Trump y Kim, preparados para la cumbre

La reunión es la primera en décadas de enemistad entre ambos países y se centrará en lograr un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte a cambio de un alivio de las sanciones que afectan a Pyongyang.

 

El presidente estadounidense, Donald Trump,y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegaron ayer a Singapur, donde mañana a las 9 (esta noche en Argentina) mantendrán una histórica reunión en el Hotel Capella con el objetivo encontrar una solución al conflicto con Corea del Norte por su programa nuclear.


El primero en llegar fue Kim, que aterrizó en el aeropuerto Changi en un vuelo de Air China y fue llevado al hotel St. Regis, donde se alojará su delegación. Se trata de su viaje más largo desde que llegó al poder, en 2011. Poco después de aterrizar, Kim se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, a quien agradeció que la ciudad-Estado seab la anfitriona de la cita. “El mundo entero observa esta cumbre histórica entre Kim Jong-un y los Estados Unidos de América”, dijo Kim en alusión al primer encuentro entre dos países enemistados durante siete décadas.


Horas después, el Air Force One en el que viajaba Trump aterrizó en la base militar Paya Lebar. El presidente estadounidense fue recibido por el ministro de Exteriores del país, Vivian Balakrishnan, y después se trasladó al hotel Shangri-La, donde se hospedará durante su estancia en Singapur. Está previsto que hoy se reúna también con Lee Hsien Loong.


Trump llegó a Singapur directamente desde la reunión del G7 en Canadá, haciendo una breve parada en Creta. Durante el vuelo, anunció por Twitter que retiraba su apoyo al comunicado final alcanzado por el G7, al sentirse molesto por unas declaraciones sobre aranceles del primer ministro canadiense, Justin Trudeau (ver recuadro).


La reunión entre Kim y Trump será la primera en que un máximo líder norcoreano se entrevista con un presidente estadounidense en activo. Las conversaciones se centrarán en lograr un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, a cambio de un alivio de las sanciones económicas y diplomáticas que afectan a Pyongyang.


Al partir en su avión el sábado, Trump dijo que iba de camino a “una misión de paz”, pero alertó de que no habrá otra oportunidad. “Confío en que Kim Jong-un quiere hacer algo grande por su pueblo”, afirmó, y añadió: “No volverá a tener esta oportunidad”. También insistió en que sabrá “desde el primer minuto” si Corea del Norte va en serio con su oferta de paz en base a su “toque” y su percepción de la situación.


La cumbre estuvo en vilo durante semanas después de que Trump la cancelara el 24 de mayo alegando la “abierta hostilidad” de Corea del Norte. Tras un mensaje conciliador de Pyongyang, el presidente anunció un día más tarde que se mantenía en pie. Luego siguió una frenética actividad diplomática para resucitar el encuentro, que incluyó una visita a Washington del negociador norcoreano Kim Yong-chol, quien entregó una carta personal de Kim al republicano.

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Jueves, 08 Marzo 2018 08:58

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

* Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

Publicado enColombia
Sábado, 03 Marzo 2018 18:09

Las comisiones de verdad, a medias

Las comisiones de verdad, a medias

Tras cada conflicto armado las comisiones de verdad han tomado forma, todas ellas arrojan como resultado que la violencia sufrida por las mayorías de cada sociedad es producto de acciones individuales, excusando al sistema político, económico y militar vigente de su responsabilidad estructural, ¿repetirá Colombia está senda?

Las comisiones de verdad ya son una parte del paisaje de las situaciones de posconflicto o posacuerdo más bien. Al fin de los conflictos se espera que organicen una comisión para explicarnos lo sucedido, como si ya no lo supiéramos. Las comisiones son necesarias para dar una versión oficial de la verdad que se impone sobre la versión de las organizaciones populares o de las antiguas insurgencias.

En el caso de Irlanda no hubo ninguna comisión, pues el gobierno británico rechazó la idea, seguramente porque el proceso como tal y el acuerdo ya contenía su versión de la verdad, que los británicos están en Irlanda para mantener a la raya dos comunidades de salvajes que no saben convivir en paz. Por supuesto, quedaron algunos hechos sin resolver y montaron un equipo policial para investigarlos, y una comisión judicial para investigar la masacre de 13 civiles delante las cámaras de televisión en Derry. Dicha comisión concluyó que algunos soldados de un regimiento de élite perdieron control durante media hora en un contexto urbano y el Estado no tenía ninguna responsabilidad más allá del accionar de sus funcionarios militares de bajo rango.

Sudáfrica, sin embargo, era otro caso y es el referente para muchos sectores que clamaron por una comisión de verdad en Colombia. Lo presentan como el mejor caso. Sin lugar a dudas existen cifras sorprendentes sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (CVR), no menos la cantidad de casos tratados por dicha comisión. Sin embargo, la verdad no es la suma de violaciones de derechos humanos ni las declaraciones de unos cuantos victimarios. La verdad es mucho más. Una comisión de verdad debe responder a varias preguntas, quién, cuándo, dónde, cómo, frente a hechos individuales, como es obvio. Pero debe hacer esas mismas preguntas respecto a esos hechos individuales como parte de un conjunto de actos cometidos en nombre del Estado, el sistema económico y político, es decir, nos debe explicar el por qué. Desde sus inicios la comisión sudáfricana descartó esa posibilidad. No juzgó al apartheid, aunque lo describe como un crimen de lesa humanidad, y tampoco a los beneficiarios, los empresarios, los políticos blancos y mucho menos el capital transnacional. Fueron excluidos explícitamente. El sistema no tiene ninguna responsabilidad, solo sus funcionarios, violadores de los derechos humanos. Pero no debemos nombrar el sistema ni a sus máximos responsables.

“Victimarios y victimas aparecen delante la CVR como individuos con sus historias ‘personales’ representados en términos de una clara dicotomía moral. Esto separa las causas del conflicto de la estructura, socavando la base colectiva de las luchas de resistencia civil, fragmentando la fuerza ideológica y moral de las luchas de la gente en un puñado de hechos y acciones llevados a cabo entre victimarios y víctimas individuales”1.

Hubo un intento de incluir una mención de F.W. de Klerk como victimario, pero éste obligó en los juzgados a la CVR a retirar la referencia de su borrador inicial antes de su publicación.

Eso tuvo consecuencias, no solo en la visión de sociedad que tienen los protagonistas, sino también en otros hechos posteriores. En 2012, la policía sudafricana asesinó a 34 mineros en Marikana. El gerente de la empresa era Cyril Ramaphosa, antiguo militante del sindicato minero, hoy día magnate del sector minero, vicepresidente de Sudáfrica y futuro presidente. La investigación exoneró a Ramaphosa, la empresa y culpó a algunos policías. Tal y como nos expliquemos el pasado así mismo procederemos con el futuro. Así la CVR nos llevó por el camino de la impunidad hasta llegar a la masacre de Marikana.

Entonces, ¿Cómo será la Comisión de la Verdad creada como parte del proceso de paz en Colombia? Esa comisión no es una copia exacta de la sudafricana, pues no tiene poderes judiciales de ninguna clase, no puede ofrecer amnistías ni compulsar copia a la Fiscalía. Su papel es investigativo, pero con fines de publicar un informe sobre la “verdad” del conflicto, pero no pretende llegar a una verdad judicial, eso le corresponde a la JEP, pero como en Sudáfrica la JEP abordará los casos como una serie de hechos individuales, donde premian a los victimarios con condenas reducidas por su colaboración, aun en casos donde no han dicho mayor cosa.

Cuando se anunció la composición de la Comisión, algunos se alegraron por la presencia del escritor Alfredo Molano y de su presidente, el cura jesuita Francisco de Roux. Ninguno de los dos personajes son causa de celebración. Molano ha documentado el conflicto, escribe bien pero no confronta al establecimiento. En su libro En medio del Magdalena Medio alaba a los empresarios palmeros, al Banco Mundial y el Banco de Japón. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? De Roux juega un papel más importante y él ya nos arrojó algunas luces sobre cómo será la Comisión. Ante todo, valga recordar, que él cree en el deber moral de las víctimas de perdonar a sus victimarios.
En declaraciones recientes ha explicado como ve el papel que jugaron los militares y los empresarios en el conflicto. En un primer momento pidió perdón a los militares y empresarios porque, según él, fue injusto con ellos pues no fueron todos, sino, unos pocos los que cometieron crímenes. Aquí nos señala que, igual que en Sudáfrica, van a mirar al conflicto como un acumulado de hechos aislados e individuales. De Roux afirmó, en declaraciones a la prensa, que la tarea de la Comisión es “esclarecer responsabilidades y promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades”2. De nuevo estamos ante un proceso de hechos aislados y, además, reconocimientos voluntarios. Si los militares y los policías no han reconocido jamás su papel y su responsabilidad ante los juzgados, ¿quién cree que de repente van a salir a confesar ante la Comisión?

Para De Roux, “El objetivo de la comisión es la verdad humana, no la jurídica, que define culpables y da sentencia con “el debido proceso”, muchas veces lejano de la realidad y construido técnicamente por jueces y abogados”3. Aquí señala claramente que la Comisión es de opinión y no piensan definir culpables. Ya sabemos cuál es su opinión. Aquí todos hicieron todo, en todos lados muchos sufrieron, todos tenemos algún grado de responsabilidad y, por lo tanto, nadie en particular es responsable. Este tipo de condenas, generalizadas, absuelven.

Claro, De Roux no descarta identificar responsables individuales, no lo puede evitar, el asunto es –cuando llegamos a definir los responsables– si incluimos al sistema, al modelo económico, o no. Pero él ha sido muy claro sobre los propósitos de la Comisión; después de una reunión dijo que “la comisión ratificó que actuará “con rigor objetivo, reconociendo el sufrimiento de las víctimas de todos los lados del conflicto”4. Lo que obliga a precisar que los militares no son víctimas, son participantes en el conflicto, el militar muerto en combate no es víctima. El Ministro de Defensa salió contento de la reunión y dijo que “después de un diálogo franco [...] quedó claro que lo que pretende la comisión es la búsqueda de la reconciliación”5.
¿Con base en qué buscarán la reconcilia-ción? Aquí el Estado persigue al movimiento popular, encarcela a sus integrantes, desplaza a la gente, toma sus tierras, aprueba para ello leyes que legalizan el despojo, y otras leyes para seguir robando –ya desde la legalidad– y destruir cualquier propuesta alternativa. De ahí que no sea descabellado decir que entre un modelo de terratenientes, empresas mineras, latifundistas, empresas palmeras y un modelo propuesto por las organizaciones campesinas no exista reconciliación posible. Aquí De Roux quiere embobar con frases bonitas, pues la reconciliación suena bien, salvo que es una reconciliación forzada, donde las víctimas deben perdonar, como él propuso en otros momentos, pero no es reconciliación, es una fachada para continuar con lo de siempre.

En otros espacios ha hablado de la paz interior, de conflicto entre militares y civiles, pero nunca del modelo económico ni de sus máximos responsables. Colombia resume un conflicto que generó odios, no riquezas ni ganancias. Este tipo de discursos nos lleva por el mismo camino ya vivido en Sudáfrica: la estabilidad del sistema es lo más importante y debemos tratar el conflicto como una serie de dolores individuales y de odios que llevamos dentro. De esta manera, en tres años, cuando entreguen su informe, dirán: “Unos hermanos llevados por el camino del odio cometieron crímenes atroces, unos contra los otros, y deben superar su odio personal”. Y los empresarios en Bogotá, Nueva York y otras ciudades partirán la cara de risa.

 

* Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
1 Grunebaum, H. Et al. (2009) Outside the Frames: The Politics of Memory and Social Recovery after Apartheid publicado en alemán en Ambacher, J.E. & Khan, R. (Eds) Südafrika –Nach der Apartheid– die Grenzen de Befreiung: Berlin, Verlag Assoziation A, 2010, pp 2-3 (copia electrónica).
2 El Tiempo (09/11/2017) Estas son las once personas que conformarán la Comisión de la Verdad
3 El Tiempo (16/11/2017) Empieza la Comisión de la Verdad.
4 El Tiempo (19/12/2017) Comenzó el diálogo entre Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas
5 Ibíd.

Publicado enEdición Nº243
Sábado, 20 Enero 2018 09:46

Sin tierra a la vista

Sin tierra a la vista

A continuación algunas de las preocupaciones que nos suscitan las normas y los proyectos que se pretenden implementar con ocasión del Acuerdo Final de Paz:

 

1. Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

 

Hay que decir que, en un primer momento, el gobierno nacional pretendió impulsar un proyecto de ley que no había sido consensuado con las Farc y que excedía lo acordado en el texto final del Acuerdo de Paz; pero gracias a la presión de múltiples organizaciones, parlamentarios y sectores académicos, tuvo que limitar su alcance a la creación del fondo de tierras y el procedimiento para el acceso y formalización.

 

A pesar de las críticas sobre la redefinición de los sujetos de reforma agraria, pasando a una versión diferenciada entre sujetos de acceso a tierras y sujetos de formalización, estos últimos a título oneroso, el Gobierno mantiene la idea de formalizar la propiedad de grandes extensiones de tierra que han sido apropiadas ilegalmente y por medio del despojo y el desplazamiento forzado, por vía de adjudicación de predios baldíos a personas naturales o jurídicas, que puedan solventar los costos del proceso de regulación de los derechos de propiedad.

 

Asimismo, este decreto ley modifica el régimen de baldíos, pues permite que estas tierras cuya destinación ha sido pensada para sujetos sin tierras o con tierra insuficiente, a través de la función social de la propiedad, ahora hagan parte de la oferta de tierras disponibles para personas que no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a los sujetos de reforma agraria, puedan tener acceso y eventual propiedad sobre tales bienes a través de figuras jurídicas como la de “derechos de uso” y la adjudicación para el desarrollo de proyectos denominados de utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).

 

Otro aspecto significativo, que evidencia la desigualdad material que promueve esta norma, es lo correspondiente a los pagos por gastos de formalización, pues el decreto establece que los sujetos de acceso deben cubrir los pagos por los gastos notariales, administrativos y procesales, es decir, por todo el proceso de regulación de la propiedad. Costos que tendrán que asumir los campesinos pobres, haciendo aún más gravosa la concreción de su derecho a la tierra.

 

2. Decreto Ley 883 de 2017 (ordinario) “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”.

 

Este decreto permite que empresas mineras, portuarias y de hidrocarburos puedan ser exoneradas de impuestos a través de la financiación de obras de infraestructura (alcantarillado y agua potable, vías, servicios de salud y educación, entre otras). Lo más preocupante de este decreto es que hace depender la implementación de los Pdets y otros programas para la “transformación del campo” de los recursos de agentes privados denominados grandes contribuyentes que promueven el modelo de desarrollo extractivista de minería e hidrocarburos.

 

Esta nueva figura jurídica propicia que los territorios y las comunidades queden sometidas a los intereses de estos sectores empresariales a fin de que lleguen recursos que permitan mejorar sus precarias condiciones de infraestructura, las que deberían estar a cargo de Estado.

 

3. Decreto Ley 893 de 2017 “Por el cual se crean los Programas con Enfoque de Desarrollo Territorial PDET”.

 

A pesar de que carga un enfoque aparentemente participativo y diferencial, que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y comunidades de los territorios, el decreto no desarrolla ampliamente el funcionamiento de los Pdet, y deja la operatividad y detalles de los planes, a la reglamentación posterior sin participación de las comunidades en los territorios.

 

Aunque el acuerdo final contempla un capítulo étnico, no hay un enfoque real de priorización de estas comunidades de cara a eventuales conflictos entre las comunidades rurales. Además, desconoce a las comunidades negras.

 

4. Decreto Ley 890 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.

 

La administración del subsidio al que se refiere este decreto pueda ser asumida, además del Estado, por particulares privados. Esto mantiene la idea de la privatización de derechos convertidos en servicios, perpetuando así la tercerización de la prestación servicios y derechos básicos, los que debería asumir el Estado en su posición de garante de derechos.

 

5. Ley “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones”.

 

Esta ley tiene un enfoque de desarrollo rural basado en la producción agroindustrial a gran escala en detrimento de las formas de producción propias de las comunidades rurales, sustentadas en economías de base asociativa, bajo criterios de economía comunitaria y protección medioambiental.

 

Otra preocupación es la sustitución del servicio público de asistencia técnica por el de extensión agropecuaria, el cual está orientado al “desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo, con el fin de hacer competitiva y sostenible su producción”.

 

Esta sustitución implica que la asistencia técnica que hasta el momento estaba dirigida a los pequeños productores agropecuarios, de manera gratuita, bajo la responsabilidad de los entes territoriales, a través de las Umatas, ahora se orientará bajo las lógicas del “mercado y las cadenas de valor” (artículo 3, numeral 8) con criterios de “gradualidad y temporalidad” (artículo 3, numeral 9) que establecen un monto tarifario “diferencial, decreciente y finito en el tiempo” lo que significa la privatización progresiva de un servicio que hasta ahora era público, gratuito y focalizado para los pequeños productores, que no cuentan con recursos para adquirir asistencias en temas de sostenibilidad y sustentabilidad de la producción agropecuaria.

 

Además, no se contempla un enfoque agroecológico en los procesos de optimización de la producción agropecuaria, como tampoco se contemplan mecanismos de participación de comunidades rurales, ni la incorporación de enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales.

 

6. Proyecto de Ley “Por la cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones” (versión de octubre de 2017).

 

Finalmente, persiste la preocupación ante el trámite de este proyecto de ley que retoma varios de los elementos del Proyecto “de Ordenamiento Social de la Propiedad”, conocido en abril del 2017, que pretendía derogar la Ley 160 de 1994 en su totalidad y crear un nuevo marco normativo agrario.

 

Hay que decir que respecto de la reforma a la Ley 160 de 1994 el gobierno nacional se había comprometido con la Cumbre Agraria a discutir y concertar el contenido del mismo. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado a las organizaciones de la Cumbre Agraria, y está en trámite, de manera unilateral, por el Gobierno quien pretende ahondar la concentración de la tierra.

 

Algunos elementos de preocupación son:

 

El Proyecto de Ley, de nuevo, trae una definición de desarrollo integral del campo distinta a la pactada en el Acuerdo Final, pues incorpora al sector minero–energético, de vivienda e infraestructura dentro de las diferentes formas de producción del campo. Contemplar este sector como parte de un enfoque de desarrollo integral del campo, junto con la creación y reafirmación de figuras de “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural”, como las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario, las Zonas de Desarrollo Empresarial y las Zidres, da cuenta de la orientación del enfoque reprimarizador, extractivista de desarrollo rural; desconociendo las ya difíciles condiciones en las que se encuentran las comunidades rurales, en especial, las campesinas, acorraladas por proyectos de extracción de recursos minero energético y la agroindustria. Esta orientación va en contravía de lo pactado con las Farc, que buscaba por el contrario, apoyar y proteger “la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

 

Este proyecto promueve, además, efectos contrarios a la democratización de la propiedad rural que busca beneficiar a las comunidades rurales que más lo necesitan, en tanto que legalizaría predios que superen la extensión de una UAF, sin considerar las condiciones socio-económicas del ocupante. Por tanto, este proyecto puede beneficiar a terratenientes que explotan y se benefician de los baldíos de la nación.

 

Como comenta Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, en un artículo titulado GoodBye Reforma Agraria: “[...] Ley es un despropósito en materia de política agraria, puesto que instaura una regla que restringe las tierras disponibles para adjudicación a campesinos y trabajadores agrarios, beneficiando, directa o indirectamente y sin una justificación razonable a la luz del principio de igualdad, a personas con capacidad económica que realicen actividades categorizadas bajo el amplio universo como “actividades de utilidad pública e interés general””.

 

Ofensiva política

 

De lo anterior se desprenden serías dudas sobre la “democratización del acceso y uso adecuado de la tierra”. Este andamiaje normativo que está construyendo el Gobierno desconoce las reivindicaciones y propuestas que históricamente han enarbolado las comunidades ruarles, pues su enfoque sigue acentuado sobre la idea de “modernización del campo” que privilegia un modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial sin contemplación de los impactos sobre las condiciones socio culturales y ambientales de las comunidades rurales y el país en general.

 

De imponerse y perpetuarse este modelo, estaremos abocados a la extensión definitiva del campesinado, quien nunca ha sido reconocido como sujeto de derechos. Además supone un riesgo para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, en contravía de la “Diversidad biológica y cultural” de Colombia, uno de los supuestos “pilares”fundamentales del Estado Social de Derecho.

 

La manera como concibe el establecimiento la democratización del campo, bajo el discurso de “Un campo para todos”, no es solo el desconocimiento sino la perpetuación de la desigualdad fehaciente entre los llamados “actores del campo”, pues mantiene las condiciones desfavorables de las comunidades rurales empobrecidas, respecto a los agroindustriales y empresarios, quienes se han visto favorecidos durante décadas por las políticas estatales y también por la guerra. “Un campo para todos” significa olvidar la larga historia de desigualdad allí imperante, inequidad en el goce efectivo de derechos y despojos sistemáticos a sangre y fuego, y desconocer la desigualdad material con la que siempre se han encontrado las comunidades rurales, especialmente las campesinas, respecto a otros actores dominantes del campo, aquellos que siempre han tenido la posibilidad de acumular, de correr la cerca, de tener una vaca cada hectárea y media de tierra, de asociarse, de tener créditos, de ser empresarios del campo.

 

La seguridad jurídica para la inversión que se pregona con este modelo, no es otra cosa que el afianzamiento de las condiciones de favorabilidad gozadas desde siempre por los denominados empresarios del campo para sus proyectos agroindustriales y extractivos; es no tocar ni un poco de la tierra que se han apropiado: mientras de la oferta de tierras se reservan baldíos para ellos, las comunidades rurales siguen profundizando los conflictos cada vez con menos tierras disponibles.

 

En este contexto, debemos resistir e insistir en la lucha por una verdadera reforma agraria y rural integral que supere la desigualdad, restaure la dignidad de los despojados y garantice una verdadera “transformación estructural del campo” que afronte la crisis ambiental, energética, social y cultural a la que nos ha llevado el capitalismo reinante, en el que la vida es apenas una variable económica para sus intereses egoístas.

 

Seguiremos actuando en unidad con los pueblos, comunidades y sectores sociales populares ante instancias de negoción política como la Mesa Única Nacional, ante el Congreso de la República, ante el poder judicial, la comunidad internacional, pero sobre todo, seguiremos resistiendo en los territorios, construyendo proyectos de vida y de paz con las comunidades, pues al parecer la paz del gobierno y del Estado, no es nuestra paz.

Publicado enEdición Nº242
Martes, 26 Diciembre 2017 07:53

Estrategias y estratagemas

Estrategias y estratagemas

En el desordenado escenario actual de Perú, con su decisión indultar a Fujimori, PPK ha perdido su credibilidad y ha conseguido el desprecio de la mayoría antifujimorista


Fue una semana navideña que tardará en olvidarse, de vertiginosa sucesión de sorpresas; de estratagemas que derriban estrategias. Ni Sun Tzu ni Maquiavelo sino Juego de Tronos: sin dragones, sin sangre, sin sexo, pero con todo lo demás, que no es poco.


Durante la semana, el conflicto se desarrolló así: En el Congreso, la mayoría neofujimorista que obedece a Keiko Fujimori planeó derrocar al débil presidente Pedro Pablo Kuczynski a través de un sumarísimo proceso de destitución acusándolo de “incapacidad moral permanente”. Era una blitz que debía resolverse el jueves 21 gracias al sorprendente apoyo del izquierdista Frente Amplio y el menos sorprendente del partido aprista del ex presidente Alan García.


Parecía un resultado inevitable. El presidente fue abandonado por la mayoría de sus ministros, que lo instó a renunciar. Apenas un par de ministros permanecieron a su lado en la desbandada. Desesperado, Kunczynski buscó la ayuda de las personas que le dieron asesoramiento de emergencia en la segunda vuelta presidencial de 2016 (todas opositoras a la autocracia fujimorista), cuando parecía encaminado a una segura derrota. La periodista Rosa María Palacios, el expremier Pedro Cateriano y el exsenador Alberto Borea estuvieron, sin ser los únicos, entre los principales. En esas horas, cuando Kuczynski quiso contactar a la OEA para poner en juego la Carta Democrática, el canciller Ricardo Luna (uno de quienes abogó por la renuncia), se negó a hacerlo. PPK tuvo que remitir personalmente una carta redactada por Cateriano al secretario general de la OEA Luis Almagro. La experiencia, dijo entonces el presidente, le dejaba enseñanzas imborrables sobre lealtades, traiciones y errores propios.


Gracias a esa asesoría de emergencia, el confuso y errático PPK de días anteriores sonó convincente y digno en su mensaje a la nación el miércoles 20 y en su defensa en el Congreso el jueves 21. Durante el largo debate parlamentario, detrás de los esperpentos retóricos vociferados en el hemiciclo, la batalla real se dio en la pugna por los votos. Cuando el Frente Amplio persistió en su alianza con el fujimorismo, pareció que la suerte estaba echada.


Pero en la votación reventó la sorpresa: 10 congresistas fujimoristas, entre los cuales Kenji Fujimori, se abstuvieron y anularon el efecto del cambio de bando del Frente Amplio. Dos de cinco apristas se abstuvieron también y la presumida victoria y cambio de régimen que coronaría la blitz fujimorista se trocó en derrota.


El viernes 22, el triunfante Kuczynski agradeció, entre otros, a Cateriano, Borea, Palacios. Les aseguró un cambio de estrategia orientada a un vigoroso esfuerzo democrático. Sobre los rumores de un posible indulto a Alberto Fujimori (este había presentado una petición), PPK sostuvo enfáticamente que eso no ocurriría, y que ni se discutiría durante las fiestas. Que las lecciones aprendidas eran claras. Yo hablé con él también y me dijo lo mismo.


El sábado 23 y domingo 24, PPK recibió a varias personas, entre los cuales algunos de los ministros que le habían pedido renunciar. Hacia el mediodía del 24 se disparó el rumor de que iba a indultar a Fujimori, lo que ocurrió horas después.


La reacción de la gente que lo defendió en días previos, fue instantánea: Cateriano condenó “el acto de traición a la democracia y los derechos humanos, cometido por [PPK].[...] ha sido un pacto político infame”. “El presidente me mintió” escribió Palacios “[...] perdió todo el respeto que le tenía”. Borea, su abogado defensor, expresó, “de manera categórica mi total desacuerdo. He sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori”. Poco después empezaban las protestas en la calle contra el “indulto express” y la “traición de Kuczynski”.


¿La estratagema de Kenji Fujimori llevó a la que perpetró PPK y predice, luego de la sorpresa y las rupturas internas, una nueva alianza? Puede que en parte sí.


¿A qué precio? En el desordenado escenario actual, PPK perdió su credibilidad, demostró que su palabra vale menos que un billete de 13 soles, consiguió el desprecio de la mayoría antifujimorista que se supo traicionada y perdió a integrantes de su bancada que renunciaron; sin conseguir el apoyo de Keiko Fujimori, cuya fuerza es aún considerable.


Un cambio así, de un día al otro, ¿obedece a la estrategia o a la neurología, a la astucia o la disonancia cognitiva? Quizá no importe tanto. Uno se dispara a los pies por muchas razones, pero lo que queda al final, junto a los casquillos, es la pata agujereada.

25 DIC 2017 - 21:15 COT

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