Sábado, 25 Junio 2016 17:49

Ambientalistas en la mira

Ambientalistas en la mira

En el informe “En terreno peligroso” de Global Witness, fue catalogado el año 2015 como el peor de la historia en lo que respecta al asesinato de los defensores de la tierra y el medio ambiente. La ONG documentó 185 asesinatos en 16 países, esto representa un incremento del 59 por ciento respecto a las cifras del 2014. Cuarenta por ciento de la totalidad de estas víctimas son indígenas. Con 26 asesinatos documentados, Colombia registra como el tercer país con mayores asesinatos. Cruenta realidad, auspiciada por el capital extractivo multinacional que embestido en la más grosera de las impunidades sigue eliminando a quienes osan desafiar sus intereses de explotación y acumulación en los países del sur global.

Durante el año 2015 fueron registrados 26 asesinatos de activistas y defensores del medio ambiente en Colombia. Siete de los asesinatos están relacionados con las industrias extractiva y minera, nueve corresponden a defensores de la tierra indígena. Global Witness sostiene: “Según los grupos de derechos humanos, los principales sospechosos de una gran parte de la violencia son grupos paramilitares que trabajan en connivencia con élites políticas y empresariales locales”. Otros de los responsables señalados es el propio Ejército Nacional que tanto en nuestro país como en Filipinas produjo la mayoría de los asesinatos registrados (13 entre los 185 globales).

Colombia, al igual que la mayoría de los países registrados comparte un determinante: la inversión extranjera. Destaca el informe: “En los últimos años, Colombia ha fomentado activamente los sectores de la minería y el petróleo para atraer una inversión extranjera directa mediante la venta de derechos de prospección y la oferta de otros incentivos. Empresas de Estados Unidos, Australia, Brasil y Canadá son los principales inversores en operaciones para extraer oro, plata, carbón y petróleo”. Funesto factor del que deriva el hecho de que los mayores afectados por la violencia sean precisamente los dueños legítimos de la tierra.

El informe expone que en Colombia: “Los pueblos indígenas sufren actos de violencia relacionados con el conflicto armado que se está desarrollando en el país y han sido testigos de acaparamientos de tierras a gran escala y desplazamientos en sus territorios. Las grandes actividades agroindustriales, mineras y extractivas están agravando los enormes niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, la pobreza y la degradación ambiental que ya existen”. Entre estos actos de violencia se encuentran 27 amenazas de que fueron objeto en Colombia las comunidades indígenas y sus líderes durante el 2015, según registra Global Witness.

En entredicho las políticas gubernamentales encaminadas a suprimir las causas fundamentales de la violencia contra estos pueblos. La inexistencia de reformas agrarias que redistribuyan el uso de la tierra, así como la inoperancia del programa de restitución son claves en la existencia de este tipo de afectaciones. Amplía el informe: “Según grupos de derechos humanos locales, la Unidad Nacional de Protección del Gobierno colombiano, que se supone que debe proteger a los activistas, está fracasando a todos los niveles. Por otro lado, el Gobierno está dando prioridad a medidas que podrían ocasionar aún más violencia. Por ejemplo, una ley aprobada en 2015 contiene varias disposiciones que amenazan con legitimar el acaparamiento de tierras por parte de empresas extractivas, debilitando así aún más los derechos y la seguridad de los defensores de la tierra”.

De esta manera el país continúa como uno de los principales escenarios de victimización contra quienes osan defender al medio ambiente y a la tierra de las voracidades de los proyectos de explotación. Otra de las características propias en Colombia, tiene que ver con la inoperancia de la justicia para procesar y castigar a los responsables de estos asesinatos, así como la nula disposición del Estado para proteger a comunidades indígenas y activistas. Tales realidades se encuentran potenciadas por la simetría de intereses entre el Estado y las multinacionales en torno a la explotación de los recursos naturales que intentan proteger los activistas.

La situación es altamente preocupante, mucho más cuando el país se enrumba hacía el postacuerdo de paz, en el cual puede potensiarse la exacerbación de los intereses de extracción, la abierta disponibilidad de territorios vedados a las multinacionales por los azares de la guerra que en adelante serán susceptibles de exploración y explotación con o sin la aprobación de las comunidades que las habitan. En este escenario, ¿se incrementará las muertes de los opuestos a estos proyectos?

 

Gráfica 1. 

 

 

Tabla 1. Deberes del Gobierno de Colombia

Tomada del informe de Global Whitness Pág 14.

 

Los asesinatos en 16 países

 

El informe denomina las cifras como “espeluznantes”, y precisa: “Documentamos 185 asesinatos en 16 países, lo que supone un aumento del 59% respecto a 2014, además de la cifra anual más alta que se ha registrado. En 2015 de media murieron asesinadas más de tres personas por semana, lo que representa más del doble del número de periodistas asesinados durante el mismo periodo. Los países más afectados fueron Brasil (con 50 asesinatos), Filipinas (con 33) y Colombia (con 26)”.

Para todos estos países el sector que más se encuentra inmiscuido en las victimizaciones es el de la minería. Se le endilgan 42 asesinatos. Otra de las actividades económicas causales de la violencia fue la agroindustria, las presas hidroeléctricas y la tala. Los principales afectados fueron las comunidades indígenas y uno de los principales victimarios se encuentra el propio Estado, consigna el informe: “Por todo el mundo, la connivencia entre el Estado y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables de los asesinatos. De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”. Esta es la explicación de la impunidad que marcha paralela a la criminalización, a la estigmatización de los activistas como individuos contrarios al desarrollo.

Otro de los factores subyacentes a los asesinatos tiene que ver con las presiones sobre la propiedad, el control y el uso de la tierra. El caso de Brasil es bastante sugestivo de la situación, el mayor número de asesinatos del total registrado tiene como escenario a este país suramericano que es propietario de la mayor reserva natural sobre la Tierra: la amazonía. Sobre este país amplia el informe: “El conservacionista brasileño Felipe Milanez comentó hace poco los riesgos a los que se enfrentaban los activistas en la Amazonía: –La violencia se ha legitimado como una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto “aceptable”. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala–”.

La situación toma matices de etnocidio cuando se verifica que un alto porcentaje de las víctimas registradas durante el 2015 en el mundo (67) pertenecen a comunidades indígenas. las que se suman a la extensa lista de defensores del medio ambiente asesinados por oponerse a la invasión de sus tierras ricas en recursos naturales. Según Global Witness, estas comunidades se encuentran en alto riesgo: “La supervivencia cultural de los pueblos indígenas corre peligro. La defensa de sus territorios ancestrales reviste una importancia primordial no solo como fuente de su sustento, sino también para la conservación de su identidad y forma de vida tradicionales”.

Los asesinatos tienen su razón de ser en la disputa por la tierra y por la explotación de los recursos que ella guarda en su seno. El silencio de los Estados, la inoperancia de la justicia frente a esta catástrofe, se encuentra fundada en lo conveniente que resulta la explotación para las finanzas públicas y para intereses particulares de acumulación. Si estas dos condiciones tienen algo de veracidad, la mayoría de las víctimas entonces deberían ser de los pueblos indígenas y así lo constatan las estadísticas. La tierra para la explotación de sus recursos, quienes se opongan a esta imposición deberán ingeniárselas para esquivar las balas, pues todo indica que continuarán en la mira de los fusiles.

Publicado enColombia
¿Ambientalistas extremos, o clima extremo?

Paralelamente al desarrollo de las reuniones en noviembre –preparatoria– y diciembre del año pasado, que constituyeron la XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y X en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP20/CMP10), las salas de cine del mundo convertían en éxito la película de ciencia ficción Interestelar del director de origen inglés Christopher Nolan. El filme tiene como tema central una humanidad que cuenta como única posibilidad de salvación, contra su total extinción, el escape hacía otra galaxia, pues el oxígeno de la tierra está en agotamiento irreversible y las nubes de polvo en las áreas de producción agropecuaria amenazan con impedir totalmente la obtención de alimentos.

Las escenas del polvo parecen inspiradas en la sequía de la región central y norte de las Grandes Llanuras de los Estados Unidos, en los años treinta del siglo pasado, convertidas luego en el paisaje de fondo de Las uvas de la ira, la renombrada novela de John Steinbeck. De la película llama la atención no sólo la irreversibilidad de la situación en la que ha sido colocada la vida humana en la tierra, sino que la posibilidad de su prolongación en el tiempo se vea reducida tan sólo al traslado de embriones fertilizados a otra galaxia, con el consecuente sacrificio de los habitantes del planeta en ese momento. El genocidio y la eugenesia, apenas velados en el filme son, curiosamente, temas que aparecen con fuerza creciente en las reflexiones sobre las condiciones materiales, cada vez más extremas, a las que nos conduce la lógica predominante del capital.

¿La superficialidad y vaguedad de los acuerdos en la COP20/CMP10 son parte de la materia prima que parece alimentar la resignación y el convencimiento de que destruiremos nuestro planeta? ¿La defensa a como de lugar del consumismo como fin en sí y la máxima de que "nuestro modo de vida no es negociable" –como afirmó George W. Bush siendo presidente de los Estados Unidos, al referirse al Protocolo de Kioto–, son inamovibles que nos obligan a pensar que las condiciones que posibilitan la vida humana en la tierra están condenadas a su destrucción?

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jean Jacques Dordain, declaró al medio de comunicación Russia Today, finalizando el 2014, que la colonización del espacio no es más que un mito. Que dadas las enormes distancias que nos separan de planetas "habitables", pensar en una emigración humana como alternativa es un imposible. Nos encontramos, entonces, en una gran disyuntiva que comenzará a aclararse en diciembre de 2015 cuando en la cumbre COP21/CM11, a realizarse en París, y fecha límite para la adopción de medidas prácticas y vinculantes después de 2020, año de expiración del segundo período del protocolo de Kioto, se acuerden o no medidas que impidan que la temperatura promedio global aumente más de 20 C sobre el promedio de la época pre-industrial. En otras palabras, las previsiones sobre el deterioro del planeta nos dicen que el ritmo de los daños es más rápido que los cambios tecnológicos que nos podrían permitir la colonización de otras galaxias, tal y como sucede en la película de Nolan.

 

El calentamiento global y algo más

 

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climáticos (AR-5), reafirmó su conclusión de que las temperaturas del planeta siguen elevándose, el hielo de los polos y las nieves perpetuas de las altas montañas disminuyendo y el nivel del mar continúa elevándose. Por tanto, las consecuencias más probadas como son la desaparición de amplias zonas costeras y la disminución de la producción agropecuaria por alteraciones radicales en los regímenes de lluvias –provocadas por períodos intensos tanto de sequía como de inundaciones– y la inutilización de grandes áreas hoy productivas, amenazan con convertirse en realidades en el mediano plazo.

El informe también reafirma que quedan pocas dudas que el calentamiento experimentado (0,80 C), respecto de la época preindustrial, obedece a la acción humana y es un efecto directo de que los niveles de CO2 se encuentren en la actualidad alrededor de 430 partes por millón (ppm), cuando antes de la etapa de industrialización eran de 280 ppm. El límite de aumento establecido en 20C ha sido estimado sobre la base de las condiciones que el planeta experimentó cuando la temperatura alcanzó ese valor promedio, y los mares se encontraban en un nivel entre 4 y 6 metros sobre el actual. Situación que de presentarse nuevamente haría desaparecer gran parte del mundo insular y una significativa área costera. No en vano, en 1994 la Asociación de Pequeños Países Insulares (Aosis) intentó comprometer a las naciones más industrializadas a una reducción del 20 por ciento de sus emisiones de CO para 2005, respecto de las de 1990, lo que fue imposible de lograr. Mantener el aumento de la temperatura promedio por debajo de los 20C depende de que las emisiones acumuladas de CO2 no sobrepasen 500 gigatoneladas de ahora en adelante, escenario bien improbable si se tiene en cuenta que con el actual ritmo de emisiones el nivel de saturación se alcanzaría en 2040. Pequeñas reducciones ampliarían el plazo del colapso de las actuales condiciones, pero no por mucho tiempo.

Las prospecciones petroleras en aguas profundas (conocidas en el lenguaje técnico como offshore) y en el Ártico, donde una empresa como Repsol se precia de tener 396 bloques de exploración, no son una buena señal de que en el corto o el mediano plazo el mundo vaya a contemplar una contracción significativa en el uso de combustibles fósiles y por tanto de emisiones de CO2. Los gases y el petróleo de esquisto, así como la explotación de las arenas bituminosas son muestras adicionales que el actual sistema económico, sin una presión fuerte de la población, no está dispuesto a dejar la adicción a los combustibles fósiles y que apuesta por el suicidio del planeta.

A la quema de carbón, petróleo y gas le atribuyen el 75 por ciento del CO2 emitido a la atmósfera, el 25 restante corresponde a la perdida de vegetación y a las alteraciones en el uso del suelo. Según la Fao, entre 1990 y 2010 la superficie forestal se redujo en cerca del 5,3 millones de hectáreas por año, lo que representa una pérdida, para ese período, de más de 100 millones de hectáreas de bosque, cuya extinción sumó a la emisión total de CO2 una tasa cercana al 20 por ciento.

La pérdida anual de doce millones de hectáreas de tierras productivas por efecto de la desertificación, según Naciones Unidas, es el otro elemento a destacar entre las causas más importantes del calentamiento global. Que además traerá como consecuencia, según las estimaciones actuales, que en 2025 la cantidad de tierras arables disponibles será mucho menor que en 1990. Este descenso será de dos tercios en África, un tercio en Asia y casi un quinto en Sudamérica. Dicha pérdida es muchísimo más acentuada en las tierras secas, donde paradójicamente las tasas de crecimiento de la población han mostrado un mayor dinamismo, aumentando la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y convirtiendo la desertificación en uno de los problemas ambientales y sociales más graves.

La relación entre calentamiento global y desertificación parece seguir un patrón retroalimentativo, como quiera que el primero al alterar los regímenes de lluvia y aumentar los períodos de sequía y los niveles de evapotranspiración, termina afectando con mayor intensidad a las tierras secas que contienen, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, más del 25 por ciento de los depósitos de carbono orgánico en el mundo y la casi totalidad del inorgánico. Carbono, que al liberarse a la atmósfera con los procesos de desertificación, y del que se calcula su emisión anual en 300 millones de toneladas (aproximadamente el 4 por ciento de las emisiones totales de carbono), acaba generando un círculo vicioso puesto que el calentamiento global facilita la desertificación y ésta, a su vez, contribuye al calentamiento global liberando CO2. Si a esto le sumamos el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, que al oxidarse producen gases de efecto invernadero como el óxido nitroso (N2O), que es mucho más nocivo que el CO2, completamos un cuadro nada halagüeño para los propósitos de disminuir los efectos antropogénicos en la alteración del clima.

El estrés hídrico creciente, es decir la mayor demanda de una calidad determinada de agua en relación con su oferta, es otro de los efectos de los modelos energéticos y de explotación agropecuaria a los que nos somete el capital. El agua embalsada es hoy superior a la que discurre de forma natural, con lo que se agravan los problemas de inundación, afectando la biota y contaminando el agua. Como es conocido, los represamientos de agua se dirigen, en lo esencial, a la generación de energía eléctrica y al riego, en una muestra más que tierra, energía, atmósfera y agua no pueden analizarse ni tratarse por separado, menos en una sociedad compleja y una naturaleza tan intervenida como la actual. Extraña por eso, la actitud casi indolente de la política frente a la problemática y que la academia y los medios de comunicación convencionales, en el mejor de los casos, traten el asunto como "un problema más".

 

Negacionismo y descalificación

 

El creciente deterioro de las condiciones ambientales, sin embargo, no ha estado exento de controversia. Luego de la publicación en 1998 de las estadísticas sobre el calentamiento del planeta que mostraban un comportamiento prácticamente invariable entre el año 1000 y 1900, a partir del cual se daba un crecimiento abrupto en el siglo XX, y que por la forma de la gráfica se conoció como el "Palo de Hockey", se desató una fuerte polémica sobre la pertinencia y validez del método y las cifras de cálculo. Tan sólo hasta 2006, un grupo de científicos de la Academia de ciencias de Estados Unidos (EU), a solicitud del Congreso de ese país, avaló con algunos ajustes las conclusiones de 1998 y aceptó que el calentamiento global si es un hecho. Sin embargo, los defensores de las tesis ultra-liberales siguen negando el fenómeno y argumentan que la problemática ambiental es una argucia de los derrotados comunistas para imponer visiones colectivistas.

Entre los trabajos más renombrados de los escépticos del problema ambiental tenemos el de Julián Simon –quien fuera llamado por sus admiradores, "cazador de pesimistas"–, en el que sostiene que la tecnología puede ampliar la provisión de materias primas casi de manera indefinida. Libros como Lo pequeño es estúpido: un llamado de atención a los verdes, de Wilfred Beckerman, publicado en 1995, en el que el autor sostiene que es inmoral dedicar recursos económicos a la preservación del ambiente en un planeta en el que la miseria está tan extendida, y además defiende la idea que conservar recursos para las generaciones futuras no tiene ningún sentido, así como tampoco lo tiene elevar a principio la conservación de la especie. Más recientemente logró gran resonancia el libro El ecologista escéptico, de Bjørn Lomborg, publicado en 2005, que defiende la tesis de la poca importancia del cambio climático, frente a problemas como el del Sida. Lomborg, apoyado por la revista ultraliberal The Economist, fue declarado culpable de deshonestidad objetiva por el manejo sesgado de las cifras en el mencionado libro.

La abrumadora cantidad de información que apoya la realidad de hechos como el calentamiento global, el agotamiento de recursos no renovables como el petróleo y el azufre, y la desertificación han dado lugar a un cambio desde la negación del hecho a la de sus efectos. Se argumenta, entonces, que la subida del nivel de los mares y el aumento de la temperatura no tienen que considerarse catástrofes, sino cambios manejables. Sin embargo, lo que no se quiere ver en este caso es que los desplazados por problemas ambientales, que van en aumento, son seres reales que sufren de manera cruel su desplazamiento.

Quedan en el aire, sin embargo, las preguntas de Wilfred Beckerman: ¿es deseable la perpetuación de la especie humana? ¿Tenemos obligaciones morales con las generaciones futuras? Las respuestas se escapan a la ciencia e introducen en el campo de la política. Pero, independientemente de lo que al respecto se piense, lo imposible de olvidar es que el problema ambiental no es tan sólo un problema potencial sino presente. Los habitantes de las tierras secas y de aquellos territorios más bajos respecto del nivel del mar están siendo expulsados de sus hábitats, y tienen derecho a defenderse. Además, la asimetría en el consumo tanto entre países como entre grupos sociales al interior de cada país, da derecho a hablar a las clases subordinadas de excesos y a reclamar formas distintas de lógica social.

 

Un debate demasiado elemental

 

En Colombia, desde octubre pasado se desató un debate de periódico, luego que Natalia Gutiérrez, directora de la Agencia Nacional de Minas, declarara que "No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales". Observación que obedecía a la solicitud de moratoria que un grupo de organizaciones presentó para que fuera suspendida la autorización para la explotación de hidrocarburos conocida como fracking. En respuesta a las declaraciones, el exministro del Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra escribió un artículo criticando la autorización de tal práctica mediante licencia ambiental exprés, que fue respondido por el articulista Ramiro Bejarano calificando a Rodríguez Becerra y a Julio Carrizosa, que también había participado en el debate, de ambientalistas extremos. Las contra-replicas de Bejarano, luego de amenazar diciendo que "Se les acabó el cuarto de hora a esos intolerantes del medio ambiente", derivó en la discusión sobre si los polemistas tenían o no contratos con el Estado.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, en un artículo publicado el pasado 8 de enero en el diario El Tiempo, señalaba la necesidad de distinguir entre ambientalistas extremos y ambientalistas (sin adjetivo), y caracteriza éstos últimos porque aceptan el cálculo costo-beneficio mientras que los extremos no. Sin embargo, como es conocido, en dicho cálculo la discusión es álgida respecto de las unidades de valuación de los activos naturales. Pero, más allá de los aspectos conceptuales, llama la atención que el debate, a pesar de no ser de carácter académico, se haya centrado en los adjetivos y que la causa que le da origen, la aprobación del fracking, no ocupe ningún lugar, máxime si se tiene en cuenta que ese tipo de explotación fue prohibida recientemente en Nueva York.

El ambientalismo no es neutro políticamente hablando, existen los ecofascistas de los que quizá su más importante representante es el finlandés Kaarlo Pentti Linkola, que se cuenta entre quienes consideran que la conservación ambiental pasa por la reducción radical de la población en el mundo y que de forma explícita o velada propugnan por la eugenesia. También tenemos a quienes aceptan el problema ambiental, pero estiman posible la transformación del modelo actual en un ecocapitalismo, como es el caso de Amory Lovins, jefe científico del Rocky Mountain Institute, y quien acuñó el término Negawatt, de uso generalizado en las proyecciones del consumo energético. Y además de los negacionistas y los "cínicos" (los que aceptando la existencia del problema ambiental, consideran que no es pertinente ocuparse del mismo), también se encuentran los ambientalistas humanistas (calificados de izquierda), que parten de la premisa que ambiente y lógica de la ganancia son incompatibles.

¿En qué posición se encuentran los movimientos convencionales de la izquierda colombiana? Más allá de lo elemental del debate en nuestro medio, lo positivo es que nos muestra que nadie puede ser neutro respecto de la crítica situación en la que se encuentra nuestra relación con la naturaleza, por la forma e intensidad que le imprime la lógica capitalista. Él éxito de un filme como Interestelar, quizá nos está señalando que así sea inconscientemente, empezamos a entender que en el tema, literalmente, así sea como especie, se nos va la vida.

Publicado enEdición 209
Diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier: Crisis alimentaria y agroecología

Existe un interés creciente, no solo en el mundo rural sino también en la población urbana, por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con menor impacto ambiental. No obstante, hasta ahora se lo ve más bien como una opción marginal del sistema alimentario, mientras se sigue imponiendo la visión de que sólo con la agricultura a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso?

 

Un primer hecho a notar es que el hambre crónica que se padece en el mundo no se debe a una escasez en la producción de alimentos. En eso las cifras están claras. Cada persona requiere ingerir unas 2200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en forma de papa, yuca, o similares. La producción mundial actual es de 330 kilos por habitante, o sea que hay una sobreproducción de comida, suficiente como para alimentar a 9 mil millones de personas, la cifra de población mundial estimada para el año 2050.

 

Estos datos nos proporcionaron dos investigadores, en sendas entrevistas que realizamos para profundizar sobre las causas de la crisis alimentaria y las alternativas que ofrece la agroecología. Se trata de Miguel Altieri, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien es también presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología -SOCLA-; y Marc Dufumier, profesor en el Instituto Nacional Agroeconómico de París, AgroParisTech.

 

Dufumier reconoce que la crisis alimentaria se agudizó en estos últimos 4 años, "pero ya en 2006 había 800 millones de personas que tenían hambre. Ahora hay un poquito más, pero es estructural, no es una crisis coyuntural", afirma: "es un problema de pobreza en términos monetarios. La gente no tiene poder de compra". En el mismo sentido, Altieri recalca: "un tercio de la población humana gana menos de dos dólares por día, entonces no tiene acceso a la comida. En Europa y en EE.UU. se bota aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida, suficiente para alimentar a toda África". Otros factores que contribuyen a la crisis alimentaria, señalados por nuestros entrevistados, incluyen el aumento de la producción agrícola para alimentar a los carros en lugar de las personas; el incremento del consumo de carne (que se extiende ahora en países de gran población como China e India), siendo que se necesitan de tres a diez calorías alimenticias vegetales para producir una caloría animal; el sistema de distribución de alimentos, y otros problemas estructurales relacionados con el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario.

 

Para Altieri, la crisis alimentaria, acoplada a la crisis energética, la ecológica y la social, "es una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agricultura que se basó en premisas que hoy ya no son válidas". Lo explica en estos términos: "cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etc. Ellos asumían que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a estar abundante y barato, que el agua iba a estar siempre abundante y que las limitantes naturales de la agricultura, como las plagas, se podían controlar fácilmente. Y así nos encontramos hoy en día con una agricultura que ocupa aproximadamente 1.400 millones de hectáreas en monocultivos altamente dependientes de productos externos, en los cuales los costos de producción varían de acuerdo a como sube el petróleo; donde tenemos más de 500 tipos de plagas resistentes a más de mil pesticidas". Uno de los resultados es que actualmente en el mundo hay "aproximadamente mil millones de personas hambrientas y por otro lado mil millones de personas obesas, que son víctimas directas del modelo industrial de agricultura".

 

Es cierto que este modelo, siendo altamente mecanizado, rebaja significativamente los costos directos de producción por hectárea; por lo tanto permite vender alimentos a menor precio a la vez que aumentar las ganancias. No obstante, Dufumier destaca que esto es una trampa, pues no toma en cuenta los costos indirectos: sociales, ambientales, de salud pública, etc. Cita el ejemplo de la leche en polvo barata, que "nos cuesta sumamente caro, por la contaminación de los suelos, por el exceso de nitrato en las aguas freáticas, por las hormonas en la leche. Entonces hay lo que los economistas llaman externalidades negativas", que impactarán en una menor expectativa de vida y en la salud de la población. Altieri estima que en el caso de EE.UU., de internar estos costos, sumarían unos $300 por hectárea de producción.

 

La agroecología como alternativa

 

Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre. Miguel Altieri aclara: "No me gusta caer en el argumento de si la agroecología podría alimentar el mundo porque, como dije, no es un problema de producción. Con la agroecología podemos producir alimentos suficientes para alimentar al mundo, pero si las inequidades, las fuerzas estructurales que explican el hambre no se solucionan, entonces el hambre continúa, no importa que sigamos produciendo con agroecología".

 

La agroecología –nos recuerda– "es una ciencia que se basa, por un lado, en el conocimiento tradicional campesino y utiliza también avances de la ciencia agrícola moderna (salvo la biotecnología transgénica y los pesticidas, por supuesto), pero sí los avances que tienen que ver con ecología, con biología del suelo, control biológica de plagas, todo eso se incorpora dentro de la agroecología, y se crea un diálogo de saberes. En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea, están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias. Imaginen si esta gente tuviera el 50% de las tierras a través de un proceso de reforma agraria: estarían produciendo comida en forma abundantísima, con excedente incluso".

 

Al mismo tiempo, la agroecología trae otras ventajas que no tiene la revolución verde. "Por ejemplo –señala Altieri– es socialmente activante, porque para practicarla tiene que ser participativa y crear redes de intercambio, sino no funciona. Y es culturalmente aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino ni imponer, sino que utiliza el conocimiento campesino y trata de crear un diálogo de saberes. Y la agroecología también es económicamente viable porque utiliza los recursos locales, no entra a depender de los recursos de afuera. Y es ecológicamente viable porque no pretende modificar el sistema campesino sino optimizarlo. La revolución verde buscó cambiar ese sistema e imponer un conocimiento occidental sobre el conocimiento campesino. Por eso ha tenido mucha repercusión en las bases", concluye.

 

Un factor importante a considerar es que la producción agroindustrial de gran escala es menor cuando se considera la producción total. O sea, los monocultivos son más productivos en términos de mano de obra; pero la agricultura campesina produce mucho más por hectárea. "Si haces un gráfico de producción total vs área –indica Altieri–, la curva de producción va bajando en relación al área de la finca. Porque no estamos comparando producción de maíz con maíz, sino que estamos comparando la producción total de la finca. ¿Y qué produce el campesino? Produce maíz, habas, papas, frutas;cría chancho, pollo,... Y cuando analizamos así el sistema, nos damos cuenta que es aproximadamente 20 a 30 veces más productiva. Eso da una base muy importante para pensar en reforma agraria".

 

Otra ventaja es su mejor resistencia al cambio climático. No solo porque no genera calentamiento global -a diferencia de la agricultura industrial, con su alto consumo de combustibles fósiles-, sino que hay evidencias de que resiste mejor fenómenos como las sequías. Los monocultivos, que crecientemente dominan los paisajes agrícolas del mundo, "son altamente susceptibles porque tienen homogeneidad genética y homogeneidad ecológica", como lo evidenció la sequía del año pasado del Mid-West de EE.UU., la más grande en 50 años, donde la agricultura transgénica de maíz y soya perdió el 30% de todo el rendimiento, según Altieri.

 

Políticas públicas

 

¿Cuáles serían, entonces, las políticas públicas clave para que un país promueva y desarrolle en serio la producción agroecológica? Nuestros entrevistados coinciden en reconocer que la producción agroecológica, por ser artesanal e involucrar mayor mano de obra, tiene costos de producción más altos y debe ser mejor pagada; entonces se requieren políticas de fomento y subsidios que protejan a la agroecología y a los pequeños agricultores. De este modo se puede lograr que la comida sana esté al alcance de las mayorías, y que no sea solamente un producto de consumo de lujo de los sectores adinerados (como ocurre, por ejemplo, con los productos orgánicos que se exportan al Norte).

 

Miguel Altieri destaca, en este sentido, la experiencia de Brasil, con el programa del Ministerio de Desarrollo Rural que compra el 30% de la producción al campesinado, reconociendo su rol estratégico. Es una comida sana que se destina al consumo social, en las escuelas, los hospitales, las cárceles. "La agricultura familiar en Brasil cuenta 4,7 millones de agricultores que producen el 70% de la comida en 30 % de la tierra; es un papel fundamental para la soberanía alimentaria". Entendieron que para protegerla, no podían poner a los pequeños productores a competir ni con los grandes, ni con la producción de EE.UU. o de Europa "que es una competencia totalmente desleal". El investigador considera un acierto que ese país haya creado dos ministerios del sector: el de agricultura, para los grandes productores (que evidentemente van a seguir existiendo), y el de desarrollo rural para los pequeños, con proyectos de investigación, extensión, políticas agrarias específicas para el agricultor campesino. Incluso dice que este último ministerio tiene más recursos que el de agricultura. "Lo que no funciona es cuando el ministerio de agricultura cuenta apenas con una pequeña oficina o secretaría del agricultor familiar", algo que pasa en la mayoría de países.

 

Apoyar las prácticas agroecológicas con investigación y con extensión agroecológica es otro elemento clave. "Mucho gente pregunta: ¿puede la agroecología alimentar el mundo, puede ser tan productiva? Pero mira, todos los institutos nacionales de investigación agropecuaria, los centros internacionales de investigación, las universidades, durante 60 años han financiado investigación en agricultura convencional. ¿Qué tal si a nosotros nos dieran el 90% de ese presupuesto para apoyar la agroecología? La historia sería otra", reflexiona Altieri. Señala a Cuba como el país más avanzado en este sentido, por la situación que enfrentó en el periodo especial. Una ventaja fue que tenía los recursos humanos para hacerlo, tenía agroecólogos formados; y a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños –ANAP-, 120 mil agricultores en 10 años incorporaron la agroecología, con altos niveles de producción y eficiencia energética.

 

Quizás el obstáculo mayor es la falta de voluntad política, combinado con intereses multinacionales "que están siempre empujando en el sentido equivocado". Altieri cree que el cambio climático es lo que finalmente va a poner los límites a la agricultura industrial. En el caso de países como Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones ya establecen la soberanía alimentaria, el investigador considera que tienen "una oportunidad histórica: si no es ahora, ¿cuándo?" Él les ha propuesta establecer un proyecto territorial piloto, pues "el manejo territorial implica ecología del paisaje y otras dimensiones del diseño que van mucho más allá del diseño de la finquita particular. Porque si hay campesinos que practican la agroecología pero están dispersos, no se puede hacer una conversión territorial. Así aprendamos, porque no tenemos todas las respuestas".

 

¿Una agricultura de pequeña escala?

 

Nos preguntamos si la agroecología puede aplicarse en cualquier escala, o si es básicamente para la pequeña agricultura, y si eso es una limitante. Marc Dufumier considera que, por su esencia, sirve para la agricultura familiar, aunque reconoce que es más accesible a la mediana producción familiar que al minifundista, por su poca capacidad de ahorrar e invertir en tracción animal, carretas, producir estiércol y fertilizar por la vía orgánica. Las unidades familiares de tamaño mediano serían, además, las óptimas para generar empleo y evitar el éxodo rural. Los grandes productores agrícolas, en cambio, "tienen la capacidad de inversión, pero no tienen el interés, porque quieren maximizar la rentabilidad del capital financiero invertido, y amortizar la inversión sobre grandes superficies, entonces su interés es el monocultivo que es todo lo contrario de la agroecología".

 

Para Miguel Altieri, en cambio, la agroecología es una ciencia que entrega principios de cómo diseñar y manejar sistemas agrarios, de cualquier escala, pero con respuestas tecnológicas diversas, según el caso. "Yo he mostrado ejemplos de fincas de entre 500 y 3000 has. que se manejan agroecológicamente. Estoy hablando de un rediseño del sistema agroecológico con biodiversidad funcional, con rotaciones, con policultivos, que toman otras formas en la gran escala, porque hay que usar maquinaria por supuesto, no van a manejar 3000 has. con chuzo ni con tracción animal. Entonces hay muchos ejemplos de que se puede hacer a gran escala. Lo que pasa es que en América Latina, dada la importancia estratégica de la pequeña agricultura, la agroecología siempre se dedicó a solucionar el problema de la agricultura familiar, campesina, pero eso no significa que no se pueda aplicar a gran escala".

 

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

Artículo publicado en la Edición de julio (487) de la revista América Latina en Movimiento, titulada "La alternativa agroecológica": http://alainet.org/publica/487.phtml

 

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Jueves, 05 Abril 2012 16:54

A veinte años de la Agenda 21

A veinte años de la Agenda 21
Puntos esenciales del documento aprobado en Río’92 no se han cumplido


El 13 de junio de 1992, 178 países aprobaron la Agenda 21 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) de Río de Janeiro. Esta Agenda es un plan integral de medidas que deben tomarse a nivel mundial, nacional y local en todos los ámbitos en los que los seres humanos afectan directamente a la Madre Tierra.
 
La Cumbre de la Tierra eligió como escenario un país sudamericano porque en este continente están los Andes y la Amazonía, que alberga las reservas estratégicas de agua y biodiversidad. Y se realiza en un año clave para los pueblos indígenas: 1992, cuando se cumplían los 500 años de la invasión europea y empezábamos a visibilizarnos, a articularnos, a pasar de la resistencia a la propuesta y la acción.
 
En esos años, mientras en el mundo se avanzaba en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y empezaba una seria preocupación por el cambio climático, en nuestro continente y el mundo se imponía la globalización neoliberal. Nuestros Estados se abrieron a las inversiones, principalmente extractivas, lo que fue aparejado a un proceso de militarización territorial, de criminalización del ejercicio de derechos y de la planificación de megaproyectos de infraestructura (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA, Plan Puebla-Panamá).
 
Poco o nada se ha avanzado en el cumplimiento de la Agenda 21. Por el contrario, las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido exponencialmente. Uno de los puntos centrales de la Agenda 21 es el cambio de los patrones de consumo, pero los países responsables de las mayores emisiones se oponen radicalmente a hacerlo. Entonces, los ojos del mundo se vuelven a los pueblos indígenas, que supimos y sabemos convivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra desde hace miles de años.
 
Los pueblos indígenas nos identificamos con la Madre Tierra, en esta identificación se sustenta nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestro modo de vida. Los pueblos indígenas andinos siempre supimos adaptarnos, conservar y desarrollar la biodiversidad, el agua, la vida.
 
Ante la amenaza de la crisis climática de acabar con todas las formas de vida, el agua y la biodiversidad se convierten en recursos estratégicos. Y la voracidad de las multinacionales y los países ricos apunta a la región andina, que alberga grandes reservas de estos recursos. Una voracidad que contradice dos puntos centrales de la Agenda 21: la conservación de la biodiversidad biológica y la protección de la calidad y el suministro de recursos de agua dulce.
 
En la región andina, la minería se instala en nuestras cabeceras de cuenca, acaparando y destruyendo nuestras fuentes de agua. En el Perú, por ejemplo, a inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban 2 millones trescientas mil hectáreas y a finales del año 2010 ya superaban los 21 millones 280 mil hectáreas. Y solo en un año (noviembre de 2008 a noviembre de 2009) estas pasaron del 13.46% al 15.38% del territorio nacional. De las 5.680 comunidades reconocidas y con títulos de propiedad, 3.326 se encontraban a fines del siglo XX con parte de sus territorios ocupados por concesiones mineras.

 

Alarmante desglaciación

 

Otro de los puntos centrales de la Agenda 21 es la ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sustentable de las montañas. Contrario a ello, según el Informe Stern, en los Andes tropicales los glaciares se han reducido en una cuarta parte en los últimos 30 años. Ciudades como Quito y Lima y más del 40% de la agricultura en los valles andinos dependen del agua procedente de los glaciares andinos.
 
La región andina concentra el 95% de los glaciares tropicales del mundo. El 71% de ellos están en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en Ecuador y el 3% en Colombia. En todos se observa un franco retroceso producto del calentamiento global.
 

Una respuesta integral: el Buen Vivir

 
Otros dos puntos de la Agenda 21 son el reconocimiento y fortalecimiento del papel de los pueblos indígenas y la información para la toma de decisiones. Contrario a ello, los pueblos indígenas y sus organizaciones estamos excluidos en la formulación y ejecución de los programas nacionales e internacionales sobre el cambio climático y de todos los mecanismos de negociación. No solo nos impiden participar, ni siquiera nos informan.
 
Pese a esta exclusión, los pueblos indígenas continuamos consolidando nuestras organizaciones, articulándolas y avanzando en la construcción de propuestas basadas en nuestros derechos y nuestros paradigmas, como el Buen Vivir. En el continente hemos construido el Foro Indígena del Abya Yala sobre Cambio Climático.
 
Los pueblos indígenas planteamos una respuesta integral: cambiar el modelo de vida volviendo al equilibrio y la armonía con la Madre Tierra. Planteamos la alternativa del Buen Vivir. Vivir bien es la vida en plenitud. En armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia, en permanente respeto de todos. Vivir bien significa comprender que el deterioro de uno es el deterioro de todos.
 
Buen Vivir es democracia comunitaria, que es el ejercicio diario de consulta y participación en nuestras asambleas. Donde la autoridad es un servidor. Es el mandar obedeciendo. Buen Vivir es trabajar sin competencia y sin explotación. No acumular sino satisfacer las necesidades de todos. Frente a la economía acumuladora, competitiva y depredadora, proponemos la economía comunitaria, respetuosa de la vida y la naturaleza. Para lograr el Buen Vivir, los pueblos indígenas proponemos un Estado Plurinacional, que es el reconocimiento constitucional de todas las culturas en igualdad de condiciones.
 

El gran desafío: cambiar el modelo

 
La crisis climática, el saqueo y la depredación de la Madre Tierra, son la esencia misma del modelo capitalista neoliberal. La respuesta es cambiar este modelo de desarrollo actual de inequidad social, por el desarrollo sostenible y no solamente la reforma de las políticas ambientales
 
Cambiar el modelo significa responderante los impactos negativos del extractivismo y ejercer nuestro derecho al desarrollo propio, es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiramos los pueblos y comunidades locales. Esto implica el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado para toda actividad y proyecto en nuestros territorios. Es el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación.
 
Para el plazo inmediato, planteamos suspender las actividades extractivas en nuestros territorios hasta que nos garanticen los mecanismos de consulta, consentimiento y vigilancia ambiental, y hasta que se haya hecho una zonificación económica y ecológica que señale claramente dónde puede haber actividades extractivas y dónde no puede haberlas.
 
Es también fundamental asumir el agua como un derecho colectivo. Priorizar su uso para el consumo humano y la agricultura, ganadería, forestal y acuicultura. Nos oponemos a su mercantilización.Debemos evitarsu privatización y acaparamiento por unos pocos. Y excluirla de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio (TLC).
 
Un tema central en este debate son las “falsas soluciones”, que mercantilizan la vida: mercado de carbono y REDD, energías peligrosas como la nuclear, los agrocombustibles, las represas y los transgénicos. La alternativa es reconocer y apoyar los conocimientos tradicionales y estrategias propias de nuestros pueblos dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Cumpliendo uno de los puntos centrales de la Agenda 21: la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, los pueblos indígenas debemos acceder a los fondos de adaptación, creación de capacidades, transferencia de tecnología y otros.
 
Es indispensable atender las verdaderas soluciones: producción y consumo responsables, especialmente en los países industrializados culpables de las excesivas emisiones, promoviendo las energías renovables, el pago de la deuda ecológica y la justicia climática.
 
En resumen, nuestras propuestas centrales son:
 
1. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. La diversidad natural y la diversidad cultural están íntimamente ligadas y deben ser igualmente protegidas.
 
2. Reconocimiento de la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT como estándares de derechos para la implementación del desarrollo sostenible a todos los niveles.
 
3. Salvaguardar los territorios. Reconocimiento de la gestión tradicional de los pueblos indígenas de las cabeceras de cuencas, bosques, glaciares, zonas de alta biodiversidad.
 
4. Reconocimiento, protección y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
 
5. Incorporar la visión y los derechos de las mujeres de forma transversal en todos los programas de desarrollo sostenible y economía verde. al acceso a los territorios de las mujeres para asegurar la supervivencia de los pueblos.
 
Las propuestas de los pueblos indígenas para enfrentar el calentamiento global y sus efectos parten de la perspectiva de los derechos de la Madre Naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas: a la autodeterminación, a la identidad, a los territorios, al consentimiento previo, libre e informado. Ese es el reto que hemos asumido y estamos cumpliendo.
 
- Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
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Los ánimos comenzaron a caldearse la noche del viernes, en la previa de la cuenta pública de su gestión que ayer dio Sebastián Piñera al país, cumpliendo con una rancia tradición republicana chilena. Más de 40 mil personas salieron a protestar por las principales calles de Santiago. La principal bandera de lucha la portaban los detractores del megaproyecto HidroAysén, un complejo energético que se pretende levantar en La Patagonia y que ha recibido críticas transversales por el daño que provocará al medio ambiente.

Pero no eran los únicos, a los ambientalistas se unieron defensores de la causa mapuche, estudiantes, universitarios, organizaciones gays, desempleados y mucha gente común y corriente que dieron vida a esta nueva masa humana que hace rato viene gritando con fuerza que no están contentos con la forma que tiene el gobierno de derecha de dirigir al país.

Duros enfrentamientos entre Carabineros y jóvenes más radicales dieron por terminada la marcha, pero el nerviosismo llegó a La Moneda, donde el inquilino principal afinaba los últimos detalles del esperado discurso ante el Congreso pleno, que comenzó ayer a las 10 en punto.

El principal temor en el oficialismo era que las escaramuzas se trasladaran a Valparaíso, la ciudad sede del Poder Legislativo, opacando un ritual que coincide con el Combate Naval de Iquique, una de las gestas militares celebradas en este país. Y así nomás fue, y no sólo en las calles.

Con un discurso cargado a los “logros” de su administración (crecimiento por sobre el 7%, avances en Salud, Educación, Cultura, entre otros), Piñera dejó para el final el tema medioambiental, quizás intentando apaciguar los ánimos ya encendidos a mitad de su elocución –hubo gritos y consignas de desaprobación a sus palabras, que la televisión y radio no lograron captar completamente– o bien pensado derechamente como una estrategia comunicacional. Con todo, fue interrumpido 16 veces, todo un record para esta ceremonia que data desde los albores del Chile independiente.

El clímax de la jornada llegó cuando diputados de oposición (Concertación) exhibieron un lienzo con el mensaje: “No a HidroAysén. Patagonia sin represas”, lo que obligó al presidente del Senado Guido Girardi a solicitar su retiro. Sin embargo, los parlamentarios se trenzaron en una refriega con sus colegas oficialistas de Renovación Nacional (RN), que intentaron obligarlos a bajar la pancarta. Fue un intento, que no llegó a mayores, mientras tanto en las graderías se escuchaban reclamos por la lentitud de la reconstrucción, los líos en la educación media y superior y el tema de las represas en el sur. “Mentiroso, mentiroso”, alcanzaron a escuchar los casi mil asistentes al Congreso en la ciudad-puerto.

Otro punto clave de su presentación fue el ataque a las políticas del gobierno pasado, asegurando que su administración utiliza normas ambientales más rigurosas, las cuales, de haber estado vigentes antes, hubieran evitado daños ecológicos. Aplausos cerrados de la derecha, muecas desde la vereda del frente.

En ese escenario, Piñera –sin nombrarla– hizo una defensa de HidroAysén (propiedad de Endesa y la acaudalada familia Matte): “Quienes piden concentrarse sólo en energías renovables están induciendo a error”, dijo y emplazó indirectamente a ecologistas que cuestionan proyectos tradicionales, pero que consumen la electricidad que se genera en estas centrales sin problema.

“Necesitamos asumir decisiones ahora y no seguir postergando para el próximo gobierno”, agregó dando otro palo Michelle Bachelet.

Una nueva interrupción obligó a Piñera a salirse del libreto: “Los violentistas en este país nunca tendrán la última palabra...”, vociferó. Luego se mostró contrario al “germen de la división y la beligerancia que podrían terminar matando el diálogo”. Acto seguido, pidió un pacto nacional para avanzar en temas sociales y terminar con las confrontaciones políticas.

La rendición de cuentas se caracterizó por los abucheos provocados en las gradas, que no se habían registrado con tanta insistencia desde que retornó la democracia en 1990. Para la oposición, no hubo grandes anuncios, más bien fue un recuento de las medidas de avance de la agenda de siete grandes ejes fijados por su administración.

“Fue un discurso pobre y una pérdida de tiempo”, declaró tajante el presidente del PS, Osvaldo Andrade. A su juicio, “sería bueno que los chilenos evaluaran. ¿Hay algún mínimo reconocimiento de algún error? ¿Todo ha sido perfecto? El Presidente en ningún momento dijo ‘tuvimos este error’, ‘nos equivocamos en esto’”, comentó. 



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El 1° de septiembre, la Unión Europea dejó de fabricar e importar lamparitas de luz incandescentes. Los europeos ahora pasarán a utilizar las lamparitas compactas fluorescentes, las halógenas y los LEDs (diodos emisores de luz), que son mucho más eficientes. Los críticos dicen que las lámparas incandescentes gastan hasta un 95 por ciento de la energía en forma de calor, utilizando tan solo el 5 por ciento para alumbrar. La Unión Europea espera ahorrar el equivalente al uso energético de 11 millones de hogares para el año 2020, lo que equivale a 7.330 millones de dólares al año para la economía europea.

Esta prohibición impulsada por la UE llega justo antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Copenhague en diciembre de 2009, y que tiene como objetivo actualizar el Protocolo de Kioto de 1997. Las emisiones de gases de efecto invernadero ahora ocurren a mayor velocidad que nunca. Copenhague será fundamental en el éxito o el fracaso de establecer un plan de acción mundial práctico y vinculante antes de que el cambio climático provocado por seres humanos alcance un punto de no retorno, creando una ola de catástrofes.

Tarde o temprano el calentamiento global se va a volver irreversible si no se toman medidas al respecto. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se miden en “partes por millón” (PPM). El ambientalista Bill McKibben dice que un nivel sustentable de dióxido de carbono en la atmósfera es de 350 PPM. McKibben denominó a su organización 350.org para reforzar este aspecto. Actualmente estamos en 387 PPM y la cifra va en aumento. McKibben y 350.org están convocando a un día de acción global el 24 de octubre para presionar a los gobiernos antes de la cumbre de Copenhague.

Una nueva generación de ambientalistas ya está en movimiento. Esta semana, dos jóvenes fueron arrestados en Virginia Occidental por detener los trabajos de extracción de carbón con remoción de la cima de la montaña de la minera Massey Energy mediante una ocupación que duró una semana, y seis personas fueron arrestadas en la sede del Royal Bank of Scotland en Londres por protestar contra las inversiones del banco en proyectos de combustibles fósiles. Los activistas se pegaron entre sí y al piso del banco para impedir ser retirados, provocando que Reuters titulara su noticia sobre el tema “Manifestantes se unen en una manifestación en sede de banco británico”.

Pero el camino hacia Copenhague también está recubierto de oro: las ricas industrias del petróleo, del gas y del carbón están gastando un dineral en su intento por hacer desacrrilar o debilitar cualquier posible resultado. El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) lanzó en Estados Unidos una campaña llamada “AstroTurf”, a la que hay que tener cuidado en no confundir con una campaña llevada adelante por grupos de base. La API pagó y organizó eventos, con asistencia mayorotiaria de empleados de empresas de petróleo, gas y carbón, bajo la consigna “Ciudadanos por la Energía”. Los empleados fueron trasladados en autobuses a los eventos con carteles que proclamaban “NO quiero el combustible a 4 dólares” y “¡Congresistas, no me quiten mi trabajo!”. Cualquier parecido con los grupos organizados que irrumpen en los foros públicos sobre la reforma del sistema de salud no es mera casualidad. El grupo FreedomWorks, del ex líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes, el republicano Dick Armey, financiado, entre otros, por empresas petroleras y farmacéuticas, figura como consultor de las campañas públicas de todas estas industrias.

La API está intentando menoscabar la consideración por parte del Senado de Estados Unidos de la legislación sobre cambio climático, y podría lograrlo. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, conocido como Ley Estadounidense de Energía Limpia y Seguridad o proyecto de ley Waxman-Markey sobre el clima, será considerado por el Senado en septiembre. Se necesitaría una acción casi inmediata del Senado para darle al Presidente Barack Obama capacidad de negociación en la reunión del G20 que se realizará en Pittsburgh a fines de septiembre, un paso clave en el camino hacia Copenhague. Pero los senadores Barbara Boxer y John Kerry afirmaron esta semana que el tratamiento del proyecto de ley se va a demorar, según dijeron, a causa del debate sobre la reforma del sistema de salud y la muerte del Senador Edward Kennedy. ¡Qué irónico! Cada semana que se posterga la votación sobre los proyectos de ley de asistencia de salud y energía es una victoria para quienes se oponen al cambio, lo cual es muy triste debido a que estos eran, precisamente, dos de los temas más importantes para Kennedy.

La acción ciudadana auténtica, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, será fundamental para contrarrestar la influencia de la industria en las negociaciones de Copenhague. Hay una luz al final del túnel del cambio climático, y no es precisamente incandescente.

Por Amy Goodman
Publicado el 3 de septiembre de 2009
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
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