El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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Sábado, 04 Abril 2020 06:04

Perú legaliza la impunidad

Perú legaliza la impunidad

Policías y militares eximidos de toda responsabilidad si abren fuego contra civiles

 

En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergenci y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. 

Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. 

El nuevo Parlamento, donde ya no domina el fujimorismo, pero otros partidos de derecha son mayoría y el presidente Vizcarra no tiene bancada porque no tiene partido propio, decidió estrenarse promulgando esta ley. El argumento fue que al no haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso quedaba habilitado para ponerla en vigencia. Así lo hizo, para escándalo y preocupación de muchos.

El presidente peruano hace presentaciones televisadas diarias  junto a sus ministros en las que responde preguntas enviadas por internet. Un pregunta fue sobre esta ley y sus consecuencias de impunidad en violaciones a los derechos humanos. Vizcarra evadió el asunto y pasó la palabra a su primer ministro y a su ministro de Justicia. Ambos coincidieron en hacer algunos “cuestionamientos técnicos” a la ley en poner el énfasis en respaldar a las fuerzas de seguridad. “Existe un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y la policía a los derechos fundamentales”, dijo el titular de Justicia, Fernando Castañeda, tratando de sonar convincente. Palabras que los hechos de la historia reciente no respaldan. Todo lo contrario.

Las fuerzas armadas han tomado las calles junto a la policía para vigilar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, que se inició el 16 de marzo y debe concluir el 12 de abril, y del toque de queda, que ahora va de seis de la tarde a cinco de la mañana. En veinte días de cuarentena hay más de 40 mil detenidos por violar la restricción de salir. Hasta ahora no ha ocurrido ningún caso de algún herido o fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que sí ha habido son denuncias de abusos a detenidos.

Un caso de abuso especialmente notorio ha sido el de un capitán del ejército que golpeó repetidamente en el rostro a un muchacho que fue detenido en la calle, mientras lo insultaba y amenazaba a gritos. La agresión se conoció por la difusión de un video. El gobierno reaccionó separando del patrullaje al oficial. Pero días después, en declaraciones a un medio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, salió en apoyo del capitán, justificó el abuso cometido y anunció que el oficial sería repuesto para volver a las calles. En el gobierno hubo silencio. Las fuerzas armadas han difundido un amenazante video en el que recuerdan que están autorizadas a usar sus armas.

Esta ley que abre las puertas para los abusos y la impunidad se ha metido cuando toda la atención y el temor están puestos en el avance del coronavirus. Los contagios llegan a 1595 y las muertes a 61. La curva se acelera hacia arriba. En los últimos tres días los nuevos casos sumaron 530. El presidente Vizcarra ha admitido que hasta ahora la cuarentena no ha dado los resultados esperados, pero ha asegurado que sin ella la situación sería mucho peor. Los expertos coinciden con eso. Frente a esta situación, el gobierno ha reforzado las restricciones y ha anunciado que se endurecerán las acciones para hacerlas cumplir. 

Desde ayer se ha separado por género las salidas permitidas para comprar alimentos, medicinas o ir al banco: los hombres lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado. Los domingos no sale nadie. Todos los que salgan ahora están obligados a usar mascarillas para cubrirse la boca y nariz. Con estas nuevas medidas se espera bajar el crecimiento de los contagios, que si continúa al ritmo actual en unos diez días podría rebasarse la capacidad del precario sistema de salud.

Siempre ha habido sectores que apuestan por la represión como solución a todo. Pero con el miedo por el Covid-19 encima, los aplausos -y también los silencios- suicidas por esta ley de gatillo fácil se sienten con más fuerza que en otras circunstancias. El presidente Vizcarra ha dejado peligrosamente abierta la puerta a la posibilidad de que las fuerzas armadas sigan en las calles después que se levante la cuarentena por el coronavirus. 

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Sábado, 04 Abril 2020 05:59

Pregunta incómoda

Pregunta incómoda

El presidente Vladimir Putin logró en tiempo récord la aprobación de una controvertida reforma constitucional, y cuando se hizo evidente que era indispensable posponer la votación popular del 22 de abril, con la que se pretende legitimar su intención de perpetuarse en el poder, optó por ceder a otros el riesgo de encabezar la batalla cotidiana para vencer la pandemia del nuevo coronavirus.

Dirigió, desde luego, dos mensajes a la nación para ofrecer a todos los rusos una buena noticia –hasta ahora, y mientras aguanten las reservas, 37 días de asueto con goce de sueldo– y ha celebrado algunas videoconferencias para escuchar lo que hacen o sugieren los subordinados, confinado como está en su residencia de Novo-Ogoriovo.

Al mismo tiempo, Putin no quiere que su nombre se asocie con las decisiones inevitables que hay que tomar para frenar la propagación del Covid-19 y que tendrán un alto costo económico, el cual –agravada la situación por el dramático desplome de los precios del petróleo, provocado por un error de cálculo de su primer círculo– va a golpear a amplios sectores de la población.

Los responsables, desde la óptica de los operadores políticos del Kremlin, deben ser el primer ministro de Rusia y los gobernadores de las entidades de la Federación, sobre todo el alcalde de Moscú, la megápolis más grande del país, en quienes Putin delegó parte de sus facultades como mandatario.

Se entiende que la élite gobernante debe cuidar al pilar que sostiene sus privilegios, pues cuando éste falte, el régimen que se creó en torno a su persona, cual castillo de naipes, se va a desmoronar tan rápido como cayó el Muro de Berlín en 1989.

Entretanto, el bajo perfil que se recetó Putin en esta crisis epidemiológica para no dañar su imagen plantea una pregunta incómoda que puede incidir negativamente en su futuro como mandatario que se cree incontestable: ¿acaso no es una paradoja dotarse de facultades casi ilimitadas para, al surgir el primer momento adverso, cederlas a diestra y siniestra?

La respuesta que circula aquí por teléfono y por las redes sociales –donde todavía es posible el intercambio de opiniones a distancia– no resulta favorable a quien espera que su popularidad, por no tener que dar las malas noticias, se mantenga pese a los estragos que causa el Covid-19.

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Sábado, 04 Abril 2020 06:26

El miedo, el Covid-19 y un virus peor

El miedo, el Covid-19 y un virus peor

Las emociones son de las pocas condiciones que le son comunes a todas las personas, más allá de sus determinaciones sociales e históricas. El miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, por sólo mencionar algunas emociones básicas, no tienen distinción de raza, clase o sexo, las sienten igual el niño que el viejo, el europeo que el africano, la mujer que el hombre. Son comunes, en tanto, son sensaciones que responden a los estímulos externos que nos envuelven en la cotidianidad.

No obstante, si bien las emociones las pueden sentir todas las personas, su contenido tiene grandes variaciones de grupo a grupo y de condición social a condición social, es decir, la experiencia emocional esta condicionada por el tipo de sociedad y por la trayectoria sociohistórica del sujeto que la experimente.

El miedo, en tanto emoción es una respuesta a la percepción de peligro inmediato, pero también la anticipación a un mal posible; en ambos casos la amenaza excede la posibilidad de control de las personas implicadas. Hoy, esa incontrolable emoción llamada miedo, tiene un origen común a escala global; el Covid-19. Esta pandemia que hace pocos días era un “problema de los chinos”, sin mayor importancia para el resto del mundo, ha acelerado la crisis sistémica que traía el mundo poniendo en jaque a los sistemas sanitarios de variedad de países, pero también a los mercados financieros e incluso a los sistemas civilizatorios y formas de relacionamiento que conocemos.

Pero ¡ojo! El hecho que el miedo producido por el Covid-19 sea generalizado, no implica que la experiencia social e individual ante el fenómeno sea la misma. Como lo plantea la socióloga Margarita Olvera, sentir miedo es algo “innato”, pero la intensidad y el tipo de miedo dependen de las relaciones y condicionamientos sociales en los que el ser humano está inmerso, así como de la historia de las mismas. En esa medida, ante el peligro inmediato conocido por el mundo con el nombre de Covid-19, pero que representa mucho más que un riesgo biológico mundial, no se puede esperar, por parte de las personas, un tipo de reacción apegada a un manual universal. La experiencia del miedo no es igual en una persona con tranquilidad económica que en una que resuelve su día a día vendiendo dulces en las plazas de cualquier metrópoli del llamado “tercer mundo”, en este caso, es absolutamente diferente tanto la absorción de la emoción como la respuesta al estimulo.

El sociólogo Norbert Elias argumentó en su momento que ante la percepción de peligro el organismo humano se prepara para movimientos rápidos, la digestión disminuye y el corazón palpita más rápido, más sangre irriga los músculos y el esqueleto se prepara para que brazos y piernas estén listos para huir o para pelear, es decir, hay una respuesta instintiva y visceral al estimulo. En la coyuntura actual tal respuesta instintiva al estimulo se expresa en las personas que salen a “(re)buscar” el dinero que les permita pagar el alquiler y la comida mientras pasan las medidas de cuarentena decretadas por los gobiernos. Ellos salen y rompen la norma, violan la Ley, aunque esto les pueda costar el contagio del virus, una multa e, incluso, palizas por parte de las autoridades, y hasta la prisión según las últimas medidas adoptadas en muchos países. Esa respuesta al estimulo por parte de las personas empobrecidas, puede explicarse al considerar que el virus, en tanto fenómeno biológico y mediático, sigue siendo más lejano para ellos que el miedo al hambre, un miedo mucho más cercano, no sólo en la actual coyuntura, sino durante toda su vida.

La respuesta instintiva también se evidencia en el ciudadano con posibilidad económica para asumir la cuarentena, quien, ejerciendo una obediente ciudadanía, se queda en casa y llama a la gente a quedarse en casa, pero, con acceso informacional a todo el mundo funciona como un ciudadano hiper-conectado e hiper-informado, y a su vez un ciudadano hiper-exaltado e hiper-temeroso, lo que lo hace susceptible a responder violentamente contra las personas que salen a la calle, sin importarle las razones que los motivaron a salir. Si para evitar que salgan a la calle se deben tomar medidas totalitarias y violentas por parte de los gobiernos, bienvenidas sean, pues la consigna es “¡Quédate en tu puta casa!” No importa en que condiciones o si no tienes casa, quédate en tu puta casa –para que no me pongas en riesgo.

Así, lo que en comerciales de televisión y vídeos replicados por personalidades de la farándula en todo el mundo parece un sencillo llamado a cuidarnos, se convierte en una bomba de tiempo en países empobrecidos, en donde no existen ni se generan condiciones económicas y psicosociales para el encierro, máxime si se comprende que el miedo, como cualquier otra emoción, pocas veces se experimenta sin estar asociada a otras emociones, sentimientos y acciones, en ese sentido, se pueden presentar formulas como: miedo y xenofobia, expresadas por ejemplo en comentarios de personalidades públicas de Colombia y España, y replicado por ciudadanos del común, que indican que se debe priorizar la atención sanitaria y social a los ciudadanos nacionales y “no gastar la capacidad pública en inmigrantes”; miedo y violencia domestica, llegando a extremos como los vistos en la ciudad de Cartagena con un triple feminicidio en pleno confinamiento; miedo y clasismo, expresado en las agresiones verbales y la furia generalizada contra las personas que, empobrecidas, se aglomeran en las afueras de las sedes de gobiernos pidiendo ayudas, o salen a vender sus productos a las calles.

Así, el Covid-19 se convierte en un monstruo de muchas cabezas: con una acelera la crisis acumulada en los mercados financieros, avisando que la recesión es inminente y que la economía no será la misma luego de que pase la pandemia; con otra aterroriza a las personas que más que al contagio temen al precario sistema de salud y por eso prefieren quedarse en casa; una más, ataca a los más vulnerables entre los vulnerables, a aquellos que le temen al contagio y al sistema de salud, pero mucho más a no tener con que comer, razón por la que se arriesgan a salir a las calles para ganarse el sustento diario; pero, además, al Covid -19 le queda una cabeza para ocuparse de los “ demócratas”, pues la necesidad de controlar la propagación lleva a que quienes defendían a rajatabla las libertades civiles se refugien en el autoritarismo y pidan medidas “duras” para combatir el miedo.

Hoy, en todo el mundo, millones aplauden medidas policivas y restrictivas de la libertad para combatir la crisis del Covid-19, piden que las fuerzas militares patrullen las calles, que haya cárcel para los que no se queden en casa. En países como Perú, ya eximieron de responsabilidad a los militares que maten o hieran a personas mientras patrullan en las calles. Hasta los más libertarios, movidos por el miedo, piden “mano dura” contra las personas que violen la cuarentena.

Sin embargo, ni el miedo al virus ni el miedo al castigo de las autoridades, conseguirán que los empobrecidos se encierren a morir de hambre en sus propias casas, esto enfrenta al mundo, sobretodo a las periferias del mundo como Colombia, a una complicada realidad: los que temen al hambre saldrán a la calle a pesar de todas las medidas que tome el gobierno, mientras los que temen al virus, pedirán a toda costa que se endurezcan las medidas contra los primeros.

Así, ante un mundo que no será el mismo después de la pandemia, ante una sociedad que se encuentra en transición hacia un nuevo estadio difícil de predecir, cobra relevancia la frase de Gramsci, según la cual, “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos". Esos monstruos ya no serán virus biológicos devenidos en pandemia, puede ser algo peor, algo ya vivido en la historia de la humanidad y que produjo más muertos que los generados por el Covid-19; ese nuevo monstruo podría ser el viejo y conocido virus del fascismo. “Pandemia” que, a diferencia del Covid-19 o cualquier otro virus conocido, no sólo produce miedo y muerte, sino que vive y se nutre de él.

Por Juan David Muñoz Quintero, sociólogo, integrante del Centro de Estudios de Opinión –CEO- de la Universidad de Antioquia

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Sábado, 28 Marzo 2020 06:55

El irresistible retorno de los militares

El irresistible retorno de los militares

Bolsonaro en la cuerda floja

“Bolsonaro no gobierna más y Brasil vive una desobediencia civil”, escribió el columnista Merval Pereira en la edición del 26 de marzo del diario O Globo. No es cualquier periodista ni cualquier medio. Perteneciente a la cadena Globo, O Globo es el diario de mayor circulación de Brasil y Pereira es uno de los periodistas más cercanos a la familia Marinho, propietaria de la cadena.

 O Globo apoyó el golpe de Estado de 1964, mantuvo estrechos lazos con todos los gobiernos militares y fue opositor al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Por eso, sus críticas a Bolsonaro pueden tomarse como un termómetro de lo que piensa el gran empresariado brasileño.

En rigor, el aún presidente de Brasil, o “antipresidente” como lo bautizó la periodista Eliane Brum, nunca tuvo una posición confortable.

Desde los primeros meses de 2019, apenas asumió la presidencia, fue el vice Hamilton Mourao, ex general de línea dura, el encargado de zurcir los desgarros diplomáticos que provocaba la incontrolable verborrea de Bolsonaro.

Pereira sostiene que el presidente “está aislado por propia elección”. En efecto, rompió con su propio partido, el PSL, con el que llegó al gobierno, con el Congreso, con todos los gobernadores y, por si fuera poco, con el principal cliente comercial de Brasil, China.

Pero el dato más novedoso, disparado directamente por la banalidad en el manejo por el presidente de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, es lo que Pereira denomina como “un movimiento de desobediencia civil instalado en el país”.

A mediados de marzo comenzó una cadena ininterrumpida de cacerolazos en las mayores ciudades, en respuesta a la minimización presidencial de los impactos del coronavirus.

Bolsonaro dijo que la crisis “pasará en breve”, que es apenas “un resfriadito” y que no ve motivo para cerrar las escuelas pues el impacto principal es con los mayores de 60 años.

Más bruto aún: “El brasileño bucea en las alcantarillas y no le pasa nada”.

Fue un golpe al mentón a la credibilidad de las clases medias urbanas en la ciencia, en las recomendaciones de aislamiento social de la OMS y en lo que vienen haciendo los gobiernos del mundo.

El ruido de las cacerolas

En Sao Paulo, por ejemplo, los cacerolazos se produjeron en los mismos barrios de clase media donde Bolsonaro obtuvo casi un 80 por ciento de los votos 18 meses atrás.

A mi modo de ver, los cacerolazos alertaron a la mayoría del empresariado, a los grandes medios y a un sector de las fuerzas armadas, sobre la gravedad de la situación.

Incluso un medio tan conservador como O Estado de Sao Paulo, cercano a las fuerzas armadas, editorializó el mismo 26 marzo, en tono incendiario: “El presidente parece desear ardientemente la confrontación –con los gobernadores, con el Congreso, con los medios y hasta con miembros de su propio gobierno ̶ para crear un clima favorable a soluciones autoritarias”.

El diario llama a los brasileños a “desconsiderar totalmente lo que dice el jefe de Estado”, en particular su insólito llamado a romper la cuarentena y volver a la “normalidad”. Se especula con que puede llegar a disolver el Congreso e instalar un gobierno dictatorial.

Un día antes, el martes 25, el diario Valor Económico, portavoz de los intereses financieros e industriales, vinculado a Folha de Sao Paulo, el otro gran medio brasileño, publicó una columna titulada “Carta de renuncia”, firmada por la periodista María Cristina Fernández.

En ella aparece un dato fundamental. Se estaría articulando una “salida elegante” de Bolsonaro, en la que estarían de acuerdo incluso los militares, a cambio de la amnistía a sus hijos, Carlos, Eduardo y Flavio, conocidos como 01, 02 y 03.

Asoma un general

Los tres pueden ser acusados por diversos delitos ante la justicia, incluso del asesinato de Marielle Franco, por el estrecho contacto que Flavio tenía con los asesinos (El País, 9 de febrero de 2020).

El gran vencedor de esta pulseada sería el vice Mourao, quien días atrás tomó distancia de las declaraciones del presidente sobre el coronavirus, y de ese modo quedó en posición de convertirse en su sustituto.

Una de las claves la dio el gobernador de Goiás, Ronaldo Caidado, del derechista DEM, un aliado de primera hora del presidente que ahora lo acusa de irresponsable y de “lavarse las manos responsabilizando a otras personas por un colapso económico”.

“Un estadista tiene que tener coraje suficiente para asumir las dificultades”, sentenció Caiado.

Es exactamente el perfil de Mourao. Férreo defensor de la dictadura militar (1964-1985), Mourao fue separado del Comando Militar del Sur, uno de los más poderosos del país, por las críticas públicas que hizo en 2015 al gobierno de Rousseff.

En 2017, cuando gobernaba Michel Temer, pidió una “intervención militar” que acabase con la corrupción de la clase política en Brasil (La Nación, 6 de agosto de 2018).

En medio de la crisis, el Comandante del Ejército, general Edson Leal Pujol, publicó un video dirigido a los militares en el que asegura que el combate al coronavirus “puede ser tal vez la tarea más importante de nuestra generación”.

Mirar hacia atrás para mirar hacia adelante

Militares que en la década de 1960 consideraron que su principal tarea era el combate al comunismo, se prestan ahora a retornar al poder con la excusa, igualmente precaria, de “salvar al pueblo y a Brasil”.

Si la crisis política se encaminara hacia un gobierno presidido por el general Mourao, estaríamos ante una paradoja: 35 años de democracia electoral desembocaron en el retorno completo de las fuerzas armadas al gobierno, que ya cuentan con más de cien de los suyos en los escalones más altos de la administración.

Sería algo así como un “gobierno militar democrático” para gestionar un “Estado policial digital”, un modelo que se está probando exitoso para los intereses del 1 por ciento más rico durante esta crisis sistémica.

El desafío, y el problema, es que Brasil suele marcar tendencias en el continente.

Los trabajadores y los sectores populares deberemos re-aprender a luchar en condiciones de represión, control policial-militar de la sociedad y de precariedad material en la vida cotidiana.

Un retorno a la década de 1960, cuando organizarse implicaba riesgos que sólo podían afrontarse con fraternidad, solidaridad e integridad ética.

Por Raúl Zibechi27 | 03 | 2020, 14:31

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Por el coronavirus se postergan las elecciones en Bolivia

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Bolivia anunció la postergación de las elecciones presidenciales del 3 de mayo a causa del avance del coronavirus, que en ese país registró 19 casos hasta el momento. La nueva fecha no fue anunciada porque, según especificó la resolución, se consensuará con todos los partidos políticos.

La medida fue tomada a solo 24 horas de que comience a regir en ese país la cuarentena obligatoria, dispuesta por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y en momentos en que el Movimiento al Socialismo (MAS), del presidente depuesto Evo Morales, analizaba qué postura adoptar sobre los comicios en un plenario celebrado en La Paz.

El presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que lo que aceleró la resolución fue la cuarentena obligatoria por 14 días para frenar la propagación del COVID-19. En diálogo con agencias internacionales, el funcionario aclaró que la nueva fecha para elegir al sucesor de Evo Morales tras el golpe de Estado en su contra salga de un diálogo con las principales fuerzas políticas en base a criterios de “imparcialidad”, para no beneficiar ni perjudicar a ninguna de ellas.

"Criterios técnicos y científicos sólidos", dijo y anticipó que el Parlamento de ese país deberá hacer formalmente una nueva convocatoria. "Sabremos resistir el embate de la pandemia y también organizaremos un proceso electoral limpio y transparente", remarcó Romero.

Antes de conocerse la decisión del TSE, Evo Morales -quien reside en la Argentina- había anticipado que el MAS llevaría a ese diálogo una propuesta de unidad de la oposición, acompañada de un reclamo de un plan de emergencia enfocado no sólo en la sanidad sino fundamentalmente en la economía, como forma de lograr la unidad para enfrentar esta epidemia global, porque, aseguró, “la pandemia no tiene color ni ideología”.

El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien lidera las encuestas de intención de voto, encabezaba hoy la reunión partidaria que se celebraba en La Paz.

Morales anticipó la postura de su partido: “Antes que estalle esta pandemia, la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión”, aseveró y aseguró que “permanentemente se comenta en la sede del gobierno en La Paz que va a haber autogolpe, que Áñez le va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta”, de modo que “esta pandemia les llega como anillo al dedo”, agregó Morales.

No obstante, puntualizó que “todos los bolivianos y las bolivianas tenemos la obligación de atender y aplicar las recomendaciones de los expertos, de los científicos nacionales e internacionales, que sienten que es importante el adiestramiento social preventivo y obligatorio, porque menos circulación, menos traslados, menos contacto es menos contagio”.

“Tenemos la obligación primera de salvar la vida, como de defender la vida. Seguramente será esto lo que nuestros compañeros reunidos van a plantear mañana. Pero no solamente poder sumarnos a la cuarentena sin una propuestas de una emergencia alimenticia, económica y social”, anticipó.

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:41

Estado de sitio

Estado de sitio

"El ambiente de este país es bélico, se siente en la calle", me dice Mónica González, la periodista chilena ganadora del premio a la excelencia García Márquez, que ha venido a Managua para participar como jurado de los premios de periodismo que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y le sobra razón.

La ceremonia se ha celebrado bajo acoso, con escuadrones de policías antimotines apostados en las afueras del local, y los invitados entrando de a poco, escondiéndose de las cámaras de los teléfonos celulares de los oficiales de policía, o de los agentes de civil.

El número de fuerzas policiales ha aumentado en más de 5 mil efectivos desde que estalló en abril de 2018 la rebelión popular que congregaba cada día a centenares de miles en las calles, sobre todo jóvenes, reclamando un cambio democrático.

Hoy, tras la ola de represión que dejó al menos 500 muertos, más de 2 mil heridos, cerca de un millar de presos políticos y unos 65 mil exiliados, la decisión del régimen es paralizar a la gente. No sólo que no salga a manifestarse, sino que quienes están anotados como peligrosos, o quienes organizan las demostraciones, ni siquiera puedan salir de sus casas. Casa por cárcel.

Sus viviendas son cercadas por pelotones de agentes que no les permiten dirigirse a sus trabajos, ni proveerse de alimentos. Se puede ver en los videos que las propias víctimas, o sus vecinos, filman, y que son trasmitidos por las redes sociales. Las protestas, hechas con valentía, la invocación de los preceptos constitucionales, son recibidos con oídos sordos.

Manifestarse, porque la voluntad de hacerlo lejos de extinguirse se exacerba, se ha convertido en toda una guerra de la pulga que se libra a diario. Ante cada demostración anunciada, el despliegue policial se vuelve grotesco por la desproporción: hasta 20 transportes repletos de fuerzas antimotines y de policías de línea, muchos de ellos recién reclutados, y tan jóvenes como los manifestantes a los que tienen órdenes de reprimir.

Una de las últimas veces, cuando los protestantes corrieron a refugiarse con sus banderas de Nicaragua en un centro comercial, los escuadrones de antimotines, marchando de cuatro en fondo, como una tropa de ocupación, penetraron por los corredores, ahuyentando a su paso a compradores y paseantes, hasta el patio de comidas, que hicieron desalojar de todos sus clientes mientras buscaban a los muchachos, confundidos entre la gente.

Cada rotonda está constantemente vigilada por contingentes armados, porque son consideradas probables lugares de concentración de manifestantes, lo mismo que las afueras de la catedral y los demás templos católicos. Después de que el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, acogiera a un grupo de madres en huelga de hambre, y después que ellas, tras el acoso, decidieron salir, quedaron cortadas la energía y el agua potable. La represión tiene también el color de la venganza.

Un país no puede vivir de manera permanente en una situación de asfixia, ni bajo la pretensión de imponer el miedo y el silencio como regla de autoridad, o como castigo, ni se puede enjaular a los ciudadanos en sus propias casas cada día, ni llevarlos de manera recurrente a los centros de detención, ni fotografiar cada uno de sus movimientos, ni despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar lo que escriben o archivan en sus redes sociales.

La pretensión, que desborda ya el absurdo, es perseguir no sólo al que sale a la calle con una bandera, sino averiguar lo que opina y lo que opinan sus amigos, qué piensan del régimen, de qué manera se ríen en sus memes y mensajes del poder que busca controlar todo. Hasta que un día se les ocurra decretar un apagón digital, porque entrar en todas las conciencias es una tarea imposible, aún para el Gran Hermano o la Gran Hermana.

No es viable la vida social en un país donde todos los ciudadanos son tratados como sospechosos de ser enemigos públicos, sospechosos de apartarse del canon de rígida conducta política dictado por el régimen. Enemigos de la verdad oficial que es la verdad única, que no admite el menor grito de protesta, ni el menor desdén, ni la menor sonrisa de burla. La aspiración suprema del poder es entonces el silencio absoluto, la conformidad sin resquicios.

Se supone que hay elecciones para el año que viene. ¿Es posible elegir, con la gente encerrada en sus casas, sin derecho a manifestarse en las calles, sin acudir a mítines electorales en las plazas públicas, o aquellos que acudieran perseguidos por subversivos?

¿Sin que los medios de comunicación aún confiscados sean devueltos a sus dueños, con periodistas apaleados y despojados de sus cámaras y grabadoras, y con policías armados de teléfonos celulares fotografiando a los votantes en las urnas, o, aún más probable, patrullas policiales o turbas garrote en mano impidiendo votar?

¿Elecciones bajo estado de sitio, y, además, bajo las mismas reglas del juego, con el tribunal electoral bajo el control del partido oficial, y los votos contados de antemano?

Es una buena pregunta para la comunidad internacional. Porque de esta manera, estaríamos aún más lejos de la paz y de la democracia.

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La Duma abre la vía a que Putin pueda seguir en el poder hasta 2036

La propuesta de reforma, que debe avalar el Constitucional y aprobarse en consulta popular, permitirá al líder ruso volver a presentarse a presidente

La comentada transición era en realidad poner a cero el contador presidencial de Vladímir Putin. En medio de una turbulencia política y económica mundial, el Parlamento ruso ha dado otra sacudida al avalar con una abrumadora mayoría una opción que permitiría al líder ruso volver a ser presidente. En una propuesta inesperada pero muy coreografiada, la diputada Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética y primera mujer en el espacio, abrió la vía al sugerir este martes eliminar las restricciones del líder ruso para volver a concurrir a unas elecciones tras el fin de su mandato en 2024. De hacerlo y ganarlas, podría seguir así en el poder hasta 2036. Durante una comparecencia urgente e imprevista en la Duma estatal y citando la necesidad de la estabilidad del país, el líder ruso mostró sus cartas y respaldó la idea. Una presidencia “fuerte" es "absolutamente necesaria para Rusia”, ha recalcado Putin. “La situación económica y de seguridad actual nos recuerda esto una vez más”, remachó.

Con el simbolismo teatral propio de las grandes ocasiones, la excosmonauta Tereshkova lanzó la propuesta que podría conducir a un quinto mandato (no consecutivo) de Vladímir Putin. “Hay que estipular todo de manera franca, abierta y pública: o eliminar el límite de mandatos presidenciales en la Constitución; o, si la situación lo requiere y, sobre todo, la gente lo quiere, introducir en la ley una posibilidad para que un presidente actual vuelva a ser reelegido para el puesto, ya conforme a la renovada Constitución”, declaró la diputada de Rusia Unida, el partido del Gobierno, durante una sesión rápida en la Cámara baja que debatía las enmiendas a la ley fundamental. "Dada su enorme autoridad, esto sería un factor estabilizador para nuestra sociedad”, dijo firmemente Tereshkova, que lucía en la solapa la medalla de heroína de la Unión Soviética. Con la ley actual, un presidente no puede permanecer en el cargo más de dos mandatos (seis más seis años) y Putin debería dejar su sillón del Kremlin en 2024.

La trascendental propuesta de Tereshkova ha causado un cortocircuito en la Duma, controlada por el Kremlin. Casi dos horas después, en una comparecencia histórica y sorpresiva, el líder ruso acudió a la Cámara baja para recoger el guante y dejó entrever por primera vez en semanas su libro de jugadas. Putin, de 67 años y que lleva dos décadas en el poder entre sus años de presidente y de primer ministro, no abrazó la idea de eliminar los límites presidenciales, pero sí de poner su propio contador a cero. “Sería posible si la población vota por ello, pero se requerirá la decisión del Tribunal Constitucional. Y si es aceptado por los rusos”, ha deslizado Putin, que recibió una gran ovación de los diputados.

Con una enorme mayoría, los legisladores han sacado adelante el paquete de enmiendas a la Constitución, que dibuja un país más conservador y nacionalista. Además, con 380 votos a favor y 44 en contra (de la facción del Partido Comunista) de los 445 escaños ocupados, los diputados de la Duma avalaron también la propuesta de último minuto que allanaría el camino para que Putin vuelva a concurrir a unas elecciones presidenciales en 2024 y se perpetué en el cargo hasta 2036. Tendría 83 años. Sería un presidente con nuevas capacidades, según la reformada Constitución propuesta por él mismo, y más posibilidad de intervenir en los mecanismos de funcionamiento de las instituciones del Estado, explica el experto en Derecho Constitucional Ilyá Shablinski, de la Escuela Superior de Economía.

La votación en segunda lectura, que este martes preveía ser un mero trámite para ordenar el caudal de enmiendas propuestas por el líder ruso, por el grupo de expertos que el mismo Putin designó y por algunos legisladores de la Duma, descubrió una nueva posibilidad para un escenario que los analistas llevaban meses apuntando y desmenuzando: que la gran reforma constitucional propuesta por Putin tiene como objetivo permitirle perpetuarse en el poder.

Las enmiendas deben pasar ahora una tercera lectura --previsiblemente mañana miércoles-- y recibir el aval del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos votarán sí o no a todo el paquete --que incluye importantes ganchos, como que las pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza-- el próximo 22 de abril en una consulta popular cuyo mecanismo aún está poco claro.

“Todos entienden perfectamente que dentro del país, desafortunadamente, todavía tenemos mucha vulnerabilidad”, ha dicho Putin ante la Duma (Parlamento) en un discurso teóricamente imprevisto pero que parecía muy elaborado y sincronizado. “La estabilidad debe ser la prioridad”, ha insistido el líder ruso en un momento en el que la economía rusa pasa por un importante bache, con la caída del precio del petróleo y el rublo en sus niveles más bajos desde 2014. Un varapalo derivado de la guerra del crudo y de la zozobra en los mercados por el temor al coronavirus, que se ha sumado a la recesión derivada de las sanciones económicas impuestas a Rusia hace seis años por anexionarse la península ucrania de Crimea, que está causando estragos en los bolsillos de la ciudadanía.

Desde que el mandatario propuso enmendar la Constitución el pasado enero --el mayor cambio político y legislativo desde los años noventa-- se había especulado sobre cómo se desarrollaría la maniobra para permitir a Putin conservar influencia. Los analistas y gran parte de la oposición apostaban por que permanecería al frente de un Consejo de Estado renovado y mucho más poderoso. Ahora, vistas sus cartas, parece que su apuesta era algo más simple: volver a presentarse a unas elecciones presidenciales y quedarse en el Kremlin.

Sin sucesión ni transición

Con la maniobra “estratégica” de hoy, apunta la politóloga Tatyana Stanovaya, Putin no solo elimina todo el rumor y el debate sobre su sucesión; además, deja muchas expectativas. “Si piensa en la historia, como ha mencionado, le gustaría limitar los mandatos de cualquier presidente. Pero cuando se trata de él, quiere tener más espacio y más opciones para elegir cualquier escenario que desee”, señala Stanovaya, directora de la firma de análisis R.Politik. Aunque el líder ruso no destapó si volverá a concurrir dentro de cuatro años. “Estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas más, al menos hasta 2024. Luego, ya veremos”, dijo.

La oposición, sin representación en el Parlamento, que lleva semanas hablando de “golpe de Estado”, ha cargado este martes contra el nuevo escenario que dibujan estos cambios y prepara una movilización para protestar contra la propuesta. “Para qué retorcer las cosas o seguir dándole vueltas si podemos nombrar zar a Putin”, ha ironizado el bloguero opositor Alexéi Navalni en las redes sociales. Al caer la noche, cerca de la Duma estatal y de espaldas al Kremlin, decenas de ciudadanos se reunieron para protestar contra una iniciativa que consideran contraria a la ley fundamental en forma de los “piquetes solitarios”, una fórmula para sortear la limitación impuesta en Rusia a las protestas no autorizadas que ya se ha convertido en tradicional. Las protestas numerosas lo tendrán aún más difícil que habitualmente en una ciudad con restricciones debido a la epidemia de coronavirus. Este martes, pese a que hay una veintena de casos declarados oficialmente, la alcaldía de Moscú prohibió eventos con más de 5.000 participantes hasta el 10 de abril. Mientras, la votación popular sobre la reforma de la Constitución sigue adelante.

Putin llevaba meses descartando públicamente una vía que le permitiese permanecer en el Kremlin. Incluso el pasado enero, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial le pidió que se quedara en la presidencia, el mandatario lo descartó aludiendo que no deseaba una “regresión a los tiempos de la Unión Soviética”. “Debo admitir que [esa observación] no fue correcta, porque durante los tiempos de la URSS no hubo elecciones; todo se decidió en secreto o como resultado de algunos procedimientos o intrigas internas del partido”, ha dicho Putin este martes en la Duma. “Ahora la situación es completamente diferente, necesitamos ir a las urnas”, ha rematado. Si los cambios esbozados este martes se consolidan y Putin fuera reelegido en 2024, permanecería 18 años seguidos en el poder y, como mínimo 24 en total. Cumpliendo el espíritu que, como apuntó hace unos días, percibe para el cargo: “No solo un trabajo sino un destino”.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 10 Mar 2020 - 14:37COT

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Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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Lunes, 10 Febrero 2020 06:29

Peligro

Peligro

Dos frases autobiográficas resumen el peligro político que enfrenta Estados Unidos y el mundo en este año electoral. "Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y disparar a alguien y no perdería ningún votante. Es increíble", declaró en Iowa el entonces candidato presidencial Trump hace casi exactamente cuatro años. En julio del año pasado declaró que, de acuerdo con la Constitución, "tengo el derecho de hacer lo que quiera como presidente".

Ambas frases indican que el jefe del régimen estadunidense tiene una idea profundamente cínica, pero a la vez precisa, hasta ahora, de sus seguidores; y, segundo, que considera que él es el Estado, algo que comparte con todos los tiranos de la historia.

Veamos: después de meses de investigaciones y un juicio político que comprobó que el presidente repetidamente violó la Constitución y, según sus acusadores, traicionó al país y después encubrió todo eso, no sólo fue exonerado, sino que su nivel de aprobación popular llegó a su punto más alto desde que llegó a la Casa Blanca hace tres años. No sólo no perdió ningún votante, parece que después de "disparar" contra la Constitución, ahora tiene más.

Y sus bases están de acuerdo en que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Recuerda la frase célebre de Nixon en la era Watergate, cuando afirmó: "cuando el presidente hace algo, no es ilegal". Pero Nixon fue obligado a renunciar. Trump está en camino a su relección.

Noam Chomsky comentó que se puede argumentar que Trump "es el criminal más peligroso en la historia de la humanidad". Señala que Hitler era el principal candidato para ese "honor", pero que ese "no estaba dedicado con fervor a destruir las posibilidades de la vida humana organizada en la Tierra en un futuro no tan distante... Trump sí. Y aquellos que piensan que él no sabe lo que está haciendo, no se han fijado muy de cerca", afirmó en entrevista con Truthout.

¿Cómo se ha llegado a este punto? Una de las razones principales –entre varias– es que el bufón peligroso y su equipo están logrando, por ahora, anular la verdad.

El uso de redes sociales por el equipo de Trump ilustra cómo el manejo del universo digital por cualquiera en el poder representa uno de los grandes peligros para una sociedad democrática. Apenas al comenzar el ciclo electoral, su campaña de relección ya ha gastado casi el doble que el total combinado de todo el elenco de los nueve principales aspirantes demócratas en Facebook y Google; un nivel sin precedente, reporta Axios.

Un reportaje en The Atlantic sobre lo que llama "la campaña de desinformación de mil millones de dólares" para la relección de Trump, describe una estrategia parecida a la desplegada por líderes derechistas en el mundo, quienes usan las redes sociales para confundir el debate, y en lugar de silenciar a los disidentes los suprimen a través de volumen, o sea, "censura mediante ruido". Junto a ello continúa la ofensiva contra los medios de comunicación con el objetivo de debilitarlos, tal como se ha hecho desde el inicio de esta presidencia que los ha calificado de "enemigos del pueblo" (https://www.theatlantic.com/ magazine/archive/2020/03/ the-2020-disinformation-war/605530/).

El objetivo final, al parecer, es desorientar con mentira y engaño perfectamente diseñados para que toda verdad se vuelva dudosa. O sea, como Hannah Arendt lo resumió en 1953 analizando el surgimiento del fascismo europeo, donde “el sujeto ideal de un Estado totalitario… son gente para la cual la distinción entre hecho y ficción (eso es, la realidad de experiencia) y la distinción entre la verdadero y lo falso (eso es, las normas de pensamiento) ya no existen”.

Frente a esto, todo depende de la intolerancia necesaria –tanto dentro como fuera del país– a este peligro, y del creciente movimiento de resistencia estadunidense para rescatar el futuro inmediato, el cual necesita más que nunca (y aunque no se le ocurra solicitarlo) la solidaridad internacional.

https://open.spotify.com/track/ 2K8xtU4cnUgZS9apymp5tk?si= FFv9htGgTbS0JUF5mgHg-A; https://youtu.be/FKCmyiljKo0

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