Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

Publicado enColombia
Ecuador recibirá más de $10.000 millones de crédito de organismos internacionales

Ecuador y el Fondo Monetario Internacinal (FMI) acordaron la entrega de un préstamo de 10.200 millones de dólares a este país latinoamericano, comunicó el presidente Lenín Moreno en su discurso ante la nación.

"Las más importantes organizaciones mundiales han decidido respaldar el Plan de Prosperidad de nuestro Gobierno, recibiremos más de $10.000 millones", declaró Moreno citado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en su cuenta de Twitter.


Precisó que el crédito se da para un plazo de 30 años y a tasas que no superan el 5%.


Según Moreno, el propio FMI entregará 4.200 millones de dólares y otros 6.000 millones de dólares se asignarán por seis organizaciones financieras internacionales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).


Agregó que planea utilizar estos fondos sobre todo para crear nuevos puestos de trabajo, incluido a distancia.


"Este dinero permitirá oportunidades de trabajo, como: teletrabajo para madres de niños pequeños", afirmó el presidente ecuatoriano.


Destacó también que gracias a sus decisiones firmes Ecuador alcanzó salvar la dolarización y recuperar la democracia y evitar lo que pasó con Venezuela.

06:16 21.02.2019(actualizada a las 06:18 21.02.2019)URL corto

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“Quizá no sea el tiempo de negociar, o no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda”

La paz, ese viejo sueño de la humanidad encuentra en Colombia un amplio territorio de anhelos, así como un mar de promesas, intentos de negociarla, logros parciales y fracasos. Desde cuando en 1984 el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur abrió la fase que aún no llega a su fin de paz negociada con las guerrillas revolucionarias, múltiples diálogos y Mesas para darle curso se han llevado a cabo e instalado por los gobiernos que desde entonces ha conocido el país. De tales episodios brotaron, en una primera fase, firmas de paz entre las guerrillas con una columna vertebral urbana y el establecimiento, y en la segunda, la recién concretada firma con las Farc, de arraigada raíz campesina.


En esos años, que ya suman 34, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha tenido asiento en varias Mesas bilaterales, frente a frente con el gobierno nacional en Costa Rica, México, Caracas, La Habana (vez anterior) …, todas ellas truncas. En todas y cada una de estas ocasiones participó, en una u otra de sus fases, Antonio García, segundo comandante al mando de esta guerrilla, y con quien este periódico sostuvo una entrevista vía electrónica en procura de respuestas ante un conjunto de interrogantes que hoy acompañan a líderes sociales, políticos, periodistas, de Colombia y otros países de la región y del mundo.


En ese ciclo de paz lograda con diversos grupos guerrilleros e intentos de diálogo abortados con otras, el pasado 30 de marzo de 2016 un nuevo intento fue oficializado entre esta veterana agrupación guerrillera y el gobierno nacional. Transcurridos dos años largos, con una agenda de 5 puntos concertada entre las partes, y luego de cuatro ciclos en Quito –Ecuador– la Mesa que debió ser trasladada a La Habana, no solo cojea sino que está sufriendo el corte de sus patas. La razón: las reglas de juego cambiaron: Ahora, a pesar de sus avances, los aspectos acordados no tienen peso alguno. así parece desprenderse de lo dicho una y otra vez por el presidente Duque: “Si quieren hablar de paz estamos listos, pero si y solo si le ponen fin a todas las actividades criminales y liberan todos los secuestrados”.


Al respecto, Antonio García subraya que “esa declaración desconoce que hubo un acuerdo de agenda, de orden temático y un orden de discusión con el anterior gobierno y dicho acuerdo debe respetarse”. Afirmación que este mando guerrillero no deja solo ahí. Puntualiza que el actual Gobierno “[…] desconoce que el Eln es una organización alzada en armas y que en esta condición no acepta el sometimiento al Estado […]. No somos una organización sometida a su normatividad, no hemos hecho ese acuerdo, al menos no está en la agenda. El derecho a la rebelión nos confiere la potestad para romper los monopolios atribuidos al Estado, según el Tratado de Westfalia” (1).


Desde la campaña electoral estaba casi seguro que de ser ungido como presidente, Duque no le daría continuidad a la negociación con ustedes, le escribimos a nuestro entrevistado, de lo cual podría inferirse que lo expresado ahora por el Presidente es una forma ‘disimulada’ de enfriar la negociación y descargar en la contraparte el costo político de romper la mesa, ¿qué piensa de eso?

García retoma cuáles fueron los términos acordados con el gobierno Santos: “Tres condiciones fueron las que nos puso: que las conversaciones fueran en el exterior, directas y secretas en la fase exploratoria, y en medio de la confrontación militar. El Eln no compartía algunas de ellas, pero se aceptaron, pues eran condiciones de tiempo, de espacio y operacionales mas no referidas a la naturaleza de nuestra organización”.

Así las cosas, para el Eln el Gobierno no es caballero en la Mesa. García amplía su opinión, “el asunto no es la Mesa, que está siempre ahí, o en cualquier lugar. El lío es quiénes se sienten en ella. El Eln está sentado y no ha dicho que vaya a romperla, además ha cumplido siempre. La delegación de Duque no asiste a las conversaciones. Eso lo pueden adornar como quieran o pueden vociferar cuanto quieran, pero es tan evidente que no requiere de explicaciones. Como presidente, Duque renuncia a continuar una responsabilidad de Estado y honrar los acuerdos del gobierno anterior (2). Mal precedente, ¿quién se atreverá a firmar acuerdos con futuros gobiernos? Y de nuestra parte, pregunto: ¿En qué ha incumplido el Eln?”.


Esta respuesta nos lleva a insistir en un interrogante anterior: parece que Duque no quiere asumir el costo de levantarse de la Mesa, ustedes tampoco, ¿cómo van a asumir ese tiempo de espera? ¿Consideran que tal paréntesis irá en contra del gobierno?


Tratado el tema antes, encontramos que nuestro interlocutor mantiene interés en retomarlo: Sería mezquino responder que queremos que sea el Presidente quien pague un costo político. No nos interesa eso. Es la sociedad en su conjunto quien resulta afectada. Nos interesa la paz de Colombia que traiga justicia, felicidad y equidad para las actuales y futuras generaciones. Lo cierto es que el actual y el anterior gobierno no están en condiciones de negociar, de establecer acuerdos que puedan cumplir. Como dice Trump sin tantas vueltas: ‘sí ganamos los ricos, ¿para qué negociar?’”.


Y continúa en la misma letra: “Quizá no sea el tiempo de negociar, o como dice el sentido común: no ha llegado el tiempo, o como diría otro: no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda. Pues son recurrentes las negociaciones y acuerdos incumplidos por los gobiernos a todas las protestas y conflictos sociales. Los gobiernos no pueden seguir mamando gallo”.


La respuesta, con tantos bemoles, nos deja dubitativos pues podemos pensar que esta guerrilla está de verdad dispuesta a una paz negociada, pero también a un alargue del conflicto armado por el tiempo que sea. El ciclo de las negociaciones de paz en Colombia seguirá abierto por mucho más tiempo, pensamos. Una perspectiva del conflicto armado, en cuyas escaramuzas, maniobras, distracciones y golpes de opinión es determinante el aspecto militar, pero asimismo la geopolítica, la misma que, con la caída del Muro de Berlín en 1989, condujo a las insurgencias urbanas a pensar que su escenario estaba cerrado y que era la hora de buscar una paz dialogada. Por eso, es una inquietud muy repetida: ¿De qué manera influye en el estado actual de la Mesa y en sus orientaciones como Comandante con la máxima responsabilidad militar, la situación internacional y, en particular, la de América Latina, o es que la Mesa expresa simplemente el deseo de derrota militar que no oculta un sector de quienes dominan en Colombia?


En el otro lado de la red, de un lugar tal vez lejano, en el monte o en la ciudad, cercano o lejos de una frontera, llega escrito. “El tiempo lleva implícito unas circunstancias, una realidad y muy seguramente el contexto internacional tiene una incidencia, pero lo esencial está en nuestro país. Por ejemplo, hay falta de consenso en la clase dominante, pues para unos la negociación debe hacerse como remate de un triunfo militar; para otros como parte de una victoria en curso, y de otros que consideran que para superar la confrontación militar se requiere la vía política, que contemple cambios en muchos órdenes, que no se trata sólo del silenciamiento de los fusiles”.


Suponemos que en este momento, posiblemente hizo una pausa o escuchó una noticia en radio como acostumbran los guerrilleros. “Hace unos días volví a leer una entrevista con María Alejandra Villamizar en 2005, ahí encontramos las mismas exigencias que hoy nos hace Duque, pero colocadas por Uribe; no es una coincidencia. A parte de lo anterior, y lo más grave es que se asume como política de Estado, que al no haber consensos en los sectores de la clase dominante, ni en los poderes del Estado, cualquier acuerdo debe someterse a sucesivas negociaciones que terminan triturando cualquier acuerdo, eso aconteció y sigue aconteciendo con el acuerdo con las Farc, sin desconocer que ellos cometieron errores en su forma de negociar; aunque también, en los contenidos de la negociación expresan su visión, una negociación más centrada en ellos mismos”.


En lo concerniente con la paz, el presidente Duque obra apegado al relato opositor del Centro Democrático y su discurso tras el resultado del Referendo, que acusa a Santos de “burlarse y dar un golpe de Estado” a la victoria del No. Por tanto, a la Mesa le está tocando el barro y un lapso de dificultades más grandes que las normales de una negociación. En este marco, es primordial saber si con el propósito de no cerrar el diálogo, ¿el Eln estará listo a recomenzar de cero. Está dispuesto a aceptar que ante un nuevo gobierno y su ventaja, el paso sea definir una nueva agenda que guíe la negociación? Pronto, en el buzón de entrada nos llegó un mensaje electrónico. “El que no quiere negociar no es el Eln, ni hemos amenazado con cerrar nada, solo se trata de continuar en los puntos que se acordaron. Hay un problema de fondo, es la manera como los gobiernos hacen sus empalmes, en cómo le dan continuidad como Estado a los asuntos que son de orden constitucional como es el asunto de la paz. Si el problema es de este orden, es pertinente que haya una política de Estado clara, al igual que los roles para las delegaciones de los gobiernos, pues se requiere saber con quién se negocia, si es con el poder ejecutivo, con el legislativo, con el judicial o con el militar; o si es con un empleado, a quien le interesa más el salario que el futuro del país”.


Negociación versus sometimiento


El tiempo, en medio de las matrices de opinión existentes acerca de la insurgencia, corre a favor del gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar indefinidamente? ¿En esta circunstancia, no tendrían que replantear el diseño estratégico? En ese caso, ¿en cuáles aspectos en cuál mínimo pondrían el énfasis? Es notorio que nuestro entrevistado piensa más en el país como conjunto y no en nosotros, como sus entrevistadores. Su respuesta más que un sí o un no es una explicación: “Nosotros acordamos una Agenda, un orden temático, que se anunció con toda formalidad. Todo mundo la conoció el 30 de marzo de 2016. ¿Por qué nosotros debemos cambiar un acuerdo que hicimos con el gobierno anterior? Ese es un asunto de Estado. y la paz no es un juego. ¿Por qué nosotros tenemos que resolver un problema del establecimiento?”.


Y sigue de inmediato. “Si quieren usar el tiempo como presión, lo pueden seguir haciendo, en eso perdemos todos, pero aceptar imposiciones no va con nosotros. Corresponde que Duque envíe su delegación a la Mesa y ahí, con mucho gusto, se conversan las cosas. Ahí, lo que sea razonable y en el marco del respeto que somos una organización rebelde alzada en armas, se examinará con igual respeto y consideración. Nuestra delegación tiene la orientación de mantenerse en la Mesa”.


Retomando las consideraciones que recalcan y difunden una y otra vez los medios de comunicación, preguntamos: en una perspectiva o viraje, de recomenzar, ¿estarían dispuestos a ofrecer un cese unilateral de fuego, incluyendo lo que el gobierno llama devolución de secuestrados? Con énfasis, dando por sentado que el Eln constituye otro Estado, ya sea en formación o ejerciendo en territorios pequeños y delimitados dentro del Estado que es conocido como Colombia, el segundo al mando del Eln escribe: “Los gobiernos son caprichosos. Santos dijo que la negociación debía ser en medio de la confrontación militar. Luego, se le ocurrió que debía ser como a él se le antojara”.


En este punto, García precisa el procedimiento en una conversación para dar fin a las hostilidades. “El principio elemental de una negociación es que se habla sobre lo que las dos partes acuerdan, y no lo que una sola quiera. Es así de sencillo”. Un sencillo que en los hechos no resulta así. “Siendo francos, a costa de qué el Eln debe hacer lo que el gobierno quiere, pues si a nosotros se nos antojara exigir otro tanto, estaríamos con el mismo derecho. Si aceptáramos las imposiciones del gobierno no estaríamos en una negociación, sino en un proceso que se llama sometimiento. Nosotros no estamos para eso. Si hablamos de reciprocidad podríamos considerar el asunto”. Y quien está al otro lado de la red recuerda una vez más que, “hemos hecho gestos puntuales, la mayoría sin reciprocidad del gobierno, por eso los gobiernos se malacostumbran y creen que todo es a precio de huevo –un dicho que toca replantear, pues ahora los huevos están muy caros”.


¿Y los secuestrados? “Sobre el tema de las retenciones, en derecho se denominan acciones de privación de la libertad, es pertinente tratarlo con franqueza. Todos los gobiernos del mundo, todos, sin excepción, realizan acciones de privación de la libertad por diversas razones, motivos o justificaciones: políticos, tributarios, control social y protección, etcétera. ¿En qué se diferencian de las que hace una organización rebelde en armas? La única diferencia es que ellos dicen que pueden hacerlas, dizque porque son legales, porque están dentro de sus leyes. Conclusión: las que hacen los gobiernos son legales y las nuestras no. ¡Qué bonito!, la relatividad del derecho y la justicia. Como si la legalidad fuera ‘patente de corso’ para hacer de manera ‘legal’ cualquier delito. Es un asunto político”.

Y prosigue en su alegato: “Pregunto, ¿qué son las cárceles?, no me digan que son centros d reclusión voluntaria o espacios de retiros. Para salir de allá también hay que pagar, así los detenidos cumplan las condenas; hay mucha gente sin causa justificada o sin condena establecida, no por uno o dos años, ¿cómo puede llamarse este fenómeno? Como les decía antes, la rebelión armada es la ruptura de esos tres monopolios de los Estados, ahí radica el fondo del asunto. Si ellos lo hacen, nosotros también. La rebelión es una ruptura de la legalidad existente sobre la que se soportan dichos monopolios”.

Cabe reconocer que hay coherencia doctrinaria en esta consideración con desafío que hace García. Pero, nos interesa tocar la coyuntura y volvemos a la carga: ¿no creen que un “gesto de paz” es el paso que esperan, tanto la comunidad internacional como los más amplios sectores de la opinión pública? “Sería muy bueno un gesto de paz recíproco, no lo estoy negando, pues las dos partes debemos ser generosas, que bueno sería. Pero es como todo, aquí volvería a cumplirse la máxima de la vida, que solo es generoso el pobre, que comparte el pedazo de pan con el necesitado; mientras el rico, en medio de la opulencia, solo ofrece las migajas”.

La guerra y la política

En toda lucha militar hay cinco aspectos que son determinantes, según el pensamiento de Sun Tzu: la vía, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. En lo relativo a la negociación de un conflicto no hay un modelo acerca de los pasos a dar. No hay una experiencia reconocida con aporte universal. La clave es descubrir y afrontar ante las cosas inesperadas. Todos sabemos que en el logro de una solución política está de por medio el efecto de la correlación de fuerza en la opinión. Aquí, el gobierno cuenta con factores a favor y se siente más fuerte, con pretensiones para imponer sus criterios. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes torcerle el cuello a la correlación de fuerzas existente entre las partes en conflicto? “Tanto el gobierno como nosotros tenemos nuestras estrategias, unas son públicas y otras secretas. De las públicas estamos hablando, de las otras nos reservamos. Vamos a persistir porque consideramos justo que se respete un acuerdo. Si se violan los acuerdos ahora, apenas empezando, ¿qué será después? Estamos en una negociación, lo que ustedes plantean es hacer la guerra en la mesa. Nosotros nos apartamos de ese criterio, pues una negociación, si es con voluntad, no debe colocarse alrededor de la mesa los batallones, las brigadas o las divisiones, porque en ese instante se convertiría en un campo de batalla, y lo que se trata es de superarla”.


La respuesta nos lleva a recordar que el Eln no es un ejército, como en su caso se autodefinían las Farc, sino una organización político-militar, que ahora le está dando más peso a lo político: ¿Y no han pensado, inquerimos, que el movimiento por la paz y los 8 millones que votaron distinto también están esperando lo mismo? ¿No tienen demasiada confianza en ese movimiento? “Ojalá pudiésemos escuchar a los ocho millones directamente, que nos contaran qué es lo que quieren y a quién le hacen las exigencias” –empieza por escribir Antonio García. Y prosigue: “No nos vamos a comer el cuento que dicen que dijeron; estamos muy grandecitos para eso. No es la primera negociación en la que estamos. Preferimos la certeza a la confianza. Confianza viene de con-fio, de fiar. La confianza nace de un camino de certezas. La movilización cierta es la de los estudiantes que poco son escuchados, al igual de los demás sectores sociales que protestan y nadie los escucha, y cuando por milagro los escuchan es para mamarles gallo y seguir los incumplimientos. Por eso, poco confían en el gobierno, al que siempre le fían y casi nunca paga. En sentido contrario, al gobierno le interesa la certeza de nuestros gestos, que no actuemos militarmente, y quieren que la sociedad y nosotros les fiemos los cambios, las transformaciones. Hagámosle primero a las certezas”.


En el lugar de las certezas, la reciente firma con las Farc es un capítulo con preguntas pendientes. ¿Las Farc repitieron el modelo de otra desmovilización?, ante la desventaja en la correlación política entre las fuerzas populares y las del poder. O, ¿sin tamaño, las Farc intentaron un procedimiento diferente de dejación de armas que no empelotara el cumplimiento de los Acuerdos? Que lo dejara desvestido ante las trampas institucionales y burocráticas, y los intereses del Estado y el poder. Son preguntas que por supuesto, le quitan fondo y blanco a la Mesa Gobierno-Eln. En concreto, si ustedes llegaran a admitir que la opinión pública quiere la paz, “como sea”, ¿estarían dispuestos a “someterse a la justicia”, a ‘rendirse’? O ¿preferirían, como en su momento lo hicieron las Fuerzas armadas de liberación nacional (Faln) en Venezuela y recientemente la ETA, unilateralmente, dar por terminado el proyecto revolucionario armado? “Cada organización y cada pueblo son autónomos de escoger sus propios caminos, es una lección dejada por la historia, por la soberanía de sus actores. Por nuestra parte, hemos sostenido con claridad que someterse no le ha pasado al Eln por la cabeza, menos claudicar. Para nosotros la búsqueda de la paz debe ser un camino hacia los cambios para bien de los colombianos, sobre todo de los más empobrecidos, es el mismo camino hacia una democratización de la sociedad y un camino de revolución; pues revolución debe ser cambio, equidad, empoderamiento de la sociedad, que los de abajo gobiernen y cada día sean más como seres humanos disfrutando de una vida mejor. En esta ruta de sociedad o de ‘paz para la sociedad’ nos identificamos con muchos sectores y organizaciones sociales del país, lo que habría que mirar es si eso es posible de conseguirse en una Mesa, o de qué otra manera. Habría que preguntarle a los sectores que controlan el poder económico, político, militar y demás, si están en la misma ruta, pues todos dicen ser ‘demócratas’, pero a la hora de las verdades les duele mucho el bolsillo. Como puede ver, eso no sólo depende de nosotros, sino de cómo puede ser posible concretar un deseo de cambio de la sociedad; porque el Eln existe como expresión de esa necesidad de cambio. Si la dirección de un proceso de paz no abre las puertas para los cambios, el Eln no va”.


Leemos con atención la respuesta y continuamos desgranando el momento que vive el país y su entorno: El gobierno de Duque ha logrado que la Unión Europea avale su exigencia con respecto a ustedes, ¿rompe esta complacencia la neutralidad que debieran mantener con respecto a la mesa en curso? ¿Esto obliga a recomponer los acompañantes de la misma, ya de por sí diezmados por el rechazo del gobierno a la presencia de Venezuela en ella? “En las conversaciones que nuestra delegación ha mantenido con la comunidad internacional, personalidades nacionales e internacionales, se recibe el apoyo a la continuidad de las negociaciones. Ahora, es fastidioso meterse en los problemas de los demás. Siempre ha sido fácil querer que otros hagan lo que uno nunca hizo en el pasado. Me sucedió hace unos años, había un país europeo que se consideraba muy pacífico y nos cuestionaba el uso de explosivos en la guerra, hasta que me vi obligado a mostrarle una factura de una empresa de dicho país donde constaba un envío, a la industria militar del gobierno colombiano, de materia prima para fabricar explosivos; aún recuerdo la cara que puso; no volvió a tocar el tema. […] Para no meterme en honduras, quien esté de buena fe, con verdadera voluntad, es quien debe estar, cada cual escoge su camino, pero todo país tiene sus aliados, unos de oportunidad y otros estratégicos, en eso no nos llamemos a engaños […]. Siempre estaremos agradecidos de quienes con honestidad ayudan en la construcción de la paz. Cuando se configuró el grupo de países garantes negociamos un relativo equilibrio entre las dos partes, es eso lo que vale”.


Entorno regional, soberanía y guerra híbrida


Para la mayoría de analistas y estudiosos de la geopolítica regional es claro que con el agotamiento de los gobiernos progresistas el espacio y favorecimiento para una negociación entre iguales, con beneficio general para quienes habitan Colombia, ha quedado atrás, ahora gana espacio la derrota del contrario, así sea en la Mesa. Mirando hacia Venezuela, y la tensión de su relación con los Estados Unidos, así como el interés de este país en que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, incluso vía magnicidio o golpe de Estado –para lo cual han logrado concretar una alianza con buena parte de los países de la región, incluida Colombia–, con el escenario de una guerra civil abierto, continuamos con la impersonal entrevista, ¿afecta este escenario la negociación de paz que ustedes intentan proseguir con el gobierno Duque?


"Todo lo que afecte el vecindario nos afectará a los colombianos. Si no hay paz en la región, muy difícilmente la habrá en nuestro país”. Este sentido de mirada global, tan ajena en Colombia, donde la mayoría de sus dirigentes y población han crecido ensimismados, contemplándose en sus fortalezas y debilidades, nos lleva a pensar que lo que ahora está sucediendo ante nuestros ojos pasa desapercibido para la mayoría, por lo cual desean que el gobierno del país vecino caiga, a como de lugar, como si ello no tuviera consecuencias inmediatas y mediatas. Mientras así compartimos, recordamos que debemos acabar de leer la respuesta para dar paso a otra posible pregunta.


"Hay un derecho o normatividad internacional que debe respetarse, la soberanía de los pueblos, gobiernos y naciones para tratar y solucionar sus diferencias, sus problemas. Los demás lo que deben hacer es cooperar. Estados Unidos y sus aliados han hecho de todo, desde cuando estaba Chávez, bloquear, impedir y golpear los procesos de cambio. Lógico, en la Venezuela de 2002, hubiesen querido que aconteciera lo del Chile de Allende en 1973, pero no fue. ¿A qué costo para la sociedad, para el pueblo? (3). Venezuela ha demostrado su compromiso por la paz de Colombia, por encima de muchos incrédulos. El escenario de negociación, o lo que nosotros llamamos espacio, se negoció que fuera en el entorno de Colombia y sobre todo en América del Sur. Al Gobierno le gusta más Estados Unidos, y los tienen de aliados, deberíamos compensar con China o Rusia, por aquello de los equilibrios”.


¿Y no temen que un escenario de ese tenor inscriba a nuestro país en un posible conflicto entre potencias, donde actuemos como simples peones, como le ocurrió a Siria? “Nosotros, precisa Antonio García, no somos los que andamos ofreciéndonos a la Otan para sus planes intervencionistas en otras latitudes, como gran potencia militar regional, o somos los que tenemos como objetivo de nuestra Doctrina Militar el ser líder militar regional, como sí lo tienen las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, es bueno que lean la Doctrina Damasco. Para hacer esto no se requiere justificaciones internas, pues el gobierno colombiano ya había decretado el fin del conflicto, y se prepara para una ‘guerra hibrida’ en el entorno regional y continental, que mucho se estudió en la Universidad Nueva Granada”.

Tomando en consideración los dardos soltados por nuestro entrevistado, vamos estructurando una nueva inquietud: Los acuerdos de paz logrados por las Farc han entrado en un escenario poco claro, tanto por su incumplimiento por parte del Gobierno como por el rearme de una parte de esa fuerza. Valorando tal realidad, y con la interrupción o ruptura de la negociación que ustedes llevaban con el gobierno ¿podríamos decir que la anhelada fase de paz duradera en Colombia ha quedado en el congelador? ¿Qué implicará esto para el país y que opciones le quedan a los movimientos sociales para no verse afectados de manera violenta por esta realidad?

“La intensidad de la confrontación militar dicen que ha bajado. Para nosotros no, pues hay una ofensiva del gobierno, y cuando nos logra golpear le dan un gran despliegue. Pero no acontece lo mismo cuando reciben nuestros golpes, se han especializado en ocultar los ataques exitosos de nuestra fuerza (4). La guerra mediática para nosotros juega, como también la paz mediática juega para la opinión. Pero la cruda realidad son los centenares de asesinatos de dirigentes sociales a lo largo de este último año, eso dice qué tan cierta es la paz, o mejor la crudeza de la realidad. Dicen los entendidos que cuando se hacen solicitudes a los gobiernos y estos las conceden en el marco de la institucionalidad, sin que nada cambie, se llama reformismo, pero la cruda realidad del capitalismo actual y de siempre, es que solo acepta las reformas cuando siente la amenaza de una revolución, le da temor y cede”.


La respuesta nos lleva a pensar en la inexistencia de una teoría global que le de base a una acción revolucionaria que rompa al capitalismo, como también a la inexistencia de apoyos por parte de país alguno para que fuerzas irregulares alternativas se mantengan en pie y avancen, de ahí que escribamos en el nuevo mensaje: pero, precisamente, esa situación de posible revolución es lo que se reconoce ampliamente como perdida o, por lo menos, envolatada, ¿consideran ustedes que aún es posible una revolución en Colombia? Y de ser así, ¿cuáles son las ideas fuerza y las acciones básicas que así lo posibilitaran? La historia jamás es en línea recta, hay muchas curvas, así como subidas y bajadas. Sería muy fácil luchar cuando uno tuviese más fuerza que el oponente –dice el segundo al mando en esta guerrilla–, de eso se trata una guerra de resistencia, los pueblos tienen más edad que un individuo, ellos van entregando a las nuevas generaciones los objetivos de su futuro; eso está suficientemente claro en el Eln”. Cuandopensamos que ya había argumentado, prosigue: “Si no hubiese razones para luchar por los cambios y transformaciones de una realidad injusta, no existiría la guerrilla y tampoco habría las movilizaciones de estas semanas, tan masivas y de carácter nacional, donde se muestra muy poca capacidad del gobierno para buscar y construir soluciones. Cuando al menos en Colombia se acepte la existencia de los presos políticos, podrá decirse que un gobierno ha empezado a pensar en la solución política como una posibilidad real, le respondo esta pregunta de manera inversa, porque de toda esta lucha actual se seguirán llenando las cárceles con dirigentes y activistas sociales, y los muertos, por la misma razón, siguen sin parar”.


Las respuestas de nuestro entrevistado dan un ángulo mayor en la mirada de la disputa por la Mesa, por su (re)instalación o quiebre, lo que estará en disputa durante los años que dure el gobierno Duque, y la paz negociada, esa ventana abierta en 1984 por primera vez tardará unos años más en ver cerrado su ciclo. El segundo al mando del Eln deja en claro la disposición de esta fuerza insurgente para negociar la paz como para afrontar la guerra. ¿Tienen fuerza los movimientos sociales para cambiar este escenario?

1. Según este Tratado, los monopolios aludidos al Estado son: el uso de la fuerza y de las armas, el monopolio para recoger tributos o impuestos y aplicar su normatividad jurídica, en la que cabe el monopolio para realizar acciones de privación de libertad.
2. En su disertación coloca un ejemplo: “Qué tal que un arrendatario de una vivienda, por el solo hecho que la empresa arrendadora cambie de dueño, al día siguiente se encuentre en la calle desconociendo que había firmado con el anterior dueño un contrato legal, con respaldo jurídico. Es un asunto elemental, de sentido común. De cortesía diría otro”.
3. Y enfatiza: “A los gringos no le interesa la democracia o la gente, pues no vengan con el cuento que en Chile se imponía a Pinochet para reposicionar la democracia. La historia no puede seguir siendo la justificación de la ignominia: yo debí ser bueno en el pasado”.
4. “Ocultan numerosos ataques contra instalaciones militares con cargas explosivas de gran envergadura, cierran calles o sus instalaciones para que los medios no lleguen ni se enteren. También cuando sus embarcaciones, como nodrizas o tanquetas son igualmente atacadas por nuestras fuerzas, por ningún lado se sabe, pero pregúntele a la gente en las regiones donde están ubicadas nuestras fuerzas”.

 


Correlación de fuerzas y fakenews

Cabe decir aquí que según la historia, las negociaciones de conflictos armados toman uno u otro sendero, uno u otro ritmo, de acuerdo a la correlación de fuerzas que se desprende del campo de batalla, de manera que en Colombia, pese al mayor peso de las Fuerzas Armadas oficiales la guerra irregular está en tablas. Entonces, cada una de las partes estará tratando de asestar un golpe que incline la Mesa a su favor. Sin embargo, algo en que concuerdan los analistas es que el Eln no cuenta con la fuerza militar para eso, ¿qué sigue, entonces? Desde el Eln los términos son de reafirmación en la Agenda que acordaron: “Si tenemos o no capacidad operativa para que el actual gobierno respete lo acordado –enfatiza Antonio García–, por ahora no ha sido discutido como un mecanismo para la implementación. La afirmación que ustedes señalan suena a eso: que para negociar algo con el Estado hay que tener capacidad militar para hacerlo cumplir. Si eso es así, habría que examinar el asunto. Aunque sobre este tema también hay enfoques caprichosos: a los gobiernos y los operadores de opinión les gusta decir que la guerrilla del Eln no tiene capacidad militar, pero cuando se hace cualquier acción militar ponen el grito en cielo, entonces uno no los entiende”.


Con su presencia en la Mesa, el Eln quedó a la vista, en el escenario de los titulares y la política de por medio, con mayor blanco de la “maniobra política” del poder y de los fake news, en ese marco que no es exclusivo de la clandestinidad, tiene el Eln cómo contrarrestar y cómo aclarar el mensaje dominante? La respuesta aporta en una definición acerca de cómo conciben una negociación. “Estamos, se trata de una negociación, no de lo que se quiera decir por un micrófono. En una negociación el instrumento es la mesa de conversaciones, la agenda que se pacta, las regulaciones que pactan las dos partes para adelantar el debate. Si se tratara de adelantar una campaña política, los instrumentos y los acuerdos serían de otra naturaleza. No hay nada que hayamos incumplido a la luz de lo acordado, quien está incumpliendo es el gobierno al no querer hacer presencia en la Mesa”.

 


Coca, narcotráfico, ética y el Catatumbo

 

Cada día es más frecuente escuchar por los medios de comunicación que ustedes son narcotraficantes, ¿cómo han pensado contrarrestar esta propaganda oficial y mediática?
“Dicen que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad. Inglaterra mintió sobre Irak, siguen mintiendo Inglaterra y Francia sobre Siria, y las agresiones militares continúan. La propaganda no es un tipo de guerra sutil o un accesorio de ella, no, es la misma guerra, y es más brutal que la física. Por ejemplo, en una guerra una persona se muere, y ya. Pero con la guerra mediática se sigue matando la historia, la dignidad y por tanto el futuro. ¿Narcotraficantes nosotros? ¡Ave María!, como diría un paisa, primero eleno muerto, que ... Pues ¿se podrían imaginar al cura Camilo Torres o al cura Manuel Pérez con un alijo de cocaína? En el Eln primero está nuestro espíritu de servicio por encima de todo”.


Entonces, ¿tal información es desinformación?
“No hay la menor duda. Jamás han agarrado ni van a agarrar a un militante nuestro con un gramo de cocaína, menos tenemos laboratorios o rutas o ventas en el exterior. Como tampoco andamos como la DEA armando trampas para agarrar y penalizar incautos, para luego quedarse con los alijos de cocaína; ni tampoco lo que hacen otras agencias financiando operaciones de intervención a otros países con este tipo de negocios. La gente nos conoce, tenemos historia en nuestras regiones”.


¿Cuál es la relación entonces que tienen con este asunto?
“Cobramos un impuesto, como lo hacemos con cualquier actividad productiva. Ahora, si el gobierno o los gobiernos quieren pasar por rigurosos, penalizando el daño que causan actividades ilícitas, deberían empezar con la corrupción, que es el robo, de frente y con apoyo de la ley y de las instituciones de los bienes, recursos y riquezas de todas las gentes; por eso la población se queda sin salud, sin educación y pare de contar. Al Eln la gente lo puede ver sin tapujos, nuestra gente sabe como vivimos, como vestimos y comemos, muy humildemente, como todos los pobres de Colombia y del mundo”.


Cuando los medios aluden a este tema del narcotráfico, en relación con el Eln, lo relacionan con la famosa “disputa” por territorios y “corredores” con las mafias. Así explican, por ejemplo, ciertas acciones en el Chocó y, en especial, el enfrentamiento con el Epl en el Catatumbo. ¿Creen que es posible quitarse de encima ese “San Benito”? ¿Cómo?


“El enfrentamiento con el grupo del Epl, o como popularmente los llama la gente, “los pelusos” o “paramegas”, ese es otro cuento. Con el llamado Mando Nacional del Epl, la conducción estratégica del Eln realizó varias reuniones para establecer acuerdos, pero nunca se cumplieron donde ellos existen, en el Catatumbo, pues no están en otro lado; siempre los incumplieron. La razón del incumplimiento estaba en la alianza que tenían y tienen con los paramilitares en la región, para repartirse el control territorial y supuestamente el vacío dejado por las Farc, y por tanto controlar los negocios. Esa alianza se demostró, los paramegas están revueltos con los paramilitares, incluso varios de sus mandos operativos en el territorio son paramilitares; alguna gente nos dice que debemos llegar a un acuerdo con ellos, ¿cómo hacer acuerdos con los paramilitares?, ¿será que se puede? Complicado este asunto. Nosotros no somos los que estamos negando la naturaleza revolucionaria de una fuerza, si es ella la que hace las alianzas, y eso viene desde hace rato, desde cuando estaba vivo Megateo.


Si una fuerza paramilitar nos quiere cortar un corredor de movilidad, nosotros no podemos quedarnos quietos, pues es elemental mantener la libertad de movimientos y de acción, es uno de los tres principios de la guerra. No somos ingenuos, los paramilitares son una fuerza funcional al Estado, eso está documentado ahora y en el pasado.


El tema del ‘San Benito’, es un asunto mediático, y en eso el que tiene el micrófono es el que habla, pero nosotros no vamos a asustarnos por eso y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por fortuna toda guerra deja sus registros. Por ejemplo, luego de los ataques que nuestra unidades realizaron el 1 de noviembre, contra varios grupos paramegas, ubicados en las veredas de Mesitas, Limoncito y Castrillón, en la Provincia de Ocaña, los paramegas sacaron unos comunicados hablando falsedades sobre nuestra actuación; nuestros mandos permitieron la entrada a los sitios de los combates de unas comisiones del Cicr y de la Defensoría del Pueblo para que miraran lo que había sucedido, que hablaran con la población y ellos mismos se llevaran la información de manera directa. Seria bueno escuchar lo que esas instituciones tengan para informar, por eso de la objetividad que hay que tener con la opinión”.


La condición impersonal de la entrevista nos impide ver el rostro de quien nos responde. En todo caso, imaginamos al segundo al mando del Eln repasando las debilidades no superadas como guerrilleros, el efecto de sus operaciones y la distancia con la opinión pública, los coletazos en ciertos territorios de la “guerra contra las drogas” atizada por los Estados Unidos, el efecto de la crisis económica, política, social y humana de Venezuela sobre toda la frontera, la inanición en que cayó la Mesa de negociación, y otros muchos aspectos que cuestionan la existencia, o cuando menos la posibilidad histórica del Eln, la última de las insurgencias sobrevivientes en Colombia, dispuesta, como lo deja entrever Antonio García, para la guerra o para la paz.

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“Quizá no sea el tiempo de negociar, o no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda”

La paz, ese viejo sueño de la humanidad encuentra en Colombia un amplio territorio de anhelos, así como un mar de promesas, intentos de negociarla, logros parciales y fracasos. Desde cuando en 1984 el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur abrió la fase que aún no llega a su fin de paz negociada con las guerrillas revolucionarias, múltiples diálogos y Mesas para darle curso se han llevado a cabo e instalado por los gobiernos que desde entonces ha conocido el país. De tales episodios brotaron, en una primera fase, firmas de paz entre las guerrillas con una columna vertebral urbana y el establecimiento, y en la segunda, la recién concretada firma con las Farc, de arraigada raíz campesina.


En esos años, que ya suman 34, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha tenido asiento en varias Mesas bilaterales, frente a frente con el gobierno nacional en Costa Rica, México, Caracas, La Habana (vez anterior) …, todas ellas truncas. En todas y cada una de estas ocasiones participó, en una u otra de sus fases, Antonio García, segundo comandante al mando de esta guerrilla, y con quien este periódico sostuvo una entrevista vía electrónica en procura de respuestas ante un conjunto de interrogantes que hoy acompañan a líderes sociales, políticos, periodistas, de Colombia y otros países de la región y del mundo.


En ese ciclo de paz lograda con diversos grupos guerrilleros e intentos de diálogo abortados con otras, el pasado 30 de marzo de 2016 un nuevo intento fue oficializado entre esta veterana agrupación guerrillera y el gobierno nacional. Transcurridos dos años largos, con una agenda de 5 puntos concertada entre las partes, y luego de cuatro ciclos en Quito –Ecuador– la Mesa que debió ser trasladada a La Habana, no solo cojea sino que está sufriendo el corte de sus patas. La razón: las reglas de juego cambiaron: Ahora, a pesar de sus avances, los aspectos acordados no tienen peso alguno. así parece desprenderse de lo dicho una y otra vez por el presidente Duque: “Si quieren hablar de paz estamos listos, pero si y solo si le ponen fin a todas las actividades criminales y liberan todos los secuestrados”.


Al respecto, Antonio García subraya que “esa declaración desconoce que hubo un acuerdo de agenda, de orden temático y un orden de discusión con el anterior gobierno y dicho acuerdo debe respetarse”. Afirmación que este mando guerrillero no deja solo ahí. Puntualiza que el actual Gobierno “[…] desconoce que el Eln es una organización alzada en armas y que en esta condición no acepta el sometimiento al Estado […]. No somos una organización sometida a su normatividad, no hemos hecho ese acuerdo, al menos no está en la agenda. El derecho a la rebelión nos confiere la potestad para romper los monopolios atribuidos al Estado, según el Tratado de Westfalia” (1).


Desde la campaña electoral estaba casi seguro que de ser ungido como presidente, Duque no le daría continuidad a la negociación con ustedes, le escribimos a nuestro entrevistado, de lo cual podría inferirse que lo expresado ahora por el Presidente es una forma ‘disimulada’ de enfriar la negociación y descargar en la contraparte el costo político de romper la mesa, ¿qué piensa de eso?

García retoma cuáles fueron los términos acordados con el gobierno Santos: “Tres condiciones fueron las que nos puso: que las conversaciones fueran en el exterior, directas y secretas en la fase exploratoria, y en medio de la confrontación militar. El Eln no compartía algunas de ellas, pero se aceptaron, pues eran condiciones de tiempo, de espacio y operacionales mas no referidas a la naturaleza de nuestra organización”.

Así las cosas, para el Eln el Gobierno no es caballero en la Mesa. García amplía su opinión, “el asunto no es la Mesa, que está siempre ahí, o en cualquier lugar. El lío es quiénes se sienten en ella. El Eln está sentado y no ha dicho que vaya a romperla, además ha cumplido siempre. La delegación de Duque no asiste a las conversaciones. Eso lo pueden adornar como quieran o pueden vociferar cuanto quieran, pero es tan evidente que no requiere de explicaciones. Como presidente, Duque renuncia a continuar una responsabilidad de Estado y honrar los acuerdos del gobierno anterior (2). Mal precedente, ¿quién se atreverá a firmar acuerdos con futuros gobiernos? Y de nuestra parte, pregunto: ¿En qué ha incumplido el Eln?”.


Esta respuesta nos lleva a insistir en un interrogante anterior: parece que Duque no quiere asumir el costo de levantarse de la Mesa, ustedes tampoco, ¿cómo van a asumir ese tiempo de espera? ¿Consideran que tal paréntesis irá en contra del gobierno?


Tratado el tema antes, encontramos que nuestro interlocutor mantiene interés en retomarlo: Sería mezquino responder que queremos que sea el Presidente quien pague un costo político. No nos interesa eso. Es la sociedad en su conjunto quien resulta afectada. Nos interesa la paz de Colombia que traiga justicia, felicidad y equidad para las actuales y futuras generaciones. Lo cierto es que el actual y el anterior gobierno no están en condiciones de negociar, de establecer acuerdos que puedan cumplir. Como dice Trump sin tantas vueltas: ‘sí ganamos los ricos, ¿para qué negociar?’”.


Y continúa en la misma letra: “Quizá no sea el tiempo de negociar, o como dice el sentido común: no ha llegado el tiempo, o como diría otro: no ha llegado el gobierno que de verdad quiera y pueda. Pues son recurrentes las negociaciones y acuerdos incumplidos por los gobiernos a todas las protestas y conflictos sociales. Los gobiernos no pueden seguir mamando gallo”.


La respuesta, con tantos bemoles, nos deja dubitativos pues podemos pensar que esta guerrilla está de verdad dispuesta a una paz negociada, pero también a un alargue del conflicto armado por el tiempo que sea. El ciclo de las negociaciones de paz en Colombia seguirá abierto por mucho más tiempo, pensamos. Una perspectiva del conflicto armado, en cuyas escaramuzas, maniobras, distracciones y golpes de opinión es determinante el aspecto militar, pero asimismo la geopolítica, la misma que, con la caída del Muro de Berlín en 1989, condujo a las insurgencias urbanas a pensar que su escenario estaba cerrado y que era la hora de buscar una paz dialogada. Por eso, es una inquietud muy repetida: ¿De qué manera influye en el estado actual de la Mesa y en sus orientaciones como Comandante con la máxima responsabilidad militar, la situación internacional y, en particular, la de América Latina, o es que la Mesa expresa simplemente el deseo de derrota militar que no oculta un sector de quienes dominan en Colombia?


En el otro lado de la red, de un lugar tal vez lejano, en el monte o en la ciudad, cercano o lejos de una frontera, llega escrito. “El tiempo lleva implícito unas circunstancias, una realidad y muy seguramente el contexto internacional tiene una incidencia, pero lo esencial está en nuestro país. Por ejemplo, hay falta de consenso en la clase dominante, pues para unos la negociación debe hacerse como remate de un triunfo militar; para otros como parte de una victoria en curso, y de otros que consideran que para superar la confrontación militar se requiere la vía política, que contemple cambios en muchos órdenes, que no se trata sólo del silenciamiento de los fusiles”.


Suponemos que en este momento, posiblemente hizo una pausa o escuchó una noticia en radio como acostumbran los guerrilleros. “Hace unos días volví a leer una entrevista con María Alejandra Villamizar en 2005, ahí encontramos las mismas exigencias que hoy nos hace Duque, pero colocadas por Uribe; no es una coincidencia. A parte de lo anterior, y lo más grave es que se asume como política de Estado, que al no haber consensos en los sectores de la clase dominante, ni en los poderes del Estado, cualquier acuerdo debe someterse a sucesivas negociaciones que terminan triturando cualquier acuerdo, eso aconteció y sigue aconteciendo con el acuerdo con las Farc, sin desconocer que ellos cometieron errores en su forma de negociar; aunque también, en los contenidos de la negociación expresan su visión, una negociación más centrada en ellos mismos”.


En lo concerniente con la paz, el presidente Duque obra apegado al relato opositor del Centro Democrático y su discurso tras el resultado del Referendo, que acusa a Santos de “burlarse y dar un golpe de Estado” a la victoria del No. Por tanto, a la Mesa le está tocando el barro y un lapso de dificultades más grandes que las normales de una negociación. En este marco, es primordial saber si con el propósito de no cerrar el diálogo, ¿el Eln estará listo a recomenzar de cero. Está dispuesto a aceptar que ante un nuevo gobierno y su ventaja, el paso sea definir una nueva agenda que guíe la negociación? Pronto, en el buzón de entrada nos llegó un mensaje electrónico. “El que no quiere negociar no es el Eln, ni hemos amenazado con cerrar nada, solo se trata de continuar en los puntos que se acordaron. Hay un problema de fondo, es la manera como los gobiernos hacen sus empalmes, en cómo le dan continuidad como Estado a los asuntos que son de orden constitucional como es el asunto de la paz. Si el problema es de este orden, es pertinente que haya una política de Estado clara, al igual que los roles para las delegaciones de los gobiernos, pues se requiere saber con quién se negocia, si es con el poder ejecutivo, con el legislativo, con el judicial o con el militar; o si es con un empleado, a quien le interesa más el salario que el futuro del país”.


Negociación versus sometimiento


El tiempo, en medio de las matrices de opinión existentes acerca de la insurgencia, corre a favor del gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar indefinidamente? ¿En esta circunstancia, no tendrían que replantear el diseño estratégico? En ese caso, ¿en cuáles aspectos en cuál mínimo pondrían el énfasis? Es notorio que nuestro entrevistado piensa más en el país como conjunto y no en nosotros, como sus entrevistadores. Su respuesta más que un sí o un no es una explicación: “Nosotros acordamos una Agenda, un orden temático, que se anunció con toda formalidad. Todo mundo la conoció el 30 de marzo de 2016. ¿Por qué nosotros debemos cambiar un acuerdo que hicimos con el gobierno anterior? Ese es un asunto de Estado. y la paz no es un juego. ¿Por qué nosotros tenemos que resolver un problema del establecimiento?”.


Y sigue de inmediato. “Si quieren usar el tiempo como presión, lo pueden seguir haciendo, en eso perdemos todos, pero aceptar imposiciones no va con nosotros. Corresponde que Duque envíe su delegación a la Mesa y ahí, con mucho gusto, se conversan las cosas. Ahí, lo que sea razonable y en el marco del respeto que somos una organización rebelde alzada en armas, se examinará con igual respeto y consideración. Nuestra delegación tiene la orientación de mantenerse en la Mesa”.


Retomando las consideraciones que recalcan y difunden una y otra vez los medios de comunicación, preguntamos: en una perspectiva o viraje, de recomenzar, ¿estarían dispuestos a ofrecer un cese unilateral de fuego, incluyendo lo que el gobierno llama devolución de secuestrados? Con énfasis, dando por sentado que el Eln constituye otro Estado, ya sea en formación o ejerciendo en territorios pequeños y delimitados dentro del Estado que es conocido como Colombia, el segundo al mando del Eln escribe: “Los gobiernos son caprichosos. Santos dijo que la negociación debía ser en medio de la confrontación militar. Luego, se le ocurrió que debía ser como a él se le antojara”.


En este punto, García precisa el procedimiento en una conversación para dar fin a las hostilidades. “El principio elemental de una negociación es que se habla sobre lo que las dos partes acuerdan, y no lo que una sola quiera. Es así de sencillo”. Un sencillo que en los hechos no resulta así. “Siendo francos, a costa de qué el Eln debe hacer lo que el gobierno quiere, pues si a nosotros se nos antojara exigir otro tanto, estaríamos con el mismo derecho. Si aceptáramos las imposiciones del gobierno no estaríamos en una negociación, sino en un proceso que se llama sometimiento. Nosotros no estamos para eso. Si hablamos de reciprocidad podríamos considerar el asunto”. Y quien está al otro lado de la red recuerda una vez más que, “hemos hecho gestos puntuales, la mayoría sin reciprocidad del gobierno, por eso los gobiernos se malacostumbran y creen que todo es a precio de huevo –un dicho que toca replantear, pues ahora los huevos están muy caros”.


¿Y los secuestrados? “Sobre el tema de las retenciones, en derecho se denominan acciones de privación de la libertad, es pertinente tratarlo con franqueza. Todos los gobiernos del mundo, todos, sin excepción, realizan acciones de privación de la libertad por diversas razones, motivos o justificaciones: políticos, tributarios, control social y protección, etcétera. ¿En qué se diferencian de las que hace una organización rebelde en armas? La única diferencia es que ellos dicen que pueden hacerlas, dizque porque son legales, porque están dentro de sus leyes. Conclusión: las que hacen los gobiernos son legales y las nuestras no. ¡Qué bonito!, la relatividad del derecho y la justicia. Como si la legalidad fuera ‘patente de corso’ para hacer de manera ‘legal’ cualquier delito. Es un asunto político”.

Y prosigue en su alegato: “Pregunto, ¿qué son las cárceles?, no me digan que son centros d reclusión voluntaria o espacios de retiros. Para salir de allá también hay que pagar, así los detenidos cumplan las condenas; hay mucha gente sin causa justificada o sin condena establecida, no por uno o dos años, ¿cómo puede llamarse este fenómeno? Como les decía antes, la rebelión armada es la ruptura de esos tres monopolios de los Estados, ahí radica el fondo del asunto. Si ellos lo hacen, nosotros también. La rebelión es una ruptura de la legalidad existente sobre la que se soportan dichos monopolios”.

Cabe reconocer que hay coherencia doctrinaria en esta consideración con desafío que hace García. Pero, nos interesa tocar la coyuntura y volvemos a la carga: ¿no creen que un “gesto de paz” es el paso que esperan, tanto la comunidad internacional como los más amplios sectores de la opinión pública? “Sería muy bueno un gesto de paz recíproco, no lo estoy negando, pues las dos partes debemos ser generosas, que bueno sería. Pero es como todo, aquí volvería a cumplirse la máxima de la vida, que solo es generoso el pobre, que comparte el pedazo de pan con el necesitado; mientras el rico, en medio de la opulencia, solo ofrece las migajas”.

La guerra y la política

En toda lucha militar hay cinco aspectos que son determinantes, según el pensamiento de Sun Tzu: la vía, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. En lo relativo a la negociación de un conflicto no hay un modelo acerca de los pasos a dar. No hay una experiencia reconocida con aporte universal. La clave es descubrir y afrontar ante las cosas inesperadas. Todos sabemos que en el logro de una solución política está de por medio el efecto de la correlación de fuerza en la opinión. Aquí, el gobierno cuenta con factores a favor y se siente más fuerte, con pretensiones para imponer sus criterios. Entonces, ¿cómo se plantean ustedes torcerle el cuello a la correlación de fuerzas existente entre las partes en conflicto? “Tanto el gobierno como nosotros tenemos nuestras estrategias, unas son públicas y otras secretas. De las públicas estamos hablando, de las otras nos reservamos. Vamos a persistir porque consideramos justo que se respete un acuerdo. Si se violan los acuerdos ahora, apenas empezando, ¿qué será después? Estamos en una negociación, lo que ustedes plantean es hacer la guerra en la mesa. Nosotros nos apartamos de ese criterio, pues una negociación, si es con voluntad, no debe colocarse alrededor de la mesa los batallones, las brigadas o las divisiones, porque en ese instante se convertiría en un campo de batalla, y lo que se trata es de superarla”.


La respuesta nos lleva a recordar que el Eln no es un ejército, como en su caso se autodefinían las Farc, sino una organización político-militar, que ahora le está dando más peso a lo político: ¿Y no han pensado, inquerimos, que el movimiento por la paz y los 8 millones que votaron distinto también están esperando lo mismo? ¿No tienen demasiada confianza en ese movimiento? “Ojalá pudiésemos escuchar a los ocho millones directamente, que nos contaran qué es lo que quieren y a quién le hacen las exigencias” –empieza por escribir Antonio García. Y prosigue: “No nos vamos a comer el cuento que dicen que dijeron; estamos muy grandecitos para eso. No es la primera negociación en la que estamos. Preferimos la certeza a la confianza. Confianza viene de con-fio, de fiar. La confianza nace de un camino de certezas. La movilización cierta es la de los estudiantes que poco son escuchados, al igual de los demás sectores sociales que protestan y nadie los escucha, y cuando por milagro los escuchan es para mamarles gallo y seguir los incumplimientos. Por eso, poco confían en el gobierno, al que siempre le fían y casi nunca paga. En sentido contrario, al gobierno le interesa la certeza de nuestros gestos, que no actuemos militarmente, y quieren que la sociedad y nosotros les fiemos los cambios, las transformaciones. Hagámosle primero a las certezas”.


En el lugar de las certezas, la reciente firma con las Farc es un capítulo con preguntas pendientes. ¿Las Farc repitieron el modelo de otra desmovilización?, ante la desventaja en la correlación política entre las fuerzas populares y las del poder. O, ¿sin tamaño, las Farc intentaron un procedimiento diferente de dejación de armas que no empelotara el cumplimiento de los Acuerdos? Que lo dejara desvestido ante las trampas institucionales y burocráticas, y los intereses del Estado y el poder. Son preguntas que por supuesto, le quitan fondo y blanco a la Mesa Gobierno-Eln. En concreto, si ustedes llegaran a admitir que la opinión pública quiere la paz, “como sea”, ¿estarían dispuestos a “someterse a la justicia”, a ‘rendirse’? O ¿preferirían, como en su momento lo hicieron las Fuerzas armadas de liberación nacional (Faln) en Venezuela y recientemente la ETA, unilateralmente, dar por terminado el proyecto revolucionario armado? “Cada organización y cada pueblo son autónomos de escoger sus propios caminos, es una lección dejada por la historia, por la soberanía de sus actores. Por nuestra parte, hemos sostenido con claridad que someterse no le ha pasado al Eln por la cabeza, menos claudicar. Para nosotros la búsqueda de la paz debe ser un camino hacia los cambios para bien de los colombianos, sobre todo de los más empobrecidos, es el mismo camino hacia una democratización de la sociedad y un camino de revolución; pues revolución debe ser cambio, equidad, empoderamiento de la sociedad, que los de abajo gobiernen y cada día sean más como seres humanos disfrutando de una vida mejor. En esta ruta de sociedad o de ‘paz para la sociedad’ nos identificamos con muchos sectores y organizaciones sociales del país, lo que habría que mirar es si eso es posible de conseguirse en una Mesa, o de qué otra manera. Habría que preguntarle a los sectores que controlan el poder económico, político, militar y demás, si están en la misma ruta, pues todos dicen ser ‘demócratas’, pero a la hora de las verdades les duele mucho el bolsillo. Como puede ver, eso no sólo depende de nosotros, sino de cómo puede ser posible concretar un deseo de cambio de la sociedad; porque el Eln existe como expresión de esa necesidad de cambio. Si la dirección de un proceso de paz no abre las puertas para los cambios, el Eln no va”.


Leemos con atención la respuesta y continuamos desgranando el momento que vive el país y su entorno: El gobierno de Duque ha logrado que la Unión Europea avale su exigencia con respecto a ustedes, ¿rompe esta complacencia la neutralidad que debieran mantener con respecto a la mesa en curso? ¿Esto obliga a recomponer los acompañantes de la misma, ya de por sí diezmados por el rechazo del gobierno a la presencia de Venezuela en ella? “En las conversaciones que nuestra delegación ha mantenido con la comunidad internacional, personalidades nacionales e internacionales, se recibe el apoyo a la continuidad de las negociaciones. Ahora, es fastidioso meterse en los problemas de los demás. Siempre ha sido fácil querer que otros hagan lo que uno nunca hizo en el pasado. Me sucedió hace unos años, había un país europeo que se consideraba muy pacífico y nos cuestionaba el uso de explosivos en la guerra, hasta que me vi obligado a mostrarle una factura de una empresa de dicho país donde constaba un envío, a la industria militar del gobierno colombiano, de materia prima para fabricar explosivos; aún recuerdo la cara que puso; no volvió a tocar el tema. […] Para no meterme en honduras, quien esté de buena fe, con verdadera voluntad, es quien debe estar, cada cual escoge su camino, pero todo país tiene sus aliados, unos de oportunidad y otros estratégicos, en eso no nos llamemos a engaños […]. Siempre estaremos agradecidos de quienes con honestidad ayudan en la construcción de la paz. Cuando se configuró el grupo de países garantes negociamos un relativo equilibrio entre las dos partes, es eso lo que vale”.


Entorno regional, soberanía y guerra híbrida


Para la mayoría de analistas y estudiosos de la geopolítica regional es claro que con el agotamiento de los gobiernos progresistas el espacio y favorecimiento para una negociación entre iguales, con beneficio general para quienes habitan Colombia, ha quedado atrás, ahora gana espacio la derrota del contrario, así sea en la Mesa. Mirando hacia Venezuela, y la tensión de su relación con los Estados Unidos, así como el interés de este país en que caiga el gobierno de Nicolás Maduro, incluso vía magnicidio o golpe de Estado –para lo cual han logrado concretar una alianza con buena parte de los países de la región, incluida Colombia–, con el escenario de una guerra civil abierto, continuamos con la impersonal entrevista, ¿afecta este escenario la negociación de paz que ustedes intentan proseguir con el gobierno Duque?


"Todo lo que afecte el vecindario nos afectará a los colombianos. Si no hay paz en la región, muy difícilmente la habrá en nuestro país”. Este sentido de mirada global, tan ajena en Colombia, donde la mayoría de sus dirigentes y población han crecido ensimismados, contemplándose en sus fortalezas y debilidades, nos lleva a pensar que lo que ahora está sucediendo ante nuestros ojos pasa desapercibido para la mayoría, por lo cual desean que el gobierno del país vecino caiga, a como de lugar, como si ello no tuviera consecuencias inmediatas y mediatas. Mientras así compartimos, recordamos que debemos acabar de leer la respuesta para dar paso a otra posible pregunta.


"Hay un derecho o normatividad internacional que debe respetarse, la soberanía de los pueblos, gobiernos y naciones para tratar y solucionar sus diferencias, sus problemas. Los demás lo que deben hacer es cooperar. Estados Unidos y sus aliados han hecho de todo, desde cuando estaba Chávez, bloquear, impedir y golpear los procesos de cambio. Lógico, en la Venezuela de 2002, hubiesen querido que aconteciera lo del Chile de Allende en 1973, pero no fue. ¿A qué costo para la sociedad, para el pueblo? (3). Venezuela ha demostrado su compromiso por la paz de Colombia, por encima de muchos incrédulos. El escenario de negociación, o lo que nosotros llamamos espacio, se negoció que fuera en el entorno de Colombia y sobre todo en América del Sur. Al Gobierno le gusta más Estados Unidos, y los tienen de aliados, deberíamos compensar con China o Rusia, por aquello de los equilibrios”.


¿Y no temen que un escenario de ese tenor inscriba a nuestro país en un posible conflicto entre potencias, donde actuemos como simples peones, como le ocurrió a Siria? “Nosotros, precisa Antonio García, no somos los que andamos ofreciéndonos a la Otan para sus planes intervencionistas en otras latitudes, como gran potencia militar regional, o somos los que tenemos como objetivo de nuestra Doctrina Militar el ser líder militar regional, como sí lo tienen las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, es bueno que lean la Doctrina Damasco. Para hacer esto no se requiere justificaciones internas, pues el gobierno colombiano ya había decretado el fin del conflicto, y se prepara para una ‘guerra hibrida’ en el entorno regional y continental, que mucho se estudió en la Universidad Nueva Granada”.

Tomando en consideración los dardos soltados por nuestro entrevistado, vamos estructurando una nueva inquietud: Los acuerdos de paz logrados por las Farc han entrado en un escenario poco claro, tanto por su incumplimiento por parte del Gobierno como por el rearme de una parte de esa fuerza. Valorando tal realidad, y con la interrupción o ruptura de la negociación que ustedes llevaban con el gobierno ¿podríamos decir que la anhelada fase de paz duradera en Colombia ha quedado en el congelador? ¿Qué implicará esto para el país y que opciones le quedan a los movimientos sociales para no verse afectados de manera violenta por esta realidad?

“La intensidad de la confrontación militar dicen que ha bajado. Para nosotros no, pues hay una ofensiva del gobierno, y cuando nos logra golpear le dan un gran despliegue. Pero no acontece lo mismo cuando reciben nuestros golpes, se han especializado en ocultar los ataques exitosos de nuestra fuerza (4). La guerra mediática para nosotros juega, como también la paz mediática juega para la opinión. Pero la cruda realidad son los centenares de asesinatos de dirigentes sociales a lo largo de este último año, eso dice qué tan cierta es la paz, o mejor la crudeza de la realidad. Dicen los entendidos que cuando se hacen solicitudes a los gobiernos y estos las conceden en el marco de la institucionalidad, sin que nada cambie, se llama reformismo, pero la cruda realidad del capitalismo actual y de siempre, es que solo acepta las reformas cuando siente la amenaza de una revolución, le da temor y cede”.


La respuesta nos lleva a pensar en la inexistencia de una teoría global que le de base a una acción revolucionaria que rompa al capitalismo, como también a la inexistencia de apoyos por parte de país alguno para que fuerzas irregulares alternativas se mantengan en pie y avancen, de ahí que escribamos en el nuevo mensaje: pero, precisamente, esa situación de posible revolución es lo que se reconoce ampliamente como perdida o, por lo menos, envolatada, ¿consideran ustedes que aún es posible una revolución en Colombia? Y de ser así, ¿cuáles son las ideas fuerza y las acciones básicas que así lo posibilitaran? La historia jamás es en línea recta, hay muchas curvas, así como subidas y bajadas. Sería muy fácil luchar cuando uno tuviese más fuerza que el oponente –dice el segundo al mando en esta guerrilla–, de eso se trata una guerra de resistencia, los pueblos tienen más edad que un individuo, ellos van entregando a las nuevas generaciones los objetivos de su futuro; eso está suficientemente claro en el Eln”. Cuandopensamos que ya había argumentado, prosigue: “Si no hubiese razones para luchar por los cambios y transformaciones de una realidad injusta, no existiría la guerrilla y tampoco habría las movilizaciones de estas semanas, tan masivas y de carácter nacional, donde se muestra muy poca capacidad del gobierno para buscar y construir soluciones. Cuando al menos en Colombia se acepte la existencia de los presos políticos, podrá decirse que un gobierno ha empezado a pensar en la solución política como una posibilidad real, le respondo esta pregunta de manera inversa, porque de toda esta lucha actual se seguirán llenando las cárceles con dirigentes y activistas sociales, y los muertos, por la misma razón, siguen sin parar”.


Las respuestas de nuestro entrevistado dan un ángulo mayor en la mirada de la disputa por la Mesa, por su (re)instalación o quiebre, lo que estará en disputa durante los años que dure el gobierno Duque, y la paz negociada, esa ventana abierta en 1984 por primera vez tardará unos años más en ver cerrado su ciclo. El segundo al mando del Eln deja en claro la disposición de esta fuerza insurgente para negociar la paz como para afrontar la guerra. ¿Tienen fuerza los movimientos sociales para cambiar este escenario?

1. Según este Tratado, los monopolios aludidos al Estado son: el uso de la fuerza y de las armas, el monopolio para recoger tributos o impuestos y aplicar su normatividad jurídica, en la que cabe el monopolio para realizar acciones de privación de libertad.
2. En su disertación coloca un ejemplo: “Qué tal que un arrendatario de una vivienda, por el solo hecho que la empresa arrendadora cambie de dueño, al día siguiente se encuentre en la calle desconociendo que había firmado con el anterior dueño un contrato legal, con respaldo jurídico. Es un asunto elemental, de sentido común. De cortesía diría otro”.
3. Y enfatiza: “A los gringos no le interesa la democracia o la gente, pues no vengan con el cuento que en Chile se imponía a Pinochet para reposicionar la democracia. La historia no puede seguir siendo la justificación de la ignominia: yo debí ser bueno en el pasado”.
4. “Ocultan numerosos ataques contra instalaciones militares con cargas explosivas de gran envergadura, cierran calles o sus instalaciones para que los medios no lleguen ni se enteren. También cuando sus embarcaciones, como nodrizas o tanquetas son igualmente atacadas por nuestras fuerzas, por ningún lado se sabe, pero pregúntele a la gente en las regiones donde están ubicadas nuestras fuerzas”.

 


Correlación de fuerzas y fakenews

Cabe decir aquí que según la historia, las negociaciones de conflictos armados toman uno u otro sendero, uno u otro ritmo, de acuerdo a la correlación de fuerzas que se desprende del campo de batalla, de manera que en Colombia, pese al mayor peso de las Fuerzas Armadas oficiales la guerra irregular está en tablas. Entonces, cada una de las partes estará tratando de asestar un golpe que incline la Mesa a su favor. Sin embargo, algo en que concuerdan los analistas es que el Eln no cuenta con la fuerza militar para eso, ¿qué sigue, entonces? Desde el Eln los términos son de reafirmación en la Agenda que acordaron: “Si tenemos o no capacidad operativa para que el actual gobierno respete lo acordado –enfatiza Antonio García–, por ahora no ha sido discutido como un mecanismo para la implementación. La afirmación que ustedes señalan suena a eso: que para negociar algo con el Estado hay que tener capacidad militar para hacerlo cumplir. Si eso es así, habría que examinar el asunto. Aunque sobre este tema también hay enfoques caprichosos: a los gobiernos y los operadores de opinión les gusta decir que la guerrilla del Eln no tiene capacidad militar, pero cuando se hace cualquier acción militar ponen el grito en cielo, entonces uno no los entiende”.


Con su presencia en la Mesa, el Eln quedó a la vista, en el escenario de los titulares y la política de por medio, con mayor blanco de la “maniobra política” del poder y de los fake news, en ese marco que no es exclusivo de la clandestinidad, tiene el Eln cómo contrarrestar y cómo aclarar el mensaje dominante? La respuesta aporta en una definición acerca de cómo conciben una negociación. “Estamos, se trata de una negociación, no de lo que se quiera decir por un micrófono. En una negociación el instrumento es la mesa de conversaciones, la agenda que se pacta, las regulaciones que pactan las dos partes para adelantar el debate. Si se tratara de adelantar una campaña política, los instrumentos y los acuerdos serían de otra naturaleza. No hay nada que hayamos incumplido a la luz de lo acordado, quien está incumpliendo es el gobierno al no querer hacer presencia en la Mesa”.

 


Coca, narcotráfico, ética y el Catatumbo

 

Cada día es más frecuente escuchar por los medios de comunicación que ustedes son narcotraficantes, ¿cómo han pensado contrarrestar esta propaganda oficial y mediática?
“Dicen que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad. Inglaterra mintió sobre Irak, siguen mintiendo Inglaterra y Francia sobre Siria, y las agresiones militares continúan. La propaganda no es un tipo de guerra sutil o un accesorio de ella, no, es la misma guerra, y es más brutal que la física. Por ejemplo, en una guerra una persona se muere, y ya. Pero con la guerra mediática se sigue matando la historia, la dignidad y por tanto el futuro. ¿Narcotraficantes nosotros? ¡Ave María!, como diría un paisa, primero eleno muerto, que ... Pues ¿se podrían imaginar al cura Camilo Torres o al cura Manuel Pérez con un alijo de cocaína? En el Eln primero está nuestro espíritu de servicio por encima de todo”.


Entonces, ¿tal información es desinformación?
“No hay la menor duda. Jamás han agarrado ni van a agarrar a un militante nuestro con un gramo de cocaína, menos tenemos laboratorios o rutas o ventas en el exterior. Como tampoco andamos como la DEA armando trampas para agarrar y penalizar incautos, para luego quedarse con los alijos de cocaína; ni tampoco lo que hacen otras agencias financiando operaciones de intervención a otros países con este tipo de negocios. La gente nos conoce, tenemos historia en nuestras regiones”.


¿Cuál es la relación entonces que tienen con este asunto?
“Cobramos un impuesto, como lo hacemos con cualquier actividad productiva. Ahora, si el gobierno o los gobiernos quieren pasar por rigurosos, penalizando el daño que causan actividades ilícitas, deberían empezar con la corrupción, que es el robo, de frente y con apoyo de la ley y de las instituciones de los bienes, recursos y riquezas de todas las gentes; por eso la población se queda sin salud, sin educación y pare de contar. Al Eln la gente lo puede ver sin tapujos, nuestra gente sabe como vivimos, como vestimos y comemos, muy humildemente, como todos los pobres de Colombia y del mundo”.


Cuando los medios aluden a este tema del narcotráfico, en relación con el Eln, lo relacionan con la famosa “disputa” por territorios y “corredores” con las mafias. Así explican, por ejemplo, ciertas acciones en el Chocó y, en especial, el enfrentamiento con el Epl en el Catatumbo. ¿Creen que es posible quitarse de encima ese “San Benito”? ¿Cómo?


“El enfrentamiento con el grupo del Epl, o como popularmente los llama la gente, “los pelusos” o “paramegas”, ese es otro cuento. Con el llamado Mando Nacional del Epl, la conducción estratégica del Eln realizó varias reuniones para establecer acuerdos, pero nunca se cumplieron donde ellos existen, en el Catatumbo, pues no están en otro lado; siempre los incumplieron. La razón del incumplimiento estaba en la alianza que tenían y tienen con los paramilitares en la región, para repartirse el control territorial y supuestamente el vacío dejado por las Farc, y por tanto controlar los negocios. Esa alianza se demostró, los paramegas están revueltos con los paramilitares, incluso varios de sus mandos operativos en el territorio son paramilitares; alguna gente nos dice que debemos llegar a un acuerdo con ellos, ¿cómo hacer acuerdos con los paramilitares?, ¿será que se puede? Complicado este asunto. Nosotros no somos los que estamos negando la naturaleza revolucionaria de una fuerza, si es ella la que hace las alianzas, y eso viene desde hace rato, desde cuando estaba vivo Megateo.


Si una fuerza paramilitar nos quiere cortar un corredor de movilidad, nosotros no podemos quedarnos quietos, pues es elemental mantener la libertad de movimientos y de acción, es uno de los tres principios de la guerra. No somos ingenuos, los paramilitares son una fuerza funcional al Estado, eso está documentado ahora y en el pasado.


El tema del ‘San Benito’, es un asunto mediático, y en eso el que tiene el micrófono es el que habla, pero nosotros no vamos a asustarnos por eso y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por fortuna toda guerra deja sus registros. Por ejemplo, luego de los ataques que nuestra unidades realizaron el 1 de noviembre, contra varios grupos paramegas, ubicados en las veredas de Mesitas, Limoncito y Castrillón, en la Provincia de Ocaña, los paramegas sacaron unos comunicados hablando falsedades sobre nuestra actuación; nuestros mandos permitieron la entrada a los sitios de los combates de unas comisiones del Cicr y de la Defensoría del Pueblo para que miraran lo que había sucedido, que hablaran con la población y ellos mismos se llevaran la información de manera directa. Seria bueno escuchar lo que esas instituciones tengan para informar, por eso de la objetividad que hay que tener con la opinión”.


La condición impersonal de la entrevista nos impide ver el rostro de quien nos responde. En todo caso, imaginamos al segundo al mando del Eln repasando las debilidades no superadas como guerrilleros, el efecto de sus operaciones y la distancia con la opinión pública, los coletazos en ciertos territorios de la “guerra contra las drogas” atizada por los Estados Unidos, el efecto de la crisis económica, política, social y humana de Venezuela sobre toda la frontera, la inanición en que cayó la Mesa de negociación, y otros muchos aspectos que cuestionan la existencia, o cuando menos la posibilidad histórica del Eln, la última de las insurgencias sobrevivientes en Colombia, dispuesta, como lo deja entrever Antonio García, para la guerra o para la paz.

Colombia. El decorado de la paz se desmorona

Colombia ha vivido unos años en los que los decoradores de la paz –expertos en dramaturgia democrática han levantado una escenografía tan débil que ahora se desmorona ante los vientos uribistas.

 

Todos quisimos creerlo. Mejor expresado: todos necesitábamos creer que lo imperfecto era lo posible y que lo posible se haría realidad en medio de dificultades. Todos y todas pensamos que los procesos de paz que caminaban en Colombia tenían sentido, no para hacer la revolución siempre pendiente sino para sacar la violencia armada de la política, para desestigmatizar a los movimientos de base y para comenzar una larga y dura lucha en el terreno de lo político-institucional (aunque ese escenario sea un decorado vacío de contenido, una ficción consensual que permite la ficción democrática en el feudo colonial).

Apostamos, muchos, al posibilismo. Confiamos en empujar un poquito la Constitución de 1991 y sus derechos de ficción, habilitar espacios de debate y participación que no estuvieran mediados por la muerte, proponer las otras-muchas-colombias-posibles sin el temor inminente del tiro en la nuca. Los que llevaban más heridas a cuestas sabían que era casi imposible. Los fantasmas del genocidio de la Unión Patriótica, de la desmovilización del M-19, de los cientos de acuerdos incumplidos por el Estado tras las duras batallas libradas por los pueblos indígenas… Todas esas heridas recordaban que se pactaba y se daba un margen de confianza a quien nunca había hecho nada para merecerlo.

Pero aún así, quisimos creerlo e incluso algunos de los líderes y lideresas más curtidos le apostaron (y le apuestan) a la paz (sea lo que sea lo que signifique) porque la degradada guerra civil de la Colombia invisible es insoportable. Una compañera mexicana, curtida también en las negociaciones con estados genocidas, me decía que cuando el nivel de violencia contra la sociedad es tan extremo como en Colombia, las agendas políticas tendían a reducirse a un solo enunciado: “Dejen de asesinarnos, desaparecernos, torturarnos…”. Esa era, quizá, la agenda y desde ese punto de vista los procesos de paz recientes en Colombia ya han fracasado.

El gobierno saliente de Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz cocinado desde la guerra sucia del Estado, construyó un decorado de la paz que, por un momento, podía parecer confiable: insuficiente, sí; pero posible. Primero los clásicos de todos postconflicto contemporáneo: comisión de la verdad, comisión de búsqueda de personas desaparecidas, sistema de justicia transicional. Después, la ñapa de comprometerse a lo que ya lleva escrito y aprobado hace 27 años en la Constitución Política. Era un decorado. La inmensa mayoría de los puntos consignados en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en noviembre de 2016 –después de un profundo peluqueado fruto de un innecesario y fallido plebiscito- no avanzan y el Estado sólo ha cumplido en lo que tiene que ver con el desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC. Ni siquiera está cumpliendo en lo relativo a la reintegración de los ex guerrilleros y guerrilleras en la vida civil.

Las comisiones avanzan en medio de la parálisis: o bien no tienen presupuesto, o bien no cuentan con el respaldo institucional necesario, o bien trabajan en un país ficticio porque el país real, desde que Uribe comenzara la formación de una nueva opinión pública a su medida, no está interesado en esta paz y gusta más de la victoria militar. De hecho, parece paradójico que tras cumplir las FARC con el 95% de sus compromisos en tiempo y forma, la mayoría de los colombianos (un 77% según las últimas encuestas) sigue desconfiando de lo que ahora es un movimiento político resquebrajado desde dentro.

El decorado de Santos debía completarse con la firma de algún tipo de acuerdo con la segunda guerrilla del país (el Ejército de Liberación Nacional –ELN-) y con el sometimiento a la justicia de la principal franquicia paramilitar de las muchas que operan en el país (el Clan del Golfo o también autodenominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-).

En el primer caso, a los decoradores se les vio el plumero: siempre despreciaron y ningunearon al ELN y no estaban dispuestos a abrir un proceso masivo y nacional de participación ciudadana, que es lo que la guerrilla de origen guevarista siempre ha reclamado para repensar el país.

En el segundo caso, las improvisaciones de última hora del Gobierno Santos y el hecho de que haya llegado al poder un Gobierno neouribista (cuando las AGC no perdonan a Uribe las traiciones acumuladas tras su desmovilización fingida en 2005) han frustrado la disposición de ese grupo paramilitar a desmovilizarse de algún modo. Esta es la realidad cuando llevamos dos meses del Gobierno de Iván Duque, un advenedizo de la política elegido cuidadosamente por Álvaro Uribe después de la traición (una más) que supuso para el ex presidente paisa la gestión de Santos, quien fuera su ministro de Defensa.

Duque ha dejado el ministerio de Defensa a un uribista peligroso, el empresario Guillermo Botero, y ha dejado en el congelador todos los procesos de paz: apuesta así por la derrota militar del ELN y por la desaparición de las FARC gracias a sus divisiones internas y a su aparente aislamiento político. Con los ‘paras’…. con los ‘paras’ es otra cosa: puede negociar bajo cuerda con ellos un reparto de las economías ilegales y las violencias en el país, puede pedir ayuda a sus aliados en Washington (que siempre han tenido el control del interruptor del paramilitarismo), o puede verse tentado a iniciar una guerra improbable y de rumbo más que incierto.

Una vez tumbado el decorado de la paz con el primer monzón uribista… ahora sólo toca ver qué tan vigorosos son los movimientos de base para resistir y construir alternativas quizá, esta vez, totalmente al margen de la arquitectura institucional. Juegan con todo el contra: una comunidad internacional timorata, una clase media urbana inmune a los avatares de la guerra, y unos territorios codiciados por una hidra de organizaciones criminales que saben que la rentabilidad del control territorial es desproporcionada. La única esperanza es que comunidades y organizaciones de base han demostrado mil veces en Colombia su capacidad de resistencia y de reinvención. Nuestro apoyo, basado en el respeto absoluto de los procesos propios (con aciertos y errores) es más necesario que nunca.

Publicado enColombia
Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa): Carta abierta a la Comisión de paz del Senado

Señores
COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO
Congreso de la República
Bogotá

 

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

 

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

 

Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz -que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra.


Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos
personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

 

Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos.


¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

 

 "Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado". 

 

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

 

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos. El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

 

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.

 

Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

 

Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

 

Iván Márquez                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Oscar Montero (El Paisa)

 

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño

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Eduardo Esparza, de la serie “Palabra y memoria” (Cortesía del autor)

Los claroscuros en materia de Derechos Humanos, del gobierno que llega hasta el 6 de agosto, son notables. Todo parece indicar que la ausencia en Juan Manuel Santos de un espíritu realmente reformista, y de paz integral, le impidieron romper con lo heredado de su predecesor, del cual fue Ministro de Defensa por varios años, los mismos en que los llamados “falsos positivos” alcanzaron su mayor pico.

En la última etapa de la vida nacional, en aquella donde la guerra ha entrado en lo que pudiera ser su etapa de negociación definitiva, existen cuatro fechas que deben recordarse: el 26 de agosto de 2016, cuando fue suscrito el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno y las Farc; el 2 de octubre de 2016, cuando el No venció al Sí en el plebiscito refrendatario del Acuerdo; el 24 de noviembre del mismo año, al firmarse un nuevo Acuerdo, conocido como el Acuerdo de El Colón aprobado por el Congreso de la República una semana después, el 1 de diciembre.


Con la primera fecha culminaba un proceso de cerca de seis años de negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno, concretando la promesa de Santos al momento de su reelección, de hacer realidad la paz en Colombia. Con la segunda realza la incapacidad de Santos para medir el poder del uribismo en la vida cotidiana del país; con la tercera sobresale la complacencia de todo el establecimiento con la derrota política, además de la militar, propinada al campesinado alzado en armas, y con la cuarta sale a la luz la farsa santista al no actuar con sus mayorías en el legislativo para neutralizar parte o todo aquello que desdecía de lo firmado originalmente en La Habana, como gesto de ética y de palabra empeñada, de honor y fidelidad con la lucha por una paz efectiva.


Del espíritu original del Acuerdo y algo más


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 22 de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe sobre Colombia durante el Examen Periódico Universal, EPU, dijo: “El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Hasta ahora, el logro del Acuerdo con las Farc es formal más no real: la guerra y la desigualdad social continúa en nuestro país.


Hasta hacerlos morder el polvo. Ese parece ser el propósito de los sectores dominantes con respecto a las Farc. Veamos. Producto del Acuerdo fueron creados varios mecanismos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que a pesar de los críticos, ha sido una valiosa contribución al derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo no se había logrado que una organización guerrillera, al pactar la paz, aceptara someterse a la justicia; tampoco que el Estado se comprometiera a crear un mecanismo y un procedimiento para el juzgamiento expedito y restaurativo de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por sus propios agentes.


Por desfortuna, el Acuerdo inicial de La Habana fue hecho trizas por el Acuerdo del Teatro Colón, el Congreso y la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la JEP, primero, al excluir de su conocimiento a los civiles y a los agentes estatales que no fueran miembros de la Fuerza Pública, los llamados “terceros”, y segundo, convertirlo en un Tribunal contra la guerrilla, lo que es inconstitucional, al crear una Sala Especial para los militares y dejarlos en el limbo durante 6 meses. Esto a pesar que los militares activos estuvieron de acuerdo con la JEP a través del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares.


Unos cambios que pueden tener consecuencias en el mediano plazo, pues tales enmendaduras pueden dejarles expuestos a la acción de la Corte Penal Internacional, CPI, a la vez que socavan a la verdad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados por la JEP. Según informaciones de prensa se han acogido a esa jurisdicción los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uzcátegui, Henry William Torres Escalante, y Mario Montoya, y otros estudian la posibilidad de hacerlo como Jesús Armando Arias Cabrales –todos acusados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos–.


Con las modificaciones también quedan desconocidos los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, lo cual contradice un pilar fundamental del Acuerdo: la centralidad de las víctimas; aplaza y, eventualmente, deniega el derecho de ellas a la justicia. La CPI puede considerar inválida esta norma, lo que le abriría las puertas para actuar, al no existir una justicia genuina en Colombia, según lo previsto en los artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma, cuando se considere que un Estado haya investigado o juzgado a una persona a través de procedimientos orientados a dejarla impune.


Por otro lado, se quiere convertir a la JEP en una notaria en materia de extradición, lo cual es violatorio de la Constitución, al reducir y limitar su función en el procedimiento a “determinar la fecha de la conducta”. Lo anterior, a pesar de que el Acto Legislativo 01 de 2017 dejó claro que su mandato es el de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” (c.m.). Limitar su rol a “determinar” la fecha, dejaría por fuera las otras dos atribuciones de “evaluar” y “decidir”. Esta norma tiene nombre propio: el ex guerrillero Jesús Santrich y fue adoptada con el propósito de forzar su extradición. ¿Complacencia de todo el establecimiento?


Pasados casi dos años de la firma del Acuerdo es evidente que en Colombia transitaríamos hacia una mejoría evidente en lo referido a la totalidad que implican los derechos humanos, pero en la acción desplegada desde el mismo poder contra el importante logro de desmontar la parte más sustancial de la guerra lo abierto es lo contrario, como queda claro con la ola de líderes sociales asesinados, al igual que de exguerrilleros farianos, así como de familiares de estos.


Todo lleva a reclamar el cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz. Hay con que proceder: los organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato fue reforzado por el Acuerdo para hacerle seguimiento a la paz, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, Cidh que firmó un convenio con el gobierno colombiano para tal fin, así como la CPI, entre otros, deben vigilar para que las obligaciones contenidas en el Acuerdo se cumplan. Así que estos organismos tienen mucho trabajo por hacer, y requieren para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.


La violencia sociopolítica


A pesar del fin del conflicto armado con las Farc, al menos en lo formal, continúa la violencia sociopolítica. El paramilitarismo sigue existiendo, y con poder creciente. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006 no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes; y sus mandos medios y diversas estructuras continuaron con su accionar delincuencial a lo largo de los años 2011-2018, cuando el “gobierno de la paz” decía estar actuando. A su par, sus financiadores y los políticos y empresarios beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados, aumentando su capacidad militar y control territorial, a pesar de los mecanismos para su desmonte.


En paralelo, continúa el accionar el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las disidencias de las Farc, y otros con diversas denominaciones, todos ellos expandidos territorialmente y reconfigurados. El Estado continúa sin hacer presencia en varias regiones del país y persiste la indiferencia de un sector de la sociedad en las grandes ciudades frente a la guerra.


Según el informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal, EPU 2013-2017, durante estos años, que cubren un buen segmento del gobierno Santos, aumentaron los homicidios, las desapariciones y los desplazamiento forzados, tortura, amenazas y violencia sexual. El desplazamiento forzado persiste y el número total de víctimas sigue en espiral. A pesar de toda la promesa gubernamental, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de desplazamiento forzado. La Corte Constitucional mantiene vigente el “Estado de Cosas Inconstitucional” en la materia después de trece años. El Acuerdo ordena fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la Defensoría, como mecanismo de prevención del desplazamiento forzado y otras violaciones, desafío pendiente.


Las defensoras/es de derechos humanos


El patrón y la grave situación de ausencia de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia son pan de cada día. La indiferencia social de una parte de la población hacia dicha labor persiste, aunque la sociedad comienza a despertar, como lo evidencia la luz desprendida por el “Velatón Nacional” que llenó de solidaridad diversas plazas del país y del exterior el pasado 6 de julio, luz en demanda de colocarle final a los asesinatos y amenazas sufridas por los liderazgos sociales existentes en el país, así como de superar la impunidad que encubre los cientos de crímenes ejecutados contra ellos.


Estamos ante cifras que no son menores. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14) –departamentos donde existen importantes procesos de organización social. Pero también operan grupos paramilitares, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas. Existen cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico y actividades extractivas legales.


Las cifras de asesinatos de defensoras/es de derechos humanos varían en montos y periodos con tendencia al alza. Para la Defensoría, desde la suscripción del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el 1 de julio de 2018, el número asciende a 311 defensoras asesinados. Según el programa “Somos Defensores”, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo en 2017. Por su parte y según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos.


La Cidh el 19 de julio de 2018, expresó su alarma y condenó esta secuencia de asesinatos. Reiteró su llamado al Estado de tomar medidas urgentes para proteger a las defensoras/es y llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.


Las cifras, datos y pronunciamiento parten del presupuesto de reconocer la amplia labor de defensa de los derechos humanos e incluye líderes y lideresas sociales, comunales, personas que trabajan por la paz, que ejercen actividades políticas y lideran procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras. Mientras continúa la matanza, mientras se viola el derecho humano fundamental a la vida, y persisten las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en especial las sistemáticas violaciones contra las defensoras/es que permanecen en la impunidad), no es posible hablar de paz.


La política de seguridad


Estamos ante una política de derechos humanos que demanda cambiar el rol del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, regulando la política de seguridad, en dos aspectos fundamentales: 1) En la misma relación entre la Policía Nacional y Ejército Nacional. Esta última fuerza continúa asumiendo tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social –que el gobierno Duque quiere regular– hasta la lucha contra el crimen organizado, que le corresponde a la Policía. La política del Ministerio de Defensa fue determinada a finales de 2016, cuando decidió no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 2) Con respecto a las actividades de inteligencia estatal, activada de manera ilegal en contra de los magistrados de la Corte Suprema, los políticos de oposición, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de derechos.


Todo esto con retos importantes para el Gobierno, el cual debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía, como lo ha pedido la Oficina del Alto Comisionado en Colombia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con compromisos por cumplir por parte del gobierno, como la depuración de los archivos de inteligencia, compromiso vigente desde 1997 con las Ong de derechos humanos. A su vez, debe hacer públicas las recomendaciones que sobre este tema le formuló en julio del 2017 una Comisión creada por la ley de inteligencia.


La vida, la malvivencia


Aunque nuestra Carta Constitucional retoma todos los derechos humanos, incluyendo todos los convenios firmados por el país en este campo, el país no deja de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. El 29,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza por ingresos lo que en el campo se eleva al 33 en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico son las más afectadas.


La brecha entre lo urbano y lo rural no se cierra. Los territorios habitados mayoritariamente por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Mientras en el 2003 el índice del Gini era de 0,554, en el 2016 es de 0,517248. La reforma tributaria de 2016 no afectó a los más ricos y si a las mayorías nacionales; el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres.
El aspecto que le dio origen al conflicto que ahora pretende cerrarse vía negociada, la tierra, persiste la desigualdad en su tenencia. Para el Censo Nacional Agropecuario, un 40.1 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8 está ocupada por el 69.9 por ciento de unidades productivas con cinco hectáreas o menos.


En ciudad y campo las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto, con un 9,8 por ciento en el total nacional, pero si se detallara por regiones el campo también mostraría mayor afectación. Hay un 54.0 por ciento de desempleo juvenil rural; el 25.6 de los jóvenes del campo no estudian y no trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios. Este nivel de violación de derechos básicos, es aún más notable en departamentos como el Chocó y La Guajira, donde los índices de mortalidad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable.


No es casual, por tanto, que la Oficina del Alto Comisionado en Colombia pida “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Es necesario gozar de vida digna y dejar de malvivir, es un derecho humano fundamental. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

 

*Abogado. Integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, su más reciente libro El Pacto del silencio, ediciones desde abajo, 2017.

 

 

 

 

 

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Así se negoció la paz con las FARC en Colombia

El Gobierno desclasifica los documentos del proceso que empezó en La Habana en 2012


La paz en Colombia fue una mera “exploración” durante años. Esa palabra indica que, pasara lo que pasara, solo se trataba una tentativa en medio de la guerra. Con ese propósito de tanteo mutuo, a finales de febrero de 2012 se citaron en Cuba una delegación del Gobierno de Juan Manuel Santos y una representación de las FARC, entonces la guerrilla más antigua y poderosa de América.

"En el marco del encuentro exploratorio que se desarrolló en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP con el ánimo de explorar la posibilidad de poner fin al conflicto armado interno en Colombia, el Gobierno identificó los siguientes puntos en la discusión, que podrían constituir una fórmula para la terminación del conflicto". Así comienza el primer documento de esa fase de las negociaciones, que de manera informal habían arrancado en 2010 y desembocaron en la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta semana los archivos de ese proceso quedarán desclasificados y recopilados en una colección de 10 tomos que representan la memoria de una etapa decisiva para la historia de Colombia.

Por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos acudieron a La Habana, entre otros, Sergio Jaramillo, Frank Pearl y Enrique Santos. La organización insurgente envió a un grupo en el que figuraban Mauricio Jaramillo, El Médico, Marcos Calarcá, desde el pasado viernes congresista en la Cámara de Representantes, y Ricardo Téllez. El sábado 25 de febrero las dos delegaciones emitieron las primeras conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. El Estado colombiano, que prometió mantener las condiciones de confidencialidad, propuso cinco asuntos de discusión: el desarrollo agrario y la pobreza rural; la participación política; el desarme, la desmovilización y la incorporación a la vida civil de los combatientes; la seguridad; y la verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición. Las FARC presentaron un folio con 12 puntos de conversación, que incluían la protección de los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales y distintas reformas.

Entre el 17 y el 19 de marzo de 2012 las dos partes volvieron a verse en la misma ciudad y pactaron una "hoja de ruta para la construcción de un acuerdo marco". En un tercer documento se fijaron los seis ejes centrales de los acuerdos, que, además de lo planteado inicialmente por el Gobierno, instaban a afrontar el problema de las drogas y el narcotráfico. Ese texto esbozaba también los mecanismos de acompañamiento, observación internacional y verificación, en las que resultaron clave Naciones Unidas y los países garantes, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. También quedaron negro sobre blanco algunas reglas del juego. Por ejemplo, que "en la discusión sobre el desarrollo del acuerdo marco se entenderá que nada está acordado hasta que todo esté acordado" o que "el inicio de la implementación de todos los compromisos contenidos en el acuerdo final será simultánea".

En medio quedan más de seis años de desencuentros, retrasos, obstáculos, tensiones políticas, un referéndum que rechazó los acuerdos por la mínima, la modificación de lo pactado y finalmente la firma de la paz. Las FARC son hoy un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y tienen garantizados 10 escaños en el Congreso durante dos legislaturas. Sus 13.003 guerrilleros se han desmovilizado, entregaron las armas y se encuentran en fase de reinserción en la sociedad. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, recibió las críticas del presidente electo, Iván Duque, y de su partido, el Centro Democrático, aunque ya ha sentado en el banquillo a la cúpula del antiguo grupo insurgente, encabezada Rodrigo Londoño, Timochenko.


El fin de una guerra de más de medio siglo, como enfatizó Santos, es "irreversible". No obstante, los próximos años serán cruciales para determinar la estabilidad de los acuerdos a largo plazo. La llamada Bilbioteca del proceso de paz, explica la oficina del Alto Comisionado, da cuenta de "los detalles y documentos más importantes" de la negociación. Algunos fueron guardados en secreto "con el fin de mantener en reserva decisiones que de ser públicas hubiesen podido enfrascar a las partes en discusiones innecesarias y entorpecer el avance de las discusiones". Aun así, ahora el Gobierno considera "de vital importancia que Colombia y el mundo conozcan la historia, descrita al pie de la letra, a través discursos, comunicados, actas, declaraciones, fotografías, datos y detalles de los dos años de conversaciones exploratorias, de los sucesos tras el plebiscito y las rondas de discusiones con los voceros del sí y del no, y de los dos años del camino recorrido para que la organización armada de las FARC hiciera su tránsito a la legalidad".

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Miércoles, 11 Julio 2018 07:35

Para el ELN Colombia no tiene paz

Para el ELN Colombia no tiene paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano calificó ayer de fracaso rotundo el acuerdo de 2016 entre el disuelto grupo rebelde FARC y el gobierno. El ELN es la última guerrilla activa en Colombia y, actualmente, se encuentra negociando la paz con el gobierno.


“Ningún otro momento como este puede ser más claro para ratificar la validez de la lucha armada revolucionaria (...) luego del fracaso rotundo del camino de las negociaciones y los acuerdos entre las desaparecidas FARC y la oligarquía colombiana”, dijo Nicolás Rodríguez Bautista (“Gabino”), comandante máximo de la guerrilla.


“Los que fueron FARC, ni son hoy fuerza insurgente ni un real partido legal y esa gran lección es para aprenderla en lo más profundo”, agregó el líder rebelde en una carta fechada el 4 de julio pero publicada ayer en páginas web de la organización. El ELN está negociando en Cuba un acuerdo similar con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se hacen eco de las denuncias que han hecho las ex FARC por incumplimientos estatales, entre otros, por la falta de garantías de seguridad para sus excombatientes y de participación política, que habían sido acordados.


Santos, que dejará el poder en agosto, busca con el ELN firmar un pacto que permita llegar a la paz completa para una nación que lleva ya medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, su sucesor, el derechista Iván Duque, prometió modificar lo suscrito con las FARC y endurecer las condiciones para continuar el diálogo con los elenos.


Las FARC firmaron un histórico pacto de paz a finales de 2016. Por lo convenido, cerca de 7.000 combatientes dejaron las armas y formaron un partido político que tendrá diez escaños en el Parlamento a partir del 20 de julio.

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Miércoles, 27 Junio 2018 06:22

Va la cumbre de Trump y Putin

Va la cumbre de Trump y Putin

Es notorio el desasosiego de la prensa británica que parece lamentar la cumbre de los hoy dos máximos mandatarios del planeta en el rubro geoestratégico/nuclear (http://bit.ly/2KjHbXV), como es el caso del rotativo globalista The Financial Times (FT) (25/06/18), controlado por los banqueros Rothschild y su conspicuo instrumento disruptivo, George Soros.

Los globalistas, representados por Gran Bretaña (GB), pueden resultar los grandes perdedores de la cumbre de Trump y el zar Vlady Putin quien no repetirá los graves errores inconcebibles de Gorbachov y Yeltsin quienes colocaron a Rusia al borde de la extinción después de haber sucumbido a todos los engaños de Daddy Bush y Clinton.

FT juzga que la cumbre de Trump y Putin va, pero que "sus expectativas son muy bajas" cuando es “improbable un acuerdo sustancial ( sic)”.

Entre sollozos, FT adelanta que “John Bolton, halcón ( sic) consejero de Seguridad Nacional de Trump, embarnece la agenda con el canciller ruso Sergei Lavrov y luego con el mismo Putin”.

Se filtra que por consideraciones logísticas, Austria ya no será el sitio conveniente de la cumbre que se celebrará después de la visita de Trump a GB el 13 de julio, lo cual conduce que sería después del cierre del Mundial de futbol el día 15 de julio en Moscú –donde Rusia obtuvo un resonante triunfo de relaciones públicas– y que podría tener lugar, a mi juicio, en Finlandia o Islandia (al estilo de Reagan y Gorbachov).

La rusofobia mezclada de "Putin-fobia" del FT no tiene remedio y considera que la cumbre "será un logro para Putin" cuando "Rusia la ha buscado por 18 meses", pero que tampoco hace que el Kremlin eche las campanas al vuelo por un triunfo elusivo.

Ningún tema es mas jerárquico que el control de las armas nucleares que hace palidecer los temas de Siria y Norcorea.

Tanto Kissinger como el influyente republicano Newton Leroy Gingich están dispuestos a digerir la supuesta "anexión" de Crimea, que siempre ha sido rusa, mientras promueven un "acomodamiento" en Ucrania, cuya desestabilización fue operada por "Vicky" Nuland (http://bit.ly/2N0Xze9), con una inversión de 5 mil millones de dólares del Departamento de Estado con el fin de golpear las entrañas de Rusia y provocar su "cambio de régimen", de acuerdo con el guion de los neoconservadores straussianos que han dominado durante una generación la agenda de republicanos y demócratas.

FT cita a Daniel Fried, anterior funcionario del Departamento de Estado que encabezó la política fallida de sanciones contra Rusia, quien sugiere que la "cooperación potencial" de Trump y Putin radicaría en "coordinar las relaciones militares y limitar la escala de ejercicios militares". ¡Con eso sobra y basta!

Está en juego la supervivencia en el planeta cuando la colisión de EU y Rusia ha llegado al borde del precipicio nuclear, por lo que el Boletín de los Científicos Atómicos ha colocado las manecillas del reloj del "Día Final" a dos minutos de medianoche (http://bit.ly/2N27qAA).

El freno a la carrera armamentista constituye la jerarquía de la agenda de las dos máximas superpotencias geoestratégicas nucleares del planeta.

Hay avisos, como la ominosa guerra nuclear susceptible de extinguir la vida en el planeta que deben ser escuchados: Casandra tuvo finalmente razón después de advertir la caída de Troya.

Mientras NYT, controlado por la secta facciosa del globalista Soros, se mofa del "romance de Trump y Putin" (https://nyti.ms/2yK532f), Matthew Rojansky, de Russia Insider, aborda con sobriedad el aspecto "crucial" de la cumbre, pese al "escepticismo imperante", cuando en Moscú "la opinión predominante" es que Trump “es un rehén del establishment unánimemente (sic) anti-ruso de Washington” y que “cualquier acuerdo puede ser anulado por el Congreso y aún ( sic) por su propia administración” (http://bit.ly/2IuQyiq).

El deterioro de la seguridad global por si sola, exacerbada por el caos planetario, vale la pena para la cumbre de Trump y Putin.

La mínima desescalada que consigan será benéfica para la salud del planeta y su riesgo de un Armagedón.

AlfredoJalife.com

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