Biocombustibles, riesgo para la seguridad alimentaria: FAO

Aunque la demanda de maíz amarillo importado crece cada año, ya que uno de sus principales usos es la fabricación de biocombustibles, organismos internacionales han advertido en distintos análisis, emitidos de 2010 a 2017, de los efectos de destinar la producción agrícola a combustibles en lugar de alimentos.

En el reporte El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que en 2050 la agricultura tendrá que producir casi 50 por ciento más de alimentos y biocombustible de los que producía en 2012 para cubrir la demanda mundial.

Aunque el aumento de terrenos de producción agrícola significa mayor cantidad de alimentos, también tiene efectos negativos. El documento recalca que a mayor producción alimentaria, también hay un impacto directo en el medio ambiente.

En los pasados 20 años la expansión agrícola se mantuvo en promedio en 4 mil 900 millones de hectáreas en el mundo, con una pérdida de cubierta forestal que se ha ralentizado entre 2010 y 2015.

Sin embargo, la FAO señala que hay diferencias regionales significativas, ya que mientras en las regiones tropicales y subtropicales se perdieron 7 millones de hectáreas anuales de bosque en 20 años, la superficie agraria aumentó a un ritmo de 6 millones de hectáreas anuales.

"Los países de bajos ingresos sufrieron la mayor pérdida neta anual de área de bosque, y también la mayor ganancia neta anual de superficie agrícola."

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) advirtió desde 2013 que la producción de biocombustibles representa riesgos en los aspectos económicos, sociales y ambientales, ya que crea competencia entre los cultivos para este fin y los alimentarios.

Publicado enMedio Ambiente
La construcción alternativa de políticas populares

 

Edición 2015. Formato: 11,5 x 17,5 cm, 90 páginas.

P.V.P: $17.000    ISBN: 978-958-58826-9-0

 

Reseña:

Con un enfoque crítico, este libro presenta los componentes conceptuales y fácticos de una política de soberanía alimentaria para Colombia. Las ideas provienen, en parte, de las propuestas presentadas al país por los empeños populares y campesinos dentro de sus territorios, en las diversas geografías en que están instalados, tanto en lo productivo como en lo reproductivo. A lo largo de sus páginas, se sugieren conceptos centrados en la alimentación como derecho, pero también como práctica social efectiva, tales como el de Huella alimentaria urbana, o Sistemas Agroalimentarios Regionales, junto con elementos sobre las fortalezas, debilidades y amenazas de la alimentación, presentes en el modelo de desarrollo capitalista imperante y recreados por los intereses de grandes empresas multinacionales en la llamada "crisis alimentaria mundial". La reflexión culmina con unos lineamientos para avanzar en las propuestas populares y campesinas alternativas a dicho modelo, contenidas en muchos de esos procesos, y en la plataforma de lucha de la Cumbre Agraria.


Hernán Darío Correa es sociólogo, consultor social y ambiental; ha apoyado organizaciones populares, campesinas e indígenas durante los últimos treinta años, y publicado ensayos y artículos en revistas. Su libro más reciente, Como marcas en la brecha. Una historia de vida, El Peregrino Editores, 2015.


Juliana Millán Guzmán es antropóloga, ha desempeñado labores como consultora social y ambiental en procesos de apoyo a organizaciones campesinas y populares. Actualmente trabaja en la Asociación de Trabajo Interdisciplinario, ATI. Ha escrito ensayos y artículos en libros y revistas nacionales e internacionales.


Ambos trabajaron durante casi dos lustros con el proyecto Planeta Paz.

 


 

Índice.

 

Introducción.

I. El enfoque básico y los criterios de construcción de la política.

II.El contexto: fortalezas y debilidades de la seguridad alimentaria en el país.

III.Hacia una red nacional por la soberanía alimentaria en el país.

Preguntas orientadoras de la lectura y la discusión crítica.

 

 

 
Adquirir en Librería Virtual

 

 

Informes-Pedidos:


Transv 22 N 53D-42. Int 102 (Bogotá)

Carrera 48 N 59-52 Of. 105 (Medellín)

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (todas las ciudades)

Teléfonos: 345 18 08 / 217 89 92 (Bogotà y otras ciudades) / 291 09 69 ( Medellìn)

Whatsapp: 3204835609

Facebook : http://bit.ly/2bwXbER

 

 

 La Alianza del Pacífico, un nuevo golpe para la agricultura familiar

El 2014 es el año internacional de la agricultura familiar, su objetivo es visibilizar y reposicionar la importancia de este tipo de agricultura para la seguridad y soberanía alimentaria en el mundo. Esta es una buena noticia para Colombia, pues el 80 por ciento de los agricultores del país se encuentran en esta categoría, garantizando en su labor diaria –sin incluir el café– el 57% de la producción nacional. Además, es justamente este grupo de productores uno de los núcleos con menos ayuda estatal. Sin embargo, resulta paradójico que en el marco del año de la agricultura familiar, así definido por Naciones Unidas, Colombia continúe negociando acuerdos comerciales que proyectan repercusiones negativas para el agro. Es el caso de los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico AP, los cuales constituyen un nuevo golpe para el pequeño productor nacional.

 

Si bien algunos sectores pueden alegar que obtienen múltiples ventajas tras la incorporación a esta Alianza, no es difícil identificar que los argumentos del gobierno y de Fedesarrollo están centrados en las ventajas políticas y del sector financiero, con la consolidación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), y dejan a un lado la preocupación por el sector agropecuario.

 

Recordemos que el campo colombiano está empujado a una zona marginal, los indicadores sociales develan que el nivel de vida en estas áreas es mucho más bajo que en las zonas urbanas. Además, diversos problemas de infraestructura, y de acceso a los factores productivos, están enquistados en la estructura agraria colombiana impactando de forma negativa su productividad y desarrollo.

 

Es en este escenario que firman el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), que junto a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, queda convertido en un nuevo paso hacia la consolidación del modelo económico de libre mercado. Es por esto que vale la pena analizar los impactos que esta Alianza traerá para el campo nacional.

 

Es necesario señalar, primero, que existe una perspectiva de bajo crecimiento de las actividades agropecuarias, realidad asociada al deterioro en la rentabilidad y la persistencia para algunos productos agropecuarios de precios bajos en el mercado internacional, lo que genera una situación de inestabilidad para los productores, quienes –en el caso específico de Colombia– y pese a esta vitalidad poseen un limitado poder de negociación debido a la presencia de monopolios y oligopolios que controlan los precios de compra de la producción agrícola.

 

Ante este panorama, el acuerdo comercial con la AP trae consigo la desgravación arancelaria de los productos agrícolas mediante la implantación de plazos de desgravación, eliminando así las barreras a la entrada y a la salida de bienes y servicios.

 

Esta nueva apertura del mercado preocupa a los agricultores, pues además de la competencia de Estados Unidos, la Unión Europea, las presiones del contrabando y los problemas estructurales del campo, se suman ahora nuevos países para competir.

 

Ante esto el Gobierno afirma que consideró 74 productos sensibles para tener un tratamiento especial en la disminución de aranceles (obviando que 204 son los bienes que se encuentran en esta situación, lista que en su mayoría no contempla los productos agrícolas).

 

Frente al establecimiento de plazos muertos, según lo pactado, los cronogramas de desgravación parten desde el 2014, como fecha determinada para garantizar que la desgravación avance y se aplique apenas se apruebe el Acuerdo.

 

Por otro lado, con la eliminación de las tasas arancelarias Colombia pierde la herramienta que le da el sistema andino de franjas de precios, dejando a los productos del sector agropecuario con un mayor grado de vulnerabilidad.

 

Tras esta eliminación los productores nacionales deben correr con el riesgo adjunto a la volatilidad de los precios de sus productos lo cual, lejos de generar competitividad, los deja en un estado precario para la competencia.

 

Finalmente, señalar, que el Acuerdo Marco no contempla mecanismos de defensa como lo son las salvaguardias y los derechos antidumping, y que por tratarse de un acuerdo plurilateral no cuenta con la posibilidad de utilización de los instrumentos de salvaguardia consagrados en la Organización Mundial de Comercio; incluso hay que resaltar que Colombia nunca ha recurrido a estos mecanismos.


De esta manera, y ante esta realidad, puede decirse que contrario a lo definido por Naciones Unidas para el campo y la agricultura, el 2014 será el año de entierro de la agricultura familiar colombiana, la que, ante el abandono del Estado y las adversidades estructurales, se verá asfixiada por la competencia, ante el beneplácito oficial que resume su apreciación de la agricultura familiar en la frase de Rubén Darío Lizarralde: "abandonar la agricultura medieval" que alude, sin duda, a este tipo de práctica.

Publicado enEdición Nº201
¿Regresión en la política de seguridad alimentaria en Bogotá?

El viraje que la administración distrital busca darle a los comedores comunitarios genera inquietudes e incertidumbre en las comunidades beneficiadas con esta política.

 

En los últimos años el modelo de seguridad alimentaria en Bogotá creció, de manera paulatina, en términos de cobertura, fortalecimiento de infraestructuras locales, destinación de presupuestos, formación e impacto nutricional de participantes, generación de empleo para profesionales, técnicos(as), operarios(as), nutricionistas, interventores(as) y alianzas con proveedores tanto de la ciudad como de la región, así como diversificación de programas de acompañamiento.

 

Sin embargo, más allá de los aciertos de algunas políticas y programas, parece que cada administración que arriba al gobierno de la capital del país quiere cabalgar por camino propio. Es el caso del derecho fundamental a la alimentación, lo que ha disparado la preocupación entre comunidades y procesos organizativos.

 

Como lo demostró un estudio en el 2011 la inseguridad alimentaria en Bogotá afecta al 24%1, cifra inmensa que obliga a su administración central a concentrar esfuerzos para romper tal constante, al tiempo que evitar los traumatismos por decisiones tomadas de arriba hacia abajo.

 

El reclamo popular

 

En agosto del 2012, la Red local de participantes de comedores en Ciudad Bolívar, escribió al Alcalde Gustavo Petro una petición solicitando información, "clara y fidedigna, en cuanto a la continuidad y funcionamiento de los comedores comunitarios del Distrito y las localidades"2. En tal solicitud se realizan cuestionamientos en cuanto a la realidad de la (in) seguridad alimentaria, los servicios que van a ser modificados, la vigencia del comedor como espacio de desarrollo comunitario, la formación y acompañamiento a sus usuarios/as.

 

La respuesta de la administración de la ciudad se asignó a la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Desarrollo Económico. Su respuesta, genérica y sin claridad sobre los aspectos cuestionados.

 

Pese a ello, la Red de Comedores de Ciudad Bolívar prosigue su pesquisa para comprender la política oficial en curso, en concreto, por qué no se asignan recursos para el programa de comedores comunitarios, para el caso de Ciudad Bolívar, para 17 de estos espacios.

 

La búsqueda permitió encontrar la Directiva 005 de 2012, que define "lineamientos de política para líneas de inversión local"3, la cual se aplicó –más allá de la Localidad–, al conjunto de la ciudad, dejando sin presupuesto a los comedores comunitarios adscritos a los Fondos de Desarrollo Local, que para el caso de Ciudad Bolívar afecta a unas 5.000 personas beneficiarias del Programa.

 

La respuesta oficial. La realidad

 

Pero más allá de esta realidad, lo que arguye la respuesta oficial es que hay una transición entre propuestas antiguas y nuevas. En esta transición, así lo viven los habitantes más marginados de nuestra ciudad, ellos sufren los platos rotos. Y las ollas sin mercado.

 

Es verdad de bulto, que los problemas administrativos no pueden ser razón para explicar por qué se agrava la inseguridad alimentaria en la ciudad. Hay que recordar que para el caso de Ciudad Bolívar las personas pobres por ingresos corresponden a cerca de "206.198"4.

 

Según esta encuesta, el nivel de indigencia de ésta Localidad corresponde a 37.433 personas, panorama complejo para una zona donde su población crece de manera notoria año tras año.

 

Las cifras de personas pobres y en indigencia por ingresos en Bogotá, según datos por localidad, son de la dimensión siguiente:

 

En esta tabla se observa que en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal el porcentaje de población pobre es mayor al 30 por ciento, de lo cual se desprende una tarea enorme y estructural entorno a la seguridad alimentaria.

 

En Ciudad Bolívar, luego de asambleas, elaboración de pancartas, encuentro entre participantes de comedores, reuniones con la Subdirección Local de Integración Social y la búsqueda de información permanente, se entabla una interlocución con la Secretaría de Integración Social, donde la entidad expone algunos avances de la propuesta conocida como "MIVITAL", confirmando que, en efecto, los cambios son inminentes en la seguridad alimentaria del Distrito. Los cuestionamientos, inquietudes e incertidumbre no se hicieron esperar:

 

¿Se va a repetir la improvisación, como en el caso de las Casas Vecinales?, ¿está preparada la administración para implementar una estrategia nueva en seguridad alimentaria, a pesar de la baja comunicación que las instituciones tienen entre sí?, ¿cómo sostener los procesos valiosos de formación, construcción de redes comunitarias y sociales, alrededor de los comedores que no continúan?, ¿a quiénes beneficia esta nueva estrategia en términos de contratación?, ¿la famosa depuración de la pobreza que se pretende hacer en qué consiste?, ¿cuáles son las garantías de cumplimiento para las comunidades en su derecho a la alimentación?, ¿serán desconocidas las organizaciones de base y los procesos sociales exitosos surgidos entorno a los comedores comunitarios?, ¿es una tarjeta, una canasta o un bono el nuevo mecanismo para acceder a la seguridad alimentaria en Bogotá?, ¿es la individualización de las necesidades de las personas, con la consecuente fractura de la organización social?. Estas, y otras muchas preguntas son las abiertas por este debate aún no aclarado por la administración central de la ciudad.

 

No olvidar

 

Pero mientras ello sucede, hay que recordar que la administración –más aún cuando se reclama de izquierda– no puede construir sus propuestas sin el apoyo social. Para no repetir otros cuatro años con el gobierno pero sin el poder –para avanzar y tejer alternativas en los territorios–, quienes encabezan el gobierno central necesitan sostenerse en los procesos organizativos de base, porque la disputa está en el campo comunitario, en las barriadas, donde la gente tiene aspiraciones de cambio y un gobierno "progresista" necesariamente debe estar allí.

 

Por ello, ¿cómo anunciar la defensa de lo público cuando a puerta cerrada se toman decisiones que afectan al conjunto de habitantes? Por esta vía, no hay duda: sin debate, sin escuchar propuestas y desconociendo procesos valiosos a lo largo y ancho del Distrito, se perderá la oportunidad de construir un modelo de ciudad diferente al levantado por décadas de gobiernos "democráticos", pero en el papel.

 

Hay que abrir la discusión, más cuando en el conjunto de la capital se esperan hechos claros para superar la segregación; debatir sin dilatar los cambios estructurales que requiere el actual modelo de ciudad. Gobernar, como dice un participante del comedor Potosí, en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar, "donde no se haga nada para nosotros sin nosotros".5

 

1 Profamilia Alcaldía Mayor de Bogotá Primera Encuesta. Distrital de Demografía y Salud 2011.

2 Derecho petición radicado el 22 de Agosto del 2012 en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

3 Directiva 005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, junio de 2012.

4 DANE – SDP Encuesta multipropósito en Bogotá 2011

5 Charla con José Lozano participante del comedor de Potosí.

 

Publicado enEdición N°188
2013: año de resistencia al maíz transgénico

Las abejas de mil 500 colmenas de una comunidad de Hopelchén, Campeche, murieron este 6 de febrero por la fumigación de transgénicos de Monsanto en un área cercana. Impactó directamente a más de 50 familias campesinas, que tras una cosecha de maíz escasa por la sequía, esperaban recuperarse con la venta de miel orgánica, lo cual perdieron porque la miel está contaminada con agrotóxicos y polen transgénico. Álvaro Mena, campesino maya de Hopelchén e integrante de la Red en Defensa del Maíz, estimó que las pérdidas son 10 millones de pesos, un año de sustento de esas familias. Y hay más impactos en otras cuatro comunidades. La fumigación se intensifica con los cultivos transgénicos, ya que al ser resistentes a agrotóxicos y plantarse en extensos monocultivos, se aplican enormes cantidades. No es un accidente: es la avalancha tóxica que viene con los cultivos transgénicos y la amenaza de autorizar millones de hectáreas de maíz manipulado.

 

Mena comenzó con este grave testimonio su participación en el debate sobre maíz transgénico realizada el jueves 7 de febrero, en un auditorio repleto de la Facultad de Ciencias, convocado por varias redes, entre ellas #YoSoy132 Ambiental, Vía Campesina, Movimiento Urbano Popular, Red en Defensa del Maíz.

 

Fueron llamados a debatir las autoridades de Sagarpa, Semarnat y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, (Cibiogem), pero no quisieron asistir siquiera para escuchar a las organizaciones sociales y científicos invitados. Las dos secretarías alegaron que no tenían posición en el tema (aunque hay miles de hectáreas de plantaciones experimentales y piloto de maíz transgénico contaminando los campos) y la Cibiogem, que ya tenía la agenda ocupada (¿autorizando transgénicos?)

 

La respuesta de Semarnat, enviada el día del debate, refiere que no irán porque están pendientes de un "grupo de expertos" integrados por UNAM, Cinvestav, Colpos, UAAAN y Conacyt, para determinar una "política pública en materia de maíz transgénico". Parecería que esperan las opiniones "correctas", a favor de los transgénicos, ya que si es por recomendaciones científicas, desde el primer día de su mandato recibieron sólidos documentos y un llamado firmado por investigadores de esas mismas instituciones y muchas otras (3 mil científicos y expertos, varios con los máximos galardones nacionales e internacionales) llamando a cancelar las siembras de maíz transgénico en centro de origen por los riesgos que implica, y a establecer "inmediatamente una revisión de los aspectos ambientales y sociales que se verían impactados por la siembra de maíz transgénico en México, basándose en criterios científicos rigurosos y en amplia participación pública (...) para la consideración de las mejores opciones tecnológicas para abordar la producción de alimentos en nuestro país".

 

El doctor Antonio Turrent, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (www.uccs.mx), mostró que no es necesario el maíz transgénico para aumentar la producción de maíz en México, y que el país tiene las condiciones de tierras, agua, semillas y diversidad de recursos y tecnologías públicas para cubrir todas sus necesidades actuales y futuras sin colocar en riesgo la independencia económica, la diversidad, la salud o el ambiente, como implican los transgénicos. El doctor Turrent publicó recientemente un estudio detallando estas opciones.

 

Peter Rosset, biólogo e investigador, presentó una lista de trabajos publicados en revistas científicas arbitradas, particularmente una compilación de estudios realizada en 2009 por los científicos Artemis Dona y Ioannis S. Arvanitoyannis, que indican que los cultivos transgénicos están asociados a efectos tóxicos, hepáticos, pancreáticos, renales, reproductivos y alteraciones hematológicas e inmunológicas, así como efectos cancerígenos. Mencionó el estudio del doctor Séralini en Francia (2012), donde el mismo maíz transgénico que Monsanto solicita plantar en 700 mil hectáreas en México, produjo cáncer en ratas. Al respecto, Rosset señaló que siendo México un país que consume maíz en mayor cantidad que cualquier otro país, y por los riesgos que se han observado en diversos estudios desde hace años, no se debe exponer a la población a los transgénicos. Indicó que el mayor riesgo es para niños y niñas, que serán los más afectados pero los que no pueden decidir, por lo que urge aplicar el principio de precaución, cancelando los transgénicos, a favor de las generaciones futuras.

 

Las organizaciones convocantes urbanas, rurales y estudiantiles, manifestaron sus posiciones críticas a los transgénicos desde sus perspectivas, mostrando que la siembra de maíz transgénico atraviesa todas las luchas y que no permitirán que el gobierno lo imponga, contra los intereses de la vasta mayoría de la población y a favor de unas pocas trasnacionales. Se acordó promover nuevos debates, foros y actividades, además de fortalecer los vínculos entre las organizaciones para evitar transgénicos en cultivos y alimentos. También promover la mayor participación posible en las pre-audiencias sobre Maíz y Soberanía Alimentaria del Tribunal Permanente de los Pueblos, que entre otras celebrará una pre-audiencia con testimonios científicos sobre transgénicos y las fallas y corrupción del sistema de bioseguridad en el país. Tal como recordó Álvaro Mena, crece el apoyo al 2013 como "Año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo, de la vida y autonomía de los pueblos del maíz".

 

*Investigadora del Grupo ETC

Silvia Ribeiro*

 

Publicado enInternacional
Iniciativa popular en California: ¿etiquetar o no etiquetar a los alimentos transgénicos?

"Lo que para unos es comida,

para otros es amargo veneno"

Lucrecio, poeta romano (99 AC-55AC)

 

Si California fuera un país, con su población de casi 40 millones de habitantes, estaría entre los 30 países más poblados del planeta. El impacto económico, político y cultural de California en el resto de Estados Unidos es enorme. Es por este motivo que iniciativas ciudadanas que son sometidas a referéndum allí y su legislación estatal, para el caso, tienen tanta importancia. De las 11 iniciativas presentadas al electorado de California en 2012, probablemente la que concite mayor atención sea la Propuesta 37 acerca del etiquetado de alimentos que contienen organismos genéticamente modificados ( OGM ). La aprobación o no de este proyecto de ley tendrá un efecto considerable en cómo se organiza el sistema alimentario del país, ya sea al favorecer a pequeños productores orgánicos locales (si se aprueba), o al permitir una mayor expansión del agronegocio de las grandes empresas (si no es aprobado).

 

La propuesta es sencilla. La guía oficial para los votantes de California resume la Propuesta 37 de la siguiente manera: "Exige el etiquetado de los alimentos vendidos a consumidores, que son producidos a partir de plantas o animales con materiales genéticos modificados en formas específicas. Prohíbe la comercialización como 'naturales' de dichos alimentos o de otros alimentos procesados. Dispone exenciones". Se recolectaron más de un millón de firmas para lograr que la iniciativa sea sometida a votación.

 

El grupo que promueve el proyecto de ley, Sí a la Propuesta 37, logró miles de adhesiones de grupos de defensa de la salud, del interés público, de los consumidores y de la agricultura y los alimentos, entre otros. La portavoz de la Propuesta 37, Stacy Malkan, defensora de la salud ambiental de larga trayectoria, me dijo: "La Propuesta 37 es muy simple. Se trata de nuestro derecho a saber qué hay en los alimentos que comemos y con los que alimentamos a nuestras familias. Se trata de nuestro derecho a decidir si queremos comer alimentos que han sido alterados en forma considerable a nivel genético por empresas como Monsanto, que contienen bacterias, virus y genes extraños que nunca antes han estado presentes en el sistema alimenticio. Se ha ocultado la ingeniería genética a los consumidores estadounidenses durante dos décadas. Otros sesenta y un países exigen leyes de etiquetado, pero nosotros no hemos logrado que se apruebe el etiquetado aquí debido a la gran influencia de Monsanto y de las empresas químicas. De modo que lo que está sucediendo en California es que un movimiento de base se ha alzado para exigir el etiquetado".

 

El periodista Michael Pollan es un peso pesado en el sector de la alimentación. Ha publicado varios libros que son éxito de ventas como "La botánica del deseo", "El dilema del omnívoro", "En defensa de la comida", "Las reglas de la alimentación: manual para comer" y su más reciente libro, de próxima publicación: "Cooked: A Natural History of Transformation". Fui a entrevistarlo a Berkely, donde es parte del cuerpo docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de California, Berkeley. Pollan apoya la Propuesta 37 y me explicó sus motivos:

 

"Está sucediendo algo muy interesante en torno a los alimentos en nuestro país. Hay un movimiento. Es posible verlo en los mercados de productores, en el tipo de conversación que tenemos en los medios acerca de los alimentos. La gente se está comenzando a interesar mucho en saber de dónde vienen sus alimentos, cómo fueron producidos, y está tratando de 'votar con su tenedor', como dice la consigna, a favor del tipo de alimentos que apoya sus valores, el tipo de alimentos que consideran más saludables o ambientalmente sustentables. Este movimiento representa una gran amenaza para las grandes empresas de alimentos, que preferirían que no pensáramos acerca de cómo se producen los alimentos que consumimos porque a menudo no es una imagen muy bonita".

 

Para Pollan, la ciencia aún no es clara acerca de si los alimentos genéticamente modificados representan riesgos para la salud. "Si bien es cierto que los organismos genéticamente modificados fueron desarrollados por científicos en laboratorios, en lugares como Berkeley, no se confundan, son propiedad de las empresas. Monsanto y DuPont son propietarias de alrededor de un 47% del suministro de semillas en este país. El verdadero beneficio de los OGM para estas empresas es la capacidad de controlar los recursos genéticos de los que depende la humanidad. Es como poner un código de barras en cada planta. Uno puede identificar cuáles son sus plantas en el campo, pero los agricultores son obligados a firmar contratos que les prohíben guardar sus semillas y les prohíben a los investigadores estudiar este tipo de semillas. Esta quizá sea mi principal objeción a esta tecnología. No estoy seguro de que haya una amenaza a la salud vinculada con los transgénicos. Creo que aún tenemos que investigar más ese asunto. Pero de lo que sí estoy seguro es de que esto representa un nuevo nivel de control empresarial del suministro de alimentos".

 

La Propuesta 37 podría no ser aprobada debido a que estas empresas, que Malkan describe como "las mayores empresas de pesticidas y de comida chatarra del mundo han gastado 40 millones de dólares en bombardear a California en una campaña que se basa en engaños y mentiras. Sus publicidades muestran una mentira tras otra y no son cuestionadas por los medios". Las campañas publicitarias son ingeniosas y están por todas partes. Sugieren que la ley de etiquetado está mal redactada, que provocará más burocracia, aumentará el costo de los alimentos y generará una lluvia de demandas sin sentido.

 

David Zilberman, catedrático de agricultura de la Universidad de California, Berkeley, se opone a la Propuesta 37, aunque, paradójicamente, sostiene un fuerte argumento a favor de una amplia regulación sobre la seguridad de los alimentos: "Casi todos los alimentos que consumimos están genéticamente modificados. Aunque los etiquetáramos, hay pesticidas que son mucho peores que los alimentos genéticamente modificados". Quizá, al oponerse a la Propuesta 37, plantó la semilla para la creación de un movimiento más amplio por la seguridad de los alimentos que incluya también el etiquetado de los pesticidas.

 

California produce gran parte de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Una ley de etiquetado en dicho estado podría sentar un precedente para la seguridad alimentaria de todos.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2012/10/26/iniciativa_popular_en_california_etiquetar_o_no_etiquetar_a_los_alimentos_transgnicos

Amy Goodman

Publicado enInternacional
Viernes, 25 Mayo 2012 06:28

El acaparamiento total

El acaparamiento total
Primero fue el control de las semillas. Las grandes corporaciones, sabiendo que son "el principio de la vida" y ávidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzaron al control de un bien común que las haría poderosas. Muchas fueron las estrategias: patentaron la vida, hicieron desaparecer muchas variedades autóctonas con suposiciones productivistas, engendraron simientes estériles que se llaman híbridas o transgénicas; engullen a las pequeñas empresas locales de semillas o financian el Arca de Noé en el Polo Norte, donde las preservan (para ellas) en un gran banco de germoplasma.


Un control que en pocos años ha alcanzado la categoría de acaparamiento. Como explican los estudios de ETC Group, sólo entre tres empresas se reparten la mitad del mercado global de las semillas comerciales (Monsanto, con una cuarta parte ella sola), siendo prácticamente las mismas empresas que dominan el polo opuesto: los pesticidas, herbicidas o plaguicidas; en definitiva: "el final de la vida".


Cifras similares de acaparamiento las encontramos si analizamos el poder corporativo en otros segmentos de la producción agroalimentaria, como los fertilizantes, la silvicultura, la comercialización de granos básicos, la genética, la industria farmacéutica veterinaria y la producción animal; o el procesamiento y distribución de los alimentos.


Pero no es suficiente manjar para tantas tragaderas y en los últimos latidos de un capitalismo que se desmorona, buscan asegurar sus inversiones en nichos "a prueba de bombas". Así hemos visto, y ha sido ampliamente denunciado por GRAIN, cómo en la última década ha brotado un impulso irrefrenable por el acaparamiento global de tierras. Disponer el capital como dispone actualmente (y sigue creciendo) entre unos 60 y 80 millones de hectáreas de tierra fértil, significa administrar para su beneficio millones de toneladas de biomasa vegetal, convertida en alimentos, agrocombustibles o madera, así como otros recursos minerales ciertamente estratégicos.


El acaparamiento de tierras se extiende fundamentalmente por África, pero también por otros lugares, generando violentos conflictos como en Honduras o Colombia, con decenas de personas campesinas muertas en la defensa de sus tierras; o en Andalucía (España), donde recientemente campesinos y campesinas sin tierra han sido desalojados de una finca pública que ocuparon para evitar su venta especulativa.


Pero no hemos acabado aquí. Un elemento estratégico falta para quien quiera "controlar" el mundo: el agua dulce, pues sin ella es imposible la producción de alimentos y la producción de negocios. La conquista por el agua camina de la mano del acaparamiento de tierras recién explicado. De hecho, leyendo en un nuevo informe de GRAIN al respecto las declaraciones de Peter Brabeck-Letmathe, presidente y ex director general de Nestlé, las compras en realidad no son de tierra, sino "del libre acceso al agua que con ellas se consigue". Ciertamente, en dicho informe se analiza muy bien cómo la mayoría de las adquisiciones de tierras que se están dando en años recientes se corresponden con tierras que pueden acceder a buenos acuíferos y, sobre todo, a cuencas de importantes ríos como el Níger, el Senegal o el Nilo.


Los discursos en defensa de esta apropiación ya los conocemos: utilizamos tierras y aguas que la gente no aprovecha para grandes plantaciones o cultivos que generarán desarrollo. Pero la historia de estos megaproyectos, la realidad de estas superplantaciones ligadas a la exportación, sabemos que no reporta beneficios a la población local. Hay demasiados ejemplos para ilustrarlo.


El acaparamiento de agua, además de ser un expolio que debe denunciarse y detenerse, acrecienta el problema de acceso directo al agua de muchos miles de familias campesinas, mermando sus posibilidades de vida, pues estos proyectos se localizan en cabeceras o puntos estratégicos de los cauces. Pero surge un nuevo problema, el modelo intensivo de agricultura que se desarrolla para estos cultivos comerciales, así como los propios cultivos seleccionados para esas zonas, y el exigir a la tierra que esté en cosecha permanente (independientemente de lo que dicten el cielo y las lluvias) significa que todas esas nuevas zonas de cultivo "conquistadas" a la población local van a poner en grave riesgo un sistema hídrico delicado que sólo con la sabiduría comunitaria se ha podido mantener. Es como dice GRAIN: un suicidio hídrico.


Semillas para producir intensivamente,

tierra para producir intensivamente,

agua para regar intensivamente

en manos de unos pocos fondos de inversión

para acumular capital intensivamente,

es la peor de las pesadillas.


Por Gustavo Duch Guillot, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Publicado enInternacional
Miércoles, 09 Mayo 2012 18:04

Semillas del imperio

Semillas del imperio
Puede ser difícil de creer, pero los únicos cultivos de importancia económica oriundos de Norteamérica son el girasol, la cereza azul (blueberry), arándano agrio (cranberry) y la alcachofa (Es cierto que los pueblos originarios del continente cultivaban maíz, papa y frijol, pero éstos venían de Centro y Suramérica). Todos los demás cultivos, como el arroz, el trigo y la soya, fueron importados de otros lares. Sobre esa enorme tarea de importación de materia vegetal, que tomó lugar a lo largo de dos siglos, se fundamenta el progreso industrial de Estados Unidos. No en balde, en el emblema del Departamento de Agricultura de EEUU, fundado en 1862, dice "La agricultura es la base de la manufactura y el comercio". Y dijo una vez Tomás Jefferson que "el mayor servicio que se le puede dar a cualquier país es añadir una planta útil a su cultura."
 
Uno de los principales colaboradores en la obtención de semillas de la joven nación norteamericana fue su fuerza naval. Entre 1838 y 1842 el barco del comandante Charles Wilkes recorrió el Pacífico con órdenes de conseguir nuevas plantas agrícolas, y para 1848 las naves del escuadrón de las Indias Orientales regularmente recolectaban plantas.
 
Cuenta el profesor Jack Kloppenburg, de la Universidad de Wisconsin, en su libro First the Seed:
 
"La expedición naval de Perry en 1853 es mejor conocida por forzar la apertura de las bahías de Japón al comercio con Estados Unidos. Las naves bélicas de Perry también llevaron a casa una tremenda variedad de semillas y materiales de plantas obtenidos de Japón, China, Java, Mauritius y Suráfrica. Los frutos genéticos de esta aventura imperial incluyeron semillas o cortes de vegetales, cebada, arroz, frijoles, algodón, caquis, mandarinas, rosas y 'tres barriles del mejor trigo de Cape Town' (Suráfrica). Otras expediciones enviaron plantas de Suramérica, el Mediterráneo y el Caribe."
 
El cuerpo diplomático también puso de su parte. Cónsules enviaron trigo de Polonia, Turquía y Argelia, centeno de Francia, sorgo de China, algodón de Calcutta y Ciudad México, pimientos y maíz de Perú, y arroz de Tokío.
 
La entrada de todo este variadísimo germoplasma fue lo que hizo posible la colonización europea de Norteamérica y su despegue industrial. El cultivo de arroz en Carolina del Sur se debe a la introducción de una variedad de Madagascar al final del siglo XVIII. En Kansas y Texas el cultivo de sorgo se hizo viable gracias a muestras de China y África. La industria cítrica de California le debe mucho a semillas brasileñas traídas por un cónsul en 1871. Y la ganadería yanqui, legendaria en el mundo entero, le debe su éxito en gran parte a la introducción del pasto japonés lespedeza, la alfalfa rusa, y la hierba Johnson de África.
 
No es solamente la introducción de especies, sino también la introducción de numerosas variedades de la misma especie, que incrementan la biodiversidad e introducen rasgos beneficiosos al cultivo. Una variedad turca de trigo otorgó a la cosecha estadounidense resistencia a la roya amarilla (el hongo Puccinia striiformis), lo cual se estima que ahorra $50 millones al año en control de plagas. De la India se introdujo una variedad de sorgo resistente a áfidos que brinda beneficios anuales estimados en $12 millones. La revista New Scientist reportó en 1983 que los sembradores de cebada estadounidenses se ahorran $150 millones al año gracias a un gen aportado por una variedad etíope. Según el célebre profesor de botánica y recolector de plantas Hugh Iltis, el beneficio al cultivo de tomates de EEUU brindado por la introducción de variedades peruanas con un alto contenido sólido es de $5 millones al año. La Universidad de Illinois desarrolló variedades de soya que podrían estarle ahorrando a los agricultores entre $100 y $500 millones anualmente en costos de procesamiento, y la materia prima genética que se utilizó en su desarrollo vino de variedades de soya de Corea. La producción de trigo de Estados Unidos, la tercera mayor del mundo, se ha beneficiado de la introducción de variedades traídas de Japón, China, Rusia, Palestina, Australia, Kenya, Egipto, Etiopía, Bulgaria, Grecia, Brasil y Uruguay. Irán ha aportado a EEUU valiosas variedades de coliflor, cebolla, guisante y espinaca.
 
Sin estas introducciones vegetales, no hubiera sido posible alimentar en el territorio estadounidense a más de 300 millones de personas, ni ese país tendría hoy un excedente de granos y lácteos sin precedente histórico. Efectivamente, los principales problemas de la producción agraria estadounidense de hoy no se deben a la falta de productividad sino a la sobreproducción.
 
Estados Unidos se apropió de toda esta exuberante diversidad de semillas agrícolas gratuitamente, sin compensación o reconocimiento alguno a los pueblos que pasaron siglos y hasta milenios desarrollando y perfeccionando estos cultivos. Esta apropiación se legitimó con el argumento de que las semillas son patrimonio de la humanidad. Pero cuando se le ha pedido a esa nación que comparta su tesoro, otro ha sido su cantar. En una carta del administrador del Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos (ARS) a la Junta Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR) escrita en 1977, éste expresa claramente que tras adquirir las semillas, éstas pasan a ser propiedad del gobierno de Estados Unidos. Dicho de otro modo, "lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es mío". El gobierno estadounidense hace estas muestras disponibles a investigadores del mundo entero, pero se reserva el derecho a negar acceso en base a "consideraciones políticas". En 1983 el estudioso canadiense Pat Mooney, fundador del Grupo ETC, reportó que EEUU había negado acceso a sus colecciones de semillas a investigadores de Albania, Cuba, Irán, Libia, la Unión Soviética, Afganistán y Nicaragua.
 
En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, las naciones miembros de las Naciones Unidas firmaron la Convención de Biodiversidad, un acuerdo mundial en el que se pretendía, entre otras cosas, repartir equitativamente los beneficios de la biodiversidad. Estados Unidos se opuso terminantemente a firmar el acuerdo, argumentando que la mano invisible del libre mercado es la que debe repartir esos beneficios. En otras palabras, la biodiversidad al mejor postor.
 
La apropiación de la biodiversidad llegó a un nuevo nivel de sofisticación en la posguerra fría con la novedosa modalidad del imperialismo conocida como globalización. En la década de los 80, Estados Unidos y sus aliados empujaron una ronda de negociaciones de comercio global conocida como la Ronda de Uruguay, la cual incluía un nefasto tratado de propiedades intelectuales (TRIPS, por sus siglas en inglés) que viabiliza la privatización de la biodiversidad mediante patentes sobre la vida. La contenciosa Ronda de Uruguay, culminada en 1994, llevó a la fundación de la antidemocrática Organización Mundial de Comercio, la cual tiene poderes vinculantes para hacer cumplir las reglas neoliberales del comercio global, incluyendo las provisiones sobre propiedad intelectual. El acuerdo TRIPS es el modelo utilizado en los numerosos tratados bilaterales de comercio, en los cuales los países ricos en biodiversidad, en particular Centro y Suramérica, son sujetos a reglas de propiedad intelectual que les obligan a permitir que entren extranjeros a patentar las semillas agrícolas y otros patrimonios genéticos.
 
Ahora, en el conteo regresivo hacia la conferencia Río + 20 de las Naciones Unidas, a celebrarse en Brasil el próximo mes de junio, las transnacionales de las ciencias de la vida, que en última instancia han recibido el grueso de los beneficios de siglos de apropiación imperial de las semillas, se presentan como paladines del desarrollo sustentable. Esta vez impulsan una rimbombante propuesta de “economía verde”, que involucra, entre otras cosas, el transicionar de una economía basada en el petróleo a una basada en la “biomasa”.
 
Pero es más de lo mismo. El capital nunca está satisfecho. Siempre quiere más, y esta vez va por todo lo que queda del planeta.
 
“Los mayores depósitos de biomasa terrestre y acuática están ubicados en el Sur global donde campesinos, pastores, pescadores y comunidades forestales los cuidan y basan su existencia en esa naturaleza natural y cultivada, ahora llamada genéricamente 'biomasa'”, advierte el Grupo ETC. “Esta nueva 'bioeconomía' desatará el mayor acaparamiento de recursos visto en más de 500 años. Los nuevos 'amos de la biomasa' corporativos tienen las condiciones tecnológicas para mercantilizar la naturaleza en una escala sin precedente, con la consecuente destrucción de la biodiversidad y la expulsión de los pueblos cuyo sustento depende de ésta.”
 
“Muchos de los promotores de la bioeconomía no sólo dominan los sectores industriales desde sus nuevas asociaciones para explotar en términos 'verdes' la biomasa aún no mercantilizada, sino que claman por mecanismos de mercado para cuantificar y comercializar los procesos naturales de la Tierra, rebautizados ahora como 'servicios ambientales' (por ejemplo, los ciclos del carbón, de los nutrientes del suelo y del agua). Las compañías ya no están satisfechas sólo con el control del material genético de las semillas, las plantas, los animales, los microbios y los seres humanos (es decir, todos los seres vivientes): anhelan el control de la capacidad reproductiva del planeta.”
 
(http://www.grain.org/es/article/entries/4494-corporaciones-y-tecnologia-en-la-economia-verde)
 
Pero hay resistencia, siempre la hubo. Las múltiples y variadísimas culturas que se aferran a la ruralía y al agro, los movimientos insurgentes y contestatarios, guerreras anti-patriarcales, campesinas custodias de semillas, sindicalistas, desempleados, defensores de los ámbitos comunes, indignados, Wikilikeadores, hackers anónimos, jóvenes jorobados por el desempleo y préstamos estudiantiles, o simplemente gente encabronada con buena razón para estarlo, todos continuamente aparecen y reaparecen, pese a los más dedicados esfuerzos de los gendarmes del sistema en reprimirlos, ningunearlos y declararlos fuera de orden.
 
Dice una declaración conjunta de los movimientos sociales camino a Río + 20:
 
“Frente a la enorme fiesta de las falsas soluciones que están preparando para Río+20 las grandes corporaciones, los bancos y entidades financieras internacionales y los gobiernos cómplices, con el fin de consolidar un capitalismo reverdecido como única respuesta ante las múltiples crisis por ellos mismos desatadas —crisis económica, ecológica, alimentaria, energética, democrática, climática, de derechos, de género, en fin, crisis civilizatoria—, la Cumbre de los Pueblos tendrá el desafío de hilvanar y visibilizar las verdaderas soluciones que desde los pueblos se vienen construyendo, en el campo, en los bosques, en las fábricas, en las comunidades, los barrios, las escuelas y demás lugares de trabajo y de convivencia.”
 
“Convocamos entonces a involucrarnos en este proceso y a movilizarnos en cada lugar camino a Río+20, impulsando campañas e iniciativas de debate y formación, de ampliación de plataformas de estrategia y acción conjunta, de coordinación y apoyo solidario entre las luchas concretas y las demandas aglutinadoras.”
 
http://www.grain.org/es/article/entries/4495-de-un-vistazo-y-muchas-aristas-economia-verde-o-lucro-legitimado
 
Por Carmelo Ruiz Marrero, intelectual desprofesionalizado que vive en Puerto Rico. A veces es autor, periodista investigativo y educador ambiental. http://carmeloruiz.blogspot.com/
Publicado enInternacional
En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Monsanto no es la única: cinco de las seis trasnacionales que controlan las semillas transgénicas plantadas a nivel mundial tienen patentes tipo Terminator. Syngenta es la que tiene mayor número de ellas.

 

 
Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron Sistema de Protección de la Tecnología, porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.
 
La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.
 
Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.
 
Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnologíaTerminator caso por caso, que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.
 
En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.
 
En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.
 
No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la bioseguridad, una falsedad.
 
En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contraTerminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.
 
En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición deTerminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes la Campaña por Brasil Libre de Trangénicos, dato también difundido por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.
 
Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.
 
Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.
 
- Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC
Publicado enInternacional
Un apresurado moscovita cruza la Plaza Roja ataviado con una apocalíptica mascarilla. Moscú está cercado por el fuego provocado por el verano más tórrido de la historia. La inclemencia meterológica no sólo deja imágenes inéditas. La mayor sequía en cien años azota el continente y se lleva por delante las cosechas de trigo del sur del país. El primer ministro, Vladimir Putin, impone una excepcional medida para contener los precios: no habrá exportaciones de trigo hasta 2011.

Al otro lado del mundo, un trader (intermediario) del mayor mercado de materias primas del mundo hace sus cálculos. Rusia es el tercer exportador del mundo de este cereal y Canadá, el segundo, tendrá una de sus peores cosechas en tres años. La oportunidad está servida en bandeja. En apenas dos días (4 y 5 de agosto), el trigo sube un 8,42% y los volúmenes que mueve chocan con los topes impuestos por la entidad reguladora para contener la especulación en un mercado tan delicado. En el último semestre de 2010, el alza acumulada llega al 44%. Y subiendo.





El efecto mariposa se extiende seis meses después al pequeño poblado tunecino de Sidi Bou Zid. El precio de la harina, y el de otros alimentos, se ha duplicado. Túnez, junto con Egipto e Irak, es uno de los principales importadores de trigo ruso. El joven Mohamed Bouazizi se quema a lo bonzo, angustiado porque le han quitado su negocio y no puede alimentar a su familia.

Como este ciclo, especialmente hiperbólico e intenso, se repiten cada año en el mundo secuencias de sucesos producidos por la alteración de los precios de los alimentos, inflados por la acción de los grandes inversores institucionales. El desenlace de estos capítulos es, en el mejor de los casos, una revuelta, porque en la mayoría de las ocasiones lo que se desencadena son hambrunas.

"La especulación financiera impacta en los precios". Expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la FAO o el Banco Mundial concuerdan en este punto. Los expertos de estas organizaciones declinan hablar o prefieren no ser citados cuando se les pregunta por el rol de los fondos de alto riesgo (hedge funds), pero asumen que su papel es clave ya que amplifican los efectos de una mala cosecha o un inesperado repunte de la demanda.

Sin embargo, cuantificar en el precio el impacto de la especulación es casi imposible, según los expertos. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de EEUU (IATP), recoge los datos de un estudio preparado por una consultora en el que se atribuye al efecto de la especulación hasta un 31% a la subida del precio del maíz en julio de 2008, la anterior burbuja de los precios de los alimentos.

Actores

El que lo tiene muy claro es el gurú financiero George Soros, que fue llamado a testificar ante una Comisión del Senado estadounidense en 2008 para explicar el papel de la especulación en la subida de los precios de materias primas. De "inestabilizador" y "dañino" tildó el magnate la entrada masiva de especuladores en las materias primas, pese a lo cual, siguen siendo sus inversiones favoritas (sobre todo oro y crudo) a día de hoy.

"Hay tres tipos de actores en el mercado financiero. Están los intermediarios de derivados, los índices que siguen a materias primas y los hedge funds. Entre un 12% y un 16% de los actores que influyen en el precio de las materias primas no comercian realmente con ellas", explica un antiguo intermediario del Chicago Board, el mayor mercado de materias primas del mundo. "El volumen de Chicago ha superado los 300.0000 millones de dólares y en tres años se ha triplicado. El 80% de los que participan en este mercado son bancos de inversión", concreta este experto.

Entre todos los participantes, el más poderoso es el indestructible (por ser uno de los pocos supervivientes de la hecatombe financiera) banco de inversión Goldman Sachs, que en 2008 logró un tercio de sus ingresos netos (alrededor de 1.500 millones de dólares) gracias a su inversión en materias primas. Su índice Goldman Sachs Commodity Index pasó de tener una inversión de apenas 8.000 millones de dólares en el año 2000 a atesorar en la actualidad 100.000 millones de dólares que invierte contra la evolución de las materias primas (incluido el petróleo). Sólo en 2010, el índice se revalorizó un 50%, con una subida cercana al 10% en diciembre. En lo que va de año, el ascenso ya roza el 14%.
Estos miles de millones fluyendo hacia la inversión en materias primas provocan una alta inestabilidad en el precio de las materias primas. "Cuanto más volumen se negocia, mayor es la volatilidad", explica el economista de la FAO Abdolreza Abbassian.

La especulación con los alimentos es tan vieja como la propia agricultura, pero su atractivo como instrumento de lucro se disparó en la década pasada al descubrirse como una oportunidad de inversión única. La rentabilidad está asegurada porque la demanda mundial, en línea con la subida de la población y el mayor poder adquisitivo de los países emergentes, garantiza su crecimiento de forma consistente. "No hay prácticamente otro producto en el que invertir en estos momentos cuya demanda real sea tan clara, es decir, que tenga tan buenos fundamentales", apunta Francisco López Ollés, experto en materias primas y divisas. "Al final, todo esto es resultado de las operaciones de los bancos centrales para que haya más liquidez en los mercados (el conocido como quantitative easing). El dinero tiene que buscar rentabilidad en algún lado", concluye.

El director del sector financiero del IE Business School, Manuel Romera, recuerda que "de cada diez operaciones, nueve son especulativas". Sin embargo, Romera apunta a que "el derivado el producto financiero suele ser arrastrado por el subyacente el producto agrícola real". Para especular en el mercado de las materias primas no hace falta tener ni un gramo real del producto que se comercializa.
El mercado padece de los mismos defectos regulatorios que el resto de la negociación de productos financieros derivados. Las operaciones Over the Counter (sobre el mostrador) se realizan sin apunte electrónico, por lo que no se sabe quién vende o quién compra en el mercado. El control de estas operaciones es una de las principales demandas de los expertos internacionales.

Además, hay un desajuste regulatorio entre EEUU y Europa que en tiempo de un mercado global no tiene sentido. Así, en Estados Unidos, que tiene su propia Comisión para regular el mercado de las materias primas, se han puesto límites a los volúmenes y a la banda de fluctuación de los precios sobre los alimentos, para que no se pueda alterar el precio real de la mercancía. En Europa, no existen esas barreras en determinadas materias, como el azúcar, el café y el cacao. La FAO ha detectado que para aprovecharse de ello, se envían cargamentos enteros de este producto desde Nueva York, hasta Ámsterdam, Amberes o Hamburgo, para que se pueda negociar allí con ellos sin límite.

Aunque la supervisión para un mayor control está en marcha (Londres, otro de los mayores mercados del mundo, ha prometido tenerla preparada para 2012), el lobby de los bancos de inversión y de los grandes intermediarios agrícolas está presionando para retrasar, y aligerar, la posible puesta en marcha de estas nuevas normativas.

"El rol de los hedge funds es muy controvertido. Es uno de los grandes factores, pero no el único. Tanto la oferta como la demanda están muy ajustadas y eso tensa el mercado", contemporizan desde la OCDE, recordando que hay otras muchas cuestiones que engordan el precio de los alimentos. "En mi opinión, los fondos de inversión terminan siguiendo la tendencia más que creándola. La amplifican", sentencian las mismas fuentes de la organización.


Un solo fondo de inversión compró el 7% de la producción mundial en un día


Un sólo ‘hedge fund' tiene agarrado por el cuello desde hace meses a todos los productores de chocolate del mundo. El fondo Armajaro, pilotado por un conocido ejecutivo británico, Anthony Ward, apodado como ‘Chocfinger' (dedo de chocolate), compró el pasado julio hasta 240.000 toneladas de cacao, el equivalente al 7% de la producción mundial, en una sola operación. La compra, que se hizo en el mercado Euronext, donde no hay límites sobre este tipo de materia, disparó el precio del cacao hasta sus máximos desde 1977. Las miles de toneladas de cacao siguen acumuladas, según confirmaron fuentes conocedoras de la operación a este periódico, en los almacenes de Hamburgo, Amberes y Ámsterdan. Ward ha apostado por el cacao, ya que uno de sus principales productores, Costa de Marfil, está virtualmente en guerra civil, con lo que escaseará el producto en breve. Según el diario británico ‘The Daily Telegraph', George Soros invierte en este fondo de inversión.

BELÉN CARREÑO MADRID 07/03/2011 08:30
Publicado enInternacional
Página 1 de 2