Los rostros femeninos del apocalipsis capitalista

Cuando empezó el proceso electoral para los comicios de febrerodel 2013 y Alianza País escogió su candidato a la Vicepresidencia de la república y su candidata a ocupar la Presidencia de la Asamblea legislativa, quedó establecido el proyecto y la estrategia política del Gobierno para los próximos años. La Vicepresidencia en manos de Jorge Glas marcaba con claridad la radicalización de la política económica capitalista asentada en el extractivismo que el Gobierno impulsa. Ya se veía venir lo que hoy es una realidad: la expansión de la frontera petrolera que incluye el parque Yasuní, la apertura de la décima ronda petrolera y la explotación minera a gran escala en todo el territorio ecuatoriano. Acompañando esta depredadora economía extractiva se abre paso el negocio de los transgénicos, los biocombustibles, es decir el negocio de las grandes transnacionales agrícolas cuyo máximo exponente es Monsanto. Así también se extienden los grandes proyectos hidroeléctricos y de infraestructura urbanística. Todos estos negocios gestionados por el Estado que, por un lado, transfieren recursos a las corporaciones capitalistas nacionales e internacionales, por otro, causan enorme impacto ambiental y social en la población ecuatoriana.
Los días "amigables" del gobierno de Alianza País, sustentados en la política de subsidios a la pobreza van terminando, no porque la política clientelar del Gobierno termine, sino por las dimensiones catastróficas de losimpactos sociales y ambientales que su política económica va a provocar. El despojo y desposesión que la actual acumulación de capital en la región, y específicamente en Ecuador,conlleva,tienden a provocar movilizaciones sociales que podrían en riesgo los negocios capitalistas. Ante esta posibilidad, una de las funciones del actual Gobierno es detectar, controlar y sojuzgar cualquier acción social de resistencia. Para cumplir este objetivo se han usado dos estrategias combinadas: 1) La criminalización y penalización de todo acto de resistencia social y, 2) la utilización manipulada de símbolos de la lucha social,con lo cual se intenta dar un rostro amable a la política autoritaria del Gobierno. Cada una de estas estrategias de poder funciona de la siguiente manera:


1. Criminalización y penalización de la sociedad


Ni bien instalada la nueva Asamblea Legislativa, cuya tres máximas autoridades son mujeres, se comenzó a aprobar las leyes con la cuales se hace políticamente viable el proyecto económico del Gobierno. Tenemos así, lo que podría denominarseel combo del poder autoritario, que comprende: Ley de Comunicación, el Decreto 016 y el Nuevo Código Penal. Esto tres cuerpos jurídicos son, sin duda alguna, formas autoritarias y fascistoides de control social. Estamos hablando de criminalización al derecho de pensar, expresar y comunicar que todo ser humano tienen; control al derecho humano de asociación, reunión y organización social ycriminalización al derecho humano de protestar, reclamar, resistir y luchar contra la opresión, la explotación y la violencia estatal. Este sistema de vigilancia y control (objetivación de las "mejores" recomendaciones del Príncipe y del Leviatán para sostener y defender al soberano Estado, que para el caso del Ecuador se ha encarnado en la persona del monarca Correa), busca amedrentar, enmudecer y sitiar a la sociedad, y así asegurar la reproducción capitalista, hoy más depredadora que nunca. Pase lo que pase, se destruya lo que se destruya, se atraque la riqueza social todo cuanto se puedan nadie podrá decir nada, nadie podrá oponerse pues todo el peso de la ley caerá contra aquel o aquellos que se atrevan a enfrentar los crímenes que se cometerán en nombre del desarrollo, en otras palabras sin eufemismo por la ambición del capital y sus funcionarios. Pues no otra cosa es lo que va a suceder si se explota el Yasuní y se abre la frontera petrolera con la décima ronda, muerte de especies animales y vegetales y, sobre todo, la muerte de los pueblos libres. No otra cosa va a suceder si se da inicio a la explotación minera a gran escala, la muerte de fuentes de agua, de páramos, de ríos, de sembríos, la muerte social y en muchos caos biológica de comunidades que viven en las zonas afectadas.


2. Utilización de los símbolos de la resistencia social


Todo este desastre humano y ambiental se lo quiere encubrir con la manipulación ideológica de la conciencia social en base a la utilización de los símbolos de la resistencia política de la población. Es perverso que todas las decisiones encaminadas a la ejecución de proyectos económicos que tren destrucción y muerte tengan un rostro femenino. En el caso de los proyectos extractivistas, además de los rostros femeninos, está el rostro del "indígena", no es casual que Carlos Viteri sea el presidente de la Comisión de Biodiversidad que aprueba todos los proyectos de extracción de bienes naturales. Al parecer, las tres mujeres que ponen el rostro femenino a la Asamblea Legislativa cumplen la función perversa de justificar toda la política extractivista del Gobierno. La estrategia de poner a tres mujeres como rostro de la Asamblea Legislativa no es sino el intento de disimular o encubrir la política económica capitalista y machista del actual Régimen. En una sociedad históricamente gobernada y dirigida por hombres y para hombres, un rostro femenino y feminista en tal alta función política sería el anuncio de que la estructura de poder masculino ha terminado, y que se abre otra forma de poder que no implique dominación. Al menso esta era la utopía que hoy es pisoteada por el gobierno de Alianza País.


La manipulación simbólica ha sido una de las estrategias más siniestras del Gobierno, pues usar rostros femeninos e indígenas para que aprueben la destrucción de la naturaleza y el etnocidio de los pueblos libres, en el caso de la explotación del Yasuní, es una perversión política propia de aquellos que sostienen que los fines justifican los medios. Para completar la jugada maquiavélica, son rostros de mujeres "feministas" (pues al menos la Presidenta y la Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa se autodenominaban así, al igual que muchas otras Asambleístas de Alianza País), las que terminan aprobando un código penal que criminaliza a las mujeres por su derecho a decidir su vida. En este tema lo que se pudo observar es que las "feministas libertarias" de A. P., prestan, o ¿será mejor decir venden? sus rostros femeninos para encubrir el rostro conservador y machista del Régimen, encarnado con toda propiedad en el conservado Rafael Correa.
En conclusión tenemos que, a nivel económico y político, la ecuación sombría del poder es la siguiente: leyes autoritarias y criminalizadoras aprobadas por los rostros de las otredades oprimidas, da como resultado la viabilidad y legitimidad del proyecto económico de la destrucción y la muerte. A nivel simbólico e ideológico: políticas conservadoras y reaccionarias impulsadas por las víctimas de esas políticas, dan como resultado un retroceso cultural e ideológico a épocas culturalmente retrógradas. Al final lo tiempos traídos por la "Revolución Ciudadana" se caracterizan por el hecho sorprendente de que la apocalipsis capitalista tiene rostro femenino, joven e indígena.


Ante esta perversión del poder, las mujeres, los y las indígenas, los y las jóvenes, los hombres, seres humanos que no hemos renunciado a la vida en nombre del poder capitalista y patriarcal no vamos a caer en la trampa. Estamos convencidas y convencidos que ningún rostro humano puede encubrir la inhumanidad del capitalismo depredador, que no hay capitalismo con rostro humano ni patriarcado con rostro femenino. Con estas certezas seguiremos luchando por un mundo más humano, donde todos los seres en todas sus formas y diferencias tengan un lugar en su mundoque no suponga privilegios, jerarquías, dominio, ni explotación.

 

Publicado por lalineadefuego el octubre 15, 2013 ·

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Correa presiona al legislativo para que no legalice el aborto

Ecuador no incluirá la despenalización del aborto por violación en su nuevo código penal. La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, retiró este viernes la moción de legalizar el aborto en caso de violación, que había propuesto durante la sesión del jueves y que fue secundada por una veintena de legisladores del oficialismo y de la oposición. La razón de este cambio repentino a todas luces está en la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Oromar Tv, la noche del jueves.

 

Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. "¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción", dijo y añadió que "si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo".

 

Con esa sentencia, el Legislativo, controlado por el oficialismo, con 100 de los 137 legisladores, retomó el debate del código penal este viernes y la primera en hablar fue Paola Pabón. "Aquí no están los traidores compañero presidente (...) con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado, (...) pero por la unidad de la bancada retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura".

 

La noticia fue un duro golpe para los grupos de mujeres que abrigaban la esperanza de por lo menos conseguir que se apruebe el aborto por violación. "Estamos viviendo en un momento de violencia machista, donde una mujer que se atrevió a transgredir este sistema de violencia tuvo que retirar la moción, nosotras nos solidarizamos con Paola Pabón y a los asambleístas que defendieron con dignidad y valentía nuestros derechos. Y convocamos a las mujeres ecuatorianas a que desobedezcan porque van a seguir abortando en la clandestinidad", dijo Virgina Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

 

Sarahi Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dice que responsabilizan al presidente por todas las muertes de mujeres por abortos inseguros y de los suicidios de mujeres violadas. "Lo de hoy es la muestra más clara de la violencia, política, institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación, todo lo contrario a lo que se puede considerar revolucionario y la esencia profunda del pensamiento de izquierda".

 

Durante más de 20 meses, estos grupos de mujeres han acompañado la formulación y discusión del texto penal en la Asamblea. Han presentado argumentos de peso como las 1.962 denuncias por violación que se presentaron en 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Esto indica que hay un promedio diario de cinco violaciones diarias y existe el riesgo de que entre el 10 y 15% de estas mujeres puedan quedarse embarazadas", dice desde su perspectiva médica Virgina Gómez de la Torre.

 

La cifra de abortos en el Ecuador es altísima. Un total de 125.000 mujeres abortan cada año. Esto equivale a un aborto cada cuatro minutos. Las mujeres por lo general acuden a los centros obstétricos que son conocidos por facilitar un aborto. No es difícil localizarlos. El gancho suele ser la oferta de un test de embarazo gratuito. Luego se paga entre 150 y 600 dólares por un aborto.

 

De momento, el artículo 149 del nuevo código penal sanciona el aborto, excepto cuando la víctima padezca discapacidad mental, que es lo mismo que decía el código antiguo aunque este usaba el calificativo de mujeres "idiotas o dementes". Este cambio semántico es la única diferencia entre el nuevo código y el texto que se formuló hace 70 años.

 

Para las activistas el nuevo código penal sigue penalizando a las mujeres, incluso porque todavía se debate un artículo que pone en riesgo del aborto terapéutico que ya era una conquista de las mujeres. Hay un artículo que habla de inhabilitar por seis meses los médicos que atiendan un aborto.

 

La discusión del texto penal, que tiene más de 1.000 artículos, podría alargarse hasta la próxima semana. Los puntos más polémicos, además del aborto, son la criminalización de la negligencia médica y la inclusión del feminicidio.

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Las complicaciones en abortos inseguros cuestan a Colombia 14 millones de dólares

Hace siete años que Colombia despenalizó el aborto en tres casos: riesgo para la mujer, malformación del feto y embarazo producto de violaciones o incesto. Sin embargo, en 2012, cerca de 102.000 mujeres fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos irregulares, lo que generó al sistema de salud colombiano un gasto de 14,4 millones de dólares.

 

Las cifras las proporciona un estudio que presentó en Bogotá el instituto estadounidense Guttmacher, que desde hace cinco décadas trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo. Según el instituto, los centros públicos de salud de segundo y tercer nivel del país (centros médicos generales y atención de alta complejidad, respectivamente) aún atienden muy pocos casos de aborto legal y realizan de media solo 6 y 12 procedimientos al año. En cambio, las instituciones privadas realizaron 906 abortos legales por año.

 

El estudio muestra que la atención de un aborto legal en una institución pública de tercer nivel puede costar 189 dólares y en una de segundo nivel, 213 dólares. Son cifras consideradas altas y esto se debe al método que utilizan para realizarlos. De acuerdo con Guttmachet, estas instituciones siguen utilizando la opción más invasiva y costosa, que es el método de dilatación y curetaje, conocido como legrado. Se calcula que a 8 de cada 10 mujeres atendidas se les aplica este método.

 

 

Esto significa que los costos por paciente en las instituciones de estos niveles (en el primero, el nivel básico, apenas se realizan abortos) "son entre 4 y 5 veces más altos que los costos de atención por paciente en instituciones especializadas que emplean los métodos recomendados por la OMS", dice Elena Prada, una de las investigadoras del equipo. Las técnicas recomendadas a las que se refiere Prada son la aspiración manual endouterina y al aborto con medicamentos como el misoprostol, o la combinación de ambos, que son menos costosos, más seguros y se aplican de manera ambulatoria.

 

El estudio, que recogió información de 30 instituciones de salud en las cinco principales ciudades del país, calcula que atender a una mujer con complicaciones después de un aborto inseguro cuesta 141 dólares. "(Los costos) son innecesariamente más altos en Colombia que en otros países de América Latina", dice el informe.

 

La atención postaborto tiene un costo equivalente a la mitad del valor que tiene la atención del aborto legal en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel. En las entidades especializadas privadas la diferencia entre es casi nula. Los altos costos se deben, nuevamente, al uso del legrado, pero también a trabas administrativas y demoras en el servicio.

 

Cuando se trata de realizar un aborto legal, las instituciones suelen poner barreras, mientras que si una mujer llega con complicaciones postaborto, se atiende inmediatamente ya que es una urgencia médica. "Las demoras son comunes, algunos proveedores de servicios solicitan documentos innecesarios o permisos adicionales del sistema judicial antes de proceder, y algunas instituciones se rehúsan rotundamente a proveer abortos legales", dice el estudio. Esto último va contra la ley.

 

"Facilitar el aborto legal practicado con métodos más costo-eficientes significaría un importante ahorro de dinero al sistema de salud, y el agradecimiento de generaciones de mujeres que, en adelante, recibirían un tratamiento menos invasivo, con el estándar de la Organización Mundial de la Salud", señaló Prada.

 

En Colombia, según datos oficiales de 2011, cerca de 8% de las muertes maternas se deben al aborto inseguro.

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Arranca debate sobre drogas en la OEA; EU descarta legalización

La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó hoy un debate en el que países latinoamericanos abogan por nuevas estrategias en la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que durante años ha dejado decenas de miles de muertos, y la postura de Washington que, de entrada, descartó la legalización del consumo como la “solución mágica”.

 

La Asamblea General que comenzó esta noche y que se extenderá hasta el jueves, plantea como punto de partida abordar el tema de las drogas como una cuestión de salud pública y no sólo de seguridad, con el lema “Por una política integral al problema mundial de las drogas en las Américas”.

 

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al inaugurar el encuentro en una finca cafetalera de Antigua, 45 kilómetros al suroeste de Guatemala, dijo que se trata de “uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos de las Américas” y uno de los desafíos “más graves” que enfrentan las democracias en la región.

 

“El carácter histórico de esta asamblea radica en que se inicia un debate que antes no se podía realizar. La fuerza de su convocatoria y del informe de drogas de la OEA es que acaba con un tabú de numerosas décadas”, dijo el secretario general del organismo.

 

“Hoy legitimamos ese debate en forma transparente”, añadió. “Un enfoque de salud pública y la reducción de la violencia del narcotráfico son las principales orientaciones que queremos seguir”.

 

Insulza subrayó que “el problema de las drogas es un desafío a nuestras políticas de salud pública, insuficientes para enfrentar el drama de la drogadicción, lo cual permite que aún se trate a las personas que sufren de esa adicción como delincuentes y no como enfermos que requieren de atención especializada”.

 

Guatemala, el país anfitrión de la 43 asamblea, que se celebra en la ciudad colonial de Antigua, ha logrado congregar a 14 naciones de la región en su iniciativa de superar la visión de la seguridad que ha primado en las últimas décadas y buscar “alternativas”. Incluso ha pugnado por la legalización o la regularización de la venta de ciertas drogas.

 

La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, ratificó poco antes de la inauguración de la asamblea que su gobierno sigue en contra de la despenalización o regularización de la venta de ciertas drogas para terminar con los mercados ilícitos, aunque sin entrar en la discusión del alto impacto de muertes violentas que el problema acarrea en muchos países.

 

“Estados Unidos da la bienvenida a un debate honesto y abierto sobre el tema, pero debe estar basado en hechos y en la ciencia”, dijo. Si bien afirmó que su país no pretende tener el “monopolio” de la política antidrogas, sostuvo que el marco internacional actual es resultado de “años y años de cuidadosas consideraciones”.

 

La funcionaria argumentó que “las áreas comunes de interés son mucho más que las de disenso”. No obstante, Lomellin indicó que “cada gobierno debe decidir su propia ruta y cómo cumplir con sus obligaciones dentro de las leyes internacionales para proteger a sus ciudadanos de los daños causados por las drogas ilícitas”.

 

La delegación estadunidense está encabezada por el secretario de Estado, John Kerry, acompañado por la subsecretaria para la región, Roberta Jacobson; el subsecretario de la lucha antinarcóticos, William Brownfield; el zar antidrogas Gil Kerlikowske, y Lomellin.
Brownfield advirtió con anterioridad que “nadie va a dictar la legalización a Estados Unidos”.

 

La cita tiene como base para el análisis un informe presentado en mayo por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en el cual se plantean diversos escenarios y rutas de acción, elaborado ante un mandato de la Cumbre de las Américas del año pasado en Colombia.

 

Con la asistencia de los 34 países miembros de la OEA, los cancilleres negociaron en las horas previas a la inauguración de la asamblea el texto final de la Declaración de Antigua Guatemala, que cerrará la reunión el jueves y marcará la ruta futura que tomará el diálogo regional en materia de drogas. Sin embargo, trascendió que las propuestas de Guatemala y otros países sobre regularización de ciertos mercados se han “desvanecido” o de plano han desaparecido.

 

A la inauguración asistió el presidente anfitrión, Otto Pérez Molina, quien desde hace un año impulsa este debate al considerar que la actual lucha antidrogas ha fracasado. Estuvo flanqueado por su par costarricense, Laura Chinchilla, y el mandatario dominicano, Danilo Medina. En total participan además 26 cancilleres, tres viceministros y cinco embajadores permanentes ante la OEA.

 

“Se trata de un debate largamente esperado que nuestros países necesitan para buscar soluciones a un fenómeno que afecta a todos, aunque no por igual. Los más vulnerables pagan la cuota más pesada de la violencia”, afirmó el chileno Insulza. Confió en que esta asamblea sea un punto de partida, al aclarar que “no es para sacar conclusiones”.

 

Aunque la despenalización parecía ganar terreno, aún no hay consenso. Al menos 14 países latinoamericanos están interesados en impulsar una nueva política, entre ellos los de América Central, Uruguay, Colombia y México, a decir del canciller guatemalteco Fernando Larrea.

 

En México, la guerra entre el gobierno y los cárteles del narcotráfico dejaron cerca de 70 mil muertos entre 2006 y 2012. En Centroamérica, de acuerdo con reportes conocidos aquí, cada año se contabilizan unos 20 mil muertos, sobre todo en el triángulo norte que integran El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

Con motivo de la reunión, Human Rights Watch abogó por que los países de la región despenalicen el consumo de drogas para reducir la violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. La organización estimó que la “guerra contra las drogas” ha tenido efectos “nefastos” en materia de derechos humanos.

 

El Informe Sobre Seguridad Ciudadana 2012 de la OEA indica que en el Caribe 68 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego; en Centroamérica, 78 por ciento; en América del Norte, 55 por ciento, y en América del Sur, 83 por ciento.

 

De la cocaína confiscada en Estados Unidos, 95 por ciento es de origen colombiano, según analistas, y el flujo promedio hacia el país del norte es de 400 a 600 toneladas anuales. En la actualidad, 80 por ciento de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Centroamérica y México en rutas aéreas, marítimas y terrestres.

 

Un estudio de la ONU indica que la venta de cocaína mueve cerca de 84 mil millones de dólares en el mundo, el cannabis 141 mil millones de dólares y la heroína unos 55 mil millones.

 

Según el Informe Anual 2011 de ONU, en 2010 unos 230 millones de personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita, y entre 75 y 80 por ciento de ellas consumieron mariguana.

 

Afp y Dpa

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Mujer y derechos. Lo alcanzado a través de intensas luchas en todo el mundo por parte de las mujeres es descomunal. Una comparación entre la sociedad de hace 50 años y la actual daría para asombro: se rompe la familia tradicional, hay incorporación masiva de la mujer al trabajo, el sexo deja de ser obligación y se asume como placer, el cuerpo entra en la disputa de los derechos más simples y más sublimes, entre ellos al aborto. Sin embargo, amparados en concepciones cada vez más disociadas de la realidad, y arropados en parte del Estado y su maquinaria, sectores tradicionalistas quieren desconocer asuntos sustanciales para la mujer. La disputa es intensa, y hombres y mujeres deben sentirse incluidos –por su bien y futuro– en la pugna en curso, que no es sólo un asunto de mujeres.


Cada 28 de septiembre, diversas organizaciones y miles de mujeres se unen entorno a la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, creada en el marco del derecho a decidir para las mujeres y como una apuesta incluyente cuyo punto de partida es que las acciones por la despenalización del aborto no pretenden que toda mujer aborte –como lo muestran quienes están en contra– sino todo lo contrario: que todas tengamos la opción de decidir si las condiciones de vida nos permiten llevar a término un embarazo, y, más aún, si decidimos asumir la maternidad como una opción en nuestra vida.

Hablando de aborto en América Latina el panorama es muy similar. Ciertos gobiernos progresistas, o algunos de sus estamentos, han legislado a favor de la despenalización parcial o total, mientras los sectores conservadores –que representan grupos provida o antiderechos la mayoría de las veces– intentan por todos los medios boicotear la interrupción del embarazo como un derecho para las mujeres.

Este es el caso de Colombia. Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación a partir de enero de 2009, ha dedicado todos sus esfuerzos para, desde su cargo público, poner palos en la rueda de la Sentencia Constitucional C-355 de 2006 –y a las posteriores– a fin de generar confusión en la población en general y en los prestadores de los servicios de salud en particular.

Ordóñez ha sido un abanderado de los principios cristianos y el pensamiento conservador, y enemigo de la que él llama “ideología de género”, aduciendo que ésta atenta contra la estructura familiar y la identidad cristiana del país. Cito en extenso un apartado de su texto:

“Hace pocas horas la Corte Constitucional Colombiana despenalizó el aborto […] La declaratoria de inexequibilidad no es solamente un problema jurídico, es una pieza más dentro de un esquema muy bien diseñado para disolver culturalmente a nuestra nación y especialmente su identidad cristiana. Después vendrá por la misma vía judicial, el matrimonio homosexual, la adopción de hijos por tales parejas, la eutanasia, la eugenesia, la manipulación de embriones, el desmonte de la patria potestad, la despenalización de la pedofilia, en suma, la androginización de la cultura. No quiero ser profeta y ojalá me equivoque, pero si usted, amable lector, lee con detenimiento la información consignada en este opúsculo, conocerá que en este proceso estamos muy avanzados; no se trata de delirantes decisiones tomadas por accidentales mayorías del órgano judicial referido, como algunos erróneamente creen. Muchos otros estamentos del Estado están en ellos comprometidos […] Estamos frente al fundamentalismo libertario avalado por las decisiones judiciales […] Las decisiones judiciales que se profieran en el futuro sobre los temas anotados, nada tendrán que ver con la intangibilidad del ordenamiento constitucional. Ello hoy es parte de la arqueología, no del derecho constitucional. Desde luego que ese será el pretexto para obtener los propósitos mencionados. “Bienvenidos al futuro””1.

Este prólogo fue escrito por Ordóñez varios años antes de ser nombrado como Procurador y de ese corte han sido algunas de sus máximas durante su período como servidor público. Tales han sido sus acciones que en septiembre de este año la Corte Constitucional le obligó a rectificar algunas de sus actuaciones respecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al igual que a dos de sus procuradoras delegadas, María Eugenia Carreño e Ilva Myriam Hoyos2.

Así, el 19 de septiembre Ordóñez, en declaración pública, “rectificó” lo dispuesto por la Corte. Dejo dicha rectificación entre comillas, dado que, además de cumplir la formalidad, el Procurador convirtió este escenario en una oportunidad para aclarar que nunca había faltado a la verdad, ratificar en sus cargos a las dos procuradoras delegadas, anunciar que presentaría ante la Sala Plena de la Corte Constitucional la nulidad que invalide la Sentencia T-627/12 por presentar graves deficiencias e inconsistencias en su contenido y corroborar que durante su permanencia en la Procuraduría seguirá defendiendo el derecho a la vida y la integridad de la familia.

Son múltiples las interpelaciones que a Ordóñez se han hecho públicas a través de los medios de comunicación, ante las cuales él y sus aliadas y aliados responden que son críticas donde se pretende juzgarlo como fundamentalista por sus creencias religiosas, mientras él sólo ha cumplido el ordenamiento jurídico y la Constitución.

Y es en este punto donde propongo que centremos la atención del debate frente a las acciones del Procurador, pues su argumentación va en concordancia con la arremetida conservadora en América Latina en contra del aborto, en que se enmascara la intención de anteponer los preceptos religiosos a la garantía de los derechos de las mujeres bajo el manto de estrategias jurídicas.

Como lo refiere Mauricio García Villegas en su columna en El Espectador, “éste no es un debate entre dos dogmatismos, el de ellos y el de nosotros; ni siquiera es un debate entre creyentes y ateos. Este es un debate entre quienes pretenden, desde los altos cargos del Estado, acomodar, a punta de engaños, la Constitución a sus creencias, y quienes creemos que todo funcionario debe acatar la Constitución o, en caso contrario, cuando sus convicciones se lo impidan, renunciar a su cargo y someter sus creencias al debate electoral”3.

Púlpito del Procurador

No es necesario ser el o la más experta de las juristas para dilucidar que la apuesta de Ordóñez es claramente la conservación de la tradición y la estructura familiar cristiana, lo cual es común al conservadurismo en Latinoamérica:

“Los grupos conservadores ligados a la derecha se han encargado de promover y reproducir discursos clásicos sobre la tradición familiar, muchas veces excluyentes con respecto a diferentes grupos sociales. Los conservadores se han opuesto directamente a la ampliación y la apertura de derechos sexuales y reproductivos en diferentes partes del mundo. Además de denunciar su consumo, han construido argumentos para evitar la promoción y difusión de métodos anticonceptivos (entre los que el Anticonceptivo Oral de Emergencia ha sido uno de lo puntos de discusión centrales en los últimos años). Del mismo modo, se han manifestado en contra de la despenalización del aborto y de la posibilidad de matrimonio entre individuos del mismo sexo”4.

Hasta hace unos años las mujeres y la cuestión de género no eran temas centrales en las preocupaciones de los grupos conservadores. “Los imaginarios sociales y los discursos normativos comunes daban por sentada habitualmente (habitus) la exclusión de las mujeres y otros grupos de género de los procesos políticos y de las estructuras de poder (formales y de la vida cotidiana)”5. Pero el crecimiento de los programas con enfoque de género y la difusión de las apuestas desde instituciones del Estado les han puesto en alerta, pues anteriormente no consideraron la acción colectiva de las mujeres como un enemigo poderoso.

Ordóñez explica el auge de la “ideología de género” –en el libro citado anteriormente– diciendo: “El Comité para la no discriminación de la mujer, integrado por 23 personas y creado por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, había manifestado desde el año 99 su preocupación por la ilegalidad del aborto en Colombia. Entidades a esta (sic), dispusieron de cuantiosos fondos provenientes de la Fundación Ford, de la Fundación Rockefeller y de la trilateral comisión que fueron destinados para financiar la campaña abortista muy bien orquestada en el país por numerosas ONG”6.

Si bien es cierto que la dominación a las mujeres por parte de la Iglesia y el conservadurismo no es un asunto nuevo, ni creado por Ordóñez, la batalla que él está dando desde la Procuraduría sí ha puesto sobre la mesa una discusión fundamental en Colombia respecto de la diferenciación del ámbito público de las creencias individuales –como parte de la esfera privada del ser humano–; de si este país es o no un Estado laico, es decir, si es un país que garantice las libertades individuales; de hasta dónde llega el poder de los funcionarios y funcionarias para poner trabas y crear barreras de acceso al derecho fundamental de las mujeres a interrumpir su embarazo7. Porque este elemento se convierte en una de las principales estrategias que en la cotidianidad pone a andar la cruzada antiaborto, pues, al no ser atendidas en el marco de las tres causales despenalizadas por la Sentencia c-355 de 20068, las mujeres se ven obligadas a acudir a prácticas de aborto clandestinas o llevar a término embarazos que lesionan mucho más su salud física, mental y social.

Así que la apuesta por la despenalización del aborto9 es la intención colectiva de movilizarse frente a una de las imposiciones que más aportan a la desigualdad social para las mujeres al ponernos en riesgo de morir, de enfermar, al someternos a un embarazo en contra de nuestras propias posibilidades. Es una apuesta política que les exige a los sistemas de justicia y salud una vida digna para todas las mujeres, para todas nosotras.

Igualmente, una apuesta por repetirle, sin desfallecer, al mundo patriarcal en que vivimos, en los cuerpos de varones y mujeres, que esa convicción mariana por la cual estamos hechas –invariable, obligatoriamente y ojalá con sufrimiento– para ser madres al costo que sea, es un atentado contra nuestra salud, nuestra dignidad y nuestra libertad.

El juntarnos en torno al derecho a decidir de las mujeres es nuestro grito permanente... pues, como lo leí en algún grafiti, al patriarcado le gusta “cuando callas porque estás como ausente”.


1 Ordóñez M., Alejandro. 2006. Ideología de género. Utopía trágica o subversión cultural. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga.
2 Todo esto mediante la Sentencia T-627/12, fruto de la tutela interpuesta por 1.201 mujeres por el derecho a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Para conocer los puntos centrales de la tutela y el contenido de la Sentencia, consultar http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=382.
3 García V., Mauricio, en: El Espectador “El problema no es la fe”. Consultada en septiembre 14 de 2012. http://www.elespectador.com/opinion/columna-374989-el-problema-no-fe. Ver en el enlace http://www.elespectador.com/opinion/columna-374989-el-problema-no-fe.
4 Mujica, Jaris. 2007. Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Lima.
5 ibídem.
6 Ordoñez M., Alejandro. 2006. Ideología....
7 Consagrado como tal por la Corte Constitucional en Sentencia T-585/10. Se puede consultar en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-585-10.htm
8 Las tres causales en que el aborto fue despenalizado en Colombia son: i. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; ii. Cuando el embarazo es producto de violación, incesto o inseminación no consentida; iii. Cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir por fuera del útero.
9 Como lo muestra el cuerpo de la Sentencia T-627/12, para Ordóñez también está en la mira la anticoncepción de emergencia.

Publicado enEdición 185
Eliana Cano
Católicas por el Derecho a Decidir se extiende por varios países, entre ellos Perú, una de la sedes de la jerarquía eclesiástica donde denominarse católica y feminista es ser satán.

DIAGONAL: ¿Cuáles son vuestros argumentos para conseguir la despenalización del aborto como católicas y feministas?
ELIANA CANO: El argumento principal es que debemos acudir a nuestra conciencia para decidir, y en ella no entra ni el arzobispo, ni el político, ni ningún otro poder. Decidir no continuar con una gestación es una decisión muy ética por todo lo que implica asumir con responsabilidad la maternidad, y debería serlo también para quienes paternan. La jerarquía de la Iglesia católica cierra completamente cualquier posibilidad de diálogo respecto al aborto porque éste es quizá la última frontera de libertad en el ámbito sexual, es decir, rompe con el dogma de que la sexualidad tiene que estar siempre atada a la reproducción.
La falta de claridad en el derecho y acceso a servicios de aborto con frecuencia lleva a las mujeres a buscar abortos clandestinos, ilegales e inseguros. Estamos ante un problema de salud público. Además, son las mujeres con menos recursos económicos las que están quedando en la mayor desprotección. Hablamos de “aborto legal para no morir” y de “anticonceptivos para no abortar”.

D.: En la política sexual existe un doble discurso entre lo que se penaliza y lo que la sociedad hace...
E. C.: La política sexual que hay está teñida por lo religioso y lo dogmático. Lo que se proclama es la abstinencia, cuando sabemos que no es real. Tenemos la ley de indemnidad sexual: las adolescentes que se quedan embarazadas y van a centros de salud del Estado tienen que declarar quién es el padre, y eso las lleva a una persecución, porque ha sido una relación sexual entre menores de edad, que en Perú está penalizada. Las menores ya no quieren ir a los centros de salud por temor a ser interrogadas. Es una realidad que estamos levantando, pero necesitamos que las adolescentes hablen y denuncien este abuso del sistema. Ya ha habido varias iniciativas a nivel congresal desde la sociedad civil.
Lo mismo ocurre con el aborto terapéutico: es legal desde 1994 pero no hay protocolo en los centros de salud, que no actúan por desconocimiento y por miedo. La causa de la violación ni se discute. Y también estamos implicadas en la anticoncepción oral de emergencia, el tribunal constitucional falló en contra y se ha paralizado la distribución gratuita por parte del Ministerio porque éste fue denunciado por una ONG conservadora, Alas sin Componenda, dirigida por un ministro de salud conservador. Hay un desabastecimiento de métodos anticonceptivos gradual y general en todo el país, las mujeres tienen cada vez menos posibilidades de elegir. Y en términos de políticas públicas se atiende la mortalidad materna y punto, como si la salud sexual y reproductiva sólo fuera el binomio madre-niño.

D.: ¿Qué papel está jugando hoy la cooperación al desarrollo?
E.C.: La cooperación se ha reducido, no sólo por la crisis económica, sino cambiando los criterios de financiación. La prioridad está en el cambio climático o el agua, que son los dos grandes temas de preocupación mundial. Ha habido un desplazamiento importante y eso tiene que ver con una agenda mundial. No es casualidad que en todas las instancias haya resistencias para seguir hablando de derechos sexuales y reproductivos. Pero desde la sociedad civil tenemos que seguir pensando nuevas formas para seguir validándolos. Quizás es el momento de hacer un alto para reflexionar hasta dónde hemos llegado, cómo hemos llegado. No es gratuito seguir viendo prácticas nefastas todavía.

Por MÓNICA MÍGUEZ R. Y SORAYA G. G. (GIPUZKOA)
LUNES 18 DE JULIO DE 2011.  NÚMERO 154
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Sao Paulo, 29 de octubre. Las fotos en la primera plana del principal diario de Brasil lo dicen todo. En la primera y más grande, José Serra, candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) a la presidencia, besa una pequeña imagen de Nuestra Señora de Abadía. A la derecha, el encabezado principal del diario destaca el respaldo del papa Benedicto XVI al sector de los obispos que han llamado a votar contra la candidata Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), porque presuntamente pretende legalizar el aborto.

La foto de abajo es más pequeña y no es común en la prensa brasileña: muestra al presidente Luiz Inacio Lula da Silva con sus nueve dedos ennegrecidos. Lula se acerca la mano izquierda a la nariz, según el pie de foto, para oler el petróleo. A la derecha, el encabeado señala: A dos días es las elecciones, la ANP (Agencia Nacional de Petróleo) anuncia pozo de petróleo.

¿Es Jesucristo, estúpidos? ¿O es el oro negro? Vistos los resultados de las últimas encuestas, que dan a la candidata Rousseff entre 12 y 15 puntos de ventaja para las elecciones de este domingo, la apuesta de Lula es la correcta.

Ayer olió el petróleo de la reserva de Tupi y su gobierno anuncia este viernes reservas mayores en un campo llamado Libra. La suma de los nuevos yacimientos descubiertos por Brasil podría convertir a este país, si se hacen realidad las proyecciones más optimistas, en un productor de petróleo que superaría a Qatar y Estados Unidos.

Treinta millones de nuevos clasemedieros

Esos anuncios, sumados a 30 millones de nuevos clasemedieros y 12.6 millones de hogares que reciben Bolsa Familia (el Oportunidades brasileño) han terminado siendo la principal fortaleza de la campaña que Lula ha encabezado sin rubores.

Mientras el diablo echa la mano al católico Lula –con los veneros de petróleo– Serra sigue con su apuesta a la ayuda divina o, ya de perdida, a la de su representante en la Tierra.

En un acto de campaña, el candidato socialdemócrata se sube al carro del papa Benedicto XIV, quien el jueves, aprovechando una visita de obispos brasileños al Vaticano, dijo que los jerarcas católicos deben entrar a la arena pública cuando hay proyectos políticos [que] contemplan, abierta o veladamente, la despenalización del aborto y la eutanasia.

Se trata del líder espiritual mundial de la Iglesia católica y tiene pleno derecho de emitir sus directrices y orientaciones a los católicos del mundo, especialmente en la defensa de la vida, dice el candidato Serra, quien en las últimas semanas va un día a misa y el otro también. El mismo candidato que mandó imprimir volantes con su foto y su firma acompañadas de la frase: Jesús es la verdad y la justicia.

Aunque cuenta con la mayor parte del voto católico, Rousseff no quiere arriesgarse a perder más indecisos ni tampoco a incomodar a los evangélicos: “Es la posición del Papa y tiene que ser respetada… Yo personalmente soy contraria al aborto”.

Lula, quien no juega de candidato, aunque ha participado en más mítines que en su propia campaña por la relección hace cuatro años, es menos diplomático con el jefe de la Iglesia católica: Éste es un país democrático y laico, suelta el presidente, quien además no ve ninguna novedad en la declaración papal. Es lo mismo que decía la Iglesia católica hace 2 mil años.

La batalla que llegó al Vaticano comenzó durante la primera vuelta, cuando la guerra sucia de Internet saltó a los medios y a los púlpitos, debido a una vieja declaración de Rousseff, quien en 2007 se había manifestado por ver el aborto como un tema de salud pública y se había declarado partidaria de la despenalización.

Entre las muchas explicaciones sobre los tres puntos que le faltaron a Rousseff para vencer en la primera ronda, está justo el tema del aborto, que alimentó los votos de la evangélica Marina Silva, del Partido Verde.

Tras la primera ronda, el debate electoral fue dominado por el aborto y otros temas de la agenda de los religiosos conservadores. Serra aprovechó la ola y remontó algunos puntos. Pero el PT y su candidata no están mancos: echaron a andar una fuerte campaña para combatir la guerra sucia en Internet (al grado que ahora el PSDB y Serra se dicen víctimas de lo mismo) y usaron su influencia entre los obispos y pastores que les son afines. Hubo reuniones y declaraciones a granel.

Y hoy, mientras los obispos que han hecho guerra abierta contra Dilma celebran las declaraciones del Papa, la jerarquía brasileña muestra sus fisuras. Por ejemplo, el obispo de Santa Catarina, Luiz Carlos Eccel, dice que dentro de la misma iglesia hay facciones que están manipulando el texto papal para justificar su sed de poder.

La campaña acaba, Passione sigue

Ellos tienen derecho de réplica y contrarréplica, mas la palabra final es suya. Los anuncios a plana entera en los diarios invitan así al último debate entre los candidatos a la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff y José Serra. Como si se tratara de un encuentro de lucha libre, los anuncios ponen frente a frente a los candidatos, sobre la frase: Dilma contra Serra, debate final. Y rematan: “Hoy, después de Passione”. Passione es, ya se dijo en estas páginas, la telenovela del momento.

Algunos, que se quejaban de la falta de pasión en la primera ronda, la tuvieron de sobra en la segunda vuelta que se define este domingo, con la candidata del presidente Lula dueña de una cómoda ventaja en las encuestas.

La mayoría de los debates han sido más bien desapasionados, quizá el del pasado lunes 25, lleno de ataques y acusaciones mutuas entre los candidatos.

Hizo falta, quizá, la presencia más activa del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, referencia ineludible en la campaña, que ha terminado en el terreno que quería el PT: la comparación entre las gestiones de Lula y Cardoso, con duración de ocho años cada una.

Hoy Cardoso participa en un acto de Serra, pero en ausencia del candidato, quien va a Río de Janeiro al debate. Hasta el final, Serra mantiene la distancia que le han criticado incluso sus correligionarios.

Es Cardoso quien explica que Serra no quería aparecer como un candidato bajo sus órdenes (a diferencia de Lula y Dilma, se entiende). Todo lo que él me pidió lo hice, dice Cardoso, en una campaña que, por donde se vea, no es la suya. A media caminata, la suela de un zapato se le descose enterita y Cardoso tiene que abandonarla.

Serra y Dilma debaten y se alistan para sus últimos actos de campaña este sábado. Ambos en Minas Gerais, el segundo granero electoral del país.

En el debate, los acompañan 80 electores indecisos, aunque según las empresas encuestadoras, sólo 4 por ciento de los ciudadanos no han definido su voto.

Como es costumbre, los candidatos esperan a que finalice el capítulo de Passione. Dado que la mayoría ha definido su voto, es posible que muchos apaguen sus televisores apenas Bete, protagonista del culebrón, descubra a Agnello y Stela agarrándose a besos.

Por Arturo Cano
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“Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro”, advirtió la británica Louise Finer, investigadora sobre América del Sur del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, con sede en Londres. Finer explicó en un reportaje de Página/12 los alcances del pronunciamiento de la organización de derechos humanos a favor de la legalización del aborto.
 
Con el pronunciamiento, efectuado en el Día de Lucha por la Despenalización en América latina y el Caribe, es la primera vez que AI exhorta a viva voz a los gobiernos de la región a descriminalizar el aborto en todas las circunstancias. Hasta ahora, la organización había expresado su repudio frente a la prohibición total del aborto que rige en países como Nicaragua, donde incluso está penalizado cuando corre riesgo la vida de la mujer. También había manifestado preocupación en relación con las reformas constitucionales en estados mexicanos y en República Dominicana, donde se incluyeron cláusulas que definen la vida “desde la concepción” con el espíritu de asegurar que no se avance con la despenalización del aborto. En la Argentina, en marzo de este año, AI hizo un llamamiento a las autoridades a garantizar el aborto no punible a dos adolescentes violadas en Chubut, que tuvieron que recurrir a la Justicia para acceder a la interrupción de los embarazos producto de ataques sexuales perpetrados por sus padrastros.
 
Activista por los derechos humanos desde hace una década cuando se graduó en la universidad, fanática de la música –desde el tango al hipoho cubano, aclara–, Finer trabaja en AI hace dos años. Su oficina está en la sede central de la organización, en Londres, desde donde respondió a Página/12. Conoce la Argentina. Ha visitado el país en varias oportunidades, cuenta. Y ha vivido cuatro años en otros países de América del Sur.
 
–¿Por qué la organización asume ahora esta postura clara a favor de la legalización del aborto?
 
–Desde principio de este siglo Amnistía Internacional expandió su mandato y además de tomar acción para erradicar la tortura, las desapariciones forzosas, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales y para exigir la liberación de presos de conciencia ahora aboga por la universalidad de los derechos humanos: los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A principio de siglo la organización lanzó una campaña mundial para erradicar la violencia contra la mujer y en este contexto el movimiento mundial de activistas de derechos humanos decidió que tal y como lo establecen las normas internacionales de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales. Es así que Amnistía Internacional está documentando casos que demuestran el impacto de la penalización del aborto en las vidas de las mujeres y las niñas como por ejemplo en Nicaragua y en Argentina. En Argentina la organización ha visto con preocupación que aun cuando está despenalizado el aborto cuando la vida de la mujer y niña está en peligro y cuando hubo violación sexual, esto no siempre se cumple. La ausencia de protocolos claros de atención implementadas a nivel nacional para casos de abortos no punibles ha hecho que muchos casos se judicializan innecesariamente.
 
–¿Por qué es una cuestión de derechos humanos?
 
–Las normas internacionales de derechos humanos especifican que las mujeres tienen el derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos libres de coacción, discriminación y violencia. No hay por qué cuestionar que la despenalización del aborto es una medida necesaria para asegurar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. ¿Es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas con pocos recursos las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas. Esto es definitivamente una cuestión de derechos humanos.
 
–¿Por qué cree que gobiernos que tienen un claro discurso a favor de los derechos humanos no incluyen bajo ese paraguas la despenalización y legalización del aborto?
 
–Es vergonzoso que en las Américas los países son rápidos en ratificar normas internacionales de derechos humanos, incluidas normas por los derechos de la mujer, pero lentos en implementar los compromisos que éstas traen. Es preocupante que no existe la voluntad política de implementar compromisos concretos para respetar los derechos de las mujeres. Falta mucho para que se erradique la discriminación contra la mujer en las Américas y así asegurar que sus derechos sexuales y reproductivos sean respetados. Algunas instancias de los Estados con frecuencia promueven interpretaciones equivocadas de los estándares de derechos humanos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Es por esto que Amnistía Internacional se une a la campaña regional por la despenalización del aborto y exige que sean inmediatamente derogadas todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.
 
-¿Cómo afecta la penalización del aborto a las mujeres?
 
–Existe evidencia que demuestra que la penalización del aborto contribuye a las tasas elevadas de mortalidad materna. Se sabe que el aborto se vuelve una práctica riesgosa cuando se practica de forma ilegal. A las víctimas de violación, la penalización del aborto las obliga a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización que vemos en países como Nicaragua significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo. Esto es inaceptable.

Por Mariana Carbajal
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–¿Cómo puede ser católica y feminista?

–Jesucristo fue el primer feminista de la historia.

–¿Cómo dice?

–Cuando indagás un poco y quitás la costra de la intolerancia que la jerarquía católica ha construido sobre el mensaje básico de Jesús y de los Evangelios, te das cuenta de que hay otras cosas. Por ejemplo, Jesús mostró en su vida pública que las mujeres para él eran importantes. Rompió con muchos estereotipos de su época. Por ejemplo, se acercó a la hemorroísa, la mujer que sufría de flujos de sangre desde hacía doce años y la curó. En aquel entonces la menstruación era un signo total de impureza. Las mujeres menstruando no podían ir al templo. Había toda una serie de tradiciones en relación con eso. Jesucristo rompió con todo eso y estableció un diálogo con la hemorroísa. Se acercó también a las prostitutas. Pero digo que fue el primer feminista de la historia sobre todo porque tenía un mensaje de misericordia, de compasión, de bondad, de igualdad. Desde Católicas por el Derecho a Decidir encontramos esa raigambre y luego nos damos cuenta de que hay postulados de la Iglesia Católica como el de la libertad de conciencia y los juntamos con los postulados básicos del feminismo y concluimos que, si como dice la misma doctrina, fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para discernir y para el libre albedrío, no estamos hablando de personas que no tengan la posibilidad de tomar los derechos que defiende el feminismo. Feminismo y catolicismo obviamente son una mezcla explosiva porque desde el feminismo estamos cuestionando muchas cosas que se están planteando como si fueran las únicas posibles en la Iglesia Católica, cuando no se trata de doctrina.

–¿En base a qué argumentos pueden los católicos convencerse de que no son malos creyentes si apoyan la despenalización del aborto?

–El argumento fundamental es la confianza en la autoridad moral de las mujeres para tomar esas decisiones y el convencimiento de que la maternidad tiene que ser voluntaria, que la violencia y la desigualdad están causando embarazos que las mujeres no buscan, no quieren, no planean. Y que una mirada misericordiosa y caritativa de la vida tiene que permitirles por lo menos decidir si quieren traer una criatura al mundo o si tienen derecho a interrumpir un embarazo que no buscaron. Hay otros argumentos al interior de la misma doctrina como por ejemplo que el Código de Derecho Canónico, que es la ley interna de la Iglesia, establece eximentes de culpabilidad a la máxima pena que aplica el mismo Código. El Código de Derecho Canónico solamente considera dos crímenes que son sujetos de la aplicación de la pena de excomunión inmediata: el intento de matar al Papa y el aborto. Pero en los cánones 13.23, 13.24 y 13.25 dice que ante determinadas circunstancias esa pena no se aplica: de plano deja de considerar el aborto como delito y el intento de matar al Papa, cuando la persona era menor de 16 años, cuando actuó por miedo, por culpa o porque pensaba que con esa acción prevenía un mal mayor, cuando ignoraba que estaba infringiendo una ley. Estas consideraciones cobijan todos los abortos que tienen las mujeres por lo menos en América latina. Esa situación que la gente no conoce, porque la jerarquía se ha encargado de que no sea tan público, es un argumento bastante convincente para tomadores de decisiones. Hay que recordar que no hay dogma en las enseñanzas morales, y que la misma doctrina católica contempla la libertad de conciencia y el probabilismo.

–¿Qué es el probabilismo?

–Es un principio que se desarrolló cuando la reforma de Lutero. Por entonces se generó un movimiento al interior de la Iglesia, que es tan grave y tan delicado como el que está habiendo ahora con el tema del abuso sexual, y no había ninguna certeza. Ese principio dice: cuando hay duda frente a las enseñanzas morales, hay libertad. No se pueden imponer los preceptos morales. Es muy importante tomar en cuenta lo que fue el Concilio Vaticano II. Nosotras surgimos un poco por eso: es un llamado al laicado para que participe más en los designios de la Iglesia, es un reconocimiento de que la ciencia tiene un papel que jugar, que la teología no lo resuelve todo, es una aceptación de que no solamente la Iglesia Católica es la vía de la salvación. El Concilio Vaticano II también da una base para hablar del derecho a decidir de las mujeres católicas a interrumpir un embarazo.

–¿Qué es la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho?

–Es una coordinación de agrupaciones, oficinas, grupos y voces católicas que hay en este momento presentes en diez países de América latina, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Se fundó en 1989 bajo el liderazgo de Cristina Grela, médica sexóloga uruguaya, con el apoyo y la mentoría de Frances Kissling, presidenta de Catholics for a Free Choice en ese momento.

–¿Cuál es su propuesta?

–Entre las razones más importantes que impulsaron a las fundadoras de la Red estaban la inmensa distancia que observábamos entre las enseñanzas morales de la jerarquía eclesiástica y las opiniones y prácticas de la feligresía; la tragedia de la morbilidad y mortalidad materna ocasionadas por abortos practicados en condiciones de inseguridad y la miseria sexual que vive la mayoría de las mujeres en esta región. No es necesario recurrir a las estadísticas, ni limitarse a quienes no tienen acceso a la educación y a la información adecuada, para darse cuenta del drama en el que se ha convertido la sexualidad para las mujeres latinoamericanas. Con sólo mirar a nuestro alrededor, podemos constatar cómo a pesar del nivel económico y del nivel educativo alcanzado, muchas mujeres siguen viviendo cautiverios e insatisfacciones en lo que a las expresiones de su sexualidad se refiere. Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de conocer las investigaciones históricas que había publicado Catholics for a Free Choice, de Estados Unidos, en los ’80, que demostraban que en la historia de la Iglesia Católica ha habido y sigue habiendo diversas posiciones sobre la moral sexual.

–¿A qué se refiere?

–Aprendimos y entendimos que en moral sexual no hay dogma. Que no ha habido hasta ahora ninguna declaración ex profeso dirigida a establecer la obligatoriedad de las enseñanzas morales. Nos documentamos y entendimos, por consiguiente, el valor que la doctrina católica tradicional le confiere a la libertad de conciencia, base de la dignidad humana: la primacía de la conciencia sobre las enseñanzas del magisterio eclesial es parte esencial de la doctrina. El papa Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI lo expresaron en diversas ocasiones: quien no obedece los dictados de su conciencia, no puede responsabilizarse de sus actos. Aunque parezca mentira, en la Iglesia Católica ha habido posiciones diversas sobre moral sexual y sobre la condición de las mujeres en la Iglesia; más aún, el Concilio Vaticano II reafirmó la primacía de la conciencia y el valor de la libertad para la dignidad humana. Ahora bien, el reto más importante desde nuestro punto de vista es que todas las personas puedan ejercer sus derechos, las mujeres su derecho a decidir y todas y todos el derecho a disfrutar del placer, del erotismo, de su sexualidad como un don, como otra manera de expresar su espiritualidad.

–¿El lugar de las mujeres siempre fue secundario para la Iglesia Católica?

–De acuerdo con los viejos y quebradizos papeles que sostienen la doctrina tradicional, las mujeres estamos sometidas a Dios, como toda criatura, pero no de manera directa, sino mediante la sumisión a nuestro esposo, a nuestro padre o a algún personaje masculino subordinado a su vez a Cristo. La filosofía aristotélica, por su parte, tuvo gran influencia en los conceptos de esta Iglesia respecto de las mujeres; Aristóteles postulaba la inferioridad de las mujeres refiriéndose a ellas como “hombres mutilados”. De este modo, una visión misógina y sexista, definió de manera radical la posición de las mujeres no sólo en la Iglesia sino también en la sociedad; estrechamente ligada a esta concepción está la idea vigente hasta el siglo XVII de que las mujeres eran hombres incompletos, mutilados, como pensaba Aristóteles. Por eso entendimos desde Católicas por el Derecho a Decidir la importancia de rescatar el mensaje de Jesucristo, para defender los derechos de las mujeres al interior de esta Iglesia y reclamar congruencia, igualdad, justicia.

–¿Siempre se negó el placer sexual?

–Sí. Ahí influyó San Agustín. El se rebeló contra lo que fue su propia vida: fue un disoluto, un “pecador”, que usó y abusó de los licores y de la vida disoluta en esa época y cuando decidió romper con todo eso y volverse místico, sacerdote y profeta, rompió de una manera muy fuerte y casi que decidió adoptar lo contrario. Recuerdo que hay planteamientos de él que decían que si se pudiera encontrar una manera diferente para la reproducción que no fuera la relación sexual, ellos estarían muy contentos. Ahora nos encontramos con que la jerarquía católica también condena la fertilización artificial.

–La escuché en la conferencia que dio en el V Congreso Latinoamericano sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en Guatemala. Uno de los tramos más aplaudidos fue cuando advirtió sobre las incongruencias de la doctrina católica que niega el placer sexual y no puede explicar por qué Dios diseñó a las mujeres con clítoris, un órgano que solamente sirve para el placer.

–Esas son aportaciones de las teóricas feministas. La doctrina católica dice basarse en la “Ley Natural” para hablar de la complementariedad entre los sexos, o de la sexualidad sólo para la reproducción, negando el placer sexual. Pero luego nadie explica por qué tenemos clítoris, que no tiene ninguna otra función más que el placer. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, con capacidad de decisión, con voluntad, con raciocinio y con clítoris, dónde está la razón para negar el placer sexual: está en la necesidad de controlar la vida de las mujeres. Para una institución que está basada en el dominio absoluto de los hombres sobre las mujeres, la autonomía de las mujeres es inaceptable. Hay un movimiento interesante al interior de las órdenes religiosas, las religiosas cada vez menos tienen disposición de acatar de manera silenciosa este tipo de planteamiento y tratamiento.

–También dijo en su conferencia que observa con preocupación un retorno al integrismo fundamentalista.

–En América latina y el Caribe estamos viviendo momentos de cambios muy importantes. En medio de la profundización de las brechas de desigualdad, de los coletazos de la crisis financiera internacional, la mayoría de los gobiernos cambió cualitativamente en la última década, confiriendo un carácter más progresista, más democrático a la región. Con algunas excepciones. Esto no quiere decir necesariamente que los derechos humanos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos hayan ganado espacios más propicios para su desarrollo. En contados casos así fue, pero la cruzada fundamentalista impulsada por la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, en alianza con los gobiernos mal llamados “de izquierda”, en contra de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, avanza con renovado ímpetu proveniente de la falsa creencia por parte de políticos y gobernantes, de que la jerarquía eclesiástica representa a quien dice representar. Nada más lejos de la realidad. Estamos viviendo en estos momentos un retorno del integrismo fundamentalista en todo el mundo por parte de las religiones, pero de un integrismo que utiliza el lenguaje de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos y civiles. Desde que el Vaticano fracasó en sus intentos de imponer su agenda moral conservadora en los Programas de Acción de las Conferencias Internacionales de Cairo y Beijing y por ende en las políticas y programas relacionados con estos temas, emprendió una cruzada convocando a los obispos y cardenales, especialmente a los de América latina y el Caribe a ser proactivos en la defensa de los modelos culturales tradicionales que emergen de la ideología judeocristiana: el modelo de familia heterosexual, nuclear, la sexualidad restringida a la reproducción, el cumplimiento del deber ser basado en estereotipos de género estáticos, sacralizados por la ideología conservadora de la Iglesia Católica y la obstaculización de los derechos individuales, específicamente de los derecho sexuales y reproductivos. Tenemos la obligación de detener esta cruzada oscurantista que nos quiere llevar a la época medieval, cuando se daban instrucciones a las parejas casadas acerca de cuándo era lícito tener relaciones sexuales.

–¿Cómo deberían reaccionar los gobiernos frente a los avances conservadores en América latina?

–Hace poco el doctor Julio Frenk, quien fue ministro de salud de México durante la presidencia de Vicente Fox, decía que la ciencia es el antídoto contra el oscurantismo. Nosotras decimos que los gobiernos deben basarse en la evidencia científica, tienen que respetar la pluralidad de opiniones que hay en cada país y evitar que la religión se meta en las políticas públicas, mucho más cuando tiene que ver con temas de salud. Te imaginas si un gobierno se guía por planteamientos como el que mencionaba el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, presidente desde 1990 hasta su fallecimiento en 2008 del Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano, de que los condones tienen unos hoyitos por los cuales pasa el virus del sida y por lo tanto no puede promoverse su uso, porque así se está promoviendo la expansión del VIH. Es necesario establecer que hay ámbitos de competencia que no se pueden mezclar. En México se dio una discusión sobre la incorporación de anticoncepción de emergencia en el programa de salud entre el ministro de Gobierno, que era del Opus Dei, y Frenk, ministro de Salud. En cualquier democracia tiene que aceptar lo que dice el ministro de Salud y no el de gobierno, que pone sus creencias religiosas por encima de su función pública y que quiere meterse en un tema que no es de su especialidad. Para quienes nos hemos atrevido a cuestionar supuestos dogmas anclados en visiones atávicas que constriñen la autonomía de las mujeres, que hablan de que la dignidad de las mujeres está basada en el hecho de ser madres, o que las mujeres no podemos ocupar las mismas posiciones que los hombres en la Iglesia y en la sociedad, las condiciones de posibilidad que provee la laicidad del Estado son imprescindibles para la reafirmación de nuestra autoridad moral y para la garantía y el respeto a nuestros derechos humanos y específicamente a nuestros derechos sexuales y reproductivos.

–¿Qué piensan las mujeres y los varones católicos sobre la despenalización del aborto en el distrito federal?

–Acabamos de tener los resultados de una encuesta nacional que incluyó 3000 entrevistas cara a cara entre la población católica de todas las regiones del país. Seis de cada diez católicas y católicos considera que una persona puede seguir siendo buen o buena católica si apoya a una mujer que aborta. Un poco más de la mitad de la feligresía reconoce que una mujer que aborta puede continuar siendo una buena católica. Una de las principales conclusiones que emergen de los resultados de la esta encuesta es el crecimiento de una corriente de formación de nuevas identidades católicas, de nuevas formas de ser católica o católico. Nuevas identidades representadas por feligreses que no piensan dejar su iglesia, pero que viven un catolicismo más cercano a sus necesidades y deseos, más flexible en el marco de constantes cambios culturales y políticos. Para un 33 por ciento de los entrevistados la característica más sobresaliente de una persona católica es estar bautizada, mientras que sólo para el 24 por ciento el rasgo más importante es creer en Dios, y para el 22 por ciento, cumplir con los Diez Mandamientos. Y apenas un 13 por ciento considera que ir a misa es una característica de identidad católica.
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La legalización del aborto en la ciudad de México generó efectos “muy buenos” para las mujeres: en primer lugar, les dio seguridad y tranquilidad, y a la vez “redujo el miedo, la culpa y el estigma” asociados a la interrupción voluntaria de un embarazo, enumera la mexicana Ana Amuchástegui, psicóloga social e investigadora de la Universidad Metropolitana del Distrito Federal, quien llevó adelante un estudio cualitativo sobre las consecuencias en la subjetividad femenina de la reforma legal que cumple por estos días tres años y que despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde que entró en vigencia, a fines de abril de 2007, casi 40 mil mujeres del DF y de otros estados del país han interrumpido sus embarazos sin complicaciones y en condiciones seguras en hospitales públicos de la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Amuchástegui reveló los hallazgos de su investigación.

La charla transcurre en el luminoso café del Malba, en Palermo. La tarde es soleada. Por la mañana, Amuchástegui visitó el Museo de la ESMA junto a un grupo de investigadoras e investigadores, intelectuales y activistas de numerosos países de América latina, Africa y Asia, que llegaron a Buenos Aires para participar de un encuentro organizado por el Instituto Gino Germani-UBA y el Cedes, para debatir los lazos entre sexualidades, género, política, derechos, movimientos sociales, salud y desigualdades estructurales. Todavía está impresionada por el recorrido por el edificio que albergó al emblemático centro clandestino de detención. Luego de la entrevista, tiene previsto un paseo más relajado: piensa disfrutar de las colecciones del Museo de Arte Latinoamericano.

Desde mediados de los ’90, Amuchástegui trabaja sobre el proceso subjetivo asociado a los derechos sexuales y reproductivos. La pregunta que se ha hecho desde hace 15 años es cómo la gente reconoce que la sexualidad y la reproducción son materia de derechos. Realizó entrevistas a activistas gays, a militares viviendo con VIH que fueron expulsados por esa razón del Ejército, a mujeres de sectores populares, entre otros grupos. En cuanto se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, empezó a entrevistar a mujeres que iban a realizarse una interrupción legal de embarazo (ILE, como la llaman en el DF).

La reforma fue aprobada el 24 de abril de 2007 por la Asamblea Legislativa del DF. Y los servicios de ILE se organizaron rápidamente en una serie de hospitales públicos de la ciudad, adonde se circunscribe el alcance del cambio que legalizó la práctica médica. La mayor parte de las entrevistadas fueron jóvenes solteras, para algunas no era su primer embarazo, pero la mayoría no tenía hijos.

La investigación abarcó 25 entrevistas. El proyecto, que lleva adelante desde la Universidad Metropolitana del DF, en asociación con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Lo financia la Fundación Ford.

–¿Qué impacto tuvo la legalización del aborto en la subjetividad de las mujeres que deciden recurrir a una ILE?

–Los efectos sobre las mujeres son múltiples. El primer impacto es saber que no se van a morir. Lo primero que ellas dicen es que con la ley se generó la seguridad, y la tranquilidad. Lo que más aprecian es que la ley permite que el proceso se haga en un hospital público. Ellas hacen una serie de pasajes: cuando te hablan de abortos clandestinos te dicen que nadie se hace cargo, “nadie se hace responsable si algo me pasa, en cambio aquí ellos se tienen que hacer responsables de mi salud”. Pasan de un contexto de impunidad a la posibilidad de exigir si algo sale mal. El Estado mexicano ha sido muy paternalista y la cultura ciudadana en México diría que es incipiente, errática, así que las mujeres no hablan de derecho, algunas incluso hablan de agradecer. “Le agradezco al gobierno que tiene esto para las mujeres, pero lo debería tener para todas”, dicen.

–¿Cómo abortaban antes de la reforma?

–Clandestinamente, donde podían. Hay un uso extendido del misoprostol, pero como sabemos hay muchos abortos incompletos que acababan con legrados. Así las que conocen el misoprostol, pero muchas no lo conocen.

–¿Qué otros aspectos cambiaron con la legalización?

–Ellas dicen que la culpa es menor. Sienten que si los servicios de ILE se publicitan a través de Internet y en la radio, si el Gobierno está proveyendo el servicio, quiere decir que esta decisión que están tomando es una decisión legítima. Antes, el aborto era tanto un delito como un pecado, ahora puede ser un pecado –para algunas– pero ya no es delito. En algunos momentos dicen: “Yo sé que está mal, pero yo no puedo tener este hijo y como ahora tengo la posibilidad, lo puedo hacer, y además el gobierno lo avala”. Hacen una separación entre la cuestión moral y la cuestión de ciudadanía. La cuestión de la conciencia se la quedan para su vida privada, mientras que ejercen su derecho.

–¿Es menor el estigma que suele pesar sobre el aborto en un contexto en el que la práctica no está criminalizada?

–Creo que ése puede ser un cambio eventual. Este cambio entre el pecado y una decisión legítima desde luego trae como efecto inmediato una disminución en el miedo y en la culpa. Pero ellas siguen manteniendo mucho silencio. Comparten la decisión con muy poca gente. Presentes en el proceso se encuentran muchísimas suegras, mamás, novios, parejas, no sólo amigas. Pero en muchas ocasiones no lo sabe más que una amiga. No es una decisión que la harían pública ni la convertirían en una bandera política ni de militancia, pero en términos de su experiencia esta legitimidad sí produce efectos muy buenos. El estigma queda reducido. De todas formas, lo que observamos es que la culpa que pueden llegar a sentir depende de una serie de condiciones: una de ellas es en qué tipo de vínculos se produjo el embarazo, si es una relación inestable, si es lo que llamamos en México “casa chica”, la amante, si es en una relación con un contexto de violencia. Es diferente si es una buena relación en la que incluso se había planeado formar una familia. Mientras más deseo de tener un hijo, hay más dolor. En general, todas hablan –menos una– de que están postergando el momento de tener un hijo. La mayoría no habla de que no quieren tener un hijo, sino de que no pueden. “Yo no puedo, yo estoy estudiando.” Las que no tienen hijos, hablan de postergar el momento de tenerlo. Las que tienen ya, dicen que interrumpen ese embarazo para poder cuidar a los hijos que ya tienen. Es decir, paradójicamente deciden no ser madres en ese momento para poder ser mejores madres.
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