Domingo, 04 Junio 2017 10:05

Día D+180...

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enColombia
Sábado, 27 Mayo 2017 10:35

Día D+180...

Línea blanca que pone prueba a la paciencia insurgente y al previsto gubernamental de concesiones –con incumplimientos. Es la que relucirá el próximo 1º de junio, al cumplirse el día D+180 como plazo acordado entre el Gobierno y las Farc, con miras a poner en marcha, de una parte, un conjunto de reformas políticas y legales, un manojo de acciones propositivas que certifiquen la adecuación del régimen político, con el propósito de facilitarle la entrada y garantías a un nuevo actor político institucional, y, por otra, el desarme insurgente y su desaparición como organización alzada en armas.

 

Al retrotraer la mirada y detallar los compromisos por ejecutar, y los concretados durante estos primeros seis meses de firmado el Acuerdo de Paz, llama la atención el cúmulo de incumplimientos gubernamentales, el más notorio de todos la ley de amnistía, que, a pesar de su aprobación en el penúltimo día de diciembre de 2016, “va al uno por ciento” según Pastor Alape. Tal incumplimiento, por las presiones psicológicas que del mismo se desprende, se traduce en aprieto y tragedia para los miles de guerrilleros presos, así como para sus familias. A todas luces, se trata de un mensaje nefasto sobre el futuro que tendrá la paz en nuestro país, además de la intensa presión a la cual seguirán sometiendo a las Farc quienes controlan las riendas del poder. Sin reato alguno, en el intento y la acción de minar la unidad interna de sus hasta ahora enemigos –devenidos en oponentes–, y su misma voluntad de respetar el conjunto de lo acordado. Una dilación y una manipulación que no resultan casuales.

 

El incumplimiento no oculta una realidad. Para quienes representan el statu quo en Colombia, el propósito fundamental del Pacto firmado es el desarme. Nueva condición que debiera culminar tras estos primeros seis meses de implementación del Acuerdo, que ni siquiera en la logística para hacerlo posible se ha cumplido. Es asombroso, como retrato de un Estado. Según lo acordado, en el día D+1 tendrían que estar listos los 26 campamentos (zonas de paz) para la concentración de la guerrillerada, lo cual fue totalmente irreal. Una reprogramación de tal compromiso proyectó la entrega final de las zonas para el mes de abril; pero pudo más el papel. Aún en mayo, y cerca del día para este primer corte de seis meses, primera fase de los compromisos contraídos, aún la consecuencia con los apartes firmados sigue en veremos.

 

Tal vez esta circunstancia explique cómo los contenedores que llegarían por parte de las Naciones Unidas a los sitios de concentración guerrillera todavía no hacen su arribo a todos y cada uno de aquellos, hecho que impide la concentración misma de las armas en un sitio seguro, bajo vigilancia del organismo internacional. Hasta el momento, de acuerdo a varios informes, sólo 1.000 de las armas insurgentes están depositadas en contenedores. Mientras esto sucede por fuerza mayor, el alto mando del ejército nacional amenaza con seguir requisando territorios en pro de ubicar parte o la totalidad de las 900 caletas con armas que dicen tener las Farc –a pesar de éstas haber estregado las coordenadas de cada una a las Naciones Unidas. Hasta ahora han localizado tres, aspecto que se pudiera entender como acciones ofensivas sobre la concentrada estructura guerrillera, cerca de 7.000 hombres y mujeres que esperan el censo que ha de realizar la Universidad Nacional, que, con retraso de varios meses, apenas en este mes de mayo se empezará.

 

Mientras el tiempo pasa y parte de los compromisos quedan en el limbo, buena parte de la guerrillerada parece optar por proyectos de vida no ligados con la cohesión y el fortalecimiento de su otrora estructura militar y política: son los casos de la multiplicación de embarazos y la disposición de cientos de excombatientes para viajar a Cuba a estudiar medicina. Por lo pronto, talleres de panadería y de comunicación son la oferta que reciben en los sitios donde la estructura del mando va llegando a su final, para dar paso a la igualdad de la tropa guerrillera en la acción social, política y civil.

 

Avances legislativos

 

De manera parcial –culposa–, el Gobierno ha cumplido con el trámite y la aprobación de varias de las reformas legales a las cuales se comprometió, entre estas la ley de amnistía, indulto y tratamiento especial, el proyecto que dispone las condiciones legales para la constitución del partido político en que deben transformarse las Farc una vez desarmadas, y el acto legal que autoriza la creación de las 10 curules a las que tendrá derecho el nuevo partido –cinco en Senado y cinco en Cámara–, a pesar de lo cual debe postularse con sus candidatos en los comicios de 2018 y 2022, con la salvedad de que, de no resultar elegidos, serán nombrados de manera directa. A la vez, en la primera semana de mayo fue presentado el proyecto de acto legislativo que crea las 16 curules en la Cámara, bancas que serán elegidas por circunscripciones especiales en igual número de zonas del país, marcadas por la crudeza del conflicto armado. Algunos escaños están reservados para organizaciones y movimientos sociales con presencia local, pero que en los mentideros políticos y los rumores son señalados de, que tanto las Farc como las organizaciones de cuño político tradicional, tratarán de hacerse a su cupo por interpuesta sigla.

 

En el momento, hay borradores para la reforma política electoral de la cual se conocen las recomendaciones entregadas por la comisión creada para tal fin (Misión Electoral Especial), pero aún no está sintetizada en el proyecto pendiente de su aprobación por parte del Congreso de la república. La verdad es que pocos fincan confianza alguna en que este proyecto tome cuerpo en los meses que vienen, pues, con la mirada puesta en las elecciones al legislativo de marzo próximo, y de presidente en mayo, ningún político tradicional estaría dispuesto a que las reglas electorales cambien en medio de la misma campaña. (Ver “En cuanto a su cumplimiento, los acuerdos de paz van quedando en el limbo”, pág. 6)

 

De manera inexorable, las elecciones ganan el espacio político oficial. Todas las formaciones políticas que centran su estrategia política en este proceder alistan baterías con sus candidatos para Congreso, y, en la medida en que el calendario electoral se imponga, menos atención pondrán en el trámite legislativo, y de ahí que desde ahora se pueda visualizar que todo aquello que no sea aprobado de aquí al 19 de julio difícilmente logrará luz verde en las sesiones del segundo semestre. ¿Juega a esto el establecimiento? ¿O la mermelada terminará por imponerse, manteniendo la disciplina y las mayorías en el Legislativo?

 

Una cifra de la situación indica mucho: según las Farc, a mayo de 2017, del ciento por ciento que debió avanzar la implementación de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, ¡un escaso 12,73 por ciento se cumple hasta ahora!

 

Más allá de la Plaza de Bolívar

 

Mientras esto sucede en la parte formal, legal y normativa, la tensión y las dudas sobre la sostenibilidad del Acuerdo de Paz recorren los caminos de las veredas y los municipios donde viven y transitan activos los guerrilleros de las Farc, con sus liderazgos cercanos o simplemente actuando los líderes sociales de diferente cuño. Al respecto, las Naciones Unidas confirman el asesinato de 42 de ellos sólo en lo corrido de 2017. No es de extrañar que el dolor y la rabia, como la incertidumbre, ganen espacio en buena parte del país, ese país que sueña con un territorio en justicia, igualdad, libertad, tranquilidad y paz, y en el compromiso por otra democracia.

 

Desazón creciente. Mientras tanto, las disposiciones legales aprobadas en el Congreso, más allá del Acuerdo de Paz, sufrieron ajustes. Se trata de acomodos para favorecer a cientos de militares procesados y presos por haber cometido crímenes de Estado, a cientos de paramilitares y sus financiadores, y, a la vez, a decenas de funcionarios, quienes podrán acogerse –con impunidad– a las normatividades sacadas de la manga. Paralelamente a ello, el Gobierno no pierde un minuto para aprobar reformas económicas y políticas de diversa naturaleza, con las cuales va dibujando y cerrando el círculo de sus intereses: la ley Zidres y la reforma tributaria son dos de ellas.

 

Así, aunque diversas voces hayan dicho en repetidas ocasiones que este proceso de paz ya es irreversible, los incumplimientos con lo acordado; el ajuste de normas para favorecer a los ejecutores de crímenes de Estado, del asesinato de numerosos líderes sociales; el copamiento territorial por parte de paramilitares –con avance en las ciudades–, las acciones ofensivas (provocadoras) del ejército para dar con las caletas de las Farc, las presiones para que por encima de todo haya desarme, extienden sombras grises en el contexto de lo hasta aquí logrado y sobre el escenario que vendrá. Y en medio de este panorama, un alero aporta para que el gris y oscuro no termine por dominar: se trata de las negociaciones en curso con el Eln en Quito.

 

Esta exploración y las conversaciones constituyen un paraguas con el efecto de impedir un curso o aguacero de masacre contra los liderazgos sociales. Una contención, sumada a la esperanza de que una ‘voluntad’ y el paquete leve de reformas al proceder tradicional afecte la estructura económica y el poder militar realmente existente en el país.

 

Dadas unas realizaciones parciales del Acuerdo –en las que el aspecto formal tiene más peso que lo real– y el espectáculo negativo de una cadena de incumplimientos, con seguridad el día D+180 deberá ser extendido. ¿Por cuánto tiempo? De nuevo, un forcejeo de fuerzas entre las partes así lo determinará. Si con respecto a “la paz” existiera interés y presión desde toda la sociedad colombiana, sería una decisión nacional. Sin embargo y con déficit, aún continúa siendo una negociación entre dos fuerzas. Un inmenso lunar de esta negociación que, tal vez, tras muchos días D+180 encuentre solución.

Publicado enEdición Nº235
Carteles de los actos previstos para el desarme de ETA.

 

Las autoridades francesas recogerán las armas de ETA cuya localización han entregado los verificadores.

 

ETA ha entregado ya a la policía francesa los datos de geolocalización de ocho de sus depósitos de armas, todos ellos ubicados en el departamento 64 de Francia, los Pirineos Atlánticos.

Así lo han indicado fuentes de la lucha antiterrorista, que no han descartado que puedan haber más zulos o almacenes de armamento. En un principio, la información que había llegado a los especialistas apuntaba a la señalización de doce zulos, pero finalmente son ocho.

Poco después de esa comunicación, a las 9 de la mañana, el coordinador de la Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, ha confirmado en Bayona (Francia) que ha entregado a las autoridades francesas las localizaciones de los arsenales.

Manikkalingam ha recibido de manos de uno de los "mediadores", Jean Nöel Etcheverry "Txetx", "información relativa a la localización de armas, municiones y explosivos de ETA", que "inmediatamente" ha puesto "a disposición de las autoridades francesas".

En una comparecencia sin preguntas, Manikkalingam ha leído en inglés y español una declaración oficial en la que los verificadores dan por hecho que lo ocurrido hoy "es el desarme de ETA".

Aún no ha trascendido el contenido de los zulos, pero, según apuntó ayer el diario Le Monde, contendrían "cientos de ametralladoras, fusiles de asalto, armas cortas, cientos de kilos de explosivos y de detonadores".

Las fuentes de la lucha antiterrorista calculan que ETA tiene al menos 200 armas de fuego y entre 4 y 5 toneladas de explosivos, además de una importante cantidad de detonadores y efectos para confeccionar artefactos.

El departamento en el que están localizados los zulos, el de los Pirineos Atlánticos, frontera directa con el País Vasco, ha sido el más utilizado en la historia por la banda terrorista para esconder sus armas.

De hecho, de los al menos 120 almacenes encontrados por las fuerzas antiterroristas en la historia de ETA, 67 fueron localizados en Francia y 30 de ellos en los Pirineos Atlánticos.

Tras la rueda de prensa de los "verificadores" del proceso, hoy se han programado actos en Bayona (Francia) en torno al desarme de ETA, como la proyección del cortometraje "La paix maintenant, une exigence populaire" y un coloquio sobre el desarme.

 
ETA entrega el arsenal


El integrante del 'grupo de Luhuso', Michel Tubiana, ha comunicado que ETA ha entregado 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos, y miles de detonadores y munición distribuidos en ocho zulos.

Tubiana ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en el Euskal Museo de Bayona (Francia), en la que han comparecido junto también al denominado 'artesano de la paz' Michel Berhokoirigoin, Harold Good y Matteo Zuppi --que han "verificado el procedimiento"-- y Anais Funosas, representante de Bake Bidea.

Según ha señalado Michel Tubiana, esta mañana los autodenominado 'artesanos de la paz' han comunicado a la CIV y representantes internacionales las coordenadas de ocho lugares donde se encuentra el arsenal de ETA. "Les hemos pedido que el procedimiento que lleven a cabo ante las autoridades francesas se inscriba dentro de un proceso de paz justa y duradera", ha afirmado.

Los ocho zulos contienen 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y munición y detonadores "difícil de cuantificar". "La jornada se ha desarrollado estupendamente, bajo la autoridad del alcalde de Bayona y ha jugado un papel al que se le debe un homenaje por su comprensión del proceso", ha añadido.

En los lugares facilitados por ETA habrá 172 observadores, que estarán presentes en los lugares para verificar la recogida de las armas por las autoridades francesas. Hacia las 11 de la mañana, parece que todo el proceso "se desarrolla bien". "Nuestros observadores están en varios lugares y en varios sitios las fuerzas del orden ya han entrado en acción", ha aseverado Tubiana.

Parte de los ocho zulos de ETA cuya localización ha sido facilitada a las autoridades francesas se encuentran radicados en otros lugares diferentes al País Vasco francés, según han asegurado los autodenominados 'artesanos de la paz'.

En los lugares facilitados por ETA, está previsto que permanezcan 172 observadores para verificar la recogida de las armas por las autoridades francesas. Hacia las once de la mañana, según han manifestado los integrantes del 'grupo de Luhuso', el proceso se estaría desarrollando "bien". "Nuestros observadores están en varios lugares y en varios sitios las Fuerzas del orden ya han entrado en acción", ha apuntado.

 

El anuncio del desarme

 

ETA comunicó su desarme a través de la BBC con elogios a los colectivos que han mediado en su apoyo y a las instituciones vascas. La organización terrorista recurrió a la retórica habitual para evitar hablar de su disolución y criticar a los Gobiernos de España y Francia por los sucesivos golpes policiales que le han llevado a su derrota.

Cinco años y medio después del fin de la violencia, el reclamo tantas veces planteado desde distintos sectores se ha hecho realidad: las armas ya no estarán en sus manos.

A falta de conocer cuándo y cómo será la disolución de ETA, hoy son muchas y muchos los que miran hacia atrás. Piensan en los que ya no están, pero también en los que vendrán. Por unos y otros. Por todos.

 

 

Publicado enInternacional
Estos son los bancos que financian la industria militar

BBVA, Santander, Bankia, CaixaBank y Sabadell invierten en los principales productores de armas

 

Fabricar armas es legal. Solo unas pocas, como las bombas de racimo, las químicas o biológicas son consideradas inaceptables, al ser imposible argumentar en contra de que su uso afecta tanto a civiles como a combatientes. El resto, incluidas las nucleares, son perfectamente legales.


En un mundo en guerra, fabricar armas es un negocio lucrativo. Los conflictos abiertos de Siria, Irak, la franja de Gaza, Ucrania, Yemen, Libia, Sudán, Somalia o la guerra contra el narcotráfico en México necesitan abastecimiento continuo de armamento. Sumando a la ecuación a los señores de la guerra en África o lasguerrillas que operan en latinoamerica el resultado es un jugoso pastel a repartir.


España entró fuerte en ese mercado espoleada por la crisis económica. Es desde hace años el séptimo exportador de armas a nivel mundial, solo por detrás de los grandes fabricantes como EEUU, Rusia, China y las potencias militares europeas, Alemania, Francia y Reino Unido.


Fabricar y exportar armas es legal, y financiarlas también lo es. Las grandes entidades bancarias españolas participan en el negocio, lideradas por el BBVA y el Santander. "Los bancos, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015 casi 5.900 millones de euros al sector de las armas", revela Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.


Calvo, autor del informe Los bancos que invierten en armas, advierte de que las entidades financieras españolas han apostado claramente por el negocio de la muerte. Apoyándose en el crecimiento de España como exportadora, están "poniéndose a la altura de los mayores inversores de la industria armamentística".


Teniendo en cuenta que el ratio de endeudamiento de las empresas de armas es del 73%, similar a la del resto de la industria española, el "floreciente negocio armamentístico no solo beneficia a las empresas de armas sino también a los bancos y aseguradoras", recoge el investigador en el informe.
La investigación internacional Don't Bank on the Bomb de la organización neerlandesa PAX arroja cifras similares. Incluyendo datos de 2016, PAX —que audita las actividades que favorecen la proliferación de las armas nucleares en el mundo— eleva la inversión española en la industria militar por encima de los 6.500 millones de euros desde 2013.


Amnistía Internacional (AI) ha interpelado en varias ocasiones a gobiernos y entidades sobre la importancia de cerrar el grifo de la financiación. Al menos si están interesados en evitar "violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional" como las que ocurren casi a diario en Siria.


"La financiación y la inversión no son actividades neutrales; determinan y facilitan la actividad económica, incluso en el sector armamentístico. Los bancos y otras instituciones financieras desempeñan un papel crucial en los esfuerzos globales para frenar la fabricación, transferencia y uso de armas", explica David Pereira, presidente de AI en Luxemburgo. Pereira encabezó un estudio que analizó la importancia de la falta de restricciones en ese país —gran centro financiero europeo— para la distribución de la inversión mundial en la industria militar.


El estudio del Centre Delás, que también recoge las inversiones de entidades internacionales, señala que empresas como Airbus y Boeing (aeronaves militares), Maxam (explosivos), Navantia (buques), Finmeccanica (aeroespacial) o General Dynamics (propietaria de la española Santa Bárbara Sistemas) son las principales destinatarias de la inversión.


"BBVA, Santander, Deutsche Bank, Citibank e ING son los más importantes financiadores armas, seguidos en un segundo nivel de importancia por Banca March, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. Sin olvidar que Unicaja, Banco Mare Nostrum (BMN), Caja Rural, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Banco Alcalá, Banco Caminos, Caja de Arquitectos y Banco Mediolanum invierten en armas, aunque en cuantías menores", concluye Jordi Calvo.


Las armas, un rastro imposible de seguir


Cuando no es directamente secreto, el negocio de las armas está oculto, desdibujado con eufemismos. El Gobierno, encargado de evitar que las armas españolas terminen en países en conflicto —lo que sería ilegal— no concede licencias para la exportación de armas, sino de material de defensa. Dentro de este, la mayor parte es material de doble uso.

Las actas de la junta interministerial responsable de autorizar las ventas al exteriorson secretas. Además, para el Gobierno el concepto de "en guerra" no es tan claro como podría parecer, puesto que sigue autorizando ventas a Arabia Saudí, que lidera una coalición de países árabes que bombardea a discreción Yemen. Todo ello da forma a un entramado que resulta muy útil cuando se encuentran armas españolas sobre el campo de batalla yemení, ya que hace casi imposible exigir responsabilidades.


La misma táctica que el Gobierno utilizan las empresas productoras de armas. El gigante español Maxam, el mayor fabricante de explosivos de Europa y segundo del mundo asegura que solo el 20% de su negocio es militar, y que este "se ocupa de la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos". Maxam es un importante cliente de las inversiones de BBVA, Santanter o Bankia. Factura 1.000 millones de euros al año.


"Los bancos intentan evadir su responsabilidad diciendo que no trabajan con armas prohibidas y que siempre siguen la legislación en vigor, que no financian armas que van a acabar en conflictos armados. Pero ¿cómo lo saben? El problema de las armas es su trazabilidad. Es imposible saber si un banco ha financiado un arma que acaba en Yemen", alerta Audrey Esnault.


"Se escudan en que las empresas hacen de todo"


Esnault es activista. Forma parte de la campaña de la campaña Banca Armada, que pretende "concienciar", visibilizar una situación "sobre la que normalmente hay mucho secretismo" como es la de la financiación del sector armamentístico.


Miembros de la campaña participarán este viernes en la junta de accionistas del Banco Santanter para denunciar la colaboración de la entidad con los fabricantes de armas. Será la quinta y última junta de 2017, tras tomar la palabra en las de CaixaBank, Bankia, BBVA y Sabadell. La reacción del presidente y los accionistas depende de cada banco, "desde lo más frío como Santander o BBVA donde haces la intervención y no dicen nada, hasta la de junta del Sabadell de la semana pasada, en la que aplaudieron", relata Esnault a Público.


"Siempre dicen que las empresas son muy grandes y hacen de todo. Por ejemplo Indra, como es una empresa española, tienden a defenderla. Son empresas que hacen muchas cosas, pero Indra tiene un 20% de producción militar", expone la activista sobre la multinacional española, a la que el Instituto para la Paz de Estocolmo, referencia mundial en esta cuestión, llegó a colocar en su top 100 de productores de armas: "Fabrican electrónica militar. Un arma no es solo una pistola o una bomba, es todo lo que se usa para matar como destino final. El software de un misil que destruye un edificio es un arma. Indra diseña ese tipo de software".


"Los bancos forman parte de este negocio. Es imposible negar su corresponsabilidad. Para estar seguro al 100% de no financiar un arma que será utilizada contra la población civil en Yemen, la única solución es no financiar armas, dar préstamos o tener acciones en empresas que las producen".

06/04/2017 22:52 Actualizado: 06/04/2017 22:53
CARLOS DEL CASTILLO
@CdelCastilloM

Publicado enInternacional
AbueliCIA, ¿para qué esos ojos y esas orejas tan grandes?

Fiel a su filosofía, recordada en comunicación dirigida el 6 de marzo a la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales por la humanidad reunida en Caracas, Julian Assange, cabeza visible de Wikileaks, defendía que las filtraciones que logra este proyecto de conocimiento libre es para que “[...] la sociedad de todo el mundo abra los ojos, y con datos irrefutables en la mano, confronte a los poderosos”. Su última revelación, “la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia”, así lo confirma.

 

Espías espiados, y filtrados. Wikileaks inició el pasado 7 de marzo la publicación de miles de documentos –“la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia”–, que evidencian las múltiples y avanzadas técnicas de espionaje desarrolladas por la CIA, bajo el gobierno de Obama, alguna de ellas en asocio con las agencias de inteligencia de países aliados. Técnicas de escucha, seguimiento y muerte de todo aquel o aquello que sea valorado como un objetivo prioritario, las que evidencian una vez más que el derecho humano a la privacidad es cosa del pasado y que los poderosos de cualquier rincón del mundo pueden actuar cuando quieran contra toda aquella persona o grupo social que identifiquen como enemigo.

 

La información difundida da cuenta de un programa encubierto de ‘hacking’ (ataque cibernético) de la CIA. Esta primera entrega, denominada “Year Zero” (Año Cero), está integrado por 8.761 documentos y 943 adjuntos entregados por “una red aislada y de alta seguridad situada en el Centro de Cibernética de la CIA en Langley, Virginia” y es parte de siete entregas que realizará el importante portal de filtraciones, denominado ‘Bóveda 7’. Los diversos documentos dados a conocer tienen fechas que van entre 2013-2016.

 

La información filtrada por Wikileaks da cuenta de un conjunto de instructivos, escritos en clave informática, con programas de virus, malware, troyanos, software malicioso, sistemas de control remoto, para pinchar con la última tecnología todo tipo de teléfonos, computadoras, televisores inteligentes, incluso comunicaciones justo antes y después de ser encriptadas en smarthones de iPhone (de Apple) y Android (de Google, bajo cuyo sistema funciona el 85% de los teléfonos inteligentes del mundo) por personas que creían que sus comunicaciones estaban a salvo por el hecho mismo de estar encriptadas, lo mismo que los usuarios de Whatsapp y Signal. También están bajo su control Telegram, Weibo, Confide, y Microsoft, Samsung/HTC/Sony. Aquí, como en el cuento, los ojos y oídos de la abueliCIA tienen claros propósitos.
Los programas de espionaje fueron gestados por el Engineering Development Group (Grupo de Desarrollo de Ingeniería) de la Central de Inteligencia estadounidense, una sección de la CIA integrada por 5.000 piratas informáticos, toda una NSA a su interior.

 

Según Wikileaks, “las armas cibernéticas, una vez desarrolladas, son muy difíciles de controlar” pues “las mismas personas que las desarrollan y las utilizan tienen las habilidades para hacer copias sin dejar huellas”. Un comercio ilegal de estos productos, valorados en miles de millones de dólares circula por todo el mundo. Estamos ante una nuevo cuerpo de las fuerzas armadas ­­–muy seguramente adscrito a la sección de inteligencia–, el cual se suma a la infantería, artillería, aviación y la naval.

 

Potencial disciplinador. Los asesinatos que comete esta, como otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos por todo el mundo –así como diversidad de Estados en su afán por evitar el ascenso de sectores sociales alternativos–, son facilitados por procesos de chequeo, seguimiento y control a través de teléfonos infectados que envían a quien espía la geolocalización del usuario, sus comunicaciones de audio y textos, y también activan cámara y el micrófono del aparato. Incluso estando apagados este tipo de dispositivos recogen las conversaciones, las cuales retransmiten a un servidor de la agencia de espionaje. La única manera de evitar que esto ocurra es extrayendo la pila del teléfono, o dejándolo lejos de donde se mantiene el diálogo. Lo mismo con TVs de última generación, los cuales están bajo control de una herramienta de ciberespionaje conocida como Weeping Angel (Ángel llorón), programa desarrollado en cooperación con la inteligencia británica.

 

Manos limpias. Para borrar las huellas de sus operativos, la CIA utiliza mal-ware para ayudar a los investigadores en las escenas de un crimen y, así, eliminar cualquier huella digital de la Agencia, del gobierno de los Estados Unidos, de sus empresas afiliadas y/o de los gobiernos aliados.

 

En sistemas operativos, entre otros, están infectados Windows, MacOS, Linux y Solaris. En este caso, los malwares pueden estar en dispositivos USB, CD, DVD, dispuestos en áreas cubiertas en los discos o en sistemas para ocultar datos de imágenes. Además realizan ataques contra las redes de Internet y sus servidores a través de la Newtwork Devices Branch (Red del Sistema de Dispositivos) de la CIA. Los distintos antivirus comerciales también están bajo su control.

 

Todo este conjunto de acciones las puede desplegar la CIA, y otras agencias de inteligencia porque identificaron todas las vulnerabilidades que tienen los distintos software con que operan las máquinas y artefactos aquí relacionados, realidad desconocida por los usuarios, los cuales en su mayoría no son expertos en informática.

 

La filtración de esta información por parte de Wikileaks le facilita a las multinacionales de la comunicación y el software la identificación de las vulnerabilidades que tienen sus productos, con lo cual deberían proceder a remediarlos y así evitar que los procesos de espionaje y control social prosiga sin dificultad alguna.

 

La información dada a conocer devela, de igual manera y en su real dimensión, los niveles de control a los cuales están expuestos todos los grupos sociales, en especial los disidentes o críticos, control que facilita el ascenso de todo tipo de autoritarismo y fortalecimiento de aparatos militares enemigos de los procesos sociales alternativos, así como de chequeo de las empresas que le puedan competir a las multinacionales gringas –caso Odebrecht–, o de los distintos sectores de poder que para el caso de América Latina, África e incluso Europa les abren carpetas, recopilan información de todos y cada uno de los líderes y cuando requieren chantajearlo, removerlo o eliminarlo proceden sin dificultad mayor. Proceso siempre presente en las coyunturas electorales, o recientemente en casos como Brasil y otros similares.

 

A su vez, las filtraciones recuerdan el papel de la información y de los periodistas: develar los despropósitos del poder, poner al tanto a las sociedades sobre todo tipo de maniobras espurias sucedidas al interior de los gobiernos que las dirigen, motivar la acción colectiva en pro de sociedades desarrolladas en justicia e igualdad. Todo lo cual queda en entredicho cuando la información hoy en ejercicio, que es en tiempo real, toma forma a través de los aparatos pinchados por la CIA y otras agencias de inteligencia. Luchar contra este espionaje y control social es, a su vez, luchar por el derecho al acceso a una información veraz, en la cual los periodistas no estés expuestos a las maniobras del poder para silenciarlos.

 

Estas revelaciones ponen de presente, asimismo, que las mismas sociedades espiadas están en el deber de abrir un debate sobre ciencia y tecnología, sobre la sin razón de que el software sea privativo y la urgencia de que el mismo vuelva a ser abierto, como lo fue en su origen. Un debate público que debe extenderse al derecho y la forma como realmente podemos garantizar la privacidad y la libertad; debate que debe extenderse a la misma necesidad de que en todos los centros de educación se enseñe, desde el primer año escolar, todo lo concerniente a los bienes comunes y, en este caso, a comprender qué es y cómo funciona el software, aprendiendo a desarrollarlo. Hay que quitarle este poder a las multinacionales –transformarlas en bien común de la humanidad– para evitar que los aparatos de inteligencia de cualquier parte del mundo haga de las suyas. Es tiempo de una verdadera democracia, y aquí estamos ante un reto para la de nuevo tipo, la radical y refrendataria,

 

En esta línea, un paso necesario por dar en nuestra sociedad, si de verdad hay compromiso oficial con la libertad individual, el desarrollo de la ciencia y la creación colectiva, es romper todo tipo de contrato con las multinacionales que desarrollan software privativo, ingresando en la era del software libre. Hoy por hoy todo lo concerniente a la cibernética es otro campo de la soberanía nacional y actuar en contra de tal evidencia es renunciar, claramente a tan importante valor.

 

Precisamente la filtración de Wikileaks termina retomando lo dicho una y otra vez por Richard Stallman –tal vez el más reconocido defensor del GNU o sistema de software libre–, cuando dice que con el software existen solamente dos posibilidades: o bien los usuarios controlan el programa o el programa controla a los usuarios. Si el programa controla a los usuarios y el desarrollador controla el programa, entonces el programa es un instrumento de inicuo poder.

Publicado enEdición Nº233
Voto histórico en la ONU indica que las armas nucleares serán ilegales en 2017

 

Hacia finales de octubre ocurrió algo histórico en las Naciones Unidas.

 

A pesar de la enorme presión de Estados Unidos, 123 naciones, todas con igual posición en la Asamblea General de la ONU, votaron por iniciar un proceso en 2017 para negociar la prohibición de las armas nucleares. ¿Por qué no circulan estas noticias como un reguero de pólvora? ¿Por qué no hay celebraciones en las calles?

Bueno, una razón es que ya nadie toma en serio la amenaza que son las armas nucleares contra la humanidad. Y cuando decimos “nadie” nos referimos a los principales medios de comunicación, los que dan al tema casi ningún espacio en sus periódicos, estaciones de radio, sitios web y estaciones de televisión. Por lo tanto, “nadie” en este caso significa los magnates de los medios de comunicación que están en alianza con los bancos, los políticos y el complejo militar-industrial para mantener el statu quo durante el mayor tiempo posible, independientemente de las consecuencias para la humanidad, dado que estas personas sólo son capaces de pensar en la cantidad de dinero que pueden hacer en el presente y tal vez en unos años en el futuro.

Otra razón (en realidad, una extensión de la primera) es que la mayoría de la gente seguramente piensa que las armas nucleares ya son ilegales. Si las armas químicas y biológicas son ilegales, si las minas terrestres y las bombas de racimo son ilegales, ¿no lo serán también desde hace años las armas nucleares, siendo éstas mucho más destructivas? ¿Acaso el mundo no eliminó las armas nucleares cuando cayó el Muro de Berlín?

Bueno, en realidad, no. A pesar de la oferta que Gorbachov ofreció a Reagan para erradicar las armas nucleares, nunca sucedió, aunque hubo reducciones en el número de bombas a través de varios tratados. Hoy en día, Estados Unidos y Rusia tienen alrededor de 14.000 bombas (dependiendo de a cuál de las estimaciones realizadas se crea), que es mucho menos de las 80.000 a las que se llegó durante la guerra fría, pero siendo aún un gran número, si se entiende que 100 bombas lanzadas sobre ciudades conducirían a un invierno nuclear que eliminaría al 25% de la población mundial, y quién sabe a cuántas otras especies, y esencialmente llevaría a cualquier superviviente al suicidio.

Pero, independientemente del silencio mediático y de la falta de celebraciones en las calles, ya se hizo historia, y de una manera extraordinaria.

Desde el final de la conferencia de revisión del TNP de 2010 -la conferencia quinquenal que examina los progresos del Tratado de No Proliferación Nuclear para ver cómo se está desarrollando el desarme y recomendar nuevas medidas- algunos gobiernos y la sociedad civil han reorientado el debate sobre el desarme alejándolo de las supuestas “preocupaciones de seguridad” del P5 y de las “preocupaciones humanitarias”: el hecho de que una guerra nuclear sacará a los seres humanos y probablemente a todas las formas de vida -excepto quizás unos cuantos insectos de vida corta y bacterias – de la faz de la tierra.

En otras palabras, de acuerdo con esta nueva estrategia, independientemente de las preocupaciones de seguridad, si una guerra nuclear estalla, todos perdemos. Einstein dijo: “No sé con qué armas se librará la III Guerra Mundial, pero la IV Guerra Mundial será combatida con palos y piedras”. Sin embargo, con los nuevos conocimientos disponibles gracias a los avances de la ciencia climática, Einstein puede haber sido demasiado optimista: no habrá una IV Guerra Mundial, nunca.

El TNP era un gran trato: los que no tienen armas nucleares, nunca las conseguirán; los que tienen armas nucleares se desharán de ellas, y todos tendremos el derecho a desarrollar energía nuclear. Fue una gran idea en ese momento (1968) porque nadie entendió completamente los peligros de la energía nuclear, algo que sólo impactó a la conciencia humana con los accidentes en Three Mile Island y los desastres posteriores en Chernobyl y, más recientemente, en Fukushima.

El problema con la gran negociación es que no se ha cumplido 47 años después, y los países que carecen de armas nucleares están hartos de ser mantenidos como rehenes por los estados con armas nucleares ante la amenaza de una enorme violencia nuclear. Y no importa que los P5 digan de ellos mismos que son países “responsables”; sus doctrinas de seguridad permiten el uso de estas armas y, como un ladrón de banco blandiendo una pistola alrededor, no importa si hay balas en ella o no, el hecho de que él o ella tenga una en la mano constituye el uso.

El proceso de aprobación de esta resolución ha sido difícil. A pesar de la supuesta igualdad de los Estados miembros en la ONU, hay claramente algunos estados que son más iguales que otros. Los P5 tienen un veto en el Consejo de Seguridad, y las diferencias económicas son tales que los países desarrollados son capaces de manipular a los países en desarrollo.

Sin embargo, para el deleite de todos en el movimiento antinuclear de la sociedad civil y entre los 57 gobiernos que patrocinaron la resolución, muy pocos países se sometieron a la presión y 123 países votaron por iniciar negociaciones el próximo año.

Y la posición de los Estados poseedores de armas nucleares y de los que existen en virtud de un acuerdo de defensa denominado “paraguas nuclear”, nunca ha estado más dividido. De los nueve países con armas nucleares, cinco (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia e Israel) votaron en contra de la resolución, tres (China, India y Pakistán) se abstuvieron y uno (Corea del Norte) votó a favor de la resolución.

De los estados paraguas nucleares, los Países Bajos se obligaron a abstenerse como resultado de una campaña de la sociedad civil cada vez más eficaz en el parlamento holandés, absteniéndose también Armenia, Bielorrusia y Kirguistán.

Japón votó en contra de una prohibición: algo que constantemente deja a los observadores sorprendidos dado que es el único país con conocimiento directo de lo que significa tener una bomba lanzada sobre sus ciudades.

Al final de la votación, los países usaron sus ya conocidos discursos para apoyar sus posiciones. Algunos países dijeron que temían que el nuevo proceso podría debilitar el TNP, a pesar de que los países de apoyo han expresado una y otra vez que esta resolución no hará más que fortalecer el artículo VI del TNP. Otros dicen que el nuevo proceso es divisivo, contentándose con el statu quo en el cual nada se ha movido en las conversaciones de desarme en 47 años: El Tratado de Prohibición de Pruebas no ha entrado en vigor, el Tratado de Material Fisible no ha sido escrito, EE.UU. se ha retirado del Tratado de Misiles Antibalísticos y todavía estamos esperando discusiones sobre una zona libre de todas las armas de destrucción masiva en el Medio Oriente. Además de esto, todos los países que poseen armas nucleares están elaborando planes para modernizar sus arsenales, o están en proceso de modernizarlos, a un costo astronómico para la economía mundial y los pobres del mundo.

El nuevo tratado ciertamente no pondrá un arma nuclear fuera de uso el día de su ratificación, pero hará que sean efectivamente ilegales ante los tribunales internacionales y las corporaciones multinacionales y los bancos que no desearán que el público en general sepa que están involucrados con algo ilegal, por lo que el tratado aumentará la presión para que vayan desprendiéndose. Las campañas de la sociedad civil para estigmatizar las armas nucleares serán enormemente impulsadas y ningún político podrá decir nunca que el TNP otorga a su país el derecho legal de mantener armas nucleares y, en última instancia, es por ello que los Estados Unidos (y sus amigos) estaban tan ansiosos por evitar que esta resolución sea presentada a la Asamblea General.

Y es por eso que su aprobación es tan histórica. Aquellos que por décadas han acusado a otros estados de ser naciones “irresponsables” y “parias”, ahora se encontrarán en el extremo receptor de esas acusaciones, y por una muy buena razón.

Tony Robinson. Activista del Movimiento Humanista, co-director de Pressenza y autor del libro "Café con Silo: la busqueda del sentido de la vida" .

 

Fuente: http://www.pressenza.com/es/2017/01/voto-historico-en-la-onu-indica-que-las-armas-nucleares-seran-ilegales-en-2017/

 

 

Publicado enInternacional
Martes, 31 Enero 2017 06:32

La última marcha de las FARC

La última marcha de las FARC

Un paso de la guerrilla colombiana hacia el abandono de las armas

Las filas guerrilleras se están desplazando por centenares desde el fin de semana para llegar hoy a más tardar a las “zonas de normalización” en cumplimiento con el acuerdo de paz negociado con el gobierno de Santos.

 

Hoy culmina, en 26 puntos de Colombia, la última marcha de la guerrilla de las FARC. Este 31 de enero llegarán a los sitios de agrupamiento todos los bloques y frentes rebeldes en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en Bogotá a finales del año pasado y que establece la ruta para la dejación de armas y el tránsito de esa guerrilla a partido político. Aunque muchos de los nuevos campamentos no están construidos y no cuentan aún con agua o vías de acceso, las filas guerrilleras se están desplazando por centenares desde el fin de semana para llegar hoy a más tardar a las llamadas Zonas y Puntos Transitorios de Normalización.


Imágenes de soldados farianos con banderas blancas cruzando ríos, bajando de las montañas nubladas, o atravesando zonas desérticas se observan de norte a sur conmoviendo a su paso por olvidados caseríos donde los campesinos aplauden el fin de la guerra. De acuerdo con Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias “el balance es que los movimientos que arrancaron el domingo se culminaron en la madrugada, otros que son de dos días están en su último tramo y los que estaban programados para el lunes (por ayer) iniciaron. Hay algunas demoras por el clima y las vías, pero estamos avanzando sobre las rutas establecidas”. También la jefa de prensa se refirió a los imprevistos. “Hay que tener en cuenta los imponderables pero esa es la idea”, dijo “Olga” a la prensa ante la pregunta de PáginaI12 sobre si todas las filas guerrilleras estarían hoy concentradas en zonas y puntos del país.


Según la presidencia de Colombia, unos 4 mil guerrilleros estarían ya concentrados en diversas zonas que el acuerdo estableció para que, durante seis meses que empezaron a contar el 1 de diciembre, éstos entreguen a Naciones Unidas su armamento y se conviertan en ciudadanos. Unos 1500 de ellos estarán encargados de la construcción de las zonas.


En el caso de la zona veredal de Tumaco, pacífico colombiano, el comandante Henry Castellanos alias Romaña dijo a la radio que no encontraron construcción alguna en el punto pactado para su estadía hasta mayo. También el Frente 60, que partió de Argelia hacia Buenos Aires, Cauca, asegura que las obras están bastante retrasadas. Por su parte el Bloque Martín Caballero que opera en La Guajira y costa Caribe, dijo mediante un comunicado de prensa que se desplazarán en cumplimiento del compromiso de su comandancia de estar reunidos en las zonas el 31 de enero, pero que en la Zona Pondores no hay condiciones para alojamiento aún.


El que será el último recorrido de los guerrilleros y guerrilleras en armas “representa la marcha hacia la construcción de la esperanza y la paz estable y duradera firmada en los acuerdos de La Habana”, según lo expresó el Bloque agregando que “dejamos constancia que el sitio de llegada no tiene condiciones de vivienda básica, salud, agua potable para cerca de 300 integrantes de las FARC” que están marchando al lugar.


De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el país hay ahora 36 operaciones para movilizar a cerca de 4.394 hombres y mujeres a las zonas. Centenares más se encuentran ya en las zonas veredales. El domingo por ejemplo casi 1000 guerrilleros se movieron por las provincias de Meta, Putumayo y Antioquia realizando recorridos de hasta ocho horas a pie, en bus, camionetas o pequeñas lanchas.


Las zonas de normalización están ubicadas en 25 municipios de Colombia. Al mismo tiempo, se dio inicio a la plan de sustitución de cultivos ilícitos en 40 localidades de Colombia, en el marco de los acuerdos de paz, punto dos: solución al problema de las drogas ilícitas. En este Plan el gobierno colombiano invertirá 1 billón de pesos colombianos que equivalen a unos 500 mil millones de dólares.

Publicado enColombia
“La lenta libertad es una cadena de corazones dándose la mano”

Salvador, Buenos Aires, La Milagrosa, San Diego, Las Palmas, barrios de Medellín que también sembraron rebeldía. Hijos de esos barrios lucharon y soñaron un mundo mejor, hasta el punto de arriesgar sus vidas por lo que creían debe ser el mundo. Años ochenta duros. Algunos murieron en el camino, esa sangre regó la simiente rebelde en esta ciudad. Muchos otros, los más, permanecieron en el anonimato. Se alzaron, fueron rebeldes, se retiraron de sus organizaciones cuando lo creyeron conveniente, sin despotricar de nadie. Nunca reclamaron pago por ello, ni recibieron programas de reintegración a la sociedad, ni hicieron alharaca de su pasado. Ellos mismos se reintegraron solos, en silencio, sin abandonar sus convicciones, poniéndolas en práctica en sus pequeños espacios familiares y sociales. Son ellos el faro de mucha gente buena y culta, todo un baluarte educativo de la sociedad. A ellos, a los que nadie nombra y ahí están, van estas líneas.

 

Antioquia, territorio alzado desde siempre. Ya los investigadores han anotado que era común ver en estas montañas gente armada deambulando por ahí. Tirofijo y Timochenko tienen origen paisa (el primero de Génova, Quindío, su compañero de La Tebaida, Caldas). El barrio Manrique dio cabida a los hermanos Vásquez Castaño (Manuel, Antonio y Fabio). En estos cinco nombres están reflejadas las dos organizaciones insurgentes más grandes que ha tenido el país en cincuenta y dos años, dado que ambas nacieron a la par (1964). Todos cinco, antioqueños pobres, de antes del reordenamiento administrativo de mediados de los sesenta.

 

Medellín, la capital, no escapó a esos vientos de Café y Petróleo. Pablo Escobar, Fabio Ochoa, la mafia y los militares los tuvieron en su blanco, los hirieron, los desvertebraron en parte. De ahí que el establecimiento tanto le deba a la cultura mafiosa.

 

Pero gracias a ellos, a los anónimos, se habla hoy de derechos humanos, se tiene un mayor sentido de los derechos, se practican más los deberes comunes al hábitat urbano, se tienen visiones y prácticas de participación, se apoya y se renueva el arte urbano y popular, se comprende a la mujer como par, se defiende a los animales, al medio ambiente y a la diversidad.

 

Gracias a ellos y ellas, la administración de la ciudad incorporó sus pensamientos y entró a atender, en parte, las exigencias de la población. Sin esa izquierda insurgente Medellín sería hoy una ciudad deprimida.

 

Por estas faldas y estas planicies caminaron. No fueron pocos. Maestros y maestras, estudiantes de ambos sexos, monaguillos, sacerdotes, monjas, obreros, desempleados, amas de casa, carpinteros, cerrajeros, obreros, gente del común se alzó en Medellín en los años setenta y ochenta. Fue el auge de esas organizaciones revolucionarias.

 

No solo las dos gigantes, de la que aún queda en armas una, la última, sino también una cantidad de organizaciones y siglas de menor alcance histórico, pero no por eso inexistentes: Partido Comunista (marxista-leninista) y su Ejército Popular de Liberación (Epl), la Tendencia Marxista Leninista Maoísta (Tmlm), la Liga Marxista Leninista Maoísta, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), el M19. Un montón. Varios, muchos de sus integrantes son hoy reconocidos actores de teatro, músicos brillantes, poetas, dirigentes de Ongs, docentes, feministas, exsecretarios municipales, médicos, escritores que hacen de Medellín una ciudad interesante.

 

El M19 fue el primero de estos movimientos en conducir a su gente a reinsertarse a la sociedad. Cédula en mano, cámaras al lado, micrófonos al frente. Luego lo haría el Epl, luego la Corriente de Renovación Socialista (Crs), hoy lo hacen las Farc. Se registran, los readaptan, se incorporan a la lucha política legal. Unos terminarán defendiendo al establecimiento que antes combatieron, otros perseveran en sus ideas de un cambio profundo en la sociedad, a otros los matarán con total impunidad. El Sena, las universidades, las empresas, el sector de la cultura oficial, les abren sus puertas.

 

Pero esos otros que caminaron estas mismas calles y guardaron silencio en su retiro para no afectar a sus antiguos compañeros, en soledad rehicieron sus vidas y perseveraron en sus ideales. Gloria, Mónica, Jairo, Claudio, Javier, Miguel, Juliana, Pío, Ana María... Un montón de buenos ciudadanos que aún no han contado su historia, pero que ahí están. No hay barrio de Medellín que no los tenga.

 

Sin ayuda de nadie, apoyados en sí mismos, tercos como mulas, salieron adelante. Conservan sus ideas, sueñan y trabajan por un mundo mejor. Son hoy, callada o sonoramente, en el tejido social, baluartes fundamentales del Sí. Casa por casa, con amor, con generosidad. Fueron los mejores y siguen ahí. Como escribió Mario Benedetti: “La lenta libertad es una cadena de corazones dándose la mano”.

Publicado enEdición Nº229
Transición a la paz y dejación de las armas por las Farc.

“El análisis concreto de la situación concreta”, formula de linaje leninista, planteada muchas veces por nuestro querido compañero Alberto Pinzón, es hoy más necesario que nunca a propósito de la dejación de las armas por las Farc y la transición a la paz.

El día D y los 180 días para dejar las armas a Naciones Unidas es una masa temporal ontológica, no cronológica, que depende de variadas circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Viene una intensa disputa política alrededor de este neurálgico asunto. La ultraderecha entra a la ofensiva para impedir la cabal y correcta implementación de los acuerdos de Cartagena.

La terminación de la guerra compromete un gran número de variables referidas a materias legales, constitucionales, militares y políticas, que hacen de tal objetivo un fenómeno de altísima complejidad.

La construcción de la paz no será una tarea sencilla. Será necesario atender diversos frentes al tiempo, dada la simultaneidad que acompaña la ejecución de los consensos y pactos alcanzados.

Adicionalmente, se deben asumir elementos de contexto ante los cuales de nada sirve taparse los ojos.

Pero, en los términos de la reiterada sugerencia de nuestro querido compañero Alberto Pinzón, lo que procede es “el análisis concreto de la situación concreta”, formula leninista de reconocido valor que permite concentrar la reflexión y la voluntad en los puntos críticos del curso político y social, teniendo siempre puesta la mira en la transformación revolucionaria sistémica. Sobre todo si consideramos que en los términos de la teoría de sistemas, el régimen político nacional se encuentra altamente desequilibrado, en una situación de bifurcación: la alteración más pequeña puede provocar grandes cambios sin que su sentido sea predecible (Ver La trama de la vida de Frittjof Capra en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2dHb6cC).

En tal sentido, la prioridad epistemológica debe tratar de comprender el proceso de transición en curso y su contenido, condicionado por la implementación inmediata, en los próximos tres meses, de aspectos sustantivos como el fin objetivo del conflicto armado, el cese bilateral del fuego y de las hostilidades, la ubicación de las Farc en las áreas veredales y campamentarias, la organización de un nuevo movimiento político por la insurgencia revolucionaria, la erradicación del paramilitarismo, la seguridad para los integrantes de las Farc en el desarrollo de su movilización política y popular, la amnistía y el indulto, la concreción de las medidas agrarias, la organización de la jurisdicción especial de paz y el reconocimiento de los derechos de 8 millones de víctimas.

Con los actos de Cartagena, y con el previsible triunfo del SI en el plebiscito del 2 de octubre, la transición toma cuerpo.

En la ciencia política la transición como categoría analítica es de uso recurrente para indicar un proceso de cambio en el régimen de poder existente. Se trata de ir desde un punto A hacia un punto B. En este caso se trata del paso de la guerra (A) a la paz (B). Lo que llama la atención, en nuestro caso concreto, es que tal movimiento ocurre en momentos en que periclita un ciclo político, el iniciado con la Constituyente de 1991 y despega uno nuevo, probablemente de más de tres décadas.

Tanto la transición como el ciclo político en ciernes, toman su contenido del Acuerdo general de paz de Cartagena y de los discursos que emiten los actores más relevantes como el Presidente Santos, el comandante de las Farc, Timoleon Jiménez, y los voceros de la oposición ultraderechista que encabeza Uribe Velez.

La primera fase de tal transición y del ciclo político mencionada tiene, por supuesto, un referente fundamental, me refiero a la dejación de las armas por parte de las Farc, acompañada del cese bilateral del fuego y de hostilidades, del desplazamiento guerrillero a las zonas veredales y campamentarias, de las medidas de seguridad para los integrantes del nuevo sujeto político previsto, de la amnistía e indulto, del funcionamiento del mecanismo tripartito de verificación y de la erradicación eficaz del paramilitarismo.

Para las partes, la dejación de las armas, su entrega a la ONU, es la “joya de la corona”. El poder oligárquico quiere ver ya sin las armas a miles de partisanos que integran la resistencia campesina y popular. Es su pesadilla y tormento. Por eso exigen la marcha inmediata de las Farc a las zonas de concentración y la conformación de los anillos asfixiantes que pretender ser utilizados para sofocar a los combatientes invictos.

Por supuesto, para el pueblo en armas no es tan fácil y cómodo desprenderse de su principal garantía de lucha contra el poder de las oligarquías y su Estado corrupto. Hay escepticismo, aprensión y la natural desconfianza, como consecuencia de la lectura de experiencias históricas anteriores en que los poderosos oligarcas desataron el exterminio de los guerrilleros, tal como sucedió en los años 60, en que uno a uno, fueron decapitados en Bogotá y otras ciudades, los desmovilizados y amnistiados líderes de las guerrillas liberales. Las elites dominantes y sus aparatos armados, Ejercito/FAC/Marina/Policía, tienen un acumulado nada despreciable en esta materia y seguramente recurrirá a diversas estratagemas para degollar la comandancia fariana. Medellín y Antioquia serán lugares críticos en ese sentido, pues la alianza entre carteles de la droga y elites políticas locales parece en disposición sangrienta contra la paz.

El debate de este espinoso asunto se desenvuelve con el referente del día D y los 180 días pactados para dejar las armas guerrilleras en los contenedores de la ONU.

180 días son una masa temporal que no necesariamente debe transcurrir, como lo plantean los integrantes de la delegación gubernamental, en las fechas posteriores a la firma del Acuerdo de Cartagena. Esa es su interpretación amañada y su proyección es sesgada.

180 días son un trazo ontológico que bien puede localizarse en el año 2017, 2018 o 2024, dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El asunto no es meramente cronológico o de lógica formal escolástica.

La entrega de las armas, en principio, debería ser la consecuencia de varios hechos. Por supuesto, de la firma del Acuerdo general de paz, obviamente del resultado del plebiscito, desde luego del trámite de la ley de amnistía e indulto, claro está de la ubicación en las veredas y campamentos, de las medidas de seguridad para los líderes y miembros de las Farc, de la formalización constitucional de los consensos mediante su articulación efectiva al bloque de constitucionalidad, de las medidas concretas en materia agraria, de víctimas, de verdad, de justicia y erradicación de los cultivos de uso ilícito.

Obviamente tejer, articular y amarrar todos estos temas no es cosa que se pueda hacer velozmente, en 6 o 12 meses. Es todo una ciencia que requiere de paciencia y buen tino. Sin ninguna pretensión, la dejación de las armas es toda una disciplina analítica con los rigores y exigencias propias de la construcción epistemológica adecuada.

Agréguense al cuadro que propongo, dos factores de gran incidencia, propios de las disputas necesarias en curso.

Una, la contraofensiva de la ultraderecha, que se reagrupa con mayores bríos para el sabotaje de la transición a la paz. El bloque parapolítico de Uribe Velez está siendo reforzado con las peligrosas salidas del nuevo Fiscal, similares a las del defenestrado exprocurador Alejandro Ordoñez, quien con un discurso seudo jurídico e interpretaciones arbitrarias, quiere ponerle palos en la rueda a los acuerdos en lo relacionado con la fumigación de los cultivos de uso ilícito y la estructuración del movimiento político de las Farc, de acuerdo con sus intereses específicos, sugiriendo actuaciones criminales para darle curso al dispositivo sobre extinción de dominio y eventuales extradiciones.

Todo indica que el vicepresidente Vargas Lleras será el punto de encuentro de esta masa retardaría, empeñada en bloquear y abortar la construcción de la paz democrática.

La ambigüedad del Vicepresidente frente a la paz es notoria, y su silente actitud no es más que un juego propiciador de nuevos encuadres políticos reaccionarios. El Fiscal refleja sus dudas jurídicas frente al Tribunal de Paz y sus competencias. Refleja, por lo demás, el ánimo de los enemigos agazapados de la paz en el poderoso y corrupto poder judicial, que sienten pasos de animal grande con el nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluida su Justicia especial con magistrados de otros países, de probada conducta ética y jurídica.

El NO contra la paz de reconocidas fichas de Vargas Lleras en las regiones, como la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y su marido, Toto, el Jefe del Cartel del Norte del Valle, no es un acto de insubordinación en la facción correspondiente sino, por el contrario, la materialización de una estrategia electoral global para ganar réditos en la campaña para escoger Presidente en el 2018.

Se está conformando un potente bloque ultraderechista contra la paz y de eso hay que tomar atenta nota, para lidiar con tal fenómeno. Desde luego, eso no nos coge por sorpresa, es propio de coyunturas de cambio social y de procesos de transformación revolucionaria. Ha sido la experiencia histórica desde la revolución francesa, pasando por la revolución bolchevique, la china, la cubana, la sandinista, la vietnamita y otras, como los recientes procesos antiimperialistas latinoamericanos.

Constatar eso no significa que nos tengamos que cruzar de brazos. Hay que proyectar las estrategias correspondientes y propiciar las más amplias alianzas, como la insinuada por la X Conferencia de las Farc, para darle curso a un Gran Pacto político constituyente.

Otro factor de coyuntura, no menos importante, es el asunto de la gigantesca crisis económica, financiera y fiscal que nos envuelve. La oligarquía pretende dar salida a la crisis económica derivada del colapso financiero global desatado desde el 2008, con la reforma tributaria y con recortes masivos en el gasto público y de las transferencias.

La paz quiere ser utilizada para remozar el modelo neoliberal con nuevos privilegios a las multinacionales en la extracción minera y el agro, negocio de la altillanura en la Orinoquia.

La paz quiere ser proyectada como un gran negocio de los poderes empresariales y financieros.

Hay que tomar nota de esa ruta depredadora, y en ese sentido el discurso del Comandante Timoleon Jiménez en Cartagena es una plataforma oportuna y conveniente para desatar la más amplia movilización social contra el paquete neoliberal en curso que complicara, todavía más, el desconocimiento de los derechos fundamentales a la salud, la educación, el empleo y la seguridad alimentaria.

Digamos, para concluir, que no es fácil la ruta transicional posterior al Plebiscito. Crecerá el conflicto y la disputa con los clanes oligárquicos que manipulan el Estado y la economía.

Dejemos que los hechos concretos sobre la dejación de las armas se pronuncien, y actuemos en consecuencia. Con la pericia y el brillo que caracterizó a la delegación plenipotenciaria de las Farc en la Mesa de diálogos de La Habana. La experiencia del camarada Iván Márquez y sus compañeros es histórica, y un ejemplo para millones de colombianos que luchan y resisten el poder de la casta plutocrática.

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Formación de las FARC en San Vicente del Cagúan, durante los diálogos de paz en la adiministración Pastrana.
 
Quedan cinco divergencias de fondo, en la Mesa Gobierno-Farc. Así expresa en sus encuentros, el Comandante Pablo Catatumbo ‒Responsable del Movimiento Bolivariano Clandestino. La más difícil, acordar el número y extensión de los Territorios Especiales ‒Terrepaz‒, diferentes a las ¿23 veredas?, y “previos a los ocho campamentos para dejación de armas”. “Falta pelo p’al moño”, advirtió Timochenko. “Resistencia civil”, firma Uribe. “Si no hay paz, vendrá guerrilla urbana”, sentencia el Presidente. Con sus frases, Uribe asusta a los pobres, Santos asusta a los ricos.

 

 

‒¡No!, dijo enfático, el general Mora Rangel, como rechazo oficial a la propuesta de territorios Terrepaz, que presentó la insurgencia en la Comisión Técnica (de asuntos militares). Ante el impase, aplazado el tema, con anuencia de Farc, la discusión adelantó en el punto de la verificación internacional. A sabiendas, el Presidente y el ministro de defensa, con la complicidad mediática, ocultan que está en veremos, el acuerdo acerca de las dos fases territoriales en la transformación guerrillera: áreas y líneas de “separación de tropas” y campamentos para dejación de armas.

 

Además de esta diferencia, sobreaguan otros cuatro pendientes de tamaño grueso: 1) Concluir las “42 salvedades” y los “asteriscos” de los puntos acordados. 2) (Dado el antecedente de la captura de Felipe Torres,) la exigencia de una Ley de Amnistía, previa a la firma de un acuerdo definitivo. 3) (Aplazado en su aprobación desde 1991) aprobar el Estatuto de oposición y 4) Definir una transición de la estructura guerrillera, diferente a la reinserción de procesos anteriores.

 

Para buena parte del ciudadano común, la negociación está en aplazamiento desde el 23 de marzo.

 

 

Dos fases territoriales:
“separación de tropas”
y dejación de armas

 

Los hechos son tozudos. La negociación con Farc y Eln es la primera diferente en el país, y en el continente: Comienza sin la “decisión” de ‘desmovilización’ y “entrega de armas”. Con Farc tiene como fórmula, la dejación, que depende del contenido y refrendación del acuerdo final. Una característica que tiene su razón, en la real correlación operativa en el terreno.


Sucede que en sus más de ocho años, Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y Presidente de Colombia, no pudo infligir una “derrota militar irregular” a Farc e imponer una cota más alta de “desgaste político” a Eln ‒tal como calculó el jefe paramilitar Carlos Castaño. A este respecto, el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, tiene abierta una polémica. Aduce en su publicación Victorias desde el aire, que presentó en la reciente XXIX Feria Internacional del Libro de Bogotá, que: asestó a Farc espaciados golpes de “derrota en la cadena mando” pero, el Ejército –la infantería– no llegó ni ocupó los lugares profundos en la ‘retaguardia’ guerrillera.

 

Aun con los efectos de la asimetría tecnológica que otorga ventaja aérea y de bombardeo con precisión al Estado colombiano –a partir del Plan Colombia–, sin una derrota militar a las organizaciones insurgentes, el gobierno Santos y su porción oligárquica de poder ‒en el gobierno‒, no pueden manejar a su amaño; la duración y fecha de una negociación mixta (con Farc y con Eln).

 

¿...“Dos mesas
un solo proceso”...?

 

La dualidad Farc/Eln con respecto a un fin verdadero del conflicto armado, está más agravada hoy. El señor Frank Pearl, principal en la Comisión gubernamental de diálogo con Eln, en compañía del general (r) Herrera Verbel, hizo saber en la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Paz: “La negociación con el Eln está estancada”. (Solamente Pearl y Herrera, sin José Noe Ríos, viajaron a Venezuela a un encuentro con el Eln, que no avanzó más que el saludo).

 

Mucho antes, Gobierno-Eln en conversación secreta, alcanzaron a fijar como procedimiento, que la participación de la sociedad con interrogantes acerca de cuál es la Democracia que Colombia espera y en el tema de las víctimas; no tendrá un tercer asiento en la mesa. Serán las delegaciones Gobierno y Eln, una vez lean todas la iniciativas que lleguen, quienes señalarán los aspectos en que estén a favor y descartarán el resto.

 

En este marco, el Gobierno considera una fortaleza, que los puntos y detalles en tratamiento con Farc no tendrán repetición en la conversación con Eln. ¡Es una tamaña subjetividad o desconocimiento! Es conocido que el Eln contradice dos aspectos gruesos de los acuerdos Gobierno-Farc:

 

Están dispuestos a pagar cárcel ante la comprobación de culpa en hechos de violación de lesa humanidad y condicionan que los miembros de las Fuerzas Armadas, ante iguales casos, deberán pagar cárcel. Es una convicción que no surge en el Eln como un capricho. Surge de su relacionamiento y solidaridad con la experiencia del Cono Sur, en la lucha contra las dictaduras. Allá, los sectores con memoria y más comprometidos, rechazan los acuerdo de Punto Final que libran a los Ejércitos.

 

Para comenzar la conversación, no asumen siquiera la fórmula de “dejación de armas”, que es funcional en la Mesa de La Habana.

 

Los 180 días prorrogables de “separación de tropas” con las Farc y un lapso mínimo de agenda con el Eln, determinan una situación de “paz armada”. Acompañada de un debate que irá en aumento de polarización y amenaza de respuesta paramilitar. A su vez, de expresiones sociales resistentes.


Una disputa y entroncamiento de factores y aumento de la contradicción política y social, que con el ingrediente de una convocatoria de acercamiento-unidad novedosa y legítima, podrían ser desencadenantes de un nuevo cuadro en la lucha popular. Panorama no extraño en las vertientes de análisis estratégico y de precaución de todo signo. Consta en la p. 21 del libro El arte militar de los chinos (Editorial Pleamar. Buenos Aires, 1979) del Tte. Cnel. E. Cholet, en su definición de Guerra subversiva: [...] es una actividad múltiple, que emplea y combina medios violentos y pacíficos, fuerza y astucia, presión y engaño, patriotismo y traición; hasta crear una situación que le permita acceder al poder sin lucha violenta o afrontar directamente su conquista en lucha abierta... (negrillas en este artículo).

 

 

Cuántos son los finales
de un conflicto

 

Un conflicto regular, como fue la II Guerra Mundial tuvo dos finales: El cese de batalla 7-8 de mayo de 1946 y el día del final jurídico, septiembre de 1947, cuando comenzó el Proceso de Nüremberg. En Colombia, el largo conflicto irregular que cruza durante las últimas décadas, tendrá que barajar al menos, tres fechas finales, en diferente orden: política, jurídica/refrendación y de hostilidades/“separación de tropas”.

 

En Macondo sucede lo creíble y lo increíble.

 

 

 

 
Monólogo de Aureliano viendo pasar el circo

 

Los acuerdos de paz están construidos con piedra pómez.
Todo en ellos es poroso, lleno de poros como la piel. Frágil y duradera como una pirámide de nada.
Monólogo secreto de misiles que no hubo quién vendiera
Monólogo a punta de lengua, a punta de desconocer e ignorar “los factores reales de poder”
A las múltiples manos negras de la inteligencia calculadora que ni sube ni baja
Que se queda quieta. Mientras nosotros abrazábamos los fusiles.
Las manos negras de la intervención que no cesará
De las intervenciones que se anuncian para domesticar los sueños
Somos hombres y mujeres pero no contamos igual las cosas
Hechos de Coltan, fronteras y misiles, nadie va a cumplir lo pactado, salvo los que puedan
17 aurelianos tristes. Mientras pasa el circo.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº226