Sábado, 20 Junio 2020 06:31

¿Comida digital? No, gracias

¿Comida digital? No, gracias

Los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales, que además de hacer ganancias astronómicas han exacerbado desigualdades e injusticias –paradójicamente, bajo una imagen idílica de que "estamos todos conectados". Ahora la agenda de estas empresas avanzó vertiginosamente, también en el mayor mercado del planeta: agricultura y alimentación. Desde el grupo ETC describimos el avance de la digitalización del sistema agroalimentario en el reporte Tecnofusiones comestibles (https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Las más grandes empresas de ambos sectores están en movimiento, tanto en el Norte como en el Sur. Microsoft ha diseñado programas especiales para digitalizar todo el trabajo en campo; varias empresas digitales tienen contratos con empresas de maquinaria, como John Deere y CNH, para la recolección, a través de sus tractores, de datos de suelo, siembra y clima en sus nubes electrónicas. Las mayores empresas globales de comercio de materias primas agrícolas, Cargill, ADM, Cofco, Bunge, Louis Dreyfus y Glencore, sostienen una colaboración para el desarrollo de plataformas de tecnologías digitales (especialmente blockchain e inteligencia artificial) para automatizar el comercio global de granos.

Walmart compró el año pasado la inmensa cadena de ventas electrónicas Flipkart, en India, mientras la cadena de supermercados Carrefour hizo un acuerdo con Google para impulsar ventas de comestibles en línea. A su vez, la cadena francesa de supermercados Monoprix suscribió un acuerdo de ventas en línea con Amazon. Alibaba y Tencent, de China, se están disputando el control del enorme mercado de ventas de alimentos de China.

Mientras millones de migrantes, trabajadores informales y temporales rurales y urbanos, con la pandemia, quedaron sin sus fuentes mínimas de ingresos y fueron empujados al hambre junto con sus familias, las empresas digitales y de agronegocios reportaron en abril 2020 abultadas ganancias. Amazon, por ejemplo, reportó 24 mil millones de dólares. Nestlé, la mayor empresa global de alimentos y bebidas, productora de refrescos azucarados y otros alimentos ultraprocesados, productora serial de diabetes y obesidad, registró 8 mil millones de dólares. Una cifra, señaló Grain, mayor que todo el presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

No obstante, las mayores empresas de agronegocios, como Tyson Foods, segunda productora global de carnes, se quejan de que la crisis los afecta y alegan que "el sistema alimentario está roto" y, por ello, necesitan apoyos y exenciones de impuestos por los estados. El sistema alimentario agroindustrial es una verdadera fábrica de pandemias y han sido además una alta fuente de contagios de sus trabajadores durante la crisis de Covid-19. Pero no se refieren a ello, sino a situaciones como las que vimos en Estados Unidos, donde grandes productores de lácteos y huevos han tirado a la basura su producción y otros han sacrificado miles de pollos o puercos, porque no era económicamente viable mantenerlos si no pueden venderlos en el momento preciso en que llegan al peso y tamaño que calcularon.

Como explica Michael Pollan, se trata de sistemas alimentarios paralelos dentro de la producción industrial en ese país. Por un lado, empresas que proveen a supermercados. Por otro, las que proveen insumos altamente especializados (por ejemplo, huevos licuidificados) a instituciones públicas, como escuelas, que cerraron durante la pandemia. En lugar de mantener los animales o ver cómo hacerlos llegar a quienes pasan necesidades, las empresas decidieron tirarlos a la basura, alegando que no era económico hacer otra cosa (https://tinyurl.com/y6wmdzar).

En ese contexto, las compañías –tanto las digitales como las de agroalimentación– tomaron nuevo impulso para afirmar que la digitalización de toda la cadena agroindustrial es la clave para superar la crisis. Esa agenda ya la tenían desde antes, pero ahora el discurso se basa en el Covid-19 argumentando que gracias a ellas las personas han podido hacer sus compras online, que los robots no se enferman (ni hacen huelga o piden mejores condiciones), que el dinero electrónico no necesita contacto personal. Reclaman su "esencialidad" por ser proveedores de alimentos y convergen con las empresas de plataformas digitales en que los estados garanticen acceso Internet en todas partes, que se hagan cargo de la infraestructura, que instalen redes 5G, para permitir mucho mayor volumen de datos, sin interrupciones (para que los sistemas de entregas con drones o vehículos no tripulados no se interrumpan), que se den pasos determinantes para el Internet de las cosas en agroalimentación.

Muchas evidencias y testimonios señalan que los sistemas alimentarios que realmente funcionaron y funcionan, que han llevado de forma segura la mayor cantidad y calidad de alimentos durante la crisis a los que los necesitamos y generan trabajo y salud, son los sistemas campesinos y las redes locales campo-ciudad. Que además previenen futuras pandemias. Esos son los sistemas que es vital apoyar, no este nuevo ataque a la agricultura y la alimentación.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

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Sábado, 06 Junio 2020 06:21

Autogestionar la comida y la vida

Foto: Producción diversificada de hortalizas en carpas solares. comunidad Canturyo, municipio Calamarca, La Paz. (CIPCA Altiplano)

El Mercado Popular de Subsistencia (MPS) es una red de 50 grupos territoriales autogestionados que se coordinan para realizar compras por fuera de los supermercados, con un ahorro que oscila entre el 30 y el 50% en el precio de los alimentos. Más de la mitad de los productos los compran directamente a los productores, explican Sebastián y Clara en una extensa conversación

Durante la pandemia la red triplicó el volumen de compras. Ya son más de mil las familias que se organizan en grupos de barriales. No se permite la compra individual, sino que deben organizarse grupos vecinos, de cooperativas o de sindicatos, para hacer un pedido mensual, que se elige de una lista de más de 300 productos incluyendo orgánicos, veganos, para celíacos, alimentos frescos, productos de limpieza y vestimenta.

Cada grupo envía los pedidos a la comisión de compras y en ese momento abona la cantidad correspondiente. Una semana después, cada grupo local recoge el pedido en uno de los dos centros de acopio en puntos estratégicos de la ciudad, y lo llevan al barrio donde lo fraccionan entre las familias.

La red funciona en base a trabajo voluntario, ya que nadie recibe salario. Se rigen por los principios de autonomía, autogestión, antipatriarcal, solidaridad de clase, apoyo a la productores y a la producción nacional y combate a la riqueza. Consideran al MPS como “una herramienta política que tiene como horizonte la construcción de una nueva sociedad sin explotades ni explotadores” (mps.org.uy).

Sebastián explica los comienzos: “En 2009 formamos la Brigada José Artigas en barrios de Montevideo, siguiendo la orientación de Pepe Mujica de promover el trabajo de base voluntario. Pero con el tiempo vimos que la propuesta del gobierno no era la adecuada, decidimos tomar nuestro camino y así fue como surgió el mercado popular”.

El primer pedido lo hicieron en enero de 2016, en base a sólo cuatro productos que se repartieron entre 20 familias. Cuatro años después ya son una fuerza social transformadora de las lógicas del consumo que consiste, como señala Clara, en “autogestionar la comida colectivamente”.

Realizan una reunión federal mensual con delegados de cada uno de los grupos territoriales, que además confluyen en cuatro zonas para resolver los problemas de distribución y compras. Han creado varias comisiones: logística, compras, finanzas, comunicación, formación e ingresos de nuevos grupos. Este 8 de marzo se creó, además, un colectivo de mujeres e identidades disidentes.

Los gastos de transporte y las bolsas para los alimentos, los financian con una cuota de 15 pesos por cada 500 pesos de compra (un dólar son 44 pesos). Los lemas principales del Mercado Popular son: “combativo, solidario, local, participativo y barato”.

Preguntados sobre los problemas más importantes que enfrentan, Clara sostiene que “con el dinero nunca hubo problemas, porque nos basamos en la confianza ya que las familias pagan la compra pero la reciben una semana después y saben que si surge alguna dificultad la vamos a resolver colectivamente”.

La participación es un escollo, dice Clara. “Que la gente se vaya rotando y no sean siempre los mismos, y sobre todo que no nos trasformemos en una cooperativa de consumo, donde algunos asalariados gestionan todo, porque somos una organización social y política que busca transformar la sociedad, lo que trasciende el consumo”.

En los últimos años hubo dos cambios importantes. Uno cualitativo, ya que durante la crisis provocada por la pandemia se multiplicaron las familias que hacen sus compras en la red. El otro es que inicialmente compraban en almacenes mayoristas, pero están migrando hacia los productores directos: campesinos que cultivan frutas y hortalizas, fábricas recuperadas por sus trabajadores y cooperativas de alimentos ya abastecen más de la mitad de los productos de la red.

Tanto Clara como Sebastián creen que el mayor desafío es que los sectores populares ocupen el Mercado Popular. “Los barrios donde predominan profesionales de clase media con salario fijo, son los que han reflexionado sobre el consumo y tienen condiciones para planificar la compra mensual. Ahí tenemos un desafío. Las familias más pobres no tienen dinero para hacer una compra para todo el mes”, reflexionan.

“Por eso queremos reconstruir el papel del viejo almacén de barrio, que nos pueda hacer la compra y le gane a los productos no más de un 15%. Es una forma de reconstruir las relaciones sociales territoriales tejidas en torno al almacén (como vender fiado), que las grandes superficies destruyeron”.

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Gabriel es un obrero metalúrgico de unos 40 años que vive en la periferia oeste de Montevideo, en un barrio de trabajadores, viviendas sencillas con fondo apto para el cultivo. En febrero tuvo un accidente con su moto y le dieron la baja temporal del trabajo. Cuando llegó la pandemia decidió comenzar a cocinar para sus vecinos.

“Ya llevamos dos meses y nunca faltaron donaciones, de productores de la zona, de comercios pequeños y sobre todo aportes de los propios vecinos”, señala Gabriel. Durante las primeras semanas debía encargarse de recoger los alimentos, cocinar y hacer la limpieza, pero poco a poco algunas vecinas se están involucrando en una olla que sirve 50 platos cada noche.

En Montevideo funcionan 400 ollas populares, algo casi increíble en una ciudad de 1,2 millones de habitantes. La página solidaridad.uy detalla dónde funciona cada olla y los días que se juntan las vecinas. Clubes deportivos y sociales, comisiones de fomento, bares populares, capillas, cooperativas de vivienda, merenderos, almacenes, clubes de fútbol infantil, organizaciones políticas de base y sindicatos, son los espacios más comunes.

Algunas ollas las crearon vecinas que ni siquiera se conocían. Otras fueron impulsadas por la murga del barrio. Un puñado de sindicatos llevaron ollas y fogones a los barrios informales (asentamientos formados por tomas de tierras urbanas), llevaron alimentos y ayudan a los vecinos a organizarse.

El movimiento de ollas populares es muy variado. Algunos sectores se recostaron en empresas, y hasta supermercados, que les ofrecen canastas de alimentos para repartir, pero la mayoría son ollas que cocinan sus alimentos entre grupos de vecinos.

En Montevideo tenemos una potente cultura asociativa, desde comienzos del siglo XX cuando los obreros migrantes europeos se instalaron en la villa del Cerro, fundando ateneos, bibliotecas populares, grupos de teatro, mutuales y sindicatos. Esa cultura fue evolucionando, creciendo desde abajo, con su impronta anarquista primero, socialista y comunista después. Para que tengan una idea: el colegio de médicos, fundando por un anarquista, lleva el nombre de Sindicato Médico del Uruguay.

Por eso no resulta nada extraño que se hayan puesto en pie 400 ollas en una ciudad de tamaño mediano. En 1971, cuando se fundó, y en 1985 al terminar la dictadura, el Frente Amplio tuvo alrededor de 500 comités de base; el movimiento de derechos humanos, contra la ley de impunidad del primer gobierno pos-dictadura, formó más de 300 comisiones barriales en 1989.

En el asentamiento Las Cumbres, en la periferia este de Montevideo, viven 500 familias y funcionan dos ollas, una de ellas vegana llevada por un colectivo libertario. Interesa constatar que las ollas son el espacio de las mujeres y los jóvenes, que han conseguido reabrir algunos clubes y centros culturales que estaban en crisis y habían cerrado en los años anteriores. Es posible que el colapso permita un crecimiento de la cultura antipatriarcal y anti-capitalista.

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El domingo 31 de mayo fue un día especial en Brasil. Se realizaron manifestaciones contra Bolsonaro, las más elocuentes en año y medio en el cual la calle había sido monopolizada por la ultraderecha oficialista. Lo novedoso, lo que llama profundamente la atención, es que las concentraciones en 14 ciudades fueron convocadas por las barras de fútbol.

En efecto, las movilizaciones en defensa de la democracia y contra Bolsonaro, partieron de barras organizadas de clubes como Santos, San Pablo y Palmeiras, que aunque son rivales en el campo de juego, confluyeron en la calle preocupados por “la escalada autoritaria en el país, a partir de una oleada de agresiones a periodistas y personal sanitario” (https://bit.ly/3dKPM0Y).

Las barras están organizadas desde hace varios años en la Asociación Nacional de Torcidas Organizadas (ANATORG). Decidieron no identificarse con la bandera de ningún equipo, para evitar problemas entre las barras. La primera concentración la realizaron a principios de mayo en Sao Paulo, convocados por la barra de Corintians, a la misma hora que se manifestaba la ultraderecha en la principal avenida.

Fueron apenas 70 hinchas, pero sentaron un precedente. El domingo 31 hubo enfrentamientos con la policía y con los bolsonaristas, que ya no son los únicos que ocupan la calle.

Sorprendido porque las hinchadas pelean en la calle mientras la izquierda y los sindicatos permanecen en una preocupante quietud, lancé la pregunta a un grupo de compañeros. La respuesta, brillante, vino de Silvia Adoue, profesora de la Escuela Florestán Fernandes del Movimiento Sin Tierra:

Los partidos y las centrales sindicales perdieron organicidad con los territorios y con los trabajadores. Siempre que se vislumbra una movilización, el PT trata de montarse y capturarla… y así la estropea. Me hace acordar a un episodio que Eric Hobsbawn relata en La historia social de jazz.

En una casa de jazz, se apagan las luces. Un foco sobre el jazzman. Un silencio antes de que comience. Una voz en la platea le grita: Fulano, toca algo que ellos [los blancos] no puedan imitar. Bueno, desde 2013 estamos tratando de tocar algo que ellos [los oportunistas] no puedan imitar”.

5 junio 2020 

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Lunes, 18 Mayo 2020 06:19

El rescate

Residentes de Oyster Bay e Island Harvest, en Massapequa, Nueva York, reparten comida entre familias necesitadas durante la pandemia del Covid-19. Junto con el esfuerzo heroico de los trabajadores de salud, una extraordinaria respuesta de solidaridad ha brotado de cientos de grupos de asistencia mutua hacia los más vulnerables.Foto Afp

Desde los escombros de un país que ha sufrido decenas de miles de muertes, millón y medio de contagios, y ahora más de 36 millones de desempleados como resultado del manejo inepto y criminal de la pandemia por la cúpula política, aparecen brotes organizados de solidaridad que podrían rescatar a Estados Unidos.

Junto con el esfuerzo realmente heroico de los trabajadores de salud, una extraordinaria respuesta a las emergencias sociales de los más vulnerables ha brotado de cientos de grupos que se identifican como de asistencia mutua, y que tienen como principio en común ejercer la "solidaridad, no caridad" (frase frecuentemente atribuida a Eduardo Galeano, pero que también tiene raíces anarquistas primero articuladas por Kropotkin hace más de un siglo). Y a través de esas acciones colectivas están realizando un tipo de educación popular, a veces sólo al dar el ejemplo, al invitar a todos a ser participantes activos para rescatar a todos.

Si algo ha dejado la pandemia al descubierto para todos es la extrema desigualdad, la injusticia económica y racial, y la corrupción y deficiencia social del sistema estadunidense. Por lo tanto, algunos opinan que la crisis ofrece una oportunidad mayor para las fuerzas progresistas del país. Pero las consecuencias también han dañando a varias de las principales organizaciones sociales progresistas, sobre todo los sindicatos (por ejemplo, unos 300 mil miembros del sindicato nacional de trabajadores de hoteles y servicios de restaurantes se encuentran sin trabajo). Mientras tanto, las tácticas tradicionales de protesta y organización colectiva –manifestaciones, marchas, asambleas–no pueden realizarse ahora bajo las medidas sanitarias.

Pero algunos están tomando una especie de acción directa en esta emergencia a través del esquema de asistencia mutua, que ofrece desde la entrega de alimentos y medicamentos a familias necesitadas y desempleadas, esfuerzos de organización de los ahora llamados "trabajadores esenciales", o la organización de inquilinos amenazados con perder sus hogares, la distribución y hasta producción (de agrupaciones indígenas mexicanas en Nueva York y costureras asiáticas en Los Angeles, y trabajadores en fábricas inoperantes, entre otros) de equipo de protección sanitaria, la defensa de comunidades migrantes, iniciativas para liberar a presos del país más encarcelado del mundo, amenazados con el contagio masivo, esfuerzos de apoyo entre trabajadoras sexuales (entre las más afectadas por medidas de "distanciamiento sano"), al apoyo directo a trabajadores de salud, redes de apoyo a comunidades indígenas y hasta el más sencillo servicio de comunicación para combatir la soledad y la ansiedad de los que están solos en cuarentena.

Han surgido cientos de organizaciones de asistencia por todo el país, con directorios extensos en cada ciudad, donde tanto los necesitados como los que pueden ofrecer se encuentran y se coordinan, estableciendo redes informales cada vez más amplias, algunas con miles de voluntarios (por ejemplo, ver el directorio para Nueva York: https://docs.google.com/document/ d/18WYGoVlJuXYc3QFN1RABn ARZlwDG3aLQsnNokl1KhZQ/ mobilebasic?usp=gmail).).

Este tipo de organización social no es nuevo en Estados Unidos. Sus antecedentes más recientes incluyen algunos de los proyectos relacionados con Ocupa Wall Street, sobre todo el gran proyecto de Ocupa Sandy después del huracán en Nueva York en 2012 (uno de los proyectos más efectivos hoy día para atender las necesidades urgentes de comunidades en Brooklyn está encabezado por algunos de los mismos líderes), con otros parecidos surgidos en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Antes de ello, también estaban los proyectos de las Panteras Negras en los años 60, de esfuerzos entre granjeros en la crisis agraria de los 80 y 90, iniciativas de apoyo mutuo entre comunidades indígenas, y toda una larga historia de esfuerzos para establecer cooperativas de todo tipo.

Aún está por verse si estos esfuerzos pueden consolidarse en, o alentar, una fuerza política progresista de largo plazo. Pero por ahora están entre los rescatistas del futuro de este país.

https://www.youtube.com/watch? v=B-c6GphpAeY

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Movimientos en la pandemia: agricultura urbana, autonomía alimentaria y huida de las ciudades

“La incertidumbre es diferente si estamos organizados y nos apropiamos de nuestros territorios en los barrios”, dicen en las asambleas reunidas en cabildos territoriales en Chile. “Sabemos cuidar la vida, mientras el Estado no tiene la menor idea”. Nueva entrega de la serie Movimientos en la pandemia, elaborada por el periodista y analista Raúl Zibechi.

 

obierno Wampis declara el cierre total de las fronteras territoriales para prevenirse del coronavirus”, destaca el titular del segundo número de Nukumak, definido como Boletín Informativo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.

El gobierno autónomo, situado en el norte de Perú, se gestó en 2015. Su máxima autoridad es la asamblea de 105 representantes de las comunidades de las diferentes cuencas de los ríos Kanus y Kankaim, en la Amazonia norte, que forman parte de un territorio de un millón de hectáreas y 15.000 habitantes, y está asesorado por un Consejo de Sabios. Cada cuenca cuenta además con una asamblea que es la máxima autoridad de cada zona.

El pamuk o jefe de gobierno, Wrays Pérez, dijo que el sistema estatal de salud no está implementado completamente ni cuenta con la infraestructura necesaria en sus territorios. Una de las primeras realizaciones del Gobierno Autónomo fue la creación del Parlamento wampis “como una instancia de deliberación política propia, así como el Sistema de Justicia wampis”, señala el primer número del Boletín.

En los últimos meses de 2019 se realizaron varios eventos importantes, entre ellos el I Congreso de las Mujeres Wampis y la XIII Cumbre del Gobierno Territorial Autónomo, donde se propuso la formación del Sistema Propio de la Educación Wampis.

Entre los avances más notables, figura la recuperación de conocimientos tradicionales en el manejo de cultivos y especies en proceso de extinción, proyecto liderado por las mujeres; una escuela de formación intercultural para lideres y lideresas; una emisora radial y la formación de periodistas; el desayuno escolar y el manejo de peces de las lagunas naturales.

Pese a la importancia que tiene la autonomía wampis, que se está multiplicando en los territorios amazónicos, quisiera centrarme en lo que viene sucediendo en el mundo urbano, donde van apareciendo alternativas pese a las enormes dificultades que implica construir vida soberana y digna, en las urbes que son el núcleo del poder del capital.

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“Promover la agricultura urbana orgánica como estrategia a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la hambruna y desarrollar economías regenerativas, revitalizar e impulsar la organización comunitaria”, es la propuesta de un grupo de jóvenes de la Universidad del Cauca que están desbrozando tierras en la zona norte de Popayán, en el barrio La Paz y en la vereda Lame.

Los trabajos comenzaron dos semanas atrás y se van incorporando vecinos que necesitan alimentos. Los terrenos que ocupan en el municipio de Popayán —capital del Cauca con 500 mil habitantes— estaban destinados a campos deportivos, pero acordaron con la Junta de Acción Comunal que la prioridad es conseguir alimentos. A mediano plazo buscarán más espacios para cultivar, en patios, solares, terrazas y cualquier lugar donde las familias puedan comenzar a transitar su autonomía alimentaria.

Doricel Osorio es ingeniera agropecuaria desocupada y una de las ocho que iniciaron el proyecto: “Se están sumando vecinos por pura necesidad”, explica del otro lado del teléfono. Además de superar la emergencia, intentan buscar colectivamente “alternativas al espíritu mendicante y dependiente que el Estado promueve entre los que sufrieron por la violencia o viven en circunstancias de exclusión, injusticia e inequidad social, porque estas situaciones son consecuencias del sistema económico extractivista”.

Esta semana comenzaron a construir una caseta para que funcione como comedor comunitario entre los vecinos que tienen más necesidades. “Nos gustaría que la gente retorne a la tierra, que pueda cultivar en los pequeños espacios urbanos que tenemos, que recuperemos saberes ya que nuestros padres y abuelos fueron agricultores”.

Los pocos recursos con los que cuentan provienen de vecinos solidarios, de algún comercio y de la Cooperativa del Sur del Cauca, cafeteros de la federación de campesinos, que les aporta 30 “mercados”, con lo que pueden sostener a otra tantas familias. “Del Estado nada. Llamamos a unos parlamentarios de la ciudad y nos dijeron que lamentablemente no tienen más dinero….”. Las risas suenan de un lado y otro del teléfono.

Los jóvenes que tomaron esta iniciativa la consideran, además, como una estrategia frente a la cuarentena: “liberarnos” del encierro y manejar las propias normas de distanciamiento social en acuerdo con las y los vecinos que, en general, son la última camada de desplazados de las áreas rurales por la guerra y el modelo de explotación.

En efecto, Popayán ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. En 1983, cuando el terremoto que causó grandes daños y 250 muertos, contaba con 120.000 habitantes. Hoy son alrededor de 500.000, en gran medida por la llegada de campesinos desplazados.

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“El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempo de pandemia”, dicen las locutoras de Radio Placeres. Las personas que hacen este programa buscan interconectar lo que sucede en los “cordones territoriales” y difundir experiencias para que en otros barrios las puedan replicar. “Tratamos de dar cuenta de un proceso de aprendizaje colectivo de las asambleas”, dice la locutora.

En cada programa conectan a dos asambleas, nacidas durante el estallido de noviembre, que relatan sus experiencias bajo el estado de sitio. La Asamblea de Mujeres del Cerro Esperanza explica cómo hacen la identificación y mapeo de las familias que necesitan ayudas en alimentos, que compran directamente a pequeños productores. La Asamblea del Eje Ecuador creó una cooperativa de alimentos y un boletín vecinal cuyo titular reza: “Cuarentena Territorial Combativa”, con su doble versión electrónica y en papel. Crearon además un espacio de reciclaje, porque el municipio colapsó desde el estallido. Algunos vecinos se ofrecen para el cuidado de niñas y niños, otros impulsan el trueque y el apoyo mutuo, tanto para los alimentos como para los servicios.

 “Estamos siguiendo con todos los procesos que ya venían desde el estallido”, explican las asambleas. Como forma de solidaridad, distribuyen dos tipos de canastas: “Una es más cara y con ese precio subvencionamos la otra, porque no todos pueden pagar la totalidad de los productos”. Durante la pandemia están llegando a vecinos que nunca se había acercado a las asambleas. En gran medida, explican en Eje Ecuador, “porque queremos ser horizontales y nos auto-controlamos para no hablar demasiado, para no imponernos a vecinos que vienen por primera vez y tienen cierta desconfianza”.

Las asambleas han hecho de todo: campañas de desinfección colectiva de espacios públicos en Marimonjas, “porque las autoridades no se hacen cargo de cuidar la población y debemos cuidarnos entre nosotras”; compras comunitarias directas a productores en casi todos los barrios; fondos solidarios en la Asamblea El Descanso y la Resistencia; elaboración colectiva y manual de pan en Cerro Cordillera; cuadrillas de seguridad alimentaria en Playa Ancha.

“La incertidumbre es diferente si estamos organizados y nos apropiamos de nuestros territorios en los barrios”, concluyen las asambleas reunidas en cabildos territoriales. “Sabemos cuidar la vida, mientras el Estado no tiene la menor idea”, lanzan desde una de las asambleas que hace cine en la calle para seguir agrupando a los vecinos.

Dos hechos resultan notables. Uno, cómo las asambleas se mantienen y crecen en sus barrios, pese a las enormes dificultades que deben sortear. Dos, que las radios pueden jugar un papel destacado como difusoras y como nexos entre asambleas, cuando ya no pueden realizarse grandes reuniones presenciales. Recuerdo que las radios nasa, en el sur de Colombia, son también ejes de la resistencia en esta coyuntura crítica. Contribuyen a lo que Alberto Maturana denomina como “acoplamiento de conductas”.

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La población de Lima está migrando masivamente a los pueblos de la sierra. Comenzaron pequeños grupos, a pie, en coches y camiones. Son tantos que el Estado abrió una página web para anotar a aquellos que quieran salir de Lima. Hasta el 5 de abril se anotaron 167.000 personas, de las cuales sólo fueron trasladadas unas 4.500. Apenas el 3%. Esa es la capacidad de respuesta del Estado.

Es evidente que son muchas más. Imposible saber cuántas, pero encarnan un sentimiento profundo. Huyen del hambre, de dormir en la calle y, sobre todo, de la soledad. “Mi hija y yo estamos pasando hambre en Lima, mientras mi mamá come pescado y verduras en su chacra”, comenta alguien retornando a su pueblo.

Por Raúl Zibechi

7 may 2020 08:58

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Una mujer recoge una bolsa con comida en el comedor social de la parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas.Alvaro Garcia

Parroquias, Cáritas, comedores sociales y el Banco de Alimentos de Madrid alertan de una nueva crisis en la capital: se disparan en más de un 30% las peticiones de ayuda para comer

El 11 de marzo Yoselin Sarmiento dejó de ir a las clases de segundo de bachillerato en el Instituto de Vallecas I por el coronavirus. Este miércoles se colocó en silencio en una cola para recibir una bolsa de comida para su familia. “Lo llevo como puedo, no es algo que sea fácil de asimilar”. Tiene 18 años. Es la primera vez que acude. Su madre no trabaja, a su padre le han reducido la jornada a la mitad y su hermana tiene siete años. Los cuatro viven de alquiler en un piso de tres habitaciones por 800 euros al mes. “Hemos llamado al casero porque no podemos pagar mayo. Nos ha dicho que al menos paguemos la mitad”. Sueña con estudiar Telecomunicaciones en septiembre.

Si antes de la pandemia repartían comida para 600 personas en la parroquia de San Ramón Nonato del barrio, ahora la cifra llega a 1.300. Más del doble. El voluntario Alberto Vera, de 71, organiza en un despacho el reparto. En una libreta tiene los datos: un 70% son latinos y un 30% españoles. “Cada día vienen más y más”. Y cada día reparten cientos de kilos del banco de alimentos, junto a bocatas, táperes y raciones que la sonriente cocinera hondureña Magali Huanca, de 44, decide a las 8.15 de la mañana. “Hoy he hecho picante de verduras. Me sale muy bien”. A las 13.30 ya tenía preparados 15 kilos de arroz y 40 de pisto para despachar.

El Banco de Alimentos de Madrid también lo ha detectado. Si en marzo atendían a 150.000 personas en la región, hoy son 190.000. “Y subiendo”, dice una portavoz. Las solicitudes se han incrementado en un 30% por la pandemia. El stock que tenían era para tres meses. “Pero a este ritmo nos quedamos sin él”. El Ayuntamiento dice que ha recibido en marzo el mismo número de peticiones de ayuda alimentaria que en todo 2019: más de 34.000. Los comedores sociales han cuadriplicado el número de usuarios que atienden a diario. Cáritas también alerta: “Las peticiones de ayuda se han triplicado y el 40% de estas solicitudes provienen de personas que lo hacen por primera vez”. Madrid afronta ya otra curva pandémica: la social.

La pobreza inicia su escalada en el distrito de Puente de Vallecas, otra vez. Aquí viven 230.000 vecinos repartidos en seis barrios con una renta per cápita media de 24.687 euros al año, la más baja de la capital. De ellos, alrededor de 20.000 estaban en el paro antes de la covid-19. A falta de los datos abril, las colas para pedir comida anuncian que se ha multiplicado. Muchos de ellos han visto cómo sus pocas horas de trabajo al día, aquellas que pasaban limpiando hogares, acompañando a abuelos, o compaginando chapuzas de albañilería, han sido fulminadas de cuajo hace cuatro semanas. No hay paga diaria. Vivir al día se ha traducido en acudir a la parroquia a recoger alimentos. Algunos no han pisado un supermercado desde marzo. Otros se han cansado de llamar a las instituciones para pedir. Las cifras oficiales no recogen las solicitudes que no llegan a presentarse.

La cola de comida es tan larga que los voluntarios de la zona de Entrevías —donde la renta media es de 17.500 euros al año, casi cuatro veces menos que el barrio de Salamanca, con 61.572— se han visto obligados a trazar dos carriles. Uno para los que ya venían de antes de la crisis, o de otra, como el madrileño Juan, de 61, que con una mascarilla sucia y vieja cuenta que todavía no se ha recuperado. “Caí en el paro en 2009 y no he vuelto a levantar cabeza”. Y otro camino para los nuevos, los más silenciosos, los tímidos, los avergonzados.

“A veces no cenamos”. El venezolano Manuel Castillo, de 48, espera sentado a la sombra de un arbusto. “La niña lo lleva regular. Mi mujer y yo como podemos”. Trabajaba como relaciones públicas de una discoteca por comisión. Había meses que sacaba 800 euros, otros 900, pero nunca como marzo: cero.

“Todo apunta a que esta crisis va a ser peor que la de 2008. Al problema del empleo se sumarán los hijos descolgados en las aulas y los problemas intrafamiliares del confinamiento”, cuenta el sociólogo de la Universidad Autónoma Josep Lobera. “Los trabajos precarios no guardan colchón económico”, dice Matilde Masó, socióloga y economista de la Universidad de A Coruña, que ha realizado numerosos trabajos sobre la anterior crisis inmobiliaria. El doctor en Economía por la Complutense Gonzalo López avisa: “A diferencia de pandemias anteriores, esta puede tener efectos sociales y económicos distintos a los que históricamente hemos observado en estas situaciones. Para empezar, el impacto de las medidas de confinamiento está siendo desigual por el nivel de ingresos”.

A diez kilómetros de la plaza donde cientos de familias hacían cola para pedir comida, el padre Gonzalo Ruipérez, que tiene dos móviles, tiene guardados en la parroquia más de 70.000 kilos de alimentos para repartir; 30.000 más que en marzo. O dicho de otra manera: si antes repartía para 1.600 familias, ahora lo hace para 2.400. La iglesia de San Juan de Dios de la UVA de Vallecas se ha convertido en un gigantesco almacén de supermercado para los más necesitados.

“La falta de alimentos es lo primero que sale en estas situaciones. Me he encontrado con casos de padres que me dicen: no me den a mí, pero sí a mis hijos”. Dice que después del hambre vendrán los alquileres que no se pagan, casos de violencia de género, alumnos que dejarán de estudiar. “Aquí se nace ya en crisis y, ahora, más”. Le vuelve a sonar el móvil:

― ¿Padre Gonzalo?

― Sí, soy yo.

― Necesito comida para mis dos niñas pequeñas, por favor.

― Tranquila, ¿dónde vives?

― Al lado del metro de Oporto.

― ¿Puedes venir en coche o en metro?

― En metro.

― Vente mañana con alguien, te daré 50 kilos.

Y así, 300 llamadas al día. Vienen vecinos de Orcasitas, La Fortuna, Carabanchel, San Blas, Usera. El padre Gonzalo tiene una cabeza privilegiada que recuerda a la de El Profesor de la serie La casa de papel. Todo lo tiene controlado. Sabe perfectamente a qué familia entrega cada bolsa y qué se lleva. “Tengo un Excel que ya quisieran algunos organismos oficiales”. Ahora, por la pandemia, le ayuda un ejército de nueve voluntarios: Adrián, Marleny, María José, Paco… Los 10 forman un equipo que, desde primera hora y hasta bien entrada la tarde, organizan bolsas de comida para los distintos tipos de hogares.

Los alimentos que están guardados en bolsas de Mercadona significan que irán a parar a familias de cuatro miembros o menos. Las de Carrefour, para más de cinco, y las de Ahorra Más, para musulmanes. Todo cambia si hay bebés, que este mes se han visto incrementadas las demandas. Si antes había 85 familias con recién nacidos, ahora son 102. Estas familias tendrán otra bolsa adicional con pañales, potitos o leche en polvo. También varía si hay hogares que, como en la Cañada, no tienen luz. Ellos recibirán más latas en conserva y nada de congelados. Eso sí, todas incluyen mascarillas y un botecito de alcohol desinfectante.

― ¿Alguna vez han entrado a robar al almacén?

― Nunca. Una vez se acercó un señor y me dijo: ‘Padre, no se preocupe. Todas las familias que robamos estamos aquí’.

El padre Gonzalo dice que pide a todo el mundo. “No me da vergüenza porque no es para mí”. Los alimentos provienen del banco de alimentos, de donaciones de supermercados, de empresas privadas o de compras que el mismo párroco, que gana 800 euros al mes, realiza. O de voluntarios. El otro día se acercó un señor y le dio 6.000 litros de leche. Este miércoles vino una señora con 600 cebollas. “Amigos que tengo”.

A las 15.30 de la tarde del miércoles una fila de familias hace cola en la puerta de la parroquia. El padre, que ni se acuerda de que él también tiene que comer, coloca dos pupitres en una entrada del templo con la distancia de seguridad de dos metros. Un improvisado despacho. En él se van sentando los nuevos. Los que hasta marzo podían comprar y ahora no. Les entrevista. Les pide el padrón y, por si acaso, dos números de teléfono. “Es muy fácil engañar, pero sé cuando lo hacen”. Argentina Heredia, de 24 años, viene con un antifaz azul que le hace de mascarilla. En un mes será madre por cuarta vez.

― Buenas, padre. Vengo de Aranjuez.

― Hola, hija. ¿Cuántos sois en casa?

― Tres niños y el que viene.

― Toma. Y esto para que cenéis esta noche.

Su marido era vendedor ambulante y ella ama de casa. Ya no hay ingresos. “El mes que viene os lo acercamos nosotros”, le dice. Sí, porque también vienen voluntarios que hacen el reparto a domicilio. Son las 17.00. El padre se levanta y muestra otros dos locales donde guarda más comida. De camino, y en voz baja, cuenta que todos los días recibe 10 pizzas de un restaurante italiano buenísimo de la capital. “Aquí la pizza significa Navidad”. Él las va distribuyendo todas las noches por distintos hogares. Los niños abren la puerta y lo celebran como un juguete nuevo.

“Buenas tardes, padre”, “¿qué tal, padre?”, “¿todo bien, padre?”, le saludan los vecinos mientras cruza un paso de peatones. De repente, una señora se acerca y le dice: “Padre, he visto un pato de estos de los parques por la plaza”. Él, incrédulo, asoma el cuello como una jirafa para vislumbrarlo:

― Pues como no se vaya, alguno come hoy pato a la naranja.

Por Manuel Viejo

Madrid - 23 abr 2020 - 17:30 COT


Trece detenidos tras una nueva noche de disturbios en las barriadas de París

El ministro del Interior califica los incidentes de “tensiones esporádicas”

A pesar de que la venta de cohetes y petardos lleva dos días prohibida por decreto policial, en las banlieues, los suburbios deprimidos de París, decenas de jóvenes volvieron a lanzar la noche del miércoles este tipo de artefactos contra agentes desplegados para controlar los disturbios que se llevan produciendo desde el sábado en varios puntos de los alrededores de la capital francesa. En total, 13 personas fueron detenidas por unos incidentes que, no obstante, están lejos de ser considerados una réplica de las violentas revueltas que vivieron las banlieues en 2005.

“Se trata de pequeños grupos que piensan que sería divertido atacar a las fuerzas de la policía, quemar papeleras. No es divertido, es peligroso, empezando por ellos mismos”, dijo este jueves el ministro del Interior, Christophe Castaner, que atribuyó la situación, en parte, “a la dureza del confinamiento para estos jóvenes”, procedentes en su mayoría de hogares donde “la pobreza en la que viven puede provocar la cólera”. En cualquier caso, continuó en una entrevista con la emisora BFM TV, son “tensiones esporádicas” y, aunque “son inaceptables”, tampoco hay que “politizarlas”.

Aunque no citó a nadie, el mensaje era claro. En los pasados días, conforme continuaban los disturbios cuyo origen está en un controvertido accidente entre un joven y una patrulla de policía en Villeneuve-la-Garenne, al norte de París, políticos como la ultraderechista Marine Le Pen han reclamado mano dura en estas banlieues donde abunda la población de origen inmigrante. “No es momento de buenos sentimientos, de excusas o de políticas catastróficas. Es hora de desarmar a la chusma, de su castigo y su neutralización”, reclamó en Twitter.

Desde el sábado, cuando un joven motorista resultó herido grave cuando un agente abrió —si intencionalmente o no es algo que está investigando la fiscalía y la propia policía— la puerta de la patrulla camuflada que pretendía detenerlo por exceso de velocidad, se han registrado disturbios en varias banlieues, donde grupos de jóvenes han incendiado coches y mobiliario urbano, además de “emboscar” a policías lanzándoles petardos.

Tras una nueva noche de incidentes, incluido el incendio de una escuela en Gennevilliers, que dejaron nueve detenidos, el joven cuyo accidente desató las protestas llamó el miércoles a la calma. “He sabido que habéis destruido coches. Os pido que volváis a casa, que os calméis”, dijo en un vídeo enviado a varios medios desde el hospital donde permanece ingresado por una fractura abierta de fémur. Pese a ello, y pese a que la prefectura de Policía de París ha prohibido la venta y posesión de fuegos artificiales y petardos en la capital y los departamentos vecinos hasta el próximo lunes, volvieron a registrarse incidentes la pasada noche en localidades como Gennevilliers, donde fueron descubiertos una quincena de artefactos incendiarios, y en Clamart, donde cinco personas fueron detenidas por portar cócteles molotov. Por su parte, en Champigny-sur-Marne, desconocidos lanzaron petardos contra la comisaría de policía, según la Agencia France Presse.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes de los disturbios, estos no son más graves que los habituales, según el director general de la Policía Nacional, Frédéric Veaux. “Si miramos las estadísticas, nos encontramos ante una cifra inferior en relación con la misma época del año pasado. En cuanto a los hechos, aunque son condenables, no son de una gravedad excepcional”, dijo ante diputados, destaca el diario 20Minutes.

Por Silvia Ayuso

París - 23 abr 2020 - 11:24 COT

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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Día internacional de los Derechos Humanos, día internacional del cinismo

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.

Por MANU PINEDA

EURODIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR UNIDAS PODEMOS

10/12/2019

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Láser espacial detecta por primera vez la migración animal más grande del planeta

La migración animal más grande del planeta, y una parte crítica del sistema climático de la Tierra, se ha observado en el mundo por primera vez gracias al uso inesperado de un láser espacial.

Cada noche, al amparo de la oscuridad, innumerables pequeñas criaturas marinas, desde calamares hasta krill, nadan desde las profundidades del océano hasta cerca de la superficie para alimentarse.

Los investigadores observaron este patrón de migración vertical usando el satélite Cloud-Aerosol Lidar y el Infrared Pathfinder Satellite Observations (Calipso), proyecto conjunto entre la NASA y el Centro Nacional de Estudios Espaciales, de Francia, que se lanzó en 2006. Publicaron sus hallazgos en la revista Nature.

“Este es el último estudio que demostró algo que sorprendió a muchos: que el lídar (rádar láser) tiene la sensibilidad de proporcionar mediciones oceánicas científicamente útiles desde el espacio”, dijo Chris Hostetler, científico del Centro de Investigación Langley de la NASA y autor del estudio. “Sólo estamos rascando la superficie de la nueva y emocionante ciencia oceánica que se puede lograr con láser”.

El estudio analiza un fenómeno conocido como DVM (Diel Vertical Migration), en el que pequeñas criaturas marinas nadan desde el océano profundo por la noche para alimentarse de fitoplancton cerca de la superficie, y luego regresan a las profundidades justo antes del amanecer. Los científicos reconocen este movimiento natural diario en todo el mundo como la mayor migración de animales en la Tierra en términos de número total.

El efecto acumulativo de las criaturas diarias que migran verticalmente en el clima de la Tierra es significativo. Durante el día, el fitoplancton oceánico fotosintetiza y, en el proceso, absorbe cantidades significativas de dióxido de carbono, lo que contribuye a la capacidad del océano de absorber los gases de efecto invernadero de la atmósfera.

El catedrático de Medicina Nicolás Olea, autor de 'Libérate de tóxicos'. KIKE PARA

 El catedrático de Medicina Nicolás Olea pide más regulación para los disruptores endocrinos, presentes en todo tipo de objetos cotidianos

El ministerio de Sanidad recomendó hace dos semanas a niños y embarazadas que no consuman atún ni pez espada por la presencia de mercurio en estos pescados. “Esa recomendación llega 20 años tarde”, se queja Nicolás Olea (Granada, 1954). El catedrático de la Facultad de Medicina de Granada lleva dos décadas estudiando el impacto de los denominados disruptores endocrinos -aquellas sustancias químicas que alteran el equilibro hormonal- en la población. Uno de ellos es el mercurio, pero hay muchos más, presentes en objetos de consumo cotidiano. “Hemos detectado que muchos niños con déficit de atención o hiperactividad han tenido más exposición al mercurio durante el embarazo”, advierte. Ahora, el científico acaba de publicar Libérate de tóxicos (RBA), donde exige más regulación para estas sustancias.

Pregunta. ¿Estamos expuestos a contaminantes químicos?

Respuesta. Hay productos de los que tenemos constancia de su toxicidad: se llaman compuestos CMR (Carcinogénicos, Mutagénicos y Reprotóxicos) y la única exposición que existe es la profesional, muy regulada. Pero luego hay productos que contienen lo que llamamos disruptores endocrinos, es decir, que afectan y alteran el sistema endocrino, y que están presentes en todo tipo de objetos de consumo habituales: en los embalajes, en los cosméticos, en los textiles y hasta en los alimentos. Estamos expuestos a ellos a diario.

Pregunta. ¿Qué productos contienen disruptores endocrinos?

Respuesta. Los pesticidas y herbicidas usados en agricultura, los plásticos del envase alimentario, el papel y cartón reciclado, cosméticos, productos de higiene... Por ejemplo, los tiques de caja térmicos, aquellos que no tienen tinta ni cinta, están hechos de bisfenol A, que es un disruptor endocrino. Si lo tocas con las manos húmedas y luego comes, se produce una exposición oral y dérmica. Hay muchas mujeres jóvenes trabajando de cajeras, y este tóxico puede afectar a la fertilidad. Además, esos tiques se reciclan, de manera que contaminan todo el papel y el cartón reciclado. La Unión Europea los va a prohibir en enero. Pero en Francia se hizo en 2013. El bisfenol A se encuentra también en plásticos como el policarbonato, usado en envases de zumos, leche y agua, en utensilios para comer y hasta en biberones.

Pregunta. ¿Qué otras sustancias pueden afectar a la salud?

Respuesta. Los ftalatos, que son ablandadores de plásticos, y que en cosmética son los que retienen el aroma y hacen que el perfume dure más. Se prohibieron las tetinas, mordedores y chupetes de este material para niños, pero se mantienen en muchos productos de cosmética.

Pregunta. ¿Qué efectos tienen los disruptores endocrinos sobre la salud?

Respuesta. Afectan sobre todo a las mujeres, hay relación con más casos de cáncer de mama, endometriosis e infertilidad. En los niños causan déficit de atención e hiperactividad. Cualquier sistema hormonal se puede ver dañado por estos contaminantes ambientales, que causan problemas de tiroides, diabetes u obesidad.

Pregunta. ¿Qué otros productos pueden tener estos disruptores?

Respuesta. Cualquier alimento que esté envasado en plástico es susceptible de estar contaminado por este material: botellas de agua, envases alimentarios… La lucha por reducir los plásticos no solo es por el impacto ambiental sino por la transferencia del plástico al envase. Cuando bebes café de la máquina estás bebiendo también polietileno del vaso. Los cosméticos tienen ftalatos y parabenos, que son conservantes y se encuentran, por ejemplo, en el gel. Las cremas solares también son disruptores endocrinos: lo que hay que hacer es no tomar el sol de doce de la mañana a cinco de la tarde. Mientras, los aditivos antifuego contienen polibromados, presentes en los textiles y la electrónica, que afectan a la tiroides; ahora se están empezando a regular en la Unión Europea.

Pregunta. ¿Y algún material doméstico que los contenga?

Respuesta. Los perfluorados, presentes en el recubrimiento antiadherente de las sartenes y los aislantes en la ropa deportiva, así como en el papel resistente a la grasa que te dan en la carnicería o la pescadería. Los perfluorados producen obesidad en el cuerpo de los niños. La exposición ya ha ocurrido de forma inadvertida, sin tener en cuenta que tiene un efecto biológico. Y dar marcha atrás es muy difícil.

Pregunta. ¿Qué tipo de estudios realizan en la Universidad de Granada?

Respuesta. Nosotros trabajamos con grupos de gente voluntaria, que llamamos cohortes. Tenemos por ejemplo 3.600 niños de Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares y Granada. Hemos analizado su orina durante 19 años y hemos visto la exposición real a estos disruptores endocrinos. También tenemos cohortes de embarazadas. Hacemos encuestas epidemiológicas y hábitos de consumo y vemos qué enfermedades aparecen. Y medimos la exposición a disruptores endocrinos en fluidos internos, orina y tejidos adiposos. Hemos medido los pesticidas persistentes y no persistentes, los residuos del plástico, de los cosméticos y de los textiles.

Pregunta. ¿Qué resultados han obtenido con los niños?

Respuesta. Una de las cosas que hemos visto con los niños es el alto nivel de mercurio. Peces como atún o pez espada, emperador, tiburón, marrajo, cazón, pintarroja... tienen muchísimo mercurio. Hemos visto que muchos niños con déficit de atención o hiperactividad han tenido más exposición al mercurio durante el embarazo. Hasta el año pasado en Valencia se ha recomendado a las embarazadas comer emperador dos veces en semana. El Mediterráneo está contaminado de plásticos y metales, y esto pasa sobre todo a los peces más grandes y más longevos. Ahora van a hacer 400.000 carteles para ponerlos en los centros educativos y avisar de que no conviene comer estos pescados.

Pregunta.  ¿Por qué la normativa no protege a los más vulnerables?

Respuesta. Porque los cambios son muy lentos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) desaconsejó la pasada semana el consumo de pescados grandes para embarazadas y niños menores de 10 años, porque los niveles de mercurio que tiene el pescado son elevados. Pero hay estudios que ya lo demostraban hace 20 años. La Unión Europea ha presionado a España para lograrlo. Los niños están orinando más mercurio del recomendado.

Pregunta. ¿Los disruptores endocrinos afectan más a los niños?

Respuesta. Sí. Las fases de mayor susceptibilidad son embrión, feto y primera infancia, cuando los sistemas hormonales son más frágiles y se están formando. En los primeros mil días de una persona (de la gestación al segundo cumpleaños) se decide todo lo que va a pasar con el adulto: tendencia a la obesidad, problemas tiroideos, infertilidad… Por eso sobre todo en esta fase hay que cuidar la nutrición, la prevención de la violencia, los estímulos positivos y la contaminación ambiental.

Pregunta. ¿Cómo deberían actuar los consumidores?

Respuesta. Deberían informarse sobre lo que comen y consumen. Si esperamos que los legisladores actúen sobre el mercurio o los tiques de caja, pasan años. Tengo la sensación de que nos hemos comido todos los tiques de caja de Francia durante siete años.

Pregunta. ¿Y qué debería hacer el Gobierno?

Respuesta. Hay que actuar con cautela y de forma preventiva ante la incertidumbre. Cuando no hay pruebas suficientes de que algo es bueno, mejor ser cauteloso, porque si esperas a tener la evidencia pasados unos años el daño será irreversible. Hay que anticiparse a los riesgos. Tardar tanto en decidir que el pescado con mercurio es malo me parece un delito. Esa decisión llega 20 años tarde. La evidencia que había entonces es la misma que hay ahora. ¿Y ahora qué haces con este tipo de pescado? ¿Solo se permite a adultos bajo su responsabilidad?

Pregunta. ¿Pasará lo mismo con otras sustancias más adelante?

Respuesta. Todos niños españoles orinan plástico, que viene del consumo alimentario. Principalmente, bisfenol A. ¿Cuándo se va a prohibir? ¿En 10 años? Cuando lo publicamos nos dijeron que los niveles eran bajos. No admitimos que nos digan que es normal orinar plástico.

Por Miguel Ángel Medina

Madrid 19 NOV 2019 - 02:30 COT

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Expertos de Japón sugieren la ingesta regular de champiñones y setas, entre otros, además de una dieta equilibrada. La imagen, en Bocoyna, Chihuahua.Foto Notimex

Son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales protegen de una inflamación crónica que conduce a la enfermedad, destacan

 

Los resultados del primer estudio de cohorte (investigación observacional y analítica) a largo plazo sobre más de 36 mil hombres durante décadas sugieren una asociación entre comer champiñones, setas y otros hongos y menor riesgo de cáncer de próstata, según publican sus autores en la revista International Journal of Cancer.

El cáncer de próstata comienza cuando las células de la glándula prostática, pequeño órgano con forma de nuez que produce el líquido seminal, comienzan a crecer. Es uno de los más comunes problemas oncológicos que afectan a los hombres, con más de 1.2 millones de casos nuevos diagnosticados en el mundo en 2018, y cuyo riesgo aumenta con la edad.

Los hongos se usan ampliamente en Asia tanto por su valor nutricional como por sus propiedades medicinales. Los estudios de laboratorio en probetas y organismos vivos han demostrado que los hongos tienen el potencial de prevenir los tumores de próstata. Sin embargo, "la relación entre su consumo y la enfermedad en humanos nunca se había investigado", señaló Shu Zhang, profesor asistente de epidemiología en el Departamento de Informática y Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Tohoku, en Japón.

“Hasta donde sabemos, es el primer estudio de cohorte que indica el potencial preventivo de los hongos a nivel de población en esta enfermedad. Aunque nuestra investigación sugiere que su consumo regular puede reducir el riesgo de ese cáncer, también queremos enfatizar que llevar una dieta saludable y equilibrada es mucho más importante que llenar la cesta de la compra con esos productos, destacó Zhang.

Para este estudio, los investigadores analizaron a 36 mil 499 hombres entre 40 y 79 años en Miyagi y Ohsaki (Japón), desde 1990 y 1994, respectivamente, con una duración del seguimiento para el primero de 24.5 años, y de 13.25 años en el segundo. Se les pidió a que completaran un cuestionario relacionado con su estilo de vida, como el consumo de hongos y otros alimentos, actividad física, hábitos de fumar y beber, así como que proporcionaran información sobre su educación y antecedentes familiares y médicos.

El seguimiento a largo plazo de los participantes indicó que el consumo de hongos de forma regular reduce el riesgo de cáncer de próstata, y fue significativo en especial en hombres de 50 años o más y en los que tenían una dieta basada principalmente en carne y productos lácteos, con un consumo limitado de frutas y verduras.

El análisis estadístico de los datos (utilizando el modelo de riesgos proporcionales de Cox) también señaló que el consumo regular de hongos estaba relacionado con menor peligro de padecer ese mal, independientemente de la cantidad de frutas y verduras, o de carne y productos lácteos. De los participantes, 3.3 por ciento desarrollaron la enfermedad en el periodo de seguimiento. Los que consumieron hongos una o dos veces por semana tenían un riesgo 8 por ciento menor, comparado con los que los comieron menos de una vez por semana.

Según Zhang, "los hongos son una buena fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, especialmente L-ergotioneina", que se cree que mitiga el estrés oxidativo, desequilibrio celular resultante de una dieta pobre y elecciones de estilo de vida y exposición a toxinas ambientales que pueden conducir a una inflamación crónica que es causante de enfermedades crónicas como el cáncer.

"Los resultados de nuestro estudio sugieren que los hongos pueden tener un efecto positivo en la salud de los humanos", precisó Zhang.

“Se requieren más estudios que brinden mayor información sobre la ingesta dietética de hongos en otras poblaciones y entornos para confirmar esta relación.

"Teniendo en cuenta que el estadunidense promedio consume menos de 5 gramos de hongos por día, que es más bajo que el que comieron los participantes en este estudio (7.6 g/día), uno esperaría que incluso un pequeño aumento en el consumo de hongos ofrezca beneficios potenciales para la salud", concluyó Zhang.

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