Sábado, 09 Mayo 2020 06:21

Pandemia de control digital

Pandemia de control digital

La debacle causada por la pandemia de Covid-19 ha devastado economías nacionales, multiplicado el desempleo, la marginación, el hambre y la pobreza y la crisis o quiebra de empresas de todos los tamaños. Pero algunas compañías y algunos de los más ricos del mundo han ganado en grande con esta pandemia.

Se aceleró la preocupante tendencia que ya existía a la digitalización (junto con la robotización y uso de inteligencia artificial) de muchas actividades industriales y financieras, así como de nuevos sistemas de vigilancia y control ciudadano.

Las principales ganadoras de la pandemia son las grandes plataformas digitales: Amazon, Microsoft, Apple, Google (Alphabet), Facebook, Baidu, Alibaba, Tencent. Las primeras cinco, conocidas como Gafam, tienen matriz en Estados Unidos. Las otras tres, con el ahora sugestivo acrónimo de BAT, en China.

Otras plataformas digitales, como las de entretenimiento, Zoom y algunas de entregas a domicilio también han crecido. Unas más, como Uber y Airbnb, han tenido pérdidas, aunque su meteórico ascenso y competencia desleal con las compañías regulares de taxis y hoteles (mayormente al no pagar impuestos) les habían dado abultadas ganancias.

La primacía de mercado y ganancias de las ocho mayores plataformas (Gafam y BAT) es abrumadora. Según el informe 2019 sobre economía digital de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), 70 plataformas digitales tienen 90 por ciento del mercado mundial, pero las siete más grandes tienen dos tercios. Esas megaplataformas han aumentado significativamente sus ganancias en 2020, al igual que sus fundadores, Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft) y Mark Zuckerberg (Facebook).

Según la Unctad, las empresas estadunidenses y chinas controlan 75 por ciento de las nubes de cómputo, 75 por ciento de las patentes sobre cadenas de bloque ( blockchain) y representan 90 por ciento del valor de capitalización de mercado de todas las plataformas digitales.

Han seguido el mismo patrón que otros rubros industriales: las megaempresas se tragan a competidores más pequeños, logrando un control oligopólico del mercado. En años recientes, Facebook compró Whatsapp e Instagram; Microsoft adquirió Skype y Amazon a Souq, la principal plataforma de Medio Oriente. Facebook controla dos terceras partes de la redes sociales y Google más de 90 por ciento de las búsquedas. Amazon, la mayor ganadora con la pandemia, superó a Walmart como la mayor en ventas minoristas a escala global.

Uno de los nichos de dominación de mercado es que ofrecen almacenar los datos de otras empresas e instituciones públicas en sus servicios de nubes, donde también pueden manejar esos datos con inteligencia artificial. Esta capacidad de almacenamiento y uso de datos (extracción, minería de datos, gestión, interpretación, venta) es el motor fundamental de sus ganancias.

Siendo un factor de importancia creciente en economías nacionales y rubros industriales esenciales, las grandes plataformas no tienen casi fiscalización, regulación o supervisión pública. Básicamente establecen sus propias reglas, y alegando su carácter global están entre los mayores evasores de impuestos, lo que significa cifras astronómicas, mayores que el PIB de decenas de países enteros.

El factor fundamental de ganancia son los datos que les entregamos al usar estas redes. No solamente como individuos. También hay gobiernos que entregan o facilitan a esas plataformas los datos de sectores enteros de la población. Por ejemplo, Luis Hernández Navarro explica que la Secretaría de Educación Pública (SEP, en México) pretende que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrecen Google y Youtube, con lo que éstas tendrán acceso a una multiplicidad de datos de profesores, alumnos e instituciones, incluyendo intereses, edad y ubicación geográfica ( La Jornada, 14/04/20 https://tinyurl.com/y8q7788x).

Otra importante fuente de datos es el aumento exponencial de sistemas de vigilancia y control. Con la pandemia se ha extendido el uso de aplicaciones que siguen a las y los ciudadanos de ciudades o países enteros, supuestamente para alertar si son o no un riesgo de contagio. Esto, a su vez, se cruza con el uso de cámaras y lentes “inteligentes”, conectados a bases de datos estatales o privadas, que ya se usan extensivamente en China, Rusia, Corea y otros países asiáticos, y va en rápido aumento en Europa y América del Norte y del Sur. El negocio es tan lucrativo que los clásicos competidores de sistemas operativos, Google y Apple, colaboran ahora en ofrecer una aplicación gratuita de monitoreo durante la pandemia, que probablemente luego incorporarán por defecto a todos los dispositivos.

Las implicaciones de control, vigilancia y potencial represión gubernamental de estos sistemas quitan el aliento. Pero son aún más amplias las consecuencias políticas y económicas que tienen al otorgar acceso masivo de los datos de los ciudadanos a estas empresas y la “inducción” que las que compran los datos ejercen para vender desde productos a preferencias electorales, como sucedió con Facebook y Cambridge Analytica. No es sólo un tema de privacidad de datos personales. Se trata de los nuevos gerentes del mundo y cómo vamos a enfrentarlos colectivamente.

Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

Publicado enSociedad
La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

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El encierro dispara la violencia contra las mujeres en América Latina

 América Latina es el continente en el que está previsto un mayor incremento de contagios durante las próximas semanas. La cuarentena ha provocado también un incremento en las denuncias por violencia machista.

 

Una mujer se marcha de casa con sus tres hijos en el Estado de México. Tiene golpes y una herida de navaja en el costado. Antes de salir, marca al teléfono de la Red Nacional de Refugios. Le dirigen hacia una oficina de gobierno para que le atienda. La mujer ha aprovechado que su agresor no está en casa para escapar rápidamente. Sin embargo, al llegar a la sede oficial le dicen que no pueden atenderle, que no está la persona que debería levantar la denuncia. Así que la Red, una organización de la sociedad civil que protege a mujeres víctimas de la violencia machista, envía un coche particular a rescatarla. Primero la atienden de emergencia. Le curan las heridas, le dan de comer. De ahí la envían a un refugio. Ya está a salvo.

Esta escena es real y tuvo lugar la semana pasada, en plena emergencia por Covid19, en un municipio del Estado de México, uno de los territorios más castigados por la violencia feminicida desatada en el país norteamericano. Quien la relata es Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Se trata de uno de los 19 rescates urgentes que la organización ha tenido que lanzar desde que inició la emergencia por Covid19 en México.

La pandemia por Sars-Cov-2 se extiende por América Latina, el continente en el que está previsto un mayor incremento de contagios durante las próximas semanas. La cuarentena ha provocado también un incremento en las denuncias por violencia machista.

El primer caso en el continente se detectó el 26 de febrero en un hombre de 61 años en Brasil. En ese momento, América Latina estaba en ebullición: una ola feminista la atravesaba desde México hasta Argentina. Ahora, sin embargo, la pandemia agrava otra de las enfermedades crónicas de la región: la violencia contra las mujeres. El confinamiento es un riesgo en sí mismo porque obliga a las víctimas a estar en manos de los agresores. Además, a mayor contacto hay mayor control, lo que puede provocar a la larga un descenso en el número de denuncias, no porque no se registren agresiones, sino por la imposibilidad de avisar.

"Las medidas de prevención y mitigación de la propagación del Covid19, tales como la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento social, y las restricciones de movilidad, exacerbarán la violencia contra las mujeres y niñas que ocurre en los hogares", advierte un documento hecho público por ONU Mujeres.
Con algo más de un mes de confinamiento en la región, todavía no hay estudios definitivos. Pero las primeras cifras son alarmantes.

En México, donde 10 mujeres son asesinadas cada día, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres reportó un aumento de más del 30% en las denuncias de violencia machista.

Desde principios de año, el país registra un auge de las movilizaciones feministas. Denuncian el altísimo índice de asesinatos de mujeres y cuestionan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que acusan de no haberse tomado en serio los feminicidios.

El informe del mes de marzo de la secretaría de Seguridad Pública registra también que se han disparado los casos de "violencia familiar" y delitos sexuales.

"Tenemos datos alarmantes. 155 mujeres han pedido auxilio cada hora a través del 911. Esto significa que se ha incrementado la violencia contra las mujeres", explica Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios. Según explica, en el último año se han registrado 209 feminicidios.

"En nuestro caso se ha incrementado un 80% las solicitudes de auxilio, que se concentran mayoritariamente en la Ciudad de México y el Estado de México", dice, para añadir que una de cada cinco mujeres que buscó apoyo tras ser agredida ya había denunciado previamente ser víctima de violencia.

No es un fenómeno exclusivo de México

Este no es un fenómeno exclusivo de México. En Argentina, por ejemplo, el promedio diario de consultas a la línea 144, que es la que atiende la violencia de género, se incrementó un 39% la segunda mitad de marzo respecto a la primera. Esto implica que, desde el 21 de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria, se dispararon las denuncias.

"El COVID-19 está teniendo grandes impactos en las sociedades latinoamericanas, pero afecta de un modo desproporcionado a las mujeres. Un ejemplo de ello es la intensificación de las tareas de cuidado ante el cierre de escuelas y centros de atención (dando lugar a una doble, y en ocasiones triple jornada); así como el incremento de las situaciones de violencia contra las mujeres", dice Lucía Martelotte, coordinadora de programas de ONU Mujeres en Argentina.

Esta institución está apoyando en planes como promover la perspectiva de género en los comités de crisis lanzados por el gobierno de Alberto Fernández.
En Colombia, 12 mujeres fueron asesinadas entre el 20 de marzo y el 4 de abril. Además, según la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, durante los primeros días de la cuarentena se registró un aumento del 51% en la violencia intrafamiliar contra las mujeres.

Aquí se puso en marcha un mecanismo conocido como "pico y género" por el cual se limitaban las salidas de casa dependiendo del sexo. Es decir, había unas jornadas en el que podían salir las mujeres y otro los hombres. El objetivo era, según las autoridades, evitar las aglomeraciones.

Este plan fue aplicado también en dos países de la región, Perú y Panamá. En el país andino la medida se abandonó después de una semana, mientras que en el país centroamericano sigue vigente. Lunes, miércoles y viernes salen las mujeres. Martes, jueves y sábados, los hombres.

El sistema generó el rechazo de organizaciones feministas, así como LGTBI. Por ejemplo, en Panamá fue arrestada una activista trans por salir a la calle el día que correspondía a las mujeres.

En Brasil, solo en Río de Janeiro, se registró un incremento del 50% en las denuncias por violencia machista.

"Las familias están experimentando una situación sin precedentes. El encierro, junto con los problemas sociales, está causando otro tipo de relación familiar y conyugal, y en este nuevo modelo, las viejas prácticas están presentes. Las mujeres que ya sufrieron violencia doméstica continúan sufriéndola y las que no sufrieron, pueden comenzar a padecerla", asegura Valeria Alves, doctora en Antropología Social.

"Hay algunas encuestas que dicen que el número de quejas ha aumentado", dice Alves, que reconoce que todavía es pronto para disponer de datos absolutos. "Pero es innegable que las incertidumbres del trabajo, el salario, la comida, la falta de espacio dentro de las casas, el miedo a contraer el virus y no tener un lugar para tratar con dignidad, el aumento de las tensiones en los hogares con esto, es posible pensar que la violencia ha aumentado", afirma.

Recientemente se hicieron virales las imágenes de seguidores del presidente, Jair Bolsonaro, agrediendo a un grupo de mujeres descontentas con las (escasas) políticas del líder derechista en relación al coronavirus.

"La política adoptada por el presidente desde su campaña es la política del odio. No adoptará ninguna política que favorezca a las mujeres u otros grupos sociales que todavía se llaman minorías", dice Alves, que recuerda la política negacionista de Bolsonaro, que se ha manifestado incluso contrario a las medidas de distanciamiento social propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las consecuencias de la pandemia son, por ahora, imprevisibles y habrá que analizar su impacto sobre las mujeres en un continente que, hasta la llegada de la pandemia, se encontraba en plena ola feminista.

@albertopradilla

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Un hombre camina frente a un graffitti en una de las calles de Santiago de Chile. EFE

Chile celebraba este pasado domingo un referéndum que iba a dejar atrás la constitución vigente desde Pinochet y Bolivia pretendía celebrar elecciones tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales

 

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

 

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

 

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió "consenso" a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en "criterios técnicos y científicos sólidos".

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino "aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'". Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por "desinformar", y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación "ambigua" del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.

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Sábado, 02 Mayo 2020 05:59

Total vigilancia

Total vigilancia

Nadie puede negar que las nuevas tecnologías son útiles para contener la pandemia del Covid-19 en Moscú –megápolis que concentra más de 60 mil contagiados, la mitad de todos los que a la fecha tiene Rusia–, donde la alcaldía aplica su programa de "Ciudad Inteligente-2030", concebido para mejorar los servicios urbanos y facilitar los trámites de los ciudadanos por Internet.

Ante la necesidad de restringir la movilidad de la gente para frenar la propagación de los contagios, en este momento hay más de 200 mil sospechosos de enfermar que de plano no pueden salir de su casa, igual que todos los mayores de 65 años.

Para verificar que se cumpla el confinamiento, aparte de los controles policiales tradicionales, se usan las 175 mil cámaras de video instaladas en las calles (Moscú ocupa el sitio 18 de ciudades del mundo por número de cámaras, pero va a la vanguardia en cuanto a la instrumentación de programas de reconocimiento facial); la información de las compañías de telefonía celular (sobre todos los datos de geolocalización de los clientes); y el reporte de los puntos de acceso gratuito a wifi.

Los demás habitantes, para poder salir, salvo los contados ejemplos en que se permite ir a la tienda y farmacia más cercanas, así como para sacar al perro, tienen que solicitar un permiso electrónico con código QR para ir al trabajo (quienes no puedan hacerlo desde casa), para ir a un sitio que requiera transporte (dos veces por semana) o para acudir a una cita con el médico (sin límites semanales).

En todos los casos, incluidos quienes tienen que salir a diario –funcionarios, legisladores, policías, militares o reporteros–, la solicitud del permiso debe incluir los números de pasaporte, credencial que acredita la condición laboral, tarjeta recargable para pagar el transporte público y/o placa en caso de viajar en coche propio.

Muchos se preguntan qué va a pasar con la vigilancia cuando la pandemia acabe. La alcaldía asegura que son limitaciones temporales de derechos, mientras los diputados de la Duma lo pusieron en entredicho al aprobar, hace poco, en segunda instancia, un proyecto de ley que pretende reunir la máxima información posible sobre cualquier persona desde el día que nace hasta el día que muere, más de 30 categorías de datos sacados de 500 millones de documentos.

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Miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 durante un operativo el pasado fin de semana, tras la declaración de emergencia máxima en las cárceles que decretó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.Foto Ap/Presidencia de El Salvador

Encierra a bandas rivales en la misma celda

Preocupa a ONG salvadoreñas la autorización del uso de fuerza letal contra delincuentes

 

San Salvador. Un grupo de trabajadores soldaba ayer láminas de acero en las celdas de un penal para aislar a cientos de pandilleros salvadoreños, en momentos en que una ola de homicidios y el anuncio del gobierno de emplear "fuerza letal" para combatir a los delincuentes despertó alertas entre organismos humanitarios, en medio de una cuarentena para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Tras un inusual incremento en los homicidios perpetrados en este país centroamericano, atribuidos principalmente a las maras, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas en las cárceles.

"Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión", advirtió el mandatario en una reunión con su gabinete de seguridad, según un tuit de la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial publicado ayer.

"El uso de la fuerza letal está autorizado" para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos, escribió Bukele la noche del domingo en su cuenta de Twitter.

Bukele decretó el fin de semana el estado de emergencia máxima en las cárceles tras un repunte de la violencia, en el que se atribuye a las pandillas unos 50 asesinatos en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, cuando el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el Covid-19.

Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70 mil miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.

El titular de la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna, supervisaba ayer el proceso de instalación de "un nuevo régimen de seguridad" que se pondrá en marcha en todas las cárceles un modelo de aislamiento que adoptaron de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde se recluye a los líderes de las pandillas.

"No podrá entrar ningún rayo de sol a ninguna de las celdas, vamos a bloquear toda la visión para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación", sostuvo Luna en rueda de prensa celebrada en el complejo Izalco, 65 kilómetros al oeste de la capital.

Bukele se jactó ayer en Twitter: "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Eso evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla".

Los miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran exhibidos en ropa interior, mostrando sus tatuajes, cabelleras rapadas y sin ningún tipo de protección sanitaria en la emergencia por la pandemia del coronavirus.

En todo el sistema de cárceles están recluidos unos 12 mil 862 pandilleros, informó la Dirección General de Centros Penales.

"Estamos ante un escenario muy delicado y preocupante", declaró Miguel Montenegro, coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

Además, las autoridades encerraron en la misma celda a integrantes de pandillas rivales, lo que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.

La unificación carcelaria de las pandillas es "una bomba de tiempo" que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien responsabilizó al gobierno de las posibles consecuencias.

La orden de uso de fuerza letal "rompe con la legalidad y puede derivar en un uso excesivo", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los presos.

Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano, el rebrote de los homicidios de las pandillas "puede tratarse de una presión para algún tipo de negociación con el gobierno" en la búsqueda de prebendas o apoyo económico.

Medrano consideró que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 pueden estar "en crisis económica" debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones debido a la cuarentena y el cierre de pequeños y medianos negocios ordenado hasta el primero de mayo.

"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa porque sus familias sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.

El Salvador, con 6.6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.

Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.

Para la investigadora, la represión es una "respuesta mediática" que provocará "un baño de sangre" pero que al final potenciará a las pandillas que en los últimos años se han fortalecido como verdaderas autoridades en las comunidades.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, denunció: "vimos con preocupación esas escenas donde juntan a las personas en los patios de las cárceles de manera humillante".

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Lunes, 27 Abril 2020 06:31

Auxilio

El distrito comercial de Soho, en Manhattan, donde por lo regular las calles estaban atiborradas, se ve vacío en estos días por la pandemia del Covid-19.Foto Afp

Donald Trump nos quiere matar.No hay otra conclusión posible. Pronto será el primer mandatario en presidir sobre más muertes estadunidenses que el total que pereció en la guerra de Vietnam (58 mil), con más de 54 mil hasta ahora, la gran mayoría de las cuales eran prevenibles. De hecho, él declaró que su respuesta al "enemigo invisible" es "una guerra".

No es un huracán, o un tsunami, o un sismo; las dimensiones de esta catástrofe no se pueden atribuir a "fuerzas mayores" o"divinas", sino al manejo inepto, irresponsable y francamente criminal de los encargados de gobernar este país. Aunque el terreno para la crisis fue cultivado por políticas neoliberales bipartidistas durante décadas, el presidente es el responsable de que las dimensiones de los efectos de esta crisis sean las que estamos atestiguando.

Pero aparentemente no satisfecho con el saldo creciente del Covid-19, y el hecho de que algunos de los que vivimos en Estados Unidos seguimos vivitos y coleando, Trump nos invitó a envenenarnos. Sugirió emplear desinfectantes industriales, inyectarnos cloro, para curarnos del virus, durante su conferencia de prensa del jueves. Como comentó un médico en respuesta: "Trump tiene toda la razón: el cloro sí mata al virus. El problema es que también mata al paciente". El Centro de Control de Enfermedades, departamentos de salud estatales y municipales, junto con los fabricantes de desinfectantes como Lysol y Clorox, se vieron obligados a trasmitir alertas declarando que ingerir tales productos era peligroso. Su contrincante demócrata, Joe Biden, publicó en un tuit: "no puedo creer que sea necesario decir esto, pero por favor no beban cloro". El columnista del Washington Post David Von Drehle resumió el mensaje presidencial: "María Antonieta: que coman pastel. Donald Trump: que se inyecten Lysol". Poco después, varios centros y agencias de salud pública estatales y municipales reportaron un incremento en casos de envenenamiento o quemaduras por gente que le hizo caso al presidente, reportaron vamos medios en Maryland, Nueva York y Chicago.

Fue tan intensa la reacción que Trump se vio obligado a huir de sus declaraciones y el viernes argumentó que había sido un comentario "sarcástico" sólo para provocar a los medios. ¿En medio de una pandemia con más de 50 mil muertos el presidente decidió bromear? Poco después tuiteó que tal vez ya no haría conferencias de prensa diarias porque "no valen la pena", ya que los medios distorsionan todo lo que dice. Pero al parecer, sus estrategas temen que sus expresiones de "genio estable" no ayuden a su relección en esta coyuntura.

Por otro lado, si uno no se muere de virus, pues también está la lenta muerte por desempleo y hambre. Algunos economistas calculan que la tasa de desempleo real está entre 20 y 45 por ciento, o sea, es posible que casi la mitad de la fuerza laboral está sin trabajo, muy por arriba del peor momento de la Gran Depresión. Esto es acompañado de un incremento de millones de personas –sobre todo niños– que no tienen acceso a suficiente alimento.

No todos están en la línea de fuego de esta crisis, algunos están sufriendo la cuarentena en lugares de lujo como Los Hampton o en sus yates. De hecho, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, mientras 22 millones de estadunidenses perdieron sus empleos, la riqueza de los multimillonarios en Estados Unidos se incrementó en 282 mil millones de dólares, una ganancia de 10 por ciento, reporta un nuevo informe del Institute of Policy Studies (https://inequality.org/ great-divide/billionaire-bonanza-2020/).

En tanto, los inmigrantes están entre los más afectados aquí por la pandemia, en gran parte por las medidas antimigrantes de este gobierno. Y para los que pensaban que estaban más seguros porque vivían fuera de este país, el más contagiado del mundo, Trump ha estado exportando el virus a varios puntos del planeta al deportar a inmigrantes que habían estado encarcelados en centros de detención contagiados sin primero administrar pruebas para diagnosticarlos. https://twitter.com/CASAforall/ status/1253442753511464960?s=20).

La gran pregunta ante todo esto es: ¿nos vamos a dejar?

https://youtu.be/LNNPNweSbp8

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Bukele autoriza a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas ante el aumento de homicidios en El Salvador

La decisión del presidente llega en medio de los reportes de que al menos 53 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo a lo largo

de todo el país.

Ante el incremento de los homicidios en El Salvador en los últimos días, el presidente del país, Nayib Bukele, autorizó este domingo a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para combatir a las pandillas, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en la nación centroamericana.

"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", señaló Bukele a través de su cuenta en Twitter, pidiendo a "la oposición que se ponga del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan que dejen de proteger a quienes asesinan" al pueblo.

"Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia [de coronavirus]. Tendremos que mover recursos para combatirlas", dijo el presidente. 

Además, Bukele indicó que el Gobierno "se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".

Por su parte, el director general de centros penales, Osiris Luna, informó que han empezado a mezclar y recluir en las mismas celdas a miembros de diferentes pandillas. "En este Gobierno no habrá beneficios y privilegios para ningún miembro de estructura criminal", declaró el alto funcionario. 

Al menos 53 personas han sido asesinadas entre el viernes, sábado y este domingo en todo El Salvador, según informan medios locales. 

Estas cifras rompieron con las estadísticas de asesinatos en el país, que a lo largo de la cuarentena por el covid-19 se mantuvieron en un promedio de dos por día. Además, hubo algunos días con cero muertes violentas. 

Publicado: 27 abr 2020 03:39 GMT

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Un policía golpea con un palo a un hombre por saltarse el confinamiento obligatorio impuesto en India. Prabhat Kumar Verma/ZUMA Wire/dpa/EP

La policía en Ecuador e India golpea a la población que no cumple el confinamiento, Hungría ha dado poderes especiales casi dictatoriales a su presidente y China o Rusia vigilan a la población con cámaras en las ciudades

La epidemia de coronavirus está otorgando a las autoridades poderes excepcionales que en países con democracias frágiles están agravando tensiones sociales o problemas que ya previamente estaban bajo la crítica internacional.

Guayaquil, la capital económica de Ecuador y uno de los principales focos de la epidemia en América Latina -la zona con más casos por detrás de Brasil-, ha sido testigo durante dos días de violencia policial contra la población más pobre de la ciudad, donde la gente vive del comercio ambulante, principalmente, hacinados en casas minúsculas y en ambientes de delincuencia y marginalidad. En Guayaquil, la población local denuncia las condiciones indignas que sufren las víctimas del virus y sus familias, con ataúdes que permanecen en casas durante días sin que nadie los traslade o cuerpos envueltos en sábanas que se acumulan en calles y cunetas.

En declaraciones a eldiario.es, Adrián Tarín, profesor español de comunicación social en la Universidad Nacional del Ecuador y periodista en un medio comunitario, relata que tras el anuncio de las medidas para paliar la progresión del virus, tanto en los barrios pobres como en los ricos nadie cumplía con las recomendaciones por lo que la policía decidió intervenir.

"Eran las propias fuerzas del orden las que grababan y colgaban las escenas en redes sociales, en las que se puede ver cómo los obligan a hacer ejercicio físico pero además lo combinan con golpes con látigos, palos o cinturones", explica. "Ha habido casos de gente a la que le pintaban la cara, le cortaban el pelo, en plena calle".

Después de que las imágenes empezaran a circular hacia otras partes del país dejaron de trascender. "Puede que siga pasando pero no hay constancia de ello porque tampoco se denuncia", apunta Adrián Tarín.

Ecuador empezó a aplicar medidas de confinamiento desde mediados de marzo y de forma progresiva ha ido aumentando las restricciones. Ahora hay toque de queda entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. El resto de la jornada se permite la salida de personas para acudir a los puestos de trabajo esenciales y la compra de productos de primera necesidad, según el número de identificación, para evitar aglomeraciones. Además en Guayaquil hay una fuerte militarización de las calles y un cierre de la ciudad a la que solamente tienen acceso los transportes de abastecimiento.

En India, que la pasada semana anunció el confinamiento de 1.300 millones de personas, la policía está rociando a trabajadores que volvían de las grandes ciudades a sus lugares de origen para pasar la cuarentena con productos químicos en lo que parece un intento de desinfectarlos antes de entrar en sus localidades. Según el periódico local Indian Express, se utilizó una solución de hipoclorito sodio, producto utilizado para la limpieza de piscinas y que puede causar quemaduras en piel, ojos y pulmones.  

Pero este no ha sido el único caso, la policía india también ha recurrido a la violencia para reprimir a la gente que sale a la calle. Utilizan palos de bambú para golpear a los civiles que vulneran el confinamiento.

Desde que se impuso un toque de queda en Kenia el pasado 27 de marzo, varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando la brutalidad policial y del ejército y el uso de gases lacrimógenos contra quienes intentan volver a casa desde sus trabajos.

Según reporta EFE, las autoridades kenianas están investigando la muerte de un niño de 12 años que murió, supuestamente, a causa de un balazo de la policía mientras estaba en el balcón de su casa el pasado martes. 

Represión contra los presos políticos

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció la pasada semana que liberará a 100.000 de las cerca de 300.000 personas que están entre rejas en el país para evitar así la propagación del virus en las cárceles. Aunque la propuesta es todavía un borrador que necesita ser debatido en el parlamento, no permitiría la excarcelación de personas acusadas por terrorismo, una acusación utilizada en muchas ocasiones contra opositores políticos. De esta forma, y como denuncia Human Rights Watch, la medida supondría "una herramienta para atacar a los presos políticos".

Rusia anunció la semana pasada, según informa Foreign Policy, que cancelaba la amnistía anual que se concede para celebrar el aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial (aunque seguirán en pie los desfiles conmemorativos). De esta forma, quedarían en prisión las 230.000 personas que estaba planeado que fueran liberadas de cárceles rusas, por un supuesto "miedo" de la población a las infecciones que hay en las prisiones y que "podrían infectar a toda la población", según ha explicado el subdirector del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano consultivo dependiente del presidente ruso, Vladimir Putin.

Putin ha anunciado que extiende la declaración de no laborables todos los días hasta el 30 de enero, lo que ha provocado la cancelación de los servicios de paquetería, una consecuencia que se agrava también para la población carcelaria, que podía comer y recibir medicinas gracias a los paquetes que envían sus familiares, puesto que según denuncian "el gobierno no da acceso a medicinas la comida es de muy baja calidad".

Naciones Unidas ha pedido en un comunicado que los gobiernos eviten la puesta en marcha de medidas excesivas de seguridad que pudieran suponer una forma de acallar la disidencia. Varios expertos de la ONU en derechos humanos han recordado que las decisiones "deben notificarse a los órganos pertinentes" y "en ningún caso como un objetivo contra grupos particulares, minorías o individuos".

Poderes especiales frente al coronavirus

Esta semana el parlamento húngaro aprobaba una enmienda para dar más poderes al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido para luchar contra el coronavirus. La medida, criticada ampliamente por la oposición y organizaciones de derechos humanos, da la posibilidad al gobierno de suspender leyes y bloquear la divulgación de informaciones "que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa" (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

En Filipinas, el parlamento también le ha otorgado "poderes especiales" al presidente, Rodrigo Duterte, durante la emergencia nacional declarada en el país por la epidemia. De esta forma, Duterte puede actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.

Además, ha reducido el control del Departamento de Salud sobre las medidas a aplicar para colocar a las Fuerzas Armadas al frente de la gestión de la crisis. En las últimas tres semanas, según denuncia Human Rights Watch, han sido detenidas más de 17.000 personas por violar el confinamiento, además muchas de ellas han sido metidas en jaulas a pleno sol durante horas como forma de castigo.

En los últimos días, en barrios pobres de la capital, se han sucedido las protestas para pedir ayudas al Estado para sobrellevar la cuarentena, y este mismo jueves, el presidente ha ido un paso más allá y ha ordenado a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" a todo aquel que se salte el confinamiento, informa EFE. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", dijo en un mensaje televisado.

El coronavirus como excusa para la videovigilancia

China no solamente ha cerrado varias ciudades para evitar la propagación del coronavirus, también ha implementado una serie de medidas de seguridad para controlar a la población en un nuevo episodio de intromisión gubernamental en su privacidad: controles de acceso para entrar en casa, las operadoras móviles rastrean los desplazamientos de la población y las conversaciones, e incluso sistemas de reconocimiento facial capaces de distinguir entre la multitud a los que tienen fiebre o a los que no llevan la mascarilla.

Moscú, que ha ordenado el confinamiento para toda la población, está haciendo uso de las más de 170.000 cámaras que ya existen en la ciudad para controlar que los ciudadanos cumplen con las medidas. Solamente la semana pasada, la policía reportó 200 multas a personas que habían violado la cuarentena, detalla CNN. Además, pretenden utilizar la videovigilancia, igual que en China, para encontrar posibles casos de coronavirus, notificar a las autoridades sanitarias y a otras personas que pudieran haber tenido contacto con ellos.

En Israel, según ha informado The New York Times, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dio orden a la agencia de seguridad nacional de rastrear los dispositivos de personas que dieron positivo en la enfermedad COVID-19 y de poner en cuarentena a otras que tuvieron un contacto directo con los infectados. Según este mismo medio, la medida tenía que haber pasado por la subcomisión parlamentaria de Servicios Secretos, pero finalmente no fue así. Además, ha impuesto penas de hasta seis meses de prisión por saltarse la cuarentena y ha prohibido las visitas en las cárceles, incluidos los abogados defensores.

04/04/2020 - 20:37h

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El irresistible retorno de los militares en América Latina

En América Latina sonó la hora de las Fuerzas Armadas. En todos los países han recuperado protagonismo en ancas de la pandemia de coronavirus, acelerando una tendencia que se venía perfilando en los últimos años, con seguridad desde la crisis financiera de 2008.

Una tendencia que ahora se agudiza con el anuncio de Donald Trump de lanzar una vasta "operación de gran alcance contra el narcotráfico en el hemisferio occidental con el despliegue en el mar Caribe y el Pacífico sur de refuerzos militares de la armada y la fuerza aérea"

La excusa de la Casa Blanca es que los cárteles de la droga pueden aprovechar la situación para avanzar en su negocio, por lo que dispuso la movilización del Comando Sur, con sus 22 países aliados, y de la Guardia Costera para detener cargamentos ilegales. Sin embargo, también movilizó sus enormes buques-hospitales para atender la epidemia en Nueva York y Los Ángeles.

No estamos ante una tendencia que pueda reducirse a los objetivos estratégicos del Pentágono, ya que involucra a todos los gobiernos, a la oposición de izquierda o de derecha e, inclusive, abarca a sectores amplios de la población que sienten que los uniformados pueden aportarle la seguridad que la pandemia pone en riesgo.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, militante de izquierda (Frente Amplio), reclama la presencia de las Fuerzas Armadas para asegurar la "distancia social" en supermercados y bancos, ya que se han producido algunas aglomeraciones en esos establecimientos.

En Guayaquil, Ecuador, donde la pandemia se ha cobrado cientos de víctimas, se militarizó la ciudad para intentar recomponer una situación caótica, en la que todas las mañanas aparecen cadáveres abandonados en las calles y las morgues y cementerios están colapsados.

El clima de caos crece sin cesar, aunque en ninguna ciudad llega al extremo de Guayaquil. Sin embargo, en Bogotá, Colombia, se pueden ver trapos rojos en las ventanas que representan pedidos de auxilio ya que la familia que la habita, no necesariamente pobre, no tiene recursos para enfrentar la situación.

Sucede que el coronavirus está llegando a una región donde más de la mitad de la población, o sea más de 300 millones, viven en la informalidad: venden en mercados y calles, recogen basura, escombros y cartón para revender, ofrecen servicios del más diverso tipo, desde reparto a domicilio hasta traslado de personas y mercancías. Esos millones no pueden estar ni una semana sin trabajar, ya que no tienen ahorros, viven en casas precarias y, por supuesto, no cuentan con seguridad social.

En contra de la voluntad del ministro de Economía, Paulo Guedes, el gobierno de Brasil se vio obligado a conceder un subsidio mensual de 120 dólares a 30,6 millones de trabajadores informales, durante tres meses, ya que no perciben ningún ingreso. Aunque Brasil luce como potencia emergente, hay tantos trabajadores formales como informales, algo que sucede en todos los países de la región.

 

La presencia militar llegó incluso a un país como Argentina, donde los uniformados tienen un muy bajo prestigio social luego de la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). En las villas miseria del conurbano de Buenos Aires, se registraron días atrás escenas de aplausos masivos cuando llegan los camiones militares cargados de alimentos para los más pobres.

En Brasil se hablaba abiertamente de golpe de Estado para apartar a Bolsonaro, porque rechaza la cuarentena y mantiene una política errática y desafiante. El 30 de marzo, los comandantes de las FFAA decidieron que el general del Ejército

Braga Netto, que había sido nombrado por Bolsonaro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete), se haga cargo de coordinar el Gobierno de Bolsonaro con una nueva función, la de "Jefe de Estado Mayor de Planalto", y lo denominan como un "presidente operacional", que tomará las principales decisiones y que puede, incluso, contrariar las declaraciones de Bolsonaro. En otros tiempos, se hablaría claramente de golpe de Estado.

¿Por qué los militares están ocupando un lugar tan destacado en la política latinoamericana?

Creo que hay que observarlo desde diferentes ángulos.

En primer lugar, para las élites económicas y políticas el mayor temor en una coyuntura como la actual es la posibilidad de un enorme estallido social si llegaran a desbordarse hospitales y hubiera una gran mortandad por la pandemia. Esto es posible por la acumulación de pobreza, precariedad del sistema sanitario y una tradición de luchas sociales muy importante en el continente.

Téngase en cuenta que en 2019 hubo estallidos sociales en Haití, Chile, Ecuador y Colombia, concentrados en el último trimestre, además de gigantescas protestas sociales protagonizadas por las mujeres contra los feminicidios y por el derecho al aborto, a las que deben sumarse demandas de casi todos los sectores, en particular contra la minería, las políticas neoliberales y las condiciones de vida.

En suma, un estallido en medio de una pandemia no sería nada extraño, ya que el clima social de revuelta esta muy presente en la región. Por eso, los militares cada vez juegan un papel más importante como guardianes de la estabilidad social.

En segundo lugar, un sector las clases medias de la región viven una situación de gran precariedad, con el enorme temor de caer en situación de pobreza o de perder parte de su estilo de vida. Esto ya lo vivieron las extensas clases medias argentinas en la crisis de 2001 y las brasileñas en 2013, aunque unas y otras se expresaron políticamente en sentido opuestos.

En tercer lugar, para una parte de los sectores populares los militares pueden ayudarles a paliar los problemas de sobrevivencia más aguda, o bien son referentes de orden como sucede en Brasil, Colombia y Venezuela, en todos los casos con opciones políticas divergentes.

En síntesis, las FFAA están siendo visualizadas, por las élites económicas y amplios sectores de las clases medias y de la población más pobre, como un principio de orden. En una situación compleja, eligieron la seguridad antes que la libertad, como venían haciendo en las últimas décadas de forma menos evidente.

19:44 GMT 03.04.2020

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