección también manifestaron su apoyo a las movilizaciones, calificándolas de justas y, a pesar de riesgo de la epidemia, participaron activamente en las marchas. La manifestación más grande se dio el 30 de octubre en Varsovia: entre 100.000 y 150.000 personas venidas de todo Polonia invadieron las calles de la capital. Según la policía, en el conjunto del país3/ se movilizó más de un millón de personas: la movilización más numerosa de estos últimos años en Polonia.

Entre quienes se manifestaron, el grupo más numeroso fue el de las mujeres jóvenes: estudiantes de universidad y secundaria y también las llamadas jóvenes adultas; personas de menos de 35 años que empiezan a tomas sus primeras decisiones vitales. La participación de este grupo de edad dio lugar a una ironía y un sarcasmo sin precedentes en las pancartas y en los lemas. Las más popular fue wypierdalać (¡iros a la mierda!), y la crítica mediática de la “exagerada vulgaridad de las protestas que solo perjudica su causa” llevó a modificarlas crativamente. En las pancartas se podía leer “Os invitamos a marcharos de inmediato”, “Os pedimos que vayáis a joder a otra parte”, “Por favor, iros”. El contraste entre la utilización de formas de expresión neutras y la enorme emoción que embargaba a miles de manifestaciones se hacía cómica.

He aquí algunos de los slogan más corrientes: “Quien vive en Polonia no se ríe en un circo”, “El gobierno no es un embarazo, se le puede expulsar”, “Si los niños del coro estuvieran embarazados, el aborto sería sacramento” y “Si el Estado no me protege, defenderé a mi hermana”. Muchos de ellos provienen de memos en Internet y de programas de entretenimiento populares: “Hoy vamos a cocinar un guiso de pato”4/ “El PiS hace té con el agua de raviolis” “Nos da miedo follar”, “Sólo podemos darnos por el culo”… son slogans que han aparecido en ciudades y pueblos. El breve clip realizado durante la manifestación estudiantil en Varsovia, que muestra a un grupo danzando la canción de Eric Preydz “Call on me” de 2004, se hizo muy popular. En lugar del estribillo de la versión original, la gente cantaba: “Me cago en el PiS”, el slogan más importante de las manifestaciones contra el gobierno tras la de “¡iros a la mierda!”. El clip se hizo viral y la canción Joder al PiS de Cypis5/ basada en ella se difundió mediante altavoces portátiles en las manifestaciones posteriores (en el momento de escribir esto, el video ya se había visionado 4,7 millones de veces en YouTube).

Ciudades y pueblos movilizados

El carácter fenomenal de las protestas tras el anuncio de la decisión del Tribunal por Julia Przyłębska6/ reside en su generalización, que no tiene precedentes. Las marchas se sucedieron de forma simultánea en miles de pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país; en particular, en los pueblos de unos pocos miles de habitantes. En determinadas ciudades, las manifestaciones de octubre han sido las primera de su historia. En Sztum, Trzebiatow, Sanok, Pruszkow o Myślibórz, ha salido a la calle gente que nunca antes se había manifestado. En los media se oye decir que se ha abierto una brecha en la reflexión sobre la resistencia social en Polonia y también que es el primer paso hacia una separación real entre la Iglesia y el Estado, que hasta el momento parecía imposible.

El comportamiento de las jóvenes de Szczecinek, una ciudad de 40.000 habitantes, tuvo un enorme impacto: el 25 de octubre hicieron frente a un cura que intentaba increpar a las huelguistas. Le rodearon, gritándole: “Enséñanos tu útero”, “Vuelve a tu iglesia”, “Vete a joder a otra parte”. Estas adolescentes recibieron el apoyo de la gente que se manifestaba en la región y los medios de comunicación locales publicaron vídeos de sus actividades. La cadena de TV de extrema derecha y la progubernamental TVP Info presentó la acción de estas jóvenes como un insulto escandaloso y vulgar a un hombre santo que distribuye el sacramento de la comunión. De hecho, este hombre santo no distribuye el sacramento de la comunión, está suspendido de sus funciones y durante las manifestaciones mostró la higa a los chóferes que apoyaban a las manifestantes.

Contra los patriarcas

Otra palabra que ser ha expandido mucho en poco tiempo en el espacio público es dziaders (que se puede traducir como la expresión vulgar de patriarca). Las pancartas anunciaban “el crepúsculo de estos patriarcas”, es decir, la caída inminente del patriarcado. El patriarca, protector del orden social conservador polaco es una figura muy corriente en Polonia: la puede ejercer un tío en una fiesta familiar, un profesor universitario que repite que las mujeres no deberían estudiar o uno de los ministros del actual gobierno del PiS (en la que solo hay una mujer: la ministra de la familia y de la política social). Las mujeres polacas, cansadas de haber sido marginalizadas durante muchos años en la vida política y haber sido sometidas al ethos del sacrificio por la familia, han dirigido sus protestas contra los hombres en el poder –tanto el poder laico como el eclesiástico- que les tratan de forma irrespetuosa, condescendiente y como objetos, imponiéndoles sus propias opiniones en nombre de la defensa de los valores y las tradiciones. El estruendoso ¡iros a la mierda! Gritado por las jóvenes de 15 años de Szczecinek puede acabar con el patriarcado que han preservado todas las opciones políticas durante los últimos decenios en Polonia.

Bajo el régimen del PiS, el Tribunal Constitucional ha perdido cualquier vestigio de su ya dudosa independencia política, Está compuesto por personas elegidas para ese puesto por el partido en el poder. Se trata, entre otras, de Krystyna Pawłowicz, conocida por su predilección a insultar de forma vulgar a los oponentes políticos, y del antiguo procurador comunista Stanislaw Piotrowicz, obediente miembro del Partido Obrero Unificado Polaco que pronunció las condenas de los militantes del sindicado Solidaridad y que posteriormente se recicló sin problemas a la democracia liberal, transformando su marxismo-leninismo versión estalinista en un ardiente catolicismo. Stanislaw Piotrowicz se hizo célebre en 2001 por defender a un cura acusado de pedofilia. Tras la llegada al poder del PiS en 2015, jugó un importante papel en el desmantelamiento del Tribunal Constitucional para llegar a ser miembro del mismo. Obtuvo ese puesto para resarcirse de no haber logrado ser elegido al parlamento en las legislativas de 2019. La presidenta del Tribunal, Julia Przyłębska, es una juez criticada en la comunidad jurídica por su falta de respeto a las normas jurídicas, por decirlo de forma delicada.

Por la legalización del aborto

La polémica sobre el derecho al aborto en Polonia viene de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la relativa regulación de la interrupción del embarazo fue modificad varias veces, si bien el derecho a elegir introducido en 1956, en función de las difíciles condiciones de vida de la mujer, abría un amplio campo al respecto. En la práctica, abrió las puertas a la interrupción del embarazo en la sanidad pública. Sin embargo, la disponibilidad técnica y jurídica del aborto contrastaba con el fuerte tabú existente en la sociedad y la gran carga moral que suponía para las mujeres con embarazos no deseados.

El discurso basado en la protección de la vida frente a lo que los partidarios del gobierno actual denominan aborto eugénico triunfó en 1993 cuando se adoptó la ley sobre la Planificación Familiar. Ley que se aprobó unos meses antes del concordato entre el Vaticano y la República de Polonia.

En el periodo de las transformaciones sociales económicas post-1989, el fundamentalismo católico se fue haciendo fuerte y se instaló en la corriente política dominante. La Iglesia dejó de jugar el papel de apoyo abierto a un amplio abanico de círculos de oposición, no sólo cristianos, que luchaban contra el régimen autoritario dela República Popular de Polonia. En los años 1990 su influencia política alimentó discursos radicalmente conservadores que encontraban eco tanto entre las clases populares como en el seno de una parte de la clase media polaca en formación en las nuevas condiciones capitalistas. Y tras 1989 pocas organizaciones política verdaderamente significativas han intentado avanzar reivindicaciones anticlericales.

El hecho de negar a las mujeres el derecho al aborto legal se bautizó como acuerdo sobre el aborto. Sin el inmenso sufrimiento al que la ley de 1993 condujo a miles de mujeres, la utilización de la palabra acuerdo se podría interpretar como una especie de humor negro. Este acuerdo se realizó entre la jerarquía eclesiástica y la derecha política, pasando por encima de las mujeres polacas y de un tímida oposición de los principales partidos del centro y la izquierda.

Si bien en el Parlamento, estas fuerzas votaron contra la ley anti-aborto, en los años siguientes fueron abandonando la cuestión buscando situarse bien en relación a la Iglesia. El apoyo con que contaba el acuerdo se convirtió en una excusa para tomar distancias con el tema. Y a consecuencia de ello, el aborto clandestino ha sido el gran beneficiado de la situación creada.

Debido a estas decisiones políticas, desde los años 1990, Polonia se ha convertido en una fuente de mano de obra barata para el resto de Europa. Los bajos salarios, sobre todo fuera de las grandes ciudades, hace que sean pocas las mujeres que piensen abortar que puedan acceder a una clínica en Austria o Alemania o, incluso, a Eslovaquia, donde los precios son más asequibles. Algunas de ellas, atrapadas no solo por las privaciones materiales, sino también por la falta de apoyo de su parejas o de sus familiares, deciden recurrir desesperadamente a los servicios de entidades más o menos profesionales que ofrecen servicio en Polonia. La Federación de Mujeres y de Planificación Familiar estima que cada año se realizan más de 100.000 abortos ilegales. La cifra oficial recoge 1100 procedimientos de este tipo, de los cuales cerca de 1000 abortos en 2018 se practicaron debido a “enfermedades irreversibles del feto”. De hecho, la decisión del Tribunal Constitucional desplazó la realización del aborto de las clínicas públicas a los garajes de los ginecólogos.

Contra el fundamentalismo católico

Cuando en octubre de 2020 la oposición al endurecimiento de la ley contra el aborto se comenzó a manifestar frente, y a veces en el interior, de las iglesias católicas, se hizo evidente que las autoridades eclesiásticas no podría continuar en una posición de confortable neutralidad. La corresponsabilidad del clero en la creación de las condiciones que permiten convertir en realidad las aspiraciones de los fanáticos pro-vida es ampliamente aceptada. La asociación de fundamentalistas católicos Ordo Iuris, un ejército de hábiles abogados, bien pagados por fanáticos sudamericanos, ha jugado un papel importante en el desarrollo de la idea de proteger los niños en la fase prenatal de la vida (sic!). Actualmente Ordo Iuris constituye la mayor amenaza para los derechos humanos en Polonia. Sus miembros tratan de forma ferviente trasponer su fanática visión del mundo al derecho polaco. Como puede comprobarse, de forma bastante eficaz.

En el ala derecha de la barrica de los media sociales digitales, en los que periodistas intelectualmente miserables pero manifiestamente muy excitados, con toda su arrogancia, aparecen violentos insultos hacia las mujeres, la comunidad LGBT, los políticos de la oposición y prácticamente de todos quienes se arriesguen a oponerse al equipo progubernamental. Entre estos ladradores narcisistas, Rafal Ziemkiewicz se distingue por su particular rudeza, que tanto él como sus amigos la definen como insumisión.

Los envenenados ataques contra las mujeres que luchan por sus derechos se sazonan a veces con una pizca de teorías del complot. Por ejemplo, bajo la forma de argumentos pseudo-científicos sobre la nocividad de todo tipo de contraceptivos a excepción del método Ogino (que otros denominan, la ruleta del Vaticano) y de groseras manipulaciones sobre los motivos que llevan a las mujeres a abortar. Los partidarios del derecho a la vida (de los embriones) citan motivos eugenésicos bien conocidos. En particular, el problema de las personas con síndrome de Down. Tratan de convencernos que la decisión de interrumpir el embarazo se basan en convicciones extremadamente egoistas de las madres, perturbadas por influencias culturales del podrido Occidente: mujeres crueles que simplemente no quieren apiadarse de niños minusválidos y que niegan el valor de sus vidas. Semejantes opiniones no solo las transmiten los fanáticos religiosos que distribuyen a la entrada de las iglesias folletos advirtiendo de las conspiraciones judeo-comunistas-masónicas o dela ideología LGBT; forman parten de la política y del contenido propagado por la televisión pública financiada con nuestros impuestos.

En la interpretación derechista de la cultura polaca, los niños constituyen el principal valor; sin embargo, esto solo se aplica a los niños no natos (fetos) y a quienes aún no tienen su propia visión del mundo. En los discursos de la derecha conservadora polaca radicalizada, una adolescente que lucha por el derecho a su propia dignidad no puede ser más que una joven mimada o manipulada. Pero estos llamamientos al orden, patriarcales y condescendientes, de hombres políticos omniscientes y de los defensores de los valores tradicionales polacos pierden su influencia ante la convergencia de la oposición social actual.

Si bien la dinámica de las protestas callejeras viene perdiendo en intensidad, porque no se puede esperar que las masas de gente que salieron a la calle a finales de octubre continúe permanentemente en la calle- la unidad de numerosos grupos sociales frente a las autoridades constituye un hecho. Aunque pueda parecer totalmente increíble, en medio de la fuerte pandemia de la covid-10, hacemos frente a una situación en la que se puede decir sin exagerar que si bien no tiene un carácter revolucionario, no está muy lejos de ello.

Tras la buena sorpresa

La amplitud de esta movilización es tanto más sorprendente porque desde hace muchos años la sociedad polaca parecía haber sido pacificada cuando se trataba de articular luchas de clase de una envergadura de calado. La especificidad del desarrollo del capitalismo neoliberal en Polonia se sale de los límites de este artículo, pero es interesante señalar que las mismas masas que se manifiestan con vigor en estos días hasta no hace mucho aparecían como excepcionalmente apáticas y despolitizadas, incluso en relación a otros países del antiguo bloque del Este.

Cierto, no hay que echar las campanas al vuelo, porque las protestas actuales ya son fuente de vivas disputas entre diferentes sectores unidos por el rechazo de la decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, la inexistencia de un movimiento obrero de masas organizado (más allá de los debilitados sindicaos, algunos de los cuales dudan en adoptar una posición clara sobre el aborto y otros cooperan abiertamente con la extrema derecha, incluso la neofascista, como Solidaridad, que denigra vergonzosamente su herencia histórica), la izquierda no es muy audible.

De una parte, hay que señalar la enorme determinación y el mérito de los diputados de Lewica7/ y de los militantes de las innombrables organizaciones sociales y políticas que han participado en las manifestaciones. Pero, de otra parte, la creación de un organismo denominado Consejo consultivo para la Huelga nacional de mujeres ha generado enormes controversias.

Según sus impulsoras, este Consejo debe desempeñar un papel estrictamente consultivo al servicio del movimiento de masas. Sin embargo, sólo lo componen personas asociadas al medio de las ONG de Varsovia, a las instituciones universitarias y a las organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra un exministro desacreditado del gobierno del PO8/. Este Consejo no ha sido elegido mediante un proceso democrático, sino a iniciativa de los dirigentes del OSK y de sus asociados. El Consejo declara que, además de los derechos reproductivos, analizará las cuestiones planteadas en las manifestaciones en materia de derechos laborales, de política social, del sistema educativo o de la ecología. No esta claro cual será exactamente el trabajo y el objetivo de este organismo. Pero es claro que en su interior hay gente que tiene puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones fundamentales como los contratos basura9/. Por tanto, existe el riesgo de que un organismo elegido de forma no democrática y cuyos objetivos no están claros se divida antes incluso de dar a conocer los resultados de su trabajo.

Sin embargo, esta no es una razón para caer en el fatalismo. Este Consejo podría jugar un papel importante, por ejemplo, coordinando la defensa de las y los militantes que las autoridades ya han comenzado a reprimir. En teoría, quienes militan a favor de los derechos de las mujeres en ciudades pequeñas son más fáciles de reprimir, porque carecen de una gran base social y mediática. Y ya se encuentran amenazadas con penas que pueden alcanzar hasta los 8 años de prisión, ser despedidas o relegadas al ostracismo. Pero también son personas con una gran fortaleza que en estas circunstancias excepcionales pueden contar con la solidaridad de un movimiento sin precedentes en todo Polonia. Parece que uno de los slogan más importantes de la revolución rampante polaca “Nunca estarás sola” encuentra aquí y ajora su confirmación práctica.

J.D. y Z.R., militantes de la izquierda radical polaca que trabajan en el sector público de la cultura. Para evitar que sean despedidos debido a la prohibición de “manifestar públicamente sus opiniones políticas”, hemos decidido no divulgar sus nombres. (Traducido del polaco por Jan Malewski, los intertítulos y las notas son de la redacción de Inprecor)

14 noviembre 2020

 

Notas:

 

1/ Julia Przyłębskl nació el 16 de noviembre de 1959. Jurista y diplomática, fue elegida al Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 por los diputados del PiS en el Parlamento. En diciembre de 2016 el presidente de la República, Andtzej Duda (PiS) le nombró presidenta del Tribunal. Según numerosos juristas, entre ellos expresidentes del propio Tribunal, su elección se realizó violando la ley.

2/ Marta Lempart, jurista de formación, una de las impulsoras de la organización polaca Ogólnopolski Strajk Kobiet (Huelga nacional de mujeres, OSK), que reivindica el derecho al aborto libre, fue una de las organizadoras de la protesta negra –protesta de las mujeres contra el intento de hacer pasar una ley que prohibiera totalmente el aborto en Polonia en septiembre-octubre de 2016- y del Lunes negro (3 de oct. de 2016), primera huelga de mujeres en Polonia. Dicha movilización forzó al gobierno del PiS a retirar el proyecto de ley. También tomó parte en la organización de las movilizaciones en defensa de la independencia de la justicia, contra la pedofilia eclesiástica en Polonia, en defensa de los LGBT+ y de las personas discapacitadas. Hizo pública su homosexualiad.

3/ En 2020 la población polaca se estima que asciende a 38 nillones de habitantes.

4/ Traducido literalmente, el apellido del presidente del PiS hace referencia al pato (kaczka).

5/ Cf.: https://www.youtube.com/watch?v=FQq6Mwv_jpw

6/ El Tribunal Constitucional, que el gobierno del PiS reestructuró de arriba abajo en 2015 –reestructuración cuestionada por la Unión Europea- tiene poco que ver con una justicia independiente, incluso formalmente. Es ilegítimo, como su presidenta. De ahí que se sobre todo se le conozca como Tribunal de Przyłębska.

7/ Lewica (la Gauche) es el nombre de una alianza política constituida por SLD (Alianza de la izquierda democrática, cuyo origen está en el Partido Obrero Unificado Polaco en el poder de 1944 a 1989), Wiosna (la Primavera, un partido de centro-izquierda fundado en 2019 por Robert Biedron, militante LGBT y periodista), Lewica Razem (Izquierda Unida, un partido a la izquierda del SLD fundado en 2015), el PPS (Partido Socialista Polaco que reivindica la tradición socialdemócrata) y varias otras pequeñas organizaciones políticas entre las que se encuentra, Iniciativa Feminista, así como un sindicato campesino y un sindicato estudiantil. Lewica se situó en la tercera posición en las elecciones de octubre de 2019, obteniendo 49 escaños (24 SLD, 19 Wiosna y 6 Lewica Razem), así como dos escaños en el senado (1 Wiosna y 1 PPS).

8/ Platforma obywatelska (Plateforme civica) es el principal partido polaco fundado en 2011 a partir de sectores salidos de la Alianza electoral Solidaridad (AS) y de la Unión por la libertad (UW). PO fue el partido gubernamental de noviembre de 2007 a noviembre de 2015 y el presidencia de la república de 2010 a 2015, B. Kororowski, pertenecía al mismo. En las elecciones de 2019, la coalición entre el PO, iPL (Iniciativa polaca), el partido liberal Nowovzesna (Moderno) y el pequeño Partido Verde obtuvo 134 escaños en el parlamento (111 PO, 8 Nowoczesna, 4 iPL, 1 PV) y 40 en el senado. El PO forma parte del Partido Popular Europeo, presidido actualmente por su antiguo primer ministro Donald Tusk.

9/  Los contratos basura no son verdaderos contratos de trabajo; son contratos mercantiles en función de tareas concretas; es decir, falsos autónomos. En polonia son más de 1.200.000 personas las que se trabajan bajo esta modalidad.

Publicado enInternacional
Domingo, 04 Octubre 2020 05:10

Dogmas, anatemas y mentiras

Dogmas, anatemas y mentiras

En 1978, la inolvidable Rosana Rossanda, durante un programa de radio comentaba la que consideraba la palabra más huidiza de la revolución francesa (fraternidad), asociándola a los movimientos incipientes donde la gente busca reconocerse en una horizontalidad solidaria, antes de que los hermanos se vuelvan ciudadanos, sujetos al estado y al partido. Entonces pensaba en el feminismo antes que se le impusiera la traducción protocolar a sororidad. La antropóloga Clara Gallini le recordó que fue la secta de los primeros cristianos la que se definió como “hermanos en Dios frente al mundo pagano”, el origen cristiano de la palabra “fraternidad”. Y Rossanda recuperará la palabra para la revolución de Octubre como hermandad ante la opresión frente al patrón, es decir la explotación, luego que su interlocutora Clara Gallini sintetizara en el micrófono que entonces la fraternidad se produce dentro de la clase y no frente a Dios.

Dejemos para les expertes las críticas a Francisco por su encabezamiento de “Fratelli tutti” a su nueva encíclica, que lejos de ser una fórmula ceremonial con la coartada de citar al Francisco original (san) es la declaración–confirmación de sus anatemas contra el aborto legal, les homosexuales (aunque preocupado por abrazar en su tolerancia a sus atribulados padres, siempre que sean cristianos) y, en general, las disidencias sexuales.

San Francisco y las palabras

Mi madre, Irma Burgo de Forero, doctora en química, trabajó en un laboratorio de análisis clínicos llamado Hickethier y Bachmann. Allí tenía dos compañeros, entonces anónimos : Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y Esther Ballestrino de Careaga, Madre de Plaza de Mayo, detenida desaparecida, arrojada al mar en 1977, cuyo cuerpo fue devuelto por las aguas en una playa de Santa Teresita en 1984, hoy enterrado en el patio memoria de la Iglesia de la Santa Cruz en mi barrio de Balvanera. Escribí esta historia en una contratapa de Página12. Entonces Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y me mandó llamar por teléfono. Luego llamó él. Se identificaba sin el rango: “Habla Jorge Bergoglio”.

Cuando mi madre murió, pensé en escribir su retrato, en levantar testimonios entre los pocos compañeros que la sobrevivían. Contacté a alguno por teléfono. Guido Correa, también paraguayo como Esher y militante comunista, me confirmó que era él, Jorge, su compañero de laboratorio, entonces arzobispo de Buenos Aires y que aún lo visitaba en el barrio, lo había casado, bautizado a sus hijos.

Fui a ver Los dos papas porque sabía que aparecía el laboratorio Hickethier y Bachmann.

No descuento que el llamado de “Jorge” formara parte de sus factor campechano como el que la película muestra claramente en las secuencias donde Jonathan Pryce come pizza de parado en los alrededores del Vaticano, conversa con los parroquianos de un bar y se desgañita en la cancha cuando al gol lo hace San Lorenzo.

En Los dos papas, él aparece como el enterado que aviva a la militante ingenua y como el profeta de la traición de Astiz, y quiere convencerla de que abandone la militancia: la anunciación de un alma bella contribuiría a eliminar a un enemigo de la dictadura sin el recurso de los “excesos”, simplemente persuadiéndolo. Pero Esther Careaga era una militante de experiencia y no descuento que le sacara información a Bergoglio, útil para una lucha de la que no desistiría.

Busqué en youtube imágenes del juicio por la megacausa ESMA cuando el Tribunal Oral Federal 5 lo intimó a testimoniar sobre los secuestros de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics.

Su rostro luce desencajado como nunca lo está el de Jonathan Pryce en la película y cuya serenidad parece provenir de una confesión con el entonces papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y su calculado perdón. Sus respuestas son evasivas pero su lenguaje es significativo. Afirma dos cosas contradictorias, su amistad con Esther y no haber tenido contacto con “guerrilleros”. Para él existirían dos cosas: la verdad y la calumnia. Todo aquel sacerdote que trabajaba por los pobres, dice, era motivo de “habladurías”. Los nombres que oculta son los de sus contactos en la marina y el ejército. Se evade ante cada pregunta precisa e insistente del fiscal. ¿Quiénes le habían informado sobre la suerte de sus subordinados? Inventa un eufemismo haciendo gala de sus latines de sacerdote con un lugar común, “Vox Populi”. Llama “habladurías” a la vigilancia ejercida sobre la población, “redada” al secuestro y desaparición. Toma distancia de su amistad con Esther, no la niega pero la enfría sin dar detalles. Salvo el de que era su jefa en el laboratorio, en la sección metales. Siempre el mismo punto ciego en el interrogatorio: sí, averiguó por ella, intentó protegerla, a través de quien, no lo recuerda. Podía haber sido cualquiera. Su teoría es que todo el mundo sabía, es decir que todos eran cómplices, no solo él, su responsabilidad se fundía en la de todos o sea nadie. Ha aprendido a decir “subversivos” con una subordinada posterior: “es así como se los llamaba en aquella época”. Confiesa lo que ya es público y ha sido demostrado: sus entrevistas con Massera. Dice que en la última fue maltratado pero que ha pedido “¡quiero que aparezcan!” ¿Quién que no fuera del palo podía tomarse esa confianza?

En la película se lo muestra como un héroe ético, el que debe ensuciarse las manos para intervenir, deslizarse entre el fingir y el quedar pegado, un mediador entre los cuerpos a desaparecer y los a rescatar, sin perder la gracia del Amo asesino. Del guante blanco a las alpargatas, se habría movido ida y vuelta, como del escritorio donde se imparten las ordenes a los jefes de la patota a la mesa de caballete del asado villero. Tal vez se imaginara como ese Daniel Bello, el personaje de la Amalia de Mármol, capaz de moverse con soltura entre el aguantadero unitario de la Calle Larga y el salón mundano de Rosas en Palermo. Admite que Yulis habló mal de él pero pasa de confesor a confesado cuando se le escapa ”pero no habló de entrega”. El mismo mecanismo de aquel paciente de Freud que luego de contar su sueño con una mujer mayor dijo “No es mi madre”.

O intentó una defensa patética al pronunciar la palabra que estaba en la mente de sus acusadores: “entrega”.

Y yendo de la tragedia a la comedia ¿qué decir del lapsus de cazzo, teniendo en cuenta que al hablar del casamiento igualitario, aun pronunciándose en contra y para señalar la complejidad del Dogma, el papa Francisco a menudo habló de contextualizar, y para eso repitió y repite que habría que ver caso por caso?

Una vez el dr Oliver Sacks escuchó unas carcajadas convulsivas que provenían de la sala de afásicos del hospital donde trabajaba. Al entrar descubrió que la reacción se estaba produciendo ante el discurso del presidente –Sacks no dice cuál, aunque se puede sospechar que se trataba de Ronald Reagan. Según su diagnóstico, cierto tipo de afásicos no pueden comprender el significado de las palabras y sí, con una peculiar precisión, la expresión que las acompaña, es decir la teatralidad, en cambio otros perciben con especial lucidez crítica su sentido pero no captan la emoción con que se las pronuncian. Su conclusión es que a un afásico no se le puede mentir. Si bajo el volumen de la pc, mientras atiendo a su testimonio durante el juicio por la megacausa ESMA, sé por cada uno de sus gestos, que miente. Si lo escucho puedo subrayar ciertas palabras y darles sentido sin atender su rostro desencajado. No soy afásica pero he aprendido a leer un poco más allá de los libros. Y me cuesta incluirme en su fratelli tutti aunque le agregaran sorelle, putanne y amici del cazzo, por más bandera roja que Octubre que le haya sacudido a la palabra


El escrito está dedicado a la "fraternidad y la amistad social" 

El Papa Francisco firmó su nueva encíclica postpandemia

En su visita a Asís, en la tumba del santo del que tomó su nombre, Francisco celebró misa ante unos 20 frailes y monjas con barbijos y muy separados entre sí.

Por Elena Llorente

Desde Roma.El papa Francisco firmó este sábado su tercera encíclica, “Fratelli tutti” (hermanos todos), sobre la “fraternidad y la amistad social” y dedicada a la post pandemia, en un lugar insólito: la tumba de San Francisco, su santo preferido, en Asís (Italia central). En la cripta de la basílica de San Francisco celebró una misa por la tarde, ante unos 20 frailes y monjas con mascarillas y muy separados entre sí, además del cardenal Agostino Valentini, delegado pontificio para las basílicas franciscanas, y el obispo de Asis, Domenico Sorrentino. Pero sin fieles, por razones de seguridad, dada la pandemia de la covid 19 todavía vigente en Europa.

El papa quiso hacer una visita privada a la tumba de San Francisco, el santo por el cual eligió su nombre como pontífice. El 3 de octubre se conmemora el aniversario de la muerte del santo, ocurrida en Asís ese día del año 1226. San Francisco, cuyo padre era un rico comerciante, se dedicó a ayudar a los pobres y a los leprosos y terminó fundando una orden de frailes pobres. Y en cierta forma de esta manera intentó cambiar a la Iglesia, controlada entonces por ricos príncipes de distintas familias.

Un coro de frailes acompañó todo el tiempo la celebración que se realizó en la cripta, colocada debajo de la basílica de San Francisco. El altar de la cripta constituye la base de la tumba del santo, que está colocada en una amplia columna redonda de mármol travertino. La cripta, construida en el siglo XIX a diferencia de la basílica que se comenzó en el siglo XIII, es como una pequeña capilla con un sólo pasillo, rodeada de arcos y columnas de piedra.

El texto de la encíclica firmada por Francisco recién se conocerá oficialmente el domingo 4 de octubre, cuando en muchos países del mundo se celebrará el día de San Francisco, que es además el santo patrono de Italia. Pero el título, “Fratelli tutti” (hermanos todos), que estará en italiano en todos los idiomas, ha despertado algunas críticas por el hecho de usar una palabra masculina y dejando a las mujeres de lado. Por eso fuentes religiosas explicaron que “Fratelli tutti” es una expresión textual que usaba San Francisco.

Es la primera vez, al menos en los últimos siglos, que un papa firma una encíclica fuera del Vaticano. El Pontífice argentino ha firmado otras dos encíclicas precedentemente, “Lumen fidei” publicada el 5 de julio de 2013, poco meses después de haber sido elegido papa, y “Laudato si”, del 24 de mayo de 2015. Esta última, una encíclica “ecologista” donde Francisco habla de la “cura de la casa común”, es decir el mundo, despertó no pocas polémicas porque el papa argentino advierte sobre la crisis climática del planeta y las catástrofes que ponen en peligro la tierra y sus habitantes, y no todos los católicos estaban de acuerdo con este giro ecologista de la máxima autoridad de la Iglesia. Pero ahora, con todos los desastres climáticos e incendios que el mundo ha sufrido en el último año, tal vez muchos han cambiado opinión.

Es la cuarta vez que el papa Francisco viaja a Asís. Lo ha hecho en otras oportunidades, la primera, el 4 de octubre de 2013, pocos meses después de que visitara la isla de Lampedusa, en su primer viaje como Pontífice, para recordar a los miles de migrantes muertos en las aguas del Mediterráneo. Cada vez que va a Asís, Francisco aprovecha para ir a rezar a la cripta de la basílica donde está enterrado el santo.

Otro evento importante del que participó Francisco en Asís fue la Jornada Mundial de la Paz del 20 de setiembre de 2016. El Papa abrazó ahí a los jefes de distintas religiones de todo el mundo después de haber mantenido varias charlas con ellos. También participó de un almuerzo con refugiados llegados de distintos países en guerra. A los políticos les hizo un llamado en ese momento para que fueran “constructores de puentes de paz”.

“La encíclica firmada por Francisco en Asis es un hecho histórico porque por primera vez un Papa firma una encíclica fuera de Roma. Estábamos acostumbrados a ver a los Papas que firmaban las encíclicas sobre una mesa de madera. Aquí veremos al hombre argentino mirar a los ojos al hombre de Asís, y firmar sobre un altar de piedra”, había declarado pocos días atrás a la agencia Ansa el director de la sala de prensa del Convento de Asís, padre Enzo Fortunado.

El papa Francisco, cuya respiración se sentía un poco agitada a través de los micrófonos que transmitían la celebración, firmó la encíclica apoyando el texto sobre el altar de piedra. Y luego recibió un aplauso de los frailes presentes. Otro aplauso lo recibió de algunos centenares de fieles, siempre con mascarillas y distanciados, que lo esperaban en la explanada exterior del Sagrado Convento de Asís del cual forma parte la basílica y la cripta.

 “Estamos muy contentos y le estamos agradecidos al Papa por esta visita. Una etapa que pone en evidencia la importancia y la necesidad de la fraternidad. El papa ama volver a este lugar cada vez que tiene que relanzar temas relativos a la paz”, comentó por su parte el Custodio del Sagrado Convento de Asís, padre Mauro Gambetti.

El próximo evento impulsado por el papa en Asis será “La economía de Francisco”, un congreso internacional que convocará a Asís a economistas y expertos de todo el mundo y que será celebrada del 19 al 21 de noviembre próximo, contando con la presencia virtual del pontífice. Últimamente el papa ha hecho varias referencias al tema económico en sus mensajes, hablando de una economía enferma donde “la pandemia ha agravado las desigualdades”. Y en una audiencia general de los miércoles se preguntó: “Después de la crisis, ¿continuaremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio por la cura de la casa común? Pensemos”.

El domingo 4 de octubre, luego de una rueda de prensa de presentación en el Vaticano, de la que participará el cardenal secretario de estado Pietro Parolin, la encíclica será difundida.

Ese día, en un lugar bastante distante de Roma (más de 400 km, al norte de Italia) como es el delta del río Po se inaugurará el primer jardín ecológico de Italia, que ha sido llamado “Jardín Laudato si” en memoria de la encíclica del papa Francisco. El jardín está ubicado en el Parque Regional Veneto del Delta del Po y promovido por siete municipios de la zona, por la región Veneto y por la Santa Sede. Se ha tratado de involucrar a empresas, artesanos, escuelas, parroquias y otros entes y difundir las cualidades de esta zona y tratar de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que valorice los cuidados ecológicos.

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¡No hay derecho! Miradas territoriales sobre la interrupción voluntaria del embarazo

Si bien la sentencia C-355 de 2006de la Corte Constitucional ha tenido como objetivo garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE);las realidades estructurales, sociales y particulares a las que nos enfrentamos las mujeres en el territorio colombiano, agudizadas por la penalización de la práctica del aborto en el Código Penal Colombiano, han condicionado la posibilidad de que a través de este fallo se garantice a las mujeres y las niñas de todo el territorio nacional, servicios accesibles que tengan como finalidad el ejercicio del derecho.

Con el ánimo de garantizar la protección del derecho a la IVE -aspecto que no se agota con la interrupción del embarazo per se, sino que vincula la fase diagnóstica y la atención postaborto-, es indispensable que el Estado reconozca la desigualdad en acceso a servicios e información que caracteriza a las regiones y zonas rurales del país. Hablar de IVE desde una perspectiva centralizada, en un país como Colombia, implica acrecentar las brechas existentes entre las mujeres que habitan en las grandes ciudades y las que viven en regiones periféricas, también, esta visión centralizada permite el detrimento del derecho a la igualdad y nodiscriminación. Es necesario escuchar argumentos descentralizados geográficamente, construidos a partir de la experiencia propia y del proceso situado de acompañar o trabajar por la garantía del derecho, en configuraciones territoriales específicas.

Sobre este punto es determinante considerar las condiciones especiales a las que se someten las mujeres habitantes de zonas rurales del país, con escasos recursos, con un sistema de salud deficiente que no permite la atención oportuna de las mujeres y con un sin número de barreras sociales y culturales específicas en cada región, que por su complejidad menoscaban el acceso oportuno a los servicios relacionados con la IVE.

En el caso de San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño –territorio en el que habitamos como organizaciones-, existen múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse, entre ellas, la carencia de oferta suficiente de los procedimientos de segundo nivel, ya que solo se cuenta con aspiración manual endouterina –AMEU- en tres instituciones en todo el departamento. Así, por ejemplo, para procedimientos que deban aplicarse más allá de la semana veinte de gestación, no existe una institución en el municipio, ni en el departamento que preste el servicio, teniendo que hacerse una referencia a otro lugar del país para realizar el procedimiento, situación que genera un mayor obstáculo en las mujeres que lo requieran, pues no solo deben desplazarse sino además, asumir los costos que ello supone, cuestión que es mucho más complicada atendiendo a sus situaciones particulares.

 

En términos generales, los procesos de acompañamiento y formación en IVE han permitido a las organizaciones identificar una amplia gama de barreras, situaciones u obstáculos sociales, institucionales y estructurales presentes en el territorio, que limitan el acceso al servicio en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las barreras sociales son todas aquellas actitudes, comportamientos y creencias presentes en los individuos, las familias, las comunidades y la sociedad en general, que censuran la práctica del aborto, desconociendo los derechos de las mujeres en general, y en especial los derechos sexuales y reproductivos. Una de las barreras que identificamos es la falta de conocimiento respecto a la IVE, como un derecho fundamental de las mujeres y niñas; este desconocimiento limita la exigibilidad del derecho y,en el plano institucional, impide la prestación de un servicio de salud que no vulnere los derechos sexuales y reproductivos, e incumple el ordenamiento jurídico nacional respecto a este derecho.

La idealización de la maternidad y la construcción de imaginarios respecto a condiciones “idóneas” para el ejercicio de la misma, se convierte en la negación de la posibilidad de elección; estos imaginarios provenientes de creencias religiosas y conservadoras arraigadas en la cultura nariñense censuran el aborto, el disfrute de la sexualidad y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

La censura social condiciona la aplicación de las causales, a través de las cuales, en la actualidad, se hace efectivo el derecho a la IVE; por ejemplo, cuándo se otorga legitimidad a la causal violencia sexual, pero se reprocha la causal salud mental y se acepta condicionalmente la causal malformación del feto incompatible con la vida extrauterina[1].

A su turno, las barreras institucionales son aquellas prácticas (discursivas o fácticas) que ejercen las y los profesionales de salud, vinculados a la prestación del servicio de IVE, realizados en las EPS e IPS,   que niegan, dificultan o dilatan injustificadamente el acceso al derecho. Estas prácticas irresponsables condicionan la operatividad de la ruta de atención al conocimiento que tienen las mujeres sobre su derecho a la IVE y al acompañamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

La objeción de conciencia -el derecho de las y los médicos a no practicar la IVE por razones religiosas o morales-, adquiere la calidad de barrera cuando no atiende las condiciones en las cuales debe presentarse por parte de las y los profesionales de salud, cuándo se utiliza de forma indiscriminada, cuando las instituciones de salud no cuentan con profesionales que no se declaran objetores-as y que puedan prestar el servicio, o cuando se declaran objetoras de conciencia como institución, siendo este un derecho de las personas naturales, no jurídicas.

Por otra parte, las instituciones exigen a las mujeres solicitantes de IVE, requisitos adicionales no previstos en la jurisprudencia, como la obligación de atención psicológica en causales que no la requieren; así mismo, se expiden certificaciones con diagnósticos incompletos que retrasan la prestación del servicio, imponiendo cargas desproporcionadas que vulneran derechos y configurando una violencia institucional, prohibida por la misma Corte Constitucional

En lo que concierne a las barreras estructurales, entendidas como aquellas situaciones que afectan el acceso al derecho, producto de las condiciones de desigualdad social y económica que rodean a las mujeres que pretenden acceder al servicio, se destaca la debilidad en la ejecución de proyectos y estrategias de formación relacionadas con educación sexual, derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres.

Teniendo en cuenta que el departamento de Nariño es un territorio mayoritariamente rural, altamente golpeado por situaciones de violencia social y armada del país, donde su población no cuenta con condiciones socioeconómicas favorables y que en algunos casos las usuarias deben asumir los costos asociados a la práctica de la IVE; la mayoría de mujeres del departamento no logran efectivizar el derecho, de manera que, concluyen con el embarazo o se someten a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En concordancia con lo anterior, la existencia del delito de aborto previsto en el Código Penal Colombiano, aun cuando la IVE es underecho fundamental, se convierte en una de las mayores barreras estructurales, en tanto es una figura utilizada por las instituciones de salud para coartar el derecho de acceso a la IVE, generando incertidumbre en las y los profesionales de la salud, sobre su marco de acción legal, pero además, conservando en la sociedad la percepción de delito respecto del derecho que asiste a las mujeres para decidir sobre la maternidad. Esto envía un doble mensaje: por una parte, las instituciones se excusan en la figura jurídica penal para no prestar el servicio de IVE, so pena de incurrir en delito; por otro lado, las mujeres solicitantes sufren en carne propia la estigmatización a que conlleva su práctica, cuestión que se explica además por la falta de información y de educación existente frente al tema y que finalmente incrementa el miedo de las mujeres a la criminalización.

Como podemos observar, las condiciones para la garantía del derecho fundamental a la IVE dependen de los contextos regionales, de ahí que es preciso la implementación de un enfoque territorial que reconozca las múltiples barreras que deben afrontar las mujeres en Colombia para acceder al servicio que efectiviza el derecho, las cuales se ven agudizadas en los territorios que enfrentan condiciones de exclusión histórica, en las zonas rurales y en regiones de exacerbación del conflicto armado interno, como es el caso del departamento deNariño.

Estamos seguras que avanzar en la protección al goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como deber del Estado social y democrático de derecho, desde la perspectiva territorial antes mencionada, implica el análisis comprometido respecto a la eliminación de barreras estructurales existentes para el acceso al derecho de IVE y en este sentido, la reflexión respecto a la pertinencia de la despenalización del aborto, como condición indispensable para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La experiencia en Colombia nos ha mostrado que la penalización del aborto no disminuye su práctica, sólo condena su realización a la clandestinidad.Es un hecho que la despenalización no implica incremento de abortos, sino la atención segura, oportuna y con dignidad de quienes han decidido interrumpir su embarazo. De ahí que, la penalización se traduce en muertes de mujeres por la falta de condiciones para la práctica del aborto, costos para el sistema de salud que debe atender los casos de las mujeres con complicaciones por abortos inseguros, costos en el sistema judicial derivados del proceso de investigación y sanción del delito, y construcción y legitimación de dinámicas de sanción social, ejecutadas en su mayoría por grupos antiderechos, tanto contralas mujeres que acceden a la IVE, como contra  los y las profesionales e instituciones prestadoras del servicio.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de la vida, exigimos al Estado la despenalización total del aborto, así como la construcción de espacios de control, vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las instituciones en la garantía del derecho a la IVE, a no retroceder en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por el contrario, reforzar el avance en el reconocimiento y garantía de la autonomía reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras esto no se haga efectivo ¡No hay derecho!

 

Coautoras: Surprise City, Asmupaz y Corporación Violeta en Movimiento.

 

*Surprise City: Fundación que desde el arte y la cultura para jóvenes, acompaña y fortalece los procesos de formación en educación sexual y reproductiva, esencialmente la interrupción voluntaria del embarazo.

*Asmupaz: Asociación legalmente constituida por mujeres trabajadoras sexuales, que desde el año 2015 viene trabajando por la defensa de los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales, Reproductivos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras Sexuales; y que desde el año 2016 viene desarrollando procesos de acompañamiento en IVE en el municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, así como también procesos de formación en Derechos Sexuales y Reproductivos, y campañas de promoción del derecho.

* Corporación Violeta: Expresión organizativa en construcción, cuyo objeto es la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos en la región desde una perspectiva feminista. Comprometida, en ese sentido, con la promoción de justicia con enfoque de género y de diversidad; el fortalecimiento de procesos institucionales, sociales y organizativos alrededor de la implementación y construcción del enfoque de género, orientaciones sexuales e identidades de género; el desarrollo de escenarios de construcción de conocimientos respecto a las dinámicas territoriales en materia de derechos humanos, prevención de VBG y violencias a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no binarias, que permitan la reflexión, discusión y recomendación de acciones para la protección de los derechos.

 

[1]En mayo de 2006, la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-355, a través de la cual se despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, en reconocimiento del derecho que asiste a toda mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo cuando (i) la vida o la salud física o mental de la mujer gestante se encuentren en riesgo; (ii) el feto presente graves malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que por su gravedad hacen que el feto sea inviable y, (iii) cuando la gestación sea producto de violación o incesto (Corte Constitucional, 2006).

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Expertos británicos crean organoides de placenta humana

Un grupo de científicos británicos logró crear miniorganoides de placenta humana, que asegura que transformarán la comprensión de trastornos reproductivos como la preclampsia y los abortos espontáneos.

Los organoides –modelos celulares funcionales en miniatura de las etapas iniciales de la placenta humana– también permitirán a los investigadores explorar qué es lo que hace a un embarazo saludable y cómo determinadas enfermedades pueden pasar de la madre al bebé en desarrollo.

La placenta humana provee el oxígeno y todos los nutrientes esenciales para el crecimiento del feto. Si no logra desarrollarse adecuadamente, el embarazo puede fracasar y terminar en la muerte fetal o en un aborto espontáneo.

Ashley Moffett, profesora del departamento de patología, fisiología, desarrollo y neurociencia de la Universidad de Cambridge, quien codirigió el estudio, explicó que si bien la placenta es absolutamente fundamental para contener al bebé mientras crece en el útero, los expertos saben muy poco sobre ella por falta de buenos modelos experimentales.

"Es el primer órgano que se desarrolla, aunque también es el menos comprendido", señaló a periodistas en una conferencia.

Mejor comprensión de las enfermedades

El campo de la ciencia de los organoides ha florecido en los años recientes, con equipos de investigación que han desarrollado todo, desde minicerebros a minihígados hasta minipulmones, usados para lograr una mejor comprensión de la biología y las enfermedades humanas.

El equipo de Cambridge, cuyo trabajo fue publicado en la revista Nature, comenzó sus esfuerzos para desarrollar células placentarias humanas hace más de 30 años, cuando Moffett y colegas estudiaban eventos celulares en las primeras semanas del embarazo.

Los expertos gradualmente crearon formas de aislar y clasificar las células placentarias, y hallaron la combinación correcta para cultivarlas y un sistema organoide capaz de generar modelos de miniplacentas.

El rodillo antiabortista de El Salvador se ceba con Imelda Cortez

Una joven, violada por su padrastro desde que era niña, aguarda en una cárcel el comienzo de un juicio ocho veces pospuesto, presuntamente por haber intentado matar a su bebé

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.


Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.


Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba mal lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que estaba enferma. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.


Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.


Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.


Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.


Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.


Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.


En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.


Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).


Según Cejil actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.


Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.

 

Por Jacobo García
México 14 NOV 2018 - 01:55 COT

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El aborto bajo los gobiernos ‘del cambio’ de América Latina y el Caribe (I)

En la mayoría de países de América Latina y el Caribe el aborto está prohibido, pero es la región con el porcentaje más alto de abortos provocados del mundo. Solo uno de los gobiernos 'progresistas' que proliferaron en la región desde fines de los '90, el de 'Pepe' Mujica en Uruguay, utilizó su mayoría parlamentaria para legalizar el aborto.

El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad fértil —entre los 15 y los 44 años— viven en países donde el aborto está prohibido. Así lo asegura el Guttmacher Institute, un prestigioso organismo estadounidense que desde hace 50 años trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros especializados, en grandes campañas sobre relaciones sexuales seguras, programas de prevención de embarazos de adolescentes, campañas de educación de uso de anticonceptivos, salud reproductiva y promoción de leyes para la despenalización y legalización del aborto en el mundo.

Según uno de sus más recientes informes, de marzo pasado, “durante 2010-2014 tuvieron lugar anualmente 6,5 millones de abortos provocados en América Latina y el Caribe, frente a los 4,4 millones durante 1990-1994”. “El porcentaje de abortos fue de 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (…) El promedio de abortos en la región fue de 48 por cada 1.000 mujeres casadas y de 29 de cada 1.000 solteras”, añade el informe.

La región tuvo en el periodo 2010-2014 el número más alto de embarazos no deseados de todo el mundo —96 por cada 1.000 mujeres—, cifra que en la subregión caribeña llegó a 116 de cada 1.000.
Se calcula que, de los 14 millones de embarazos no deseados que se producen cada año en América Latina y el Caribe, cerca de la mitad —46%— termina en abortos.

En el mismo periodo 2010-2014, habrían sido 56 millones los abortos provocados cada año a nivel mundial, seis millones más que de 1990 a 1994 —debido, entre otros factores, al aumento de la población—, pero el promedio fue de 35 por cada 1.000 mujeres, un 5% menos que en el periodo 1990-1994. El número de abortos es superior en los países desarrollados. Esto supone, en cualquier caso, un porcentaje muy inferior al de América Latina y el Caribe.

 

"En América Latina y Caribe se calcula que podrían haber muerto 900 mujeres por abortos clandestinos en 2014"

 

No hay estadísticas oficiales sobre cuántos de estos abortos provocados en la región que tratamos se realizaron clandestinamente, pero el Guttmacher Institute estima, sobre la base de informes provenientes de numerosas fuentes fiables, que podría tratarse de un 60% de ellos. Unas 760.000 mujeres aproximadamente tuvo que ser atendida en 2014, por ejemplo, por problemas derivados de abortos realizados en condiciones inseguras. En ese año podrían haber sido al menos unas 900 las mujeres muertas a causa de ese tipo de intervenciones, provocados generalmente por infecciones y/o falta de medios o escasa profesionalidad de quien practica el aborto.

Según un comunicado conjunto del Guttmacher Institute y la OMS, del total de abortos provocados que tienen lugar en el mundo cada año, unos 25 millones son considerados “peligrosos” por las condiciones en las que se realizan.

América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo —después de África subsahariana— con más embarazos entre mujeres menores de 20 años. Mientras a nivel mundial el ratio está en 46 nacimientos por cada 1.000 jóvenes, en esta región es de 66,5 nacimientos por cada 1.000 —lo que supone unos 2 millones de nacimientos al año de madres adolescentes—, aunque ha disminuido progresivamente en las últimas tres décadas.

Solo en 2014, murieron 1.900 adolescentes durante el embarazo, el parto o el posparto, sin considerar las muertes por abortos provocados. Las prohibiciones y legislaciones restrictivas existentes en América Latina y el Caribe sobre el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo son la clave del drama que sufre la región sobre este tema.

Después de la oleada de golpes de estado militares en la zona durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado y el ciclo de gobiernos civiles neoliberales que predominaron durante los 90 moldeados por el Consenso de Washington, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 provocó el inicio de un cambio de rumbo.

En un corto periodo de tiempo llegaron al poder en varios países fuerzas populares, reformistas, con discursos y propuestas progresistas, que llevaron la ilusión y la esperanza a millones y millones de personas de esa, la región con mayor desigualdad social de todo el planeta.

Algunos de esos gobiernos llevan muchos años en el poder, como es el caso de Venezuela o Bolivia. En otros, como Argentina, estuvieron 13 años; en Brasil, 10 años. ¿Qué cambio experimentaron las mujeres latinoamericanas que luchan por un aborto legal, seguro, libre y gratuito, en esos países y en otros como Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador, Paraguay, durante esos gobiernos que se auto reivindicaron del 'socialismo del siglo XXI' o al menos 'progresistas?

Es imposible hoy día ver una línea divisora clara entre lo realizado por esos gobiernos sobre el tema, en relación a lo hecho por gobiernos declaradamente conservadores o de derecha. Con la excepción de Uruguay, en ninguno de los países que tienen o tuvieron gobiernos 'progresistas' en esa zona del mundo en lo que va de siglo XXI se legalizó el aborto. Las categorías en las que los organismos internacionales dividen a esos países según su postura sobre el tema lo demuestra.

El Guttmacher Institute clasifica en varias tablas a los países de la región en función de la legislación actual sobre el aborto que tienen. Así muestran que hay seis países —Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam— donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida totalmente.

En otros nueve países —Venezuela, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, Dominica y Antigua y Bermuda— el aborto está aceptado solo cuando esté en riesgo la vida de la embarazada.
En siete —Argentina, Bolivia, Ecuador, Granada, Perú, Costa Rica y Bahamas— solo se permiten los abortos cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física. En otros cinco países —Colombia, Jamaica, St. Kitts y Nevis; St.Lucía y Trinidad y Tobago— se permite solamente cuando esté en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física o mental. En tres —Barbados, Belize, St.Vincent y Grenadines— se autoriza en aquellos casos en los que esté en peligro la vida de la mujer, o su salud física y mental, o por razones económicas.

Solo cuatro países tienen despenalizado el aborto y es legal —Cuba (desde 1965), Uruguay, Puerto Rico y Guyana) con restricciones ligadas fundamentalmente al número de semanas de embarazo.

 

"Argentina: las mujeres de toda la región siguieron expectantes el debate parlamentario; Diputados votó a favor de legalizar el aborto pero el Senado lo rechazó. Hasta 2019 no se podrá repetir la votación"

 

El 14 de junio pasado el Congreso de los Diputados de Argentina celebró un debate histórico. Era la séptima vez en los últimos once años que se presentaba un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto pero la primera en la que finalmente el presidente de turno, el derechista Mauricio Macri, habilitaba el debate parlamentario.

Organizaciones médicas, feministas y distintas ONG coinciden en las cifras: anualmente se practican más de 400.000 abortos en Argentina, aunque no hay datos fiables de cuántos de ellos son clandestinos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en los últimos años la cifra de muertes de mujeres por abortos oscila entre las 40 y las 50 al año, aunque tampoco especifica qué porcentaje de esas muertes se produjo a causa de abortos espontáneos o provocados. Para el ministerio, todas esas muertes tuvieron lugar tras un “embarazo terminado en aborto”, aunque distintas asociaciones estiman que en la mayoría de los casos se produjeron por abortos clandestinos, realizados en condiciones totalmente inseguras. La asociación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana ( MuMaLá ) ha creado recientemente el primer registro de muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos en Argentina.

Dadas las características del tema, todos los partidos del hemiciclo respetaron la libertad de conciencia de sus parlamentarios y dieron libertad de voto, lo que produjo no pocas sorpresas.

En toda América Latina y el Caribe, y en menor medida también en algunos países europeos, se siguió con gran expectativa el debate, que duró más de 15 horas, con miles de feministas en la calle rodeando el Congreso, movilizadas, haciendo tronar sus tambores y ondeando pañuelos verdes, símbolo de su lucha. Las feministas argentinas son una referencia en toda la región desde que en 2015 un millón de mujeres salieron a la calle para gritar “¡Basta de matarnos, Ni una menos, Vivas nos queremos”, ante una ola de crímenes machistas.

En Argentina muere casi una mujer al día por la violencia de género, una lacra que es aún mayor en otros países de América Latina y el Caribe. La última gran ola de la batalla contra esos crímenes y por la diversidad sexual y los derechos laborales y sociales de las mujeres comenzó en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero no fue hasta diez años después cuando adquirió fuerza y masividad y lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una reivindicación que tradicionalmente ningunearon los grandes partidos políticos.

Y el 14 de junio, finalmente, el Congreso de los Diputados de Argentina aprobaba por 129 votos a favor y 125 en contra el proyecto de ley presentado por la oposición al Gobierno de Mauricio Macri para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto votado contemplaba despenalizar cualquier aborto hasta la 14º semana de gestación y para cualquier supuesto, a aplicarse dentro del llamado Programa Médico Obligatorio (PMO) tanto en las instituciones públicas como privadas.

Hasta el día de hoy sigue vigente en Argentina el Código Penal de 1921, que en sus artículos 85, 86 y 88 solo autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de peligro de la salud de la madre o de violación probada, previendo incluso penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar.


En el proyecto de ley votado se establece que una mujer podría abortar tanto en la sanidad pública como privada también después de la 14º semana de gestación en los casos en los que haya riesgos evidentes para la salud de la mujer y si se considerara la imposibilidad de vida extrauterina del feto. El proyecto también especifica que si la embarazada es una menor de 16 años el aborto solo se podrá realizar con su consentimiento.

Ese proyecto de ley, una verdadera revolución en Argentina, rechaza la posibilidad de que en casos de máxima urgencia el profesional interviniente en el aborto alegue objeción de conciencia para no hacerlo y solo la respeta si ha dejado constancia previa de su negativa a realizar ese tipo de intervenciones.

Sin embargo, la euforia que suscitó la votación en el Congreso de Diputados se vio inmediatamente ensombrecida por el veto del Senado. Fueron 31 los votos a favor de la ley pero hubo 38 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente por maternidad. Analizando esos resultados no pocos analistas escribiendo desde el exterior aseguraron que fueron los 'macristas' y sus aliados de gobierno, la Unión Cívica Radical (UCR), agrupados en el interbloque Cambiemos, quienes impusieron su mayoría para vetar la ley.

En realidad no se puede adjudicarles en exclusiva el resultado de la votación ya que no existió disciplina de voto de sus señorías en ninguno de los partidos y casi todas las formaciones políticas mostraron sus propias diferencias internas y más de una sorpresa. Por parte del grupo más grande del Senado, el opositor interbloque Justicialista (peronistas no 'kirchneristas'), que presentó el proyecto de ley, ocho votaron a favor pero 11 votaron en contra. En el segundo 'interbloque' en importancia, el de la UCR (parte del Gobierno), nueve votaron en contra y tres a favor. En el también gubernamental Frente PRO, de Macri, hubo cinco en contra pero cuatro a favor. En el caso del Frente para la Victoria (FpV) de Cristina Fernández de Kirchner, también hubo división, 8 votaron a favor pero una senadora votó en contra. Una división que se repitió también en la mayoría de las otras formaciones más pequeñas. En total en la Cámara Alta hubo 14 senadoras que votaron a favor de la ley y 14 en contra.

Cristina Fernández de Kirchner rechazó el aborto durante sus ocho años de gobierno. Ahora cambió su postura y votó a favor del proyecto de ley. Hasta último momento hubo incertidumbre de cómo votaría la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos analistas dieron por descontado de que mantendría la misma posición que cuando fue presidenta, que votaría en contra de la ley; otros especulaban que podría ausentarse del hemiciclo para evitar ser abucheada por las miles de feministas que estaban en la calle pendientes de cada discurso y de cada voto.


Tanto durante su gobierno como durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, que le precedió en el cargo (2003-2007), se presentaron varias propuestas parlamentarias para que se debatiera la legalización del aborto pero ni uno ni otro aceptaron habilitar el debate. El peronista Miguel Ángel Pichetto, líder del interbloque Justicialista -antes integrado también en el FpV- e impulsor de la ley, recordó que él, en su momento jefe de la bancada oficialista, le había solicitado a la presidenta en 2013 convertir en ley un protocolo para casos de aborto por violación, siguiendo la doctrina sentada por la propia Corte Suprema de Justicia, una propuesta que ella también rechazó.

En febrero pasado Juliana di Tullio, ex diputada y jefa de la misma formación que la ex presidenta, el Frente para la Victoria, reconocía en una entrevista a la revista Anfibia que, durante los años de Gobierno de Cristina Fernández, en su formación “más de la mitad estaba en contra” de la legalización del aborto. “Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los partidos les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”.

Y finalmente se desveló la incógnita sobre cómo votaría la ex presidenta en el Senado en 2018. En vísperas de la votación del pasado 9 de agosto ya adelantó a un popular entrevistador de televisión que votaría a favor de la legalización del aborto. En el propio Senado argumentó su voto y dijo que en su cambio influyó su hija Florencia, feminista, y “ver a las miles de chicas que se volcaron en la calle”.


En su descargo por no haber aceptado debatir el tema durante sus dos mandatos, Cristina Fernández reivindicó los avances logrados en libertad sexual durante su gobierno: “Votamos por la ampliación de derechos y hemos votado el matrimonio igualitario, que es una instancia superadora, superior a la interrupción del embarazo, que debería haber sido antes incluso. Este tema se nos pasó, debemos hacer una autocrítica”. La ex presidenta dijo en más de una ocasión que perdió a un bebé tras cinco meses de embarazo por un aborto espontáneo y que quedó muy traumatizada.

El debate parlamentario no podrá volver a repetirse hasta 2019 pero parece mayoritaria la idea en la sociedad de que terminará saliendo adelante la ley para despenalizar y legalizar el aborto. El tema está en la calle y la presión feminista va ganando cada vez más terreno.

 

"La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto"

 

La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto con llamamiento a sus fieles para que se movilizaran en la calle tal como en 1987 lo hizo contra el divorcio y en 2010 contra el matrimonio de personas del mismo sexo, provocó una oleada de apostasías.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) puso el pasado 8 de agosto —cuando se celebró el debate en el Senado— mesas frente al Congreso y ante la sede de la Conferencia Episcopal en el centro de Buenos Aires, para que tanto mujeres como hombres pudieran llenar una solicitud pidiendo ser eliminadas del registro bautismal, en repudio a la postura del clero argentino y del papa Francisco.
En pocos días recogieron 4.000 solicitudes que fueron entregadas en la Conferencia Episcopal. La CAEL reclama desde hace años la separación clara del Estado y la Iglesia y que se acabe la financiación pública de esta.

 

"Uruguay legalizó el aborto en 2012, durante el Gobierno del ex guerrillero 'tupamaro' Pepe Mujica"

 

En la campaña de las mujeres argentinas por la legalización del aborto supuso un aliciente inestimable el hecho que desde 2012 el vecino Uruguay lo hubiera aprobado, un estímulo para la lucha de todas las feministas de América Latina y el Caribe. Miles de argentinas y otras latinoamericanas han ido en estos años a abortar a Uruguay.

En Argentina, tras 13 años de gobiernos 'progresistas, los del 'kirchnerismo', el aborto siguió siendo ilegal. En Uruguay, en cambio, el Frente Amplio —amalgama de partidos de izquierda radical, socialistas, comunistas y demócrata cristianos— ganó por primera vez las elecciones en 2004 con el socialista Tabaré Vázquez como candidato presidencial, pero fue tras las elecciones de 2008, al ser elegido candidato por esa coalición el ex guerrillero del Movimiento Tupamaros 'Pepe' Mujica, cuando se produjo un giro a la izquierda interno que tendría también repercusión en la gestión de Gobierno.


En 2012 se aprobó la legalización de todo aborto que se realice durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplía a 14 semanas en los casos de violación.

“Los hombres no tendríamos que participar en esa decisión, es estrictamente del mundo femenino”, decía 'Pepe' Mujica en junio pasado en un acto en Rosario (Argentina) por el 90º aniversario del natalicio del 'Che' Guevara. “Impulsé en mi país una decisión de este tipo por un razonamiento muy sencillo: me crié en barrios proletarios, muy pobres, y conocí a una partera que se llamaba 'la Fonseca' que estaba a dos cuadras de la comisaría, y era la que practicaba los abortos. Y en Uruguay estaba prohibido. Allí no había ningún médico, solo una partera. Iban las mujeres pobres. Hay un problema de clase, siempre las mujeres pobres tuvieron la desgracia de sacrificar su juventud o hasta su vida”.

Durante el Gobierno de Mujica, en 2013 se legalizó también el matrimonio sexual y a fines de ese mismo año se aprobó igualmente la Ley 19.172, llamada la 'Ley de la Marihuana', que legalizó la venta de cannabis controlada por el Estado.

A pesar de las enérgicas protestas de la ONU Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cannabis, aunque los informes médicos y la planificación para su producción y distribución hizo que se demorara su venta —en un número limitado de farmacias— hasta julio de 2017. Por el propio origen y características de Uruguay, la Iglesia católica nunca tuvo tanta influencia como en Argentina y en la mayoría de países de la región, lo que ayudó históricameente al desarrollo de ideas progresistas. Ya en 1927 se convirtió en el primer país de toda América Latina y el Caribe en el que las mujeres pudieron votar. También fue el primero en legalizar la prostitución y uno de los primeros en permitir el divorcio a petición de la mujer.

 

“La revolución cubana legalizó el aborto libre, seguro y gratuito en 1965, pocos años después de su triunfo”

 

En Cuba la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la salud pública se legalizó en 1965 tras un proyecto presentado en su momento por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ante el alto número de muertes maternas provocadas por abortos clandestinos. Se legalizó antes incluso que en Reino Unido (1967), en Estados Unidos (1973) o en España (1985 y solo para algunos supuestos).
El aborto es permitido hasta las primeras 10 semanas de gestación, plazo que se amplía para aquellos casos en los que existan complicaciones para la vida de la madre o del feto. Solo está prohibido y es penalizado solo en tres casos: cuando haya lucro de por medio; cuando se realice fuera de las instituciones oficiales; o si es realizado por no profesionales o sin el consentimiento de la embarazada.

En 2016 se realizaron 85.000 abortos a mujeres de entre 12 y 49 años según el Ministerio de Salud Pública, lo que supone 45 casos por cada 1.000 mujeres. Aunque es inferior al promedio de abortos que se realizaban una década atrás y es la mitad del ratio existente en la región —96 por cada 1.000— las autoridades sanitarias cubanas consideran que sigue siendo una tasa excesivamente alta.

Según las estadísticas oficiales un 77% de mujeres cubanas en edad fértil utiliza algún sistema anticonceptivo. Sin embargo, hay una opinión extendida entre las ginecólogas y ginecólogos de Cuba de que muchas adolescentes utilizan el aborto “como un medio anticonceptivo más”, algo que se intentar frenar desde hace años con más campañas de educación sexual en las escuelas.

“La mujer cubana sabe que tiene el derecho a decidir y lo ejerce”, dice la doctora María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Democráficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, “pero el hombre a menudo se desentiende, lo considera 'un asunto de mujeres'”.

“Los hombres, por su parte, han ampliado sus roles tradicionales aunque no se puede hablar del fin del modelo de la cultura patriarcal que aún impera en la sociedad cubana”, sostiene, “y que se refuerza en esferas como las relaciones de pareja, las estrategias de negociación en el uso de métodos anticonceptivos, la responsabilidad individual ante un embarazo no deseado o no planificado, entre otros temas, donde los estereotipos y la costumbre revelan algunos signos de renovación, pero, donde hay todavía mucho más por hacer”.

A pesar de que en los últimos años ha llegado también a la isla la influencia de los movimientos 'pro vida' impulsados por la Iglesia católica e iglesias evangélicas en toda América Latina y el Caribe, nadie parece creer que esa corriente llegue a calar en la sociedad cubana que entiende desde hace más de medio siglo el aborto como un derecho básico e indiscutible de la mujer.

Los otros dos países de la región donde el aborto es legal son Guyana y Puerto Rico. Guyana (oficialmente República Cooperativa de Guyana), ese pequeño y poco conocido país de América del Sur septentrional limítrofe con Venezuela, Brasil y Surinam, miembro de UNASUR y la CELAC, legalizó el aborto en 1995 si es practicado en las primeras ocho semanas de gestación, plazo que se amplía hasta las 16 semanas en el caso de que exista riesgo para la embarazada o para el feto. Sin embargo, en la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo pudo se realizada en todos los hospitales públicos solo a partir de 2008.

Tanto el Guttmacher Institute como otras instituciones internacionales incluyen a Puerto Rico como el cuarto estado de América Latina y el Caribe que tiene legalizado el aborto, aunque resulta polémica su inclusión tal como la muestra su propio nombre oficial: Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un nuevo referéndum —no vinculante— en la isla en 2017 mostró que el 97% apoyaba la anexión a Estados Unidos.

Aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde hace más de medio siglo se les deja elegir a su propio Gobernador, y han podido dotarse de su propia Constitución, pero esas como otras decisiones importantes de su Legislativo siempre deben ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos.

Puerto Rico se rige por las leyes estadounidenses y el fallo del Tribunal Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973 —refrendado en Puerto Rico por su Tribunal Supremo en 1980— legalizó el aborto realizado tanto a mayores como a menores de edad hasta las 12 primeras semanas de gestación.


Sin embargo el Código Penal de la isla lo sigue tipificando como delito en su artículo 98, pudiéndose condenar a la mujer y al médico a duras penas de cárcel en determinados supuestos.

Este mismo año, la senadora Nayda Venegas Brown ha presentado un proyecto de ley para restringir más el derecho al aborto en Puerto Rico, especialmente en el caso de las menores de edad, haciéndose eco a la polémica reabierta sobre el tema en varios estados de Estados Unidos que intentan descafeinar el fallo de la Justicia de hace 45 años.

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Sábado, 18 Agosto 2018 07:36

Elizabeth

Elizabeth

Se llamaba Elizabeth y tenía mucho por delante. Ya era madre. No hace falta indagar demasiado en las condiciones en las que vivía cuando una se entera que el aborto fue practicado con el tallo de un perejil. Así son muchos, muchísimos de los abortos que todavía se practican en la clandestinidad y a los que recurren mujeres rodeadas de una nube de la desesperación. Con perejil, con cucharitas de trago largo, con perchas de alambre desarmadas. Hay miles de mujeres que ni siquiera llegan al consultorio del médico abortero, muchísimas menos al acceso de prácticas abortivas con pastillas a las que podrían acceder. Están en otro tiempo, y por eso no acceden. Están detenidas, en el doble sentido invisible de esa palabra.


Están detenidas en el tiempo, y mueren como han muerto mujeres hace décadas y en siglos pasados, porque este mundo no sólo está dividido en clases, sino que a cada clase le corresponde una fase del tiempo histórico. Y están detenidas porque a pesar de que muchas de ellas viven en pretendidas democracias, son prisioneras del tiempo al que fueron confinadas por el patriarcado y el capitalismo, que hoy copulan en una nueva versión de obscenidad. Muchas mujeres y hombres en el mundo, en esos países de los que vienen los migrantes, huyen del pasado que se les hizo carne, esclavitud, abuso, tortura, persecución, pérdida, desorientación. La precarización de la vida es una manera de decir que esas personas han quedado detenidas en un tiempo en el que la idea de “seguridad” ni las comprende ni las alcanza. Han sido excluidas también de eso.


Elizabeth era una más de lxs condenadxs. Como ella hubo millones que nadie vio y nadie recuerda. La muerte de Elizabeth sólo cobra su dimensión porque hoy se rompió el velo y podemos ver una escena insoportable. Pero cuando se abre el punto de mira es este mundo así como es y así como va el que no se puede soportar. Con las enormes mayorías de las poblaciones detenidas en el tiempo, consideradas sobrantes de la especie, mano de obra sin alma, masa informe y sin nombre que debe seguir aplastada en Africa o en el subsuelo de una mansión británica. Arriba o en el norte, abajo o en el sur, el cinco por ciento de quienes están vivos están absolutamente convencidos de que son ellos los únicos que tienen derecho a todo, y que es de débil y estúpido preocuparse por el otro. La dominación se exacerba, hoy, y se lleva a cabo confinando a cada sector en una franja diferente de tiempo. Porque ellos no sólo gobiernan los países, dirigen las iglesias, son miembros de organismos internacionales. Ellos se apoderaron de la llave del presente.


Millones de seres humanos hoy viven en condiciones que podrían ser las de dos o tres siglos atrás. Mientras en el presente, que es el tiempo en el que gira el mundo, en el que se escriben y leen los diarios, que se ve televisión, que todo se vuelve robótico y sobretecnologizado, el tiempo en el que la medicina y la hotelería y la gastronomía y la publicidad y el espectáculo exaltan la velocidad y la compra del último modelo de cualquier cosa, millones de seres humanos, muchísimos más que los que tienen acceso al presente, deslizan sus vidas por un tiempo ido del que nunca pudieron despegarse o al que llegaron por descenso social. Sin cloacas, sin electricidad, sin educación, sin cena, sin desayuno, sin intimidad, sin seguridad, sin dientes.


En este sentido, la lucha por el aborto legal para no morir es un impulso extraordinario por tirar entre millones de personas de la soga para sacar a otros millones de personas del pasado. La reacción, los reaccionarios, ya llegan y se instalan. Con los provida ha llegado un nuevo tipo de violencia que puede volverse compleja y ante el que hay que estar alertas. Porque la inercia del poder siempre ha sido manipular y disciplinar para mantenerse en la captura del presente, y prometer cualquier cosa para el futuro, siempre para más adelante, siempre otro semestre, otra década. La dominación, así, es la manipulación del tiempo: detienen a millones en el pasado y les prometen cosas para el futuro. Mientras tanto, en el presente, que es lo único real, ellos se quedan con todo. El peronismo les resulta repulsivo porque precisamente una de sus premisas es darles dignidad ya, ahora, y permitirles el ingreso no sólo a un sistema sino al tiempo que comparten con el resto de la sociedad.


Nosotros tenemos esta vida que Elizabeth ya no tiene porque no pudo llegar al presente y como tantas, recurrió a lo que pudo, a “lo que le correspondía”. Nosotros tenemos esta vida y nada más. Si nos quitan el presente nos quitan todo, como les han quitado todo, desde el principio de los tiempos, a los que finalmente creyeron que así eran las cosas. El coloniaje, el vasallaje, la esclavitud, la supremacía racial o de género. No. Las cosas no son así. Las cosas fueron hechas, talladas, construidas así por los que se quedaron con el presente.


Las cosas no son así. Los abortos en el presente no se hacen con perejil. Mueren las que han quedado detenidas, doblemente detenidas en el tiempo ya ido y en la imposibilidad de decidir sobre sus cuerpos. Nunca cuando hay una muerte evitable las cosas son así. En este caso, las cosas podrían ser diferentes si por ejemplo hubiera menos hipócritas y cínicos dedicados a la política y ocupando bancas en el Senado.

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El momento de la verdad. La ley del aborto legal en Argentina cayó en el Senado.

La tramitación en el Senado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo demostró el poder que sigue teniendo la Iglesia en Argentina, el enorme potencial de movilización que tienen los derechos de las mujeres, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, y el alcance trasnacional de la batalla por el aborto legal en el país. La Cámara alta rechazó asegurar este derecho a las mujeres y cuerpos gestantes, pero el proceso que llevó a la votación parlamentaria del jueves es irreversible.


Había que ser 2 millones en las calles. Ese fue el llamado de los feminismos durante la última semana; frente a un panorama adverso en el Senado, y las amenazas y presiones que sufrieron varios senadores en los últimos días, la consiga fue duplicar la presencia y que el grito colectivo resonara. Parecía difícil superar la épica del 13 de junio, cuando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive) obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, tras una vigilia histórica, pero se logró. La lluvia tenaz desde la tarde, el viento que hacía volar paraguas y el frío helado de la noche no impidieron que Buenos Aires y gran parte del país viera marchar, acampar, cantar y llorar a 2 millones de personas durante 16 horas, tiempo que duró el debate en Senadores. Pasadas las dos de la mañana, se confirmó lo que ya se sabía: no se había aprobado el proyecto de ley y no hubo sorpresas en las votaciones de los senadores. En contra de la Ive votaron 38 senadores, a favor 31 y hubo dos abstenciones y una senadora ausente en lo que fue una discusión en general pobre de argumentos y que por momentos resultó anacrónica. El debate en el Senado en la sesión del miércoles contrastó enormemente con lo que sucedía fuera de sus muros. Desde los movimientos feministas y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito –la gran impulsora de la ley en los últimos 13 años– repetían: “La calle ya votó”, “ganamos en las calles”, “la historia se hizo acá afuera”, frases que recogen el espesor de una lucha y movida que desde hace meses tiene a gente en todo el mundo mirando con mucha atención. Desde la teórica de género Judith Butler hasta la actriz Susan Sarandon, pasando por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien lamentó en Twitter el desenlace de la votación. Desde las kurdas revolucionarias hasta las uruguayas, chilenas, peruanas y francesas (y más) que se movilizaron frente a las embajadas de Argentina en sus países.

 

LA IGLESIA CONTRATACA

 

Pero el entusiasmo global no fue suficiente. Si bien la “marea verde” ya cambió para siempre el destino de las nuevas generaciones argentinas, en estos últimos dos meses quedó clarísimo el peso que tiene también la Iglesia Católica, la otra red global, en la sociedad y política argentinas. Y eso también se reflejó en las calles, donde la presencia de los autodenominados “defensores de las dos vidas” se multiplicaron con respecto a la vigilia que organizaron para la votación en Diputados el 13 de junio pasado. El ala reservada de la Plaza del Congreso a los representantes del pañuelo celeste (el símbolo que enarbolaron) esta vez fue mayor. Llegaron al miércoles más visibles y más virulentos. Se los vio caminar en grupos por las “zonas verdes” y tuvieron mayor presencia mediática. Después del 13J la Iglesia se despertó y redobló esfuerzos. Las Ong religiosas pusieron primera y el dinero evangelista fluyó con ganas. A la capital argentina llegaron decenas de ómnibus del interior, y las marchas y fetos gigantes se sucedieron. Esto mismo hizo que durante las semanas previas, y este miércoles en particular, los vendedores de pañuelos ampliaran su gama de colores a tres: los verdes, los celestes y los naranjas, que representan la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, que según una creciente parte de la población, es el próximo paso a seguir.


Después de las declaraciones del papa Francisco –que comparó las prácticas de abortos con el nazismo–, las argumentaciones políticas cargadas de razonamientos religiosos dejaron muy claro el problema que arrastra Argentina desde su fundación. El naranja llegó para quedarse.
La inmensidad de jóvenes (muy jóvenes, al igual que durante las movilizaciones del 13 de junio) que colmaron las calles adhirieron a la campaña de secularización.


CONTRA EL VIENTO, LA MAREA

 

Mara, de 17 años, vestida toda de verde y con glitter en los ojos, se vino desde Villa Ballester con sus primos y una caja llena de cintas anaranjadas y verdes. La lleva colgada del cuello con un cartel que dice: “compañera, agarrá tus cintas contra el aborto clandestino”. “Fui a un colegio católico privado como muchos chicos de clase media, porque están subvencionados por el Estado y son más baratos que otros privados. Son mediopelo, pero a muchas familias les da seguridad, aunque no sean católicas. Entonces vos estás ahí y te están bajando línea religiosa cuando te tienen que estar educando. Empecé a militar con mis primas por el Ni Una Menos y ahora ya no pienso parar hasta que salga la ley del aborto y la Iglesia no forme más parte del Estado”, dice a Brecha. Mara está parada en la esquina de Corrientes y Callao. Son las cinco de la tarde, pero llegó pasado el mediodía. Llueve y se resguarda junto con decenas de personas bajo el techo de una pizzería.


A partir de esta hora, prácticamente no se puede circular y eso que faltan ocho cuadras para el Congreso y como siete horas para que se termine el debate. Las carpas y escenarios con nombres de militantes feministas históricas, como Dora Coledesky, Diana Sacayán o Lohana Berkins, están atiborradas y allí habrá actividades durante 12 horas: conciertos, charlas, entrevistas públicas, lecturas de poesía, llenando de contenido a la vigilia. Otros lugares funcionan de refugio y centros de reunión. Así, el hotel Bauen, autogestionado por sus trabajadores desde la crisis de 2001, recibió en su bar y lobby durante toda la tarde y noche a miles de personas e integrantes de movimientos sociales, sobre todo aquellos que viajaron desde otras provincias y necesitaban recargar teléfonos, agua para el mate o descansar un poco de la intemperie. Hay una pantalla gigante y, sentadas en mesas y en el piso, jóvenes militantes, familias, niños y grupos de amigas siguen lo que pasa adentro del Senado. Los abucheos se alternan con los cantos de “ahora que estamos juntas/ ahora que sí nos ven/ abajo el patriarcado/ se va a caer/ se va a caer” que irrumpen en oleadas y retumban en el espacio cerrado.


Entre esa multitud está Nina Brugo, abogada laboralista y militante histórica del movimiento de mujeres, con su pañuelo y la cara pintada con brillantina violeta y verde. “Estoy impresionada porque estamos golpeando y dando puñetazos al patriarcado. Y seguiremos así hasta que el feminismo sea una realidad total en una historia de Argentina y América Latina”, asegura a Brecha.

 

“CUERPOS GESTANTES” 

 

Entre las feministas históricas y el activismo más joven se coló con fuerza en la discusión la perspectiva de la diversidad sexual, que aporta complejidad conceptual y pliegues a la discusión del aborto y la autonomía de los cuerpos. Así, el debate se enriqueció gracias a la visibilización de los varones trans y sus “cuerpos gestantes” (la expresión aparece en el proyecto de ley de Ive) y a la reivindicación del rol de las lesbianas y su militancia aguerrida por el aborto legal. También las personas trans tuvieron cosas que decir sobre la clandestinidad y un Estado que proscribía sus cuerpos y deseos. “No son solamente las mujeres que tienen la capacidad de gestar: la gran batalla es contra la Iglesia y la moral cristiana. Las diversidades sexuales históricamente hemos dado esas batallas”, comentó a Brecha Mariana, una militante joven de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) desde uno de los stands.

 

VIRULENCIA EN EL SENADO 


Mientras afuera todo fue manifestación pacífica y proclama, adentro del Senado primó la virulencia, el autoritarismo y la prepotencia. Varias periodistas fueron revisadas y se les prohibió la entrada con pañuelos verdes. A los fotógrafos se les pedía “por orden de Michetti” (la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado) que mostraran sus imágenes antes de salir, relataron a Brecha varios periodistas. Al grupo de diputadas de distintos bloques que militaron por el aborto legal (autodenominadas “las sororas”) se les negó la entrada al recinto y tuvieron que escuchar el debate en la calle. A la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, con 88 años y en silla de ruedas, también le prohibieron entrar. Cuando el senador Fernando “Pino” Solanas, en un discurso encendido con fuerte contenido feminista, le achacó esto a Michetti, la vicepresidenta dijo que saludó a Cortiñas y habló con ella diez minutos. Pero no la dejó pasar y Solanas le tuvo que prestar su despacho. El dispositivo de seguridad ordenado por Michetti se condijo con su apuro en terminar temprano la sesión y sus declaraciones de semanas anteriores. En una entrevista a La Nación (1-VII-18), mandó parir a las mujeres violadas (“no sé, que vayan al psicólogo”). También hizo todo para obstaculizar el debate. Quiso enviar la ley a la Comisión de Presupuesto (presidida por Esteban Bullrich, el senador que escribió un poema desde la perspectiva de un feto) y quiso evitar la trasmisión en vivo de las audiencias. Pero fue el senador peronista de Salta Rodolfo Urtubey el que se llevó el primer puesto, al afirmar que en las violaciones intrafamiliares no hay violencia: “Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo, en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento”. A los minutos, sus declaraciones ya eran titulares de todos los portales de noticias.


A los dichos de Urtubey se le sumaron la gran mayoría de las declaraciones en la Cámara alta, que, salvo escasas excepciones, estuvieron faltas de argumentos y cargadas de falacias –datos inventados, conspiración internacional, síndromes inexistentes–. También abundaron las referencias locales; a la supuesta “opinión” de las respectivas provincias de los senadores. Pero sobre todo las declaraciones de los legisladores fueron largas. Prácticamente todos los senadores se excedieron en el tiempo de exposición, lo que hizo que quienes se encargaron del cierre (destacó el discurso secular de Miguel Ángel Pichetto y la adhesión al feminismo de Cristina Fernández) arrancaran bien pasada la medianoche.


A las dos y media de la mañana, cuando se pasó a la votación y no se logró la aprobación de la ley, estallaron los fuegos artificiales de los militantes celestes. Aún con el micrófono abierto, se escuchó a Michetti exclamar: “¡Vamos todavía!”.


La marea verde se fue dispersando mientras se cantaba que tarde o temprano el aborto legal sería ley. Marta, una vecina del barrio de Balvanera, cansada y empapada no se sentía triste. Se veía venir el resultado. “Ya sacamos el debate a las calles. Tenemos más de 70 años y hoy vinimos con nuestras hijas y nietas. Tres generaciones militando por nuestros derechos. Esto antes era impensado”, comentó a Brecha.

 

EL DEBATE EN NÚMEROS


Del total de votos en el Senado del Frente para la Victoria, el 89 por ciento lo hizo a favor y el 11 por ciento en contra del proyecto de ley. Días anteriores a la votación, la senadora Silvia García Larraburu, de la provincia de Río Negro, se dio vuelta y no votó en bloque. Del oficialista Pro, el 40 por ciento de los senadores votó a favor y el 60, en contra; del Partido Justicialista, el 39 por ciento a favor, el 50 por ciento en contra y el 11 por ciento sin definir. La Ucr, a contrapelo de la defensa de los derechos civiles, votó con 73 por ciento a favor y 27 por ciento en contra. El resto (Frente Renovador; Pares, Frente Popular; Frente Cívico y Social, y proyecto Sur) votaron 38 por ciento a favor del proyecto de ley, 54 por ciento en contra y 8 por ciento de sus senadores no se definieron.


Durante el debate por la ley Ive, que empezó en Diputados el 10 de abril, pasaron por el Congreso 770 expositores. Según el relevamiento de la organización Economía Femini(s)ta, más de la mitad fueron médicos y abogados. En ambos casos se presentaron más en contra que a favor.


Según un informe del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), que toma cifras del Ministerio de Salud de la Nación y el Conicet, en Argentina se practican entre 460 mil y 600 mil abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53 mil internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15 por ciento corresponde a adolescentes y niñas menores de 20 años, y aproximadamente el 50 ciento a mujeres de entre 20 y 29 años.


La Constitución prevé, en su artículo 81, que todo proyecto de ley desechado por una de las Cámaras sólo podrá volver a tratarse durante las sesiones del año siguiente. El año que viene seguirán los mismos legisladores que el jueves de madrugada rechazaron el aborto legal. Pero 2019 será un año electoral y hay que ver qué impacto real tuvieron estas sesiones parlamentarias en la intención de voto de los electores.

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Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Macri propone reformar el código penal. En Argentina, un juez decidirá en cada caso punibilidad del aborto

Buenos Aires

Tras el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, el gobierno del presidente Mauricio Macri indicó este jueves que evalúa incluir la despenalización de esta práctica en el nuevo Código Penal, aunque la iniciativa señala que la decisión final de cada caso quedará en manos de cada juez.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, indicó que el anteproyecto será presentado el 21 de agosto ante la cámara alta, y de confirmarse, los congresistas deberán de debatir sobre el aborto en cuestión de pocas semanas.

La iniciativa, elaborada por un panel de expertos a petición de Macri, propondrá que un magistrado pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto. "No va a haber sanción a la mujer, porque por fuera de los casos de excepción, el juez podrá dejar en suspenso la punibilidad o eximirla de una sanción penal", profundizó Borinsky en declaraciones al canal Todo Noticias.

Aclaró que en el texto del anteproyecto se tomará en cuenta el fallo F.A.L de la Corte Suprema, que en 2012 precisó los alcances del aborto no punible en los casos de violación y garantiza un protocolo de asistencia médica para los embarazos interrumpidos por una agresión sexual o que expongan la vida de la mujer o el producto.

A ellos se agregaría una nueva causal: "evitar un peligro para la salud mental de la mujer", aclaró el titular de la comisión.

La nueva iniciativa mantendrá la penalización a los médicos que practiquen las cirugías o emitan recetas con medicamentos o prácticas caseras. El Código Penal actual sentencia hasta con cuatro años de prisión a cualquiera de los practicantes.

"(El aborto) seguirá siendo un delito. Seguirá penalizado tal como se venía haciendo", reiteró Borinsky.

Tras casi 17 horas de debate, el Senado rechazó la madrugada de este jueves con 38 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el proyecto que proponía legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio.

Hasta el amanecer de este jueves millones de mujeres ataviadas con pañuelos verdes –color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, además de la ampliación de sus derechos– se manifestaron frente al Senado pese a la incesante lluvia.

Algunas de ellas lanzaron piedras y quemaron basura, mientras la policía las reprimía con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los incidentes dejaron siete detenidos, según la policía.

La decisión fue recibida con júbilo por manifestantes con prendas color celeste, quienes se oponían a la norma, y cuyo número fue sensiblemente menor a las defensoras por el derecho a decidir.

"¡Vamos todavía, vamos!", festejó la presidenta del recinto, Gabriela Michetti, tras emitir el veredicto de la jornada y segundos antes de apagar el micrófono de su lugar. Durante la maratónica sesión también interrumpió fuera de reglamento a varios senadores e intentó, con el argumento de una supuesta falta de garantía de seguridad, concluir el debate antes de las 10 de la noche.

Momentos antes, el senador Fernando Pino Solanas increpó a Michetti con un discurso en el que abordó los derechos de la mujer a "gozar y a decidir sobre su cuerpo". Consideró que en todos los debates parlamentarios "hubo un gran y lamentable ausente: la mujer".

Solanas también reclamó a Michetti por qué se negó el acceso a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien está en silla de ruedas y presenció el debate bajo la lluvia y en medio de las multitudinarias protestas, pese a que se le aprobó el acceso a la sesión.

La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora Cristina Fernández sostuvo que "se puede estar de acuerdo o no, pero lo más grave de esta noche es que estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", en alusión a los abortos clandestinos.

La bióloga Andrea Zamparini, del equipo de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, dijo que "el Senado terminó siendo mucho más conservador de lo que pensábamos. Claramente, nosotras vamos a volver a presentar esto en marzo del 2020... Vamos a poner presión social".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que esta decisión "no hace más que perpetuar el círculo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar".

La periodista Luciana Peker tuiteo: "Ganó la presión de la Edad Media. No los votos. No escucharon a las mujeres en la calle."

Las iglesias católica y evangélicas felicitaron por separado a los senadores por "honrar la dignidad de la vida del niño/a por nacer".

La tarde de este jueves, el presidente Mauricio Macri comentó en la Casa Rosada, tras una reunión de gabinete, que el aborto y otros temas como la educación sexual son debates "que se van a seguir sucediendo, porque los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia".

El mandatario consideró importante trabajar "en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual, la asesoría integral en las escuelas e introducir métodos anticonceptivos de larga duración".

La prioridad del gobierno será comenzar en las provincias del noreste y noroeste argentino y en la de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de embarazos adolescentes. "El problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas", subrayó Macri.

En Argentina cada año se practican 354 mil 627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, aunque informes de organizaciones civiles indican que alcanzan hasta los 500 mil.

Las complicaciones en abortos generan un promedio de 49 mil hospitalizaciones anuales, mientras en los pasados 30 años más de 3 mil mujeres murieron a causa de abortos clandestinos. Rubinstein reconoció estar "un poquito frustrado" con el final del debate parlamentario, pero reconoció que "los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración".

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