El fiscal jefe holandés, Fred Westerbeke, anuncia las conclusiones del equipo de investigación. Imagen: EFE

El fiscal jefe holandés anunció que emitirán órdenes de arresto internacional para tres funcionarios rusos. Moscú rechaza la acusación judicial.

 

El Equipo de Investigación Conjunta (JIT) responsabilizó ayer a tres funcionarios rusos y a un ucraniano de estar involucrados en el derribo del avión de Malaysia Airlines MH17 en el este de Ucrania en 2014. Según agregó, los acusados serán llevados ante la Justicia en Holanda en 2020. Tres de ellos, sin embargo, negaron tener responsabilidad en los hechos y afirmaron que no declararán. Rusia también se desvinculó del ataque. 

En una rueda de prensa en la ciudad holandesa de Nieuwegein, el fiscal jefe holandés, Fred Westerbeke, y el de la Policía, Wilbert Paulissen, anunciaron que emitirán órdenes de arresto internacional para los rusos Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov e Igor Girkin, y el ucraniano Leonid Chartsjenko. “Estoy convencido de tener las pruebas que confirman que Rusia está implicada en ese delito de una manera u otra”, afirmó el fiscal holandés, al tiempo que acusó a Rusia de no cooperar en la investigación. El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado en el este de Ucrania, zona de conflicto armado entre el ejército del país y separatistas prorrusos y causó la muerte de las 298 personas que iban a bordo, entre ellas 193 holandesas. El vuelo, que iba de Amsterdam a Kuala Lumpur, fue abatido por un misil tierra-aire disparado posiblemente desde una zona controlada por milicias separatistas prorrusas, y el Consejo de Seguridad de Holanda concluyó que se trataba de un misil Buk de fabricación rusa. 

Según afirmó ayer el fiscal holandés, los sospechosos serán procesados por el asesinato de los pasajeros a bordo, aunque afirmó que la justicia tendrá en cuenta tanto el contexto de conflicto civil en el que se produjo el derribo como así también el hecho de que los acusados “hayan podido querer derribar” un avión militar y no de pasajeros. Además agregó que todo lo recaudado en la investigación se desprende de las comunicaciones intervenidas poco después de que cayera el avión. 

Los tres sospechosos rusos ocupaban cargos de relevancia en el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk: Dubinski era el jefe del servicio de inteligencia de los rebeldes prorrusos, Pulatov era su segundo y Guirkin actuaba de “ministro de Defensa” de los separatistas. Los investigadores subrayaron sin embargo que ninguno de los identificados dio la primera o la última orden de disparar contra el avión pero sí afirmaron que estaban en la zona y jugaban un rol crucial en el conflicto armado tomando importantes decisiones. 

“No, no lo voy a hacer”, contestó Guirkin a la agencia Interfax al ser preguntado sobre si estaba dispuesto a declarar ante la Justicia holandesa. El que fuera ministro de Defensa de la autoproclamada república popular de Donetsk, subrayó que las milicias no tuvieron responsabilidad en el derribo del avión. “No quiero ni comentarlo, ni yo ni otros milicianos tuvimos nada que ver”, remarcó. Un miembro del entorno de Dubinski, otro de los sospechosos, que tampoco comparecerá ante la Justicia por el caso. 

 “No piensa acudir a ningún tribunal, no prestará declaración porque no hay nada que declarar. Además, él no viaja a Occidente”, dijo la fuente que prefirió guardar su anonimato. Moscú, por su parte, rechazó los dos principales argumentos de la comisión de investigación: que el misil que abatió el avión fuera lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos y que el propulsor hubiera sido transportado desde Rusia, a donde habría regresado luego de la catástrofe. 

Sin embargo luego de la publicación del informe, Holanda y Australia, países de los que proceden la mayor cantidad de víctimas, responsabilizaron formalmente a Rusia de participar en el derribo del MH17.

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Sábado, 15 Junio 2019 05:46

De los barcos como excusa para la guerra

De los barcos como excusa para la guerra

Un incidente naval, una excusa para la guerra, un clásico de la política norteamericana que ya pasó largamente el siglo. Que Donald Trump y sus halcones acusen a Irán de haber atacado a dos petroleros extranjeros que pasaban por aguas que la República Islámica patrulla de cerca no tiene nada de original, excepto en las banderas de los buques afectados. Desde la voladura del Maine en La Habana hasta el enfrentamiento a cañonazos con torpederas norvietnamitas en el incidente del Golfo de Tonkín, los problemas en alta mar le sirvieron a Washington como excusa para empezar guerras que se deseaba empezar.

En 1898, Estados Unidos estaba flexionando sus músculos imperialistas. Ya se había comido y estaba digiriendo la mitad de México –el 55 por ciento, para ser exactos– pero eso era considerado una manera de “completar” el territorio propio. Una nueva generación de políticos y empresarios quería que el país jugara un papel en el escenario mundial, rompiendo la tradición republicana y revolucionaria de mantenerse alejados de los conflictos entre coronas e imperios. La doctrina del Destino Manifiesto cubría moralmente las nuevas ideas imperiales: EE.UU. no iba a llevar la opresión a territorios colonizables sino que iba a liberar pueblos oprimidos, llevándoles los beneficios de un gobierno paternalista, republicano.

El primer objetivo fue el moribundo imperio español que, cosas de nuestras guerras de independencia, todavía conservaba algunas de sus posesiones más antiguas por la simple razón de que eran islas. La guerra de independencia cubana sirvió para preparar a la opinión pública norteamericana a través de ese nuevo instrumento de masas, la prensa amarilla. Así, los mambís cubanos fueron presentados como luchadores por la libertad y los españoles como bestias sedientas de sangre. En ese contexto, el secretario de la Armada Teddy Roosevelt mandó a La Habana al crucero acorazado Maine “para cuidar los intereses norteamericanos”.

El Maine tenía apenas tres años de uso, pero ya era anticuado. Estados Unidos todavía no era la potencia industrial que sería pocos años después, con lo que necesitaba estampadoras de acero inglesas, que se demoraron en llegar. Entre el diseño del buque y su botadura pasaron casi diez años, justo en un momento de cambio profundo en la tecnología naval. De todos modos, La todavía escasa armada de EE.UU. lo tenía como una pieza fundamental y para su misión en Cuba bastaba y sobraba. Después de todo, se trataba de intimidar a los locales y el Maine era más fuerte que cualquier cosa con bandera española.

A las 21.40 del 15 de febrero de 1898, después de tres meses amarrado en el puerto habanero, el Maine voló por los aires, matando a casi toda su tripulación que dormía a bordo. Hubo 260 muertos y 89 sobrevivientes, que se salvaron más que nada porque la explosión fue a proa, donde se guardaba carbón y munición, y donde dormía la mayoría de la tripulación. Todavía hoy se discute qué pasó esa noche terrible, con estudiosos afirmando que efectivamente alguien atacó el barco –con una mina o un torpedo– o se trató de un fuego espontáneo causado por el tipo de carbón bituminoso que usaba la nave, muy inestable. Pero la prensa amarilla no lo dudó: habían sido los españoles y tenían que pagarlo. Poco después, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas ganaban su “libertad” a manos norteamericanas.

La experiencia resultó tan positiva que se repitió en 1964, cuando el gobierno de Lyndon Johnson andaba buscando cómo vencer la resistencia interna para entrar de lleno en Vietnam. En ese momento todavía se podía negociar y la guerra entre el norte y el sur era más civil que otra cosa. El luego famoso Incidente del Golfo de Tonkín le arregló las cosas al presidente, que hasta logró que el Congreso abandonara su reluctancia y aprobara, por voto cantado, la teoría del dominó, aceptando que toda “agresión comunista” era causa suficiente para una intervención de Estados Unidos.

El incidente en sí ocurrió el 2 de agosto de 1964, cuando el buque de guerra liviano Maddox realizaba tareas de inteligencia electrónica cerca de las aguas territoriales de Vietnam del Norte. El Maddox era una de las naves asignadas a la operación Desoto, que interceptaba y analizaba las comunicaciones radiales vietnamitas, mapeando posiciones y equipos. El recorrido del Maddox por la costa norte de Vietnam había comenzado el 31 de julio, y cada día torpederas vietnamitas lo habían seguido. Pero el dos de agosto, tres torpederas P4, apenas más que lanchas armadas, convergieron sobre la nave americana y su comandante ordenó disparar tres cañonazos de advertencia. Los vietnamitas contestaron el fuego con torpedos y ametralladoras, un combate de pocos minutos que terminó con una torpederas seriamente dañada y bajas. El único daño que informaron los norteamericanos fue un agujero de bala en la obra muerta del Maddox.

Pero el entonces secretario de Defensa Robert McNamara no le contó esta secuencia de eventos a su presidente, sino que le informó que los vietnamitas habían abierto fuego directamente. Como admitió años después, McNamara prefirió mentirle a Johnson para “ayudarlo a decidirse”. Lo mismo ocurrió dos días después con el segundo “incidente”, cuando el Maddox abrió fuego “de radar” contra varios blancos que se acercaban en el mismo Golfo de Tonkín. Fuego de radar es una expresión que indica que uno no ve el blanco, debido al clima o a que está por abajo del horizonte, pero que puede atacarlo por detección electrónica. En este caso, todo indica, incluyendo los mismos informes de la Armada, que el Maddox no fue atacado. Los contactos de radar eran producto del mal tiempo en la zona. Pero esta segunda “agresión” sirvió para convencer al Congreso de que el peligro comunista era tan tangible como en Corea, lo que permitió enviar tropas en serio a Vietnam. Once años y muchísimos muertos después, Estados Unidos se retiraba derrotado del sudeste asiático. 

La herramienta del incidente naval, parece, se guardó en un archivo para uso futuro. Un problema es que en la época del Maine casi no había cámaras y las andanzas del Maddox fueron en el mar, lejos de ojos indiscretos. Esta vez, el gobierno de Trump tuvo que acercar un videíto de baja definición en blanco y negro, tomado desde un dron, que muestra una lancha iraní haciendo algo junto al enorme casco del petrolero japonés. Según los iraníes, sus marinos estaban retirando una mina magnética, salvando de hecho el buque. Según Washington, eso prueba que Teherán estuvo involucrado en el ataque. Con lo que la ambigüedad queda a salvo.

 

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Un detenido por el ataque a Maduro involucra a México, Chile y Colombia

Venezuela pidió este domingo a México, Chile y Colombia aclarar si funcionarios de sus embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los presuntos responsables del estallido de drones en agosto pasado, durante un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

"No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas", advirtió el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sin identificar a los diplomáticos.

En rueda de prensa, el ministro señaló que el presidente ordenará al canciller, Jorge Arreaza, que pida directamente a esos funcionarios aclarar si tuvieron participación.

Según Rodríguez, la madrugada del sábado fueron capturados Henryberth Rivas Vivas, alias Morfeo, y otras dos personas por la explosión de dos drones el 4 de agosto en las proximidades de la tarima desde la cual el mandatario socialista presidía un desfile militar.

En confesiones en video difundidas por el ministro, Rivas relató que personal diplomático estaría relacionado con sus frustrados planes de huir de Venezuela.

El hombre dijo haber recibido instrucciones para contactar con un funcionario de la embajada chilena, quien lo ayudaría a trasladarse a Colombia con la mediación de personal de las sedes diplomáticas de México y Colombia.

El gobierno de Chile "tiene que explicar por qué un asesino, un terrorista, recibe la instrucción (...) de que se dirija a su embajada", expresó Rodríguez.

En esa sede diplomática está refugiado el parlamentario opositor Freddy Guevara, después de ser acusado de incitar a la violencia durante la protestas contra Maduro que provocaron unos 125 muertos en 2017.

Junto con Rivas fueron arrestados Ángela Expósito, de doble nacionalidad española-venezolana, señalada por esconderlo en su residencia, y el coronel en retiro Ramón Velasco.

Hasta el momento 28 personas están detenidas, precisó Rodríguez, quien pidió a Estados Unidos y Colombia aprobar la extradición de quienes el gobierno venezolano señala como autores intelectuales.

Entre ellos está el ex presidente del Parlamento Julio Borges, exiliado en Bogotá, quien califica el atentado de "farsa".

Rodríguez, sin embargo, calificó de "sandeces" los cuestionamientos que se han hecho a la veracidad del fallido magnicidio.

Reiteró de igual manera acusaciones contra el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien está detrás de lo sucedido, según Maduro.

"El presidente de Colombia, Iván Duque, tiene que deslindarse de los hechos planificados en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿O no? ¿O está de acuerdo con el intento de asesinato?", preguntó.

Un funcionario de migración en Colombia, que el gobierno venezolano identifica como Mauricio Jiménez, es acusado de haber permitido el paso por la frontera de responsables del ataque para recibir entrenamiento en la localidad colombiana de Chinácota.

Colombia ha negado cualquier relación con los hechos, al igual que dirigentes opositores señalados en el caso y que aseguran que el suceso fue usado para reprimir a críticos del gobierno.

Por otro lado, la cancillería venezolana pidió este domingo a Colombia mayores esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico ante un "aumento alarmante" de cultivos ilícitos, en especial en la zona fronteriza común.

"Venezuela apremia a las autoridades colombianas realizar esfuerzos sinceros y efectivos y asumir las responsabilidades internacionales por los daños que ha causado la industria del narcotráfico a países vecinos y al mundo", señaló la cancillería en un comunicado.

Al citar un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cancillería de Venezuela destacó que Colombia concentra 68.5 por ciento de los cultivos de coca en el mundo. "Al cierre de 2017 Colombia contaba con 171 mil hectáreas de coca sembradas, 25 mil más respecto de la medición de 2016", subraya el comunicado.

Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Colombia han sido habituales desde la llegada al poder del fallecido ex presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), y se mantuvieron con Maduro, con constantes incidentes en la frontera de 2 mil 200 kilómetros.

Maduro incluso acusó al ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien en agosto estaba aún en el poder, de estar detrás del estallido de los drones.

Bogotá salió al paso de las acusaciones y en un comunicado expresó: "En la coyuntura que vive Venezuela, la embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales, razón por la cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del ministro Rodríguez".

A su vez, Chile citó al embajador venezolano este lunes en la cancillería y llamó al gobierno de Maduro a "a retirar sus calumniosas insinuaciones contra nuestro país".

 

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La furia de Moscú contra Israel: derribo de avión ruso; murieron los 15 tripulantes

Los enésimos ataques extraterritoriales de Israel en Latakia (Siria), desembocaron en el derribo "deliberado" o "accidental" de un avión ruso con su tripulación de 15 miembros, que ha deteriorado las relaciones de los supuestos "aliados": el presidente ruso Putin y el primer ministro israelí Netanyahu (http://bit.ly/2D8Urfr).

La condena rusa fue muy severa y culpó al ejército de Israel de "provocaciones deliberadas (sic)" y "actos hostiles e irresponsables".

Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, denunció que “los pilotos israelíes que se escondieron detrás del avión ruso colocaron a este en la línea de fuego de los sistemas antiaéreos de Siria. Como resultado el Il-20 fue derribado por los sistemas misilísticos S-200 de Siria” (http://bit.ly/2NkeIDw).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia citó al embajador de Israel (http://bit.ly/2NkQJUF) y el ministerio ruso de Defensa llegó a implicar a una fragata francesa de haber disparado misiles en el transcurso del ataque, lo cual ha sido negado por Francia.

El ministro de defensa ruso Sergei Shoigu, en conversación con su homólogo israelí Avigdor Lieberman, culpó a Israel del derribo del avión ruso, mientras Israel inculpaba de sus "preventivos" bombardeos extraterritoriales en Latakia… a Siria,Irán y Hezbolá…

El zar Vlady Putin diluyó el vino de la furia rusa después de haber charlado con Netanyahu –quien prácticamente pidió perdón y expresó sus condolencias–, y absolvió a Israel de haber derribado el avión ruso: "Parece una trágica cadena de circunstancias".

Existe preocupación de varios analistas israelíes sobre el futuro de las relaciones del presidente Putin y del primer ministro Netanyahu quienes supuestamente mantenían una óptima interacción.

Amos Harel, del rotativo Haaretz, comenta que "Putin absuelve (sic) a Israel, pero la crisis con Moscú llega hasta Teherán" y recuerda que antes del incidente un oficial de alto rango del ejército israelí advirtió que "siempre hay que acordarse de la primera lección en la historia militar: no se inmiscuyan con los rusos" (http://bit.ly/2Dafs9x).

A juicio de Amos Harel, "Israel ahora se encuentra en una posición extremadamente difícil (sic) con los rusos" y es susceptible de influir negativamente en la libertad estratégica de acción que ha gozado su fuerza aérea en el frente (sic) norte hasta ahora”, lo que abulta la guerra subrepticia entre Israel, apuntalado por EU, contra Irán.

Harel compara la severa reacción de Rusia al derribo de su avión por Turquía en cielo sirio, con el incidente del Il-20 que implica a Israel con una reacción mucho mas tersa de Putin, pero deja entrever de que el ejército de Israel sufra "una serie de ciberataques misteriosos(sic)" como los que padeció Turquía”, lo cual ha hecho "sonar las campanas de alarma y las unidades de ciberdefensa de Israel".

Las relaciones de Putin y Netanyahu han sido mas que cordiales a grado tal que el primer ministro israelí fue invitado al desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja (http://bit.ly/2Nn8mU4).

La intimidad ruso-israelí es también demográfica y linguística: los judíos de origen ruso constituyen entre 17 y 20 por ciento de la totalidad de judíos en Israel (en su mayoría jázaros/ashkenazíes), sin contar 300 mil rusos no-judíos, lo que totaliza que entre 20 y 25 por ciento sean rusófonos.

Caroline Hayek, del rotativo libanés L´Orient-Le Jour, muy cercano a Francia, da vuelo al reclamo de Moscú de que Israel "no previno a su aliado (sic) ruso de su operación en Latakia" que fue anunciada "menos de un minuto antes del ataque", lo cual “no permitió llevar el avión ruso Il-20 a una zona segura” (http://bit.ly/2Njbd02). A juicio de Hayek, "los israelíes deberán desplegar toda su habilidad diplomática para contener los relámpagos rusos y evitar que las relaciones entre los dos países se desmoronen (sic). Está en juego, la continuación de sus ataques contra las posiciones iraníes que sin el aval de Moscú pudieran estar comprometidas de ahora en adelante".

¿De qué tamaño habrá sido el error de Israel?, ¿Cómo replicará Rusia?

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Mapa ampliado del magnicidio: segundo informe especial

Siguen su curso las investigaciones que encabeza el Estado venezolano sobre el fallido intento de magnicidio del pasado 4 de agosto. Hasta el momento, las pesquisas, pruebas y actores involucrados son suficientes para describir el modo de funcionamiento de la agenda terrorista-mercenaria que incursiona sobre el país, pero también los alcances de un punto de inflexión crucial para la cuestión venezolana.

Vector Operacional: Privatización de la violencia y Guerra no convencional

En el transcurso de la semana pasada el presidente Nicolás Maduro y el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, mostraron pruebas reveladoras sobre la operación frustrada de magnicidio. En el marco de lo que presentaron ante los medios, seis aspectos destacan por su relevancia, tanto por lo político como por el esquema operacional utilizado.


1. El aparente vacío político subyacente a la operación quedó saldado con el testimonio de Juan Requesens, quien delató a su compañero de partido, Julio Borges, como jefe político inmediato del intento de magnicidio al usar sus contactos con el gobierno colombiano para proteger a los operadores y planificadores del antentado. A Requesens, días antes, ya lo había delatado Juan Carlos Monasterios, alias “Bons”, encargado del entrenamiento y la logística en el terreno. Posteriormente lo hizo el periodista Jaime Bayly, quien confirmó que efectivamente estábamos ante un plan que tenía niveles de coordinación en Estados Unidos.


2. La Guerra No Convencional (GNC) que vive el país, en sus múltiples manifestaciones, debe verse como la traducción, en el ámbito militar, de los esquemas y dispositivos del neoliberalismo que regulan la vida social, económica y cultural de la sociedad global. La GNC tiene forma de empresa y se rige por códigos de reducción de costos y maximización de beneficios. Por esa razón, desde su práctica y discurso, se plantea como un modo de intervención que persigue la extenuación del Estado-víctima (siempre inferior en capacidad defensivas) utilizando la menor cantidad de gastos financieros/militares, explotar las vulnerabilidades de la nación mediante sabotajes para abaratar los costos de la injerencia y la subcontratación de una fuerza insurgente que generalice el miedo en la sociedad y socave las bases de apoyo social del Gobierno. Un modelo de guerra privatizada.


3. Este signo estuvo presente en el nacimiento y entrada en operaciones de la célula terrorista de Óscar Pérez a mediados de 2017, pero que con anterioridad ya se había probado en los asesinatos políticos de Robert Serra, María Herrera, Eliécer Otaiza, así como en las revoluciones de color de 2014 y 2017. Guardando las evidentes distancias entre estos eventos, cada una de esas manifestaciones de terrorismo político reprodujo una lógica de privatización y tercerización a la hora de ejecutar y, posteriormente, a la hora de asumir los costos y desdibujar complicidades de instancias superiores de poder.


4. Siguiendo ese mismo curso de acciones, el plan de magnicidio plasmó un modo de operar donde los reductos de la revolución de color de 2017, en general jóvenes de clase media fanatizados, incluyendo factores asociados a la célula armada de Óscar Pérez, son utilizados como mano de obra subcontratada, perfectamente sacrificable si todo salía mal, tal cual ocurrió, mientras que los planificadores y financistas aguardaban fuera del país utilizando sus residencias en Colombia y Estados Unidos a modo de cobertura. Allí también se incluye al diputado promesa Juan Requesens y a Julio Borges, cada uno del lado que le correspondía.


5. Esa forma de procedimentar el intento de magnicidio describe una mecánica donde los mercenarios que participaron en el golpe de color de 2017 ahora toman cuerpo de “ejército industrial de reserva”, junto a la industria del crimen, en el cual una agenda terrorista puede encontrar la suficiente oferta para realizarse. De igual forma, el papel del Estado colombiano al avalar cuáles zonas con elevada presencia paramilitar (caso Cúcuta) sirvan como centros de adiestramiento paramilitar y retaguardia, rol que a su forma reproduce también el Sur de la Florida, pone encima del tapete los límites del derecho internacional dispuestos a ser rebasados para alimentar actos subversivos contra la seguridad nacional del Estado venezolano. Ahora, de una manera más frontal, siguiendo la tradición bajo la cual Estados Unidos protegió a terroristas de la estatura de Luis Posada Carriles.


6. También juega un papel clave el contexto. Sin posibilidades remotas de “calentar la calle” a la usanza tradicional, los objetivos de la GNC contra Venezuela parecen invertirse, lo que no representa de ningún modo una lógica inamovible en el tiempo: inhibida la insurrección “generalizada”, los blancos a atacar deben perfilarse hacia la superestructura (el poder), con el objetivo de producir la fractura social y política que no se logró mediante presión desde abajo. Y eso pasa por la alerta descrita en el pasado informe especial: forzar un escenario de inseguridad generalizada donde elementos terroristas sean enfilados hacia operaciones de sicariato político, con el fin de debilitar al Estado venezolano y atemorizar a las bases chavistas. Una especie de compensación al magnicidio frustrado.


Vector cultural: Saleh, Pérez Venta y Requesens


Es con la denominada “Fiesta Mexicana” de 2010 que los partidos de extrema derecha venezolana logran hegemonizar a totalidad el movimiento estudiantil universitario, bajo la ideología de la “lucha no violenta” promocionada por Gene Sharp y financiada por la NED y la USAID durante años. Voluntad Popular tomaba la batuta.


Ese año se inaugura en México una línea de ensamblaje de jóvenes formados ideológicamente en el libre mercado y materialmente en la organización de movimientos de “protesta ciudadana”, ese eufemismo con el que se suele anunciar una guerra civil desde los medios de comunicación.


Pero fue en las revoluciones de color de 2014 y 2017 cuando sus exponentes más visibles de aquella “Fiesta Mexicana” (Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, entre otros) mostraron, en realidad, la orientación de esas actividades y otras tantas financiadas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, para “adiestrar” a la juventud opositora.


La sangre derramada y el rol que jugaron cada uno de ellos revelaron que la formación iba dirigida al arte de armar protestas violentas y al uso de tácticas de guerrilla urbana para enfrentar a las fuerzas de seguridad. El espejo mecánico de los ucronazis del Maidán en suelo venezolano es obra de una misma agenda geopolítica labrada en suelo estadounidense y experimentado sobre el cuerpo de la juventud clase media.


Con ese estrato específico de la sociedad venezolana, se intentó fabricar la base cultural e ideológica que le daría legitimidad de desempeño a la emergencia de un grupo terrorista adaptado a las condiciones venezolanas, en el cual el fanatismo religioso que sirve de base al Estado Islámico debía ser sustituido por un fanatismo nacionalista.


El odio por razones étnicas, en las coordenadas identitarias venezolanas, debía ser reemplazado por un odio de clase que encontraba todo su antagonismo en el chavismo. Los pobres.


Sí, las denominadas guarimbas funcionaron como polígonos de tiro para desarrollar esas capacidades y probar sus propios límites (observar hasta dónde lograba mutar el experimento), pero sobre todo fue una fábrica que produjo una semántica de la muerte, la cual buscó insertarse en la sociedad venezolana en función de aquel forzado consenso de que matarnos es lo mejor. El experimento mutó y generó una fábrica de asesinos protegidos por la “sociedad civil” de Plaza Altamira.


En ese sentido, pensar en Lorent Saleh y en su deriva como futuro novato del año del paramilitarismo colombiano; a José Pérez Venta, militante de Voluntad Popular, descuartizando a Liana Hergueta simplemente porque un negocio no salió bien; o a Juan Requesens pidiendo a gritos una intervención militar contra su propio país o vinculándose a un plan de magnicidio; o a Daniel Ceballos y a Freddy Guevara dirigiendo asesinos en las calles e instigando a quemar chavistas, permite reinterpretar que lo que ocurrió en 2010 en México fue, en realidad, la inserción de un proyecto sociocultural para generar una fractura generacional irreconciliable entre quienes representan el futuro de la nación. Partir en dos al país pasa por fabricar una separación fratricida entre sus componentes juveniles.


Todos estos exponentes de la juventud antichavista y sus fanáticos más dedicados, producto de la agenda geopolítica que los aplastó culturalmente, ven en el chavismo, en su juventud y en quienes dirigen el Estado, un antagonismo irreconciliable que debe ser exterminado, tal cual ocurrió con Orlando Figuera, cuyo asesinato fue celebrado como el modo de gobierno que promete “La Mejor Venezuela” de Leopoldo López.

 

El chavismo sigue siendo la única apuesta seria, real, contra el exterminio soñado y financiado por la USAID.


Vector geoestratégico: Comando Sur, ejercicios, Haley y Mattis


En el primer informe especial sugeríamos que con el intento de magnicidio se buscaba precipitar, muy probablemente, un “vacío de autoridad” en el Estado, que acorde al extremismo de quienes fungen como interlocutores de la cuestión venezolana ante la Administración Trump, debía resolverse con una intervención militar para establecer un Gobierno de Transición y resolver la “crisis humanitaria”, encabezado por los múltiples presidentes en el exilio.


Esa hipótesis se abroga un rasgo de mayor realismo cuando en Panamá, durante la semana en que ocurrió el intento de magnicidio, se daba un ejercicio multinacional de 20 países, encabezado por el Comando Sur, con el objetivo de practicar operaciones de estabilización humanitaria. El guiño ha quedado claro.


El ejercicio multinacional, denominado PANAMAX2018, forma parte de una galería de enormes prácticas militares conjuntas que desde el año pasado vienen acentuándose, cada vez con menores intervalos de tiempo y con el blanco puesto en una “crisis humanitaria” ante la que hay que prepararse.


Pero la confesión que falta en la boca de los comandantes del Comando Sur, la dio la semana pasada la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien en un recorrido por la frontera colombo-venezolana exhortó a la comunidad internacional que debe aislar a Maduro utilizando como justificación la “crisis humanitaria”.


La fragilidad de la frontera y la acentuación de sus debilidades históricas y estructurales potenciadas por la GNC, a la luz de los ejercicios militares del Comando Sur y la declaración de Haley, puede ser interpretado como la fabricación de un teatro de operaciones para otorgarle rasgos de “necesidad” al planteamiento de que la “ayuda humanitaria” debe ingresar a la fuerza, lo cual tendría el aval y el apoyo automático de un Estado colombiano donde se estrena un títere del uribismo. Bajo el eufemismo de “rescatar a Venezuela” se encubre una geoestrategia para intensificar el cerco desde nuestra frontera marítima y territorial con Colombia.


Y allí las provocaciones paramilitares advertidas por el presidente Nicolás Maduro, como excusa para propiciar un conflicto bélico binacional, se posiciona nuevamente en la galería de recursos a utilizar.


Es por esta razón que, después del atentado contra Maduro, las coordenadas del conflicto se trastocan en sus cotas de peligro. El nivel de articulación mostrado entre el Comando Sur y las vocerías de la política exterior de Estados Unidos en este momento específico, pone en relieve la urgencia de mantener en cartelera la “urgencia de ayudar a Venezuela”, mientras la GNC precipita las condiciones de crisis y colapso social (elevando la afectación del sistema eléctrico y la coacción económica) que rellenen ese discurso.


El jefe del Pentágono, James Mattis, ha iniciado una gira por Latinoamérica. Durante su estadía en Brasil, conversó con las autoridades sobre Venezuela, sin ofrecer demasiados detalles a la prensa. Pero si bien esta gira debe seguirse con detalle, es un aspecto anterior el que le podría otorgar un sentido práctico, al menos en lo que respecta a lo específicamente venezolano. En lo geopolítico remarcó la “amenaza rusa y china en el continente”, un aspecto que también nos toca como frontera no conquistada por la Doctrina Monroe.


Desde que el presidente Donald Trump anunciara, en agosto del año pasado, que la “opción militar” no estaba descartada sobre Venezuela, el Congreso estadounidense, instancia desde la cual se ha emprendido la salvaje campaña de sanciones financieras, tomó cartas en el asunto.


En una primicia dada por Misión Verdad, mostramos cómo el Congreso había solicitado al jefe del Pentágono que incluyera en la ley del año fiscal 2018 un plan de contingencia ante una “crisis humanitaria” en Venezuela, tanto dentro como fuera de sus fronteras. El escenario de “colapso” dibujado por el reporte es de tales proporciones que Estados Unidos estaría obligado moralmente a intervenir.


El Comité de Servicios Armados le pidió al Pentágono alistarse para detener una convulsión generalizada que pudiera afectar a Brasil, Guyana, Colombia, Perú, entre otros países. Denominó a Venezuela como un “Estado fallido”, empleando una categoría lo bastante específica como para que Estados Unidos siga sosteniendo la opción militar sobre la mesa en un contexto donde la Administración Trump actúa al margen de la legislación internacional.


El uso del Estado fallido como una forma de representación de un conflicto extraterritorial, en varias oportunidades, ha sido usado por Estados Unidos para promover intervenciones militares que han terminado en desastres humanitarios.


La ley de presupuesto fiscal 2018 fue aprobada tomando nota de este reporte, por lo que, con respecto a Venezuela, la visita de Mattis podría ir en este sentido. Esto no significa, de forma mecánica, la inminencia de la intervención, sino probablemente la concatenación de múltiples objetivos, entre los cuales podrían destacarse la justificación presupuestaria, la intimidación a lo interno del alto mando militar y la aplicación de dispositivos “humanitarios” para mantener la “ayuda humanitaria” como un componente central de la presión internacional contra el país.


Vector político: el “Gobierno de Transición” y la vuelta a la inestabilidad


El intento de magnicidio busca reabrir un escenario de inestabilidad e incertidumbre para afectar sensiblemente el cuadro de paz política construido desde el año pasado. Por medio de ese reseteo, de forzarnos a volver al día anterior a la instalación de la Constituyente por diversos mecanismos, no solo se intenta posicionar nuevamente en la agenda la violencia como dispositivo político, sino también las agendas golpistas que subyacen al conflicto. Y llegamos al punto donde se cierra el espectro de posibilidades, y aunque presenten algunos matices, en su esencia todas plantean que es una acción de fuerza internacional la que derrocará al chavismo.


La más promovida por el antichavismo de extrema derecha es la instalación de un “Gobierno de Transición” al estilo libio. La idea parte, inicialmente, de una complicación legal y política: la intervención militar es difícil que se dé sin el aval del Consejo de Seguridad, donde Rusia y China, que tienen poder de veto, no darían su consentimiento.


La idea del “Gobierno de Transición” intenta replicar “la ruta libia”, que según algunos estadounidenses que asesoran al antichavismo no necesitaría del beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU. Un absurdo, ya que aún cuando se instaló un “gobierno en el exilio” reconocido por las potencias occidentales, requirió pasar por los canales del Consejo de Seguridad.


Pero en un contexto de deconstrucción y crisis sistémica del orden internacional liberal, existe una apuesta de que el sistema legal será llevado al límite y sin mediar en negociaciones geopolíticas con actores claves como Rusia y China, ambas potencias emergentes con enormes intereses en Venezuela. Estados Unidos invadiría bajo una cobertura humanitaria a petición de un “Gobierno de Transición” encabezado por el ex alcalde Antonio Ledezma.


Estados Unidos actualmente no se encuentra en una posición dominante a nivel geopolítico para emprender una campaña clásica de intervención militar, amparada en la ley internacional, que reproduzca automáticamente la experiencia libia. Por esa razón los esfuerzos van por la vía de la GNC.


Y justamente, empleando esa modalidad, el plan de asesinar a Maduro y precipitar una situación de caos insuperable, era la forma menos burocrática e incómoda para configurar un escenario de intervención sofisticada, “humanitaria”, con fuerza dosificada, presentada como “factor de orden” y de estabilización, que se apoyara en la “legitimidad de origen” de la Asamblea Nacional dominada por el antichavismo para superar el vacío constitucional, de mano de los notables que ya tienen su “Gobierno de Transición” en Miami y Bogotá.


Es exactamente en esa mecánica donde adquiría sentido la triangulación entre magnicidio, promoción de una intervención humanitaria y la entrada triunfal del “Gobierno de Transición”.
Vector militar: la última apuesta de 2018


A pocos días de la implantación de un conjunto de medidas que apuestan a estabilizar la economía, ni el “Gobierno de Transición” acompañado de una intervención humanitaria, ni el “juicio a Maduro” por el trucho “Tribunal Supremo en el exilio”, ni la campaña para enjuiciar al Presidente en la Corte Penal Internacional, así como tampoco una agenda de sanciones más salvaje ni la explosión social catastrófica, plantean, hasta los momentos, un nivel de suficiente maduración para lograr un socavamiento determinante del país y sus autoridades.


Y el tiempo aquí es crucial, en tanto y en cuanto un saldo mínimo de recuperación económica resultará en un anclaje de la legitimidad del chavismo, y en consecuencia un blindaje de sus bases y superestructura política.


En ese contexto, resurge la carta de la conspiración militar interna, a la que tantos esfuerzos le han dedicado funcionarios estadounidenses, desde el ex secretario de Estado Rex Tillerson, pasando por Marco Rubio y el ex encargado de negocios Todd Robinson, hasta las decenas de asesores outsourcing que ofrecen esa vía como aquella que debe seguir la oposición para cambiar de gobierno y retormar el poder político.


Probablemente las investigaciones que realiza el Estado venezolano podrían llevarnos a que el plan de magnicidio tuvo algún tipo de soporte a lo interno de la FANB, lo que aún está por comprobarse. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, confirmó el general Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano Hernández, se encuentran detenidos por sospechas de haber participado en el atentado.


Sin embargo, los momentos de alta conflictividad política que hemos vivido en tiempos recientes van emitiendo datos y tradiciones: cuando existe una presión excesiva que pone en juego la vida del país, la respuesta inmediata es la cohesión. Justamente las defecciones recientes han demostrado que no representan un espíritu mayoritario en una clave fundamental de nuestro proceso político: la unión cívico-militar.


El mes de agosto será crucial para delimitar con mayor claridad el terreno de juego en el que nos movemos y las condiciones en que llegaremos a 2019. Por lo pronto, tenemos al mismo Presidente que elegimos en el momento más duro que nos ha tocado vivir, pero que estamos viviendo.

 

15 agosto 2018

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Venezuela. Magnicidio televisado: la operación que no lograron

Quisieron asesinar a Nicolás Maduro. La operación fue realizada durante un desfile por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en el centro de Caracas. El presidente daba un discurso cuando dos drones cargado con material explosivo -habría sido C4- fueron interceptados. El estallido activó el mecanismo de seguridad presidencial y provocó un momento de dispersión del desfile. La transmisión televisiva fue cortada. Siete Guardias resultaron heridos.

La confirmación de lo sucedido vino por parte del ministro de comunicación y del mismo presidente. Explicó en cadena nacional los hechos, elevó la autoría intelectual del intento de asesinato a nivel internacional, señaló a Juan Manuel Santos como responsable. Colombia, la principal base de acción de los Estados Unidos (EEUU) en el continente, nuevamente en el centro del escenario.

La acción fue reivindicada por sus supuestos autores. Un comunicado fue leído desde Miami por la opositora Patricia Poleo, defensora de la tesis de que solo se podrá terminar con el chavismo mediante la violencia armada. La acción llevaría por nombre Operación Fénix, dirigida por oficiales, suboficiales, soldados activos y en reserva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) Desde otra cuenta de Twitter, @soldadosdfranela, también hubo una adjudicación del hecho, bajo una acción que habría sido civil y militar.

Fue un intento de magnicidio, como varias veces se había denunciado que podría darse, según planes descubiertos.

***

El hecho resultó sorpresivo, a la vez que era una posibilidad dentro de las lógicas/formas del conflicto en Venezuela. El repertorio de acción de quienes buscan terminar con el chavismo abarca todos los métodos: ataque/bloqueo sobre la economía, aislamiento y criminalización diplomática, cerco mediático, elecciones, golpe de Estado desde sectores de la Fanb, insurrección con despliegue paramilitar combinado con un quiebre militar, preparación de un escenario de intervención internacional conjunta.

La posibilidad electoral quedó descartada luego de la última victoria presidencial de Maduro, las hipótesis apuntaban y apuntan hacia intentos de fuerza por las tres vías: Fanb, grupos irregulares, internacional, una combinación de las formas.

Un repaso de los últimos meses indica que se habían desactivado intentos al interior de la Fanb, así como de grupos armados compuestos de civiles y desertores. En el primer caso un hecho notorio fue la desarticulación del Movimiento de la Transición al Pueblo en marzo de este año, que tenía epicentro en batallones claves de la Fanb, como el Batallón Ayala, en pleno Caracas. Otro fue la acción dada a conocer a posteriori por el portal Bloomberg, la Operación Constitución, que, afirmaron, debió haberse realizado antes de las elecciones presidenciales para impedir los comicios y secuestrar al presidente.

Un recorrido por los últimos tres años muestra cómo de manera periódica son desarticuladas tramas golpistas desde dentro de la Fanb, siempre con una conexión internacional, una triangulación principal EEUU-Colombia-Venezuela. 

En el segundo caso, grupos armados desarrollados por fuera de las Fanb, el hecho más notorio fue el de Oscar Pérez, quien había aparecido en julio del 2017 con un ataque con granadas desde un helicóptero sobre el Ministerio de Interior y Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia. Él, junto al grupo que lideraba, cayeron a principios de este año: estaban en su escondite con armas robadas en varias acciones militares -la última a finales del 2017- y dispararon contra los cuerpos de seguridad del Estado que fueron a detenerlos. Fue presentado como héroe y mártir por la prensa internacional.

Oscar Pérez murió, no así el intento de construcción de un brazo armado que tiene múltiples conexiones, en particular con el paramilitarismo infiltrado durante años que, entre abril y julio del año pasado, entró en acción y asaltó cuarteles militares, comisarías, pueblos enteros durante días.

El intento de magnicidio podría ser una combinación de ambas variables: desde dentro de la Fanb, así como con despliegue de los grupos entrenados y financiados para acciones de este tipo. Ya han comenzado a darse arrestos.

***

El hecho se dio en una etapa donde la derecha venezolana atraviesa una de sus más profundas crisis. Incapaz de volver a ponerse de pie luego de la derrota política que le implicó la Asamblea Nacional Constituyente hace un año y pocos días, ha perdido elección tras elección, y ahondado su falta de credibilidad dentro de su misma base social. Líderes sin liderazgo, unidades rotas, incapacidad de retomar las calles, de acertar en la estrategia.

Una acción de este tipo podría pensarse como desencadenante de otras en caso de lograr el objetivo, una oleada de voluntad ahí donde ha sido quebrada, una activación de asaltos ante el “vacío de poder” hasta acceder al Palacio de Miraflores. La derecha necesita un episodio que vuelque el curso de los acontecimientos que, de seguir así, anuncian la permanencia del chavismo en el gobierno por el tiempo que dure el mandato electoral. La hipótesis del estallido popular debido a la presión de las variables económicas es una posibilidad lejana, puede no llegar nunca. No pueden descansar en esa variable.

El intento de magnicidio no logró su objetivo. Fortaleció allí donde existían dudas: se había nombrado varias veces el intento de una acción de este tipo. Esta vez el lobo llegó.

Resulta clave comprender la lógica del conflicto para anticiparse a lo que pueda suceder. ¿Cuántas acciones similares a esta logró desactivarse antes de que se accionaran? El chavismo se enfrenta a una estrategia que combina todas las formas posibles de ataques, las que en otros países del continente aparecen solo en una o dos de sus dimensiones. En Venezuela golpean por asaltos, de forma conjunta, separada, por etapas, por todos los ángulos. Los drones sobre el presidente fueron una más, una alerta con alta carga simbólica.

Venezuela es el blanco número uno de los Estados Unidos en el continente. Su aliado subordinado principal es Colombia. Desde allí seguirán las preparaciones de ataques en un escenario donde ninguna posibilidad puede ser descartada. Todos lo vimos en pantalla.

*Sociólogo argentino radicado en Venezuela

 


 

Fracasa atentado contra Maduro. Francotiradores abatieron dos drones

 

Caracas

 

El presidente Nicolás Maduro salió ileso de un atentado con drones que detonaron explosivos durante un acto con militares en Caracas, en el que que siete uniformados resultaron heridos. Tres horas después del atentado, Maduro, en un mensaje televisado, denunció que su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, estaba detrás del intento de asesinato, además de la ultraderecha de su país y grupos con sede en Florida, Estados Unidos.

El autodenominado grupo Operación Fénix, supuestamente formado por militares en activo y en reserva opuestos al gobierno de Maduro, se atribuyeron el atentado en un comunicado enviado a medios de comunicación. En Twitter se publicó un mensaje en que un grupo lamentó haber fallado en este intento, pero prometió lograr su objetivo en el futuro.

El incidente ocurrió a las 17:41 horas en la avenida Bolívar, mientras Maduro dirigía un discurso a más de 17 mil soldados de la Guardia Nacional Bolivariana con motivo de un aniversario más del cuerpo.

El mandatario, ya en la residencia presidencial, tres horas más tarde, aseguró: Han intentado asesinarme el día de hoy, y responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente colombiano saliente Juan Manuel Santos de estar detrás del hecho.

Bogotá rechazó la denuncia de Maduro, al afirmar que dicha acusación no tiene base. El presidente (Santos) está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros, dijo a periodistas una fuente de la presidencia colombiana.

Maduro agregó que algunos de los responsables del atentado están en Florida, en Estados Unidos, y dijo que espera que el presidente Donald Trump colabore en combatir a grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios.

Atribuyó el atentado al desespero de la derecha por las medidas económicas que anunció la semana pasada sobre la reconversión monetaria, que implicará la eliminación de cinco ceros al bolívar, a partir del 20 de agosto, y la derogación de la ley sobre ilícitos cambiarios para flexibilizar operaciones con divisas, restringidas desde hace 15 años.

Si algún día me hicieran algo tendrían que verse esa derecha las caras con millones de humildes, de obreros, de campesinos, de soldados en las calles haciendo justicia por su propia mano, indicó Maduro al asegurar que sólo él es garantía de paz en Venezuela.

Las fuerzas armadas venezolanas recibieron la orden de mantenerse en máxima alerta en la frontera. El mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, quien deja el poder en tres días, aseguró recientemente que ve cerca la caída de Maduro.

Tras su mensaje, Maduro envió un mensaje por Twitter: Finalizando el hermoso acto de lealtad de nuestra heroica Guardia Nacional Bolivariana intentaron asesinarme. Gracias al escudo protector del pueblo y la bendición de Dios he salido ileso y me encuentro de pie y victorioso. Listo para seguir en batalla por la paz y la tranquilidad de Venezuela.

Tras reconocer el fracaso del proyecto económico de su gobierno hace unos días, Maduro anunció medidas para una reconversión monetaria que impulse el crecimiento del país y, precisamente, sobre estas medidas hablaba durante el acto ante la Guardia Nacional cuando se escucharon las explosiones. El jefe de Estado estaba acompañado por su esposa Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En imágenes de televisión se ve cómo Maduro deja de hablar mientras las cámaras cambian de toma y enfocan a la formación militar mientras Flores parece sorprendida. En la última imagen registrada, los soldados formados en el grupo más cercanos al presidente rompieron la formación y corrieron a un lado. Los micrófonos captaron gritos de personas y luego la transmisión fue suspendida.

Fotografías muestran al mandatario siendo rodeado y cubierto por sus escoltas que lo sacaron ileso del recinto y lo trasladaron a la residencia presidencial. Siete uniformados presentes en el acto resultaron heridos por las explosiones.

Las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a varios artefactos voladores de tipo dron, que contenían una carga explosiva, que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zona del desfile, afirmó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Miembros de los cuerpos de seguridad dispararon contra los drones y los hicieron estallar en el aire, explicó Rodríguez, quien informó además que ya hay detenidos por su probable participación en el atentado. Medios de prensa informaron también que se investigará una camioneta blanca que se encontraba en las inmediaciones del acto militar y que se retiró poco después de que aparecieran los drones.

Antes del incidente, Maduro aludió a dos apagones que esta semana paralizaron Caracas, los cuales atribuyó a presuntas acciones de sabotaje, aunque los trabajadores dijeron que la causa fue la falta de mantenimiento. También se refirió al censo automotor que comenzó el viernes en el país, y advirtió que quienes se nieguen a registrarse quedarán fuera de las políticas oficiales para comprar gasolina subsidiada.

 

Operación Fénix pide restaurar la democracia

 

A las ocho de la noche, la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, difundió en su noticiario televisivo un comunicado a nombre de Operación Fénix, grupo supuestamente formado por soldados activos y en reserva que buscan cumplir su juramento de defender al país y a su pueblo del presidente y las instituciones a quienes consideran ilegítimas y dañinas para la nación. El grupo propone derrocar al actual gobierno y formar una junta militar que vigile un proceso de transición para restaurar la democracia en el país.

El comunicado agrega que, al constatar que buena parte del gobierno y sus autoridades han dejado de observar la Constitución y sus normas tanto en el ejercicio del poder público como en el respeto de derechos de los venezolanos, el grupo ha decidido intervenir con el fin de cumplir su deber como militares, en cumplimiento al artículo 333 de la Carta Magna.

El comunicado agregó que su deber es devolver al país a la prosperidad y felicidad, y esto no es posible si los venezolanos “sufren hambre, no tienen medicamentos, la moneda no tenga valor, la educación no enseñe... sino que adoctrine sobre el comunismo, se violen los derechos humanos, se use la estructura nacional para operaciones de narcotráfico y terrorismo… En fin, que el país siga secuestrado.

Es contrario al honor militar a quienes no sólo se han olvidado de la Constitución, sino que han hecho de la función pública una manera de enriquecerse y envilecerse, aseveró el comunicado, que concluye con un llamado a la población venezolana a salir a la calle para apoyar al movimiento militar y consolidar la toma del poder hacia la formación de una junta de transición.

Por otro lado, un supuesto grupo autodenominado Soldados de Franela, puso un mensaje en Twitter en el asumió la responsabilidad del atentado y aseguró que su plan era sobrevolar dos drones cargados con explosivos C4, pero francotiradores los derribaron antes de lograr su objetivo. Demostramos que son vulnerables, dice el mensaje. No se logró hoy, pero es cuestión de tiempo.

Los gobiernos de Cuba, Perú, Panamá, entre otros, manifestaron su condena al intento de asesinato a Maduro.

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Masacre en Centro Andino: ¿De quién es la autoría? ¿De la ultraderecha santista?

Es inmensa la consternación entre los colombianos por la masacre ocurrida en uno de los baños del Centro Andino de Bogotá, en la que murieron varias jóvenes inocentes y apenas iniciando sus vidas.


El episodio nos regresa a los peores momentos de la violencia endémica que carcome a la sociedad nacional desde hace décadas como consecuencia de la absurda manera como las criminales elites oligárquicas nos imponen su privilegios y arbitrariedades.


En momentos en que se hacen esfuerzos para poner fin a un largo ciclo de violencia social y armada, reaparece esta problemática con sus crueles manifestaciones como para recordarnos las imperfecciones de los recientes acuerdos de paz firmados desde noviembre del 2016 en Bogotá entre el señor Santos y Timochenko el de las Farc.
Como se trata de un acontecimiento de grandes implicaciones y repercusiones, el gobierno está manipulando y haciendo circular diversas hipótesis sobre la autoría de tal evento sangriento en el que perecieron tres mujeres muy jóvenes.


En principio hay un abusivo monopolio santista de la verdad criminalística con evidentes tintes políticos como no podría ser de otra manera.


Los altos círculos del gobierno, y el santismo de los usufructuarios del poder (E incluyo cierta izquierda en plan de conciliación neoliberal), han dejado circular interpretaciones que los grandes medios de comunicación, aferrados presupuestalmente al Estado, plantean en los siguientes términos:


Primero. Se trata de un acto desestabilizador de la ultraderecha ligada al uribismo, empecinado en el fracaso de la paz. Tesis muy débil si se tiene en cuenta que el Centro Democrático ha ganado mucho espacio político con su pertinaz oposición al actual gobierno, colocándose en óptimas condiciones para que uno de los suyos sea el próximo Presidente de la Republica. Ni tontos que fueran para embarcarse en tremendo error.


Segundo. Se trata de una acción de los Elenos empecinados en mantener el ejercicio de la violencia a toda costa. Algo bien improbable si se tiene un conocimiento completo de los avances de los diálogos que se adelantan en Quito entre los delegados del gobierno y los representantes de la guerrilla camilista. Ni bobos que fueran como para dañar la más consistente experiencia de negociaciones políticas con resultados tangibles y concretos para las demandas históricas de dicho movimiento histórico de la resistencia popular colombiana.


Tercero. Los del Clan Usuga tampoco parecen ser los autores, pues hasta su plan pistola contra la policía lo cancelaron después de hacer recientemente arreglos con los jefes policiales acantonados en Uraba, Córdoba y el Choco. Puro cuento de analistas trasnochados.


Cuarto. La disidencia de las Farc localizada en el Guaviare también se sugiere como la responsable de dicho evento, conjetura poco solida si se tiene en cuenta que esa es una estructura muy débil y errática cuya prioridad aparente es el negocio de la coca.


Quinto. La tesis de que los autores son los integrantes de un Movimiento Revolucionario del Pueblo-MRP organizado en triadas y con disciplinada compartimentación, parece ser un novelón de los servicios de inteligencia del gobierno para estigmatizar a la Universidad Nacional como lo ha denunciado el Rector Mantilla y para apalancar un chivo expiatorio que se utilizara para montar la correspondiente cacería de brujas con atropellos y arbitrariedades muy comunes en los servicios policiales del Estado colombiano, como lo sabemos desde los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, que las investigaciones de años demostraron fueron planificadas y realizadas por los directores del Das, como Maza Marquez y otros. ¿Cuánto de eso no se repetirá ahora con estas investigaciones carentes de profesionalidad científica?


Sin embargo, un análisis más fino del actual contexto político puede llevar a pensar que detrás de todo esto hay una “ultraderecha santista” que deambula por los servicios de inteligencia del Estado sin control, haciendo todo cuanto se les venga en gana para imponer los objetivos de la camarilla dominante en el Estado. Esa facción ha entrado en pánico en vista del grave deterioro de la gobernabilidad y legitimidad del régimen dominante.


Hay varios elementos que se deben considerar al hacer las reflexiones correspondientes.


Tales asuntos se refieren a los siguientes fenómenos:


Primero. El descomunal desprestigio del señor Santos cuyas cifras de aceptación entre la ciudadanía han caído de manera severa. Solo 12 de cada 100 colombianos tiene buena imagen del presidente según las más recientes encuestas.


Segundo. Hay una demoledora recesión económica con evidentes impactos fiscales, sociales y estratégicos en la supervivencia del régimen de poder.


Tercero. El proceso de paz con las Farc no ofrece resultados tangibles para millones de personas, pues el señor Santos y sus asesores redujeron la terminación del conflicto a una mera dejación de las armas a cambio de toneladas de papel con leyes y decretos absolutamente inútiles e ineficaces. Lo único cierto es que la paz santista es un plan para remozar el modelo neoliberal en su nueva fase extractivista y agroindustrial, en perjuicio de más de 13 millones de campesinos para los cuales el acceso a la tierra y la titulación de los predios seguirá siendo una entelequia.


Cuarto. La indignación y rebelión de las masas ciudadanas ha crecido de manera notoria en los meses recientes mediante la huelga de los educadores y los paros cívicos del Choco y Buenaventura, cerrados con grandes conquistas populares; anunciándose para el mes de agosto un gran Paro cívico nacional con la parálisis de todas las actividades en el territorio nacional.


Quinto. La realización de una Constituyente comunal en Venezuela ha incrementado la conspiración santista contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ocasionando grandes tensiones entre los dos Estados. La oligarquía bogotana siente pasos de animal grande con los cambios que se anuncian en Caracas para profundizar la democracia revolucionaria y avanzar en la construcción del socialismo.


Este cuadro sociopolítico le tiene los nervios de punta a los núcleos más retardatarios y violentos del gobierno del señor Santos y es una pista que se debe explorar para llegar a la verdad sobre los responsables de la masacre que entristece a la ciudadanía.


Desde la sociedad civil es necesario demandar una investigación independiente que arroje resultados muy rápidos para evitar mayores manipulaciones del agónico régimen neoliberal.

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