RaúlZibechi

Entrevista al periodista Raúl Zibechi, autor de Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II

 

Las comunidades Munduruku denunciaron el 27 de mayo, en un comunicado urgente, que mineros ilegales estaban perpetrando invasiones y ataques -contra casas y personas- en sus territorios de la Amazonía brasileña. En el contexto de la pandemia, se incrementó la toma de tierras por parte de los sin techo en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Y entre el 10 y el 21 de abril, el Movimiento Sin Tierra (MST) donó más de 100 toneladas de alimentos en las comunidades periféricas de Brasil, dentro de la jornada de luchas por la reforma agraria.

Son tres ejemplos de la mirada desde abajo y a la izquierda que propone el periodista uruguayo, Raúl Zibechi, en su último libro Los pueblos rompen el cerco. Tiempos de Colapso II. Editado por Coordinación Baladre e iniciativas Zambra en colaboración con la CGT y Ecologistas en Acción, el texto de 201 páginas es la segunda parte de Tiempos de Colapso. Los pueblos en movimiento. Zibechi, referente de la investigación militante en América Latina, es autor entre otras obras de Los arroyos cuando bajan. Los desafíos del zapatismo (1995), Brasil Potencia (2012) y Repensar el sur. Las luchas del pueblo mapuche (2020).

-Una delegación del movimiento zapatista, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT) ha iniciado la “travesía por Europa”. Después de tus numerosas estancias en Chiapas, ¿qué crees que Occidente puede aprender del EZLN?

Te puedo contar lo que yo aprendí del zapatismo, que no necesariamente es lo que ellos piensan. Lo primero es que la lucha es para siempre, tiene un comienzo pero no tiene un fin. No hay objetivos como la toma del poder, ganar elecciones o llegar al socialismo. Es una concepción de la vida y del mundo en sintonía con la cultura de los pueblos de raíz maya que se autogobiernan y tal vez tenga empatía con nuestros antepasados políticos, en el sentido de no separar medios y fines, de que la lucha no es “para” sino una forma de vivir la vida.

La segunda es que no quieren gobernar a otros, sino impulsar a los pueblos, barrios y sectores sociales a que se organicen y gobiernen a sí mismos. La idea de gobernar a otros no entra dentro del universo de ideas zapatista y, bien mirada, es una forma de opresión: si te gobierno te estoy mandando, dando órdenes. Ellos trabajan con la idea de que quien manda está obedeciendo al pueblo, a lo colectivo.

La tercera es la ética como eje ordenador de la política. En el pensamiento político aún dominante la ética es un complemento, pero para ellos es lo central, hacen lo que dicen y dicen lo que hacen, no buscan beneficio personal, por eso el lema “para todos todo, nada para nosotros”.

La cuarta es un rechazo al vanguardismo, a crear organizaciones con una dirección que se construye una base social a la que orienta y le marca el rumbo, los tiempos, objetivos y hasta los modos de caminar. El vanguardismo en el que se formó mi generación, va de la mano de homogeneizar el propio campo, con la idea de la unidad como mantra sagrado, para ir imponiendo la hegemonía en la sociedad. El EZLN rechaza los conceptos de unidad, homogeneidad y hegemonía y en eso son muy claros cuando dice el sub Marcos que “todo intento de homogeneidad no es más que un intento fascista de dominación”.

Te diría que pese a la aparente brutalidad del lenguaje, la cultura de vanguardia es corrosiva, destruye las organizaciones colectivas, aniquila las diferencias, y te aseguro que sé de qué estoy hablando porque me formé y practiqué esa cultura que, cuando se hace poder estatal, criminaliza las diferencias como sucede hoy en la Nicaragua de Daniel Ortega.

¿Y en concreto de las mujeres zapatistas?

Ellas se definen como “mujeres que luchan”, haciendo hincapié en la lucha, porque hay feministas muy valiosas pero que no luchan, como hay marxistas y anarquistas que no luchan. Ellas enfatizan ese aspecto y se definen a la vez como anti-patriarcales y anticapitalistas, no conciben la separación de ambas dimensiones.

Por otro lado, en los encuentros de Morelia han hablado de la necesidad de integrar a las diferentes generaciones, de escuchar a las mujeres mayores, de respetarlas, de aprender de ellas, algo que en la cultura urbana occidental no estamos acostumbrados a hacer. Ni escucharnos entre nosotras, ni escuchar a las personas mayores.

-¿Cuál es la relación del actual gobierno “progresista” de Andrés Manuel López Obrador con el EZLN? ¿En qué consiste lo que denominas “guerra de desgaste”?

No existe ninguna relación. Más aún, el actual gobierno federal ha intensificado los ataques a las comunidades y bases de apoyo zapatistas, como puede verse con las ofensivas para-militares en la región Moisés Gandhi y en Aldama en Los Altos. En paralelo impulsa políticas sociales que promueven el individualismo y la división de las comunidades, desató una brutal ofensiva extractiva con el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Transístmico, potenciando en esas regiones ataques militares y paramilitares a los pueblos originarios.

Con López Obrador, como sucedió antes con Lula y los demás progresismos, el modelo extractivo y neoliberal gana en impulso y en profundidad, llega a nuevas regiones, convierte la naturaleza en mercancías a una mayor velocidad que antes. Por lo tanto, las actividades de los grupos armados se intensifican. Cuando suceden crímenes como el de Samir Flores por oponerse al Proyecto Integral Morelos, que López Obrador se comprometió en frenar en campaña electoral, se hacen los distraídos y siguen adelante. En este caso, fue tal el descaro que mantuvo un referendo que se celebró pocos días después del crimen, desoyendo el llamado de las comunidades para aplazarlo.

En síntesis te digo que el progresismo es el ataque más feroz contra los pueblos, porque los quiere debilitar y dividir.

-Más de un mes de protestas en Colombia –con medio centenar de muertos según el balance oficial- cuyo detonante es la reforma fiscal del presidente Duque; el estallido social en Chile (octubre 2019) por el aumento en la tarifa del metro de Santiago; revueltas en Bolivia contra la expresidenta golpista Jeanine Áñez; manifestaciones del marzo paraguayo de 2021; en Ecuador contra el expresidente Lenin Moreno o en Guatemala, en noviembre de 2020. ¿Hay algún hilo conductor o explicación de fondo?

El hilo conductor es el modelo político-económico que llamamos extractivismo, que es una faceta del neoliberalismo: minería a cielo abierto, monocultivos, grandes obras de infraestructura, hidrocarburos y especulación inmobiliaria urbana. Este modelo hace que la mitad de la población esté condenada a la pobreza, a no tener futuro porque desintegra, desarraiga y polariza; destruye tanto la sociabilidad anterior como la naturaleza, destruye los Estados nación que alguna vez tuvieron la capacidad de ofrecer servicios educativos y sanitarios de calidad a toda la población.

Como lo demuestra la pandemia, los que tienen acceso a salud y escuela privadas, están en una realidad, mientras los demás apenas acceden a servicios de baja calidad y desbordados. Estos días hay un conflicto en Chiapas con los estudiantes de una escuela para ser maestros, ya que los exámenes se hacen de forma virtual pero los indígenas que viven en comunidades no tienen acceso a internet y lógicamente exigen un examen presencial. La única respuesta que tuvieron es la represión y la cárcel. Debo aclarar que el gobernador de Chiapas pertenece a Morena, el partido de López Obrador, quien condenó las manifestaciones de los estudiantes.

-Por otra parte, en una de las entrevistas del libro destacas el valor de la espiritualidad/ancestralidad en las comunidades de Brasil. ¿Reconoce la importancia de estas realidades la izquierda política y los movimientos sociales?

En la izquierda electoral no conozco nada de eso. Sin embargo en los movimientos hay muchos y diversos ejemplos de formas de espiritualidad propias. Entre los sin tierra de Brasil, existen modos inspirados en la teología de la liberación y la educación popular, con muchas dinámicas que denominan “místicas” y que consisten en cantar y danzar en colectivos, pero también en compartir comida, trabajos y los más diversos espacio-tiempos.

Cada sector social tiene sus propias formas de espiritualidad. Destacan las de los pueblos originarios y negros que hacen sus rituales de armonización en lugares sagrados con fogones, donde participan médicos tradicionales o sabios.

Pero si observamos detenidamente a los jóvenes de los barrios populares, veremos que la música y los consumos colectivos juegan también un papel armonizador de lo colectivo, así como las músicas y los bailes. Creo que esto es un universal: la vida colectivo-comunitaria necesita de prácticas espirituales de armonización, de lo más variopintas por cierto.

-En el libro te aproximas a iniciativas como el Mercado Popular de Subsistencia (MPS) en Montevideo; o a las Guardias Indígenas, Cimarronas y Campesinas en Colombia. ¿Qué experiencias de autoorganización popular destacarías, entre las que has podido conocer en los últimos meses?

Ya conocía la Guardia Indígena y la Minga del Cauca, pero ahora se reforzó con la Minga Hacia Adentro y luego ya antes de la revuelta actual con la Minga Hacia Afuera. Ambas están interconectadas.

La experiencia del MPS es más reciente, pero tiene enormes perspectivas de crecer en mundos urbanos como Montevideo, donde tenemos tradiciones asociativas. Te diría que están las miles de ollas populares en las grandes ciudades, muchas de ellas autogestionadas aunque con dificultades para mantenerse a lo largo del tiempo.

Entre las experiencias que veo crecer, está la Red Trashumante de Argentina, que partió hace décadas de una educación popular en movimiento y con movimientos, a trabajar ahora en territorios en resistencia donde los sujetos y sujetas son los sectores populares más golpeados por la crisis y la marginalización. Meses atrás me integré como un militante-educador más a esa red, que está tejiendo una red más amplia de colectivos autónomos en un país donde la autonomía atraviesa enormes desafíos.

La Teia dos Povos de Brasil me parece una experiencia notable, que integra campesinos sin tierra, pueblos originarios y quilombolas, pueblos negros organizados en sus territorios o quilombos. La iniciativa parte de personas que estuvieron en el MST (Movimiento Sin Tierra) y que pensaron que es necesario tejer una red (de ahí el nombre teia) entre los pueblos oprimidos y explotados, algo que la dirección no comparte ya que se propone otros objetivos.

-¿Qué es el triage social? ¿Puedes mencionar ejemplos de su aplicación?

Aunque el nombre suena difícil, es la práctica que podemos observar en la puerta de un hospital o de una unidad de tratamiento intensivo a la hora de elegir a quién se atiende y a quién se descarta. Las razones para descartar son claramente la “utilidad” de las personas desde el punto de vista de la acumulación de capital, y ahí se deja de lado a los más vulnerables, que tienen menos posibilidades de sobrevivir, y se prioriza a quienes pueden seguir trabajando y produciendo. Es una vuelta más de tuerca a los temas de Foucault.

Debo decir que entre las muchas fortunas que me deparó la pandemia (además de algunos infortunios), está el haber ligado con grupos como la Teia dos Povos, con la Red Trashumante y otros que ya conocía pero que profundizamos los lazos, y con dos compas de México como Tamara y Eduardo, que también son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quienes aportan el texto del triage social.

-Por último, ¿en qué punto se halla la lucha del pueblo mapuche? ¿Cómo valoras que la Convención Constituyente de Chile reserve 17 escaños a los pueblos originarios?

La militarización decretada por el gobierno de Piñera de Wall Mapu debe entenderse como la respuesta a un avance importante de las recuperaciones de tierras de decenas de comunidades y a un salto adelante en la movilización del pueblo mapuche. Los datos dicen que en los cuatro primeros meses de 2020 hubo 17 ocupaciones de tierras, pero este año superaron las 130 tomas, lo que representa más de una por día.

Creo que ante el pueblo mapuche se presentan dos caminos. Por un lado, la constituyente que busca aplacar las luchas con el reconocimiento de la plurinacionalidad que no va a tener ninguna repercusión práctica concreta si no pasa por la restitución territorial. La simple mención de los pueblos en la Constitución, no modifica las cosas como ya sucedió en Ecuador y en Bolivia.

En paralelo, está el amplio proceso de recuperación de tierras rurales y semi-urbanas que viene cobrando un impulso importante, como lo confirma la reciente entrevista a Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleko, ya que ahora son muchos los colectivos y comunidades empeñadas en seguir este camino que pasa por la autonomía y el autogobierno.

Por Enric Llopis | 08/06/2021 |

Publicado enPolítica
Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
Colombia es innegociable para el Comando Sur

Ni el Pentágono ni la oligarquía van a ceder ante la calle y la sociedad colombianas, porque temen perderlo todo si dan medio paso al costado. Están dispuestos a provocar un baño de sangre antes que ceder, incluso van a hacer lo imposible por evitar una derrota electoral en mayo de 2022.

En el ajedrez geopolítico latinoamericano, el Caribe es el mare nostrum del imperio, allí donde no puede admitir ninguna oposición, ni naciones que salgan de su control. Ya se le escaparon dos, y no puede admitir una tercera, porque aceleraría su ya importante declive como superpotencia.

El más importante geoestratega estadunidense del siglo pasado, Nicholas Spykman, defendía una "América mediterránea" que incluye México, América Central y el Caribe, además de Colombia y Venezuela, que debe ser "una zona en que la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada", como señala en su obra America’s Strategy in Politics, citada por el brasileño José Luis Fiori (https://bit.ly/2Tvny5f).

Sin Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia es el único país sudamericano que cuenta con salida al Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control de las estratégicas regiones andina y amazónica.

La hipótesis con que debemos trabajar, es que Estados Unidos apoyará al gobierno de Iván Duque, más allá de alguna reprimenda menor por las ostensibles violaciones a los derechos humanos. Lo que está en juego es tan importante que se pueden pasar por alto los atropellos, del mismo modo que se hace la vista gorda ante la violencia israelí en la franja de Gaza o ante la brutalidad de la monarquía saudí en Yemen.

La oligarquía colombiana es la más rancia y vetusta del continente. Nació de la derrota del proyecto de Simón Bolívar en los albores de la nueva república, se afianzó a punta de bala y metralla, y tuvo dos momentos clave que explican su continuidad ante los avances populares.

El primero es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, quien era el muy probable vencedor en las elecciones de 1950. Fue un líder popular que ganó prestigio a raíz de su intervención en el debate sobre la masacre de las bananeras en 1928 y fue asesinado por la oligarquía y la CIA, dando inicio a la guerra civil entre liberales y conservadores que causó más de 300 mil muertos.

Con Gaitán muere toda esperanza de reforma agraria y de cambios en el dominio de la oligarquía terrateniente, que en ese periodo estaba siendo desplazada en Argentina por la rebelión obrera del 17 de octubre de 1945 y los gobiernos de Perón, y en Brasil por la gestión de Getulio Vargas. En otros países, como México y Bolivia, los terratenientes fueron desplazados por sendas revoluciones, mientras en Perú y Ecuador las reformas fueron encaradas por las fuerzas armadas en la década de 1960.

El segundo es conocido como Pacto de Chicoral. Fue la respuesta de los hacendados a la burguesía reformista colombiana y al presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretendía realizar una tibia reforma agraria inspirada en la Alianza para el Progreso, para modernizar el país y debilitar al movimiento obrero y campesino como parte del combate al comunismo.

El 9 de enero de 1972 políticos y empresarios firmaron el Pacto de Chicoral (por la población donde se realizó el encuentro), un gran acuerdo de las clases dominantes y el poder político para liquidar el reformismo agrario. De inmediato se produjo “la movilización de batallones del ejército, la militarización de regiones enteras, las detenciones masivas, las largas permanencias en la cárcel en medio de maltratos y la libertad de acción para las bandas de ‘pájaros’ de los terratenientes”*.

El uribismo es hijo de esta historia y aunque la DEA llegó a denunciar sus vínculos con el narcotráfico, el servicio que presta al imperio es infinitamente más valioso que los desvaríos de su principal aliado en Colombia. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) controlan las instituciones judiciales y electorales, policiales y militares, como para perpetuarse en el poder mediante masacres y fraudes electorales sin más que alguna vaga declaración de laderos como Luis Almagro.

Por tanto, no aparece en el horizonte la posibilidad de cambios a nivel del Estado, ni por la vía electoral ni por ninguna otra, habida cuenta de la cohesión adquirida por la clase dominante que se muestra dispuesta a todo, sin fisuras, para seguir aferrada al poder.

Corresponde a los miles de jóvenes movilizados, decidir el rumbo de un paro que ya supera el mes y al que no se le adivina final. La inspiración ya la tienen, luego de haber convivido con la Guardia Indígena a la que llamaron para aprender de su experiencia: autonomía y autogobierno para defender territorios y pueblos.

* León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia, Cinep, Bogotá, 1987, p. 177.

Publicado enColombia
Una mujer afro-colombiana de 23 años en la primera línea. Antonio Cascio

Las mujeres y los pueblos indígenas son dos de los protagonistas de un levantamiento que ha sacudido la sociedad colombiana.

 

“Muchas mujeres están luchando, no solo por sus derechos, sino por los derechos de todos”, asegura Yomali Torres, activista afrocolombiana y una de las tantas que se han unido al paro nacional para demandar el fin del sistema neoliberal y patriarcal. 

Las mujeres colombianas han ejercido un papel protagonista en el actual ciclo de protestas, por una parte como organizadoras y por otra como víctimas. Actores nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de los múltiples casos de violencia y abuso sexual reportados en todo el país. Estos hechos, sin embargo, no son exclusivos de la crisis que se vive actualmente. Tanto la policía, como las fuerzas armadas y los grupos ilegales han usado por décadas los cuerpos de las mujeres como armas de guerra. 

El paro nacional, que cumplió un mes el pasado 28 de mayo, se inició como rechazo a un plan de reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Dicha reforma afectaría desproporcionadamente a las clases medias y bajas, en medio de la crisis económica generada por la pandemia. 

A causa de la fuerte presión de los manifestantes, el presidente Iván Duque pidió al Congreso retirar la propuesta. No obstante, el descontento social de los colombianos va mucho más allá de esta singular reforma. Prueba fehaciente de esto son las continuas, incansables y escaladas manifestaciones que se siguen desarrollando en todo el país. 

A finales de 2019, Colombia presenció varias protestas multitudinarias donde participaron diversos sectores de la sociedad. Entre los principales puntos de inconformidad se encontraban las políticas económicas, sociales y del medio ambiente, la mala implantación de los acuerdos del tratado de paz, y el alto índice de líderes sociales asesinados. De acuerdo con el reporte de la Unidad de Investigación y Acusación, 904 líderes han sido asesinados entre diciembre de 2016 y abril de 2021. 

Violencia de género: un tema que nunca acaba

Históricamente, las mujeres han sido las más afectadas por el conflicto armado y las desigualdades sociales. La violencia y los abusos sexuales son utilizados para tomar control sobre los territorios y los recursos naturales de las comunidades. En el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un documento donde indicaba que el 52% de las mujeres desplazadas reportaban haber sufrido algún tipo de abuso físico y el 36% habían sido obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos. 

Actualmente y bajo un contexto de múltiples transgresiones de los derechos humanos —incluyendo ejecuciones extrajudiciales, personas desaparecidas, casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso de armas de fuego—, la violencia de género sigue siendo desplegada en contra de la población. Según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 106 casos de violencia de género, de los cuales 23 corresponden a actos de violencia sexual. 

Con consignas como “la revolución será feminista o no será”, “no parimos hijxs para la guerra”, y “aguante por ellas, por temor a ser violadas”, manifestantes han rechazado la violencia en contra de la mujer y las desigualdades de género. 

Uno de los casos que ha ocasionado mayor indignación, es el de Alison Meléndez, una joven de 17 años de Popayán que se suicidó después de ser arrestada por la policía. Antes de quitarse la vida escribió una declaración donde acusaba a cuatro miembros del escuadrón antidisturbios (ESMAD) de abuso sexual. La víctima publicó en sus redes sociales que la policía solo la dejó en libertad al darse cuenta de que era la hija de un agente de policía. 

Grupos feministas y sus demandas 

Las mujeres de todo el país han tomado las calles demandando igualdad en aspectos como la educación, el acceso a la salud y las condiciones laborales. Su presencia ha sido significativa en grupos de defensores de derechos humanos, participantes de la primera línea y como organizadoras dentro de las comunidades. Aunque la instigación ha sido visible en todos los frentes, el caso de los defensores de los derechos humanos —en su mayoría mujeres— sale a relucir. 

“Nosotros hemos recibido amenazas de muerte de parte del ESMAD. Nos dijeron que no nos querían vivos”, asegura Isabella Galvis, del colectivo de derechos humanos Waman Iware. “En el momento nosotros no tenemos garantías. Ellos están usando armas de fuego durante las protestas y esto es ilegal bajo la ley colombiana”, asegura. 

Organizaciones feministas, por su parte, han coordinado varias concentraciones en apoyo al paro y en rechazo a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. El 10 de mayo, una coalición de 173 grupos feministas presentaron una lista de propuestas, donde se incluía una negociación inclusiva donde participaran todos los grupos que han tomado parte en el paro nacional, la desmilitarización inmediata de las ciudades y los territorios y una renta básica universal priorizando a las mujeres afectadas por la pandemia. 

Vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia y las desiguales

Los grupos afrocolombianos e indígenas han sido afectados —directa o indirectamente— por el racismo durante las actuales protestas. Cali, donde se ha reportado el índice más alto de represión y muertos, es la ciudad con la mayor concentración de comunidades afrocolombianas, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

Las desigualdades existentes en Cali se verían incrementadas con la ejecución de la reforma tributaría, de salud, pensión y laboral, afectando fuertemente a las comunidades afro e indígenas, y a las mujeres pertenecientes a esos grupos en particular. 

“Estamos aquí conmemorando el día de la afrocolombianidad. Queremos luchar por nuestros derechos y por un mejor futuro”, explica María Niza Obregón, afrocolombiana de 17 años que tomó parte en las manifestaciones. “Se trata de vivir, no de sobrevivir”, resume. 

La reforma de la salud —que fue archivada después de 20 días de protestas— es un claro ejemplo de cómo estos proyectos iban a aumentar las desigualdades existentes. Las regiones con mayor concentración de comunidades negras e indígenas tienen a su vez los sistemas de salud más deficientes del país, según la organización Así Vamos en Salud

Yomali Torres, de 26 años, participa en la organización por la paz y los derechos de los afrocolombianos Cococauca. Denuncia la falta de hospitales y especialistas en el territorio de la costa pacífica del Cauca, donde ella habita: “Aquí, si alguien tiene un dolor en el pecho, tiene que ser transferido a Cali o a Popayán. Si nosotros no nos morimos es gracias a la medicina ancestral”. 

Torres condena las violaciones a los derechos de las mujeres y de la población colombiana. “De una forma u otra, nosotros estamos tomando provecho del paro para demandar justicia para todas las mujeres que han sido violadas, golpeadas y desaparecidas”, dice. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres indígenas y afrodescendientes han sido afectadas desproporcionadamente por la violencia derivada del conflicto. “De 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres”, según cifras publicadas por la organización. 

Como símbolo de indignación, el 7 de mayo la comunidad de Guapi, ubicada en la Costa Pacífica del Cauca, organizó un evento llamado “La última noche”. Con expresiones culturales y tradicionales, la comunidad conmemoró a aquellos que perdieron la vida luchando por los derechos de los afrocolombianos y del resto de la población. El evento estuvo acompañado por representaciones de tumbas y alabaos —cantos ancestrales para los muertos—. 

Del mismo modo, las comunidades indígenas han ejercido una presencia significativa en el paro nacional. El 5 de mayo, más de 1.500 miembros de la minga indígena se movilizaron hacia Cali en una caravana humanitaria. Durante su estadía distribuyeron alimentos a personas de bajos recursos y realizaron actividades de acompañamiento durante las manifestaciones. 

La minga, sin embargo, tuvo que retirarse antes de lo previsto al ser atacados con armas de fuego por individuos vestidos de civil. Las “familias ricas de Cali en unión con la policía (…) dispararon de manera indiscriminada” contra miembros de la guardia indígena, denunció Feliciano Valencia, senador y líder indígena. Actualmente, las comunidades permanecen en paro desde sus territorios y un grupo de ellos se encuentra apoyando los procesos en Bogotá. 

El fin del estallido social no parece estar cerca, a pesar del desabastecimiento en algunas partes del país. “Nosotros no vamos a dar nuestro brazo a torcer por los bloqueos”, asegura Torres, de Cococauca. “Históricamente hemos aguantado hambre por más de 200 años. Para nosotros, esto no es un obstáculo”. 

Por Antonio Cascio / Natalia Torres Garzón

3 jun 2021 06:00

Publicado enColombia
Los poderosos medios de comunicación en Colombia: testigos y cómplices de todas las masacres

Canal Caracol, RCN, El Tiempo, la Revista Semana, entre otros, son algunas de las tribunas de desinformación local e internacional, que históricamente han buscado imponer en los colombianos una ideología reaccionaria. El descaro de sus mentiras, responde exclusivamente a los intereses de una élite de multimillonarios, que concentran a los medios más poderosos de Colombia. El país se ubica en el lugar 134, en la clasificación mundial de la libertad de prensa, realizada por la ONG Reporteros sin Fronteras y que incluye a 180 nacionalidades.

Daniela GuzMar@daniguzmar

Martes 1ro de junio

Durante el mes que lleva el Paro Nacional en Colombia, han sido múltiples las fotografías, videos y transmisiones en vivo que han evidenciado la permanente violencia de la Policía contra los manifestantes y diferentes hechos de corrupción por parte del Estado en el desarrollo del mismo. Estas primicias, sólo se han logrado gracias a las publicaciones de usuarios a través de las redes sociales y de algunos medios alternativos de comunicación, que con las uñas e inclusive arriesgando su vida ante las permanentes amenazas en su contra, han tratado de publicar una realidad que tiñe de sangre y abusos las manifestaciones y que la mayoría de señales de radio y televisión el país, se afanan por esconder con una impunidad que no es nueva en sus libros de estilo.

La totalidad de sus contenidos, no sólo están pensados para entretener y distraer a la audiencia, sino que a través de sus supuestos programas informativos, se han ocupado vehementemente de deslegitimar la protesta y el derecho a la misma, con su ya natural uso de términos con los que pretenden afirmar, que las movilizaciones son influenciadas por disidencias de grupos guerrilleros, individuos pertenecientes a lo que llaman "el régimen venezolano", o a un simple grupo de jóvenes desadaptados que no merecen ningún otro derecho ni reivindicación, más que ser estigmatizados como “vándalos”. Su defensa ha sido permanente hacia las instituciones armadas, mencionando sólo como dato de color o inclusive omitiendo, la responsabilidad de la Policía y todo el Estado en los más de 60 asesinatos de jóvenes y centenares de desaparecidos que hasta el momento se registran.

Son estos Imperios comunicativos, los que imponen presidentes y congresistas y que manipulan intereses económicos mientras minimizan y desdibujan la realidad del país. De igual forma, hacen invisible la imagen de referentes que buscan justicia social y que son líderes que defienden derechos humanos, ambientales, a los jóvenes o el campesinado. Cómplices de encubrir grandes escándalos de corrupción como por ejemplo, Odebrecht, las “chuzadas” o interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales, por parte de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en conjunto con organizaciones paramilitares, como forma de intimidación política y social a miembros de la oposición, sindicalistas, activistas, universitarios y otros. Asimismo, en su rutina desinforman y mienten con respecto al propio conflicto armado interno de Colombia y han llegado a encubrir masacres directas como los ya conocidos Falsos Positivos.

Con métodos cada vez más superficiales, casi la totalidad de sus producciones tanto escritas, radiales o televisivas, deslizan ideología subordinada y racista bajo apariencia de hechos neutrales. La omisión de veracidad ocupa el primer lugar, junto a la inexistente reflexión y crítica hacia el régimen político, convirtiéndose en simple maquinaria de consumo y modelos a seguir. Son sus periodistas, los que reproducen las líneas informativas y editoriales señaladas por sus directores, ante la ausencia de democracia informativa que por el contrario, significa un verdadero monopolio.

La relación entre los medios de comunicación y poder económico, religioso y legislativo, siempre se extiende hasta la política, logrando consolidar como presidentes de la nación a nefastas figuras, impuestas por los más ricos del país. Estos no sólo tienen el control absoluto de los productos de todo tipo que consumen los colombianos, sino que han formado en ellos su visión del mundo y lo que suponen un “correcto estilo de vida”, haciendo que las audiencias crean como propios, los pensamientos de esa élite inmunda que lo único que quiere es empobrecerlos cada día más. Pero, ¿Quiénes son los dueños de estos medios de comunicación en Colombia?

Son un puñado de conglomerados, casi todos con sede en la capital Bogotana, los que concentran a las mayorías como su audiencia y se han convertido en una influencia dominante en la opinión pública. Los medios alternativos e independientes, representan una minoría que si bien está en desarrollo y crecimiento, no logra competir con los hombres más ricos de Colombia.

Caracol Televisión

Este canal privado, es uno de los primeros en audiencia y de los dos más influyentes a nivel nacional junto con RCN. Su dueño es el conglomerado Valorem (antigua Bavaria) fundado en 1997, por Julio Mario Santo Domingo, que para el 2001 ya contaba con 129 compañías a nivel nacional y más de 100 alrededor del mundo, entre ellas Caracol. El medio que nació como programadora a finales de los 70, recién en 1998 comenzó sus transmisiones en televisión incluyendo entre otros contenidos, un noticiero con tres emisiones diarias y una señal internacional que llega a 23 países.

El Grupo de la familia Santo Domingo, también es propietario del Diario El Espectador, la Blu Radio y la revista Cromos, entre otros medios de gran influencia nacional. Julio, el patriarca de la familia Santo Domingo, consolidó para el resto de sus generaciones uno de los Imperios económicos más importantes del país, el grupo tiene compañías que participan en los sectores: Inmobiliario, turismo, logística y transporte, industria, medios y entretenimiento.

En la actualidad, su hijo Alejandro está a cargo de los negocios familiares como director ejecutivo de Valorem. La exclusividad de la familia, no sólo ha tenido que ver con los negocios y sus dobles nacionalidades con países del primer mundo, sino también con sus lazos con las clases altas y aristócratas del mismo, ya que por ejemplo la madre de ésta perteneció a la “socialite” criolla, y una de sus nietas, Tatiana Santo Domingo, está casada con Andrea Casiraghi, hijo mayor de la princesa Carolina de Mónaco.

Como es evidente, los dueños de dicho medio de comunicación no representan para nada a las mayoría de la sociedad en Colombia, un país caracterizado por la pobreza extrema, violencia y desigualdad social. Por el contrario, son el claro ejemplo de la concentración de poder y de una fortuna que han amasado a costa de la precarización de los colombianos, ya sea en ámbitos laborales a través de sus diferentes empresas o en los productos que imponen y comercializan.

Canal RCN

RCN (Radio Cadena Nacional), se fundó en 1967 e inició transmisiones en el 98, es el segundo canal con mayor audiencia del país, que con al menos 50 medios y alrededor de 160 emisoras, llega a casi todos los rincones de Colombia. El canal pertenece a la Organización Ardila Lülle, que a su vez es dueña de más d 30 empresas de diferentes rubros como por ejemplo: Postobón (bebidas azucaradas), Incauca (ingenio azucarero), Los Coches (autodenominado el concesionario de autos más grande de Colombia). Carlos Ardila Lülle, está considerado como uno de los hombres más rico del país y su fortuna lo ha ubicado en el lugar número 200, en el listado de la Revista Forbes, como uno de los empresarios más adinerados del mundo. En el 2017 ocupó el puesto 120.

El Tiempo

El Tiempo, es el periódico de mayor circulación en Colombia. Si bien desde sus inicios en 1911, estuvo ligado a la familia del ex presidente Juan Manuel Santos, desde el 2012 la Casa Editorial El Tiempo, es propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien se ha hecho como banquero y empresario. El grupo también es dueño de las revistas Portafolio, City TV y canal el tiempo, entre otros. Desde el 2001 y por siete años, este periódico se dio el lujo de ser el único de circulación diaria nacional, ya que El Espectador su mayor competencia, sólo se imprimía los fines de semana debido a la crisis económica que vivía por esos años.

Sarmiento Angulo, agrupa empresas e inversiones en negocios de la agroindustria, minería, hotelería e inmobiliaria, también es el presidente de uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica y Colombia, el Grupo Aval Acciones y Valores, que dirige varios de los bancos más importantes del país como: Banco Popular, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. De igual manera es propietario de Porvernir, principal compañía de seguros, fondos de pensiones y cesantías, en uno de los países más difíciles para pensionarse o jubilarse.

El Espectador

El Periódico El Espectador, tuvo origen en 1887 y es propiedad del Grupo Empresarial Santo Domingo–Valorem, que también controla el Canal Caracol. Si bien este es el periódico más antiguo de Colombia, es el segundo en circulación. Sus publicaciones en contra del narcotráfico hicieron que en 1986, Pablo Escobar ordenara el asesinato de su entonces director Guillermo Cano Isaza. Tres años después, un camión con más de 100 kilos de dinamita, explotó frente a la sede periódico.

Revista Semana

La Revista Semana, surgió en el 2000 queriendo ser una copia de la estadounidense Time, es la principal revista de análisis político y opinión de Colombia que ha realizado algunos reportajes y denuncias acerca de los casos de corrupción como el de Odebrecht y la parapolítica (participación de paramilitares en con congreso). Sin embargo, su dueño es Felipe López Caballero, quien nació en una privilegiada e influyente familia de la élite política, ya que es hijo y nieto de los ex presidentes Alfonso López Michelsen y Alfonso López Pumarejo. Con estudios en Suiza y Londres, vivió durante 10 años en este último país, en donde también trabajó para la Federación Nacional de Cafeteros.

En 2019 la revista fue comprada por el conglomerado Gilinski Group, propiedad de Jaime Gilinski, banquero y empresario considerado en Forbes, el segundo más rico de Colombia después de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Desde el 2020 Vicky Dávila, se desempeña como editora del medio, a lo largo de su carrera, la periodista se ha caracterizado por sus polémicas y discriminatorias columnas y la vehemente defensa del expresidente Álvaro Uribe, de quien pareciera sentirse amiga y admiradora.

Si bien los anteriores son algunos de los medios más populares e influyentes de Colombia, existen pocas excepciones que se auto perciben como independientes, es el caso de Noticias Uno, medio bajo la dirección de la periodista y escritora Cecilia Orozco Tascón. A pesar de que es de los pocos que puede llegar a ofrecer una visión menos aleccionada y más crítica, es un canal exclusivo de televisión paga y que sin embargo, se posiciona con neutralidad en otros temas de control social como por ejemplo la religión. Cabe resaltar que Colombia es un país de predominancia católica y que en algunos casos, han sido los mismos jóvenes combativos de las primeras líneas, los que han realizado oraciones en grupo, previo a las jornadas de lucha.

Canal 2

Sin lugar a dudas, una de las revelaciones que a nivel informativo hasta el momento ha dejado el Paro Nacional, es el Canal 2, medio de televisión de Cali, ciudad que ha sido epicentro de las protestas y de los abusos a los Derechos Humanos del gobierno asesino de Iván Duque en contra de los jóvenes. Si bien este medio ya era conocido en la ciudad, su popularidad ha aumentado a través de las redes sociales y en especial, la de uno de sus periodistas, José Alberto Tejada. Muchos de los usuarios y manifestantes, consideran que “es de los pocos medios que ha visibilizado la feroz represión, los asesinatos y abusos de policías y civiles armados y escoltados por los mismos”.

Ha sido tal la aprobación a su trabajo por las mayorías movilizadas, que la propia comunidad reunió dinero para donarles chalecos antibalas, elemento que cada vez se hacen más necesario en las calles. El principal accionista de este medio, es La corporación Cívica Daniel Gillard, nombre tomado de un sacerdote belga que en la década de los 70, realizó trabajo comunitario en los suburbios caleños.

Por otro lado y pesar de que algunos de los dueños de los grandes medios son multimillonarios, en marzo de este año, el Ministerio de las Tecnologías y la Información, manifestó su intención de subsidiarlos con alrededor de 80 mil millones de pesos, para “ayudarlos como parte de la reactivación económica tras la pandemia e impulsar su modernización”. Dicho proyecto recibió críticas de algunos medios alternativos y digitales, debido a que consideraron que los requisitos para participar fueron excluyentes y burocráticos. Lo anterior hace evidente la prioridad para el “distinguido” lobby mediático del Palacio de Nariño, residencia oficial del presidente. Son estos buitres y sus patrones, los que vigilan cada proyecto de Ley del gobierno de turno.

Es así como estos mandos y potencias comunicativas, elaboran con seducción los marcos propicios para disfrazar como favorable algo que no lo es para los televidentes, las intenciones de amedrentamiento y desinformación del político de la época, se moldean con las visiones de sus amigos y falsos expertos en determinados “temas de interés general”, que son impuestos por sus jefes y la respectiva línea editorial a la que responden. Su prioridad, es servir a los intereses del empresariado nacional, alineados con otras instituciones de control como la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

Con respecto a sus programas, la mayoría de producciones son formatos del exterior en los que prevalece la indigencia de contenidos relacionados con por ejemplo, la literatura, el arte, la cultura, la ciencia o la filosofía. Plagados de Reality Shows y novelas basadas en la vida de narcotraficantes, aclamadas dentro y fuera del país, sus piezas de comunicación son meras ficciones, carentes de una correcta y verdadera narración de la historia nacional. Lejos de hacer una crítica o elaborar un mensaje a favor de los oprimidos, estos despliegan una permanente superficialidad y construyen un mensaje imborrable en apología a la cultura narco paramilitar que se vive en la cotidianidad.

Según Reporteros sin Fronteras, “en Colombia siguen siendo frecuentes las agresiones, las amenazas de muerte y los asesinatos de periodistas, por lo que aún es uno de los países más peligrosos del continente para la prensa, debido al crimen organizado, los grupos paramilitares y los narcotraficantes en su contra”. Algo que estos medios basura nunca denuncian y que por el contrario han escondido, sometiendo a los colombianos durante décadas, pero que sin embargo, están perdiendo cada vez más credibilidad y respeto por muchos que durante años fueron sus televidentes exclusivos. Es por esto que se hace urgente y necesaria la construcción y difusión de otros medios que consigan hacer contrapeso a esta barbarie comunicativa y que puedan aportar la veracidad que corresponde al estallido social más grave que ha sufrido Colombia en su historia reciente.

Publicado enColombia
Miércoles, 02 Junio 2021 06:06

Dos fantasmas recorren Perú

Dos fantasmas recorren Perú

La distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori parece haberse reducido. El miedo de las elites ante un posible gobierno del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, se expresa en las diatribas contra el «comunismo» y en unos medios de comunicación que han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. Pero el fantasma del comunismo convive con el fantasma, más real, del fujimorismo.

 

El domingo 30 de mayo se hicieron públicas las tres últimas encuestas de opinión que podrán ser publicadas en Perú antes de las elecciones del 6 de junio. Todas ellas, puntos más, puntos menos, coinciden en que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue adelante y en que la distancia frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ha reducido en esta última semana. Quizás la única discrepancia entre las mediciones sea respecto del momento en que se habría producido el empate estadístico. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) daba la semana pasada diez puntos de diferencia entre ambas candidaturas; hoy ese margen se ha reducido a dos puntos. El resto de las encuestadoras ya situaban en situación de empate técnico a ambas candidaturas hace varias semanas.

Sin embargo, los porcentajes no dan cuenta de la magnitud de lo sucedido en Perú en las últimas ocho semanas. Los resultados de la primera vuelta han colocado en la segunda a dos candidatos que despiertan los dos «antis» más importantes del país: hay que recordar que Castillo y Fujimori pasaron a la segunda vuelta el 11 de abril pasado con 18,92% y 13,4% respectivamente. Hoy, el antifujimorismo y el antiizquierdismo tiñen la contienda electoral a lo largo y ancho del país. Con estas identidades políticas en pugna, la campaña no ha hecho más que aumentar sus niveles de polarización en un contexto social empobrecido.

El miedo de las elites ante la supuesta amenaza que encarnaría Castillo, un maestro rural que se hizo conocido en el país por el movimiento huelguístico de 2017 y que desviaría al país del camino democrático y del respeto a la propiedad privada, las hizo meterse de manera directa en la espiral de polarización política que vive el país. Así, los principales medios de comunicación y líderes empresariales se han plegado con poco decoro a la campaña de Fujimori en contra de la amenaza comunista.

En este marco, las iniciativas se han multiplicado, desde una serie de pasacalles a favor de la «democracia» y contra el «comunismo» hasta una masiva caravanas de autos de sectores poco afectos a movilizarse que acabó en la zona central de Lima y logró congregar a unas 5.000 personas. Iniciativas más descentralizadas fueron piquetes barriales y pegatinas de afiches en autos y bicicletas. Y, ya rayando en el delito, hay presiones patronales sobre los trabajadores para que voten por Fujimori. Estas presiones van desde explicar en qué consiste el modelo chavista/comunista hasta directamente afirmar que la victoria de Castillo obligará al despido y eventualmente el cierre de operaciones, en una profecía autocumplida.

Los medios han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. En una reciente encuesta del IEP, 59% de los encuestados señaló que los medios ofrecían una cobertura electoral parcializada. De ese grupo, 79% pensaba que la cobertura estaba sesgada a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Un ejemplo es la cobertura del Grupo El Comercio, que ha puesto sus diferentes medios gráficos y audiovisuales al servicio de la campaña negativa contra Castillo.

Desde la vereda de enfrente, el antifujimorismo se ha vuelto a activar durante estas elecciones. No obstante, este movimiento clave para inclinar la balanza en los últimos dos procesos electorales (en los que también se postuló Keiko Fujimori) no demuestra hoy el mismo músculo.

La primera razón hay que buscarla en los efectos que causó el naufragio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y especialmente en el irregular indulto «humanitario» que el mandatario le otorgó durante su gobierno a Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos (la medida fue posteriormente anulada). La «traición» de Kuczynski al antifujimorismo no solo quebró el vínculo entre ambos, sino que puso sobre la mesa la debilidad del clivaje fujimorismo/antifujimorismo como frontera política. En un contexto de desaceleración, el acuerdo respecto al proyecto económico terminó uniendo a una parte del fujimorismo con el gobierno de Kuczynski. En segundo lugar, la distancia ideológica y social entre Castillo y el antifujimorismo en su conjunto es mayor que la que existió antes respecto a otras opciones por las que se inclinó en el pasado este bloque sociopolítico. En esta elección, este «bloque» ha sufrido defecciones: un sector ha visto en Castillo una amenaza autoritaria y ha decidido plegarse a la alternativa fujimorista o ha migrado al voto nulo. Por último, el propio Castillo no se identifica claramente con esa frontera política. Su eslogan «No más pobres en un país rico» y sus discursos públicos enfatizan una ubicación distinta, situada en un eje distributivo e identitario (andinos/provincianos versus criollos/capitalinos).

Dicho esto, el principal escollo que enfrenta la candidatura de Keiko Fujimori es la propia candidata. Han sido permanentes sus intentos de acercarse al electorado a través de repetidos mea culpa respecto a su comportamiento político pasado, en especial, durante el periodo parlamentario 2016-2019, por ejemplo, la arbitraria censura que sufrió el entonces ministro de Educación Jaime Saavedra a inicios del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, estos pedidos de disculpa han caído hasta ahora en saco roto.

Frente a la reconciliación con su hermano Kenji escenificada en un acto público, a su episodio de iluminación religiosa durante su paso por la prisión debido a supuestos vínculos con el caso Odebrecht, o a su pedido de disculpas por las injustas censuras a antiguos ministros del gobierno de Kuczynski desde el bloque de Fuerza Popular en el Congreso, la respuesta ha sido la misma: la mayor parte de los encuestados no cree en ninguno de esos actos de contrición pública.

En contrapartida, esos mismos  sondeos indican que los encuestados consideran, por escaso margen, que el plan de Keiko Fujimori es mejor en varios puntos que el de Castillo. De esto se puede deducir que el problema fundamental de Fujimori es de credibilidad. Consciente de ese problema, la candidata ha buscado durante la campaña resolver esta debilidad acercándose a figuras como Mario Vargas Llosa -quien siempre fue un referente del antifujimorismo desde el liberalismo- y firmando una serie de compromisos públicos en favor de la democracia.

Del lado del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, el principal problema es el desorden de la campaña. Es obvio que tanto para el candidato como para el partido Perú Libre la segunda vuelta ha sido una enorme sorpresa. Ni el candidato ni su equipo de campaña estaban preparados para enfrentar un balotaje. Pese a su carisma, Castillo carece de un equipo que dé solidez a su candidatura: si bien mejoró en algunos aspectos desde la sorpresa del 10 de abril, lo que se aprecia es una campaña llena de marchas y contramarchas.

Por otro lado, y como es muy común en la política partidaria peruana, Castillo no es militante orgánico del partido por el que se postula. De hecho, según algunas versiones, la de Perú Libre no fue la primera puerta que tocó entre las diversas fuerzas de la izquierda. Este partido, encabezado por el ex-gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, tiene dificultades de coordinación con el candidato presidencial, las cuales han desembocado en sucesivas tensiones entre las estructuras partidarias, los equipos que se han organizado en torno del candidato y las fuerzas políticas que se han sumado a la candidatura de Castillo, como Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza. Estas tensiones y descoordinaciones, sumadas a los errores de un candidato sin experiencia en una contienda presidencial, han producido una serie de errores que han mellado su capacidad de convencer a una parte del electorado. Uno de los ataques más frecuentes contra la candidatura de Castillo ha consistido en contraponer sus dichos al plan del gobierno presentado ante la autoridad electoral. Este último documento, en realidad el ideario de Perú Libre preparado por Cerrón, reine al partido con la etiqueta «marxista-leninista».

Si bien es imposible decir hoy quién resultará victorioso el próximo domingo 6 de junio, una certeza que se abre en el escenario peruano es que la crisis que vive el país continuará, pero ciertamente bajo ropajes distintos. En el caso de que sea Castillo el vencedor, probablemente consiga una primera mayoría parlamentaria capaz de bloquear cualquier pedido de vacancia presidencial que busque sacarlo del poder. Sin embargo, desde el día uno tendrá la activa oposición, no solo del fujimorismo y sus aliados políticos, sino también de los medios de comunicación y los gremios empresariales.

Castillo debería hacer frente también a una compleja situación sanitaria y a un país donde la pobreza ha retrocedido a niveles de hace una década, todo esto en el marco de una fuerte corrida cambiaria y una intensa salida de capitales. A la necesaria reactivación económica se le sumará la crisis política que producirá la potencial convocatoria de una Asamblea Constituyente que dote a Perú de una nueva Carta Magna, lo que ha sido uno de los principales ejes de su campaña.

La ruta para tal convocatoria es todo menos clara. Es posible que Castillo busque convocar un referéndum directamente, lo que podría ser bloqueado por el Tribunal Constitucional. Pero también podría intentar una ruta más larga, y reformar primero la actual Constitución para incluir el mecanismo de Asamblea Constituyente. Pero esto último requiere de una votación calificada en el Congreso, seguida de un referéndum popular.

La tentativa de convocar una Asamblea Constituyente podría terminar por elevar el voltaje político, y ahí el desenlace del posible gobierno de Castillo es abierto. Si no logra convocarla porque no consigue los 66 votos del Congreso, podría forzar alguna figura más difusa,lo que lo expone a intentos de vacancia e incluso de salidas extraconstitucionales. La otra gran posibilidad es que Castillo decida seguir la ruta de Ollanta Humala y pactar un gobierno con el establishment para que continúe el «modelo peruano» en piloto automático. Pero si esa ruta mostraba ya serias limitaciones hace unos años, hoy directamente atentaría contra la estabilidad de su gobierno y probablemente produciría una fractura en su bloque parlamentario, lo que dejaría a Castillo a merced de la mayoría opositora en el Parlamento.

En el caso de Keiko Fujimori, su potencial victoria también entraña una serie de escollos, y el principal de ellos es un agotamiento del modelo de relación entre Estado, mercado y sociedad. Ello se ha verificado ya en las protestas callejeras de 2020 y en las sucesivas crisis políticas. La potencial relación con la «calle» de Keiko Fujimori puede ser especialmente conflictiva en un momento de agudización de la pobreza, con una izquierda fortalecida y una sociedad civil que no le es particularmente favorable (con menos de 15% de los votos en la primera vuelta, la mayoría de los votos de la candidata serían «prestados», como un supuesto mal menor frente al «peligro comunista»).

Se debe recordar además que Fujimori y una parte de la plana mayor del fujimorismo enfrentan una serie de investigaciones judiciales que precisamente en estos meses debería entrar a una etapa de juicio oral. La fiscalía ha solicitado para la candidata una pena de 30 años de cárcel por delitos vinculados al supuesto lavado de activos.

Recordemos que, como afirma Aníbal Pérez-Liñán, cuando se juntan bajos niveles de aprobación, casos de corrupción que explotan en la opinión pública y una difusión significativa por parte de los medios de comunicación, se abre la puerta del juicio político. En este escenario, la ausencia de una mayoría propia en el Parlamento podría pavimentar el camino a una vacancia presidencial que abra un nuevo capítulo en la crisis que vive el país.

Los pobres resultados del conjunto de candidaturas, incluidas las dos que han pasado al balotaje, no han permitido construir una mayoría política. El punto de partida de cualquiera de las dos presidencias será de debilidad. Sin la fuerza política necesaria para cerrar la crisis tras las elecciones, el fin de esta deberá intentarse desde el poder.

El fujimorismo podría buscar reconstruir su hegemonía política desde el gobierno, estabilizando su relación con los sectores populares mediante una batería de programas sociales, y con los sectores altos mediante la desregulación de los mercados y la apertura de espacios de generación de rentas extraordinarias, rehabilitando la coalición que le permitió gobernar al primer fujimorismo: un pacto con los de arriba y los de abajo.

Más allá del festival de programas sociales ofrecido por Fujimori, la impresión que queda es que no apostará por un Estado que gane mayores niveles de autonomía y capacidad. Curiosamente, la coyuntura crítica podría cerrarse manteniendo el statu quo que hoy dicta el funcionamiento del país. Con el fujimorismo reordenando el tablero partidario y un Estado igual al actual, solo que con mayores programas sociales. En mi opinión, esa ruta no es sostenible en el largo plazo, pero como dijo el buen Keynes, en el largo plazo ya estamos todos muertos.

Desde la vereda opuesta, la victoria de Castillo ofrece un resultado incierto. Por delante tiene el reto de reordenar el sistema político en torno de un amplio bloque de izquierda. Además, debe forjar una coalición sociopolítica que le permita gobernar y que eventualmente pueda ser movilizada en caso de amenaza. Este agrupamiento contará ciertamente con los sectores campesinos y las capas medias provinciales (especialmente de las zonas andinas), pero deberá atraer a los sectores pobres urbanos y a una porción de las clase medias bajas de la ciudad capital. Todo esto, en un marco de mucha agresividad desde arriba.

Si logra la rearticulación del orden político en torno de sí y de un bloque de izquierda, queda por ver qué hará con la otra parte de la ecuación. Si la redefinición de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad se queda únicamente en un nuevo «pacto constitucional», la nueva trayectoria se topará rápidamente con sus propios límites.

Si Castillo entiende el Estado únicamente como una herramienta que ahora se pone al servicio del pueblo, cuando antes estuvo al servicio de los poderosos, probablemente fracasará. Si no aprovecha el tiempo en el poder para darle al Estado mayores niveles de autonomía y capacidad burocrática, quizás repitamos la historia de la región: Estados que deben hacer muchas tareas para las cuales no poseen las herramientas necesarias.

Históricamente, Perú ha sido un país donde las elites sociales han sido muy resistentes al cambio. De hecho, desde principios del siglo XX, la estrategia dominante de estos sectores fue la dominación a través del Estado, algunas veces mediante liderazgos personalistas civiles, otras mediante dictaduras militares. El cambio fue solo posible con el uso de la fuerza, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

En el último ciclo democrático, si bien estas elites no lograron impedir la victoria de Humala en 2011, sí consiguieron evitar que llevara adelante cambios significativos. Pese a compartir varias de las condiciones que gatillaron el giro a la izquierda en otros países, en ese periodo Perú se mantuvo al margen. En 2011, Humala había logrado construir una coalición social significativa y colocar detrás de sí un frente político capaz no solo de enfrentar una campaña profundamente desigual, sino de ocupar los principales puestos del Estado una vez que triunfó. Era la oportunidad del cambio ordenado. Pero no se supo o quiso aprovechar.

Si el 6 de junio Castillo triunfa, habrá una diferencia fundamental respecto de la oportunidad anterior: el cambio será a trompicones, caótico y azaroso. Pese al desorden, se abriría la posibilidad de un hecho trascendental ad portas del Bicentenario: que sea un grupo social postergado el que tome las riendas del país. Los hijos del largo proceso de modernización social, y específicamente el remezón social que supuso la reforma agraria, habrán llegado al poder. Queda por ver si podrán, al igual que en Bolivia, producir una transformación duradera y significativa de este país.

Publicado enInternacional
¡El ex presidente estadunidense Jimmy Carter impugnó el apartheid de Israel hace 15 años!

Un cuarto de siglo después de haber sido eyectado de la presidencia, Jimmy Carter escribió “Palestina: paz, no apartheid” (https://amzn.to/3fZU6Mr), que hoy, 15 años más tarde, cobra mayor relevancia y que, en su momento, provocó la furia de los encriptados supremacistas judíos (https://nyti.ms/3uJmjwt), que han mostrado su verdadero rostro irrendentista de imponer su solución de “un (sic) solo Estado”, que tiene sitiados a 6 millones de palestinos semitas autóctonos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo –cuatro Palestinas (https://bit.ly/3v3h1fW) y cuatro subtipos de palestinos (https://bit.ly/3uaAbze)– sin contar los otros 6 millones de refugiados: arrumbados en los países aledaños a Israel como consecuencia de su masiva expulsión (https://bit.ly/3vCoeEe).

La magia de la cronogeopolítica: el libro de Carter sobre el inocultable apartheid del supremacismo fundamentalista judío toma su verdadera dimensión 15 años después con los reportes que lo avalan: tanto de la ONG israelí B’Tselem como de HRW (https://bit.ly/3vcH58x), no se diga la explosiva declaración del canciller francés Le Drian (https://bit.ly/3fO6wXs), en medio del despertar conjugado de Black Lives Matter y Palestinian Lives Matter en Estados Unidos, primordialmente con la base progresista de influyentes congresistas del Partido Demócrata.

La tesis nodal de Carter hace 15 años –prácticamente la era supremacista fundamentalista judía del saliente premier Netanyahu– fue que los ilegales asentamientos de colonos israelíes y el control militar de Israel de los territorios ocupados constituyen los principales obstáculos a un acuerdo de paz integral cada vez más elusivo en el Medio Oriente.

A diferencia de su compañero de partido Obama –que obtuvo un Premio Nobel de la Paz pirata sin ninguna concreción pacifista–, Carter fue el mediador para conseguir el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. A juicio de Carter, el propósito último de su libro es “presentar hechos (sic) sobre el Medio Oriente que son ampliamente desconocidos (sic) en Estados Unidos”. ¡Increíble!

Tanto el control de los multimedia globales como el eje Hollywood/Las Vegas/Silicon Valley/Wall Street, lubricados por su legendaria Hasbará (distorsión publicitaria del gobierno israelí), consiguieron desinformar, cuando no ocultar, la supervivencia de 6 millones de palestinos semitas autóctonos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, no se diga de los otros 6 millones de refugiados expoliados.

Para Carter, hace 15 años –lo cual evidentemente ha involucionado debido al obsceno irredentismo neocolonial y neomalthusiano del supremacismo fundamentalista judío, que busca expulsar a todos los palestinos semitas autóctonos del río Jordán al mar Mediterráneo – existían “dos obstáculos interrelacionados (sic) para una paz permanente en el Medio Oriente”: 1) “algunos (sic) israelíes creen que tienen el derecho de confiscar (sic) y colonizar la tierra palestina y tratan de justificar la subyugación (sic) sostenida y la persecución de los palestinos cada vez más agraviados y sin esperanza”; y 2) “algunos (sic) palestinos reaccionan al honrar a sus suicidas como mártires para ser recompensados en el cielo y consideran la muerte de israelíes como victorias”.

No detecto ninguna correlación entre un asunto meramente catastral, que infringe las resoluciones de la ONU y el derecho internacional, con el último recurso de resistencia de los sitiados palestinos.

Después de 15 años, la dinámica doméstica intraisraelí e intrapalestina, no se diga el ecosistema regional, han variado sustancialmente en detrimento de la autodeterminación de los palestinos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Vale la pena reconocer la temeridad de Carter hace 15 años antes de la parusía de Black Lives Matter y de Palestinian Lives Matter .Quizá lo más valioso de su libro haya sido su temerario título sobre el apartheid –cuando nadie se atrevía a pronunciar lo evidente como muy pocos osamos hacerlo– que ejerce el supremacismo fundamentalista judío en la Palestina histórica.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL _c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Publicado enInternacional
Chamanes realizan en Lima un ritual en apoyo a Pedro Castillo. — Paolo Aguilar (EFE)

Los peruanos elegirán el 6 de junio en una segunda vuelta electoral a quien ocupará la Presidencia durante los próximos cinco años. Los candidatos son el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de la derecha neoliberal. Las últimas encuestas colocan al profesor ligeramente por delante de la hija del dictador encarcelado.

 

A una semana de la segunda vuelta, Lima está tensa. Este sábado, una marcha de apoyo "a la democracia" (en realidad, de apoyo a Keiko Fujimori) se convirtió en una ruidosa caravana de automóviles que provocó burlas pero también dejó sentir su presencia. En los distritos residenciales de la capital, circulaban camionetas y vehículos todoterreno con banderas peruanas y carteles: "No al comunismo". Es un contraste llamativo con las manifestaciones callejeras, a pie, con las que Pedro Castillo llena plazas cada día.

Castillo, el candidato de izquierda que dio la sorpresa en la primera vuelta, es la gran amenaza o la única esperanza, según como se mire. Para una parte de los peruanos —esa que salió en vehículos de alta gama— es la encarnación del comunismo, una nueva Venezuela. Para otra parte, es la opción que puede dejar sin la Presidencia a Keiko Fujimori, quien no solo ha prometido el indulto para su padre, el exdictador Alberto Fujimori, sino que también tiene historial propio.

En 2016, Fuerza Popular —el partido fujimorista— obtuvo una mayoría congresal arrolladora; el resultado fue el boicot constante al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que llevó a la interrupción de quince años consecutivos de alternancia democrática (la bancada, con cercanías a bandas criminales y a una red de jueces corruptos —como se supo luego—, forzó la renuncia del presidente).

Keiko misma está procesada por corrupción —la fiscalía pidió treinta años de prisión para ella—, estuvo presa, pero fue puesta en libertad por riesgo de covid. Además, tiene en su equipo al médico Alejandro Aguinaga, uno de los responsables de las esterilizaciones forzadas de Fujimori padre (una política que afectó a decenas de mujeres campesinas). Si Castillo gana, Keiko perderá la elección por tercera vez y probablemente la opción de la Presidencia se le cerrará para siempre. Eso, para muchos, suena tentador.

Pero no es una opción tan fácil.

Castillo no es el comunista que dicen sus críticos. No parece creíble que vaya a instaurar el socialismo o una autocracia chavista en el Perú. Pero tampoco es un hombre que inspire confianza. Es un outsider; no de los fabricados por la derecha —que hasta quiso poner a un exportero del Alianza Lima para dárselas de popular—, sino uno auténtico, inesperado. Lo que salta a la vista de Castillo parece noble: un maestro de escuela al poder, un hombre simple con sombrero de agricultor. ¿Por qué no? Pero no es tan simple. Su condición de profesor habla de la loable vocación por la enseñanza en el campo, pero también de una historia de ascenso sindical que lo muestra como cualquier cosa menos un político ingenuo.

Algo que se pierde de vista —tal vez él mismo, con su hablar populachero, su llanto fácil, lo procura— es que es un animal político y conoce el arte de escalar estructuras de poder. En las plazas, Castillo arenga contra las trasnacionales y ciertas instituciones decadentes. En las entrevistas, se desdice, da rodeos y vacila. Aunque cálido y carismático, no parece brillar con las palabras o los argumentos. La mayor habilidad se ve en sus gestas, y no siempre de la mejor manera.

Fue en el movimiento sindical de maestros de Perú donde Castillo mostró la ambición y sentido de la oportunidad que culminó en una carrera vertiginosa. Para escalar en la organización, se alió con los enemigos de la cúpula del sindicato oficial (Sutep). El asunto es que esos enemigos pertenecían a una facción del magisterio con vínculos con Movadef, grupo que busca la amnistía de los cabecillas presos de Sendero Luminoso (incluido Abimael Guzmán).

Movadef no es un movimiento terrorista, pero sí nace con un pecado de origen: quiere la libertad para los senderistas encarcelados, y eso en Perú es, de por sí, inadmisible, algo que deja excluido del juego político a quien lo defienda. La brutalidad sangrienta de Sendero provocó que, una vez derrotado, no hubiera espacio para ninguna concesión. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Perú no se ha planteado una participación de los grupos subversivos desarmados en la política.

¿Este antecedente demuestra que Castillo es capaz de hacer un pacto con el diablo? ¿Que haría alianzas sin escrúpulos? ¿O que es alguien con una visión posconflicto de apertura democrática? No se sabe. El caso es que con esa alianza Castillo pudo organizar en 2017 una impresionante rebelión contra la cúpula sindical, que había llegado a un pacto con el Gobierno derechista de Pedro Pablo Kuczynski (un pacto que el profesor no aceptaba). Castillo lideró la gran marcha que llegó hasta la capital: los maestros acamparon en las plazas del centro de Lima. Antes, Castillo se había postulado a un par de cargos públicos, sin éxito, pero esta huelga de 75 días fue su verdadero nacimiento político.

Ya entonces se vio una máxima de Castillo: los enemigos de mis enemigos son mis amigos. La prensa fujimorista, que hoy destruye al candidato pero que, entonces, quería desestabilizar al régimen de Kuczynski, le prestó oídos a su historia de lucha.

Como todo aquel que anda con juntas poco recomendables, Castillo tiene la coartada de estar usándolos como instrumentos a su favor. La gran pregunta sigue siendo si, al contrario, el instrumento es él. Este interrogante también es válido cuando se alude a su filiación con otro personaje polémico: Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre, por el que Castillo se postula.

Cerrón provoca rechazo en Lima; de hecho, fue el motivo de la ruptura de la izquierda años atrás. Neurocirujano formado en Cuba, jamás se ha deslindado de los procesos progresistas latinoamericanos (Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales). A su imagen de radical se le suma cierto conservadurismo misógino y homófobo. Cerrón era el candidato natural de Perú Libre, pero estuvo preso por corrupción —opiniones autorizadas han dicho que ese juicio tuvo varias irregularidades, y que se usó para neutralizar a un líder con proyección—. A pesar de que salió libre, el Jurado Nacional de Elecciones le negó la participación en los comicios. Castillo, que entró como invitado para vicepresidente, pasó a ser el candidato. Nadie en Lima lo tomó en serio.

Pedro Castillo no parece un hombre comprometido ideológicamente. De su lealtad, aun no sabemos. Pero si bien es estratégico y pragmático, no cede. A diferencia del expresidente Ollanta Humala, que firmó un compromiso ante figuras prominentes como Mario Vargas Llosa, Castillo no ha dado muestras de querer someterse a condicionamientos. Sigue firme en sus propuestas. Quiere cambiar la Constitución (redactada y aprobada tras el golpe de Fujimori), para liberar los candados que impiden una mayor participación del Estado. Quiere reformar el sistema de pensiones. Después de la primera vuelta, la élite progresista dijo que esta intransigencia era un error que no le permitirá avanzar. Pero allí es donde Lima —y la burbuja socialdemócrata— parece no entender en qué país vive.

El Perú hace buen tiempo que vota masivamente contra el modelo económico (aunque no constituya una mayoría). Existe un descontento en todo el país, en provincias ajenas a Lima donde el Estado sigue sin llegar, donde el abandono produce pobreza y deja a las poblaciones a merced de la corrupción, la minería ilegal y el narcotráfico. Es un electorado rabioso que está dispuesto a arruinar el continuismo falsamente próspero de la capital. No comparte los remilgos de la capital. No entra en histeria ante las acusaciones de terrorismo. De hecho, en Ayacucho, que fue la región más golpeada por Sendero Luminoso, Castillo ganó con más del 45% en primera vuelta. Y sigue ganando.

La pandemia ha sido un golpe de desengaño que afectó la imagen del modelo económico. Perú ha sido el país más golpeado por la covid-19 de la región, junto con Brasil, y eso ha revelado la precariedad de un sistema de salud abandonado por el neoliberalismo, que promueve el negocio de clínica privada y admite los cobros exorbitantes de medicinas.

En el descrédito del sistema, están los puntos a favor de Castillo, las razones de la empatía y el beneficio de la duda en contraste con su contrincante (hija de un autócrata y también del instaurador del modelo neoliberal). El profesor nació en 1969 en Chota, Cajamarca, en un caserío rural. Vivió en la pobreza. Fue rondero, que es como se conoce a los miembros de las autodefensas campesinas que fueron vitales en la derrota de Sendero Luminoso.

En tiempos de redes sociales y campañas con algoritmos, Castillo ganó la primera vuelta contando 3.000 seguidores en Twitter (hoy tiene 72.000, nada si se compara con el millón de Keiko Fujimori). Se dice que es desconfiado en extremo, y tal vez eso explica su conducta errática: como los agentes de inteligencia, compartimenta la información. Cada colaborador suyo sabe solo una parte, la que él quiere. Hace cambios de planes todo el tiempo para que la información no se filtre, y por eso sus manifestaciones son inesperadas. En primera vuelta, fue a votar montado en un caballo. Es posible que esta vez ya no lo haga, pero medio Perú duerme temiendo ese galope.

lima

30/05/2021 22:12

 

Por Juan Manuel Robles@palidofuego


Castillo y Fujimori, en empate técnico a una semana de las presidenciales de Perú

Castillo está ligeramente por encima de Fujimori, que en las últimas semanas ha recortado la considerable desventaja que le separaba de su rival.

EFE

Los candidatos a la Presidencia de Perú Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha) se encuentran en un empate técnico a una semana de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según dos sondeos publicados este domingo.

En ambas encuestas, Castillo está ligeramente por encima de Fujimori, que en las últimas semanas ha recortado la considerable desventaja que le separaba de su rival, al captar a la mayor parte de los indecisos.

Sin embargo, en las dos encuestas la diferencia entre ambos está dentro del margen de error estadístico, por lo que el debate que tienen previsto mantener este domingo los dos candidatos se prevé clave para el resultado final.

En votos válidos, la encuestadora Ipsos da un 51,1% para Castillo, que baja 1,5 puntos respecto al domingo pasado, y un 48,9% para Fujimori, que sube 1,5 puntos.

Por su parte, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en su encuesta publicada este domingo en el diario La República, también da una diferencia de dos puntos en intención de voto entre Castillo y Fujimori.

En este caso el candidato del partido Perú Libre se lleva el 40,3% y la candidata del partido Fuerza Popular el 38,3%, mientras que el 21,3% son votos blancos, nulos e indecisos.

Ambas encuestas confirman el empate técnico ya anunciado el viernes por la encuestadora Datum, que daba 50,5% a Castillo y 49,5% a Fujimori en votos válidos, sobre una base de 1.201 entrevistados.

Esto anticipa una elección igual de reñida que hace cinco años, cuando en 2016 Pedro Pablo Kuczynski le arrebató a Fujimori la Presidencia por apenas 40.000 votos.

Es la tercera vez consecutiva que Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), llega a una segunda vuelta presidencial, después de haber pedido las dos anteriores ante Ollanta Humala (2011) y Kuczynski (2016).

A las urnas están convocados para votar el próximo domingo, 6 de junio, más de 25 millones de peruanos para elegir a la próxima persona que los gobernará por los próximos cinco años

Publicado enInternacional
Domingo, 30 Mayo 2021 05:16

El cielo por asalto

El cielo por asalto

El 18 de marzo se cumplieron 150 años de un hecho memorable: la Comuna de París de 1871. Fue la primera revolución hegemonizada por la clase obrera. En 1789, el pueblo bajo acompañó a la burguesía en ese acto insurreccional y fundante que fue la Revolución Francesa. Pero no fue el protagonista de esa gesta que habría de culminar en el Terror de Robespierre y Saint-Just, y en la dictadura imperial de Napoleón Bonaparte. La Comuna de París tuvo un arco de posibilidades que la hicieron posible. Francia estaba en guerra con la Prusia de Bismarck y Guillermo II. Y no sólo estaba en guerra sino que la estaba perdiendo sin apelación alguna. El “canciller de hierro” (Bismarck) era un gran estratega y sabía mover sus tropas mejor que Napoleón el pequeño (Napoleón III), cuya gloria se agotaba en llevar el nombre de Napoleón Bonaparte, aunque sólo eso, ya que no había heredado su genio militar ni sus aptitudes políticas. Napoleón III es hecho prisionero de los generales prusianos que inclinan, así, la guerra en su favor. Queda al frente de la República francesa el mínimo, aunque colérico y sanguinario, Thiers. La Guardia Nacional se niega a hacer fuego contra los comuneros insurrectos y más aún: se pone de su lado. Ahora la Comuna tiene en su poder la gran ciudad del país. Tiene el fervor, tiene las armas y un vibrante plan de Gobierno. Que es el siguiente:

- El Ejército y la Policía fueron reemplazados por la Guardia Nacional, integrada por ciudadanos comunes, como artesanos, jornaleros y otras profesiones.

- Se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado.

- Los cargos públicos eran sometidos a elección popular y se regirían por el principio de revocatoria de mandato.

- Dejaron de impartir clases de religión en los colegios, por tratarse de un tema de decisión personal.

- Las fábricas abandonadas fueron ocupadas por los trabajadores.

- París se dividió en quartiers, localidades con cierta autonomía que cooperaban con la organización central. Los funcionarios recibían un sueldo similar al de los obreros.

- El precio de los alquileres fue controlado por la Comuna.

- Las viudas y huérfanos de la Guardia Nacional fueron reivindicados con pensiones.

¡Qué plan magnífico! En ningún país de los tiempos pandémicos que corren podría aplicarse. Las mujeres tienen un papel preponderante y hasta prepotente en la lucha. La Comuna, como dice Karl Marx en célebre frase, quería tomar “el cielo por asalto”. Pero no lo tomó. De un modo acaso inexplicable no irrumpieron en el Banco Nacional de Francia, donde se acumulaban las riquezas del país. Esas riquezas se las llevaba Thiers para rearmar su ejército. Thiers había huído a Versalles, refugiándose en el en el que supo ser el corazón de la aristocracia monárquica, gozosa y despilfarradora. Hasta que se le acabó la fiesta con las multitudinarias masas rebeldes de 1789. Y con la guillotina de Robespierre, que no tuvo piedad con nadie y menos con Luis XVI

Ahora, en Versalles, estaba Thiers. Y entonces sucede un acontecimiento insólito. Francia y Prusia suspenden la guerra entre naciones porque la “hidra internacionalista” (como llamó Nietzsche a la Comuna) se había apoderado de una de ellas. ¡Ah no, eso no, de ninguna manera! Marx se deleita con este hecho. La lucha interburguesa se deja de lado cuando el proletariado se insurrecta. Bismarck le devuelve a Thiers sus prisioneros. Ahí los tiene, disponga de ellos, primero hay que aniquilar a la hidra internacionalista después seguimos nuestra guerra.

Francia y Prusia guerreaban por sus conquistas imperialistas. Alemania había llegado tarde al reparto del mundo entre las grandes naciones europeas. Necesitaba su “espacio vital”. Necesitaba, en suma, replantearlo todo. Con la guerra de 1870 no sólo logra su tardía unidad nacional, sino también entrar a discutir los anhelados territorios de Africa y Asia, especialmente.

Pero, ante el proletariado en armas, la tarea de discutir el “espacio vital” queda de lado. Ahora deben ayudar a Francia a derrotar a la chusma roja, la chusma anarquista y comunista, esa peste. Nada distinto ocurre hoy con los países “civilizados” de Occidente. Forman un bloque ante el avance de la”barbarie” terrorista y populista. Así, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel (fundamental para frenar la “barbarie terrorista” en el Oriente Medio, siguiendo, siempre, los intereses del Imperio “americano) y, en menor medida Italia y España están artillados hasta los dientes para preservar la “democracia” en el mundo.

Volviendo a la Comuna. Con la ayuda prusiana, Thiers formó un ejército poderoso. Derrotó a los comuneros y el “orden burgués” se estableció otra vez en el país. La Comuna duró apenas dos meses. Durante su transcurso se soñaron nuevos horizontes, nuevas hermandades. Pero los sueños revolucionarios suelen pagarse caros. La fuerzas armadas de Francia y Prusia mataron treinta mil comuneros. Querían un castigo ejemplar. ¿Cómo se habían atrevido a hacer lo que hicieron? Nunca más debía ocurrir algo así. Fueron despiadados. Se hartaron de fusilar obreros y profesionales. Esa cifra de muertos (treinta mil) nos remite al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Así terminan los sueños? Así, sobre todo, se mantiene el capitalismo en dominio de las estructuras de un sistema que ya lleva varias centurias y ha ganado todas sus batallas. No sé si el precio de los sueños es siempre cruento, pero creo (o aún me atrevo a creer) que los sueños abren un horizonte que aún no se ha cerrado.

 Un hombre camina junto a motocicletas incineradas en Popayán luego de una nueva jornada de protestas.. Imagen: EFE

30 de mayo de 2021

Publicado enInternacional
Cargas policiales durante el Paro Nacional en Bogotá. Foto: Colombia Informa

La pandemia esta siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedan en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se deterioran de forma ostensible. Los pueblos se rebelan y las derechas y la represión se radicalizan.

 

El fin del ciclo progresista no fue seguido por la instalación de gobiernos de la derecha, algo que realmente sucedió pero de forma diferente a la habitual, ya que se abrió un período de crisis de la gobernabilidad. 

Lo que nos enseñan las gestiones de Jair Bolsonaro en Brasil, de Lenín Moreno en Ecuador y en su momento de Jeannine Añez en Bolivia, al que podría sumarse el de Sebastián Piñera en Chile, es la enorme dificultad para estabilizar sus gobiernos. Esta nueva realidad no se desprende mecánicamente de la situación económica, porque encontraron sociedades poco dispuestas a aceptar el autoritarismo y la profundización del neoliberalismo extractivista.

Incluso antes de la pandemia, hubo levantamientos populares que cuestionaron los planes de las derechas, en particular en Ecuador y en Chile, mientras en Bolivia una fenomenal sucesión de bloqueos en agosto de 2020, impidieron que el gobierno golpista siguiera dilatando la convocatoria electoral. En Brasil, a diferencia de los países señalados, la manifiesta incapacidad del Gobierno cívico-militar está en la base de su progresivo deterioro.

Sin embargo, en los países gobernados por el progresismo, con especial destaque de Argentina, la gobernabilidad tampoco goza de buena salud. Aunque el modelo de gestión de la pandemia es completamente diferente al de Bolsonaro, con largos períodos de restricciones similares a los de Europa, los contagios se han disparado incluso por encima de lo que sucede en Brasil, si podemos confiar en las cifras que aportan las autoridades.

La baja performance de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, con una nueva ola de contagios y una lentísima evolución de la vacunación, enseña una población reacia a las restricciones y, más aún, dispuesta a saltarse las prohibiciones: entre las clases medias, con sonoras manifestaciones en vehículos privados, mientras entre los sectores populares se verifica la imposibilidad de atenerse a las recomendaciones de distancia y permanencia en los hogares.

Sociedades en movimiento

Luego de un año de pandemia, América Latina está movilizada. Desde los pueblos originarios de México y Centroamérica hasta las clases populares de toda la región, que parecen turnarse en el rechazo no solo a los gobiernos, sino de un modelo depredador de la vida que deja a millones de jóvenes a la intemperie, sin el menor futuro que no sea deambular entre las más variadas formas de precariedad: desde la laboral hasta la de salud, pasando por la vivienda y la propia vida, acechada más que por virus, por la violencia institucional y paramilitar.

En espacios muy alejados de la atención mediática, sucede algo similar. Un desborde incontenible desde abajo. Para muestra, Wall Mapu [territorio habitado por el pueblo mapuche en Chile y Argentina]. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre de 2021, las recuperaciones de tierras —que califica de “usurpaciones”— aumentaron un 688% respecto al año anterior. En los primeros tres meses del año se registraron 134 tomas de terrenos, frente a las 17 ocurridas en el mismo periodo de 2020.

Mi impresión es que la revuelta comienza en los márgenes y gradualmente va llegando hasta las grandes ciudades. Así sucedió en Colombia. En octubre de 2020 una impresionante Minga Indígena, Negra y Popular nació en el Cauca, recorrió más de 500 kilómetros y llegó a Bogotá donde fue recibida de forma multitudinaria.

La revuelta colombiana fue precedida por protestas en 2017 en ciudades medianas del Pacífico, que configuran el levantamiento en curso: “Se organizaron con comités de médicos, de alimentación, realizando un aprendizaje sobre los modos  de presionar al Estado pero también aprendieron a negociar. Se articularon medios alternativos locales y consiguieron que las autoridades fueran a su territorio a negociar, ellos no se movieron de sus ciudades y comunidades y siguieron los mismos pasos que los indígenas del Cauca”, reflexiona el investigador Alfonso Insausty desde Medellín. 

El paro de un mes es un punto de inflexión en un país donde la protesta se había ceñido a las áreas rurales en las últimas siete décadas, quedando las ciudades como espacios dominados por las grandes empresas y los cuerpos policiales. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, las grandes ciudades se fueron convirtiendo en el nuevo epicentro de una movilización protagonizada por jóvenes que no tienen futuro en la economía neoliberal y que por vez primera están conociendo la peor arista del sistema.

Derechas radicalizadas

En toda la región las derechas se abroquelan, se muestran cada vez más intransigentes con los pueblos, enseñan su cara genocida. Este cierre autoritario tiene varias facetas: desde la puramente represiva, como la de Colombia y Chile, hasta una creciente militarización de la sociedad, de las instituciones estatales y hasta del sistema educativo y de salud.

Lo que debemos comprender, y el caso mapuche es elocuente, es que estamos ante una reacción defensiva ante el avance de los pueblos, como lo atestigua el caso mapuche. Cuando el Gobierno de Piñera decide militarizar Wall Mapu es porque no encuentra otro modo de frenar el ascenso de las recuperaciones de tierras. No solo envía militares a controlar las comunidades, sino que alienta a los civiles a armarse para enfrentarlas.

El 1 de agosto de 2020 sucedió algo que puede considerarse un viraje profundo en la Araucanía. “Centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova”.

Exactamente la misma reacción que se ha visto en Cali por parte de las elites de la ciudad, que reaccionaron con violencia contra la Guardia Indígena y las juventudes negras y populares. Un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz sobre la existencia de fosas comunes y “casas de pique” —donde se descuartizan personas para hacerlas desaparecer— en las periferias de Cali.

Estamos ante un nuevo escenario, bien distinto al que caracterizó las dictaduras de la década de 1970. Ahora el Estado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de controlar las sociedades, ha cedido el monopolio de la violencia para que otras agencias —narcotraficantes, paramilitares y personas armadas ocasionalmente— hagan uso de las armas ante la complicidad de las fuerzas represivas legales.

En Brasil hay 6.157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el Gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento del 108% respecto a 2016, el año en que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff. La militarización del Estado alcanza niveles insospechados en áreas como la educación, como lo revela el informe del Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) de Brasil, titulado “Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza”. 

Los militares ocupan los principales escalones del sistema de salud y avanzan sobre la educación con la creación de “escuelas cívico-militares” y con la intervención en  universidades para vetar y controlar la elección de rectores. El informe destaca que se están creando 216 escuelas primarias cívico-militares que utilizan “el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares”.

Más allá del caos y la represión

Es posible que la pandemia esté siendo un parteaguas en las sociedades latinoamericanas. Las opresiones y corrupciones quedaron en evidencia mientras la calidad de vida y de los servicios se vienen deteriorando de forma ostensible. Pese a las medidas excepcionales y la serias restricciones a la movilidad y los encuentros, los movimientos no sólo no se debilitaron sino que están lanzando desafíos impensables años atrás.

La radicalización de las derechas y la creciente movilización de los pueblos permite aventurar algunas hipótesis. La salida represiva está sobre la mesa, con una intensidad que nos retrotrae a los años 60, con escuadrones de la muerte y cementerios clandestinos. Sin embargo, no parece la salida más probable, además de ser profundamente indeseable.

Existe la posibilidad de nuevos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro en Colombia y Pedro Castillo en Perú. Pero no tendrían la menor chance de apaciguar a las clases dominantes, ni conseguirían desmovilizar a los pueblos. Algo similar puede decirse en el resto de los países. Quien gobierne, tendrá el terreno acotado arriba y abajo, por lo cual los cambios serán mínimos, por lo menos a corto plazo.

Es una buena chance para que los pueblos tomen iniciativas en otras direcciones. Los proyectos autonómicos son una posibilidad real. Que los jóvenes urbanos de Cali hayan llamado a la Guardia Indígena para su defensa, que la bandera mapuche sea la más ondeada en la revuelta chilena muestran que los territorios autónomos en resistencia se han convertido en alternativa real y concreta para amplios sectores de las sociedades.

Por Raúl Zibechi

27 may 2021 06:00

Publicado enInternacional
Página 1 de 118