Jueves, 19 Marzo 2015 06:42

Se pregunta por Nicaragua

Se pregunta por Nicaragua

La primera pregunta que escucho acerca de Nicaragua es en qué se parece esta segunda etapa de la revolución a la primera. Es lo que he oído a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, y a los de la Universidad de los Ozarks, en Arkansas, en días recientes. Mi repuesta es que no hay tal segunda etapa de la revolución. La revolución comenzó con el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza en 1979, y terminó con las elecciones de 1990, que el Frente Sandinista perdió, hace ya 25 años, frente a una coalición de partidos de oposición que llevaba como candidata a doña Violeta Barrios de Chamorro.
La pregunta es justa, porque se basa en el hecho de que Daniel Ortega, presidente sandinista de los años 80, lo es hoy otra vez, a partir de las elecciones de 2006, cuando ganó por 38 por ciento de los votos, y luego fue relegido en 2011. Ahora no sabemos si será candidato de nuevo, o lo será su esposa, que gobierna junto con él.


El poder actual pretende envolverse en la misma retórica revolucionaria de aquellos años. Pero se trata de un discurso que suena a imitación, o falsificación. Imperialismo, burguesía, soberanía nacional, socialismo, son palabras de ese viejo diccionario que perdieron su significado, porque el mismo poder se lo ha quitado. O hay que leer ese discurso al revés, como si fuera todo lo contrario.


Lo que existe es un régimen familiar que busca perpetuarse de manera indefinida. Los pobres siguen igual de pobres, desorientados por las políticas populistas del gobierno. Hemos regresado al viejo caudillismo, que ha sido la tradición política de Nicaragua desde el siglo XIX, una sola persona en el poder que junto con su familia lo controla todo.


No hay ningún traslado real de la riqueza a manos de los más desamparados. El 48 por ciento de la población subsiste con menos de dos dólares al día, y de entre ellos, la mitad subsiste con menos de un dólar al día. Nicaragua ocupa uno de los tres últimos lugares en los índices de miseria de América Latina, junto con Haití y Honduras.


El discurso de defensa a ultranza de la soberanía nacional en contra del imperialismo yanqui no es más que humo. Los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe no tienen ya nada que ver con la antigua guerra fría, como lo demuestra el inicio de la normalización de relaciones con Cuba.


En un artículo publicado recientemente en Bloomberg se cita a William Brownfield, subsecretario de Estado para Narcóticos, diciendo que los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para proteger a su pueblo y su territorio de las actividades de los traficantes de droga han sido muy positivos, lo cual es más importante, afirma, que los diversos elementos complicados en las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua. La cooperación para detener cargamentos de drogas es lo estratégico en estas relaciones, no la democracia.


Esta posición demuestra que la progresiva desaparición del sistema democrático en Nicaragua no es motivo de preocupación de Estados Unidos, ni tampoco de ningún país relevante, en un mundo conmocionado por la amenaza del terrorismo yihadista y el Estado Islámico, igual que por el creciente poder de los cárteles internacionales de la droga.


El credo del general Sandino, que inspiró la lucha del Frente Sandinista, estuvo basado en tres principios básicos: soberanía nacional, democracia, y justicia económica. En su resistencia contra las tropas de ocupación de Estados Unidos hasta que logró su salida de Nicaragua, la defensa de la soberanía nacional fue lo más relevante. Y ahora ha sido entregada a China.


La idea de la construcción de un canal interoceánico ha gravitado sobre nuestra historia desde los tiempos de la Colonia, y Estados Unidos le impuso a Nicaragua un tratado en 1914 para construir ese canal, algo que nunca hizo. Ahora, Wang Ying, un desconocido millonario de Pekín, 100 años después, es el nuevo amo y señor de la soberanía nicaragüense, como concesionario del canal a través del Tratado Ortega-Wang, con duración de 100 años.


Ortega ha sabido tocar un resorte de esperanza muy antiguo en el alma de los nicaragüenses. Cuando la construcción del canal se anunció en 2013, se prometió la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo, una cifra estrafalaria. Ahora ha sido reducida a 30 mil empleos de baja categoría, mientras los puestos mejor calificados serían para los chinos que llegarían masivamente al país para hacerse cargo de las obras.


La revista The Economist, en un análisis del estado democrático en el mundo, divide a los países entre democracias plenas e imperfectas, y regímenes autoritarios e híbridos. Nicaragua es enlistada entre los regímenes híbridos. En estos sistemas, afirma el análisis, existen irregularidades sustanciales en las elecciones que usualmente las alejan de ser libres o justas, y serias debilidades institucionales, mayores a las que tienen las democracias imperfectas. En este mismo grupo estarían también Ecuador, Honduras, Guatemala y Bolivia. Solo dos países de América Latina, Uruguay y Costa Rica, califican como democracias plenas.


Pero la frontera entre regímenes autoritarios y regímenes híbridos es muy tenue, y ya Nicaragua ha avanzado no pocos pasos para adentrarse en ese oscuro territorio de la ausencia de democracia. Ortega, o su esposa, se impondrán de cualquier manera en las elecciones presidenciales de 1917.


Pero los gobiernos familiares han terminado siempre en grandes desastres políticos. Las tensiones empezarán a manifestarse y crecerán en la medida en que las esperanzas creadas por el discurso populista de Ortega se agoten, sobre todo con el final de la cooperación de Venezuela, que debe enfrentar los bajos precios del petróleo, el desabastecimiento, la inflación y una crecida deuda externa de corto plazo.


Y otro punto importante de inflexión será el fracaso del proyecto del canal, percibido hoy como una gran esperanza, y que se convertirá en frustración cuando el tiempo demuestre que no era sino un invento desalmado.


Cartagena de Indias, marzo de 2015


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A propósito de la violencia en Toribio, Cauca.

El municipio de Toribio (http://bit.ly/1tQVfY2), localizado en el departamento del Cauca (http://bit.ly/1190uJx), por estos días ha sido escenario de lamentables hechos de violencia con gran impacto nacional y en el proceso de diálogos de paz que se adelantan en La Habana/Cuba. Dos personas, integrantes de la Guardia indígena, Daniel Coicue Julicue y Manuel Antonio Tumiña, murieron en una absurda reyerta por intolerancia política en la vereda El Sesteadero (http://bit.ly/1skaTr4).

Toribio es un antiguo pueblo del Cauca, fundado en el año 1600, con una población indígena mayoritaria. De sus 27 mil habitantes, 25 mil son integrantes de la etnia Nasa, jóvenes en su gran mayoría. Los Nasa son uno de los grupos indígenas de mayor peso en la sociedad colombiana. Son casi 200 mil personas distribuidas en distintas regiones del Estado. Su epicentro es el valle del Río Cauca (http://bit.ly/141nFXl) y diversas investigaciones históricas indican que en la última fase de la civilización Calima (http://bit.ly/1uSK1WA), los Nasa (http://bit.ly/1w6f4ZW) fueron sus principales protagonistas, caracterizados por actividades orfebres, alfareras y agrícolas. Desde ese tiempo debieron abandonar el rico y fértil Valle geográfico, como ha ocurrido en años recientes, refugiándose en las cordilleras para resistir la violenta y voraz conquista de la corona feudal española. La cultura y memoria Nasa se sienten hoy en la región con nombres como Cali (kaly 'tejido trenzado sin agujas'), Chipichape ('choclo cocido'), Yumbo ('inundación, orilla del río, río grande'), Buga ('olla grande'), Tuluá ('huertos' o 'rancho del huerto'), Yotoco ('avivar la llama con fuelle'), Chango ('escoplo'), Anchicayá ('se gorgojea mucho'), Dagua ('árbol específico'), Quilichao (verter lo fundido), Jamundí (camino a la izquierda), Petecui (guacamayo, viejo) y laguna de Sonso (zonz=rana).

La violencia social y política contra los Nasa ha sido una constante durante varios siglos, protagonizada por grupos oligárquicos minoritarios, extranjeros y nacionales, para despojarlos de sus territorios y economía. La sangrienta coacción conquistadora hispana se adelantó haciendo práctica una norma de la monarquía española de 1512, en la cual se ordenaba reducir a los indios en pueblos con el propósito de facilitar el cobro de tributos, darles la evangelización católica e impedir su mestizaje, para conservarlos como fuerza de trabajo destinadas a las minas y haciendas. Es una violencia de "larga duración" que pocas veces ha visto treguas para facilitar la vida tranquila de los indígenas.

Para el año 1562, el Encomendero del Fuerte de San Bonifacio, el conquistador Domingo Lozano inicia desde Ibagué/Tolima, la pacificación de los Pijao de "Turibio de los Paeces" con la colaboración de Diego de Bocanegra, un depravado ex presidiario peninsular. Su campaña de exterminio fue retribuida con la Encomienda de los paeces que fueron despojados de sus territorios. A comienzos del siglo XVIII, la Monarquía española pactó con los líderes Nasa, como Juan Tama, quien obtuvo el reconocimiento como Resguardos Indígenas de los territorios que la resistencia había permitido defender, así como la autonomía, a cambio de que los Nasa aceptaran las leyes coloniales y el envío de misioneros católicos que barrieron su cultura con el oscurantista y medioeval catecismo católico. Aún entonces los Nasa mantenían la explotación de minas de cobre y una orfebrería de este metal, que fue desplazada luego por objetos importados de Inglaterra y Europa.

En el siglo XIX, el Libertador Simón Bolívar dictó decretos reconociendo las tierras de los Resguardos indígenas y propició la devolución de las tierras usurpadas. Dicho programa jamás se cumplió y los poderosos terratenientes caucanos, que aún perviven como clase política y burocrática, estuvieron y están siempre acosando a los Nasa por la tierra, reduciendo la extensión de los Resguardos, mediante decenas de fraudes, trampas, engaños, masacres, asesinatos, torturas y desplazamientos.

Los Nasa no cesaron su lucha y heroica resistencia. Quintín Lame dirigió desde comienzos del siglo XX la acción por la recuperación de los Resguardos indígenas en el Cauca. Exiliado en el Tolima y perseguido, siguió en su bravía lucha; la conducción del movimiento indígena del Cauca fue sostenida por su seguidor, José Gonzalo Sánchez, totoreño, fundador del Partido Comunista Colombiano, militante marxistaleninista y presidente de la Confederación Campesina e Indígena, envenenado por grupos reaccionarios fascista en 1949, dando pie a otra violenta campaña contra los Nasa, que así volvieron a perder buena parte de las tierras de los Resguardos y vieron destruidas sus organizaciones en manos de los nacientes grupos paramilitares "chulavitas" de Laureano Gómez y el Partido Conservador.

La valiente lucha Nasa, atacada violentamente por las bandas oligárquicas con asesinatos de los líderes y las masacres, ha permitido que 600 mil hectáreas hoy sean reconocidas como territorio indígena en el Cauca. Junto con los otros pueblos aborígenes del país lograron que en la Constitución de 1991 se reconocieran los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la autonomía y la inalienabilidad de los Resguardos. Sin embargo, apenas cuatro meses después en la hacienda El Nilo fueron masacrados por miembros de la Policía Nacional coludidos con grupos paramilitares, veintiséis Nasa, incluidos niños y mujeres. Masacre orquestada por la clase política latifundista del Cauca que aún hoy permanece en la impunidad, pues algunos oficiales capturados gozan de privilegios penitenciarios en sus lujosas mansiones.

En el siglo XXI, la violencia sigue acosando a los Nasa. Hoy es orquestada por la burguesía oligopólica del Norte del Cauca y Cali. Entre sus patrocinadores están el banquero Sarmiento Angulo, Ardila Lule, dueño de extensos latifundios forestales y los cañeros de la Sultana del Valle, agrupados en Asocaña.

Estas camarillas oligárquicas avanzan raudas en el despojo sangriento y la concentración de las tierras de mejor calidad de Colombia localizadas en el fértil Valle del Río Cauca, que ya están en manos de un reducido número de familias de dicha región, vástago de antiguos terratenientes esclavistas españoles. Todo en el marco de una estrategia de subsunción capitalista real que partió desde la década del cuarenta del pasado siglo con la expropiación arbitraria de las comunidades afrodescendientes que según Dorado (http://bit.ly/1ynfc9J) se habían apropiado del territorio antes y después de haberse declarado la libertad de los esclavos en el siglo XIX, y construyeron a lo largo de décadas una fuerte, rica y sorprendente economía campesina libre (una de las pocas que ha existido en América Latina).

En ese contexto, agrega, hay también una ofensiva de potentes capitales internacionales en toda la región caucana que están detrás del oro que quedó de la explotación española. Éste oro por su condición de dispersión – se encuentra diseminado – requiere la aplicación de técnicas de minería a cielo abierto, lo que obliga al desalojo, desplazamiento y despojo de las tierras, en manos de campesinos pobres y el control sobre las fuentes de agua de la región. Igualmente están los intereses capitalistas detrás del carbón, la exploración de petróleo en el Valle del Patía, la construcción de una represa e hidroeléctrica en esa misma región y el desarrollo de una economía de enclave alrededor de los agrocombustibles.

Ese el escenario de la coyuntura en que han ocurrido los desafortunados hechos que recientemente se han dado en el municipio de Toribio.

Pero más temprano que tarde, la paz debe llegar a dicha localidad de la mano de los diálogos que se adelantan en La Mesa de La Habana entre el Gobierno y las Farc. El territorio como relación socio-ambiental y geográfica que permite a sujetos individuales y colectivos vivir en conformidad con sus valores, saberes, creencias y conocimientos, es el escenario natural de la convivencia pacífica que se busca.

Toribio es un municipio eminentemente indígena. Cuenta con tres resguardos de origen colonial que datan de 1701 y años siguientes --Resguardo Indígena de Tacueyó, Resguardo Indígena de Toribio y Resguardo Indígena de San Francisco-- que conforman igualmente al municipio en la totalidad del territorio (http://bit.ly/1zd9VTh).

El sector rural –que concentra el 93.81% de la población-- está conformado por esos tres resguardos con sus respectivos Cabildos, reconocidos como entidades públicas de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; igualmente la mayoría de la población del casco urbano se reconoce como miembro de la etnia Nasa y son gobernados por el Cabildo de Toribio. Al interior de los resguardos operan 66 Juntas de Acción Comunal JAC de las veredas que fueron incorporadas en el sistema de gobierno indígena, así como los Bloques de veredas o Capitanías, una figura organizativa diseñada para mejorar los mecanismos participativos. Los tres cabildos están asociados en el Proyecto Nasa, la asociación de autoridades indígenas del municipio.

Su Alcaldía, dirigida en la actualidad por Ezequiel Vitonás Talaga (http://bit.ly/1zd9VTh), está conformada en primera instancia por el Despacho del Burgomaestre, que según el organigrama actual coordina de manera inmediata con la Oficina de Control Interno y la Oficina Jurídica. Tiene cuatro secretarías de despacho: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Salud y Secretaría General. La Secretaría de Gobierno, tiene bajo su responsabilidad la Unidad de Participación Comunitaria, la Comisaría de Familia y la sección de Archivo. De esta dependencia también es parte el inspector de policía, el inspector de policía rural y la coordinadora del cabildo de la familia. Esta última en un ejercicio de coordinación directa con el Proyecto Nasa, así como con la Unidad de Etnoeducación y la coordinadora de la misma.

Tiene tres unidades especializadas: la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, la Unidad de Deporte y Cultura y la Unidad de Etnoeducación. La UMATA cuenta con doce técnicos y un coordinador del Plan Ambiental Agropecuario. La Unidad de etnoeducación tiene tres personas para su funcionamiento. Para la organización del presupuesto, el funcionamiento financiero y la elaboración de informes contables de la Alcaldía se encuentra la Tesorería General, que tiene a su cargo dos subsecciones: Contabilidad y Almacén e Inventario.

Según el reciente informe (2014) del Departamento de Planeación Nacional/DNP (http://bit.ly/1rAOMSy), con Indicadores de Desarrollo Integral de los 1113 municipios del Estado colombiano, la Alcaldía de Toribio presenta las siguientes calificaciones. En eficacia, 92,83; en eficiencia, 53,18; en cumplimiento de requisitos legales, 81,78; en materia fiscal, 67,45; en capacidad administrativa, 79,16; en gestión administrativa, 73,30; en el indicador global de desempeño integral, 75,3. Su rango es satisfactorio. Su desarrollo institucional intermedio.

El Manual Estándar de Control Interno/MECI tiene una calificación para el año 2013 de 62,3, requiriendo mejoras para garantizar su función en el mejoramiento de la calidad de las instituciones públicas locales.

Conveniente señalar que el municipio ha tenido en los últimos 36 meses un presupuesto cercano a los 100 mil millones de pesos (http://toribio-cauca.gov.co/index.shtml#4).

No obstante estos importantes desarrollos institucionales el problema de la pobreza es bastante agudo afectando a la población más débil. El cierre de opciones económicas agrícolas ha visibilizado una nueva categoría de personas en el municipio: los desempleados. Según la encuesta veredal aplicada para la formulación del Plan de Desarrollo vigente, el 33,74% de los mayores de 18 años se encuentran sin trabajo estable. Los factores de disminución de tierras aptas y el desempleo, asociados a fenómenos sociales y culturales como el cambio de una economía de subsistencia a una economía de transformación y de servicios, hacen que los ingresos per cápita de los indígenas agricultores estén en un promedio de dos dólares (http://bit.ly/1ozIWAr).

Como resultado de estos dos elementos, los esfuerzos de la población para mejorar sus condiciones de vida no han logrado superar la situación de malnutrición. La falta de tierras, concentrada en grandes latifundios, o el deterioro de las mismas por el uso de agroquímicos, que deriva en la disminución de su capacidad productiva, han generado la pérdida de una producción alimentaria diversa y culturalmente apropiada. De otro lado, al no contar con suficientes tierras por familia para ser destinadas a la producción para el autoconsumo, las familias acuden al mercado de víveres e incluyen dentro de su dieta alimentos enlatados y grandes cantidades de carbohidratos (los más baratos en el mercado), y disminuyen el consumo de frutas y verduras; se produce así una alimentación desbalanceada y pobre en nutrientes. Este problema tiene consecuencias acumulativas si se tiene en cuenta que la mayoría de la población se encuentra en el ciclo vital joven, y cada vez tiene mayor tendencia a una mala alimentación y en consecuencia a problemas de salud derivados de la misma. Según datos oficiales (2013), en la primera infancia (menores de 7 años) la desnutrición crónica alcanza el 28%, la desnutrición global es del 12% de la población total y la desnutrición aguda del 3%. Es la peor forma de violencia generada por el neoliberalismo imperante (http://bit.ly/1ozIWAr).

A esta situación se agrega la insuficiencia de recursos que la Nación transfiere a los municipios para cubrir las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, que en el caso de Toribio alcanzan el 61,81%.

Esta es la realidad que las grandes redes mediáticas oligárquicas ocultan sobre el municipio de Toribio, y el fenómeno de la violencia que allí se presenta como en todo el Norte del departamento del Cauca, controlado desde la Gobernación de Popayán por las camarillas del clientelismo oligárquico tradicional que acumula riqueza mediante el despojo de los patrimonios públicos.

Cali, 9 nov2014.

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Sábado, 15 Marzo 2014 05:56

Las metamorfosis del Estado

Las metamorfosis del Estado

La reforma energética que fue aprobada en diciembre pasado coloca al estatuto del petróleo y los demás energéticos ahí donde, en cierta manera, se encontraba en 1916, un año antes de la promulgación del texto constitucional. En aquel entonces, las compañías extranjeras gozaban de la mayoría de los privilegios que la legislación reciente les acaba de otorgar (de nuevo). Así, el proceso de modernización del que tanto se ha ufanado la élite priísta ha llevado al país ahí donde comenzó su historia en el siglo XX, es decir, un siglo atrás. Como lo decía Andrew Floyer hace un par de semanas, jefe de comunicación de Global Energy, el petróleo mexicano ya es de nuevo patrimonio global. Lo que significa, salvado el eufemismo, algo así como: en México, el petróleo ha dejado de ser capital exclusivamente mexicano. Por la parte oficial, este 18 de marzo ya no hay nada que conmemorar; para la sociedad, todo está aún por comenzar. Lo cierto (una vez más) es que la historia no camina en línea recta.


A partir de 2007, después de la zozobra que dejó el hecho de no haber recurrido a un interinato y a repetir el proceso electoral (por la imposibilidad de determinar quién había ganado esas elecciones) –una propuesta que por cierto surgió de Carlos Fuentes, cuyo nombre la oficialidad del sexenio actual (con la excepción acaso del presidente de Conaculta) prefiere no recordar–, el nuevo orden (habría que insistir en la palabra: orden) empezó a suscitar diversas caracterizaciones. La definición que de alguna manera ha cobrado alguna legitimidad no es nueva: un Estado fallido. Una definición cuya elocuencia reside –como en los buenos slogans– en todo aquello que deja sin definir.


Visto desde la perspectiva de la breve historia de las pasadas dos décadas, digamos a partir de la crisis de 1995, el Estado mexicano no parece precisamente fallido en múltiples renglones de su accionar. Mantuvo una eficiencia asombrosa en la política de rescate de la banca privada en aquella crisis. Tampoco ha sido ineficiente en el control y la contención de movimientos sociales, protestas ciudadanas y políticas alternativas a la lógica impuesta por el discurso de los mercados.


La estrategia de desmantelamiento sistemático de derechos sociales, pensiones de jubilación y de las diversas formas de educación pública no ha pecado precisamente de falta de rigor y determinación. En principio, el Estado mexicano (ya en su era global) se ha revelado como una aceitada máquina de consenso a la hora de transformar la bella metáfora de Karl Popper sobre la sociedad abierta en una sociedad que ha sido abierta por la globalización como si fuera una lata de sardinas. La desnacionalización del petróleo ha sido tan sólo otra estación en ese proceso de apertura.


En el renglón del combate al crimen organizado, la definición de Estado fallido no parece del todo apropiada, no obstante los magros resultados. Es evidente que ha sido la propia criminalización del Estado la que ha propiciado un desplazamiento del orden de lo político por el orden del crimen. En lugar de la ley del derecho se ha impuesto simplemente la ley del más fuerte. Una ley que siempre coloca al propio Estado a un paso de lo que se encuentra fuera de la ley. ¿Pero gobernar –como modus operandi– permanentemente fuera de la ley aduciendo una supuesta debilidad no es acaso la característica básica de lo que Jacques Derrida definió alguna vez como Estado canalla?


¿Estado fallido o Estado canalla?

No se trata de un juego de palabras ni de simples definiciones. La política comienza siempre en la lucha por la definición de lo que la política es. Esta lucha se libra en la sociedad, en la confrontación por las narrativas de lo que acontece. La característica central del Estado canalla reside en que mantiene una fachada liberal ahí donde gobierna permanentemente bajo las aporías del estado de excepción. Y esta forma de gobernar resulta, frecuentemente, tan eficiente como su capacidad para mantener a toda horizonte de expectativas bajo el cielo cotidiano de la desorientación. ¿Alguien puede realmente explicar quién es quién en el laberinto de Michocán, por ejemplo? ¿O cómo es que se ha llegado a territorializar al país como se procede en las cuadrículas que se usan para patrullar ciudades?


Lo cierto es que el Estado se ha vuelto una asombrosa máquina de control (social) y, simultáneamente, una suerte de inválido social. Las teorías sobre el Estado fallido tienen su origen en la versión más ramplona que prescribe una relación unilineal entre la ley y el poder, entre el derecho y la política. Lo fallido sería su incapacidad de imponer el orden de la ley. Y aún así ejerce un control impresionante y desolador. Acaso nos encontramos actualmente frente a una situación donde lo que domina precisamente es la indeterminación entre el orden jurídico y el de la política. Y es de esta indeterminación de la que se nutre en gran parte la lógica del Estado canalla.

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Conversamos con Raúl Zibechi sobre extractivismo y de qué manera ese modelo se está desplegando en Paraguay. Desde su perspectiva, en nuestro país se manifiesta con la presencia intensiva de la soja y carne, pero los tentáculos de este modelo van más allá de lo rural e incursionan en la ciudad con lo que ahora se ve en una fuerte especulación urbana con el suelo. Según él, la débil tradición democrática y el prolongado autoritarismo en nuestro país hacen que las y los defensores de derechos humanos sean perseguidos y que, así las cosas, hasta el propio Pérez Esquivel sería criminalizado si fuera paraguayo.

 

-Si bien el modelo extractivista está extendido en la región, ¿qué diferencias presenta en los distintos países?


-En cada país de la región, el modelo funciona de manera muy distinta, no es lo mismo la cordillera andina, donde básicamente hay minería, entonces hay enormes extensiones de tierra que son concesionadas a las multinacionales, donde se utiliza una gran cantidad el explosivos, se utilizan materias como el mercurio para sacar oro, cianuro, que van a las cuencas de los ríos. Y eso implica un enfrentamiento directo con las comunidades campesinas que son un estorbo para la producción minera. Distinto es en países democráticos donde hay una tradición electoral en donde se emplea la soja que tiene otros mecanismos a los de la minería. La minería tiene un alto impacto en el corto plazo. La soja tiene un alto impacto en el largo plazo, entonces ves que las comunidades que están sometidas a los plaguicidas y monocultivos sojeros, reaccionan en tiempos más largos que las comunidades que están sometidas a la minería.
Por ejemplo, hay un barrio de la periferia de Córdoba en Argentina que se llama Ituzaingo Anexo y donde hay plantaciones de soja; recién cuando empezaron a aparecer niños con malformaciones o nacen y mueren a los pocos días, o tienen problemas motrices muy graves, la gente empezó a darse cuenta de que ahí había un problema de salud muy grande. Empezaron a investigar y descubrieron que los aviones que fumigan con soja, buena parte de lo que cae de esa fumigación cae sobre los tanques de agua que consume la gente, pero ese proceso llevó mucho más tiempo que las explosiones de la minería. Es el mismo modelo pero con manifestaciones y aplicaciones distintas y la reacción de la población también se da de modos diferentes.


-¿De qué manera se despliega este modelo en Paraguay?


-El modelo paraguayo es un modelo intensivo de soja y eso ya lo sabemos hace mucho tiempo pero ahora también es un modelo intensivo de carne. Grandes extensiones de ganadería que dentro de los frigoríficos son cárceles de producción de carne, entonces las condiciones laborales son muy duras, de una intensidad de trabajo que enferma en muy pocos años a los trabajadores y en otros aspectos.
El modelo paraguayo empieza a incursionar en las ciudades, en estos momentos tenemos una fuerte especulación urbana con el suelo. Se construyen shoppings, mal, edificios, carreteras que atraviesan lugares como el bañado. El extractivismo no es solo rural sino también urbano y asume la forma de la especulación inmobiliaria.


Hasta ahora, Asunción había tenido una débil especulación inmobiliaria, en los últimos años eso se ha intensificado fuertemente porque Paraguay vive un proceso de crecimiento y los excedentes de la soja hay que invertirlos en algo, no se pueden depositar en los bancos porque es más inseguro, entonces mucho de esos excedentes de la soja y de la carne se invierten en la ciudad, en especulación inmobiliaria: en edificios, en viviendas de lujo, en abrir zonas enteras al ocio de las clases altas. Ese es el proceso que está desembocando hoy en Asunción y es nuevo y aterriza con mucha potencia y mucha capacidad destructiva lastimosamente...


-¿Por qué en Paraguay hay tanta criminalización de la gente que defiende los derechos humanos?


-Paraguay tiene una particularidad respecto a sus vecinos, tiene una débil tradición democrática y una larga tradición de autoritarismo, entonces, la implementación del modelo extractivo en Paraguay tiene mucha relación con un Estado muy autoritario y no solo con un Estado autoritario sino con prácticas autoritarias que pasan por el control caudillista de la población, por el control vertical de los poderosos, de áreas enteras, de territorios enteros. Entonces, una de las características de este extractivismo hoy en Paraguay es la fuerte criminalización de la población, la represión y la ocupación militar y policial de territorios enteros.


En otros países la ley antiterrorista está, se aprobaron en muchos países pero solo en situaciones excepcionales se utiliza. En Paraguay es al revés, la ley antiterrorista se utiliza permanentemente y eso marca una diferencia de la situación pues acá es mucho más represiva que en otros lugares, no hay más que pasear por la ciudad y observarlos, la presencia de militares, de policías, de policías privadas, de personas armadas es muy superior a la que se da en otras ciudades de América Latina, con la excepción de Colombia que vive una guerra.
En Paraguay se vive una suerte de guerra de baja intensidad contra la población, entonces el modelo extractivo en este país se enraíza en esa tradición autoritaria y es un modelo extractivo fuertemente represivo.


-¿Qué alternativas hay para hacer frente a esto?


-Los movimientos sociales en Paraguay son los que están capacitados para hacer frente a esta situación, son ellos los que tiene que ver de qué manera pueden resistir mejor al modelo. Creo que lo mejor es arraigarse a la tierra, arañar la tierra para que no nos echen de ella y no dejar el territorio vacío para que sea objeto de especulación y de ganancia del capital es un elemento fundamental. No podemos pensar en resistir solamente con discursos, solamente votando a candidatos o haciendo gestiones institucionales: hay que aferrarse a la tierra y evitar que nos expulsen y que nos la expropien legal o ilegalmente porque lo hacen de cualquiera de las maneras. Esto es muy difícil, no es una tarea nada sencilla porque las armas que utilizan los poderosos son muchas, desde la compra hasta la persecución directa pasando por el uso abusivo de plaguicidas. Hay muchas formas por las cuales intentan expulsarnos de la tierra.


Yo veo que el movimiento campesino y el movimiento popular paraguayo está transitando por ese aprendizaje, cómo enfrentar un modelo tan agresivo en lo ambiental, en lo humano, en lo económico, en lo político, en lo represivo... cómo enfrentar un modelo tan potente y abusivo en una situación de debilidad... sí, los débiles podemos enfrentar a los poderosos pero eso implica aprender a cómo hacerlo. Y creo que en este momento, una vez que se terminó el gobierno de Lugo y no hay en perspectiva otro gobierno progresista, no queda más que la resistencia y creo que ese aprendizaje se está haciendo y se va a hacer en el futuro con mucha mayor fuerza.

 

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El espionaje, con mayor control que en cualquier otro país: EU

El gobierno de Barack Obama intenta tomar el control de lo que ahora llama una distracción pública que ha tensado las relaciones internacionales ante las revelaciones casi diarias del masivo espionaje a comunicaciones electrónicas de gobernantes aliados.

 

El gobierno ofreció hoy una mezcla de disculpa, justificación y autoelogio del espionaje realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) contra líderes políticos y ciudadanos de México, Brasil, Francia, Alemania e Italia.

 

La vocera del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, dio lectura al guión en la sesión diaria con periodistas: "No es secreto que a lo largo de los últimos meses estas divulgaciones no autorizadas de información clasificada han llevado a críticas de nuestra actividad de inteligencia por muchos de nuestros amigos y socios. Ha creado retos significativos en nuestras relaciones con algunos socios y ha sido, claro, una distracción pública....".

 

En un mensaje casi idéntico en un artículo, el periódico USA Today, firmado por Lisa Monaco, asistente del presidente en seguridad interna y antiterrorismo, reiteró que nadie disputa la necesidad de recaudar inteligencia para proteger a nuestros ciudadanos, aliados y la patria. Igual (lo hace) todo servicio de inteligencia en el mundo. Monaco aseguró una vez más que no estamos escuchando cada llamada telefónica o leyendo cada correo electrónico. Lejos de eso. Hay límites legales a lo que la NSA puede y no hacer.

 

Monaco y Psaki subrayaron que mientras nuestras capacidades no tienen igual, el gobierno de Estados Unidos no está operando sin restricciones. Las tres ramas del gobierno juegan un papel de supervisión de nuestras actividades de inteligencia, y aunque recaudamos el mismo tipo de inteligencia que todas las naciones nuestra comunidad de inteligencia tiene más restricciones y supervisión que cualquier otro país en la historia.

 

El gobierno repitió que el presidente ha ordenado una evaluación de nuestras capacidades de vigilancia, incluyendo el respeto a nuestros socios extranjeros. Queremos asegurar que estamos recaudando información, porque la necesitamos y no sólo porque podemos. A la vez, se informó que hay otras dos iniciativas para evaluar dichas operaciones, incluyendo una para asegurar que los derechos de privacidad y libertades civiles son adecuadamente protegidos en los esfuerzos antiterroristas.

 

Psaki indicó: Esperamos que surgirán más alegaciones, dada la cantidad de información clasificada filtrada por el señor (Edward) Snowden. Sin embargo, dijo que de ahora en adelante "no vamos a presentar nuestras tácticas o más detalles específicos... no vamos a confirmar o negar cada informe". Reiteró: El mejor lugar para tener estas conversaciones es con nuestros aliados, con nuestros socios diplomáticos.

 

Mientras tanto, por otras vías la comunidad de inteligencia continuó atacando a los mensajeros en lugar de responder.

 

Supuestos beneficios

 

Después de que el director nacional de Inteligencia, James Clapper, intentó cuestionar –y hasta desmintió– parte de la información revelada esta semana sobre el monitoreo de países europeos, el director de la NSA, el general Keith Alexander, acusó a periodistas de lucrar con los documentos de la agencia. "Creo que es malo que reporteros de periódicos tengan todos estos documentos, los 50 mil o lo que tengan, y vendiéndolos y repartiéndolos? No tiene sentido. Deberíamos encontrar una manera para frenarlo... pero es malo permitir que esto siga", declaró en una entrevista con un blog del Departamento de Defensa citado por el periodista Glenn Greenwald en su artículo de hoy publicado en The Guardian.

 

Por otro lado, el ex subdirector de la CIA Michael Morell acusó que la filtración de Snowden de los documentos secretos fue la filtración más seria de información clasificada en la historia de la comunidad de inteligencia estadunidense. En una amplia entrevista con 60 Minutos, de CBS News, que será trasmitida este domingo, Morrel denuncia que Snowden no es un filtrador en el interés público, sino un traidor de lo peor, reportó CBS en un adelanto de la charla. Lo que hizo Snowden ha puesto a estadunidenses en mayor riesgo, porque terroristas aprenden de las filtraciones y ahora serán más cuidadosos, y no obtendremos la inteligencia que hubiéramos obtenido en otro caso.

 

Como ha sido el caso desde el 11 de septiembre de 2001, casi todos los programas secretos del gobierno son justificados por la lucha antiterrorista. Pero aun ningún funcionario ha logrado explicar, y la pregunta la han hecho varios reporteros una y otra vez: cómo la intervención de las comunicaciones de gobernantes supuestamente aliados –de Alemania, Francia, Italia, México y Brasil por el momento– forma parte de esa misión.

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El soldado Manning, condenado a 35 años por las filtraciones a Wikileaks

El soldado Bradley Manning ha sido condenado a 35 años de cárcel por la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de EE UU. El uniformado de 25 años se enfrentaba a una pena máxima de 90 años en prisión por los 20 delitos de los que fue encontrado culpable por la juez militar encargada del caso el pasado 30 de julio, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, robo y fraude informático. De acuerdo con el código militar, Manning deberá cumplir un tercio de su pena antes de poder solicitar la libertad condicional.


 
Durante la fase final de alegaciones del pasado lunes, la fiscalía solicitó a la juez, la coronel Denise Lind, que impusiera a Manning una pena de 60 años que sirviera “de ejemplo disuasorio”. “Esta sala debe enviar un claro mensaje a cualquier soldado que esté sopesando robar información clasificada”, señaló la acusación. La defensa del soldado, sin embargo, pidió una condena que “le permita tener un futuro”. El abogado de Manning aspiraba a que se le sentenciara a un máximo de 25 años, el periodo que debe pasar para que los documentos secretos puedan hacerse públicos.


 
El soldado también ha sido expulsado con deshonor del Ejército y será obligado a devolver parte de su salario, de acuerdo con la resolución leída por Lind. De la pena total impuesta a Manning, la juez deducirá los tres años y medio que ha pasado en prisión a la espera de juicio. De acuerdo con el código militar, antes de cualquier apelación, la sentencia de Lind ahora debe ser aprobada por el responsable del Distrito Militar de Washington, el general Jeffery Buchanan, quien incluso podría rebajarla. Si da el visto bueno al fallo, el caso pasará automáticamente al tribunal militar de Apelaciones.

 


Mientras las asociaciones de derechos civiles demandaban una sentencia proporcional, el Gobierno esperaba obtener un fallo ejemplarizante que sirviera de precedente para impedir futuras filtraciones en el Ejército. La decisión de la juez ha decepcionado a las primeras. "Cuando a un soldado que ha compartido información con la prensa se le impone un castigo mayor que a otros que han torturado o asesinado a civiles es que algo funciona extremadamente mal en nuestro sistema de justicia", ha asegurado en un comunicado la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).


 
La semana pasada, el soldado pidió perdón por haber filtrado los documentos y reconoció que con su conducta había “perjudicado a EE UU”. Manning aseguró que le hubiera gustado volver atrás pero que, dado que era imposible, aspiraba a poder “retomar la relación con su familia y graduarse en la universidad”. Este miércoles terminará para el uniformado una pesadilla que comenzó en febrero de 2010 cuando envió a Wikileaks los primeros documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán.


 
Desde ese momento, el soldado continuó filtrando nuevo material, cables diplomáticos, declaraciones de presos de Guantánamo, vídeos sobre la guerra, entre ellos las famosas imágenes del helicóptero Apache disparando sobre un grupo de iraquíes -entre ellos niños- y dos periodistas en Bagdag. De acuerdo con sus abogados, la frágil personalidad de Manning no soportó la impresión de los acontecimientos a los que asistió en Irak, lo que, unido a su idealismo le llevó a dar a conocer los documentos y la realidad de lo que sucedía en las guerras que estaba llevando a cabo EE UU. El propio Manning en la vista previa del juicio en febrero reconoció que su intención había sido la de generar un debate. “Yo creía que iba a ayudar a la gente, no a perjudicarla”, insistió el soldado la semana pasada.


 
La versión que ha ofrecido la fiscalía durante las ocho semanas que ha durado el juicio ha sido muy distinta. Lejos de la bonhomía que defendía la defensa, el Pentágono ha presentado a Manning como un narcisista y un traidor que en todo momento era consciente de lo que estaba haciendo y que sabía que con las filtraciones ayudaría a los enemigos de EE UU. Pese a su empeño, el fiscal no ha conseguido que al soldado se le reconociera culpable del delito de ayuda al enemigo, el más grave de los 22 cargos que pesaban sobre él y que acarrea la cadena perpetua.


 
El desarrollo del juicio a Manning ha coincidido con el escándalo provocado por otro filtrador, Edward Snowden, cuyos documentos sobre las prácticas de espionaje del Gobierno y su posterior huída y concesión de asilo por Rusia han puesto en jaque a la Administración Obama. Como Manning, Snowden también ha sido acusado de espionaje, es la séptima persona imputada por filtrar información secreta a los medios de comunicación desde que el actual presidente llegó a la Casa Blanca.


 
El proceso ha cuestionado la función de los filtradores en el mundo de Internet, levantando las dudas sobre si, con la cesión de datos a los medios de comunicación, se ejerce una labor de servicio público en aras de la libertad de expresión e información o se pone en riesgo la seguridad nacional. Un debate que está lejos de apagarse tras el goteo de filtraciones de Snowden.


 
Tras su detención el 27 de mayo de 2010, Manning ha recibido el apoyo internacional de miles de seguidores que lo consideran un héroe, una palabra que muchos de quienes estaban en el tribunal de Fort Meade (Maryland) le han gritado tras conocerse la sentencia. La red de apoyo a Manning , The Bradley Manning Support Network, va a centrar ahora sus esfuerzos en solicitar el indulto del soldado al presidente de EE UU y crear un fondo para que éste pueda ir a la universidad cuando sea definitivamente liberado.

 

Eva Saiz Washington 21 AGO 2013 - 16:23 CET

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Miércoles, 21 Agosto 2013 06:34

Víctimas de un glorioso estado de emergencia

Víctimas de un glorioso estado de emergencia

El Cairo.

 

Los cocinaron. Esta fue la primera expresión que me vino a la mente de manera demasiado gráfica cuando vi los restos de nueve de los 34 prisioneros que murieron a manos de la policía egipcia el domingo por la noche en un camino desértico cercano a la prisión de Abu Zaabal. Esos hombres, detenidos en la plaza Ramsés el sábado luego de que la policía cairota y el ejército irrumpieron dentro de la mezquita de Al Fatah; los mismos hombres quienes supuestamente intentaron volcar la camioneta penitenciaria que los llevaba a la cárcel. La policía de seguridad del Estado arrojó una granada de gas lacrimógeno dentro del vehículo y todos murieron.

 

Luego de haber visto esos horribles cadáveres en la pestilente morgue de El Cairo la tarde de este martes, me doy cuenta de que este lugar se me está volviendo terriblemente familiar. Debo decir que estos pobres hombres, quienes no fueron acusados de ningún crimen, contra quienes no había cargos ni juicios abiertos, fueron víctimas del glorioso estado de emergencia que actualmente bendice a Egipto y murieron de una manera espantosa.

 

Llega un momento en que la pura descripción no es capaz de equilibrar el horror de los muertos, pero ante el riesgo de que la historia los olvide o los trate con menos compasión de la que merecen debemos, me temo, confrontar la realidad. Los cuerpos estaban espantosamente hinchados y quemados de pies a cabeza. Uno de ellos presentaba una laceración en la garganta, causada probablemente por un cuchillo o una bala. Un colega dio testimonio de otros cinco cuerpos en un estado similar, con orificios de bala en el cuello. Afuera de la funeraria los matones contratados por el Ministerio del Interior egipcio tratan de ahuyentar a los periodistas.

 

Un hombre de mediana edad, cuyo amigo perdió a su hijo en la agresión policial del miércoles pasado, emergió de entre los vociferantes familiares. Algunos de ellos vomitaban sobre el concreto. El individuo me llevó con un imán sunita, inmaculado, vestido de túnica roja y turbante blanco, quien me guió gentilmente a través de dos portones de hierro hacia la habitación de la muerte. Uno de los trabajadores de la funeraria, Mohamed Doma, miraba los cadáveres con incredulidad. Al igual que el imán, al igual que yo. Después de caminar junto con nueve de estas penosas criaturas de Egipto pude ver aún más cuerpos en otro corredor. Todos ellos, según las fuentes médicas, llegaron de la prisión de Abu Zaabal.

 

No que hayan llegado a dicho penal, mismo que visité este martes y que está ubicado a 45 kilómetros de El Cairo, junto a un canal del Nilo lleno de grutas y rodeado por viejas fábricas de concreto. La prisión está rodeada de muros altos y sus rejas tienen pilares neofaraónicos.
Según la policía, 34 prisioneros, aunque de acuerdo con otros reportes eran 36, hicieron bambolearse desde adentro la camioneta que los transportaba, que viajaba en convoy con otros vehículos hacia la cárcel. Cuando el conductor de dicha camioneta se vio obligado a detenerse, uno de los prisioneros logró agarrarlo. En un intento exitoso por liberar a su compañero, uno de los uniformados lanzó una granada lacrimógena dentro de la camioneta, atestada de prisioneros. Recuerden que esta es la versión de la policía. Ésta, se cree, ha matado a más de mil de sus compatriotas en días recientes.

 

Tantas historias de las fuerzas de seguridad, como de la Hermandad Musulmana, han resultado falsas las últimas semanas. Otra versión, publicada por la ahora obediente prensa egipcia, reporta que “terroristas” detuvieron el convoy y trataron de liberar a los prisioneros, pero dado que éstos murieron quizá no sepamos nunca cómo o por qué fueron asesinados.

 

Huelga decir que los fallecidos se han convertido en “terroristas”. De lo contrario, ¿por qué habrían tratado de liberarlos de la cárcel otros “terroristas”? Hasta que los egipcios hayan absorbido las noticias sobre una igualmente terrible matanza de elementos de las fuerzas de seguridad en el Sinaí, por lo pronto ésta se ha convertido en la masacre de Abu Zaabal, que se recordará junto con las de Rabaa, Nahda, plaza Ramsés y todas las demás que seguramente vendrán.

 

Después de estas horrendas escenas, el Centro Egipcio para la Investigación Económica y Social hizo una lectura solemne. Según la institución, mil 295 egipcios fueron ultimados entre la mañana del miércoles y el viernes pasados. Mil 63 sólo el miércoles, incluidos 983 civiles y 52 elementos de seguridad, mientras 28 cuerpos fueron encontrados bajo la plataforma de la mezquita de Rabaa. Trece policías y tres civiles fallecieron en un ataque contra la estación policial de Kerdasa, y 24 civiles fueron ejecutados en Alexandría, seis en Sharqeya, seis en Damietta, 13 en Suez, 45 en Fayoum, 21 en Beni Suef y 68 en Minya. Esto es más una tragedia nacional que una tragedia cairota. Pero supongo que esos cadáveres en la morgue representan a todos los caídos.

 

Traducción: Gabriela Fonseca

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La carta en la que Orwell explica “1984″

Nadie comprendió tan pronto el siglo XX como George Orwell.


 
Esta semana se ha publicado “George Orwell: A Life in Letters”. El libro contiene una carta fascinante donde Orwell explica la tesis principal de “1984″ que escribiría dos años después. Podéis leerla entera aquí.


 

Me temo que, desgraciadamente, el totalitarismo está creciendo en el mundo.


 
Hitler pronto desaparecerá, pero sólo a costa de fortalecer a: 1) Stalin, 2) los millonarios americanos e ingleses y y 3) todo tipo de pequeños “fuhrers” al estilo de De Gaulle.


 
[…]


 
En el mundo que veo venir, en el que dos o tres superpoderes controlarán el mundo, 2+2 será igual a 5 si el “fuhrer” de turno así lo desea.
 


[…]


 
La mayor parte de la élite intelectual inglesa se opone Hitler, pero sólo a cambio de apoyar a Stalin. La mayoría de ellos apoyan métodos dictatoriales, policías secretas y la sistemática falsificación de la Historia siempre que beneficie “a los nuestros”.


 
Pero si uno proclama que “todo es por una buena causa” y no reconoce los síntomas siniestros, en realidad sólo está ayudando a fortalecer el totalitarismo.
 


[…]


 
Desde que la guerra contra el totalitarismo comenzó en 1936 [Orwell combatió con los republicanos durante la Guerra Civil], creo que nuestra causa es la mejor. Pero para que continúe siendo la mejor, necesitamos una autocrítica constante.


 
Orwell escribió esta carta desde su casa en el barrio londinense de Mortimer Crescent el 18 de mayo de 1944. Dos semanas después, un misil V-1 alemán destrozaba Mortimer Crescent. Os cuento esto porque siempre me han fascinado los dos primeros párrafos de “The Lion and the Unicorn: Socialism and the English Genius” que escribió tres años antes. (En esa obra Orwell propone una revolución socialista y democrática en Inglaterra en oposición al estalinismo soviético).
 

 

Mientras escribo esto, seres humanos muy civilizados vuelan sobre mi cabeza tratando de matarme.


 
Ellos no sienten ninguna enemistad hacia mí como individuo. Yo tampoco hacia ellos. Sólo están “haciendo su tarea”, como dice el proverbio. La mayoría de ellos, no tengo ninguna duda, son buena gente y jamás cometerían un asesinato en su vida privada. Por otro lado, si alguno consigue matarme hoy, tampoco tendrá ninguna pesadilla. “Están sirviendo a su país” y eso parece que les absuelve de todo mal.

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Martes, 06 Agosto 2013 06:47

Los fantásticos millones de egipcios

Los fantásticos millones de egipcios

¿Por qué la crisis egipcia parece tan simple a nuestros lideres políticos y sin embargo tan complicada cuando uno en verdad se aparece en El Cairo? Empecemos por la prensa egipcia. Florecientes después de la revolución de 2011, los medios egipcios cayeron en la uniformidad en el momento en que el general Abdel Fata al Sisi y sus muchachos sacaron del poder al presidente Mohamed Mursi, el 3 de julio. De hecho, después del golpe militar, todos los reporteros y presentadores de un popular grupo de televisión –por cuyas frecuencias hablé de cuando en cuando en la era posterior a Mubarak– aparecieron alabando al nuevo régimen. Y lo más curioso es que ¡todos portaban uniforme militar!

 

Desde luego, hubo que crear fantasías. La primera no fue la naturaleza pérfida, antidemocrática y terrorista de la Hermandad Musulmana: esa idea había sido promovida por lo menos desde una semana antes del golpe. No: fue el contador de manifestantes con que se alimentaron los sueños del mundo. Había “millones” en las calles exigiendo derrocar a Mursi. Esos millones eran esenciales para la fantasía suprema: que el general al Sisi sólo obedecía la voluntad del pueblo. Pero entonces Tony Blair –cuya precisión sobre las armas de destrucción masiva de los iraquíes es bien conocida– nos dijo que había ¡“17 millones de egipcios en las calles”! Eso sí que merecía signos de admiración.

 

Luego el Departamento de Estado nos informó que eran 22 millones en las calles de Egipto. Y apenas hace tres días, el índice democrático nos informó que 30 millones tomaron parte en las manifestaciones contra Mursi, contra sólo un millón de partidarios de Mursi en las calles.

 

Increíble en verdad. La población de Egipto es de unos 89 millones. Quitando a los bebés, niños y pensionados de edad avanzada, esto sugiere que más de la mitad de la población activa se manifestó contra Mursi. Sin embargo, a diferencia de 2011, el país seguía funcionando. Entonces. ¿quién, durante lo que la Unión de Escritores Egipcios llama ahora “la más grande manifestación política en la historia”, manejaba los trenes y autobuses, el metro de El Cairo, operaba los aeropuertos, formaba las filas de la policía y el ejército, hacía funcionar las fábricas, los hoteles y el canal de Suez?

 

Al Jazeera, gracias al cielo, trajo un experto estadunidense en multitudes para demostrar que esas cifras surgían de un mundo de ensueño al que ambos bandos estaban suscritos y que físicamente no podía existir. Alrededor de la plaza Tahrir era imposible reunir más de un millón y medio de personas. En Ciudad Naser –punto de reunión de manifestantes pro Mursi– cabían mucho menos. Pero los cimientos estaban echados.

 

Así pues, la semana pasada el secretario de Estado John Kerry fue capaz de decirnos que la intervención de los militares egipcios fue a petición de “millones y millones de personas, todas las cuales temían un descenso hacia el caos, hacia la violencia. Y los militares, a nuestro juicio, no tomaron el gobierno de su país en su poder. Existe un gobierno civil. Estaban, de hecho (sic), restaurando la democracia”.


Lo que Kerry no mencionó fue que el general Al Sisi escogió el gobierno “civil”, volvió a designarse ministro de defensa, luego se nombró viceprimer ministro del gobierno “civil”, y se mantuvo como comandante del ejército. Y que el general jamás fue electo al cargo. Pero no hay problema: fue ungido por esos “millones y millones” de personas.

 

¿Y qué fue lo que sí dijo el vocero militar cuando le preguntaron cómo reaccionaría el mundo al “uso excesivo de la fuerza” que produjo la muerte de 50 manifestantes de la Hermandad Musulmana el 8 de julio? Sin reservas, contestó: “¿Cuál fuerza excesiva? Excesivo hubiera sido que matáramos a 300”. Eso habla por sí mismo. Pero cuando se está entre 17 millones, 22 millones, 30 millones, “millones y millones”, ¿qué más da?

 

Ahora, el Departamento de Habla Franca. Déjenme citar al mejor comentarista sobre Medio Oriente, Alain Gresh, cuyo trabajo en Le Monde Diplomatique es –o debería ser– lectura esencial para todos los políticos, generales, oficiales de “inteligencia”, torturadores y todo árabe en la región. La Hermandad Musulmana, escribe este mes, demostró ser “fundamentalmente incapaz de adaptarse al acuerdo político pluralista, de salir de su cultura de clandestinidad, de transformarse en partido político, de hacer alianzas. Cierto, creó el Partido Libertad y Justicia (PLJ), pero éste estuvo por completo bajo control de la Hermandad”.

 

¿Y cuál fue el verdadero papel de al Sisi en todo esto? Nos dio una pista interesante en su tristemente llamado del 25 de julio a los egipcios a autorizar al ejército a “confrontar la violencia y el terrorismo”. Antes del derrocamiento dijo a dos dirigentes de la Hermandad que la situación era “peligrosa”, y que había que emprender de inmediato pláticas de reconciliación. Los dos líderes, dijo al Sisi, respondieron que “grupos armados” resolverían cualquier problema que se presentara.

 

El general se indignó. Dijo que dio a Mursi una semana, hasta el 30 de junio, para tratar de poner fin a la crisis. El 3 de julio envió al primer ministro de Mursi, Hisham Qandil, y a otros dos, “para convencer al ex presidente de convocar a un referendo sobre su permanencia en el poder. Su respuesta fue 'no'”. Al Sisi dijo a Mursi que “el orgullo político dicta que si el pueblo lo rechaza, uno debe dejar el poder o convocar a un referendo para restablecer la confianza. Algunas personas sólo quieren gobernar el país o destruirlo”.

 

Por supuesto, no podemos oír el punto de vista de Mursi. Ha sido silenciado en público.

 

Gracias a Dios por el ejército egipcio. Y por todos esos millones.

 

 The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Miércoles, 17 Julio 2013 06:21

Al límite de la locura

Al límite de la locura

Durante los 16 años que Joe Simpson –nombre ficticio- estuvo recluido en una unidad de aislamiento de Pelican Bay State Prison, el único ser vivo con el que tuvo contacto era una rana. Joe había encontrado al animal en el pequeño patio de ejercicios que se le permitía usar de vez en cuando y, durante meses, estuvo recogiendo bichos para alimentarla. Pero cuando decidió declararse en huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión, los guardias se llevaron a la rana.


 
Esta historia que suena a ficción, a la dureza metálica de las cárceles, es real y la cuenta Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos que lleva muchos años denunciando “la terrible situación de los presos de California sometidos a aislamiento”.


 
Joe está entre los 25.000 presos que, según cálculos de Amnistía, permanecen recluidos en centros de aislamiento de máxima seguridad en al menos 44 estados del país y en el sistema penitenciario federal.


 
De ellos, más de 3000 se encuentran en California, soportando condiciones de reclusión, calificadas de “estremecedoras” por la organización. Ningún otro estado del país mantiene periodos de confinamiento tan prolongados que pueden extenderse hasta más de 20 años.


 
Son precisamente los presos de una de las cárceles más duras de California, los de Pelican Bay, en la frontera con Oregón, los que el 8 de junio iniciaban una huelga de hambre para protestar por su situación. Una revuelta masiva que durante, los primeros días fue seguida por 30.000 presos de todo el estado y que en estos momentos, según fuentes del Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California, suma 2.500.


 
Expertos de Amnistía Internacional que han visitado Pelican Bay, aseguran que los presos permanecen hasta 22 horas y media al día encerrados en celdas de dimensiones inferiores a ocho metros cuadrados, sin ventanas y con escaso acceso a la luz natural y al aire fresco.


 
Durante una hora y media se les permite hacer ejercicio en un patio de hormigón vacío, con muros de siete metros de altura y sólo una franja de cielo visible a través de un techo de plástico.


 
Los programas de rehabilitación no existen, no hay actividades de grupo y el contacto humano está muy restringido. El único vínculo que la mayoría mantiene con el exterior es a través de cartas. Algunos internos llevan más de diez años sin recibir visitas de los familiares, y cuando las tienen es a través de una pantalla de cristal.


 
Urge reformar las cárceles


 
Según Amnistía Internacional, “es urgente llevar a cabo una gran reforma que ponga fin a los módulos inhumanos de las prisiones de máxima seguridad”.


 
“El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California no ha realizado las reformas prometidas hace un año. Dijeron que iban a facilitar a los presos la salida del aislamiento, pero sólo se ha sacado de los módulos a unos pocos, y la mayoría de los casos ni tan siquiera se han revisado aún”, explica Ángela Wright, experta de Amnistía Internacional en las prisiones de máxima seguridad.


 
“Más que mejorar, en realidad las condiciones han empeorado considerablemente. Ahora también los guardias hacen controles de celda cada 30 minutos, incluso por la noche. Estos presos están ya recluidos en condiciones atroces e inhumanas, y los nuevos controles nocturnos parecen una medida punitiva que podría dar lugar a privación grave del sueño”, denuncia Wright.


 
Según la ONU, “la reclusión en régimen de aislamiento, incluso durante un periodo limitado de quince días , puede causar graves daños psicológicos. Los Estados deben aislar a los presos sólo en circunstancias excepcionales y durante el menor tiempo posible”.


 
Hace dos años hubo una huelga de presos, iniciada también en Pelican Bay y que se extendió a prisiones de todo el estado. La protesta duró 20 días y fue seguida por 6000 presos. Las reivindicaciones eran las mismas que en esta ocasión, fundamentalmente poner un límite de cinco años a los confinamientos en solitario y mejorar las condiciones en las que están los presos (ropa, comida, llamadas telefónicas y programas de rehabilitación y educación).


 
“En noviembre de 2012, el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California hizo cambios en los criterios utilizados para asignar a los reclusos a los módulos y estableció un “programa gradual” de reincorporación para permitir a los presos ganarse la salida del asilamiento. Sin embargo, incluso una vez autorizados los presos a iniciar el programa, continúan recluidos en régimen de aislamiento físico y social durante al menos los dos primeros años.La mayoría de los reclusos de los módulos de aislamiento ni siquiera han sido admitidos aún en el “programa gradual” de reincorporación”, señala Amnistía Internacional.


 
Cárceles como la de Pelican Bay se construyeron en la década de 1980 durante un brusco aumento de la población penitenciaria en Estados Unidos, y con California en la vanguardia de las iniciativas para endurecer las penas.


 
El argumento de las autoridades para justificar su construcción era que el aislamiento de los presos más peligrosos permitiría mantener en condiciones más seguras al resto de la población penitenciaria. Sin embargo, la realidad es, según Amnistía Internacional, que “muchos internos que terminan en estas unidades tienen alguna enfermedad mental o problemas de comportamiento y en ocasiones se les encierra por reiteradas infracciones del reglamento leves y conducta conflictiva”.


 
Los efectos a largo plazo sobre la salud física y mental son devastadores. En muchos casos, acaban en suicidio. El 42% de los suicidios cometidos en cárceles de California entre el 2006 y 2010 se cometieron en unidades especiales de seguridad, según datos oficiales.


 
Violación de los derechos humanos


 
El Center for Constitutional Rights (Centro para los Derechos Constitucionales), al igual que Amnistía Internacional y los obispos católicos de California, ha mostrado su apoyo a la huelga de hambre de los presos, al mismo tiempo que urge al Departamento de Prisiones de California “a considerar las reivindicaciones de los reclusos y terminar con la tortura y el castigo extremo que supone el confinamiento por tiempo indefinido”.


 
“Más de quince días en aislamiento solitario viola los derechos humanos”, argumentan, asumiendo el mismo criterio que Naciones Unidas.


 
Sin embargo, el gobierno del demócrata Jerry Brown no parece darse por aludido, o por lo menos no todo lo deprisa que debiera. Le quedan cinco meses y medio de margen, hasta finales de año, para cumplir con el objetivo de reducir al 137,7% la capacidad de las prisiones de California. Ello significa que actualmente sus cárceles encierran 9000 prisioneros más que los requeridos por el Tribunal Supremo para combatir la saturación y las malas condiciones que aquejan a los presos. Y a ello se suma ahora la huelga de hambre.


 
Jules Lobel, el presidente del Center for Constitutional Rights, critica que “el Estado no ha mostrado ninguna voluntad de cambiar, incluso cuando el Tribunal Supremo se lo está ordenando. Han decidido continuar con el sistema que existe hoy en día lo más intacto posible”.


 
Muestra de ello es la explicación del comisario de prisiones de California, Jeffrey Beard, a la huelga de hambre: “Es simplemente un signo de lo poderosas que son las bandas criminales en las prisiones. La huelga está liderada por unos cuantos cabecillas de las bandas que tienen enorme control sobre el resto. Nada fuera de lo común”.


 
Tanto él como el Gobernador Brown creen firmemente que California ha mejorado las condiciones de los presos y en modo alguno están de acuerdo con las continuas demandas del Tribunal Supremo. Mientras los presos están al límite, en una situación desesperada.

 

Porn Vicenta Cobo San Francisco 17 JUL 2013 - 00:10 CET

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