Escanea y asómate al horror: llegan las apps que te dicen la mierda que te metes

Ya no hace falta tener un posgrado en nutrición para entender las etiquetas de los alimentos o los cosméticos. Llegan nuevas aplicaciones para móviles que descifran lo que llevan los productos que consumes, así como sus posibles peligros.

Una persona lleva varios minutos paralizada en el pasillo de las latas. Una lista interminable de ingredientes ininteligible, conservantes con nombres imposibles, un jeroglífico escrito con letras microscópicas, muchas veces con su nombre científico en latín... La tarea de saber qué contienen los productos procesados que te comes o los cosméticos que te echas encima nunca ha sido sencilla.

Para empezar, haría falta una lupa, una base de datos memorizada sobre miles de elementos químicos y nutrientes, y un algoritmo que los procese a toda velocidad para saber si un producto presenta algún tipo de peligro para la salud. Es precisamente lo que hace la aplicación para móviles Yuka, lanzada por tres desarrolladores franceses en 2017 y que, según afirman, cuenta ya con cerca de diez millones de usuarios. Desde este verano, también está disponible en España.

Con esta app gratuita en su versión básica, las personas que quieran saber qué contienen los alimentos y los cosméticos que consumen solo tienen que escanear el código de barras y asomarse al horror. En efecto, gran parte de los productos procesados que consumimos a diario contienen tóxicos, pueden ser cancerígenos, producir sobrepeso o problemas coronarios en distintos grados. Aunque también hay sorpresas: Yuka también permite descubrir productos razonablemente sanos en las góndolas de los supermercados. Y ofrece alternativas menos perjudiciales para la salud.

“Claro, ahí está el negocio”, señala el desconfiado lector. No, al menos si creemos a los creadores de Yuka. Una de las particularidades de esta app es que se proclama “100% independiente”. Según explican en su propia página, “la aplicación no hace ningún tipo de publicidad” y la financiación se realiza, sostienen, fundamentalmente a través de su versión premium y otros servicios adicionales. Además, siempre según su versión, “por razones éticas, Yuka no vende ni utiliza ningún dato personal”.

Mi desodorante es letal

Un paseo por la nevera o por el baño móvil en mano puede acabar muy mal. Un rápido escaneo al desodorante Nivea for Men arroja un “riesgo alto”, con una puntuación de 0/100, es decir, que no puede ser más malo. “La revolucionaria crema para la piel del hombre” contiene BHT (Butilhidroxitolueno), un antioxidante que “ha mostrado efectos de interrupción endocrina” y que “también podría tener efectos en las hormonas sexuales y afectar a la fertilidad y el desarrollo”. Y también tiene “Aluminium Chlorohydrate”, sales de aluminio vinculadas, según un estudio publicado por el International Journal of Cancer en 2016, con efectos cancerígenos, siempre según los resultados que ofrece esta app.

La crema con la que cuidas las irritaciones del culo de tu bebé debería ser algo 100% seguro, pero resulta, según los cálculos de Yuka, que Mitosyl de Laboratorios Sanofi Aventis solo es un 8% seguro. Contiene “Petrolatum”, un aceite mineral derivado del petróleo de “riesgo alto” clasificado como “posible cancerígeno humano”.

¿Va a pillar un cáncer tu hijo por usar Mitosyl? Pues, probablemente no. Debería “nadar en una bañera de Petrolatum para que tenga algún efecto”, diría el gabinete de prensa de Sanofi Aventis. Pero ¿qué ocurre cuando casi todos los elementos que comemos o que nos untamos tienen algún ingrediente considerado nocivo para la salud? ¿No es mejor limitar este consumo si tenemos la información y hay alternativas? 

Para calcular la idoneidad de los productos, la calidad nutricional representa el 60% de la nota final, con un método basado en Nutriscore, un semáforo de calidad nutricional que se rige por el Programa Nacional de Nutrición y Salud de Francia, de pronta aplicación en España. La presencia de aditivos representa el 30% de la puntuación y determina la peligrosidad final del producto con tres colores: sin riesgo (pastilla verde), riesgo limitado (pastilla amarilla), riesgo moderado (pastilla naranja), riesgo elevado (pastilla roja). Y el 10% final de la nota corresponde al origen orgánico o ecológico de los productos utilizados.

Desde enero de 2018, Yuka ha ido construyendo su propia base de datos. Hoy cuenta con un registro de 450.000 productos alimenticios y 150.000 cosméticos. Y si la aplicación no reconoce el producto, el usuario puede incorporarlo a la base de datos. Una foto de la mercancía, del código de barras, otra de los ingredientes y cuatro horas de espera son suficientes para conocer la peligrosidad de casi cualquier alimento o cosmético. Las bebidas alcohólicas o la leche de fórmula para bebés son algunos de los productos que no incluye Yuka en sus bases de datos.

Un mercado en disputa

De forma paralela, otras aplicaciones similares han ido saliendo al mercado. Una de ellas es myHealth Watcher, que también hace gala de ser “100% independiente” y colaborativa: “Bajo ninguna circunstancia myHealth Watcher realizará cambios en sus algoritmos de recomendación a propuesta de fabricantes o marcas”, afirman desde esta empresa. La particularidad de esta app es que permite personalizar perfiles para cada miembro de la familia incluyendo información de alergias e intolerancias, y dietas vegetarianas o veganas.

Otra aplicación es El CoCo, un “proyecto autofinanciado y 100% independiente”, según su propia definición. Esta app “calcula el grado de procesamiento de cada producto y te avisa cuando son ultraprocesados” utilizando también, entre otros, el sistema Nutriscore.

Yuka y El CoCo dan más valor a los aditivos y conservantes, y Yuka es la que más valora el hecho de que los productos sean ecológicos. Sin embargo, ninguna de las aplicaciones tiene en cuenta el efecto de estos alimentos o cosméticos en el medio ambiente o en el entorno laboral o social donde son producidos o la huella ecológica de su transporte o de su embalaje.

¿Sirve de algo conocer los efectos nocivos de un producto? ¿Ayuda a que los consumidores cambien sus hábitos o para que las empresas comiencen a buscar alternativas más sanas? El ejemplo del tabaco no invita al optimismo. Sin embargo, las personas preocupadas por los productos que consumen y su impacto en la salud nunca han tenido tan fácil identificar la mierda que se meten.

Martín Cúneo

@MartinCuneo78

2019-10-15 06:00

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Miércoles, 14 Agosto 2019 05:42

Capitalismo, agricultura y cambio climático

Capitalismo, agricultura y cambio climático

 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) filtró un adelanto de un estudio sobre la relación entre suelos, agricultura y cambio climático. Es un poderoso llamado de atención sobre las fuerzas que amenazan con desfigurar la biósfera y destruir la especie humana. El análisis hace hincapié en el uso de suelo, la producción de alimentos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La advertencia del IPCC señala que la agricultura, la ganadería y la silvicultura generan 23 por ciento del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) cada año. Por otra parte, el IPCC recuerda que los suelos del planeta son responsables de absorber alrededor de 30 por ciento del bióxido de carbono emitido cada año por la industria y el sector energético. En la medida en que los suelos se degradan, se reduce su capacidad de absorción del bióxido de carbono (CO2) y su capacidad productiva se ve limitada. Esto aumenta la concentración de GEI en la atmósfera y agrava el cambio climático, lo que genera nuevamente mayor degradación de suelos. El riesgo de desencadenar un ciclo acumulativo vicioso es hoy día muy alto.

El informe del IPCC es importante, pero, como siempre ocurre con estas evaluaciones sobre la destrucción ambiental en el mundo, adolece de una grave omisión: no contiene ninguna referencia sustantiva a las fuerzas económicas que están promoviendo esta degradación ambiental.

El IPCC indica que cerca de 30 por ciento de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia. La reducción de estos desechos haría una contribución importante para restringir las emisiones de GEI. El IPCC también reconoce que es necesario combatir la desigualdad que impera en los paisajes rurales del mundo para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, los patrones de consumo y el tipo de dieta imperante afectan la cantidad de tierra y agua que se necesitan para la producción de alimentos. El consumo de carne es uno de los factores más negativos en la contribución del sector a las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, por cada kilogramo de proteína animal producida se necesitan 10 mil litros de agua, nueve kilogramoss de granos y el equivalente a 18 kilogramos de capa orgánica de tierra.

Es cierto que la agricultura mundial está hoy profundamente distorsionada y sumergida en un círculo vicioso, en el que la degradación de suelos está asociada a mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no será fácil implementar los cambios que se necesitan para reducir las emisiones de GEI del sector agrícola. Y es que, hoy, la agricultura mundial se comporta tal como el capitalismo siempre quiso que lo hiciera. El desperdicio y la desigualdad son dos signos distintivos de este fenómeno. La desigualdad es resultado de la lucha que el capital siempre ha mantenido por controlar el proceso de producción en el campo, buscando someter al campesinado y la población rural a la relación salarial. El acaparamiento de tierras es una faceta de este proceso. Por su parte, el desperdicio es un subproducto del control de la producción agrícola por el capital. No hay que olvidar que bajo el capitalismo, el objetivo de la producción mercantil agrícola no es generar alimentos para la población, sino producir ganancias para las corporaciones. En la producción capitalista el desperdicio es parte del valor agregado que se vende como mercancía.

Un rasgo esencial del capitalismo es la tendencia a la concentración del poder de mercado en pocas empresas. En la agricultura mundial esta consolidación corporativa se manifiesta no sólo en las grandes plantaciones y fábricas de carne, sino en todos los eslabones de la cadena de valor: comercialización, procesado y empaque, transporte y producción y venta de semillas e insumos agroquímicos (muchos profundamente tóxicos). Los abusos de la concentración de poder van desde la manipulación de precios hasta las violaciones de los derechos humanos de poblaciones campesinas.

El IPCC es incapaz de examinar el verdadero motor de la destrucción ambiental provocada por las grandes plantaciones de aceite de palma en el sudeste asiático, o por la ganadería y la soya transgénica en América Latina. Y es que el IPCC critica esas plantaciones, pero considera que están relacionadas con las necesidades de una población constantemente en aumento. No puede ver que esos proyectos tienen muy poco que ver con las necesidades de la gente y en cambio, sí, mucho con la transformación de la agricultura en una fuente de ganancias. Las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura están vinculadas con la transformación de la producción de alimentos y del paisaje rural en general en un simple espacio de valorización para el capital.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero únicamente es posible frenando los excesos del capitalismo. El mercado no podrá hacerlo. La autoridad pública (el Estado) es la única que puede orientarnos en esa dirección. Pero eso necesita un cambio de paisaje político, que hoy está lejos de presentarse.

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Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

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“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

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EEUU reconoce su responsabilidad en la crisis de Venezuela

El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.


Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.


Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.


En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.


Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.


Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.


Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.


No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.

Por Pablo Siris Seade
Caja de Respuestas

 

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Sábado, 11 Mayo 2019 05:20

El veneno que nos legó Monsanto

El veneno que nos legó Monsanto

Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

El primer juicio que ganó una víctima, en agosto de 2018, fue la demanda de D. Lee Johnsson, un jardinero que aplicó glifosato por dos años en una escuela, a partir de lo cual contrajo el cáncer linfoma no-Hodgkin. (https://tinyurl.com/y5umrtt3). Un juez de San Francisco condenó a Monsanto-Bayer a pagar 289 millones de dólares en primera instancia, pero luego de que Bayer apelara quedó en 78 millones. En otro juicio, en marzo 2019, se dictaminó que Monsanto-Bayer debe pagar 80 millones de dólares a Edwin Hardeman por ser responsable de su enfermedad. Está a punto de concluir en Oakland el tercer juicio similar, iniciado por el matrimonio Pilliod contra Monsanto. Tienen 70 años y ambos padecen cáncer. Se espera que nuevamente sea un dictamen multimillonario en favor de las víctimas. (https://usrtk.org/monsanto-papers/)

Paralelamente, en Europa, Monsanto perdió por tercera vez, en abril de 2019, el juicio iniciado por el agricultor francés Paul François, quien sufre daños neurológicos por el uso del herbicida Lasso, con otro componente agrotóxico.

Bayer, que finalizó la compra de Monsanto en 2018, ha perdido hasta el momento más de 30 mil millones de dólares por la disminución del valor de sus acciones, por el impacto negativo de los resultados de los juicios sobre glifosato. El 26 de abril 2019, 55 por ciento de accionistas de Bayer votó contra las estrategias del directorio, liderado por Werner Baumann, que defendió la compra de Monsanto.

El glifosato, inventado por Monsanto en 1974, es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Se vende bajo muchas marcas, como Faena, Rival, RoundUp, Ranger y otras. Las cantidades aplicadas aumentaron exponencialmente con la liberación de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. El aumento de su uso produjo resistencia en más de 25 tipos de malezas, creando un círculo vicioso de aplicar cada vez más glifosato. Se han encontrado cantidades elevadas de residuos de glifosato en alimentos, fuentes de agua y test de orina, sangre y leche materna en varios países y continentes, fundamentalmente en los mayores productores de transgénicos.

En todos los casos de juicios nombrados, los jueces dictaminaron en favor de las víctimas porque hallaron que Monsanto sabía de los riesgos y no lo explicó en etiquetas ni estrategia de venta de los productos. El punto es central, ya que el argumento de Monsanto es que las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anuncian el glifosato como un herbicida de bajo riesgo.

No obstante, en el curso de los juicios Monsanto ha tenido que liberar documentos internos que prueban que tenía estudios propios muy tempranos que mostraban el potencial carcinogénico del glifosato y que pese a ello se dedicó durante décadas a escribir artículos que lucieran como si fueran científicos negando la toxicidad del glifosato, que luego acordaron con diferentes autores supuestamente científicos que los publicaran en su nombre sin mencionar a Monsanto.

Varios de esos artículos fueron listados por la EPA para determinar que el glifosato era casi inocuo a la salud. La organización US Right To Know ha publicado en su sitio dedicado a los juicios contra Monsanto documentos desclasificados hasta 2019 con pruebas y nombres de varios autores y artículos falseados (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

En un reciente artículo de Nathan Donley y Carey Gillam en The Guardian, denuncian que Monsanto nunca realizó estudios epidemiológicos del uso de glifosato para ver su potencial cancerígeno, y en su lugar dedicó enormes sumas de dinero (hasta 17 millones de dólares en un año) para hacer campañas de propaganda, artículos de opinión de periodistas sesgados y actuar como escritor fantasma de artículos científicos que afirman que el glifosato es inocuo o no tiene grandes riesgos. Esto aumentó luego de la declaración de la OMS en 2015 (https://tinyurl.com/yxkrw4l9).

También dan a conocer correos electrónicos de Monsanto con la consultora de "estrategia e inteligencia política" Hakluyt, en julio de 2018, que revelan que la Casa Blanca afirma que "le guardará la espalda a Monsanto" en cualquier caso y que pese a los estudios que muestran toxicidad no votarán nuevas regulaciones. (https://tinyurl.com/yxcbswp5)

Son abrumadoras las evidencias de que se debe prohibir el glifosato. Varias ciudades estadunidenses y algunas latinoamericanas ya lo han establecido. El tema no es solamente este tóxico o sólo Monsanto-Bayer. Todas las trasnacionales de agronegocios tienen estrategias parecidas para vender veneno a costa de la salud y el medio ambiente. Hay que avanzar en la eliminación de todos los agrotóxicos.

 

Por Silvia Ribeiro,  investigadora del Grupo ETC

 

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El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Mauer, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro./ REUTERS

La crisis ha ocasionado escasez de medicinas y material médico. En febrero la oposición intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este miércoles un acuerdo con la Cruz Roja para el ingreso de ayuda humanitaria a su país, después de reunirse con el presidente del Comité Internacional de esta organización, Peter Maurer. "Llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el Gobierno Bolivariano, de trabajar para, conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda" humanitaria "que pueda traerse", ha asegurado Maduro en una transmisión obligatoria de radio y televisión.


Venezuela atraviesa una aguda crisis económica que ha ocasionado escasez de medicinas y material médico desde hace unos cinco años, y por ello en febrero la oposición venezolana intentó introducir ayuda donada por Estados Unidos y otros países, pero los cargamentos, almacenados en Colombia, Brasil y Curazao fueron bloqueados por orden de Maduro.
En el anuncio de hoy Maduro no hizo referencia a este hecho, sino que explicó que su canciller, Jorge Arreaza, trabaja en negociar un documento "formal" con la Cruz Roja donde se establezcan los parámetros del ingreso de ayudas para que el Comité Internacional del organismo sea el "rector" de todos los "mecanismos" que quieran ayudar.


"Respetando la soberanía de nuestro país, sin politización de ningún tipo, ni tergiversación (...) y efectivamente cumpliendo los protocolos de seguridad extrema, máxima, que el sistema internacional tiene para cuando, a los distintos países del mundo, incluida Venezuela, envían algún tipo de ayuda humanitaria", apuntó. El mandatario señaló que es "bienvenido todo lo que sea legal", aunque destacó que "desde hace mucho tiempo Venezuela recibe de China, Rusia, Turquía, India" y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoyo "de ayuda humanitaria".


Este miércoles, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró que esa organización está en la disposición de atender la crisis de Venezuela y reducir sus "impactos negativos" sobre los ciudadanos. Maurer estuvo de visita en el país durante cinco días y sostuvo encuentros con Maduro y varios ministros de su gabinete, los dos vicepresidentes del Parlamento, así como con doctores, enfermeras, pacientes y asociaciones civiles. "Hay un muy buen espíritu de cooperación", dijo Maurer durante un encuentro con periodistas en Caracas al término de su visita.


Maurer indicó que la Cruz Roja ha visto las dificultades de algunos hospitales para prestar servicios a la gente por falta de agua o electricidad y aseguró que también pueden cooperar en esas áreas, así como en la rehabilitación de centros de salud. Pero "no podemos rehabilitar todo el sistema de salud" y "no podemos atender todos los problemas", matizó.

11/04/2019 08:43 Actualizado: 11/04/2019 08:43

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Las ayudas humanitarias de China, Rusia, Cuba, UNICEF, OPS y la ONU

China, Cuba y la Organización Panaméricana de Salud (OPS) enviaron 933 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela solicitada por el Gobierno. Los contenedores llegaron el 14 de febrero al puerto de La Guaira, Venezuela. Los países solidarios coordinaron con los organismos de la ONU y con el Estado venezolano en tiempo y forma la llegada y posterior distribución en el país.

Rusia envió 300 toneladas de ayuda humanitaria que entraron el 20 de febrero por el aeropuerto Maiquetia. El 21 de febrero, Rusia envió otra partida de 7,5 toneladas de medicamentos para la población venezolana (4).

En conversación con la delegación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de diálogo en Caracas el 21 de febrero, la vicepresidenta Delcy Rodriguez entregó una lista con medicamentos y dispositivos médicos solicitando su entrega y facilidades de financiación. Se entregarán a través de la ONU.

Las llegadas de las ayudas humanitarias fueron anunciadas públicamente por el Gobierno venezolano, aunque reportadas solo por un reducido número de medios de prensa, es decir, fueron silenciadas. No obstante, los organizadores de los hechos violentos en las fronteras colombo-venezolanas tuvieron pleno conocimiento de las mismas.

Dada la cantidad en toneladas y su calidad en cuanto a las ayudas humanitarias ya presentes en el país el 22 de febrero, era obvio que podían cubrir las necesidades de la población vulnerable por un tiempo. En este fin de semana no existía, bajo ningún concepto, una situación en Venezuela que requiriera una irrupción forzosa al territorio, desconociendo sus fronteras.

Los pedidos de material humanitario en tan enormes dimensiones muestran la preocupación de los gobernantes y sus esfuerzos para mitigar la crisis en lo inmediato, siendo respondido a su vez por enormes esfuerzos de otros pueblos solidarios. Los hechos deben ser reconocidos, las fuerzas democráticas deberían tomar nota de los mismos y no caer en la trampa de las manipulaciones mediáticas.

La cooperación con organismos humanitarios por parte de las autoridades de Venezuela no es nueva, viene de larga data. Ya en noviembre de 2018 las Naciones Unidas, en cooperación con el Fondo de Emergencias (Common Emergency Response Fund, CERF) destinaron unos 9,2 millones de dólares en programas humanitarios en Venezuela. El objetivo era mejorar la salud y la atención nutricional de las mujeres embarazadas, las madres lactantes después de embarazos de alto riesgo y los niños menores de cinco años.

En enero de 2019, el CERF suministró medicamentos a las autoridades venezolanas para unos 3.000 pacientes, además de tres millones de pastillas para la terapia antirretroviral. En el curso de la cooperación, se logró también una tasa de vacunación de más del 95 % contra el sarampión y la difteria. Venezuela mantiene una estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Salud desde hace varios años.

Lo mismo sucede con la cooperación con UNICEF. El 7 de octubre 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmó un plan de acción por el orden de 32 millones de dólares con el Gobierno de Venezuela. Con ello se busca la reducción de la mortalidad materno-infantil y la mejora de las condiciones para la protección y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

El 27 de noviembre Venezuela firmaba un acuerdo con UNICEF de un suministro de mas de 130 toneladas de insumos (alimentos y medicamentos) a Venezuela, a través de un programa desarrollado en conjunto con el Gobierno venezolano, en aras de optimizar los programas sociales que ya se desarrollan en el país.

Los esfuerzos han beneficiado a unas 350.000 personas, entre ellas mujeres y niños, quienes han recibido asistencia médica y nutricional.

Asimismo, en cooperación con el Ministerio de Sanidad se enviaron al país unas 30 toneladas de medicinas y productos sanitarios con la intención de frenar la propagación de enfermedades y mejorar la salud en las comunidades de menos recursos.

Según UNICEF, esos productos se usarán para tratar a unas 25.000 embarazadas, a unos 10.000 recién nacidos y a unos 2.300 niños portadores del VIH.

El mismo viernes pasado, cuando la ayuda humanitaria de EE.UU. iba a "entrar por mar, tierra y aire" a Venezuela, el canciller venezolano Jorge Arreaza informó de una nueva conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acordando la cooperación en el ámbito de la ayuda humanitaria.

Confirmaron el apoyo técnico por parte de la ONU para facilitar la compra de alimentos, medicamentos y equipos hospitalarios. El Gobierno de Venezuela pretende financiar las ayudas. Por el bloqueo económico las posibilidades de compra e importación de medicamentos e insumos médicos son extremadamente restringidas.

* Gabriele Kuehnle Psicóloga y socióloga, periodista colaboradora en medios de prensa europeos y latinoamericanos en temas de derechos humanos, democracia y medio ambiente. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

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Las prácticas agrícolas abocan a los insectos a una desaparición masiva

Una investigación de la Universidad de Sidney indica que si no se cambia la forma de producir alimentos, los insectos se extinguirán en unas pocas décadas

Los insectos están amenazados en todo el mundo y su desaparición puede provocar un "colapso catastrófico" en los ecosistemas naturales, asegura una investigación de la Universidad de Sidney (Australia) publicada en la revista científica Biological Conservation. Sus conclusiones apuntan a que más de la mitad de las especies están disminuyendo rápidamente y una tercera parte está amenazada por la extinción. Unos datos que hacen temer que más del 40% de las especies de insectos se extingan en las próximas décadas. Las mariposas y las polillas están dentro de las más afectadas.


Los datos son tan preocupantes que los autores de la investigación -Francisco Sánchez-Bayo y Kris A.G. Wyckhuys- interpretan que dado que los insectos comprenden alrededor de dos tercios de todas las especies terrestres, nos encontramos al comienzo de la "sexta extinción masiva", que está afectando "profundamente" a la vida en nuestro planeta. Estos animales son esenciales dado que son alimento para otros, además de ser polinizadores.


La investigación reúne por primera vez los resultados de 73 estudios parciales realizados en diferentes partes del mundo, sobre todo en países desarrollados de Europa y América del Norte donde se encuentran los registros históricos más completos. Los datos concluyen que los cambios que se están produciendo en el hábitat y la contaminación son los principales culpables de la tendencia a la baja de los insectos. Y se señala a la intensificación de la agricultura en las últimas seis décadas como la causa "fundamental del problema al uso de pesticidas sintéticos". Un comportamiento que se repite a lo largo y ancho del mundo. Por este motivo, concluyen: "A menos que cambiemos nuestras formas de producir alimentos, los insectos en su conjunto van camino de la extinción en unas pocas décadas". Las repercusiones que esto tendrá para "los ecosistemas del planeta son, como mínimo, catastróficas, ya que los insectos se encuentran en la base estructural y funcional de muchos de ellos desde su aparición al final del período Devónico, hace casi 400 millones de años".


En 2017, un estudio de 27 años en varias áreas protegidas de Alemania determinó una "impactante disminución del 76% en la biomasa de insectos voladores". Unas cifras que representan un promedio de 2,8% de pérdida en biomasa de insectos por año en áreas con bajos niveles de perturbación humana. Es preocupante, advierten los científicos, que la bajada sea constante a lo largo de tres décadas. Un estudio más reciente en las selvas tropicales de Puerto Rico muestra pérdidas de biomasa de entre un 98% y 78% para artrópodos.
Ambos estudios están en línea con informes anteriores sobre disminución de mariposas, escarabajos, mariquitas, libélulas, moscas de piedra y abejas silvestres en Europa y América del Norte en las últimas décadas. Parece que la pérdida de insectos es sustancialmente mayor que las que han sufrido aves o plantas durante los mismos periodos, lo que podría "desencadenar efectos en cascada dentro de los ecosistemas del mundo".


Algunas de las mejoras que se proponen para paliar la situación son aumentar las franjas de setos de flores en los bordes del campo que aumentan la abundancia de polinizadores silvestres y la rotación de cultivos que potencien la presencia de abejorros. Esta "ingeniería ecológica" también conserva a los insectos naturales "que son esenciales para mantener a raya a las plagas de muchos cultivos", concretan. Para los insectos acuáticos se apunta a la "rehabilitación de las marismas y a la mejora de la calidad del agua".

Por ESTHER SÁNCHEZ
Madrid 11 FEB 2019 - 12:53 COT

Miércoles, 16 Enero 2019 06:07

Prohíben el glifosato

Prohíben el glifosato

La justicia francesa prohibió ayer la venta y el uso en Francia del Roundup Pro 360, un herbicida que contiene glifosato del grupo Monsanto/Bayer utilizado sobre todo en vitivinicultura. Esta decisión del tribunal administrativo de Lyon, que tendrá efecto inmediato, se produce en pleno debate en Francia y Europa sobre el potencial peligro del glifosato, principio activo del Roundup. En noviembre de 2017, la Unión Europea renovó la homologación del herbicida por un período de cinco años, pero el presidente francés Emmanuel Macron se comprometió a prohibirlo en Francia antes de 2021. El gigante químico alemán Bayer, que compró en 2018 a su competidor estadounidense Monsanto, se declaró sorprendido por la decisión e indicó que estudia las acciones jurídicas necesarias.

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